Expresar su profunda preocupación y rechazo a la posible privatización de la empresa ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ante el reciente acuerdo suscripto con la empresa estadounidense Hughes quien participaría en la creación del satélite ARSAT 3 en conjunto con la empresa estatal INVAP Sociedad del Estado.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo ha aprobado a través de un acuerdo la posible venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos especializada en prestar servicios de banda Ka, además de otros rubros como defensa, es decir que los próximos satélites serán manejados por una firma internacional.

Para comenzar deberíamos definir que es la soberanía satelital; es la capacidad de producir y exportar satélites, pero también es el estratégico recurso de utilizar las posiciones orbitales, exportar plataformas y vender satélites a otros países, además de conectar a todos los rincones del territorio nacional.

Los firmantes de dicha transferencia de acciones de ARSAT han cometido un delito grave en estos últimos días. Esto se debe a que según la Ley 27.208 (Ley de Desarrollo de la Industria Satelital) la tenencia es intransferible, salvo por la autorización del Congreso con las 2/3 partes en afirmativo (mayoría agravada). También resulta intransferible e inmodificable sin la autorización de ambas cámaras en lo que refiere a la utilización de los recursos de ARSAT. Cuando nos referimos a los recursos estamos hablando de las frecuencias asignadas y los derechos de utilización de órbitas para la instalación de satélites.

Todo esto se debe a que la mencionada Ley (Ley 27.208 - artículo 3-) ha declarado de interés público nacional el desarrollo de la industria satelital. Las orbitas geoestacionarias (una órbita geoestacionaria es aquella en la cual, en posición próxima a la línea ecuatorial del planeta, los satélites tienen una órbita de 24 hs, de modo que parecen quietos en el espacio por su coincidencia con la rotación terrestre, lo que permite enlaces ininterrumpidos para trasmisiones y capacidades de recepción con antenas relativamente pequeñas y en cualquier parte del área del cubrimiento del satélite, entre otras cuestiones), resultan ser un recurso crucial y esencial para las comunicaciones de un país, ya que son limitadas y muy valiosas. Son limitadas debido a que existen restricciones en la cantidad de satélites que pueden ubicarse en dichas orbitas.

En la década del ´90 ya hemos vivido esta situación, cuando estas orbitas de gran valor para nuestro país fueron privatizadas en una escandalosa contratación llevada a cabo por el entonces Secretario de Comunicaciones Germán Kammerath con la firma Thales Espectrum, resultando dicha privatización anulada en el año 2003 por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner, corriendo el riesgo de perder el derecho de uso de tales orbitas. Sin embargo, en el año 2005, justo sobre el plazo de la prórroga, se pudieron utilizar esas orbitas gracias al envío de un satélite de origen canadiense.

Si bien no poseía un buen funcionamiento, evitó que nuestro país perdiera el derecho de uso de esas orbitas. A partir de esta situación se comenzó a crear el ARSAT como satélite propio, portador de nuestra soberanía satelital.

El gobierno actual lo pretende privatizar nuevamente, esto se vio reflejado en el Boletín Oficial a través de Decreto 513/2017 con la modificación de los ministerios. Se trata de una privatización claramente encubierta, no solo porque no funciona, sino que también se encuentra mal redactada ya que la misma ley antes mencionada, prohíbe al Poder Ejecutivo todo acto de disposición de ARSAT sin previa autorización del Congreso. A su vez, en el mencionado decreto, se establece una administración que resulta falsa, ya que este acto de disposición implica la pérdida o disminución sustancial del patrimonio o su compromiso por tiempo prolongado.

Este acuerdo comercial entre ARSAT y HUGHES (EE.UU) fija la creación de una nueva empresa “NEWCO” para brindar servicios satelitales. Pero a su vez en el acuerdo se detalla que ARSAT tendría el 49% de las acciones y Hughes el 51%, teniendo esta última participación mayoritaria, con la consecuencia de poder elegir a los administradores – gerentes, quedando ARSAT en una posición de minoría. Esta más que claro que el decreto 626/2007 sobre la órbita 72 y la Ley 26.092 sobre la órbita 81 pertenecen a ARSAT e integran nuestro patrimonio. Si el Poder Ejecutivo intenta este tipo de entrega de nuestra soberanía, sin pasar por el Congreso Nacional, lo debemos denominar fraude, según el artículo 174 del Código Penal, dado que es la ley quien designa a ARSAT y también sería un desvió de recursos del Estado. A su vez implica según los artículos 260, 261 y 262 del Código Penal, la malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario, según los artículos 248 y 294 del mismo plexo normativo.

El actual presidente ha aprobado de manera ilegal esta operación a través de un convenio en el cual se menciona que ARSAT no se privatiza, sino que pierde su especificidad ante esta nueva sociedad con la empresa de Estados Unidos. Esta fusión, vale aclarar, fue aprobada por Rodrigo de Loredo, presidente actual de ARSAT y los representantes de la empresa HUGHES, valiendo la aclaración que desde 2016 varios medios periodísticos ya venían anunciando este tipo de medidas a futuro incorporando capital privado.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.