Expresar su honda preocupación ante la interrupción total de los servicios móviles de telecomunicaciones por parte de la empresa Telecom Personal S. A. y la prestación de acceso a Internet por parte de la empresa Arnet, pertenecientes al mismo grupo empresarial, sucesos acaecidos el día 12 de junio del corriente año en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Jujuy, entre otras. Asimismo, la H. Cámara de Diputados insta al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar a ambas empresas, con carácter urgente, la máxima sanción establecida en el marco regulatorio vigente y disponer las medidas resarcitorias en favor de los clientes damnificados.

Señor presidente:

Durante el pasado martes 12 de junio del corriente año, la empresa de telefonía celular Telecom Personal S. A., y la prestadora de conexión a Internet, Arnet, ambas pertenecientes al mismo consorcio económico, dejaron de prestar servicio durante varias horas. Esto dejó literalmente incomunicados a sus clientes en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Jujuy, entre otras.

Vemos con honda preocupación que sigan ocurriendo estos desperfectos masivos, ya que el episodio se suma al que originara la empresa Movistar, el pasado 2 de abril. Creemos importante poner énfasis sobre estos asuntos, ya que los servicios de telefonía celular y de acceso a Internet han adquirido un carácter masivo en nuestra sociedad y resulta imperioso respetar el mandato de la Constitución Nacional, que claramente establece en su artículo 42 que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a la información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno(...)".

Somos concientes de los avances sustantivos impulsados por los organismos técnicos que desde el gobierno nacional gestaron el marco regulatorio para la prestación del servicio de telefonía móvil, llegándose incluso a contar con la portabilidad numérica, algo que sólo se da en pocos países. Conocemos también las actuaciones recientes y el compromiso de la Comisión Nacional de Comunicaciones y del Ministerio de Planificación Federal sobre otros casos puntuales.

Por eso no podemos tolerar que sucedan estos episodios, que vulneran claramente las garantías constitucionales de los consumidores, ocasionando múltiples perjuicios en el desempeño de las ocupaciones tanto particulares como laborales de los ciudadanos. Estas anomalías severas ponen a prueba, además, a los dispositivos de control del Estado, que deben asegurar estabilidad y eficacia en los servicios de telefonía celular y acceso a Internet, por lo que no se debe dudar ni un instante en la aplicación de las sanciones que sean necesarias, contempladas claramente en el artículo constitucional citado y en la Ley 24.240, de defensa al consumidor.

Hemos escuchado múltiples reclamos frente al suceso y sabemos, por otro lado, que las empresas prestadoras de servicio no dudan en sancionar a los usuarios que incumplen con su parte contractual cada vez que así ocurre. Resulta pertinente resaltar aquí que esta relación contractual es de doble obligación: del usuario ante la empresa y de la empresa con el consumidor.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.