1° Requerir al Poder Ejecutivo Nacional que remita el contrato suscripto entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. AR-SAT y Hughes Network Systems LLC.

2° Requerir que se abstenga de realizar cualquiera acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT hasta tanto el Congreso de la Nación se expida en los términos del art 10 de la Ley N° 27.208.

Señor presidente:

El presidente Mauricio Macri reconoció la existencia de un acuerdo entre la empresa estatal AR-SAT y la estadounidense Hughes por medio de la cual se conviene la creación de una nueva empresa para la construcción, puesta en órbita y comercialización de las facilidades satelitales correspondientes al satélite geoestacionario ARSAT 3 que se ubicará en una posición orbital que la UIT ha asignado a la República Argentina.

La construcción –según se desprende del facsímil publicado por un medio periodístico -estaría a cargo de la empresa INVAP, mientras que la parte sustancial del negocio, esto es la comercialización de las facilidades, lo haría la nueva empresa.

En dicho acuerdo se prevé que Hughes no tendrá menos del 51% de esta nueva empresa y que AR-SAT no tendrá más que el 49%, estando previsto además que de incorporarse una tercera empresa, ésta lo haría sobre la participación societaria que le corresponde a la firma estatal argentina. También se prevé que los directores de la nueva empresa serán designados por Hughes y que se podrán remitir al exterior los beneficios de la explotación.

El satélite que se pondrá en órbita va a operar sobre uno de los recursos más valiosos y escasos con los que cuenta la empresa argentina: las órbitas geoestacionarias. Si el acuerdo entre Hughes y AR-SAT se concretara, el Estado argentino perdería la capacidad de decisión y gestión sobre uno de los principales activos y desarrollos tecnológicos

La política de desarrollo y explotación de satélites geoestacionarios lleva una década de evolución en el país y sus principales logros son las versiones anteriores al satélite en cuestión: los ARSAT 1 y 2. La actual gestión de la empresa estatal –contrariamente a lo hecho por el gobierno anterior- ha logrado una más que aceptable comercialización de las capacidades de estos satélites, motivo por el cual no se llega a comprender la necesidad de la cesión de nuestras potestades como Estado nacional de explotar y dirigir el proyecto del ARSAT 3.

Asimismo, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, N° 27.208, aprobada en noviembre de 2015, el Poder Ejecutivo carece de facultades legales para suscribir el acuerdo definitivo sin la previa conformidad del Parlamento Nacional. Ello así por cuanto art. 10 de esta ley dispone que "Cualquier acto

o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales ... que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación".

La decisión del Ejecutivo nacional, además de resultar violatoria de la ley vigente, constituye un claro retroceso en materia de desarrollo de la tecnología y la industria nacionales, por cuanto pone en manos privadas y extranjeras la operación y comercialización de los servicios satelitales. Además cabe señalar que los servicios de contenido satelitales que se privatizan y extranjerizan son los de mayor rentabilidad y menor riesgo. La banda ancha satelital, para el cual se hace este acuerdo con Hughes, habrá de crecer exponencialmente durante los próximos años, hecho que podría ser aprovechado por nuestro país para desarrollar trabajo, industrias y tecnologías nacionales.