Disponer la citación del Ministro de Defensa y ex Ministro de Comunicaciones, OSCAR AGUAD, y del Presidente de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), RODRIGO DE LOREDO, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 y subsiguientes del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el fin de ser interpelados e informar verbalmente a este cuerpo, dando las explicaciones pertinentes acerca de los motivos por los cuales ARSAT, empresa cuya creación y regulación se rigen por la Ley 26.092 y posteriormente protegida por la Ley 27.208, con fecha 29 de junio de 2017, suscribió una Carta de Intención con la empresa Hughes Network Systems, LLC, tratándose de una acción que a futuro limita la disponibilidad, titularidad y dominio de uno de sus recursos esenciales como es el ARSAT III, contrariamente a lo establecido en las normas citadas.

Señor presidente:

Desde que la empresa ARSAT fue fundada en el año 2006 ha establecido hitos tecnológicos que destacan el desarrollo de un país en constante evolución. Cuando fue tomada la decisión, se hizo pensando en la importancia que ostenta la soberanía en comunicaciones.

En un mundo que se mueve y motoriza a través de las comunicaciones el hecho de no generar dependencia de otras potencias en esos términos, hizo que nuestro país, finalmente, ocupara las posiciones orbitales a 72 y 81 grados Oeste en banda ku. Estas posiciones que le habían sido asignadas a nuestro país, y que se hubieran perdido si los SATELITES ARSAT I y II no hubieran sido puestos en esas órbitas, habrían sido ocupadas por otros oferentes, entre los que se hallaban el Reino Unido de Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norte América.

Nuestro país, luego de este hecho histórico, ingresó al selecto grupo de ocho países que desarrollan, ponen en órbita y operan sus propios satélites de comunicaciones. Estas circunstancias, hoy tan lejana en los hechos, pero cercana en el calendario, generan preocupación por su futuro y por el desarrollo de una empresa exitosa y redituable.

Cabe realizar una pequeña reseña de los principales hitos que esta Cámara debe considerar: ARSAT se creó mediante la Ley 26.092 en el año 2006 con el propósito de vehiculizar el desarrollo en el país de sus primeros satélites geoestacionarios, su lanzamiento y puesta en órbita y el uso y la comercialización de servicios satelitales y conexos, absorbió a la empresa privada de capitales extranjeros Nahuelsat S.A –que a fines de los 90 tenía la concesión para operar y prestar servicios en la Argentina haciendo uso de las posiciones orbitales que a título precario se asignaron al país, a inicios de la siguiente década estaba incumpliendo con sus obligaciones de protegerlas- e inició el recorrido para desarrollar los dos satélites ARSAT-1 y

ARSAT-2 para ocupar las posiciones de 72 y 81 grados respectivamente. Los satélites fueron lanzados por Arianespace en 2014 y 2015 respectivamente y entraron exitosamente en operación. En noviembre de 2015 se sancionó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital N° 27.208 que aprueba el “Plan Satelital Geoestacionario Argentino para el período 2015-2035”, el cual contemplaba la fabricación de al menos ocho satélites entre la expansión de la flota de ARSAT, la exportación y el remplazo de los ARSAT-1 y 2. Además, la Ley 27.208 declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad nacional (cfr. Art. 1°).

La Carta de Intención sobre la que se requiere información se firmó el 29 de junio del corriente en Estado Unidos y contempla la conformación de una nueva empresa, aún sin nombre, denominada “Newco”. Esta nueva sociedad estaría integrada en no menos de un 51% por Hughes y en hasta un 49% por ARSAT y tendría como finalidad la fabricación de ARSAT-3, el tercer satélite de la flota de ARSAT, que había iniciado su construcción en 2015 y que fue suspendido indefinidamente con el cambio de gobierno en diciembre de ese año.

Dicha Carta de Intenciones firmada entre los operadores ARSAT y Hughes, además de incumplir la Ley 27.208 que tenía a ARSAT-3 como primer hito, contradice lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley 27.208 que establecen que una operación de esta magnitud debe ser aprobada por el Congreso de la Nación, a saber:

“Artículo 8°: Establécese que el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

“Artículo 10: Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

Asimismo, es importante destacar, que el artículo 14 de la ley 27.208 exige la obtención de mayorías agravadas (dos tercios) de los miembros del Congreso de la Nación, para obtener las autorizaciones requeridas por los artículos mencionados en el párrafo anterior.

Es preciso conocer, luego que trascendiera en los medios de comunicación un cambio radical en el objeto de la empresa, cual es el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para el futuro de ARSAT. Para el futuro de los dos satélites que están órbita y para el por ahora detenido, proyecto ARSAT III.

Por lo dicho, es interés legítimo de esta Honorable Cámara, conocer cuáles fueron los objetivos de la cartera mencionada y cuales objetivos persigue la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), así como las razones por las cuales esta información no fue puesta a disposición del Congreso de la Nación.

Tal como dice Joaquín V. González: se trata de “una facultad de las Cámaras, que se aparta del modelo acostumbrado: es el derecho de información directa sobre los actos del Poder Ejecutivo, o de la administración en general, por medio de los Ministros o jefes de las divisiones administrativas. Sin este recurso, le habría sido difícil al Congreso informarse debidamente de la situación de los negocios públicos para dictar la ley, ni averiguar si las leyes dictadas se cumplían o podían cumplirse…”. “El llamamiento de las Cámaras, en estos casos, obliga a los ministros a

investigar el asunto en todo su departamento para responder el pedido…” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley, 2002, p. 336/337 y ss).

En el mismo sentido, se expresó que: “El art. 71 anuda una de las tantas relaciones de colaboración –que atenúa la estricta división de poderes-, y de control, existentes entre el Poder Legislativo y los ministros del Poder Ejecutivo, propias de la forma republicana de gobierno adoptada por la Constitución Nacional y cuya especificidad deriva de las normas que diseñan el poder (…) Cuando las Cámaras los citan, los ministros están constitucionalmente obligados a concurrir y no pueden reemplazar las explicaciones por un informe escrito” (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, Tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2011, p. 137/138)

Por las razones expuestas, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de resolución.