Artículo 1°: Declárese lugar histórico nacional a la Base aeronaval “Almirante Zar”, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ubicado en la Ruta Nacional N° 3 Km. 1458 de la ciudad de Trelew, actualmente declarado Sitio de Memoria por Resolución SDH N° 995 del 6 de mayo de 2015 y Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos por Resolución SDH N° 3197 del 01 de diciembre de 2015, ambas de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.-

Artículo 2°: La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley N° 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales y de la Propiedad.-

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

El espíritu de esta ley es designar como lugar histórico nacional a la Base Aeronaval Almirante Zar de la ciudad de Trelew a fin de que el sitio donde han ocurrido hechos trágicos en nuestra historia, como la Masacre de Trelew en el año 1972, el funcionamiento de un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar y la base de operaciones de espionaje en épocas democráticas, sea parte del patrimonio histórico de nuestro país, y quede sometido a la custodia y conservación del Estado Nacional.

Los sucesos de la “Masacre de Trelew” o “Los Fusilamientos de Trelew” tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto del año 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, luego del intento de fuga del penal de Rawson por parte de un grupo de presos políticos que habían sido encarcelados durante la dictadura militar encabezada por el Teniente General Alejandro Agustín Lanusse.

En dicha masacre fueron fusilados dieciséis de los diecinueve miembros de organizaciones políticas peronistas y de izquierda que habían sido recapturados luego del fallido intento de fuga del día 15 de agosto de ese año. Los fusilamientos se produjeron por marinos dirigidos por el Capitán de Corbeta Luis Emilio Sosa y a tiro de metralla.

Los sobrevivientes heridos en la masacre, quienes dieron testimonio de cómo habían acontecido los hechos, fueron luego detenidos, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar que azotó a nuestro país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983

Muchos años después y fruto del cambio sustancial en el rumbo de la política de derechos humanos que en nuestro país se produce a partir de la asunción de la primera magistratura del Dr. Néstor Carlos Kirchner el 25 de mayo del año 2003, el Estado asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de este nefasto echo de nuestra historia.

Así fue que finalmente, el 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas y declarar a los crímenes cometidos de lesa humanidad.

La cadena de mando al tiempo de la masacre y los principales actores involucrados en ella fueron: Teniente General Alejandro Agustín Lanusse (Presidente de facto y comandante en jefe del Ejército); Almirante Carlos Guido Natal Coda (Comandante en jefe de la Armada); Brigadier General Carlos Rey (Comandante en jefe de la Fuerza Aérea); Contralmirante Hermes Quijada (Jefe del Estado Mayor Conjunto); General de Brigada Eduardo Ignacio Betti (Jefe del operativo militar en la zona de emergencia); Capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini (Jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar); Capitán de fragata Luis Emilio Sosa (A cargo de la fuerza de Infantería de Marina acantonada en la Base Aeronaval al momento de la masacre); Teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo (Oficial superior, presente durante los hechos); Arturo Mor Roig (Ministro del Interior); Jorge V. Quiroga (Juez de la Cámara Especial)

No obstante todas las contradicciones y las diferentes versiones de los sucesos, la matanza de Trelew es considerada por estudiosos de la historia argentina, “como el hecho inaugural del terrorismo de estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas armadas, sin las limitaciones que impone la ley.”

En el año 2007, por decisión política del Ministerio de Defensa de la Nación y mediante la resolución 420 de ese año suscripta por la entonces Ministra Nilda Garre, dicha cartera desafectó el uso por parte de la Armada del sector donde había sido llevada a cabo la masacre para convertirlo en un sitio de homenaje a las víctimas.

La base aeronaval de Trelew no solo fue escenario de los fusilamientos mencionados anteriormente, pues su siniestra historia muestra que también funciono allí un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar que fustigó a nuestro país entre los años 1976 y 1983. De acuerdo a lo que se ha podido reconstruir gracias al trabajo incansable de organismos de derechos Humanos, familiares y sobrevivientes, se sabe que en mayo de 1977 estuvieron secuestrados en ese lugar veintiocho militantes políticos.

Lamentablemente la historia de la Base Aeronaval Almirante Zar no tiene páginas oscuras solo en épocas dictatoriales sino también en tiempos democráticos. Una investigación desarrollada en el año 2006 reveló que durante los dos años anteriores personal de las fuerzas armadas había montado allí un centro de operaciones de espionaje clandestino.

Surge de la investigación que desde el año 2004 y hasta el año 2006 se habían realizado espionajes, seguimientos y escuchas telefónicas a integrantes de organismos de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, funcionarios gubernamentales, políticos, miembros de comunidades originarias y activistas sociales.

Por la decisión política de avanzar en la investigación y someter a la justicia a quienes se sindicaba como responsables de las tareas de inteligencia ilegales desarrolladas desde la Base Almirante Zar, en julio de 2012, trece oficiales de la Armada fueron juzgados y condenados por realizar esas prácticas ilícitas en democracia.

Que el 6 de mayo de 2015, mediante la Resolución 995 de ese año, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación incorpora al listado de Sitios de Memoria establecidos por la ley 26.691 a la Base Aeronaval Almirante Zar con el fin proteger un sitio donde existen pruebas suficientes sobre su funcionamiento como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.

Durante el mismo año, específicamente el primero de diciembre, mediante Resolución 3197 de ese año, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación acertadamente declara a la base aeronaval en cuestión comprendida en los alcances del artículo 1° de la Ley 26.961 reglamentada por el Decreto N° 1986/14 como Espacio para la Memoria, la Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

Que en los considerando de la resolución mencionada anteriormente el Dr. Juan Martin Fresneda, otrora Secretario de Derechos Humanos de la Nación expresa con suma claridad: “Que la recuperación para la memoria de estos Sitios, a partir de una decidida política implementada por el Estado Nacional desde el año 2003, atendiendo el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas, junto con otras organizaciones sociales y vecinos del lugar de detención, se materializa hoy en con la concreción de más de treinta experiencias en todo el país y se proyecta con el surgimiento de nuevas iniciativas que se encuentran en diversas etapas de avance en distintas provincias y jurisdicciones”

Que en los considerandos de la misma resolución la Secretaria de Derechos expresa en su parte pertinente: “…en consonancia con las políticas públicas de memoria y promoción de derechos, y con el objeto de dar un marco institucional de protección del patrimonio histórico de alcance nacional para los Sitios de Memoria recuperados como Espacios de Memoria en distintos lugares del país, la COMISION NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTORICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha declarado a muchos de ellos “Lugar Histórico Nacional”, en el marco de la Ley N° 12.665”

Es por ello que otorgar a este sitio un nivel de protección y resguardo superior al que hoy posee resulta fundamental para conservar los valores culturales de una sociedad que ha sufrido en varias oportunidades nefastas interrupciones y ataques al orden democrático y que exige mantener viva la memoria para evitar nuevos hechos infaustos.

Por lo expuesto solicito a mis colegas diputados acompañen este proyecto de ley