Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Consumidor, el 15 de marzo, su preocupación porque la defensa de los derechos del consumidor y del usuario no se reduzca a meras expresiones de deseo, frente a los abusos constantes que hoy padecen los usuarios y consumidores. Caso paradigmático es el de los usuarios de servicios públicos, rehenes de las empresas prestadoras que brindan un servicio deficiente y se benefician con aumentos desmedidos, dispuestos por un Estado que, en los hechos, avala la continuidad del modelo privatizador.

Señor presidente:

El 15 de marzo de cada año fue instituido por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Consumidor en conmemoración del discurso que el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció en 1962, reconociendo públicamente los derechos de los consumidores y la necesidad de una política estatal para garantizarlos.

El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas para la Protección de los Consumidores, adquiriendo así estos derechos reconocimiento y legitimidad internacional.

A partir de 1993, con la sanción de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, los derechos del consumidor y del usuario obtuvieron un estatus legal específico en el ordenamiento argentino. Al año siguiente fueron incorporados expresamente a través de la reforma en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Cabe destacar, además, que en diciembre del año 2006, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.205, por la cual -adhiriendo al Día Mundial del Consumidor- se declaró el día 15 de marzo "Día Nacional de los Derechos de Consumidores y Usuarios".

Sin perjuicio del amplio abordaje que ha tenido en las últimas décadas esta categoría de derechos, y a pesar de su tutela constitucional, presenciamos día a día abusos y atropellos que impiden a los ciudadanos el efectivo goce de los mismos. Una clara expresión de ello son los constantes abusos en que incurren las empresas prestadoras de servicios públicos ante la ausencia de control estatal.

Los últimos aumentos tarifarios en los servicios de gas natural y energía eléctrica dispuestos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que reflejan la continuidad del tan cuestionado modelo privatizador, han afectado sustancialmente al grueso de los argentinos, que padecen diariamente las deficiencias de los servicios básicos prestados y ahora deben afrontar tarifas irrazonables que exceden su capacidad de pago.

Organizaciones sociales, asociaciones de usuarios y consumidores y amplios sectores de la sociedad se han manifestado en repudio de la implementación de esta clase de políticas arbitrarias y violatorias del derecho a la información, del derecho a disponer del servicio en condiciones dignas y a un precio justo y razonable, del derecho a participar de audiencias públicas, tal como prevén los marcos regulatorios.

Depende de quienes ejercemos la representación del pueblo argentino que el reconocimiento de estos derechos no sea una mera enunciación programática y que los mismos sean ejercidos plenamente, sin que se vean afectados por disposiciones leoninas y excesos por parte de las prestadoras.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.