Artículo 1°.- Establézcase la obligatoriedad de difundir, en todas las facturas y comunicaciones de servicios públicos brindados por empresas de agua, luz, gas y telefonía, información concerniente a mujeres y niñas víctimas del delito de trata de personas buscadas de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 26.364 y su modificatoria, Ley N° Ley 26.842.

Dicha información debe incluir el contacto de la Línea telefónica de denuncia 145.

Artículo 2°.- Esta información también debe estar disponible en formato electrónico, páginas Web y todo otro medio que reemplace el formato papel.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 4°.- Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 5°.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Argentina, sumándose a las estrategias impulsadas por los organismos internacionales de derechos humanos y a la constante lucha de las organizaciones de la sociedad civil contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, aprueba en el año 2008 la Ley N° 26.364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Con ella, el delito y su investigación adquieren el carácter de federal. Se crea, asimismo, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fortaleciendo la política de persecución del delito y de rescate y asistencia a las víctimas.

El alcance de esta norma fue extendido en 2012 con la aprobación de la Ley N° 26.842, que fortalece la legislación vigente imponiendo penas más severas y profundizando las acciones de visibilización y concientización sobre esta problemática. Se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Comité Ejecutivo.

A pesar de todo ello, la lucha contra esta nueva forma de esclavitud aún no alcanza; quedan pendientes tareas en la concientización, prevención, asistencia a las víctimas, como así también en la detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación.

De acuerdo al Informe Anual 2017 de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, se ha registrado un incremento de denuncias en la Línea 145 de casos relativos a desaparición y trata de personas.

Asimismo, un 10% de las investigaciones que se llevaron a cabo dentro de la Procuraduría se debieron a información registrada a través de la mencionada línea.

Cabe destacar que según los últimos datos, en 2016 y 2017, aumentaron un 13% los allanamientos relacionados con casos de trata de personas, identificándose 744 víctimas en 2016 y 1381, en 2017.

Frente a este flagelo, creemos que todas las acciones tendientes a la difusión de los mecanismos que provee el Estado para la erradicación de la trata de personas y el rescate de las víctimas, y que se encuentren al alcance, deben ser puestas en marcha.

Proponemos en este sentido que las empresas de servicios públicos que brinden agua, luz, gas y telefonía, difundan en sus facturas información sobre mujeres y niñas que están siendo buscadas en el marco de este delito. Estas empresas, como sabemos, llegan a una gran cantidad de personas, garantizando una amplia difusión de las imágenes, y contribuyendo significativamente en su búsqueda.

Por lo expuesto, y ante la gravedad del tema, solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable.