Incorporación de los productos de la Canasta Básica Alimentaria al Programa Precios Cuidados

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto garantizar la incorporación de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al programa Precios Cuidados. En este marco, el Poder Ejecutivo deberá implementar las siguientes medidas, desde el momento de sanción de la presente ley:

a) Incrementar la cantidad y variedad de los productos que actualmente componen la CBA adheridos al programa Precios Cuidados.

b) Ampliar la canasta del Programa incluyendo todos los productos de la CBA que no están contemplados o incluidos en Precios Cuidados.

c) Incluir primeras y segundas marcas para cada uno de los productos adheridos al programa que formen parte de la CBA.

d) Priorizar el abastecimiento y control de precios sobre las leches fluidas asociadas al programa.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Comercio de la Nación.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto pretende ser un paliativo a una situación de emergencia social y económica que está atravesando la gran mayoría de los y las argentinas como consecuencia de la recesión y los altos niveles de inflación que transita el país, situación que no parece tocar fondo en el marco del programa de austeridad propiciado por el Fondo Monetario Internacional.

Según el INDEC, en 2018 los niveles de desocupación, pobreza e indigencia se incrementaron significativamente. Se estima que en el último año se registraron: 259 mil nuevas y nuevos desempleados; otras 300 mil personas ocupadas y sub-ocupadas demandantes de empleo producto de los bajos salarios; 4,4 millones de nuevas y nuevos pobres y 1,3 millones de nuevas y nuevos inmigrantes. En suma, por cada día, son más de 12 mil nuevas personas sin ingresos para comprar los productos de una canasta básica necesaria para funcionar biológica y socialmente y más de 3 mil que no pueden comprar siquiera los alimentos necesarios para subsistir.

Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en el último año la pobreza multidimensional se incrementó en casi 5 puntos entre 2017 y 2018 pasando del 26,6% al 31,3%. Entre los datos más preocupantes del informe se destaca un incremento en la falta de seguridad alimentaria, con un 28,2% de argentinos y argentinas que tienen problemas alimentarios. En tanto, la población con inseguridad alimentaria severa pasó del 6,2% en el tercer trimestre del 2017 al 7,9% en el mismo período del 2018.

El fuerte deterioro social se explica porque los ingresos de los sectores más vulnerables crecieron menos que la inflación y mucho menos que la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Según los datos de la Encuesta Permanente a Hogares que elabora el INDEC, el ingreso per cápita familiar del 20% más pobre de la población creció entre 12,8% y 18,7%, mientras que la inflación en el mismo período fue del +47,6%, el aumento de precios de la canasta básica total del +54,9% y de la canasta básica alimentaria del +53,1%.

A su vez, la caída en los ingresos de los sectores más vulnerables se explica por propias medidas del gobierno como la reforma previsional de diciembre de 2017 que modificó la fórmula de ajuste para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares e implicó que la actualización de los haberes fuera inferior a la que habría operado con la Ley de Movilidad del año 2009. Como consecuencia, en 2018 la Asignación Universal por Hijo (AUH) orientada a proteger a los niños y

niñas y fundamentalmente a los hogares monoparentales con jefatura femenina, los hogares más pobres, perdió su poder adquisitivo en un 12,9%. De la misma magnitud fue la perdida de la jubilación mínima que afecta a más de la mitad de las y los jubilados (creció solo un 28,5% mientras la inflación fue del 47,6%). La caída fue mayor si se tiene en cuenta que en la canasta de este grupo pesan más los bienes y servicios asociados a la salud y la alimentación que crecieron muy por encima del promedio general.

Los y las jubiladas fueron los grupos más afectados por las medidas del gobierno. A la situación mencionada se agrega el remplazo de las moratorias previsionales por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que redujo el haber tanto en acceso (mayores de 65 años independientemente del sexo) como cobertura ofreciendo solo el 80% del haber jubilatorio mínimo. En marzo de 2019, más de 103 mil jubiladas y jubilados cobran un haber ($8.322) que las y los deja por debajo de la línea de pobreza ($8.922).

Otros indicadores que muestran el deterioro en la calidad de vida de la población son las bajas registradas en el consumo de alimentos y servicios básicos que se suponen inflexibles a las variaciones de precios e ingresos, en tanto resultan indispensables para la población. A modo de ejemplo, en 2018 el consumo de leche fluida se redujo 1,5% en comparación con el año pasado, y en enero de 2019 volvió a caer 5,8% interanual. A su vez, la carne vacuna cerró el 2018 con una caída del 13% interanual y durante el primer trimestre de 2019 registró niveles de consumo inferiores a los del año 2002.

Sobran los indicadores que muestran la preocupante situación de creciente deterioro social, por la gravedad de la situación que condenará a una parte cada vez más importante de las generaciones futuras. Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.