Expresar preocupación por la pérdida de autarquía de los organismos nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas indicados en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley Nº 25.467, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA, atento a que en el presupuesto 2017 se omite el párrafo que fuera parte de presupuestos anteriores que reza “Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional y al Personal Científico y Técnico de los organismos indicados en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley Nº 25.467…”.

Señor presidente:

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I. N. T. A.) fue creado por el Decreto Ley 21.680 de 1956, como un organismo estatal descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, hoy Ministerio de Agroindustria.

Su principal objetivo es estimular el desarrollo sustentable del sector agrícola argentino mediante la promoción de la investigación y la innovación tecnológica.

Para ese fin, se lo dotó de un diseño institucional con autarquía operativa y financiera para el cumplimiento de sus responsabilidades dentro del marco de las políticas definidas por el Gobierno Nacional. En los considerandos del propio Decreto Ley de creación queda ya establecida la necesidad de constituir “un organismo especializado, que cuente con la autarquía que exige una acción directa y responsable” en todo el territorio de la Nación.

Existen varias definiciones de autarquía en la amplia biblioteca del Derecho Público, sin embargo, me parece muy apropiado recordar la definición de Miguel Marienhoff: “con la autarquía se busca un mayor acierto en la actuación de la entidad”. Esta definición describe cabalmente el proceso que vivió el INTA, sobre todo en los últimos años, en los que contribuyó eficazmente con la generación y difusión de tecnología para el mejoramiento del sector agropecuario argentino.

Para ese propósito, el INTA cuenta con capacidad de administración y disposición de recursos, entre los que se destaca su personal: un valioso plantel de profesionales y técnicos altamente capacitados, con gran experiencia y presencia en las distintas regiones del país.

Sin embargo, el esfuerzo y la inversión de todos estos años para la formación del capital humano adecuado para cumplir con los objetivos de la institución, pueden ser borrados de un plumazo.

Leyendo los artículos 6 y 7 del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal de 2017, observamos que la potestad del INTA para designar sus recursos humanos fue cercenada, quedando esa atribución a cargo de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización, quienes podrán disponer discrecionalmente la contratación y cobertura de los cargos vacantes.

Sobrevuela la sombra de los ‘90 cuando las políticas neoliberales desactivaron los institutos de investigación y el INTA fue reestructurado y racionalizado respondiendo a intereses trasnacionales.

En el año 2002, la Ley 25.641 restituyó las atribuciones conferidas en la creación del organismo y consignó en su Artículo 1º que el INTA “se regirá exclusivamente por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios sin sujeción a las normas que limiten su autarquía y las facultades que tiene asignadas.”

En los años siguientes, el INTA tuvo una importante recuperación presupuestaria que le permitió reequiparse, incorporar profesionales, potenciar tanto la investigación como la extensión agropecuaria y elaborar un plan estratégico discutido con los productores, universidades y empresas de agroindustria. Por ello, alcanzó un sólido reconocimiento de los productores, situación que se mantiene hasta el presente.

Señor Presidente: Con el presente Proyecto de Resolución pretendemos frenar cualquier intento de desvirtuar el carácter autárquico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para salvaguardar su rol potenciador de la actividad agropecuaria, disponiendo de sus recursos para el mejor ejercicio de sus funciones en todo el territorio nacional.