Archivo General de la Nación

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le fueran conferidas por ésta Honorable Cámara en el presente año, destinara los fondos presupuestarios que resultaran necesarios para paliar de manera inmediata el agudo estado de crisis en el que se encuentra, en la actualidad, el Archivo General de la Nación.

Asimismo, declara que resultaría de sumo interés para el bien común de la sociedad, que el Poder Ejecutivo Nacional analizara el modo de limitar los gastos considerados no imprescindibles, por ejemplo los destinados a "la publicidad oficial", reorientándolos como inversión, al sostenimiento y modernización de: i) Archivo General de la Nación ii) Bibliotecas populares ; iii) Archivos históricos provinciales y iv) Museos históricos nacionales y provinciales.

Señor presidente:

El paupérrimo estado actual en el que se encuentra el Archivo General de la Nación, debe ser remediado de manera urgente, habida cuenta que en dicho archivo, se haya almacenado el legado histórico impreso (escrito y visual), desde la época de la colonia hasta nuestros días, imprescindible para el debido estudio y reconstrucción histórica que toda sociedad, a través de sucesivas generaciones de historiadores debe realizar.

Resulta asombroso que ante dicha situación y el estado público que ha adquirido este tema, a raíz de sendas publicaciones en los matutinos Clarín y La Nación, el Poder Ejecutivo Nacional no haya tomado cartas en el asunto. Conforme las declaraciones de los afables empleados de dicho organismo, diversas administraciones nacionales han coincidido al manifestarles que están estudiando una "solución integral". Dicha solución, devenida de un sempiterno estudio, pareciera nunca llegar.

A su vez, la indeseada contracultura expresada en la evidente falta de acondicionamiento y atraso a la que han sido injustamente condenados los museos históricos nacionales y provinciales, como así también los archivos históricos provinciales y bibliotecas populares, debiera tener un merecido fin y es en ocasión de la proximidad con el 200º aniversario de la gloriosa Revolución de Mayo, que sería sumamente atinado, que el gobierno iniciara una política de Estado basada en un criterioso manejo de los fondos públicos, tendiente al real sostenimiento y mejora de esas fundamentales e insustituibles instituciones estatales.

Es por ello, que entendemos que sería muy beneficioso para la ciudadanía, que el PEN disminuyera los gastos considerados no imprescindibles, tales como, por caso, los destinados a la publicidad oficial en todas sus variantes (vía pública y medios de comunicación), y que en su lugar, a partir del establecimiento de una escala de valores y prioridades que privilegie la modernización de los lugares donde sin ideología, desapasionadamente y sin banderas partidarias se conserva y exhibe nuestra historia, convierta esos prescindibles gastos en una inversión cuya beneficiaria directa fuera la sociedad toda, actual y venidera.