EMERGENCIA ECONÓMICA EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CIENCIA y TECNOLOGÍA.

ARTICULO 1°: Declárase la emergencia económica en materia de servicios públicos con respecto a los organismos e instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el término de doce (12) meses o hasta tanto se incremente el gasto de la Administración Pública Nacional destinado a la función ciencia y técnica a los fines de cubrir el aumento tarifario de los servicios públicos.

ARTICULO 2°: Por el plazo de duración de la emergencia declarada en el artículo 1°, los servicios de agua potable y desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, consumidos por los organismos comprendidos en el mencionado artículo, mantendrán las tarifas existentes al 1° de diciembre de 2015.

ARTICULO 3°: El Poder Ejecutivo nacional garantizará el mantenimiento de los subsidios a los servicios públicos citados en el artículo 2°, existentes al 1° de diciembre de 2015, respecto de los organismos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.

ARTICULO 4°: Las prestatarias de servicios públicos no podrán trasladar a los usuarios no incluidos en el artículo 1° el costo de la reducción tarifaria que aquí se establece a partir de la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 5°: Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 6°: Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta.

ARTICULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente:

A partir del año 2003, comenzó en la Argentina una etapa que revalorización de la ciencia, tecnología e innovación. A través de la aplicación de políticas públicas se produjo una transformación histórica luego de décadas marcadas por el abandono del sistema científico-tecnológico nacional y el desaprovechamiento del conocimiento y la innovación generadas en nuestro país y por nuestros científicos como motor del desarrollo nacional.

En una primera instancia, esta recuperación global del sistema científico-tecnológico fue producto en una fuerte inversión del Estado con el fin de recuperar y generar nuevas capacidades institucionales, de infraestructura y en la formación de recursos humanos calificados, para poder planificar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que se convierta en un actor relevante en la transformación y desarrollo de la Argentina.

A partir del año 2003, el Gobierno nacional impulsó la recuperación, fortalecimiento y desarrollo de nuestro sistema científico nacional incrementando notablemente y de forma sostenida el presupuesto para Ciencia y Técnica. Es así como en el año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, como consecuencia de la “fuga de cerebros” y expulsión sistemática de científicos y tecnólogos argentinos al exterior, invirtió fuertemente en los programas de Becas de posgrado del CONICET para evitar que los jóvenes graduados de carreras científicas y tecnológicas migren al exterior en busca de oportunidades. Además creó el Programa Raíces (Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) con el propósito de repatriar a nuestro país con los recursos humanos más calificados que, por razones de fuerza mayor, tuvieron que abandonar nuestro suelo buscando mejor oportunidades laborales. Asimismo, en el año 2007, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizó el proyecto de desarrollo nacional con inclusión social, incentivando la producción nacional y la generación de empleo y creando, por primera vez en la historia argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para impulsar a la ciencia, la tecnología y la innovación productiva como pilares del proyecto productivo y de reindustrialización.

Los aumentos en los presupuestos de estos organismos fueron parte de una política integral de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretendía ampliar la base del desarrollo nacional en el marco de un proceso de reindustrialización comenzado en el año 2003. Durante los últimos 12 años el aumento de los presupuestos específicos de cada uno de los organismos fue constante para mantener el crecimiento y la continuidad de los proyectos. Disminuir el ritmo de inversión implica un riesgo muy significativo para la sustentabilidad de proyectos estratégicos que requieren inversiones sostenidas en el tiempo.

En la actualidad, y a contramano de todos los logros alcanzados en la materia por el gestión de gobierno anterior, es necesario hacernos eco de la preocupación de los organismos científicos ante la suba desmedida de las tarifas de los servicios públicos esenciales citados en el Título IV de la Ley N° 27.218, esto es, el agua potable y los desagües cloacales, la electricidad (asimismo, Ley N° 24.065), el gas natural (asimismo, Ley N° 24.076) y la telefonía (vid. Decreto N° 293/02), advirtiéndose aumentos, en el caso de la electricidad, de cuatro veces más de lo que se venía abonando. El aumento desmedido en estos gastos corrientes dificulta que los organismos científicos tecnológicos puedan funcionar como corresponde. Diversas noticias en medios de comunicación de todo el país describen las dificultades durante el corriente mes y las perspectivas a futuro. Creemos que esto afectará negativamente al sistema científico, no solo impidiendo el desenvolvimiento de proyectos y desarrollos científicos que requieren sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, sino también imposibilitando el normal funcionamiento de las Instituciones, y por ende, la proyección de las carreras profesionales de nuestros científicos y científicas que no contarán con el apoyo continuo necesario para el desarrollo de las mismas.

Cabe señalar, que el pago de las tarifas de los servicios públicos es uno de los gastos corrientes que fueron previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 aprobado por Ley N° 27.198. Sin embargo, tal cual se desprende de diversas resoluciones emanadas de las carteras ministeriales competentes del Poder Ejecutivo Nacional los nuevos valores se encuentran en un rango muy por encima de lo estimado.

De no mantenerse los gastos contemplados para tarifas vigentes al momento de la elaboración de los respectivos presupuestos, implicaría la reasignación de fondos previstos para otros objetivos al pago de gastos corrientes. Este redireccionamiento de fondos compromete seriamente el planificado y normal funcionamiento de diversos objetivos institucionales de estos organismos, por ejemplo: financiamiento de proyectos de investigación, mejoras pendientes en salarios y estipendios, obras de infraestructura, recursos humanos, becas para la formación de jóvenes, entre otros.

Es por ello que la iniciativa que sometemos a consideración propone declarar la emergencia en materia de servicios públicos con respecto a los organismos e instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el término de doce (12) meses o hasta tanto se incremente el gasto de la Administración Pública Nacional destinado a la función ciencia y técnica a los fines de cubrir el aumento tarifario de los servicios públicos.

Asimismo, se establece que por el plazo de duración de la emergencia declarada en el artículo 1°, los servicios de agua potable y desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, consumidos por los organismos comprendidos en el mencionado artículo, mantendrán las tarifas existentes al 1° de diciembre de 2015 y que el Poder Ejecutivo nacional garantizará el mantenimiento de los subsidios a los servicios públicos -existentes al 1° de diciembre de 2015- respecto de dichos organismos que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por último se indicó que las prestatarias de servicios públicos no podrán trasladar a los usuarios no incluidos en el artículo 1° el costo de la reducción tarifaria que aquí se establece a partir de la aplicación de la presente ley.

En ese orden, el presente proyecto abarca a las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que conforman el Consejo Interistitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), esto es, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Administración de Parques Nacionales (APN), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR), Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Antártico Argentino, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Estamos convencidos que los logros alcanzados y los desafíos que tiene la Argentina en los próximos quince años podrán continuar y profundizarse en la medida que el Estado siga estando presente y continúe haciendo una fuerte inversión en Ciencia y Tecnología. Esto permitirá sostener todo lo logrado y responder frente al crecimiento de los últimos años, para seguir retroalimentando positivamente el crecimiento del sistema nacional de Ciencia y Tecnología.

La presente iniciativa se ha nutrido de los aportes provenientes de los Proyectos Nros. 1331-S-2016 y 1938-D-2016 entre otros proyectos presentados en la Honorable Cámara de Diputados y en el Honorable Senado de la Nación.

En virtud de todo lo expuesto, solicitamos nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.