ARTÍCULO 1.- EMERGENCIA TARIFARIA. Declárese la emergencia tarifaria en todo el territorio de la nación y lo sea hasta el 31 de diciembre de 2020, a contar desde la promulgación de la presente.

ARTÍCULO 2.- PROHIBICIONES. Prohíbase el incremento de las tarifas de gas, energía eléctrica y agua potable a los destinatarios que, a la fecha de la promulgación de esta ley perciban la jubilación mínima y la Asignación Universal por hijo, hasta tanto el estudio exhaustivo previsto en el artículo 4 arroje resultados.

ARTÍCULO 3.-SUSPENSIÓN. Suspéndase el aumento de los servicios de gas, energía eléctrica y agua potable a los destinatarios mencionados en el artículo 2, a contar desde la promulgación de la presente ley, hasta tanto el estudio exhaustivo previsto en el artículo 4 arroje resultados.

ARTÍCULO 4.-INVERSIONES. Realícese un estudio exhaustivo a los efectos de determinar si el incremento en el pago de los servicios mencionados en el artículo 2.- por los ciudadanos usuarios de dichos servicios, y que ingresara a las cajas prestatarias, se reflejó en mayores inversiones.

ARTÍCULO 5.-De forma.

Señor presidente:

Los grandes aumentos en las tarifas de los servicios de luz, agua potable gas y electricidad han sido desproporcionados en comparación con las ganancias exorbitantes que han obtenido las empresas prestatarias, únicas beneficiarias de las políticas públicas del gobierno nacional de la alianza cambiemos.

Los ciudadanos usuarios además de sufrir los aumentos desmedidos que se encuentran muy por encima de su capacidad económica también deben cargar injustamente con la inoperancia de las empresas prestatarias, soportando que el servicio que se les presta sea de pésima calidad.

Es decir que por un lado se encuentran las empresas prestatarias obteniendo ganancias millonarias y por otro se encuentran los ciudadanos cada vez mas empobrecidos, pagando un servicio sumamente malo y oneroso.

Olvida la alianza Cambiemos que el acceso a los servicios públicos como el agua potable constituye un derecho humano fundamental. Así lo entendió la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución N° 64/292, en la que reconoce que el acceso al agua y al saneamiento son indispensables para la realización de todos los derechos humanos.

La Resolución N° 65/151 del mismo organismo, alienta a los Estados Miembros a concientizar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, el acceso a servicios de energía asequibles, la eficiencia energética, la sostenibilidad de las fuentes y el uso de la energía.

No está de más recordar que tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa en su artículo 25.1 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”; por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11.1 dispone que “Los Estados Parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de ese derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.