A. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGIA, LA DECLARACION DE LA EMERGENCIA TARIFARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CON EL OBJETO DE:

A1. Suspender los aumentos tarifarios en los servicios públicos de electricidad, gas, agua y transporte recientemente anunciados y retrotraer la situación a los cuadros tarifarios vigentes hasta fines de 2018.

A2. Revertir el traspaso de los servicios públicos a las jurisdicciones provinciales y municipales decidido a través de la Ley Nº 27478 de Presupuestos General de Ingresos y Gastos de la Administración Publica Nacional y revisar Urgentemente las graves deficiencias de la política de “tarifa social”, que no brinda la adecuada e imprescindible cobertura que resulta fundamental atender en función del severo deterioro de los ingresos de la población.

A3. Suspender en forma inmediata los cortes de los servicios por falta de pago y establecimiento de nuevos criterios tarifarios en el corto plazo, que estén en línea con las prioridades de cobertura y acceso universal a los servicios que deben garantizarse a toda la población usuaria, que ha visto menguados sus ingresos, al tiempo que las empresas acumulaban rentabilidades extraordinarias producto de los brutales tarifazos.

A4. Disponer a todos los medios efectivos en las áreas de la Administración publica vinculadas a la asistencia inmediata de los ciudadanos ante situaciones de cortes generalizados del servicio eléctrico y de deficiencias en el servicio de gas natural y agua potable.

B. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL LA PUESTA EN MARCHA DE UN AMPLIO Y PARTICIPATIVO DEBATE EN EL MARCO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, A FIN DE DISPONER EL ESTUDIO SISTEMATICO DE UN ESQUEMA DE REORGANIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA ENERGETICO NACIONAL, GARANTIZANDO LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DEL SECTROR, ORGANIZACIONES DE USUSARIOS, ESPECIALISTAS Y CIUDADANOS INTERESADOS. ESTA CONVOCATORIA DEBE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES EJES ESTRATEGICOS:

B1. Nuevos principios de organización de la energía en Argentina. La energía como bien estratégico y como derecho humano, ya que es, simultáneamente, un bien económico crítico, como un bien social, del común del pueblo. Por ende, configura un bien de interés público. En este sentido, el autoabastecimiento, acceso universal, desarrollo productivo, sostenibilidad socio-ambiental y diversificación hacia fuentes renovables son objetivos fundamentales.

B2. Rol del Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en la planificación energética integral y relevancia estratégica de una cosmovisión integrada y armónica del sistema energético, que permita desandar el camino de la irracional política de desregulación y liberación de transacciones, precios y tarifas.

B3. Rol estratégico de la empresa YPF en el sistema energético nacional. YPF debe recuperar su papel clave como empresa testigo en el sistema energético a los efectos de constituirse en palanca de desarrollo productivo e instrumento fundamental para avanzar en la transición energética y productiva hacia un modelo diversificado y sostenible para la cual es imprescindible controlar la renta hidrocarburífera.

B4. Reformulación integral de los marcos regulatorios vigentes en los servicios públicos de luz, gas y agua bajos los principios de accesibilidad, asequibilidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

B5. Estudio profundo y sistemático de los costos de explotación y la cadena de valor de la industria energética nacional, con fijación de precios y tarifas en pesos que respondan a la evolución real de los sectores hidrocarburifico y eléctrico.

B6. Reorganización estructural del esquema empresarial vigente en la prestación de servicios públicos esenciales y en el conjunto del sistema energético, a través de la constitución de empresas estatales, publicas con participación de trabajadores y usuarios en la gestión y control.

B7. Auditoria completa y exhaustiva de las concesiones en el sector hidrocarburifero a los efectos de revertir el control de aquellas áreas con desempeños productivos irregulares e ineficiente. Rescisión de los contratos de concesión en los segmentos de transporte y distribución de electricidad y gas natural y reversión del proceso de enajenación, privatización y fragmentación en el segmento de generación eléctrica. Este esquema implica el avance concreto del control público sobre todo el sector energético y el inicio de un camino efectivo hacia una nacionalización abierta a la participación de la comunidad.

Señor presidente:

Las Organizaciones ATE NACIONAL- CTA –A, CTEP- BARRIOS DE PIE, CCC, FOL, FPDS, FENAT y los gremios que integran la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval: Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Sindicato de Capataces y Estibadores Portuarios, Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la Republica Argentina, Sindicato Dragado y Balizamiento, Sindicato Único de Serenos de Buques, Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato de conductores Navales de la República Argentina, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo, Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales, Sindicato Flota Pet. E Hidrocaburíferos, Asociación Argentina de Capitanes y Patrones de Pesca, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Sindicato Portuarios Zona Norte, SUPA del Bajo y Delta del Paraná, Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos, Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la Republica Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, nos han hecho llegar el presente proyecto a los Señores Diputados abajo firmantes a fin de solicitar la declaración de la emergencia tarifaria y la convocatoria a un gran debate nacional sobre la reformulación integral de nuestro sistema energético, manifestando una serie de argumentos. A saber:

El creciente debate público sobre la problemática energética atraviesa todos los campos de la vida comunitaria de nuestro país. En tal sentido, el presente proyecto de resolución persigue dos objetivos fundamentales.

En el corto plazo, resulta imperioso detener las consecuencias sociales y económicas de la brutal política tarifaria encarada por el Gobierno de Cambiemos desde fines de 2015.

Bajo una mirada mercantil, mercadista y profundamente especulativa de los servicios públicos esenciales para asegurar una vida digna a toda la población, se han acumulado, en tres años, aumentos nunca antes registrados en cualquier otra época de la realidad nacional.

El servicio público de electricidad aumento en escalas que van del 700 % al 2500% en todo el país, con situaciones aún más graves en la región metropolitana, donde se ha registrado aumentos superiores al 2000 %, 3000% y más. En el caso del gas natural, los aumentos han oscilado entre el 500 % y 800 %. La contracara de esto, son las ganancias exorbitantes de algunas de las empresas del sector en estos años. En 2018, Edenor obtuvo utilidades del 223 % en relación a 2015, mientras que para Edesur fueron del 2015%. Transener, la concesionaria de transporte eléctrico en alta tensión, multiplico sus ganancias 13.5 veces, con 1.250 % de utilidades en relación a 2015. A su vez. Las distribuidoras de gas natural en conjunto, multiplican por 24 las ganancias en 2017 en relación a 2016 gracias a los tarifazos.

Mientras tanto, los salarios registrados aumentaron 118 % en tres años, la inflación acumulada supero el 158% en tres años, la inflación acumulada supero el 158% y durante 2018 las pérdidas de salarios, jubilaciones y asignaciones, superaron el 13 %, la barbarie del ajuste realizado está a la vista.

A partir de ello, se propone la declaración de emergencia tarifaria en todo el país. Suspensión inmediata de los tarifazos en los servicios públicos de luz, gas, agua y transporte. Revertir la irracional política de traspaso de los servicios a las jurisdicciones provinciales y municipales y revisar urgentemente la “estafa” en que se ha convertido la política de “tarifa social”, que, tanto en el caso de la luz como en el gas, no tienen ni el alcance adecuado ni brindan la cobertura del servicio que resultaría esencial atender hoy dado el deterioro de los ingresos d toda la población. Suspensión inmediata de cortes de los servicios por falta de pago y establecimiento de nuevos criterios tarifarios en el corto plazo, que estén en línea con las necesidades y menguados ingresos de la población, y no con la prioridad de rentabilidad de las empresas.

En el mediano y largo plazo, se llama a una amplia convocatoria para discutir nuevas bases de funcionamiento del sistema energético nacional, que hoy se ha transformado en una caja de ganancias irracionales de un conjunto de empresas oligopólicas asociadas a un Estado cómplice y socio de tal despojo. Los puntos centrales que se proponen:

-La energía como bien estratégico y como derecho humano, ya que es, simultáneamente, un bien económico critico como un bien social, del común, del pueblo.

Por ende, configura un bien de interés público. Autoabastecimiento, acceso universal, desarrollo productivo, sostenibilidad socio-ambiental y diversificación hacia fuentes renovables son objetivos fundamentales.

-En materia de hidrocarburos, YPF debe recuperar su rol de empresa estratégica en la planificación de toda la política energética. Debe ser palanca de desarrollo e instrumento de intervención decisiva del Estado en el juego de la energía. Sin una YPF controlada por el Estado y pueblo argentino, no hay otro modelo energético posible. Con ello, recuperar la renta para ponerla al servicio de otro modelo productivo que nos saque del extractivismo a gran escala.

-Recuperación de un criterio de planificación integrado y centralizado del sistema energético. Debemos desandar el camino nefasto de la desregulación. Ese esquema ha destruido infraestructura, no ha hecho inversiones y pone en peligro el acceso de la población en el altar de las rentas de un conjunto de empresas fragmentadas que desde hace tres décadas usufructúan de los bienes que el estado nacional, en más de 70 años, ha construido con los recursos de todos los argentinos.

-Revisión profunda de las cadenas de valor y costos de toda la industria hidrocarburifera y eléctrica. Costos de producción en pesos, con precios y tarifas en pesos. Un país productor de petróleo y gas, aun cuando necesite cubrir entre un 25 % y un 30 % de sus necesidades, no puede tener tarifas de países que son plenamente importadores. La estafa del gas, con sobreprecios escandalosos en dólares, es uno de los aspectos más aberrantes de este montaje de costos inflados y dolarización que nos ha llevado a este caos.

- Se debe encarar la auditoría integral del esquema de concesiones imperantes e3n el sector hidrocaburifero, como así también las mismas concesiones en los tres segmentos del sector gasífero y eléctrico, a fin de revertirlas. Alumbrar un gran debate sobre el nuevo régimen económico de la energía favorable a los intereses del pueblo argentino, impulsando un proceso de nacionalización abierta a la participación comunitaria.

-Un planteo fundamental sobre qué tipo de empresas queremos construir en el sistema energético y en prestación de servicios públicos esenciales. Impulsamos el criterio de explotación a través de Empresas Estatales, con participación de usuarios y trabajadores de la energía en la gestión y el control.

En síntesis, a través de este proyecto de Resolución, perseguimos la declaración de la emergencia tarifaria en la coyuntura inmediata y la convocatoria a un gran debate nacional sobre la reformulación integral de nuestro sistema energético en el mediano y largo plazo.

Solicitamos a las Señoras y los Señores Diputados acompañen este Proyecto de Resolución.