ARTÍCULO PRIMERO: Los usuarios que estén comprendidos en las tarifas sociales de los servicios públicos de agua, gas y electricidad, quedarán eximidos de abonar gastos por reconexión y reinstalación de los mencionados servicios por mora en el pago de las facturas. Asimismo quedarán eximidos los usuarios que acrediten ingresos totales por familia equivalentes a una vez y medio del monto correspondiente al salario mínimo vital y móvil.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las pequeñas empresas comerciales al día en sus obligaciones tributarias también quedarán eximidas de abonar gastos por reconexión y reinstalación de los servicios mencionados, por el plazo de dos años. A tales efectos la autoridad de aplicación que determine la reglamentación de la presente deberá habilitar un registro de pequeñas empresas que gocen de este beneficio.

ARTÍCULO TERCERO: El costo que demande la eximición del pago de gastos por reconexión y reinstalación de los servicios públicos de agua, gas y electricidad será afrontado por el Estado Nacional.

ARTÍCULO CUARTO: La presente ley será reglamentada en el plazo de treinta días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: De forma.-

Señor presidente:

Antes de que asuma el gobierno nacional actual, muchos dijeron que se acababan las medidas sociales tendientes a paliar la situación de los sectores vulnerables. Lo paradójico de esto es que antes no contábamos con cifras que expresen en términos estadísticos el quantum de pobreza, no obstante se insistía en profundizar las políticas sociales destinadas a los más necesitados…

Así las cosas, la gestión actual reconoció la necesidad de proseguir con las políticas sociales a punto tal que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social no sólo se mantienen el programa PROGRESAR y la asignación universal por hijo, sino que además se avanzó con la ampliación de la asignación universal a los monotributistas, se está implementando el subsidio para la instalación de gas en red domiciliaria y se concedió la Pensión Universal del Adulto Mayor. Es decir, el gobierno nacional está continuando las políticas sociales del gobierno anterior e inclusive las está ampliando, lo cual evidencia una actitud no soberbia que privilegia por sobre todas las cosas el bienestar de los ciudadanos que durante décadas estuvieron postergados.

El proyecto tiene como objetivo contribuir con estas políticas sociales, ampliándolas de forma responsable y sin demagogia alguna, con la mayor equidad posible y en el marco de la transparencia. Eximir de los gastos de reconexión y reinstalación a los beneficiarios de la tarifa social al igual que a las pequeñas empresas y a las familias de bajos ingresos que no reúnen los requisitos para la tarifa social, constituye un acto de justicia distributiva, porque en definitiva todos ellos aportan a la economía del país y el hecho del atraso en el pago de una factura desequilibra gravemente la economía cotidiana al exigirse luego el pago de reconexión cuando el servicio ha sido suspendido. Montos superiores a los quinientos pesos por la reinstalación en sectores sociales vulnerables que todavía siguen soportando un proceso inflacionario, constituye todo un sacrificio, y es entonces donde se vuelve necesaria la intervención del estado para poder paliar la situación hasta lograr el mejoramiento de sus ingresos, con la esperanza de que en un

futuro inmediato ya no sea necesaria la absorción de este tipo de costos por parte del Estado Nacional.

Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.