Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, para que a través del organismo que corresponda o estime pertinente, sepa brindar la información solicitada sobre el acuerdo de precios de determinados productos de la canasta básica, llamados “productos esenciales”, anunciado por el Gobierno Nacional en conferencia de prensa el pasado 17 de abril, en la que estuvieron Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de la Nación y Carolina Stanley, Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación:

1.- Si este acuerdo y/o compromiso se encuentra establecido por escrito y suscripto por las partes.

2.- En caso de que exista un acuerdo por escrito solicito se remita copia al Honorable Congreso de la Nación para su conocimiento.

3.- En caso de que no exista un acuerdo por escrito, informe cuáles son los compromisos asumidos entre las partes y dónde se encuentran estipulados.

4.- Respecto al proceso administrativo en que se sustanció el acuerdo, informe:

a) Cuáles son los motivos por lo que no se convocó formal y abiertamente a todos los empresarios y productores nacionales para que adhieran.

b) Qué criterios se utilizaron para la selección de los empresarios convocados al acuerdo.

c) Cuáles fueron los productos acordados y con qué criterios se escogieron dichos productos.

d) Cuáles son los motivos por lo que no se incluyeron verduras, carnes ni alimentos saludables.

e) Cuáles criterios se utilizaron para establecer los precios acordados y cuál es la diferencia de precio respecto al de los mismos tenían previo a la entrada en vigencia del acuerdo.

5.- Cuál fue la participación que se les otorgaron a las asociaciones de consumidores tanto en el procedimiento preparatorio del acuerdo, como su lugar en el control de cumplimiento durante los ciento ochenta días de su vigencia.

6.- Cuáles son los sistemas de control que se aplicarán sobre las empresas, y todo el circuito comercial, para que se cumpla el acuerdo de precios y se garantice el abastecimiento de los productos en todo el país.

7.- Si en el acuerdo las supermercadistas u otras empresas han sido autorizadas por el Estado Nacional para controlar y limitar el consumo de los ciudadanos.

Señor presidente:

A esta altura ya no asombra el nivel de improvisación e informalidad con que actúa este gobierno. Dejando de lado las numerosas críticas políticas y de fondo que merecen las acciones del Ejecutivo para paliar una crisis que es producto de sus propias falencias, el objeto de este pedido de informe es evidenciar la total ausencia de institucionalidad detrás del acuerdo de precio al que llegaron el gobierno nacional con un grupo de empresarios, respecto al congelamiento de precios de aproximadamente 64 productos – un número pequeño e insuficiente – a lo largo de un plazo de ciento ochenta (180) días.

Respecto a la naturaleza del acuerdo, el más claro fue el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, al declarar en conferencia de prensa que se trataba de un “pacto de caballeros”. Y es que se parece mucho más a un acuerdo entre estamentos (en este caso político y económico) del tipo más común en la Edad Media pre-estatal que un verdadero acuerdo público, formal, escrito y con vinculación jurídica entre las partes. Tampoco resultó de un procedimiento administrativo en el que hayan participaron los órganos del Estado, los empresarios y las asociaciones de consumidores, fundados en un análisis técnico especializado. Todo lo contrario, el proceso de negociación fue “puertas para adentro” sin que haya mediado publicidad ni participación política, técnica ni ciudadana. No puedo tampoco dejar de mencionar que la terminología utilizada por el Ministro Dujovne tiene un anclaje típicamente patriarcal, donde la caballerosidad se encuentra relacionada íntimamente con la masculinidad, el paternalismo y la idea de “hombres de honor”.

Entre tantas consecuencias negativas que trae este accionar del Gobierno, destaco el de la pérdida de institucionalidad en las gestiones del Estado, el manejo de la cosa pública de manera privada e, indefectiblemente, la pérdida de la seguridad jurídica, valor indispensable para cualquier plan de desarrollo.

En primer lugar, este acuerdo ha sido gestado de espaldas a la ciudadanía, en ninguna etapa del proceso de preparación del acuerdo de precios fue consultada la ciudadanía, principalmente representada por las asociaciones de consumidores que se enteraron de la medida recién cuando el Gobierno lo hizo público en conferencia de prensa.

En segundo lugar, no se conoce públicamente si existió procedimiento administrativo previo al acuerdo, necesario en toda decisión de Estado donde el interés público está comprometido. Se desconoce si existieron análisis técnicos y económicos respecto a cuáles son los productos que deben integrar la lista de “precios esenciales” y cuáles no, cuáles son los precios que debían de acordarse para que no se fijen precios con aumentos inflacionarios anticipados, ni por qué se escogieron esas empresas y no otras para “firmar” el acuerdo.

En tercer lugar, al no existir (o no conocerse) acuerdo por escrito, tampoco existe una regulación normativa del acuerdo frente a todas las vicisitudes que pueden ocurrir a lo largo de esos ciento ochenta días. Sólo como ejemplo, nada se sabe qué ocurrirá en el caso en que exista una nueva corrida cambiaria, o si el proceso inflacionario sigue creciendo a índices de casi 5% mensual.

Lo que se conoce del acuerdo es lo poco que han dicho los Ministros en conferencia de prensa, a lo que se suma que el pasado 23 de abril en una nueva conferencia de prensa, el Ministro Sica expresó que el supermercadista controlará que los consumidores no hagan una compra que no sea “normal” en cantidad de los productos esenciales, lo que significaría una especie de concesión de poderes públicos (que ya de por sí son cuestionables constitucionalmente si los aplicase el Ejecutivo) a empresas privadas, todo esto sin ningún respaldo por escrito de lo informado por el funcionario públicamente.

En conclusión, y al margen de la cuestión de fondo que es la crisis económica cada vez más profunda que atraviesa el país como consecuencia de las pésimas decisiones que ha venido tomando este gobierno, el acuerdo de precios lanzado por el Ejecutivo nacional pareciera encontrarse fuera del ámbito de la ley, sin vinculación jurídica entre las partes más que la “palabra empeñada” entre “caballeros”, y sin haberle dado participación a las asociaciones de consumidores reconocidas por la Constitución Nacional.

Es por ello que solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.