Convocar de forma urgente a brindar informes a la Comisión de Defensa Del Consumidor, del Usuario y de La Competencia, al señor Presidente del Directorio de Distribuidora de Gas Cuyana, Sr. Gonzalo Alejandro Pérès Moore y/o autoridad jerárquica responsable de dicha sociedad anónima, a fin de que se sirva brindar informe:

1) La cantidad de facturas emitidas por la Distribuidora de gas Cuyana S.A. en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, desde el 01/01/2018, con una lectura estimada (Art. 14, inc. h del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4313/17), así como la cantidad de facturas emitidas por esta modalidad cómo facturas consecutivas, y la cantidad de facturas emitidas en base a lecturas efectivas de los medidores.

2) Respecto de la cantidad de reclamos por facturación recibidos por parte de los usuarios del servicio, en el periodo de facturación bimestre 03-04 del corriente año.

3) Los motivos por los cuales Distribuidora de Gas Cuyana S.A. procede a estimar el consumo de los domicilios, y el porcentaje de los casos en los que lo ha hecho en los últimos 3 años, por provincia y periodo de facturación.

4) En cuántos casos ha reintegrado a los consumidores los montos estimados en exceso con la “indemnización del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente” del artículo 31 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) por cobros indebidos, y el monto correspondiente total por período de facturación y por provincia en este concepto.

Señor presidente:

Dada la enorme cantidad de reclamos recibidos por los consumidores ante la generalización de las facturas estimadas, y su abultado consumo en relación con los consumos del año previo (en muchos casos se “estima” un consumo de más el 40% del correspondiente al mismo periodo del año previo), es necesario requerir a la distribuidora a cargo de la prestación del servicio domiciliario de gas en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, la información precisa sobre los motivos que justifican esta alteración de la prestación del servicio y en este grado.

La generalización del mecanismo de la “estimación”, en perjuicio del consumidor y del derecho que le otorga el artículo 29 de la ley 24.240 de controlar efectivamente su consumo, y su derecho constitucional a un consumo responsable, en sintonía con un cuidado del recurso, ha llevado a un enorme abultamiento de las tarifas, que ya sufren un aumento pautado para el año en curso, que ha derivado en la imposibilidad de muchísimas familias del pago del servicio. Pero esta imposibilidad de pago, que ya es grave en un servicio esencial y público, se da en un contexto en donde las familias vienen efectuando un fuerte cuidado del recurso (dados los aumentos de los años anteriores), que viene a demostrarse inútil ante el descarte de su consumo efectivo. Ante la falta de explicación pública en este extremo y la imposibilidad de justificar este tipo de alteraciones a la debida prestación conforme el contrato de concesión, es que es preciso convocar a la empresa prestataria para dar las explicaciones necesarias.

En muchos casos, se ha facturado un 40% de más en m3, que en iguales periodos de años anteriores. Esto puede traer como consecuencia, no solo la pérdida del ahorro y descuentos, sino un mayor costo ante el cambio de una categoría de usuario mayor, donde se aumenta en forma desproporcionada el valor de m3, el cargo fijo y por ende todos los impuestos que gravan el servicio.

No es posible permitir que todos los esfuerzos hechos por las familias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis a la hora de cuidar el recurso, se vean tirados a la basura por un abuso en el ejercicio de una facultad acotada de una empresa monopólica.

En razón de lo expuesto, solicito a los señores diputados que me acompañen en este pedido de informe.