Expresar su repudio al acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la empresa HUGHES por la cual se establece la venta de al menos el 51% de la empresa ARSAT y las condiciones para su explotación violando lo establecido en la ley de desarrollo de la industria satelital -27.208.

Señor presidente:

Ha trascendido por fuentes periodísticas un pre acuerdo entre la empresa estatal ARSAT y la empresa norteamericana HUGHES en la que se anuncia la violación de la ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital y centralmente las funciones de esta Honorable Cámara lo cual resulta al menos repudiable.

De concretarse el acuerdo firmado por Rodrigo De Loredo el día 29 de junio, la empresa HUGHES concentraría el 51% del capital accionario de ARSAT contrario a lo que indica el Art. 8 de la ley 27.208 sancionada el día cuatro de noviembre de 2015: “Establécese que el capital social de le empresa Argentina de soluciones satelitales sociedad Anónima estará representado en un 51% por acciones Clase A, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”

Asimismo el acuerdo marco señala que si bien la construcción de nuevos satélites y su gestión estará a cargo de INVAP, los insumos, equipamiento y tecnología estarán provistos por HUGHES siendo esto un brutal retroceso en el desarrollo del plan satelital argentino que había logrado altos standares tecnológicos empleando mano de obra local con una perspectiva de soberanía nacional. En otra de las cláususlas se establece que la empresa HUGHES se hará cargo de la operación de las frecuencias asignadas al país y los derechos de utilización de órbitas para la colocación de satélites. Esto resulta contradictorio con lo expresado en el Art 10 de la ley 27.208 “Cualquier acto u acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las telecomunicaciones definidos en la ley 27.078 “Argentina Digital” que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de soluciones Satelitales Sociedad Anónima requerirá autorización del Honorable Congreso de la Nación.” Para mayor garantía en la continuidad del desarrollo de la industria satelital argentina y para el cuidado responsable de los recursos públicos, los legisladores establecimos que sería necesario respaldar con una mayoría ampliada del poder legislativo las ventas de acciones de capital estatal así como otras decisiones que sean centrales para la compañía para que independientemente de la situación política, las inversiones que ya hemos realizado el conjunto de los argentinos no se vean desaprovechadas por malas decisiones del poder ejecutivo de turno.

Con la creación de ARSAT en 2006, Argentina fue el primer país de Latinoamérica en incorporarse al mercado satelital, un mercado particularmente concentrado ya que algunos pocos países tienen la capacidad de desarrollar este tipo de innovación: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India, Japón, Israel.

Quedó ampliamente demostrado que ARSAT es una empresa estatal eficaz que tiende a sostenerse por sus propios recursos, es decir que la inversión de recursos públicos en innovación, investigación y tecnología reportan un beneficio en términos de soberanía en las telecomunicaciones y también en términos económicos.

Con la Declaración de interés nacional del desarrollo de la industria satelital como política de estado y de prioridad nacional y la aprobación por ley del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 se buscó consolidar esta política central en materia de comunicaciones, innovación tecnológica y desarrollo industrial.

Pero el sector de las telecomunicaciones viene siendo ampliamente lesionado por el gobierno de Mauricio Macri quien en unos pocos meses ha dejado sin efecto los artículos antimonopólicos de la ley 26.522 desvirtuando su espíritu y facilitando la concentración del mercado, y ha tomado decisiones contrarias al plan satelital argentino cediendo la explotación del banco de datos al Ministerio de Modernización; autorizando a empresas extranjeras a que operen en el espacio satelital argentino quitándole la prioridad a la empresa ARSAT; además del permanente desfinanciamiento de la empresa.

Por todo lo expuesto resulta repudiable que el poder Ejecutivo avance en un acuerdo confidencial con una empresa norteamericana poniendo por encima de la legislación vigente, los acuerdos entre partes y lesionando asi gravemente la división de poderes y el desarrollo de la industria satelital argentina y las ramas industriales asociadas. Advierto a mis pares que de concretarse este acuerdo resultaría en la privatización de ARSAT, es por esto que solicito me acompañen en esta iniciativa.