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DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P03 Oficina 301
Jefe SR. GUANCA JAIME FERNANDO FABIO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2359 Internos 2359/2355/2352
cdconsumidor@hcdn.gov.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 1610-D-2017
Sumario: TARIFA ELECTRICA DIFERENCIADA PARA LA REGION NOROESTE.
Fecha: 12/04/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 28
Tarifa eléctrica diferenciada para la región Noroeste
Artículo 1°-. Determinase un cuadro tarifario diferencial para los usuarios residenciales alcanzados por la tarifa social de la región del NOA, conformada por las provincias electro dependientes de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.
Artículo 2°-. Increméntese a 300 KWh/mes el límite subsidiado de la tarifa social en la región del NOA.
Artículo 3°-. El Poder Ejecutivo Nacional y/o sus organismos con competencia en materia eléctrica garantizarán a los hogares de la región Noroeste que se encuentren en situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio-económica el acceso a la energía eléctrica, y adecuarán la normativa sobre tarifas eléctricas a lo prescripto en la presente Ley.”
Artículo 4°-. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentara en un plazo no mayor a noventa (90) días de la promulgación de la presente Ley.
Artículo 5°-. De forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa, se propone la creación de una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico en la región del NOA, conformada por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.
Este proyecto de ley, busca establecer un criterio de equidad en la asignación de subsidios al servicio de energía eléctrica para las familias de menores recursos de dichas provincias, teniendo en cuenta que la Ley Nº 24.065, lo ha definido como servicio público.
Es menester aquí tener en consideración, como primera medida, que el costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario en la Argentina se conforma por cuatro componentes: la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el transporte (que en el caso de la provincia de La Rioja por Resolución 77/2017 del ENRE se aumentó las tarifas de transporte en un 11.9% en más para dicha provincia por lo que la incidencia es del 16% aproximadamente en la boleta actual); la distribución (o VAD -Valor Agregado de Distribución) y los impuestos.
En primer lugar, analizando la situación imperante vemos que algunos sectores de la sociedad han accedido a tarifas sociales. Ahora bien, podemos definir a la tarifa social como el precio diferencial que el usuario residencial, en estado de vulnerabilidad económica, paga en contraprestación por los servicios públicos esenciales, tales como: agua, cloacas, energía eléctrica y gas natural.
Realizando un análisis histórico, podemos ver que la tarifa social se implementó en Argentina por primera vez en el año 1993, recién iniciado el proceso de privatización. En aquel momento, se introdujo una iniciativa nacional y multisectorial de tarifa social en el Congreso, que consistió en un descuento sobre las tarifas de agua, electricidad y gas para todos los jubilados que mantuvieran su consumo dentro de ciertos parámetros. En el año 1997, estos subsidios pasaron a ser reemplazados por un monto fijo agregado directamente a las pensiones jubilatorias.
El debate sobre la implementación de una tarifa social volvió a surgir en Argentina especialmente a partir de fines de 2001 y durante el año 2002, en la búsqueda, aún no concluida, para encontrar un instrumento de política social que permita universalizar la prestación del servicio energético que alcance a todos los usuarios.
Estudiando la factura del servicio de energía eléctrica, los ítems que la componen se pueden clasificar en dos conceptos principales: una primera parte, en que consta el consumo eléctrico del período y se calcula el importe en base al mismo; y otra, donde se aplican los impuestos nacionales, provinciales y municipales dispuestos por cada de las jurisdicciones pertinentes.
Debemos resaltar que los sectores de menores recursos siempre debieran estar dentro de la agenda de políticas públicas, ya sea como sujeto-objeto de las mismas o como una deuda social pendiente, por las terribles consecuencias que les otorga su olvido.
Quedó claramente en evidencia, que las políticas energéticas implementadas por el Gobierno Nacional han afectado y afectan diariamente la economía doméstica de los sectores más vulnerables económica-socialmente del país; y en especial de la región NOA, y ello nos alerta sobre la necesidad de proteger a quienes se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad.
Dentro de estas políticas energéticas implementadas por Nación, se encuentra la de desalentar el consumo eléctrico domiciliario, ahora bien, existen usuarios de muy escasos recursos que simplemente no pueden reducir aún más el consumo eléctrico porque carecen de las comodidades hogareñas básicas y en algunos casos, estas situaciones se ven agravadas por razones de salud.
La coyuntura social, el nivel de ingresos económicos familiares, las barreras de acceso a los distintos servicios se complejizan a la luz de las disparidades regionales, demuestran asimetrías en el desarrollo poblacional del país. Y en este sentido, las tarifas en materia de energía es otro de los tantos temas que muestran las consecuencias de nuestro federalismo centralista, que puede sintetizarse en que no todos los habitantes del país tienen los mismos derechos y posibilidades de desarrollo humano conforme el lugar donde les ha tocado nacer.
Otra inequidad a mencionar es que en la mayoría de las provincias con recursos más limitados (Formosa, Chaco, Jujuy, La Rioja, por ejemplo), los usuarios pagan facturas por servicio eléctrico mucho más altas que en Capital Federal.
Por consiguiente, podemos establecer que la política tarifaria energética que se implementa en el país, obedece a criterios de uniformidad sin tomar en cuenta las diversas realidades geográficas, las cuestiones climáticas, sociales, económicas, culturales y de infraestructura para la prestación de servicios. Esta situación genera que al aplicarse los cuadros tarifarios y de subsidios que se implementan desde el propio Estado Nacional, se presenten situaciones de total inequidad.
Esta difícil realidad termina irritando a la población, quien expresa de manera constante su disconformidad con lo que entiende un claro abuso.
Para tratar de subsanar esta injusticia es menester establecer un criterio diferenciado que, en el presente proyecto de ley, se propone extenderlo a toda la región del NOA.
En el mes de febrero del corriente año, muchos usuarios recibieron boletas de luz por montos terriblemente excesivos, por lo cual se deben tomar decisiones políticas que tiendan a bajar el impacto del costo.
Haciendo hincapié en la provincia de La Rioja, pero cuyo ejemplo se replica en cada provincia de la región del NOA, en las últimas semanas llegó a cada hogar la nueva boleta del servicio de energía eléctrico con cifras que sorprendieron a los usuarios, ya que comenzó a hacerse efectivo el último incremento tarifario dispuesto por el Gobierno Nacional, a través de la Resolución de la S.E.E. Nº 20/2017. En la provincia de La Rioja, esta situación golpeó duramente al bolsillo, ya que se trata de una provincia electro-dependiente, siendo la energía eléctrica, un servicio esencial incluso para el abastecimiento del agua potable.
Cabe recordar también, que el 31 de enero de este año el Gobierno Nacional informó los nuevos precios de la energía mayorista, entre otras cosas y el aumento de la tarifa fue para todo el país, impactando en los bolsillos de los riojanos entre un 16% a un 53%, dependiendo claramente de los consumos y categorías de las tarifas.
Además de todo ello debemos agregar que la mayor proporción de la población de las provincias del NOA no cuentan con servicio de gas natural, por lo que el único medio para climatizar los ambientes resulta la energía eléctrica. Adviértase que estas provincias sufren inclemencias climáticas importantes, durante el invierno existen poblaciones en la Cordillera o Precordillera de los Andes sometidas a temperaturas muy bajas (bajo cero), y en verano, otras poblaciones sufren temperaturas muy altas, siendo récord de calor en el país, por lo que se puede definir a estas provincias como electro-dependientes.
Por todo ello, destacamos la importancia de establecer un criterio diferenciado, ya que no resulta la misma situación en Buenos Aires que en La Rioja o el resto de las provincias que conforman el NOA, porque en algunas de ellas se necesita energía incluso para abastecer de agua potable, la que es extraída de perforaciones que funcionan con motores alimentados de energía eléctrica.
Teniendo en cuenta esta realidad, así como también el aumento reflejado en las facturas de energía eléctrica, son consecuencia directa de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, tal como surge de las Resoluciones M.E. y M. Nº 06/2016, S.E.E. Nº 20/2017, ENRE Nº 077/2017, entre otras, resulta importante comprender estas circunstancias para canalizar el reclamo al responsable de estas medidas que impactan claramente en todos los usuarios. En este sentido, debo resaltar que, con los aumentos en las tarifas de energía eléctrica dispuestos a través de las normas mencionadas, los habitantes de la región deben abonar tarifas mucho más elevadas en relación a otras localidades del país.
Consideramos también que el tema en cuestión, trasciende las jurisdicciones provinciales, y su definición compete claramente a la Nación, estipulando que la presente iniciativa, tiene por objetivo principal morigerar una situación que se agravó con los “sinceramientos” de tarifas llevados a cabo por el Gobierno Nacional en diferentes servicios públicos.
Cuando el Poder Ejecutivo decidió como política “sincerar” las tarifas, esa acción se reflejó en las facturas de los usuarios como aumento de las mismas afectando más a los sectores más vulnerables de la sociedad, quedando al descubierto la falta de estudio y de previsión que tal medida tendría sobre la población de cada provincia o sector particular de la sociedad. Estamos convencidos que en el Gobierno hubo un apresuramiento en este tema y, como siempre, terminaron perdiendo las familias más vulnerables económica y socialmente del país y en especial de la región NOA.
Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en los últimos meses, impactan directo en la calidad de vida de todos los habitantes, claramente, en algunos sectores mucho más que en otros, siendo los sectores más vulnerables económica y socialmente los más afectados. Recordemos las estadísticas del INDEC o los estudios de la UCA sobre los índices de pobreza, ellos son contundentes y nos demuestra que cada vez son más los pobladores, los que lamentablemente se encuentran en esa condición. Cabe mencionar la grave situación del Parque Industrial en mi provincia; es triste ver cómo aumentan a diario los desempleados por cierre de fábricas o suspendidos por falta de actividad en las mismas, o como están afectadas las economías regionales que se ven obligadas a cerrar los establecimientos.
Las tarifas y el alza de precios impactaron terriblemente sobre todos los trabajadores, registrados o sin registrar, sobre pensionados y jubilados, sobre los desocupados sin distinguir situaciones de ningún tipo.
Todo ello nos indica que la discusión debe ser integral: se requiere conciencia social en la aplicación de subsidios y la determinación de los alcances de los beneficios para usuarios de servicios elementales como la luz, el gas, el agua, las telecomunicaciones y el transporte.
Entendemos además, que la definición de tarifa social debe ampliarse. Hay que abrir la discusión sobre su definición y extender su alcance de forma urgente, dada la grave situación económica y social que estamos atravesando las provincias más relegadas como las del NOA.
Recordemos que nuestro sistema legal, ha incluido dentro del marco de derechos fundamentales, el Acceso a la Energía, como expresión primordial para el desarrollo de cada individuo, el desenvolvimiento de la vida en dignidad tanto económica, social, sanitaria, cultural y ambiental.
No obstante, el derecho de acceder a la energía, presenta una marcada ambigüedad: se ha convertido en uno de los progresos tecnológicos más avanzados en los últimos años, ese crecimiento ha sido inversamente proporcional al número de consumidores que han quedado dentro del circuito del mercado regulado. En esto quiero resaltar el esfuerzo realizado por el gobierno de mi provincia, desarrollando el Programa de Electrificación Rural, que ha impactado para que al día de la fecha aproximadamente el 95% de la población tenga acceso a la energía, siendo la equidad el baluarte principal de esta política del estado provincial.
No debemos olvidar que organizaciones internacionales de las que el país forma parte, tales como Naciones Unidas, OMS, etc., han declarado que el agua, las cloacas y la energía eléctrica son servicios públicos que hacen al desarrollo digno de la persona humana; y para el país son servicios públicos esenciales que deben llegar a toda la población del país, más allá de su poder adquisitivo. Por esta misma razón, es el Estado Nacional, el único que puede establecer las tarifas y los beneficios necesarios para su acceso universal a esos derechos fundamentales.
Entonces, mediante el presente proyecto de ley, buscamos atenuar el impacto de los incrementos tarifarios en los consumos de usuarios que se encuentran entre los sectores más postergados de las provincias que componen el NOA, y cuyos mayores consumos no reflejan una mayor capacidad adquisitiva, sino, justamente, una situación de desigualdad, inequidad e injusticia estructural y de asimetría en el desarrollo del país, que es necesario contemplar en cualquier ajuste de tarifas de servicios públicos.
Ante la coyuntura social y económica descripta, la presente iniciativa, tiene como objetivo, además, establecer el beneficio a usuarios residenciales que hayan sido beneficiados con la tarifa social, fijando como consumo máximo el precio de referencia de energía de cero pesos en trescientos kilovatios hora (300KWh/mes), asimilando la situación a la de los pobladores de la región NEA.
Para concluir, quiero resaltar en tanto representantes del pueblo de las provincias que componemos la región del NOA, caracterizados por ser electro-dependientes, venimos solicitando permanentemente a Nación una tarifa diferencial que atienda la situación planteada, la que nunca fue escuchada; por ello, sostenemos que la energía es un servicio público esencial, a la que toda la población debiera tener acceso en equidad de condiciones y ese es el espíritu final de la presente iniciativa, por lo que solicito a los señores Diputados que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MADERA, TERESITA | LA RIOJA | JUSTICIALISTA |
| HERRERA, LUIS BEDER | LA RIOJA | JUSTICIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ENERGIA Y COMBUSTIBLES (Primera Competencia) |
| ECONOMIAS Y DESARROLLO REGIONAL |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 24/04/2018 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |