ANULACION DEL AUMENTO TARIFARIO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Artículo 1º.- Anúlese todo aumento del cuadro tarifario que se haya aplicado a partir del 1º de enero de 2016, a través de decretos del PEN, resoluciones ministeriales, disposiciones /o normas complementarias, en lo que respecta a los servicios públicos nacionales y provinciales de energía eléctrica, redes de agua potable y gas natural, transporte ferroautomotor de pasajeros, peajes, a partir del 1 de enero de 2016.

Artículo 2º.- Anúlese la resolución 231/2014 la cual establece que el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) aumenta cada vez que lo hace la nafta súper, en igual porcentaje. El precio del GNC quedará fijo durante el transcurso del año 2016 en el valor que tenía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 1 de diciembre de 2015. Este valor regirá para todo el país y el monto establecido en la presente podrá ser prorrogado por el término de un año.

Artículo 3º.- Anúlense las siguientes resoluciones, disposiciones y normas complementarias: 6/2016, 7/2016, 28/2016 y 31/2016 (Ministerio de Energía y Minería de la Nación) 1/2016 (ENRE), 46/2016, 47/2016, 48/2016, 49/2016 y 50/2016 (Ministerio de Transporte de la Nación), Disposición N° 62/2016 (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación), 3725/2016 (Gas Natural Ban), 3726/2016 (Metrogas), 3732/2016 (Camuzzi Pampena), 3724/2016 (TGS), 3727/2016 (GasNor), 3723/2016 (TGN), 3728/2016 (GasNea), 3729/2016 (Gas del Centro), 3731/2016 (Litoral Gas), 3730/2016 (Gas Cuyana, 3733/2016 (Camuzzi del Sur) y toda resolución, disposición o norma complementaria que establezca un aumento de las tarifas de servicios públicos.

Artículo 4º.- Se establece un precio para la garrafa de Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario en $ 50 fijos, hasta el reemplazo de su consumo por el servicio de Gas Natural por redes.

Artículo 5.- Determínese la conformación de Comisiones de Control de Cuentas, las cuales tendrán plenos poderes para investigar los libros contables de cada empresas prestataria de los servicios mencionados en el Art. 1º de la presente ley, como así también investigar los movimientos económicos de los entes y/u organismos del Estado facultados para el otorgamiento de subsidios y/o regulación de servicios públicos, a fin de determinar:

a) los costos de producción y distribución,

b) la inversión realizada durante los últimos diez (10) años,

c) los montos de subsidios estatales percibidos en ese mismo período y su utilización,

d) las condiciones laborales de sus empleados,

e) las ganancias obtenidas en dicho lapso,

f) los movimientos de capital y transferencias, compras o procesos de concentración de empresas vinculadas al rubro energético

g) y cualquier otra información que requiera la comisión respectiva.

Artículo 6.- Se establece la apertura inmediata, a partir de la sanción de la presente ley, de todos los libros contables y acceso a todos los movimientos económicos/contables de las empresas prestatarias de servicios públicos y de los organismos del Estado facultados para el otorgamiento de subsidios a dichas empresas.

Artículo 7.- Las Comisiones de Control de Cuentas, mencionadas en el Art. 5º, se crearán para el análisis específico de cada una de las empresas. Estarán conformadas por representantes electos por los trabajadores pertenecientes al plantel de cada empresa (4), asociaciones de usuarios autónomas del Estado (2), técnicos y profesionales pertenecientes a universidades públicas (1). Y deberán emitir un primer informe en un plazo máximo de 90 días a partir de la sanción de la presente Ley.

Artículo 8.- Dichas Comisiones deberán relevar, a su vez, todas las denuncias realizadas por usuarios en relación a déficit y suspensiones del servicio en cuestión, y de las irregularidades en el cobro del mismo.

Artículo 9.- Convóquese a un Congreso de representantes electos por trabajadores activos, desocupados y jubilados, a partir de una elección directa, en cada una de las fábricas y lugares de trabajo, tanto estatales como privados, en el caso de los jubilados y desocupados, a través de las organizaciones sociales reconocidas, para evaluar los resultados del informe y deliberar acerca de la reconfiguración del sistema de concesiones de servicios públicos.

Artículo 10.- La presente Ley comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 11.- De forma.

Señor presidente:

En el transcurso del primer cuatrimestre del corriente año se han efectuado incrementos tarifarios que han multiplicado el costo de provisión de los servicios públicos. Estas medidas constituyen un claro rescate de las empresas privatizadas que por años han desfinanciado los servicios públicos, y que bajo la gestión K han utilizado los subsidios millonarios del Estado para incrementar sus ganancias privadas a costa de la precarización laboral y la desinversión absoluta, que ha tenido su máxima expresión en la masacre de Once. A través de los tarifazos sobre la población trabajadora se exime de responsabilidad a las empresas, se avala este desfalco y se pretenden salvar el esquema de privatizadas, sin siquiera investigar las sistemáticas violaciones a los contratos de concesiones. En definitiva, el actual Poder Ejecutivo está procediendo a premiar a los empresarios que han sido beneficiados mediante la corrupción, el desvío de fondos y subsidios millonarios por el gobierno anterior.

La totalidad de los servicios públicos mencionados tienen incidencia directa en el costo de la canasta básica familiar. Con un cuadro inflacionario que tiene como proyección anual el 40%, el Poder Ejecutivo ha suscripto acuerdos paritarios con gremios estatales y docentes que están muy por debajo para afrontar este encarecimiento de los servicios. Los jubilados aún están en peores condiciones, con jubilaciones mínimas que resultan un 50% menos de lo que indica la canasta básica determinada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, y sufriendo un ataque en todo el país, como en Córdoba, Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde han echado mano a las cajas provinciales, reduciendo el poder adquisitivo y eliminando derechos jubilatorios adquiridos, como el 82% móvil.

Los aumentos de tarifas han sido, en todos los casos, confiscatorios del poder adquisitivo: la electricidad registró subas de entre 300 y 600%, el gas un 300% de promedio, el agua 140%, los trenes y colectivos de pasajeros un 100% promedio, los peajes hasta 200%. A pesar que la escalada inflacionaria y devaluatoria cuenta con la venia de los gobiernos provinciales y sus partidos, la crisis social que han provocado estos aumentos tarifarios ha tenido un impacto generalizado. Temerosos de una rebelión popular, los gobernadores patagónicos, como así también intendentes de diversas localidades del país, se vieron obligados a reclamar una morigeración de los aumentos. Es que las recientes subas en el gas provocaron autoconvocatorias, movilizaciones y petitorios principalmente en Río Negro y Neuquén. Y al mismo tiempo, ante la crisis desatada en el frente patronal. En Tierra del Fuego, el sindicato de petroleros anunció para el 1° de junio el corte del suministro del gas hacia todo el país; en Santa Cruz y Chubut, la justicia hizo lugar a los amparos presentados, suspendiendo el tarifazo.

Al mismo tiempo que se anuncia un fuerte ajuste en la población a través de las tarifas, el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas que benefician a los pulpos petroleros y los monopolios eléctricos. Además, de las ya implementadas sobre el agro y la minería con la eliminación de las retenciones, y los subsidios al petróleo por encima del precio internacional, el pago del gas a un valor más caro que el que se importa de Bolivia, en una operatoria que beneficia a la empresa en donde era CEO el propio ministro de Energía, y el aumento del 31% en las naftas. A través de los tarifazos, el costo de subsidiar al capital se traslada al conjunto de la población. El gobierno argumenta que tales subsidios “sostienen el empleo de los trabajadores petroleros”. Sin embargo, las suspensiones y despidos en la industria petrolera han continuado, como se puso de manifiesto en la reciente movilización multitudinaria que ganó las calles de Comodoro Rivadavia. Rechazamos este beneficio sobre los monopolios privados y en oposición planteamos la apertura de los libros de las empresas, para que el conjunto de la población acceda a sus verdaderos costos de producción. Este conocimiento, con toda seguridad, revelará el parasitismo de los concesionarios privados, y abrirá el camino a una renacionalización de la industria energética y del transporte bajo control de los trabajadores. De ese modo, estos servicios dejarán de ser una fuente de exacción a los trabajadores y al país para convertirse en el soporte de una verdadera industrialización dirigida por la mayoría trabajadora.

Rechazamos que los usuarios, a través de los tarifazos, sean utilizados para salir de la crisis de inversiones y desfinanciamiento que las propias empresas ocasionaron en complicidad con el poder político. Vale recordar, a sólo título de ejemplo, el caso del grupo Midllin (Edenor) que utilizó los subsidios percibidos bajo la llamada “década ganada” para financiar la compra de numerosas distribuidoras eléctricas y transportadoras de energía en el interior del país, y que, recientemente ha adquirido los activos locales de Petrobras.

Los anuncios de los nuevos cuadros tarifarios han sido vinculados por los funcionarios a un plan de inversión en cada área, pero ese fue el mismo motivo por el cual las empresas concesionarias que operan los servicios públicos han recibido subsidios leoninos por parte del Estado nacional durante la última década, mientras se agravó el vaciamiento y la huelga de inversiones por parte de las empresas privatizadas. Los reiterados cortes de agua y electricidad son una clara expresión de ello. El costo de la desinversión de ningún modo puede correr por cuenta de los usuarios, que fueron estafados por servicios deficientes.

A través de este proyecto de Ley, además, planteamos contemplar a la población que consume Gas de garrafa y que también se vio afectada por los aumentos y el abandono en las obras de infraestructura para extender las redes de gas natural. Planteamos establecer un precio para la garrafa de Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario en $ 50 fijos, hasta el reemplazo de su consumo por el servicio de Gas Natural por redes. Según el último censo (2010), hay 4.500.000 hogares que usan gas licuado de petróleo (GLP), conocido como gas en garrafas. Se calcula que ochocientos mil hogares más que en el año 2001 usan garrafas. El 29,3 por ciento de los hogares argentinos no posee provisión de gas natural. De este guarismo, el 85% consume gas envasado y el 15% restante combustibles sustitutos, como kerosene, leña, papel, etc. Si trasladamos estas cifras a cantidad de personas se obtiene que el 36,1% de la población nacional carece de gas natural. En la Ciudad de Buenos Aires hay unas 80.000 familias que no tienen acceso al gas natural. Lo mismo sucede en el Gran Buenos Aires, donde 960.000 usan garrafas. Es decir, 1 de cada 3 familias del conurbano cocina o se calefacciona con garrafas. (INDEC, 2010). Las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa no tienen gas natural, aunque se está construyendo el gasoducto del noroeste argentino, es una obra que tiene un profundo retraso y hasta ahora se vienen incumpliendo los plazos. En Córdoba el 41% de los hogares usa garrafa; en Santa Fe el 45%; en San Luis el 40%; en Jujuy supera el 50%, y en Catamarca el 68%. (INDEC, 2010).

El esquema de concesiones de los servicios públicos debe ser revisado íntegramente. No sólo para determinar cuál es el costo real de la provisión de dichos servicios, sino proceder a un blanqueo de los desfalcos producidos e impedir que se profundice el vaciamiento y la precarización laboral de los empleados de las empresas. Los funcionarios públicos de distintos niveles han sido cómplices de una situación que ha tenido sus expresiones más extremas en la tragedia ferroviaria de Estación Once y el asesinato de Mariano Ferreyra, que dejó al desnudo un entramado con el cual privatizadas, burocracia sindical y el Estado sobreexplotaban a trabajadores tercerizados y vacían el servicio. La creación de comisiones independientes, con representantes electos por los trabajadores, junto a organizaciones de usuarios y asesores técnicos de universidades nacionales, apunta a que avance una investigación, clarifique las cuentas y abra una deliberación nacional sobre el sistema de concesiones privadas actuales.

Por todo esto, llamamos a los/as sres/sras diputados/as a acompañar este proyecto de ley.