ANULACION DE AUMENTOS TARIFARIOS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Anúlese todo aumento del cuadro tarifario que se haya aplicado a partir del 1º de enero de 2016, a través de decretos del PEN, leyes, resoluciones ministeriales, disposiciones /o normas complementarias, en lo que respecta a los servicios públicos nacionales y provinciales de energía eléctrica, redes de agua potable, gas natural y comprimido, transporte ferroautomotor de pasajeros, telefonía, peajes. Se retrotrae también a esta fecha, 1° de enero de 2016, la anulación de los aumentos de combustibles para vehículos de transporte tanto individual como colectivos (autos y colectivos).

Artículo 2.- Anúlese el decreto 962/2017, que liberó la importación de crudos y combustibles, y todas las normas y disposiciones que atan el precio de los combustibles (naftas y gas) en la Argentina, a la evolución del dólar y los valores internacionales de éstos.

Artículo 3.- Determínese la conformación de Comisiones de Control de Cuentas, las cuales tendrán plenos poderes para investigar los libros contables de cada empresa prestataria de los servicios mencionados en el Art. 1º de la presente ley, como así también investigar los movimientos económicos de los entes y/u organismos del Estado facultados para el otorgamiento de subsidios y/o regulación de servicios públicos, a fin de determinar:

a) los costos de producción y distribución,

b) la inversión realizada durante los últimos quince (15) años,

c) los montos de subsidios estatales percibidos en ese mismo período y su utilización,

d) las condiciones laborales de sus empleados,

e) las ganancias obtenidas en dicho lapso,

f) los movimientos de capital y transferencias, compras o procesos de concentración de empresas vinculadas al rubro energético

g) y cualquier otra información que requiera la comisión respectiva.

Artículo 4.- Se establece la apertura inmediata, a partir de la sanción de la presente ley, de todos los libros contables y acceso a todos los movimientos económicos/contables de las empresas prestatarias de servicios públicos y de los organismos del Estado facultados para el otorgamiento de subsidios a dichas empresas.

Artículo 5.- Las Comisiones de Control de Cuentas, mencionadas en el Art. 2º, se crearán para el análisis específico de cada una de las empresas. Estarán conformadas por representantes electos, en forma proporcional, por los trabajadores pertenecientes al plantel de cada empresa (4), asociaciones de usuarios autónomas del Estado (2), técnicos y profesionales pertenecientes a universidades públicas (1). Deberán emitir un primer informe en un plazo máximo de 90 días a partir de la sanción de la presente Ley.

Artículo 6.- Dichas Comisiones deberán relevar, a su vez, todas las denuncias realizadas por usuarios en relación a déficit y suspensiones del servicio en cuestión, y de las irregularidades en el cobro del mismo.

Artículo 7.- Convóquese a un Congreso de representantes electos por trabajadores activos, desocupados y jubilados, a partir de una elección directa, en cada una de las fábricas y lugares de trabajo, tanto estatales como privados, en el caso de los jubilados y desocupados, a través de las organizaciones sociales reconocidas, para evaluar los resultados del informe y deliberar acerca de la reconfiguración del sistema de concesiones de servicios públicos.

Artículo 8.- La presente Ley comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9.- Dé forma.

Señor presidente:

En el transcurso del primer cuatrimestre de este año 2018, se han efectuado incrementos tarifarios que han multiplicado el costo de provisión de los servicios públicos. Estas medidas constituyen un claro subsidio y rescate de las empresas privatizadas que por años han desfinanciado los servicios públicos, y que bajo la gestión K han utilizado los subsidios millonarios del Estado para incrementar sus ganancias privadas a costa de la precarización laboral y la desinversión absoluta, que ha tenido su máxima expresión en la masacre ferroviaria de Once. A través de los tarifazos sobre la población trabajadora se exime de responsabilidad a las empresas, se avala este desfalco y se pretenden salvar el esquema de estas empresas privatizadas, sin siquiera investigar las sistemáticas violaciones a los contratos de concesiones. En definitiva, el actual Poder Ejecutivo está procediendo a premiar a los empresarios que han sido beneficiados mediante la corrupción, el desvío de fondos y subsidios millonarios por el gobierno anterior.

La totalidad de los servicios públicos mencionados tienen incidencia directa en el costo de la canasta básica familiar. Con un cuadro inflacionario que tiene como proyección este año más del 25%, el Poder Ejecutivo está imponiendo acuerdos paritarios que oscilan en el 15% de aumento salarial, lo que está muy por debajo para afrontar este encarecimiento de los servicios y el desfasaje que arrastra el salario desde el 2017. Ni que hablar de los jubilados que aún están en peores condiciones, con jubilaciones mínimas que resultan un 50% menos de lo que indica la canasta básica determinada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, y donde el gobierno viene de imponer una ‘reforma’ jubilatoria reaccionaria, a fin de año (represión mediante), que disminuye en 9% el haber jubilatorio de aplicarse las leyes de actualización entonces vigentes. El presupuesto del 2017 indicaba pautas de inflación del 17% pero el costo de vida aumento más del 25%. Para este año se señaló, inicialmente, una pauta inflacionaria del 12%, luego se la elevó al 15%. Es sobre esta pauta que el Ministerio de Trabajo presiona a la firma de convenios colectivos donde los aumentos salariales no superan el 15% (y en cuotas: lo que significa menos con el cálculo de su anualización). Pero el costo de vida, cebado por los aumentos tarifarios ya indica que la inflación estará por encima del 25%. Se trata de un claro ajuste. De un ajuste permanente en favor de los monopolios de las empresas de servicios públicos privatizadas, que paga directamente el pueblo trabajador con la reducción de sus ingresos efectivos.

Los aumentos de tarifas son en todos los casos, confiscatorios del poder adquisitivo. Desde que subió el gobierno los aumentos tarifarios van por el ascensor y los salarios no logran llegar por la escalera. El gobierno y sus ministros estrella (Dujovne, Aranguren, Caputo, Peña) se jactan de que están reduciendo el déficit fiscal, pero esto es porque toman en cuenta la reducción de subsidios del Estado a las empresas privatizadas, que son reemplazadas por el aumento de tarifas. De todas maneras, el déficit público no disminuye, sino que aumenta considerando el pago creciente de los intereses de la deuda externa e interna que está tomando el Estado. Es el peor de los cuadros: el pueblo trabajador paga los tarifazos, el déficit público no disminuye y aumenta por el pago de la deuda usuraria.

Los únicos que ganan son las empresas de servicios públicos privatizadas. Central Puerto, la empresa de Carlos Miguens y Guillermo Reca, ganó en el 2017 más de $2.100 millones, 48% más que el mismo lapso de 2016. Transportadora de Gas del Sur (TGS) declaro un incremento de sus ganancias del 288,09%. Les siguen Gas Natural Fenosa, Metrogas, Edenor, todas con utilidades millonarias.

El gobierno nacional viene tomando medidas crecientes que benefician a los pulpos petroleros y los monopolios eléctricos. A las petroleras les ha dado subsidios por encima del precio internacional: el ministro Shell-Aranguren liberó el precio de las naftas diciendo que eso iba a llevar a una baja. ¿Pero qué pasó? Las naftas oscilan entre 25 y $ 30 el litro, ¡uno de los más caros del mundo! Es que el precio de las naftas y del gas el gobierno lo cotiza de acuerdo a la evolución del precio mundial en que se vende el combustible y a la evolución del precio del dólar. Y como ha habido una devaluación…. se dispararon. La diferencia entre el costo de producción y el precio internacional, es decir la renta petrolera nacional, se lo embolsan integralmente las petroleras. La ventaja de tener petróleo nacional queda así anulada para el país y es solo una fuente de superganancias para los monopolios. La renta petrolera y gasífera debe ser utilizada en un plan nacional de industrialización del país bajo gestión y control obrero. Esto será posible con un gobierno de trabajadores.

El pago del gas a un valor más caro que el que se importa de Bolivia es una operatoria que beneficia a la empresa en donde era CEO el ministro de Energía. Avanza la monopolización en telefonía, por supuesto las tarifas no bajan: Claro, Movistar y Personal, que cobran por 60 millones de teléfonos celulares han decidido ‘competitivamente’ aumentar sus tarifas en 12%.

A través de los tarifazos, el costo de subsidiar al capital se traslada al conjunto de la población.

Rechazamos este beneficio abusador y privilegiado –que está transformando al país en una festichola permanente de las privatizadas y los especuladores- sobre los monopolios privados y en oposición planteamos la apertura de los libros de las empresas, para que el conjunto de la población acceda a sus verdaderos costos de producción. Este conocimiento revelará el parasitismo de los concesionarios privados y abrirá el camino a una renacionalización de la industria energética y del transporte bajo control de los trabajadores. De ese modo, estos servicios dejarán de ser una fuente de exacción a los trabajadores y al país para convertirse en el soporte de una verdadera industrialización dirigida por la mayoría trabajadora.

Rechazamos que los usuarios, a través de los tarifazos, sean utilizados para salir de la crisis de inversiones y desfinanciamiento que las propias empresas ocasionaron en complicidad con el poder político. Vale recordar, a sólo título de ejemplo, el caso del grupo Midllin (Edenor) que utilizó los subsidios percibidos bajo la llamada “década ganada” para financiar la compra de numerosas distribuidoras eléctricas y transportadoras de energía en el interior del país y que ha adquirido activos locales de Petrobras.

Los anuncios de los nuevos cuadros tarifarios han sido vinculados por los ministros a supuestos planes de inversión en cada área, pero ese fue el mismo motivo por el cual las empresas concesionarias que operan los servicios públicos han recibido (y siguen recibiendo) subsidios leoninos por parte del Estado nacional durante la última década, mientras se agravó el vaciamiento y la huelga de inversiones por parte de las empresas privatizadas. Los reiterados cortes de electricidad son una clara expresión de ello. El costo de la desinversión de ningún modo puede correr por cuenta de los usuarios, que fueron estafados por servicios deficientes.

Retomar las tarifas del 2016, mientras se abren los libros y se investiga los costos reales y adonde fue a parar el dinero de millonarios subsidios es un acto de salud pública. Las redes de Gas Natural avanzan a paso de tortuga, pero el vecino de las barriadas más pobres debe pagar sobreprecios para cocinar y calefaccionarse. En el 2015, luego de un fuerte aumento implementado por el gobierno de Cristina Kirchner, la garrafa de 10 kilos subió a $87, ahora está en $ 216. Es un acto elemental de resarcimiento para los sectores más sumergidos de nuestro pueblo.

El 29,3 por ciento de los hogares argentinos no posee provisión de gas natural. De este guarismo, el 85% consume gas envasado y el 15% restante combustibles sustitutos, como kerosene, leña, papel, etc. Si trasladamos estas cifras a cantidad de personas se obtiene que el 36,1% de la población nacional carece de gas natural. En la Ciudad de Buenos Aires hay 80.000 familias que no tienen acceso al gas natural. Lo mismo sucede en el Gran Buenos Aires, donde 960.000 usan garrafas. Es decir, 1 de cada 3 familias del conurbano cocina o se calefacciona con garrafas (INDEC, 2010). Las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa no tienen gas natural, aunque se está construyendo el gasoducto del noroeste argentino, “a paso de Alais”. En Córdoba el 40% de los hogares usa garrafa; en Santa Fe el 45%; en San Luis el 40%; en Jujuy supera el 50%, y en Catamarca el 68% (ídem).

El esquema de concesiones de los servicios públicos debe ser revisado íntegramente. No sólo para determinar cuál es el costo real de la provisión de dichos servicios, sino proceder a un blanqueo público de los desfalcos producidos e impedir que se profundice el vaciamiento y la precarización laboral de los empleados de las empresas.

Funcionarios públicos de distintos niveles han sido cómplices de una situación que ha tenido sus expresiones más extremas en la tragedia ferroviaria de Estación Once y el asesinato de Mariano Ferreyra, que dejó al desnudo un entramado con el cual privatizadas, burocracia sindical y el Estado sobreexplotaban a trabajadores tercerizados y vaciaban el servicio. La creación de comisiones independientes, con representantes electos por los trabajadores, junto a organizaciones de usuarios y asesores técnicos de universidades nacionales, apunta a que avance una investigación, clarifique las cuentas y abra una deliberación nacional sobre el sistema de concesiones privadas actuales. Que llevara inevitablemente a la conclusión que es necesario terminar con estas concesiones-estafas, proceder a la expropiación sin pago y la creación de empresas estatales de servicios bajo gestión y control de sus trabajadores e incautar los bienes de los estafadores que se adueñaron del erario público y del ingreso de los trabajadores.

Colocamos como antecedente el proyecto presentado por nuestra bancada en el 2016, que fue ignorado y cajoneado por la mayoría oficialista: Expediente 3174-D-2016.

Por todo esto, llamamos a los señores diputados/as a acompañar este proyecto de ley.