Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, controle el cumplimiento de provisión y mantenimiento de teléfonos públicos por parte de las empresas de telefonía, conforme lo dispuesto en los correspondientes pliegos de licitación.

Señor presidente:

El boom de la telefonía celular tuvo un efecto no deseado que amplía la desigualdad: desde el 2001 hasta la fecha cayó un 4% la cantidad de teléfonos públicos en la Argentina. El dato se conoció en Mar del Plata, en el marco del II° Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable MODEM, organizado por ATVC.

En la oportunidad también se trataron los siguientes temas: la prestación universal del servicio de conexión a internet, la libre competencia, la libertad de expresión y la conservación de la identidad cultural ante las nuevas tecnologías, entre otros.

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 42% de los teléfonos públicos del centro no funciona bien. Los datos surgen de un estudio realizado por dos entidades de consumidores-el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO)- que inspeccionaron 357 teléfonos en las veredas de la Capital. Y encontraron que de ese total, 205 aparatos funcionaban y 152 no.

Al ser consultadas sobre las denuncias de los usuarios, las empresas adjudicaron el deterioro de los teléfonos al "vandalismo" que sufren los aparatos. Una actitud que, según explican, se da por tres motivos distintos: por la recaudación, por los repuestos (que tras la devaluación se encarecieron) y además por la degradación social es decir "por el solo hecho de destruir". Actualmente del total de alarmas diarias que se observan en el sistema de supervisión más del 50% corresponde a hechos vandálicos. Incluso se comprobó que muchos de los teléfonos reparados fueron rotos nuevamente a pocas horas de haber vuelto a prestar servicio.

El servicio de telefonía pública está desregulado desde fines del año 1999. Hoy más del 90% del mercado se reparte entre Telefónica y Telecom y del resto participan otras empresas, como TPP. Según los últimos datos del INDEC, la cantidad de teléfonos públicos instalados hasta enero del 2003, era de 137.672. Mientras que, el año anterior, eran 157.400.

En el país hay un teléfono público cada 234 personas, mientras que dos de cada tres argentinos tienen teléfono celular.

Los aparatos callejeros se utilizan cada vez más como teléfonos de emergencia: para avisar de un imprevisto o porque de pronto el teléfono celular se quedó sin batería o crédito. Las llamadas que se hacen desde los equipos que hay en la vía pública representan sólo el diez por ciento del total de las de telefonía pública. La inseguridad y la demanda de otros servicios, como el acceso a Internet, son algunas de las razones.

En Telecom reconocen que, entre los robos y el poco uso, los teléfonos públicos dejaron de ser rentables y que se mantienen por la función social que cumplen, amén de que el pliego de licitación así lo exige.

Pero es su obligación hacerlo porque siempre hay alguien que puede necesitarlo, aunque en términos de una ecuación económica no sea rentable. Es menester por tanto controlar que esa función social no sea desatendida. Y exigir cuando corresponda sanciones para las empresas por el perjuicio que sufren los usuarios.

Cabe destacar la función social que debe cumplir la tecnología, la cual debe ser herramienta del desarrollo y elemento de democratización del acceso a la información, la cultura y el conocimiento. Hoy, los progresos en las conexiones están dirigidos sólo a la porción de mayor poder adquisitivo del mercado, causando la desatención de cuestiones que no sobresalen por su rentabilidad, y que han quedado relegadas a una función subsidiaria, pero no por ello prescindible. El uso del teléfono móvil es una elección del consumidor. Pero un teléfono público debe estar al alcance de todos.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.