Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación, a fin de solicitarle que convoque en forma urgente a un Acuerdo Solidario Nacional con la participación del gobierno nacional, gobiernos provinciales y representantes de entidades de la producción, comercio, trabajo, y de los consumidores, con el objetivo de establecer un acuerdo económico y social que nos permita estabilizar los precios de alimentos, salud, servicios (tarifas), insumos.

Señor presidente:

La democracia no se perfecciona sin justicia social. Para que la democracia sea tal necesitamos asegurar un piso mínimo de derechos económicos, sociales y laborales. Tenemos que poner la economía al servicio de las necesidades sociales básicas y del desarrollo de nuestro país. No podemos permitir que mientras sectores minoritarios tenga rentabilidades superlativas, la mayoría de los sectores productivos y laborales se ven seriamente afectados por la actual política económica nacional.

Debemos ir hacia una economía de carácter social, concertada entre diferentes sectores e intereses al servicio de la nación. Es por eso que estamos proponiendo este ACUERDO SOLIDARIO Y NACIONAL como una salida de emergencia para el actual situación que vive la Argentina.

Es necesario fortalecer nuestro sistema democrático con la creación de herramientas institucionales que puedan canalizar y resolver los diferentes conflictos económicos y sociales de nuestra sociedad. Queremos ampliar la democracia representativa hacia una más participativa en la que la sociedad adquiera protagonismo, lo que implica ubicar a la ciudadanía dentro de las instituciones y no fuera de ellas.

Por eso, estamos convencidos e insistimos con esta iniciativa que busca concretar un ámbito institucional para el consenso, que articule la totalidad de los sectores económicos, sociales y políticos que componen nuestra realidad. En lo coyuntural, y para salir de la crisis, un acuerdo solidario nacional; y en lo estratégico la creación de un Consejo Económico y Social, proyecto de ley que ya presenté con anterioridad.

Desde que el presidente Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 diversos sectores han insistido con la necesidad de un acuerdo social con todos los actores de vida política, social y económica de la Argentina, pero lamentablemente nunca se logró ni siquiera iniciar el debate sobre este tipo de mecanismos tan necesarios.

La aceleración de los acontecimientos producidos a partir de la mega devaluación del peso argentino ocurrida a mitad del año 2018, convoca a todas las fuerzas sociales y políticas a la búsqueda de caminos y soluciones que permitan enfrentar sus consecuencias. En este sentido, creemos imperiosa la convocatoria al diálogo institucional con la presencia de todos los sectores políticos y sociales, poniendo a las instituciones al servicio de lo que verdaderamente importa: el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país.

El alza de los precios en forma desmedida de los alimentos y de los medicamentos afecta esencialmente a la franja más vulnerable de la sociedad (trabajadores, jubilados y desocupados) dicho aumento no se corresponde con los índices inflacionarios y menos aún con el coeficiente de variación salarial.

La inflación interanual en la carne fue del 58,7%; del pan 65; del aceite el 69,7; el pescado el 66,7; la leche 58,3; las verduras el 51,3%; el café, té, yerba mate el 68; agua mineral y gaseosas el 56,9%; 100% en hierro; 84% en cal; 78 en cemento; y 68% en ladrillos. Claramente estamos en una espiral inflacionaria muy por encima de los salarios, jubilaciones que contraen al mercado interno, la actividad económica, el consumo produciendo más pobreza e indigencia.

Consideramos que debe aplicarse urgentemente la ley de defensa de la competencia, la ley defensa al consumidor, a los efectos de evitar que los grupos económicos concentrados se continúen apropiando de la renta del resto de la sociedad, aprovechando su posición dominante.

El 3,8% de inflación del mes de febrero demuestra el fracaso del monetarismo a la hora de enfrentar a la inflación: los dueños de la economía hacen lo que quieren (ej: medicamentos), el Gobierno los “deja hacer”, suben las tasas, fiesta financiera, suben los alimentos, los medicamentos, y la consecuencia de todo este proceso es más pobreza e indigencia.

Entendemos que es el Estado quien debe asegurar el interés público nacional, por ello es que venimos a proponer se convoque en forma inmediata a este Acuerdo Solidario Nacional que incluya a las provincias, a los representantes de los sectores productivos y del trabajo y organizaciones de la sociedad civil para lograr un acuerdo de precios, el manejo razonable de las cuentas fiscales y promover inversiones que generen producción y empleo.

Con este proyecto se tiende a posibilitar el diálogo y la participación de los diversos sectores de la sociedad argentina, condición indispensable para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.

El Acuerdo Solidario Nacional que hoy propiciamos es un intento de Acuerdo Multisectorial que debe reflejar una síntesis institucional, política, económica y cultura con el objetico de trabajar para el bien común de nuestra patria.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares nos acompañen en el presente proyecto de Resolución.