Expresar preocupación por la relevante reducción implementada a partir del mes de enero del corriente año sobre el programa Consumo Protegido (COPREC), de la Secretaría de Comercio de la Nación, creado en el año 2015 y que posibilitaba a los consumidores efectuar reclamos y obtener respuestas en forma sencilla y ágil respectivamente.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo nacional ha reducido desde el mes de enero a una mínima expresión el programa Consumo Protegido, que fuera creado en la órbita de la Secretaría de Comercio el año anterior y cuyo objetivo consistía en que los consumidores pudieran contar con un mecanismo sencillo para presentar sus reclamos ante las empresas proveedoras de bienes o servicios.

Las nuevas autoridades a cargo de la secretaría dispusieron en el mes de diciembre el archivo de numerosos reclamos, aumentando los requisitos para que el Estado tome en cuenta los reclamos de los usuarios, en una acción por demás clara de impedir el acceso a la mediación dispuesta por el programa, e incluso despidiendo a trabajadores que cumplían funciones en los programas Precios Cuidados, Consumo Protegido, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia.

El programa de Consumo Protegido (COPREC) fue implementado en mayo de 2015 a partir de la modificación de las leyes que regulaban la relación entre el consumidor y las empresas. Los reclamos bajo este programa ingresaban mayormente a través de un link de reclamos en la página web www.consumoprotegido.gob.ar, si bien podían canalizarse a través de una línea telefónica 0800, o personalmente a través de alguno de los centros de atención jurídica dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, y luego un equipo se dedicaba a analizarlos y encuadrarlos dentro de la ley para luego pasar el reclamo al sistema de conciliación, en donde el usuario podía elegir el turno para la mediación.

En el mes de noviembre del 2015, las presentaciones realizadas por los consumidores habían registrado un promedio de 350 presentaciones diarias. La nueva gestión a cargo del subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, redujo la plantilla de personal del área de admisión en forma considerable y en consecuencia el promedio de reclamos diarios aprobados descendió a la cantidad de 20.

Esta variación no sólo se explica por la reducción de personal sino también por el endurecimiento de los criterios para aceptar los reclamos. Con el programa Consumo Protegido (COPREC) en normal funcionamiento, el consumidor completaba la presentación y posteriormente se lo contactaba con el objetivo de recabar datos adicionales que pudieran fortalecer su reclamo.

El procedimiento actual bajo la conducción de las nuevas autoridades es que si en la descripción preliminar del consumidor no se visualiza una infracción inminente, directamente se niega el reclamo, colocándolo en un plano de desigualdad frente a quienes efectúa el reclamo.

A estas modificaciones implementadas bajo la nueva gestión debe sumarse por un lado el retiro de la publicidad del programa Consumo Protegido (COPREC), con lo cual el mismo ha ido perdiendo conocimiento público, y por otro la decisión de archivar aproximadamente 15 mil reclamos acumulados con el argumento de que estaban confeccionados con un criterio carente de argumentos.

En este sentido, la cantidad de cédulas diarias enviadas a las empresas, mediante las cuales se las notifica para que se presenten a las mediaciones disminuyó sensiblemente, resultando oportuno destacar que en el proceso de mediación, el consumidor mediante la ayuda de un profesional puede llegar a un acuerdo con la empresa proveedora del bien o servicio y una vez que la mediación se completa, el Estado tiene que homologar el acta acuerdo. En noviembre de 2015 se habían homologado dos mil actas, mientras que en enero y febrero del corriente año, ninguna.

Si el Poder Ejecutivo nacional afirma estar por demás preocupado ante el alto índice de inflación y el aumento de los precios ya no solo de la canasta familiar, observamos una notoria contradicción en su accionar, desarticulando las herramientas que tiene el Estado para proteger a los consumidores, siendo la lectura final que el programa Consumo Protegido (COPREC) está siendo vaciado en su contenido.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.