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AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 18/09/2018
- SEMILLAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2018, a la hora 16 y 30:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Buenas tardes, señores diputados, señores expositores y señores invitados. Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Legislación General, presidida por el diputado Daniel Lipovetzky, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Luciano Laspina. No nos acompaña todavía el diputado Laspina porque en estos días también estamos dando tratamiento a la ley de presupuesto, un tema muy importante para este Congreso.
El motivo de la reunión conjunta es lograr -o al menos intentarlo- obtener un dictamen luego de escuchar a los distintos expositores que representan a los diversos y variados actores involucrados en la posibilidad de una modificación de la ley de semillas.
En este sentido, se van a llevar a cabo tres, cuatro o cinco reuniones informativas que tienen como objeto dar lugar a todas las voces que intervienen en los sectores productivos y que de una u otra manera están involucrados con la posible modificación o actualización de la ley 20.247, conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Hemos acordado en la Comisión de Agricultura y Ganadería llevar adelante las reuniones con expositores los días martes. Paralelamente, realizaremos otras reuniones para tratar temas generales a efectos de que no se superpongan las actividades y que podamos escuchar a los expositores.
Se ha establecido un mecanismo de exposiciones con una duración de aproximadamente diez minutos. Apelamos a la capacidad de síntesis de los expositores para poder expresar una idea. Obviamente, vamos a informar cuando transcurra el tiempo pautado, para que aquellos que no han terminado su exposición puedan redondear su concepto.
Por otra parte, el próximo martes será un día complicado para acceder al Congreso porque está previsto un paro general, por lo que vamos a dejar sin efecto la convocatoria y reanudaremos con las exposiciones el martes 2 de octubre.
Hoy me acompañan las demás autoridades de la Comisión de Agricultura y Ganadería: el vicepresidente 1°, Luis Basterra, y el vicepresidente 2°, Juan José Bahillo.
Hechas estas consideraciones, vamos a escuchar las exposiciones y luego quedará abierta la reunión para preguntas o inquietudes que puedan tener los señores diputados.
Tiene la palabra el vicepresidente 1° de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra.
El motivo de la reunión conjunta es lograr -o al menos intentarlo- obtener un dictamen luego de escuchar a los distintos expositores que representan a los diversos y variados actores involucrados en la posibilidad de una modificación de la ley de semillas.
En este sentido, se van a llevar a cabo tres, cuatro o cinco reuniones informativas que tienen como objeto dar lugar a todas las voces que intervienen en los sectores productivos y que de una u otra manera están involucrados con la posible modificación o actualización de la ley 20.247, conocida como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Hemos acordado en la Comisión de Agricultura y Ganadería llevar adelante las reuniones con expositores los días martes. Paralelamente, realizaremos otras reuniones para tratar temas generales a efectos de que no se superpongan las actividades y que podamos escuchar a los expositores.
Se ha establecido un mecanismo de exposiciones con una duración de aproximadamente diez minutos. Apelamos a la capacidad de síntesis de los expositores para poder expresar una idea. Obviamente, vamos a informar cuando transcurra el tiempo pautado, para que aquellos que no han terminado su exposición puedan redondear su concepto.
Por otra parte, el próximo martes será un día complicado para acceder al Congreso porque está previsto un paro general, por lo que vamos a dejar sin efecto la convocatoria y reanudaremos con las exposiciones el martes 2 de octubre.
Hoy me acompañan las demás autoridades de la Comisión de Agricultura y Ganadería: el vicepresidente 1°, Luis Basterra, y el vicepresidente 2°, Juan José Bahillo.
Hechas estas consideraciones, vamos a escuchar las exposiciones y luego quedará abierta la reunión para preguntas o inquietudes que puedan tener los señores diputados.
Tiene la palabra el vicepresidente 1° de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra.
SR. BASTERRA Señor presidente: usted sabe que los martes hay múltiples reuniones de comisión, y este tipo de convocatorias, aunque lleven diez minutos por expositor, seguramente tengan una duración de entre dos y tres horas. De modo que probablemente se nos genere un inconveniente para estar presentes durante el transcurso de todas las exposiciones. Entonces, si bien están los asesores de prácticamente todos los diputados, estemos atentos porque quizás debamos pasar la reunión para el día jueves, que me parece una buena opción para este tipo de exposiciones más largas.
Digo esto para que el público en general esté atento a que eventualmente pueda haber un cambio en ese sentido. Sr Presidente (Benedetti).- Trataremos de encontrar los caminos para que los debates puedan llevarse a cabo y para que también los señores diputados puedan escuchar las distintas exposiciones. Ese es el sentido del esfuerzo que están haciendo muchos actores que están viajando desde distintos lugares.
En ese sentido quiero valorar la presencia del subsecretario de Agricultura del Chaco, el ingeniero Jorge García, quien nos dará su opinión y su punto de vista en primer lugar, en virtud de la necesidad que tiene de regresar a su provincia.
Por lo tanto, vamos a dar inicio así a este ciclo de exposiciones con el cual estamos dando tratamiento a la posibilidad de modificación de la ley de semillas.
Tiene la palabra el ingeniero Jorge García.
Digo esto para que el público en general esté atento a que eventualmente pueda haber un cambio en ese sentido. Sr Presidente (Benedetti).- Trataremos de encontrar los caminos para que los debates puedan llevarse a cabo y para que también los señores diputados puedan escuchar las distintas exposiciones. Ese es el sentido del esfuerzo que están haciendo muchos actores que están viajando desde distintos lugares.
En ese sentido quiero valorar la presencia del subsecretario de Agricultura del Chaco, el ingeniero Jorge García, quien nos dará su opinión y su punto de vista en primer lugar, en virtud de la necesidad que tiene de regresar a su provincia.
Por lo tanto, vamos a dar inicio así a este ciclo de exposiciones con el cual estamos dando tratamiento a la posibilidad de modificación de la ley de semillas.
Tiene la palabra el ingeniero Jorge García.
SR. GARCÍA Señor presidente: muchas gracias por la invitación.
En la provincia del Chaco tenemos básicamente seis cultivos prioritarios o por lo menos más importantes en cuanto a la superficie y a la actividad económica que generan.
Pero hoy quiero traer a la Cámara de Diputados cuál es la situación actual del cultivo de algodón, que es uno de los que más importancia económica tiene en la provincia por el efecto que genera en toda la cadena textil y no solamente en la parte productiva.
En cuanto al resto de los cultivos, si bien en superficie el más importante es la soja -al igual que en la mayor parte de las provincias agrícolas del país-, en realidad, la soja solamente se produce y se exporta en un ciento por ciento para ser procesada y comercializada fuera de la provincia.
El algodón tiene un impacto directo en la economía provincial ya que, desde el desmote, pasando por el hilado y la confección, genera mano de obra a lo largo de toda esa cadena.
La provincia del Chaco ha venido sufriendo una merma bastante importante en la superficie. En el gráfico que se proyecta en pantalla se puede ver las áreas donde actualmente se cultiva algodón en la provincia. Ha habido un corrimiento hacia el Oeste y hacia el Sudoeste de lo que fue inicialmente la zona algodonera típica del centro de la provincia, con Presidencia Roque Sáenz Peña como su epicentro. Hoy el algodón está un poco más corrido hacia el Sudoeste y hacia el Oeste en los nuevos desarrollos agrícolas de las últimas décadas.
La superficie del cultivo también fue sufriendo altibajos de la mano de distintas situaciones y condicionantes, entre los cuales el tema de las semillas es muy importante. No decimos que esta gráfica de superficie se corresponda únicamente a la problemática de la semilla, pero es uno de los problemas más importantes que hizo que el cultivo vaya perdiendo terreno frente a otros cultivos.
Para graficar esto les muestro esta tabla en pantalla donde se observan todos los lanzamientos de variedades de algodón que tuvimos desde 1980 en adelante. Allí se advierte cómo desde las décadas del 80 y 90, e incluso en la del 2000, hubo una cantidad enorme de variedades de algodón que fueron introducidas por distintos semilleros. Gran parte de estas variedades fueron creadas por el INTA, único organismo que se dedica al mejoramiento genético de algodón en nuestro país.
Al introducirse variedades transgénicas con algún gen incorporado, que significaron una mejora enorme desde el punto de vista productivo, las variedades del INTA fueron desplazadas del mercado. Llegamos a la situación actual donde el último lanzamiento fue hace casi diez años. A partir de allí no hubo renovación genética para la semilla de algodón en nuestro país. Hoy la semilla que se siembra en la Argentina prácticamente corresponde a una o dos variedades que representan entre un 70 y 80 por ciento de lo que se siembra. Hay cuatro variedades comerciales que completan la paleta de variedades frente a cultivos de plantas autógamas similares al algodón, como son el trigo o la soja, donde prácticamente hay centenares de variedades para elegir de acuerdo a cada situación, a cada ambiente o a cada ciclo y demás. En algodón hoy estamos restringidos prácticamente a cuatro variedades, de las cuales una o dos ocupan del 70 al 80 por ciento del área.
Otra cosa que es importante entender en el tema del algodón es que para sembrar la semilla, la misma tiene que tener un procesamiento previo que es el deslintado. Esto se debe hacer en plantas deslintadoras y es una ventaja muy importante para el cultivo. O sea, toda la semilla que tiene que ir al campo debe pasar previamente por una planta de deslintado químico. Esa es una herramienta enorme que tienen los organismos del Estado para fiscalizar y controlar el uso de esa semilla posteriormente. A diferencia de la soja o el trigo que se pueden acondicionar para la siembra en el mismo campo del productor, en este caso hay que enviarla a una planta de deslintado para luego poder sembrarla en el campo.
A partir de la obligatoriedad del registro de usuarios de semillas para el cultivo de algodón, que se empezó a implementar en la última campaña, se generó un incremento bastante importante en el uso de semilla fiscalizada, y por el registro de semilla -si bien era para uso propio- se conocía la procedencia o el origen legal de semilla. Todavía tenemos un bache de un 35 a un 40 por ciento del área en la Argentina donde se sigue sembrando con semilla ilegal, de origen desconocido y probablemente con genes que no están autorizados o no están liderados por la Conabia. Sin embargo, es una realidad que obviamente viene de la mano del comercio ilegal de semillas, que todavía persiste en ese porcentaje bastante alto.
Yendo a los proyectos de ley de modificación de la ley de semillas, vemos que hoy el panorama varietal de algodón en la Argentina es muy pobre, como les decía recién. Si bien la implementación del registro de usuarios de semilla inició un proceso de formalización como nunca antes se había visto, sigue siendo muy preocupante ese porcentaje alto de superficie que todavía se destina a esa siembra con un material genético totalmente desconocido y de dudosa procedencia.
Hay que decir que hoy también se está experimentando un cambio muy importante en el INTA, sobre todo a partir de un convenio de vinculación tecnológica que tiene ese organismo con cuatro provincias algodoneras, que son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa, en el cual vienen trabajando desde hace diez años. Hoy estamos en los inicios de un cambio muy sustancial en ese panorama varietal porque se están introduciendo variedades con mejoramiento. O sea, cuando se habla de germoplasma INTA, quiere decir que es un germoplasma adaptado a nuestras condiciones, desarrollado en el país a partir de variedades argentinas o de germoplasma argentino, con introducción de algunos genes que le confieren esa resistencia a herbicidas o a insectos, lo que permite que esa semilla pueda tener un valor comercial. De lo contrario, y por más que el INTA ha estado trabajando en estos últimos cincuenta años en mejorar el germoplasma, frente a las variedades transgénicas no tenía absolutamente ningún tipo de chance para poder sembrarse en el campo.
Hoy tenemos en el Chaco una tipología de productor que va desde el mal llamado minifundista, el pequeño productor de agricultura familiar, nucleado en consorcios productivos de servicios rurales. Hay más de 100 consorcios que nuclean a unos 14.000 productores de agricultura familiar, con su personería jurídica y con su registro formal dentro de la provincia, que tienen una ley que los asiste. Entonces, el sector de la agricultura familiar hoy está totalmente formalizado en la provincia y es asistido por parte del Estado. No vemos ningún impedimento para que ese productor que está registrado pueda acceder a la excepción del derecho de obtentor.
El problema está en los siguientes segmentos. Hay un segmento de productor mediano, semicapitalizado, sin acceso al crédito formal, sin acceso al crédito bancario, con muchas dificultades para mantenerse en el sistema y con muchas dificultades para seguir quedándose en el campo. Estamos hablando de un productor del Chaco que tiene 100 o 150 hectáreas, que con los costos de producción que se manejan hoy es muy difícil que subsista, evolucione y pase a un nivel de productor empresario.
Le sigue otro segmento de un productor más capitalizado, con acceso esporádico al crédito dependiendo de su situación, que podemos decir que está en el límite.
Finalmente, como en el resto del país, está el productor capitalizado, del tipo empresario, que tiene acceso al crédito formal y que no tendría absolutamente ningún problema en pagar una regalía o un derecho de obtentor.
Nuestra preocupación está en esos dos primeros segmentos que mencioné, y el productor mediano, semicapitalizado, probablemente sea el más difícil de abordar. A ese productor queremos que se lo siga considerando como excluido del derecho de obtentor.
Para ir cerrando, nosotros estamos a favor del cobro del derecho de obtentor para que esa situación tan pobre de variedades a las que llegamos se pueda subsanar. Sabemos que ninguna empresa va a venir a invertir en genética de algodón, o el mismo INTA debería poder acceder a esos derechos de obtentor -acá estoy con el ingeniero Tcach, genetista del INTA Sáenz Peña- para poder seguir adelante con los programas de mejoramiento y tener la tecnología que hoy se está usando en Brasil, Australia u otros lugares del mundo.
Por otro lado, también queremos dejar bien en claro que ese productor mediano, que hoy está en el límite entre abandonar su campo o seguir produciendo, probablemente no pueda hacer frente a esa regalía. Por lo tanto, a ese productor queremos proteger.
Para finalizar, recalco el Convenio de Vinculación Tecnológica. Creo que todo el trabajo que se hizo en el país en mejoramiento y en genética de algodón se debe seguir haciendo. Probablemente, con esta nueva ley el INTA se vea también beneficiado con los derechos de obtentor que pueda llegar a recaudar. Este es el camino que debemos transitar para seguir adelante y poder crecer con nuestra producción de algodón.
En la provincia del Chaco tenemos básicamente seis cultivos prioritarios o por lo menos más importantes en cuanto a la superficie y a la actividad económica que generan.
Pero hoy quiero traer a la Cámara de Diputados cuál es la situación actual del cultivo de algodón, que es uno de los que más importancia económica tiene en la provincia por el efecto que genera en toda la cadena textil y no solamente en la parte productiva.
En cuanto al resto de los cultivos, si bien en superficie el más importante es la soja -al igual que en la mayor parte de las provincias agrícolas del país-, en realidad, la soja solamente se produce y se exporta en un ciento por ciento para ser procesada y comercializada fuera de la provincia.
El algodón tiene un impacto directo en la economía provincial ya que, desde el desmote, pasando por el hilado y la confección, genera mano de obra a lo largo de toda esa cadena.
La provincia del Chaco ha venido sufriendo una merma bastante importante en la superficie. En el gráfico que se proyecta en pantalla se puede ver las áreas donde actualmente se cultiva algodón en la provincia. Ha habido un corrimiento hacia el Oeste y hacia el Sudoeste de lo que fue inicialmente la zona algodonera típica del centro de la provincia, con Presidencia Roque Sáenz Peña como su epicentro. Hoy el algodón está un poco más corrido hacia el Sudoeste y hacia el Oeste en los nuevos desarrollos agrícolas de las últimas décadas.
La superficie del cultivo también fue sufriendo altibajos de la mano de distintas situaciones y condicionantes, entre los cuales el tema de las semillas es muy importante. No decimos que esta gráfica de superficie se corresponda únicamente a la problemática de la semilla, pero es uno de los problemas más importantes que hizo que el cultivo vaya perdiendo terreno frente a otros cultivos.
Para graficar esto les muestro esta tabla en pantalla donde se observan todos los lanzamientos de variedades de algodón que tuvimos desde 1980 en adelante. Allí se advierte cómo desde las décadas del 80 y 90, e incluso en la del 2000, hubo una cantidad enorme de variedades de algodón que fueron introducidas por distintos semilleros. Gran parte de estas variedades fueron creadas por el INTA, único organismo que se dedica al mejoramiento genético de algodón en nuestro país.
Al introducirse variedades transgénicas con algún gen incorporado, que significaron una mejora enorme desde el punto de vista productivo, las variedades del INTA fueron desplazadas del mercado. Llegamos a la situación actual donde el último lanzamiento fue hace casi diez años. A partir de allí no hubo renovación genética para la semilla de algodón en nuestro país. Hoy la semilla que se siembra en la Argentina prácticamente corresponde a una o dos variedades que representan entre un 70 y 80 por ciento de lo que se siembra. Hay cuatro variedades comerciales que completan la paleta de variedades frente a cultivos de plantas autógamas similares al algodón, como son el trigo o la soja, donde prácticamente hay centenares de variedades para elegir de acuerdo a cada situación, a cada ambiente o a cada ciclo y demás. En algodón hoy estamos restringidos prácticamente a cuatro variedades, de las cuales una o dos ocupan del 70 al 80 por ciento del área.
Otra cosa que es importante entender en el tema del algodón es que para sembrar la semilla, la misma tiene que tener un procesamiento previo que es el deslintado. Esto se debe hacer en plantas deslintadoras y es una ventaja muy importante para el cultivo. O sea, toda la semilla que tiene que ir al campo debe pasar previamente por una planta de deslintado químico. Esa es una herramienta enorme que tienen los organismos del Estado para fiscalizar y controlar el uso de esa semilla posteriormente. A diferencia de la soja o el trigo que se pueden acondicionar para la siembra en el mismo campo del productor, en este caso hay que enviarla a una planta de deslintado para luego poder sembrarla en el campo.
A partir de la obligatoriedad del registro de usuarios de semillas para el cultivo de algodón, que se empezó a implementar en la última campaña, se generó un incremento bastante importante en el uso de semilla fiscalizada, y por el registro de semilla -si bien era para uso propio- se conocía la procedencia o el origen legal de semilla. Todavía tenemos un bache de un 35 a un 40 por ciento del área en la Argentina donde se sigue sembrando con semilla ilegal, de origen desconocido y probablemente con genes que no están autorizados o no están liderados por la Conabia. Sin embargo, es una realidad que obviamente viene de la mano del comercio ilegal de semillas, que todavía persiste en ese porcentaje bastante alto.
Yendo a los proyectos de ley de modificación de la ley de semillas, vemos que hoy el panorama varietal de algodón en la Argentina es muy pobre, como les decía recién. Si bien la implementación del registro de usuarios de semilla inició un proceso de formalización como nunca antes se había visto, sigue siendo muy preocupante ese porcentaje alto de superficie que todavía se destina a esa siembra con un material genético totalmente desconocido y de dudosa procedencia.
Hay que decir que hoy también se está experimentando un cambio muy importante en el INTA, sobre todo a partir de un convenio de vinculación tecnológica que tiene ese organismo con cuatro provincias algodoneras, que son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa, en el cual vienen trabajando desde hace diez años. Hoy estamos en los inicios de un cambio muy sustancial en ese panorama varietal porque se están introduciendo variedades con mejoramiento. O sea, cuando se habla de germoplasma INTA, quiere decir que es un germoplasma adaptado a nuestras condiciones, desarrollado en el país a partir de variedades argentinas o de germoplasma argentino, con introducción de algunos genes que le confieren esa resistencia a herbicidas o a insectos, lo que permite que esa semilla pueda tener un valor comercial. De lo contrario, y por más que el INTA ha estado trabajando en estos últimos cincuenta años en mejorar el germoplasma, frente a las variedades transgénicas no tenía absolutamente ningún tipo de chance para poder sembrarse en el campo.
Hoy tenemos en el Chaco una tipología de productor que va desde el mal llamado minifundista, el pequeño productor de agricultura familiar, nucleado en consorcios productivos de servicios rurales. Hay más de 100 consorcios que nuclean a unos 14.000 productores de agricultura familiar, con su personería jurídica y con su registro formal dentro de la provincia, que tienen una ley que los asiste. Entonces, el sector de la agricultura familiar hoy está totalmente formalizado en la provincia y es asistido por parte del Estado. No vemos ningún impedimento para que ese productor que está registrado pueda acceder a la excepción del derecho de obtentor.
El problema está en los siguientes segmentos. Hay un segmento de productor mediano, semicapitalizado, sin acceso al crédito formal, sin acceso al crédito bancario, con muchas dificultades para mantenerse en el sistema y con muchas dificultades para seguir quedándose en el campo. Estamos hablando de un productor del Chaco que tiene 100 o 150 hectáreas, que con los costos de producción que se manejan hoy es muy difícil que subsista, evolucione y pase a un nivel de productor empresario.
Le sigue otro segmento de un productor más capitalizado, con acceso esporádico al crédito dependiendo de su situación, que podemos decir que está en el límite.
Finalmente, como en el resto del país, está el productor capitalizado, del tipo empresario, que tiene acceso al crédito formal y que no tendría absolutamente ningún problema en pagar una regalía o un derecho de obtentor.
Nuestra preocupación está en esos dos primeros segmentos que mencioné, y el productor mediano, semicapitalizado, probablemente sea el más difícil de abordar. A ese productor queremos que se lo siga considerando como excluido del derecho de obtentor.
Para ir cerrando, nosotros estamos a favor del cobro del derecho de obtentor para que esa situación tan pobre de variedades a las que llegamos se pueda subsanar. Sabemos que ninguna empresa va a venir a invertir en genética de algodón, o el mismo INTA debería poder acceder a esos derechos de obtentor -acá estoy con el ingeniero Tcach, genetista del INTA Sáenz Peña- para poder seguir adelante con los programas de mejoramiento y tener la tecnología que hoy se está usando en Brasil, Australia u otros lugares del mundo.
Por otro lado, también queremos dejar bien en claro que ese productor mediano, que hoy está en el límite entre abandonar su campo o seguir produciendo, probablemente no pueda hacer frente a esa regalía. Por lo tanto, a ese productor queremos proteger.
Para finalizar, recalco el Convenio de Vinculación Tecnológica. Creo que todo el trabajo que se hizo en el país en mejoramiento y en genética de algodón se debe seguir haciendo. Probablemente, con esta nueva ley el INTA se vea también beneficiado con los derechos de obtentor que pueda llegar a recaudar. Este es el camino que debemos transitar para seguir adelante y poder crecer con nuestra producción de algodón.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra...
SR. RUIZ ARAGÓN ¿Me permite la palabra, señor presidente?
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señor diputado: la idea es escuchar primero a los expositores y luego entrar en el debate. Si es una cuestión formal, haga uso de la palabra. De lo contrario, escuchemos primero a los expositores.
SR. RUIZ ARAGÓN No es una cuestión formal, pero es muy breve lo que quiero decir.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Adelante, diputado.
SR. RUIZ ARAGÓN Señor presidente: disculpe la interrupción; sé que tiene ganas de acelerar el proceso.
En virtud de aportar algo a lo que usted dijo como introducción y respecto de la metodología, tengo el deber y la obligación de mencionarle que si nosotros tenemos la intención de hacer una ley lo más justa posible, sostengo lo que dijimos hace dos reuniones con algunos diputados.
Tengo en mi poder la copia de una planilla donde más de quinientas personas de Mendoza solicitan que se haga un debate federal y que la discusión se lleve adelante por regiones. Asimismo, tengo en mi poder otras listas de personas que solicitan participar del debate: cien personas de Catamarca, noventa de Corrientes, otras de La Rioja y la Asociación de Pequeños Productores.
En función de lo que decía Luis Basterra acerca de que si cada expositor habla durante diez minutos la duración de la reunión se extendería a tres horas, considero que si de verdad tienen ganas de escuchar a todos los involucrados y resolver algo este año, es necesario construir foros regionales y escuchar a cada uno. No digo foros provinciales para hacer el proceso incluso más rápido y ayudarlos.
Ahora bien, si no tenemos la intención de hacer una ley justa, vamos a dejar a muchísima gente fuera de este debate y eso sería algo totalmente injusto. Además, no resolveríamos un problema que tiene larga data y que lleva muchos años en la Argentina sin resolverse.
Otra cosa fundamental es la obligación que tenemos de consultar a los pueblos originarios respecto de este tema.
En pos de aportar a la metodología y a la construcción de una mejor ley, o de su modificación, me veo en la obligación de manifestarle estas cuestiones.
En virtud de aportar algo a lo que usted dijo como introducción y respecto de la metodología, tengo el deber y la obligación de mencionarle que si nosotros tenemos la intención de hacer una ley lo más justa posible, sostengo lo que dijimos hace dos reuniones con algunos diputados.
Tengo en mi poder la copia de una planilla donde más de quinientas personas de Mendoza solicitan que se haga un debate federal y que la discusión se lleve adelante por regiones. Asimismo, tengo en mi poder otras listas de personas que solicitan participar del debate: cien personas de Catamarca, noventa de Corrientes, otras de La Rioja y la Asociación de Pequeños Productores.
En función de lo que decía Luis Basterra acerca de que si cada expositor habla durante diez minutos la duración de la reunión se extendería a tres horas, considero que si de verdad tienen ganas de escuchar a todos los involucrados y resolver algo este año, es necesario construir foros regionales y escuchar a cada uno. No digo foros provinciales para hacer el proceso incluso más rápido y ayudarlos.
Ahora bien, si no tenemos la intención de hacer una ley justa, vamos a dejar a muchísima gente fuera de este debate y eso sería algo totalmente injusto. Además, no resolveríamos un problema que tiene larga data y que lleva muchos años en la Argentina sin resolverse.
Otra cosa fundamental es la obligación que tenemos de consultar a los pueblos originarios respecto de este tema.
En pos de aportar a la metodología y a la construcción de una mejor ley, o de su modificación, me veo en la obligación de manifestarle estas cuestiones.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI La voluntad de las presidencias de las comisiones aquí reunidas es poder escuchar todas las voces. De cualquier manera, quiero decirle que exceptuando la propuesta que en su momento hizo el diputado Carmona de regionalizar el debate, no hemos recibido ninguna otra.
Por otro lado, la lista que usted envió la semana posterior a establecer el cierre contiene una serie de organizaciones que entendemos que no hacen al tratamiento de esta ley.
Esta presidencia tiene la voluntad de escuchar a la mayor cantidad de voces posible y lo haremos oportunamente. Luego de esta primera reunión lo charlaremos con la mejor buena voluntad.
Reitero que en su listado había varias agrupaciones de La Cámpora, una organización que no tiene que ver con el tratamiento de la Ley de Semillas. De cualquier manera, lo vamos a conversar luego de esta primera reunión.
Por otro lado, la lista que usted envió la semana posterior a establecer el cierre contiene una serie de organizaciones que entendemos que no hacen al tratamiento de esta ley.
Esta presidencia tiene la voluntad de escuchar a la mayor cantidad de voces posible y lo haremos oportunamente. Luego de esta primera reunión lo charlaremos con la mejor buena voluntad.
Reitero que en su listado había varias agrupaciones de La Cámpora, una organización que no tiene que ver con el tratamiento de la Ley de Semillas. De cualquier manera, lo vamos a conversar luego de esta primera reunión.
SRA. HORNE Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señora diputada: yo trato de no quitarle la palabra a ningún señor diputado, pero por favor, seamos breve porque quiero continuar con el tratamiento que hemos previsto para esta reunión conjunta de comisiones.
SRA. HORNE Señor presidente: yo solicité la palabra al principio de la reunión y por respeto al orador no insistí.
Quería conocer quiénes son las personas que van a venir a exponer y en qué orden lo harán.
¿Usted nos puede decir quiénes son los que sí ha admitido la presidencia de la comisión, para entonces saber quiénes son los que no están convocados?
Quería conocer quiénes son las personas que van a venir a exponer y en qué orden lo harán.
¿Usted nos puede decir quiénes son los que sí ha admitido la presidencia de la comisión, para entonces saber quiénes son los que no están convocados?
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señora diputada: en cuanto al tema del orden hay un listado que han hecho llegar las distintas presidencias. Están todos convocados. No tenemos el orden porque hay problemas de logística en los viajes.
Lo que le puedo plantear es que, una vez terminada estas primeras exposiciones, vamos a dar a conocer el universo de los convocados.
El orden va a estar dado en función de las posibilidades que tengan para acercarse en los distintos días.
Lo que le puedo plantear es que, una vez terminada estas primeras exposiciones, vamos a dar a conocer el universo de los convocados.
El orden va a estar dado en función de las posibilidades que tengan para acercarse en los distintos días.
SR. RUÍZ ARAGÓN Señor presidente: el problema de logística es un problema de ustedes. Pero el listado tiene que estar. Después, si no viene la gente, no viene. Pero usted tiene la obligación de mandarnos un listado por escrito cuando se lo pedimos. No tenemos ninguna idea de quién va a venir a exponer.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señor diputado: nadie que quiera venir a exponer acá se va a quedar sin la posibilidad de hacerlo. Tenemos la mejor predisposición para que venga todo el mundo a expresarse.
Luego de esta primera reunión vamos a coordinar y vamos a hacer el listado para que lo puedan tener.
Invitamos ahora a los representantes de CRA, cuyo presidente es el señor Dardo Chiesa. Quien va a exponer el punto de vista de la entidad es el señor José Carlos Basaldúa.
Luego de esta primera reunión vamos a coordinar y vamos a hacer el listado para que lo puedan tener.
Invitamos ahora a los representantes de CRA, cuyo presidente es el señor Dardo Chiesa. Quien va a exponer el punto de vista de la entidad es el señor José Carlos Basaldúa.
SR. BASALDÚA Señor presidente: muchas gracias por la invitación.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas creemos que cualquier tipo de reforma que se haga a toda la normativa que tenga que ver con la ley de semillas, tiene que ser general, es decir, para todo lo que se considere semilla y no en particular.
Desde nuestro punto de vista, el aggiornamiento tiene que consistir en una modificación de la legislación vigente, que cubre en un 90 por ciento las necesidades que hoy tiene el sistema de producción o de creaciones fitogenéticas y de uso de semillas.
En ese sentido creemos que solamente hay que aggiornarla a los tiempos actuales y tratar de solucionar seis puntos sobre los que voy a exponer brevemente, ya que la profundidad de los mismos demoraría mucho más que diez minutos.
Para Confederaciones Rurales Argentinas, para los usuarios o para un sector de los usuarios hay cinco puntos que debemos resolver, y son los que CRA apunta a proponer hoy. Uno es la excepción del agricultor o el derecho del agricultor al uso propio, que ya está definido en algunas normativas más cercanas a nuestros días.
El derecho de propiedad intelectual debe ejercerse sobre la semilla. Nosotros creemos que tiene que haber un orden público en alguna parte de la ley. El control de todo lo que sea la producción y el uso de semillas es un deber exclusivo del Estado nacional y lo tiene que ejercer a través del Instituto Nacional de Semillas, que hoy existe como organismo descentralizado.
El sexto punto es que el Estado debe participar a través de herramientas fiscales que fortalezcan las creaciones fitogenéticas y el uso de semillas fiscalizadas.
¿Cuál debería ser el abordaje de los derechos de propiedad intelectual en obtenciones vegetales? Decimos que se debe mantener la continuidad jurídica.
La legislación referente al tema de semillas tiene que ver mucho con el acceso a la semilla, con el uso propio y con la distribución de los beneficios de los países desarrollados hacia los países que tienen diversidad biológica, como los del Cono Sur.
Estas dos últimas legislaciones que mencioné, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, son específicos sobre ese punto.
¿La ley de semillas debe ser una nueva ley o una modificación de la legislación actual? Ya dijimos que nosotros creemos que debe ser una modificación, no solamente de la ley de semillas, sino de varias normativas. Se trata de modificaciones muy puntuales que tienen que ver con intentar llegar a un objetivo que hoy nos tiene muy complicados: la falta de inversiones en el sector y el acceso a la semilla de sectores de los productores.
En la pantalla aparecen las cinco leyes que proponemos modificar y rápidamente paso a referir qué significa cada una.
En el primer punto, cuando hablamos de la excepción del agricultor y del derecho de uso propio, son básicamente las tres excepciones que existen hoy en la ley. La excepción al fitomejorador, del artículo 25. Allí agregamos un concepto que venimos discutiendo dentro de lo que es la dinámica de las creaciones fitosanitarias, que son las variedades esencialmente derivadas. Estas variedades son aquellas que no se distinguen claramente de su progenitor o que se debe usar a su progenitor en reiteradas oportunidades para volver a generar esa variedad. O pueden ser también, a nuestro entender, aquellas variedades que tienen una patente en trámite o una patente sobre la semilla, que solamente modifican la variedad y no el gen. Nosotros planteamos que se debe reconocer, por parte del creador de esta nueva variedad, los derechos que tienen tanto el que trabajó en el germoplasma patronal, como aquel que tiene la patente sobre el gen.
La segunda excepción es la del agricultor, establecida en el artículo 27. Proponemos resolverlo de la siguiente manera: "No lesiona el derecho de propiedad de un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, solamente en un volumen igual a la variedad fiscalizada originalmente adquirida, o quien usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética".
"Quedan exceptuados de ese límite, siempre que las semillas provengan de semillas fiscalizadas, aquellos productores que hayan tenido una facturación menor de tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista...". Es lo que se ha utilizado en los últimos años para inspeccionar o pedir a los productores el registro de la semilla de uso propio. Son los registros de los cuales habló quién me antecedió en el uso de la palabra. Hay tres registros: uno de soja, uno de trigo, y ahora, uno de algodón. Se utilizaba como línea de corte ese nivel de facturación.
La propuesta continúa así: "...y los pueblos originarios inscriptos en el Registro de Comunidades Indígenas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley 23.302."
La sección del consumo también está en el artículo 27 y se refiere al agricultor que usa o vende el producto obtenido: "El derecho del obtentor no puede ejercerse sobre la materia prima obtenida por el agricultor como producto de una variedad protegida". O sea, si yo tengo un derecho de propiedad sobre una variedad, no puedo ejercer mi derecho sobre el producto. En el país hemos tenido antecedentes de ese tipo, de quiénes han pretendido cobrar, en el producto o en los subproductos, derechos de patentes.
Otro punto es que todos los derechos de propiedad que se ejercen deben ser ejercidos sobre la semilla. Esto tiene que ver con la continuidad jurídica de las normativas que anteceden lo que hoy estamos discutiendo. Arranca con los acuerdos del GATT y acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículo 27-3. Allí se excluye de la patentabilidad a las plantas y animales, pero dice que se debe otorgar protección a las obtenciones vegetales, por un sistema de patentes, por un sistema sui géneris o una combinación de ambos.
La Argentina decidió en su momento que el sistema para proteger los derechos de propiedad intelectual es sui géneris. A partir de ahí, mediante la ley 24.376 nuestro país adhiere al Acta UPOV 78, que establece específicamente en su artículo 5° que los derechos de propiedad intelectual se ejercen sobre la producción, la venta y la comercialización de semillas.
Para completar esto, los artículos 6° y 7° de la ley de patentes establecen expresamente que no son patentables la materia viva, sustancias preexistentes, material biológico y genético y los procesos genéticos.
¿Cómo se resuelve? Esto que voy a decir no es algo que hayamos inventado nosotros sino que lo tomamos de la Unión Europea, que lo resuelve de la siguiente manera. Su ley de patentes, que es la Directiva 98/44, acepta el patentamiento de material biológico. Pero el artículo 11 habla de la excepción del agricultor, y dice que debe ser regido por lo previsto en el artículo 14 del reglamento 2100/94, que sería equivalente a nuestra ley de semillas.
Para resolver este tema, nosotros proponemos establecer, en el caso de haber ley de patentes industriales y modelos de utilidad, la caducidad de la patente al momento en que una variedad es inscripta en el Registro Nacional de Propiedades de Cultivares o en el Registro Nacional de Cultivares. De ahí en adelante, todo se rige por ley de semillas.
En cuanto al orden público, decimos que el mismo debe ser específicamente sobre los artículos 25 y 27, que son los que establecen claramente que los derechos de propiedad intelectual se cobran o se ejercen sobre la semilla fiscalizada.
Respecto del INASE,ste es otro tema que debe ser resuelto porque es quien ejercerá el control y la fiscalización de la ley de semillas y de todos sus actores.
El control de la fiscalización es un rol exclusivo del Estado. El INASE es, por ley, la autoridad de aplicación de la ley 20.247. El directorio no ha sido puesto en funciones por una cuestión formal. Al respecto, nosotros proponemos una conformación del Directorio que en realidad consiste en agregar a los representantes del Estado que están faltando, para que el mismo tenga mayoría en el INASE y así pueda funcionar adecuadamente.
En general, somos coincidentes con otros proyectos en cuanto a la constitución del directorio; por lo tanto, no lo voy a decir acá. De todas maneras dejamos material para que los señores diputados lo puedan ver con más detalle.
El último punto, que es clave en el cierre de lo que hablamos hasta ahora, es el costo de la semilla fiscalizada.
Allí planteamos dos formas de fijarlo, y esto se vincula con algo que dije al principio. Por un lado, el Estado debe participar por medio de las herramientas fiscales que tiene, para poder cerrar este tema en el cual venimos discutiendo por lo menos desde hace dieciocho años.
Un punto que fue tratado muchas veces en la Comisión Nacional de Semillas, pero que no pasó de la discusión, es la reducción del 50 por ciento del IVA. Esto ya se hizo para los fertilizantes hace algunos años. El IVA es un impuesto neutro. Al bajar la alícuota del IVA, el comercio tendrá un menor débito fiscal y un menor saldo técnico. Pero al bajarle el IVA al productor, lo que resulta es que tiene menos crédito fiscal y mayor saldo técnico. Es un impuesto neutro y no tiene una incidencia sobre ninguno de los actores, pero sí tiene importancia sobre la semilla, sobre su comercialización y su costo.
La dimensión del costo de la semilla es muy importante para el pequeño productor, para aquel que nosotros exceptuábamos, el monotributista que tiene que comprar semillas y que está inscripto. Es importante bajarle el costo de la semilla. La forma expresa en que se resuelve esto es sustituyendo el inciso b) del artículo 28 de la ley de IVA, agregando como inciso la "semilla fiscalizada". En su momento se hizo sobre el fertilizante y sus aplicaciones, como recordarán.
El segundo tema referido al costo de la semilla consiste en agregar en el impuesto a las ganancias una deducción especial, imputando como gasto un adicional de la facturación de semilla fiscalizada. Hay varios proyectos sobre fertilizantes en este mismo sentido, pero en este caso tiene una singular importancia.
El 80 por ciento de las semillas son utilizadas por el 20 por ciento de los agricultores, es decir, alrededor de 14.000 en todo el país. Hoy ellos estarían obligados a hacer la registración del uso propio. Casi todos facturan por encima de los límites del monotributo, y por lo tanto, estarían dentro del sistema.
En los últimos diez años, el promedio de semillas fiscalizadas utilizadas de variedades que el agricultor reserva para uso propio ha sido del 25 por ciento. Si aplicamos un adicional del ciento por ciento a las semillas fiscalizadas facturadas como gasto, el costo de la semilla fiscalizada sería del 30 por ciento de lo facturado. Esto significa que una bolsa de soja fiscalizada vale 7 por ciento más que una bolsa de soja de uso propio, que sería el grano procesado. En el caso del trigo, una bolsa de trigo fiscalizada vale un 25 por ciento menos que la bolsa de uso propio, que también es grano.
El costo de la semilla fiscalizada converge hacia el precio de la semilla de uso propio.
El 20 por ciento de los agricultores que compran al 80 por ciento las semillas del mercado son sujetos inscriptos en el impuesto a las ganancias. Este beneficio los comprende y despeja cualquier conveniencia económica en la decisión de reservar semillas de uso propio.
Como contrapartida de los costos fiscales se encuentra, en primer lugar, la eliminación de la bolsa blanca. ¿Quién te va a ofrecer una bolsa blanca a un valor mayor que el de una bolsa fiscalizada? O, mejor dicho, ¿quién la va a guardar? En segundo lugar, habrá un aumento muy importante de la facturación en el comercio de semillas fiscalizadas, con una mayor tributación en el impuesto a las ganancias, pero también en el IVA, que nosotros reducimos a la mitad.
En pantalla pueden leer lo siguiente: "Incorpórase el inciso K) del artículo 87 correspondiente a 'deducciones especiales tercera categoría', Ley de Impuesto a las Ganancias". ¿Qué dice dicho inciso? Dos veces el gasto de compra de semilla fiscalizada.
Como reflexión final quiero expresar que la semilla, como resultado del fitomejoramiento continuo, es un insumo estratégico en la cadena agrícola y debe llegar al productor con los máximos estándares de identidad y calidad para permitir expresar todo el potencial genético contenido en ella.
El artículo 1° de la ley actual -el cual creemos que debe permanecer, siendo nuestro objetivo reforzarlo- establece que los valores protegidos en la Ley de Semillas son los de promover la actividad de producción y comercialización de semillas, asegurando a los agricultores la identidad y la calidad de la simiente, y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.
Creemos que la propuesta que hoy estamos trayendo a esta reunión cubre acabadamente dichos objetivos.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas creemos que cualquier tipo de reforma que se haga a toda la normativa que tenga que ver con la ley de semillas, tiene que ser general, es decir, para todo lo que se considere semilla y no en particular.
Desde nuestro punto de vista, el aggiornamiento tiene que consistir en una modificación de la legislación vigente, que cubre en un 90 por ciento las necesidades que hoy tiene el sistema de producción o de creaciones fitogenéticas y de uso de semillas.
En ese sentido creemos que solamente hay que aggiornarla a los tiempos actuales y tratar de solucionar seis puntos sobre los que voy a exponer brevemente, ya que la profundidad de los mismos demoraría mucho más que diez minutos.
Para Confederaciones Rurales Argentinas, para los usuarios o para un sector de los usuarios hay cinco puntos que debemos resolver, y son los que CRA apunta a proponer hoy. Uno es la excepción del agricultor o el derecho del agricultor al uso propio, que ya está definido en algunas normativas más cercanas a nuestros días.
El derecho de propiedad intelectual debe ejercerse sobre la semilla. Nosotros creemos que tiene que haber un orden público en alguna parte de la ley. El control de todo lo que sea la producción y el uso de semillas es un deber exclusivo del Estado nacional y lo tiene que ejercer a través del Instituto Nacional de Semillas, que hoy existe como organismo descentralizado.
El sexto punto es que el Estado debe participar a través de herramientas fiscales que fortalezcan las creaciones fitogenéticas y el uso de semillas fiscalizadas.
¿Cuál debería ser el abordaje de los derechos de propiedad intelectual en obtenciones vegetales? Decimos que se debe mantener la continuidad jurídica.
La legislación referente al tema de semillas tiene que ver mucho con el acceso a la semilla, con el uso propio y con la distribución de los beneficios de los países desarrollados hacia los países que tienen diversidad biológica, como los del Cono Sur.
Estas dos últimas legislaciones que mencioné, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, son específicos sobre ese punto.
¿La ley de semillas debe ser una nueva ley o una modificación de la legislación actual? Ya dijimos que nosotros creemos que debe ser una modificación, no solamente de la ley de semillas, sino de varias normativas. Se trata de modificaciones muy puntuales que tienen que ver con intentar llegar a un objetivo que hoy nos tiene muy complicados: la falta de inversiones en el sector y el acceso a la semilla de sectores de los productores.
En la pantalla aparecen las cinco leyes que proponemos modificar y rápidamente paso a referir qué significa cada una.
En el primer punto, cuando hablamos de la excepción del agricultor y del derecho de uso propio, son básicamente las tres excepciones que existen hoy en la ley. La excepción al fitomejorador, del artículo 25. Allí agregamos un concepto que venimos discutiendo dentro de lo que es la dinámica de las creaciones fitosanitarias, que son las variedades esencialmente derivadas. Estas variedades son aquellas que no se distinguen claramente de su progenitor o que se debe usar a su progenitor en reiteradas oportunidades para volver a generar esa variedad. O pueden ser también, a nuestro entender, aquellas variedades que tienen una patente en trámite o una patente sobre la semilla, que solamente modifican la variedad y no el gen. Nosotros planteamos que se debe reconocer, por parte del creador de esta nueva variedad, los derechos que tienen tanto el que trabajó en el germoplasma patronal, como aquel que tiene la patente sobre el gen.
La segunda excepción es la del agricultor, establecida en el artículo 27. Proponemos resolverlo de la siguiente manera: "No lesiona el derecho de propiedad de un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, solamente en un volumen igual a la variedad fiscalizada originalmente adquirida, o quien usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética".
"Quedan exceptuados de ese límite, siempre que las semillas provengan de semillas fiscalizadas, aquellos productores que hayan tenido una facturación menor de tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista...". Es lo que se ha utilizado en los últimos años para inspeccionar o pedir a los productores el registro de la semilla de uso propio. Son los registros de los cuales habló quién me antecedió en el uso de la palabra. Hay tres registros: uno de soja, uno de trigo, y ahora, uno de algodón. Se utilizaba como línea de corte ese nivel de facturación.
La propuesta continúa así: "...y los pueblos originarios inscriptos en el Registro de Comunidades Indígenas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley 23.302."
La sección del consumo también está en el artículo 27 y se refiere al agricultor que usa o vende el producto obtenido: "El derecho del obtentor no puede ejercerse sobre la materia prima obtenida por el agricultor como producto de una variedad protegida". O sea, si yo tengo un derecho de propiedad sobre una variedad, no puedo ejercer mi derecho sobre el producto. En el país hemos tenido antecedentes de ese tipo, de quiénes han pretendido cobrar, en el producto o en los subproductos, derechos de patentes.
Otro punto es que todos los derechos de propiedad que se ejercen deben ser ejercidos sobre la semilla. Esto tiene que ver con la continuidad jurídica de las normativas que anteceden lo que hoy estamos discutiendo. Arranca con los acuerdos del GATT y acuerdos sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículo 27-3. Allí se excluye de la patentabilidad a las plantas y animales, pero dice que se debe otorgar protección a las obtenciones vegetales, por un sistema de patentes, por un sistema sui géneris o una combinación de ambos.
La Argentina decidió en su momento que el sistema para proteger los derechos de propiedad intelectual es sui géneris. A partir de ahí, mediante la ley 24.376 nuestro país adhiere al Acta UPOV 78, que establece específicamente en su artículo 5° que los derechos de propiedad intelectual se ejercen sobre la producción, la venta y la comercialización de semillas.
Para completar esto, los artículos 6° y 7° de la ley de patentes establecen expresamente que no son patentables la materia viva, sustancias preexistentes, material biológico y genético y los procesos genéticos.
¿Cómo se resuelve? Esto que voy a decir no es algo que hayamos inventado nosotros sino que lo tomamos de la Unión Europea, que lo resuelve de la siguiente manera. Su ley de patentes, que es la Directiva 98/44, acepta el patentamiento de material biológico. Pero el artículo 11 habla de la excepción del agricultor, y dice que debe ser regido por lo previsto en el artículo 14 del reglamento 2100/94, que sería equivalente a nuestra ley de semillas.
Para resolver este tema, nosotros proponemos establecer, en el caso de haber ley de patentes industriales y modelos de utilidad, la caducidad de la patente al momento en que una variedad es inscripta en el Registro Nacional de Propiedades de Cultivares o en el Registro Nacional de Cultivares. De ahí en adelante, todo se rige por ley de semillas.
En cuanto al orden público, decimos que el mismo debe ser específicamente sobre los artículos 25 y 27, que son los que establecen claramente que los derechos de propiedad intelectual se cobran o se ejercen sobre la semilla fiscalizada.
Respecto del INASE,ste es otro tema que debe ser resuelto porque es quien ejercerá el control y la fiscalización de la ley de semillas y de todos sus actores.
El control de la fiscalización es un rol exclusivo del Estado. El INASE es, por ley, la autoridad de aplicación de la ley 20.247. El directorio no ha sido puesto en funciones por una cuestión formal. Al respecto, nosotros proponemos una conformación del Directorio que en realidad consiste en agregar a los representantes del Estado que están faltando, para que el mismo tenga mayoría en el INASE y así pueda funcionar adecuadamente.
En general, somos coincidentes con otros proyectos en cuanto a la constitución del directorio; por lo tanto, no lo voy a decir acá. De todas maneras dejamos material para que los señores diputados lo puedan ver con más detalle.
El último punto, que es clave en el cierre de lo que hablamos hasta ahora, es el costo de la semilla fiscalizada.
Allí planteamos dos formas de fijarlo, y esto se vincula con algo que dije al principio. Por un lado, el Estado debe participar por medio de las herramientas fiscales que tiene, para poder cerrar este tema en el cual venimos discutiendo por lo menos desde hace dieciocho años.
Un punto que fue tratado muchas veces en la Comisión Nacional de Semillas, pero que no pasó de la discusión, es la reducción del 50 por ciento del IVA. Esto ya se hizo para los fertilizantes hace algunos años. El IVA es un impuesto neutro. Al bajar la alícuota del IVA, el comercio tendrá un menor débito fiscal y un menor saldo técnico. Pero al bajarle el IVA al productor, lo que resulta es que tiene menos crédito fiscal y mayor saldo técnico. Es un impuesto neutro y no tiene una incidencia sobre ninguno de los actores, pero sí tiene importancia sobre la semilla, sobre su comercialización y su costo.
La dimensión del costo de la semilla es muy importante para el pequeño productor, para aquel que nosotros exceptuábamos, el monotributista que tiene que comprar semillas y que está inscripto. Es importante bajarle el costo de la semilla. La forma expresa en que se resuelve esto es sustituyendo el inciso b) del artículo 28 de la ley de IVA, agregando como inciso la "semilla fiscalizada". En su momento se hizo sobre el fertilizante y sus aplicaciones, como recordarán.
El segundo tema referido al costo de la semilla consiste en agregar en el impuesto a las ganancias una deducción especial, imputando como gasto un adicional de la facturación de semilla fiscalizada. Hay varios proyectos sobre fertilizantes en este mismo sentido, pero en este caso tiene una singular importancia.
El 80 por ciento de las semillas son utilizadas por el 20 por ciento de los agricultores, es decir, alrededor de 14.000 en todo el país. Hoy ellos estarían obligados a hacer la registración del uso propio. Casi todos facturan por encima de los límites del monotributo, y por lo tanto, estarían dentro del sistema.
En los últimos diez años, el promedio de semillas fiscalizadas utilizadas de variedades que el agricultor reserva para uso propio ha sido del 25 por ciento. Si aplicamos un adicional del ciento por ciento a las semillas fiscalizadas facturadas como gasto, el costo de la semilla fiscalizada sería del 30 por ciento de lo facturado. Esto significa que una bolsa de soja fiscalizada vale 7 por ciento más que una bolsa de soja de uso propio, que sería el grano procesado. En el caso del trigo, una bolsa de trigo fiscalizada vale un 25 por ciento menos que la bolsa de uso propio, que también es grano.
El costo de la semilla fiscalizada converge hacia el precio de la semilla de uso propio.
El 20 por ciento de los agricultores que compran al 80 por ciento las semillas del mercado son sujetos inscriptos en el impuesto a las ganancias. Este beneficio los comprende y despeja cualquier conveniencia económica en la decisión de reservar semillas de uso propio.
Como contrapartida de los costos fiscales se encuentra, en primer lugar, la eliminación de la bolsa blanca. ¿Quién te va a ofrecer una bolsa blanca a un valor mayor que el de una bolsa fiscalizada? O, mejor dicho, ¿quién la va a guardar? En segundo lugar, habrá un aumento muy importante de la facturación en el comercio de semillas fiscalizadas, con una mayor tributación en el impuesto a las ganancias, pero también en el IVA, que nosotros reducimos a la mitad.
En pantalla pueden leer lo siguiente: "Incorpórase el inciso K) del artículo 87 correspondiente a 'deducciones especiales tercera categoría', Ley de Impuesto a las Ganancias". ¿Qué dice dicho inciso? Dos veces el gasto de compra de semilla fiscalizada.
Como reflexión final quiero expresar que la semilla, como resultado del fitomejoramiento continuo, es un insumo estratégico en la cadena agrícola y debe llegar al productor con los máximos estándares de identidad y calidad para permitir expresar todo el potencial genético contenido en ella.
El artículo 1° de la ley actual -el cual creemos que debe permanecer, siendo nuestro objetivo reforzarlo- establece que los valores protegidos en la Ley de Semillas son los de promover la actividad de producción y comercialización de semillas, asegurando a los agricultores la identidad y la calidad de la simiente, y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.
Creemos que la propuesta que hoy estamos trayendo a esta reunión cubre acabadamente dichos objetivos.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el vicepresidente de Coninagro, el señor Egidio Mailland.
SR. MAILLAND Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio de opinión.
Si bien Coninagro es una cooperativa de tercer grado, hoy no solamente me expresaré como su representante sino también como productor. Intentaré explicar muy brevemente cuál es la visión que tenemos los productores del interior, los que estamos lejos de acá.
En Coninagro tenemos una visión muy particular de este asunto. Hace diez, doce o quince años que andamos dando vueltas sobre esto de la propiedad intelectual. Cuando salíamos al mundo -algo que hicimos por un montón de circunstancias-, lo hacíamos para buscar nuevas tecnologías. Esto lo hacíamos por varios motivos. En primer lugar, porque la esencia de la composición de los productores de las cooperativas es ser de medianos a pequeños. Es decir, nosotros no tenemos un problema de escala. Lo hemos tenido hace muchos años y lo vemos venir desde entonces. Si nosotros no levantamos la vara productiva, si no levantamos la escala, vamos a estar en serios problemas.
El otro motivo es que vivimos una agricultura en la cual la biología nos antepone problemas todos los días. De manera que si no apelamos a la tecnología es muy difícil que los podamos superar.
Otro de los temas importantes para que nosotros fuéramos a buscar tecnología nueva es que el agricultor sea amigable con el medioambiente. Ahora no se nota, pero nosotros, que hace muchos años que estamos en el campo, sabemos que antes se usaban metodologías y productos que no eran amigables. Hoy lo podemos reconocer.
Felizmente, hace algo más de quince años se tomaron cartas en el asunto. Hoy es fantástico lo que se usa en el campo -y lo que se ha dejado de usar-, y en esto tienen muchísimo que ver las nuevas tecnologías.
Pero no solamente hablo de granos. Les voy a contar una anécdota. Hace más de diez o doce años, visitábamos nuestras cooperativas, a los pequeños productores, y muy risueñamente le decíamos a uno de ellos: "Vas a tener que dejar y abandonar ese chiquero de chanchos para pasar a tener un criadero de cerdos". ¿Se entiende? No son lo mismo los chanchos que los cerdos.
Hoy, cualquier pequeño productor del interior tiene esa tecnología para cerdos, que algunos hemos traído de Holanda, de Dinamarca o de España. Hemos pagado y seguimos pagando por esa tecnología, pero eso tiene una razón de ser: para el pequeño productor, esto tiene un efecto económico que le ha solucionado esta cuestión.
Nosotros no sabemos pronunciar palabras raras, en inglés, ni menos aun palabras científicas, pero sí sabemos lo que ocurre en el campo cuando podemos adoptar tecnología.
Así fue que llegamos hasta acá, hace un par de años, cuando advertimos que la ley vigente nos empezaba a traer algunos cuestionamientos sobres algunas semillas, con un lío de una empresa privada que genera todo este debate. Entonces, un ministro nos dice: "Júntense las partes, los productores y las semilleras".
Créanme que los que nos sentamos ahí no somos iluminados. Simplemente nos despojamos de muchos prejuicios que existen desde hace muchos años, con la madurez necesaria para quitarnos los prejuicios de "con este tipo yo no hablo" o "por una cuestión de principios tampoco me siento con estos tipos porque son los que venden la semilla". Por el contrario, nos sentamos de igual a igual porque esa gente tiene la solución que me hace falta. Entonces, nos pusimos a discutir en qué punto nos encontrábamos para que una nueva ley nos permitiera, de alguna manera, tener acceso a la tecnología, y me explicaron por qué algunas de esas tecnologías no están en la Argentina. Entonces hablamos de igual a igual y conseguimos cuatro o cinco puntos claves, los básicos, los que ya todos saben y que muchos van a repetir.
Esos puntos son, por ejemplo, que sea un método sencillo; que estamos dispuestos a pagar por esa tecnología -con algunos cuestionamientos que obviamente pusimos nosotros-; que tiene que haber un marco legal adecuado, porque tiene que estar bien enmarcado por una ley; y que, si faltaba el órgano rector de gobierno, está el INASE, que es un organismo al que habrá que dotar de las herramientas que dicen que le hace falta. No será tan difícil. Le daremos las herramientas y ahí tendremos el INASE como marco rector.
Después se nos antepusieron algunas otras cuestiones, como el marco jurídico y el tema de los contratos. Hay todo un mito con el tema de los contratos. Ahora, yo les digo que caminen el interior, porque hay miles de contratos que firmamos con las empresas, con todo tipo de empresas y con todo tipo de tecnología. Y si no, fíjense lo que hoy es el sistema de siembra de cebada en la Argentina. Es todo bajo contrato; millones de toneladas por año. Los chacareros estaremos locos, pero tarados no somos. No firmamos cosas que no sabemos. No somos tontos; que nadie nos subestime. Se puede convivir perfectamente bien en un sistema de contratos con las empresas, no les tenemos ningún miedo. Por eso digo que hay que caminar un poco el interior, ver lo que pasa y qué es lo que hace un productor allá.
Otra cuestión donde vemos que se genera un ruido fenomenal es en el tema de las patentes. Les puedo asegurar que en el interior no tenemos idea de qué son las patentes ni la duración ni palabras raras. Para nosotros esto es como ir a una farmacia a comprar un medicamento que me hace falta; jamás se me ocurriría mirar si dentro del frasco tiene lo que en el marbete dice que debe tener o si la patente la pagó el tipo que dice que la patentó. Habrá un organismo que se hará cargo, y esa es una tarea que le pedimos al Estado. Pero yo, como productor, no me voy a poner a escarbar dentro de las patentes; no tengo ni idea, no es mi función. En tanto y en cuanto haya un órgano rector en la Argentina que lo mire y lo regule, yo me quedo tranquilo.
Hoy lo mencionó la gente del Chaco y coincido mucho respecto de que al pequeño productor no le resulta tan fácil el acceso a las nuevas tecnologías por una cuestión presupuestaria. También es cierto que es el más necesitado de todos en acceder a ellas, porque no solo tiene que levantar el umbral de rendimiento, sino que para muchos de nosotros esa tecnología es la diferencia entre por sembrar un lote o no. Ya no es una cuestión de precios de la semilla. En el Sudeste bonaerense tenemos lotes con nueve malezas resistentes; no es una cuestión de si es cara o barata, sino que es la diferencia entre poder sembrar un lote o no. Entonces, cuando le llevan la semilla adecuada a un productor, vayan a preguntarle qué les va a decir.
En todo caso, sería más inteligente discutir cómo ayudamos a los pequeños productores en lugar de discutir la tecnología; aunque ese es otro debate. Si ese fuera el problema lo podemos discutir. Con los semilleros lo hicimos y en dos horas estaba arreglado. No hay ningún problema, pero tengamos en cuenta que es así. Habría que ver qué es un pequeño productor, pero debatamos cómo ayudarlo y se va arreglar.
En este formidable y gran debate que se da entre el campo y la ciudad, de alguna manera interpreto personalmente que me está marcando un poco en qué país quiero vivir. Por lo tanto, como quiero vivir en un país libre, quiero tener la posibilidad de elegir entre una semilla u otra, un árbol, una planta, un clon de eucaliptos o no. Aquel que no quiera, que no compre; ningún semillero le va a vender nada que usted no quiera comprar. Si lo que vende es una porquería, no se lo vamos a comprar. Nadie nos va a obligar a comprar nada, pero quiero vivir en un país libre, donde tener la libertad de elegir y la opción de comprarla o no.
Si bien Coninagro es una cooperativa de tercer grado, hoy no solamente me expresaré como su representante sino también como productor. Intentaré explicar muy brevemente cuál es la visión que tenemos los productores del interior, los que estamos lejos de acá.
En Coninagro tenemos una visión muy particular de este asunto. Hace diez, doce o quince años que andamos dando vueltas sobre esto de la propiedad intelectual. Cuando salíamos al mundo -algo que hicimos por un montón de circunstancias-, lo hacíamos para buscar nuevas tecnologías. Esto lo hacíamos por varios motivos. En primer lugar, porque la esencia de la composición de los productores de las cooperativas es ser de medianos a pequeños. Es decir, nosotros no tenemos un problema de escala. Lo hemos tenido hace muchos años y lo vemos venir desde entonces. Si nosotros no levantamos la vara productiva, si no levantamos la escala, vamos a estar en serios problemas.
El otro motivo es que vivimos una agricultura en la cual la biología nos antepone problemas todos los días. De manera que si no apelamos a la tecnología es muy difícil que los podamos superar.
Otro de los temas importantes para que nosotros fuéramos a buscar tecnología nueva es que el agricultor sea amigable con el medioambiente. Ahora no se nota, pero nosotros, que hace muchos años que estamos en el campo, sabemos que antes se usaban metodologías y productos que no eran amigables. Hoy lo podemos reconocer.
Felizmente, hace algo más de quince años se tomaron cartas en el asunto. Hoy es fantástico lo que se usa en el campo -y lo que se ha dejado de usar-, y en esto tienen muchísimo que ver las nuevas tecnologías.
Pero no solamente hablo de granos. Les voy a contar una anécdota. Hace más de diez o doce años, visitábamos nuestras cooperativas, a los pequeños productores, y muy risueñamente le decíamos a uno de ellos: "Vas a tener que dejar y abandonar ese chiquero de chanchos para pasar a tener un criadero de cerdos". ¿Se entiende? No son lo mismo los chanchos que los cerdos.
Hoy, cualquier pequeño productor del interior tiene esa tecnología para cerdos, que algunos hemos traído de Holanda, de Dinamarca o de España. Hemos pagado y seguimos pagando por esa tecnología, pero eso tiene una razón de ser: para el pequeño productor, esto tiene un efecto económico que le ha solucionado esta cuestión.
Nosotros no sabemos pronunciar palabras raras, en inglés, ni menos aun palabras científicas, pero sí sabemos lo que ocurre en el campo cuando podemos adoptar tecnología.
Así fue que llegamos hasta acá, hace un par de años, cuando advertimos que la ley vigente nos empezaba a traer algunos cuestionamientos sobres algunas semillas, con un lío de una empresa privada que genera todo este debate. Entonces, un ministro nos dice: "Júntense las partes, los productores y las semilleras".
Créanme que los que nos sentamos ahí no somos iluminados. Simplemente nos despojamos de muchos prejuicios que existen desde hace muchos años, con la madurez necesaria para quitarnos los prejuicios de "con este tipo yo no hablo" o "por una cuestión de principios tampoco me siento con estos tipos porque son los que venden la semilla". Por el contrario, nos sentamos de igual a igual porque esa gente tiene la solución que me hace falta. Entonces, nos pusimos a discutir en qué punto nos encontrábamos para que una nueva ley nos permitiera, de alguna manera, tener acceso a la tecnología, y me explicaron por qué algunas de esas tecnologías no están en la Argentina. Entonces hablamos de igual a igual y conseguimos cuatro o cinco puntos claves, los básicos, los que ya todos saben y que muchos van a repetir.
Esos puntos son, por ejemplo, que sea un método sencillo; que estamos dispuestos a pagar por esa tecnología -con algunos cuestionamientos que obviamente pusimos nosotros-; que tiene que haber un marco legal adecuado, porque tiene que estar bien enmarcado por una ley; y que, si faltaba el órgano rector de gobierno, está el INASE, que es un organismo al que habrá que dotar de las herramientas que dicen que le hace falta. No será tan difícil. Le daremos las herramientas y ahí tendremos el INASE como marco rector.
Después se nos antepusieron algunas otras cuestiones, como el marco jurídico y el tema de los contratos. Hay todo un mito con el tema de los contratos. Ahora, yo les digo que caminen el interior, porque hay miles de contratos que firmamos con las empresas, con todo tipo de empresas y con todo tipo de tecnología. Y si no, fíjense lo que hoy es el sistema de siembra de cebada en la Argentina. Es todo bajo contrato; millones de toneladas por año. Los chacareros estaremos locos, pero tarados no somos. No firmamos cosas que no sabemos. No somos tontos; que nadie nos subestime. Se puede convivir perfectamente bien en un sistema de contratos con las empresas, no les tenemos ningún miedo. Por eso digo que hay que caminar un poco el interior, ver lo que pasa y qué es lo que hace un productor allá.
Otra cuestión donde vemos que se genera un ruido fenomenal es en el tema de las patentes. Les puedo asegurar que en el interior no tenemos idea de qué son las patentes ni la duración ni palabras raras. Para nosotros esto es como ir a una farmacia a comprar un medicamento que me hace falta; jamás se me ocurriría mirar si dentro del frasco tiene lo que en el marbete dice que debe tener o si la patente la pagó el tipo que dice que la patentó. Habrá un organismo que se hará cargo, y esa es una tarea que le pedimos al Estado. Pero yo, como productor, no me voy a poner a escarbar dentro de las patentes; no tengo ni idea, no es mi función. En tanto y en cuanto haya un órgano rector en la Argentina que lo mire y lo regule, yo me quedo tranquilo.
Hoy lo mencionó la gente del Chaco y coincido mucho respecto de que al pequeño productor no le resulta tan fácil el acceso a las nuevas tecnologías por una cuestión presupuestaria. También es cierto que es el más necesitado de todos en acceder a ellas, porque no solo tiene que levantar el umbral de rendimiento, sino que para muchos de nosotros esa tecnología es la diferencia entre por sembrar un lote o no. Ya no es una cuestión de precios de la semilla. En el Sudeste bonaerense tenemos lotes con nueve malezas resistentes; no es una cuestión de si es cara o barata, sino que es la diferencia entre poder sembrar un lote o no. Entonces, cuando le llevan la semilla adecuada a un productor, vayan a preguntarle qué les va a decir.
En todo caso, sería más inteligente discutir cómo ayudamos a los pequeños productores en lugar de discutir la tecnología; aunque ese es otro debate. Si ese fuera el problema lo podemos discutir. Con los semilleros lo hicimos y en dos horas estaba arreglado. No hay ningún problema, pero tengamos en cuenta que es así. Habría que ver qué es un pequeño productor, pero debatamos cómo ayudarlo y se va arreglar.
En este formidable y gran debate que se da entre el campo y la ciudad, de alguna manera interpreto personalmente que me está marcando un poco en qué país quiero vivir. Por lo tanto, como quiero vivir en un país libre, quiero tener la posibilidad de elegir entre una semilla u otra, un árbol, una planta, un clon de eucaliptos o no. Aquel que no quiera, que no compre; ningún semillero le va a vender nada que usted no quiera comprar. Si lo que vende es una porquería, no se lo vamos a comprar. Nadie nos va a obligar a comprar nada, pero quiero vivir en un país libre, donde tener la libertad de elegir y la opción de comprarla o no.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos al representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Tiene la palabra el ingeniero Gustavo Schrauf.
Tiene la palabra el ingeniero Gustavo Schrauf.
SR. SCHRAUF Señor presidente: en primera instancia, gracias por la invitación a compartir este espacio de discusión que me parece muy rico. Vengo hablar en nombre de la Facultad de Agronomía, pero también lo hago de forma personal, porque aunque creo que muchos docentes de la facultad coinciden con algunas cosas que voy a exponer, no puedo responsabilizarlos a todos.
Soy profesor titular de la cátedra de Genética, y cuando empezamos a discutir la importancia de la ley de semillas, debo decir que no le di el nivel de importancia que realmente tenía.
En estos días y durante tiempo aprendí la importancia de la semilla. Primero, la semilla condiciona mucho más que un insumo cualquiera. Condiciona el día en que siembro y el día en que cosecho, si uso o no agroquímicos, la modalidad en que voy a cosechar, pero también el alimento que de esa cosecha voy a obtener está muy condicionado por la genética. Es decir, que con la decisión de la semilla están involucradas demasiadas muchas cosas como para ser negligentes con ella. Además, para la Argentina tiene un valor especial como fuente de divisas.
En pantalla se ven tres grupos: los pueblos originarios son quienes han domesticado las especies, los agricultores son quienes producen los alimentos, y luego hay un cuadrado más grande que habla de investigación y desarrollo, que creo o intuyo -quizás me equivoque- que es uno de los motores por el que se quiere modificar la ley, o al menos los representantes de los productores aquí planteaban una necesidad de tecnología.
No sé si en la ley tiene que estar todo lo que es nueva tecnología, pero quizás haya muchas nuevas tecnologías que hay que pensarlas un poquito y considero necesario debatirlas para decidir al respecto.
Hoy en genética podemos decir que, además de transgénesis, hay edición génica, hay cisgénesis, grafting, epigenética, y son términos que en realidad significan metodologías o tecnologías de mejoramiento, o por lo menos de generar variabilidad para hacer mejoramiento. No sé si en el articulado habrá algo de esto, pero creo que tenemos que pensarlo.
Por otro lado, hay nuevas tecnologías en mejoramiento epigenético, por ejemplo, y quizás deba pensarse en modificar algunas cosas de la ley sobre la base de este tema. Frente a la decisión de qué tecnologías y qué desarrollo darles, la ley también debe ser acorde y pensar cómo orientamos el mejoramiento para el bien común de productores y consumidores, es decir, para el bien común de la Argentina. Seguramente hay intereses económicos contrastantes o sectores que pujan por un lado y por otro, pero tenemos que anteponer el bien común. Me parece que ahí debemos tener un criterio.
Algo que me preocupa mucho es lo que ocurre a nivel mundial con las empresas semilleras. Hay una tendencia mundial a la concentración de la industria semillera de la genética. Si uno hace un poco historia, ya en la década del 70 decían que había pocas empresas, y con respecto a la situación actual, la diferencia es sideral.
Hay un inventario de 2005 en el que se observa la conformación de oligopolios, donde 27 empresas semilleras pasaron a formar parte o fueron compradas por Monsanto, y por lo tanto pasaron a ser una sola empresa. Bayer hizo lo propio con 21 empresas, y Dow con 12.
Dentro de las empresas que compró Monsanto, había empresas argentinas, y lo mismo en el caso de Dow. Dupont engloba a 51 empresas, y Syngenta, a 20.
Eso ocurrió en 2005, pero hoy vuelven a fusionarse. Si pensamos que Bayer compró a Monsanto, que Dow y Dupont se fusionaron, que Syngenta compró a Nidera y ambos son parte de una empresa china, podemos pensar que el 70 por ciento de los agroquímicos son concentrados por estas empresas, junto al 60 por ciento de las semillas.
Si la investigación y el desarrollo quedan en manos solamente de esas empresas, nos generaría una dependencia enorme. No sé si la ley considera actualmente este asunto, pero debe hacerlo. De hecho, salió una nota en el diario The Guardian que decía que tres empresas "están a punto". Bueno, ya están. Me parece que esto es algo que merece ser discutido.
Uno puede hacer una descripción, pero me parece que en verdad lo que tenemos que hacer son propuestas y a nosotros se nos ocurrieron algunas.
Una de las cosas que me parece que pueden mitigar este asunto es que la ley contemple la generación de un fondo para que haya programas de mejoramiento articulados por todos los organismos públicos: el INTA, las universidades y también las empresas, junto con las organizaciones de productores.
Respecto del fondo, yo me baso en un ejemplo que vi en Australia. Cada grano que se comercializa deja un porcentaje para hacer investigación que, si bien es bajo, sumado es mucho dinero. Es decir, cada kilo o tonelada de soja deja un porcentaje para la investigación. Por ejemplo, en el caso del algodón, cada kilo de algodón que se venda podría generar proyectos de investigación para resolver problemas de algodón, algo que quizás no esté en las escalas de las grandes empresas. Recién me comentaban sobre el problema del picudo, que tienen algunos productores. Para muchas empresas ya no es una escala rentable para investigar, pero para el país sí. Quizás podamos articular ejes de cosas muy interesantes.
En esa decisión deberían participar también los consumidores. En la pantalla vemos dos tipos de asado: de feedlot y de pasto. Nosotros hacemos mejoramiento de pastos. A lo mejor todos los argentinos desearíamos tener un asado que tenga más colesterol bueno que malo o con el valor saludable tradicional de la carne argentina, pero si no avanzamos sobre ciertos temas, ese desarrollo no va a existir.
Como facultad hemos avanzado en muchas cosas. Creo que podríamos avanzar muchísimo más si nuestros avances se articularan con otros. Nosotros hemos descubierto genes de tolerancia a la helada en la Antártida, en colaboración con otros institutos; encontramos el origen del único pasto que crece allí.
En pantalla vemos una foto que tiene que ver con el origen evolutivo del pasto, algo muy importante para la Patagonia, y sin ello no se pueden pensar en desarrollos. También hemos logrado crear la primera planta transgénica de un pasto nativo, hemos pasado de especies nativas -gramíneas- que estaban en extinción a productos comerciales, y hemos inscripto más de 14 cultivares que han salido primeros en ensayos comparativos de rendimiento.
Es decir que la capacidad de los organismos del Estado para generar cosas es muy alta, pero no estamos articulados. El impacto productivo es relativamente bajo, aunque uno salga primero en ensayos comparativos de rendimiento.
Me parece que contar con un fondo como ese sería una solución para que los productores cuenten con recursos para su producción. Después profundizaré en cómo hacer el mejoramiento, pero me parece que una forma participativa es bastante interesante, es decir, que el productor también participe en los planes de mejoramiento.
Otra propuesta tiene que ver con los pueblos originarios, que fueron quienes domesticaron los agricultores familiares. Si uno analiza la diversidad que tienen, se da cuenta de que hay que generar un fondo para mantenerla. La facultad hizo una colección enorme de maíces nativos que desgraciadamente se han muerto en las heladeras porque no tenemos la capacidad de multiplicarlos. Pero los productores los tienen, porque los tienen unido a su cultura. Es probable que se deje de sembrar. Hemos ido a comunidades donde los habían perdido y hemos vuelto a sembrarlos. Es muy importante para un país mantener eso como fuente de diversidad. De lo contrario, nos va a pasar lo que mostraban recién del algodón, donde se reduce drásticamente la diversidad de cultivos.
Aquí vemos una foto del bromus mango, podría ser un cereal para celíacos, pero está casi extinto. Lo cultivaban los mapuches.
Una de las cosas que se discute es sobre el uso propio. En ese sentido, me gustaron algunas frases del productor sobre la libertad, en cuanto a poder elegir. Yo creo que sí hay que poder elegir y que también es un desafío generar algo mejor. Eso no significa que uno esté de acuerdo con un comercio ilegal. Creo que tenemos herramientas y los expositores mostraron herramientas de la AFIP para poder controlar las cosas. Hay imágenes satelitales y hay un montón de maneras de controlar, fortaleciendo el INASE y el ministerio, ahora secretaría. Ese fortalecimiento haría que este problema de ilegalidad no existiera.
Un límite que creo que tendrían que tener los agricultores, tanto grandes como medianos y pequeños, es la libertad de sembrar siempre lo mismo. Creo que el monocultivo debería estar restringido.
En ese sentido, me llegó un decreto ley de Uruguay muy interesante, que obliga a las rotaciones y me parece que es una idea interesante para implementar en la Argentina, que va más allá de la ley de semillas.
Una cosa que creo que también la ley debería promover es el mejoramiento participativo, donde los productores participen no solamente en consumir el producto, sino en diseñarlo.
Para un mejorador es un gran desafío poder trabajar con miles de productores y no solamente con un campito experimental.
En conclusión, creo que necesitamos un análisis en profundidad de la modificación de esta ley, dada la relevancia del tema, que va mucho más allá de un órgano multiplicador y propagador. La semilla tiene un valor muy profundo, así como la discusión que tenemos que darle al tema.
Acá se hablaba de generar instancias de discusión. Creo que está bueno que participe todo el mundo y me parece una muy buena idea ampliarla.
Por otro lado, estas propuestas que enumeré, como generar un reconocimiento al mantenimiento de la biodiversidad a los pueblos originarios o agricultores familiares, así como crear un fondo de desarrollo y articulación de programas estratégicos de mejoramiento genético, pueden darle a la Argentina un salto cualitativo. Hay mucha potencialidad en sus organismos. Yo creo que no estamos atrasados en investigación, pero sí en su aplicación.
Por otro lado, hay que incluir en los artículos la promoción del mejoramiento participativo para que los productores también participen en eso.
Por último, es necesario una ley de uso sustentable de la tierra. Por cualquier duda, estoy a su disposición.
Soy profesor titular de la cátedra de Genética, y cuando empezamos a discutir la importancia de la ley de semillas, debo decir que no le di el nivel de importancia que realmente tenía.
En estos días y durante tiempo aprendí la importancia de la semilla. Primero, la semilla condiciona mucho más que un insumo cualquiera. Condiciona el día en que siembro y el día en que cosecho, si uso o no agroquímicos, la modalidad en que voy a cosechar, pero también el alimento que de esa cosecha voy a obtener está muy condicionado por la genética. Es decir, que con la decisión de la semilla están involucradas demasiadas muchas cosas como para ser negligentes con ella. Además, para la Argentina tiene un valor especial como fuente de divisas.
En pantalla se ven tres grupos: los pueblos originarios son quienes han domesticado las especies, los agricultores son quienes producen los alimentos, y luego hay un cuadrado más grande que habla de investigación y desarrollo, que creo o intuyo -quizás me equivoque- que es uno de los motores por el que se quiere modificar la ley, o al menos los representantes de los productores aquí planteaban una necesidad de tecnología.
No sé si en la ley tiene que estar todo lo que es nueva tecnología, pero quizás haya muchas nuevas tecnologías que hay que pensarlas un poquito y considero necesario debatirlas para decidir al respecto.
Hoy en genética podemos decir que, además de transgénesis, hay edición génica, hay cisgénesis, grafting, epigenética, y son términos que en realidad significan metodologías o tecnologías de mejoramiento, o por lo menos de generar variabilidad para hacer mejoramiento. No sé si en el articulado habrá algo de esto, pero creo que tenemos que pensarlo.
Por otro lado, hay nuevas tecnologías en mejoramiento epigenético, por ejemplo, y quizás deba pensarse en modificar algunas cosas de la ley sobre la base de este tema. Frente a la decisión de qué tecnologías y qué desarrollo darles, la ley también debe ser acorde y pensar cómo orientamos el mejoramiento para el bien común de productores y consumidores, es decir, para el bien común de la Argentina. Seguramente hay intereses económicos contrastantes o sectores que pujan por un lado y por otro, pero tenemos que anteponer el bien común. Me parece que ahí debemos tener un criterio.
Algo que me preocupa mucho es lo que ocurre a nivel mundial con las empresas semilleras. Hay una tendencia mundial a la concentración de la industria semillera de la genética. Si uno hace un poco historia, ya en la década del 70 decían que había pocas empresas, y con respecto a la situación actual, la diferencia es sideral.
Hay un inventario de 2005 en el que se observa la conformación de oligopolios, donde 27 empresas semilleras pasaron a formar parte o fueron compradas por Monsanto, y por lo tanto pasaron a ser una sola empresa. Bayer hizo lo propio con 21 empresas, y Dow con 12.
Dentro de las empresas que compró Monsanto, había empresas argentinas, y lo mismo en el caso de Dow. Dupont engloba a 51 empresas, y Syngenta, a 20.
Eso ocurrió en 2005, pero hoy vuelven a fusionarse. Si pensamos que Bayer compró a Monsanto, que Dow y Dupont se fusionaron, que Syngenta compró a Nidera y ambos son parte de una empresa china, podemos pensar que el 70 por ciento de los agroquímicos son concentrados por estas empresas, junto al 60 por ciento de las semillas.
Si la investigación y el desarrollo quedan en manos solamente de esas empresas, nos generaría una dependencia enorme. No sé si la ley considera actualmente este asunto, pero debe hacerlo. De hecho, salió una nota en el diario The Guardian que decía que tres empresas "están a punto". Bueno, ya están. Me parece que esto es algo que merece ser discutido.
Uno puede hacer una descripción, pero me parece que en verdad lo que tenemos que hacer son propuestas y a nosotros se nos ocurrieron algunas.
Una de las cosas que me parece que pueden mitigar este asunto es que la ley contemple la generación de un fondo para que haya programas de mejoramiento articulados por todos los organismos públicos: el INTA, las universidades y también las empresas, junto con las organizaciones de productores.
Respecto del fondo, yo me baso en un ejemplo que vi en Australia. Cada grano que se comercializa deja un porcentaje para hacer investigación que, si bien es bajo, sumado es mucho dinero. Es decir, cada kilo o tonelada de soja deja un porcentaje para la investigación. Por ejemplo, en el caso del algodón, cada kilo de algodón que se venda podría generar proyectos de investigación para resolver problemas de algodón, algo que quizás no esté en las escalas de las grandes empresas. Recién me comentaban sobre el problema del picudo, que tienen algunos productores. Para muchas empresas ya no es una escala rentable para investigar, pero para el país sí. Quizás podamos articular ejes de cosas muy interesantes.
En esa decisión deberían participar también los consumidores. En la pantalla vemos dos tipos de asado: de feedlot y de pasto. Nosotros hacemos mejoramiento de pastos. A lo mejor todos los argentinos desearíamos tener un asado que tenga más colesterol bueno que malo o con el valor saludable tradicional de la carne argentina, pero si no avanzamos sobre ciertos temas, ese desarrollo no va a existir.
Como facultad hemos avanzado en muchas cosas. Creo que podríamos avanzar muchísimo más si nuestros avances se articularan con otros. Nosotros hemos descubierto genes de tolerancia a la helada en la Antártida, en colaboración con otros institutos; encontramos el origen del único pasto que crece allí.
En pantalla vemos una foto que tiene que ver con el origen evolutivo del pasto, algo muy importante para la Patagonia, y sin ello no se pueden pensar en desarrollos. También hemos logrado crear la primera planta transgénica de un pasto nativo, hemos pasado de especies nativas -gramíneas- que estaban en extinción a productos comerciales, y hemos inscripto más de 14 cultivares que han salido primeros en ensayos comparativos de rendimiento.
Es decir que la capacidad de los organismos del Estado para generar cosas es muy alta, pero no estamos articulados. El impacto productivo es relativamente bajo, aunque uno salga primero en ensayos comparativos de rendimiento.
Me parece que contar con un fondo como ese sería una solución para que los productores cuenten con recursos para su producción. Después profundizaré en cómo hacer el mejoramiento, pero me parece que una forma participativa es bastante interesante, es decir, que el productor también participe en los planes de mejoramiento.
Otra propuesta tiene que ver con los pueblos originarios, que fueron quienes domesticaron los agricultores familiares. Si uno analiza la diversidad que tienen, se da cuenta de que hay que generar un fondo para mantenerla. La facultad hizo una colección enorme de maíces nativos que desgraciadamente se han muerto en las heladeras porque no tenemos la capacidad de multiplicarlos. Pero los productores los tienen, porque los tienen unido a su cultura. Es probable que se deje de sembrar. Hemos ido a comunidades donde los habían perdido y hemos vuelto a sembrarlos. Es muy importante para un país mantener eso como fuente de diversidad. De lo contrario, nos va a pasar lo que mostraban recién del algodón, donde se reduce drásticamente la diversidad de cultivos.
Aquí vemos una foto del bromus mango, podría ser un cereal para celíacos, pero está casi extinto. Lo cultivaban los mapuches.
Una de las cosas que se discute es sobre el uso propio. En ese sentido, me gustaron algunas frases del productor sobre la libertad, en cuanto a poder elegir. Yo creo que sí hay que poder elegir y que también es un desafío generar algo mejor. Eso no significa que uno esté de acuerdo con un comercio ilegal. Creo que tenemos herramientas y los expositores mostraron herramientas de la AFIP para poder controlar las cosas. Hay imágenes satelitales y hay un montón de maneras de controlar, fortaleciendo el INASE y el ministerio, ahora secretaría. Ese fortalecimiento haría que este problema de ilegalidad no existiera.
Un límite que creo que tendrían que tener los agricultores, tanto grandes como medianos y pequeños, es la libertad de sembrar siempre lo mismo. Creo que el monocultivo debería estar restringido.
En ese sentido, me llegó un decreto ley de Uruguay muy interesante, que obliga a las rotaciones y me parece que es una idea interesante para implementar en la Argentina, que va más allá de la ley de semillas.
Una cosa que creo que también la ley debería promover es el mejoramiento participativo, donde los productores participen no solamente en consumir el producto, sino en diseñarlo.
Para un mejorador es un gran desafío poder trabajar con miles de productores y no solamente con un campito experimental.
En conclusión, creo que necesitamos un análisis en profundidad de la modificación de esta ley, dada la relevancia del tema, que va mucho más allá de un órgano multiplicador y propagador. La semilla tiene un valor muy profundo, así como la discusión que tenemos que darle al tema.
Acá se hablaba de generar instancias de discusión. Creo que está bueno que participe todo el mundo y me parece una muy buena idea ampliarla.
Por otro lado, estas propuestas que enumeré, como generar un reconocimiento al mantenimiento de la biodiversidad a los pueblos originarios o agricultores familiares, así como crear un fondo de desarrollo y articulación de programas estratégicos de mejoramiento genético, pueden darle a la Argentina un salto cualitativo. Hay mucha potencialidad en sus organismos. Yo creo que no estamos atrasados en investigación, pero sí en su aplicación.
Por otro lado, hay que incluir en los artículos la promoción del mejoramiento participativo para que los productores también participen en eso.
Por último, es necesario una ley de uso sustentable de la tierra. Por cualquier duda, estoy a su disposición.
SR. VERA Ante todo, agradezco a los responsables de las distintas comisiones que nos han invitado a participar en esta presentación.
Primero necesito contextualizar quiénes somos nosotros, la Bolsa de Cereales, porque eso va a condicionar lo que voy a expresar, que será muy breve y sintético.
La Bolsa de Cereales es la entidad empresarial más antigua del país; fue creada el 11 de mayo de 1854. Está integrada a la fecha por 22 entidades que representan a todo el entramado -no me gusta decir cadena- de la actividad cerealera, desde los insumos tecnológicos que están antes de la semilla hasta toda la cadena de comercialización, la cadena de transformación y la obtención de productos y subproductos directos o derivados. De manera tal que consideramos tener una representación donde se escuchan las voces y los intereses de todos los que tengan algo que ver con la actividad granaria, y por ende, con las semillas.
Dicho esto, quiero aclarar que precisamente esa integración hace que hoy estén presentes aquí buena parte de los integrantes de la Bolsa de Cereales, de manera tal que me inhibo de expresar lo que podemos pensar nosotros, sintetizando el punto de vista de cada uno de ellos, porque lo van a saber expresar seguramente con mejor propiedad.
Por lo tanto, lo que humildemente voy a dejar aquí son algunas reflexiones, más que conclusiones, que me parece que deben ser tenidas en cuenta a la hora de sancionar una ley de semillas que tenemos bastante merecida y de la cual estamos bastante necesitados.
La Argentina necesita responder a una demanda mundial de cereales que crece casi geométricamente. Se calcula que en el año 2030 va a haber 9.500 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra, que van a necesitar ser alimentados. Pero en esta cuestión quiero hacer un punto, porque no he escuchado acá ni lo escucho con demasiada frecuencia en los foros donde se tratan los temas vinculados con los cereales. Nosotros pensamos que los cereales tienen que dejar de ser vistos fundamentalmente como un insumo alimentario. Hoy más del 50 por ciento del comercio mundial de cereales tiene destinos diferentes del alimentario.
Creemos que en el futuro eso va a ir creciendo exponencialmente. Pensamos que, así como el siglo XIX fue el siglo del motor a vapor y el XX fue el de la informática, el XXI será el siglo de la biología. Esto será impuesto por la nueva forma de producción que están encarando los distintos países, primero por acuerdos internacionales y, varios de ellos, ya por normas internas de aplicación obligatoria, sobre los sistemas de producción de servicios y hasta de tratamiento de los desperdicios de lo que se produzca.
La defensa del medio ambiente y de la salud animal y humana es lo que da sustento al crecimiento de la denominada "economía verde", que a esta altura de las circunstancias ya está generando un crecimiento, una investigación y un desarrollo cada vez mayor de lo que se llama la bioeconomía, en la que están involucrados los países centrales, que van marcando tendencia alrededor de todo el mundo y del cual la Argentina no debería quedarse afuera. Por lo menos desde la Bolsa estamos muy empeñados en acompañar este proceso, desde nuestras modestas posibilidades, por supuesto.
Entonces, tenemos que pensar que esta economía verde va a estar sustentada en buena parte en los granos y va a competir con los granos destinados a la alimentación. Eso significa que habrá que ser muy cuidadosos porque siempre va a existir la tentación de la producción extensiva, originándose así un ataque a los medios naturales, que deben ser preservados en defensa de los principios ecológicos.
Con esto quiero decir que la investigación y desarrollo en metodologías -dentro de las cuales está la semilla como protagonista fundamental- que permitan obtener la mayor cantidad de producción, el mayor rendimiento, con el menor ataque y la menor consumición del medio productivo van a ser imprescindibles, porque si no vamos a fallar precisamente en el objetivo, que es la defensa de la salud humana y animal, vamos a invadir los pantanos y las mayores concentraciones ecológicas, los bosques y todo aquello que nos proponemos defender.
Eso hace que las semillas tengan un rol todavía más importante que el que estamos concibiendo en estos días desde el punto de vista de la semilla más rendidora o más resistente, que es lo que se llama la primera generación de la transformación genética.
Esa es la primera reflexión que quería hacer.
La segunda es que tengo unos cuantos años en esta actividad -además de tener unos cuantos años de vida- y hace bastante tiempo que vengo participando en la discusión de la cuestión de las semillas. La verdad es que en los temas esenciales que se han escuchado, en los puntos centrales de la materia, siempre hay coincidencia. Me cuesta creer que no hayamos sido capaces de escribir, de tratar de representar en palabras lo que pensamos.
Yo soy abogado y sé lo que ocurre cuando hay confrontación en los puntos de vista de cualquier materia. La verdad es que en los puntos esenciales de la cuestión, como son el uso propio, el derecho a respetar y remunerar la propiedad intelectual, la protección del productor de subsistencia y otros, creo que todo el mundo coincide en que esos aspectos deben ser contemplados. Para decirlo de una forma más o menos romántica, considero que todos tarareamos la misma melodía, pero nos falta escribir la partitura. Ese es el desafío que tiene este Poder Legislativo: ser capaz de interpretar lo que todos los sectores tienen como misión común y acercarlos hasta el punto en que los legisladores deban laudar en todo aquello en lo que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo los distintos sectores que estamos alrededor de la actividad.
Si se hace el esfuerzo de tratar de resumir y tabular todo aquello en lo que los sectores estamos de acuerdo, a los legisladores les va a quedar bastante poco trabajo por hacer, aunque ciertamente va a ser un debate muy arduo, porque si no nos hemos puesto de acuerdo nosotros es porque lo que hay que resolver son precisamente los puntos duros de la negociación núcleo. Nosotros tenemos que demostrar que los sectores que estamos alrededor de este tema somos capaces de ponernos de acuerdo.
Recurro de nuevo a nuestra propia experiencia como Bolsa de Cereales. Entre las entidades que nos integran tenemos una instancia privada, que es la primera instancia judicial: la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales resuelve conflictos entre comerciantes, entre particulares, en el momento en que ya está generado y no antes, como lo contempla una ley. En el momento en que está generado un conflicto siempre es más difícil de resolver. Sin embargo, nuestra Cámara Arbitral resuelve casi todos los conflictos que se presentan; muy pocos terminan siendo sentenciados. Yo diría que es prácticamente despreciable la cantidad de conflictos que se generan alrededor de la actividad granaria que terminan en una sentencia de nuestra Cámara Arbitral. Ni hablar de los que llegan a la Justicia.
Para dar un ejemplo bien claro, les comento que cuando se produjo la crisis del año 2001, en que se generó el tremendo conflicto con los que estaban vendidos en dólares y vino la gran devaluación, se plantearon en todos los ámbitos una cantidad de pleitos fenomenales. Sin embargo, en nuestra Cámara Arbitral los pleitos fueron muy pocos. Los particulares se arreglaron entre ellos, y tanto los grandes conglomerados multinacionales como los pequeños productores solucionaron en general sus problemas por vía de la renegociación de los contratos. Y los pocos que llegaron a la Cámara Arbitral también fueron resueltos en esa instancia apelando a la sensibilidad de las partes y al reconocimiento de la situación. En definitiva, creo que debe haber habido tres o cuatro laudos en temas que no pudieron ser resueltos, frente a lo que era un maremágnum de conflictos entre las partes.
De manera tal que yo creo que tenemos que demostrar que somos capaces porque se puede lograr atender a los intereses de todos los que participan en la actividad. Eso se hace fundamentalmente reconociendo algunos principios sobre los que vale la pena reflexionar.
Como dije antes, escucho aquí que estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales. En primer lugar, para poder resolverlas, hay que aceptar que el interés general se debe anteponer al interés particular. Lo segundo que tenemos que aceptar es que los derechos de uno terminan donde nacen los de los demás. No existen en la Constitución Nacional los derechos absolutos. De manera tal que, por ejemplo, debe existir el uso propio, aunque debe limitarse. Debe existir el respeto por la propiedad intelectual pero debe ser limitado, de manera tal que los intereses de uno no invadan los del otro.
Agradezco la invitación. Podría hablar mucho más sobre este tema, pero creo que he podido expresar lo que más me interesaba.
Primero necesito contextualizar quiénes somos nosotros, la Bolsa de Cereales, porque eso va a condicionar lo que voy a expresar, que será muy breve y sintético.
La Bolsa de Cereales es la entidad empresarial más antigua del país; fue creada el 11 de mayo de 1854. Está integrada a la fecha por 22 entidades que representan a todo el entramado -no me gusta decir cadena- de la actividad cerealera, desde los insumos tecnológicos que están antes de la semilla hasta toda la cadena de comercialización, la cadena de transformación y la obtención de productos y subproductos directos o derivados. De manera tal que consideramos tener una representación donde se escuchan las voces y los intereses de todos los que tengan algo que ver con la actividad granaria, y por ende, con las semillas.
Dicho esto, quiero aclarar que precisamente esa integración hace que hoy estén presentes aquí buena parte de los integrantes de la Bolsa de Cereales, de manera tal que me inhibo de expresar lo que podemos pensar nosotros, sintetizando el punto de vista de cada uno de ellos, porque lo van a saber expresar seguramente con mejor propiedad.
Por lo tanto, lo que humildemente voy a dejar aquí son algunas reflexiones, más que conclusiones, que me parece que deben ser tenidas en cuenta a la hora de sancionar una ley de semillas que tenemos bastante merecida y de la cual estamos bastante necesitados.
La Argentina necesita responder a una demanda mundial de cereales que crece casi geométricamente. Se calcula que en el año 2030 va a haber 9.500 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra, que van a necesitar ser alimentados. Pero en esta cuestión quiero hacer un punto, porque no he escuchado acá ni lo escucho con demasiada frecuencia en los foros donde se tratan los temas vinculados con los cereales. Nosotros pensamos que los cereales tienen que dejar de ser vistos fundamentalmente como un insumo alimentario. Hoy más del 50 por ciento del comercio mundial de cereales tiene destinos diferentes del alimentario.
Creemos que en el futuro eso va a ir creciendo exponencialmente. Pensamos que, así como el siglo XIX fue el siglo del motor a vapor y el XX fue el de la informática, el XXI será el siglo de la biología. Esto será impuesto por la nueva forma de producción que están encarando los distintos países, primero por acuerdos internacionales y, varios de ellos, ya por normas internas de aplicación obligatoria, sobre los sistemas de producción de servicios y hasta de tratamiento de los desperdicios de lo que se produzca.
La defensa del medio ambiente y de la salud animal y humana es lo que da sustento al crecimiento de la denominada "economía verde", que a esta altura de las circunstancias ya está generando un crecimiento, una investigación y un desarrollo cada vez mayor de lo que se llama la bioeconomía, en la que están involucrados los países centrales, que van marcando tendencia alrededor de todo el mundo y del cual la Argentina no debería quedarse afuera. Por lo menos desde la Bolsa estamos muy empeñados en acompañar este proceso, desde nuestras modestas posibilidades, por supuesto.
Entonces, tenemos que pensar que esta economía verde va a estar sustentada en buena parte en los granos y va a competir con los granos destinados a la alimentación. Eso significa que habrá que ser muy cuidadosos porque siempre va a existir la tentación de la producción extensiva, originándose así un ataque a los medios naturales, que deben ser preservados en defensa de los principios ecológicos.
Con esto quiero decir que la investigación y desarrollo en metodologías -dentro de las cuales está la semilla como protagonista fundamental- que permitan obtener la mayor cantidad de producción, el mayor rendimiento, con el menor ataque y la menor consumición del medio productivo van a ser imprescindibles, porque si no vamos a fallar precisamente en el objetivo, que es la defensa de la salud humana y animal, vamos a invadir los pantanos y las mayores concentraciones ecológicas, los bosques y todo aquello que nos proponemos defender.
Eso hace que las semillas tengan un rol todavía más importante que el que estamos concibiendo en estos días desde el punto de vista de la semilla más rendidora o más resistente, que es lo que se llama la primera generación de la transformación genética.
Esa es la primera reflexión que quería hacer.
La segunda es que tengo unos cuantos años en esta actividad -además de tener unos cuantos años de vida- y hace bastante tiempo que vengo participando en la discusión de la cuestión de las semillas. La verdad es que en los temas esenciales que se han escuchado, en los puntos centrales de la materia, siempre hay coincidencia. Me cuesta creer que no hayamos sido capaces de escribir, de tratar de representar en palabras lo que pensamos.
Yo soy abogado y sé lo que ocurre cuando hay confrontación en los puntos de vista de cualquier materia. La verdad es que en los puntos esenciales de la cuestión, como son el uso propio, el derecho a respetar y remunerar la propiedad intelectual, la protección del productor de subsistencia y otros, creo que todo el mundo coincide en que esos aspectos deben ser contemplados. Para decirlo de una forma más o menos romántica, considero que todos tarareamos la misma melodía, pero nos falta escribir la partitura. Ese es el desafío que tiene este Poder Legislativo: ser capaz de interpretar lo que todos los sectores tienen como misión común y acercarlos hasta el punto en que los legisladores deban laudar en todo aquello en lo que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo los distintos sectores que estamos alrededor de la actividad.
Si se hace el esfuerzo de tratar de resumir y tabular todo aquello en lo que los sectores estamos de acuerdo, a los legisladores les va a quedar bastante poco trabajo por hacer, aunque ciertamente va a ser un debate muy arduo, porque si no nos hemos puesto de acuerdo nosotros es porque lo que hay que resolver son precisamente los puntos duros de la negociación núcleo. Nosotros tenemos que demostrar que los sectores que estamos alrededor de este tema somos capaces de ponernos de acuerdo.
Recurro de nuevo a nuestra propia experiencia como Bolsa de Cereales. Entre las entidades que nos integran tenemos una instancia privada, que es la primera instancia judicial: la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.
La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales resuelve conflictos entre comerciantes, entre particulares, en el momento en que ya está generado y no antes, como lo contempla una ley. En el momento en que está generado un conflicto siempre es más difícil de resolver. Sin embargo, nuestra Cámara Arbitral resuelve casi todos los conflictos que se presentan; muy pocos terminan siendo sentenciados. Yo diría que es prácticamente despreciable la cantidad de conflictos que se generan alrededor de la actividad granaria que terminan en una sentencia de nuestra Cámara Arbitral. Ni hablar de los que llegan a la Justicia.
Para dar un ejemplo bien claro, les comento que cuando se produjo la crisis del año 2001, en que se generó el tremendo conflicto con los que estaban vendidos en dólares y vino la gran devaluación, se plantearon en todos los ámbitos una cantidad de pleitos fenomenales. Sin embargo, en nuestra Cámara Arbitral los pleitos fueron muy pocos. Los particulares se arreglaron entre ellos, y tanto los grandes conglomerados multinacionales como los pequeños productores solucionaron en general sus problemas por vía de la renegociación de los contratos. Y los pocos que llegaron a la Cámara Arbitral también fueron resueltos en esa instancia apelando a la sensibilidad de las partes y al reconocimiento de la situación. En definitiva, creo que debe haber habido tres o cuatro laudos en temas que no pudieron ser resueltos, frente a lo que era un maremágnum de conflictos entre las partes.
De manera tal que yo creo que tenemos que demostrar que somos capaces porque se puede lograr atender a los intereses de todos los que participan en la actividad. Eso se hace fundamentalmente reconociendo algunos principios sobre los que vale la pena reflexionar.
Como dije antes, escucho aquí que estamos de acuerdo en las cuestiones fundamentales. En primer lugar, para poder resolverlas, hay que aceptar que el interés general se debe anteponer al interés particular. Lo segundo que tenemos que aceptar es que los derechos de uno terminan donde nacen los de los demás. No existen en la Constitución Nacional los derechos absolutos. De manera tal que, por ejemplo, debe existir el uso propio, aunque debe limitarse. Debe existir el respeto por la propiedad intelectual pero debe ser limitado, de manera tal que los intereses de uno no invadan los del otro.
Agradezco la invitación. Podría hablar mucho más sobre este tema, pero creo que he podido expresar lo que más me interesaba.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el ingeniero Guillermo Farbman, representante de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos -FADIA-.
SR. FARBMAN Como representante de la profesión de la Ingeniería Agronómica -que hemos elegido unos cuantos-, estoy muy agradecido de poder estar aquí.
Yo represento a más de 14.000 ingenieros agrónomos distribuidos en todo el país y a 17 provincias que tienen su colegios, consejos o asociaciones.
A modo de introducción, quiero expresar que hay algo a lo que yo le doy un valor primordial y es que llevo más de cuarenta años de profesión. Me recibí en el año 1977 y en aquel tiempo, cuando me entregaron el diploma, el decano expresó: "Carrera del futuro para alimentar 400.000.000 de habitantes".
Unos años atrás, siendo presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe, tuve la suerte de volver a entregar las medallas de oro a los más altos promedios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la localidad de Zavalla. Allí, habiendo pasado cuarenta años desde que me recibí, el decano volvió a expresar la misma frase: "Podemos alimentar a 400.000.000 de habitantes"; y asimismo, también me elogió.
Cuarenta años no son nada. Cuando yo me recibí se sembraban, a lo sumo, 2.000.000 de hectáreas de soja con un rendimiento más bajo. Hoy estamos cerca de los 20.000.000, con rendimientos más altos; a veces se supera y otras veces no. Cabe señalar que se cambió varias veces el sistema de producción: arados, dar vuelta la tierra, siembra directa, etcétera.
Cuando anuncié que había sido invitado, tuve la suerte de que muchos colegas me brindaran información sobre sus lugares. Hubo gente de Mendoza que me expresó exactamente lo mismo con respecto a las discusiones y demás.
La ley de semillas nos abarca a todos y nos decide como país. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que decidir quiénes queremos ser, porque en función de ello seremos.
Hace un rato, cuando el genetista hablaba de la concentración por parte de las empresas, en mi mente apareció la pérdida de la biodiversidad a la que tanto nosotros debemos estimular.
Hay algo que me duele mucho más. Nosotros somos parte de la maldición de los recursos naturales. Somos un país rico, con tierras ricas, con diversidad de clima y, sin embargo, no logramos dar vuelta la situación.
Para resumir y no sacarles el tiempo a los demás expositores, quiero decir que tomé las modificaciones que pienso que se han estado discutiendo aquí como base para considerar y mejorar la ley. No es mi especialidad ni lo fue. Sí fui director de un semillero, pero no es mi especialidad ser productor de semillas.
Básicamente, lo que nosotros consideramos necesario es que la ley debe regularizar el mercado, transparentando y atendiendo los eslabones de toda la cadena para tratar de equilibrar los intereses de las partes.
También consideramos necesario el cobro de regalías única y exclusivamente en la bolsa y no en otro espacio, y el uso propio acotado o limitado. Además, que el INASE sea el único organismo encargado de llevar adelante las políticas nacionales sobre semilla con poder de policía, para regular, controlar y fiscalizar, pudiendo establecer convenios de colaboración en calidad de fiscalización, por ejemplo, con colegios de ingenieros agrónomos.
Además, el INASE tiene que tener un directorio público y privado, como aquí también se ha dicho, e indudablemente la ley debe ser de orden público. No soy abogado y no entro en discusión porque no es mi métier, pero creo que se debe atender absolutamente a todas las partes. Sabemos que estamos hablando de una especie que lleva un altísimo porcentaje de la producción de semillas, pero no se fiscaliza el ciento por ciento. Según algunos datos, es el 28 o el 25 por ciento; es bajo. Y eso tiene que ver también con cuestiones tributarias. Es decir, hay una porción de esas semillas por la que no se tributa, que se vende en la denominada bolsa blanca.
Nosotros, como organización, como federación, tenemos un convenio bastante ancestral, por decirlo de alguna manera, con el Instituto Nacional de Semillas y solamente la provincia de Santa Fe, años atrás, hizo un convenio también con el INASE para fiscalizar.
En esta ley de semilla, propongo pensar como país, pero no como partes sino como un todo.
Yo represento a más de 14.000 ingenieros agrónomos distribuidos en todo el país y a 17 provincias que tienen su colegios, consejos o asociaciones.
A modo de introducción, quiero expresar que hay algo a lo que yo le doy un valor primordial y es que llevo más de cuarenta años de profesión. Me recibí en el año 1977 y en aquel tiempo, cuando me entregaron el diploma, el decano expresó: "Carrera del futuro para alimentar 400.000.000 de habitantes".
Unos años atrás, siendo presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe, tuve la suerte de volver a entregar las medallas de oro a los más altos promedios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la localidad de Zavalla. Allí, habiendo pasado cuarenta años desde que me recibí, el decano volvió a expresar la misma frase: "Podemos alimentar a 400.000.000 de habitantes"; y asimismo, también me elogió.
Cuarenta años no son nada. Cuando yo me recibí se sembraban, a lo sumo, 2.000.000 de hectáreas de soja con un rendimiento más bajo. Hoy estamos cerca de los 20.000.000, con rendimientos más altos; a veces se supera y otras veces no. Cabe señalar que se cambió varias veces el sistema de producción: arados, dar vuelta la tierra, siembra directa, etcétera.
Cuando anuncié que había sido invitado, tuve la suerte de que muchos colegas me brindaran información sobre sus lugares. Hubo gente de Mendoza que me expresó exactamente lo mismo con respecto a las discusiones y demás.
La ley de semillas nos abarca a todos y nos decide como país. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que decidir quiénes queremos ser, porque en función de ello seremos.
Hace un rato, cuando el genetista hablaba de la concentración por parte de las empresas, en mi mente apareció la pérdida de la biodiversidad a la que tanto nosotros debemos estimular.
Hay algo que me duele mucho más. Nosotros somos parte de la maldición de los recursos naturales. Somos un país rico, con tierras ricas, con diversidad de clima y, sin embargo, no logramos dar vuelta la situación.
Para resumir y no sacarles el tiempo a los demás expositores, quiero decir que tomé las modificaciones que pienso que se han estado discutiendo aquí como base para considerar y mejorar la ley. No es mi especialidad ni lo fue. Sí fui director de un semillero, pero no es mi especialidad ser productor de semillas.
Básicamente, lo que nosotros consideramos necesario es que la ley debe regularizar el mercado, transparentando y atendiendo los eslabones de toda la cadena para tratar de equilibrar los intereses de las partes.
También consideramos necesario el cobro de regalías única y exclusivamente en la bolsa y no en otro espacio, y el uso propio acotado o limitado. Además, que el INASE sea el único organismo encargado de llevar adelante las políticas nacionales sobre semilla con poder de policía, para regular, controlar y fiscalizar, pudiendo establecer convenios de colaboración en calidad de fiscalización, por ejemplo, con colegios de ingenieros agrónomos.
Además, el INASE tiene que tener un directorio público y privado, como aquí también se ha dicho, e indudablemente la ley debe ser de orden público. No soy abogado y no entro en discusión porque no es mi métier, pero creo que se debe atender absolutamente a todas las partes. Sabemos que estamos hablando de una especie que lleva un altísimo porcentaje de la producción de semillas, pero no se fiscaliza el ciento por ciento. Según algunos datos, es el 28 o el 25 por ciento; es bajo. Y eso tiene que ver también con cuestiones tributarias. Es decir, hay una porción de esas semillas por la que no se tributa, que se vende en la denominada bolsa blanca.
Nosotros, como organización, como federación, tenemos un convenio bastante ancestral, por decirlo de alguna manera, con el Instituto Nacional de Semillas y solamente la provincia de Santa Fe, años atrás, hizo un convenio también con el INASE para fiscalizar.
En esta ley de semilla, propongo pensar como país, pero no como partes sino como un todo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos ahora al ingeniero Julián Echazarreta, que va a llevar adelante la exposición en representación de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
SR. ECHAZARRETA Señor presidente: represento a la Asociación de Cooperativas Argentinas, una entidad que nació en 1922 como consecuencia de la voluntad de siete cooperativas de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, hace ya 96 años. Hoy esta entidad está integrada nada menos que por 148 cooperativas y tiene participación en 12 provincias de la República Argentina. Las 148 cooperativas que son sus asociadas tienen una gran cantidad de empleados -más de 11.000-, y están ubicadas en más de 600 localidades a lo largo del país.
Las actividades principales son dos. Una, es la comercialización e industrialización de granos y la otra actividad importante es todo lo relativo a los agroinsumos. Y concretamente en el caso de los agroinsumos una de las actividades es justamente la producción de semillas. Esta producción de semillas está enmarcada y legislada por la actual ley, que tiene ya casi 40 años.
Les quiero mostrar un cuadro que marca que en la República Argentina tenemos una obediencia a la ley de tan solo el 30 por ciento; o sea, 70 por ciento del comercio de semillas autógamas se produce en la llamada bolsa blanca. Si nos comparamos con nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay vamos a ver que ellos tienen un 97 por ciento de cumplimiento de esa ley, que es bastante parecida. Tampoco es muy diferente la ley del Paraguay, que se cumple en el orden del 45 por ciento; algo así como en Brasil, con el 65 por ciento. Pero noten ustedes en la Argentina, que se siembran 20 millones de hectáreas de semillas autógamas en materia de soja nada más -de oleaginosas- lo importante que es este grado de incumplimiento de la ley.
En el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas la actividad de semillas es realizada por dos semilleros. Uno está bajo la responsabilidad de quien me acompaña acá que, como genetista y científico, va a poder expresarse seguidamente con propiedad.
Yo les puedo decir simplemente que a ACA no le va mal con la actual ley en cuanto a la actividad de semillas. No podemos decir que la ACA está insatisfecha con la actual ley, sino muy por el contrario. Es más, desde el punto de vista de la producción en los semilleros, particularmente el de Cabildo, que es donde se desarrollan las semillas de trigo y de cebada, la ACA ha comercializado 33.000 bolsas de semillas originales, y ha percibido regalías por 547.000 bolsas de semillas de trigo, lo cual tiene una participación en el mercado del 20,5 por ciento. Con lo nombrado anteriormente más lo de cebada y soja -aunque no tenga el liderazgo como lo tiene en trigo-, podemos decir que con la actual ley su desempeño no es malo, sino que es bueno.
Con esto quiero decir que ACA no persigue concretamente un interés de queja sobre la actual ley porque en el actual contexto y pese al alto grado de fusiones, adquisiciones y concentración que se da en el mercado, el movimiento cooperativo a través de ACA, se defiende y lo hace bastante bien. Por ser una cooperativa nacional como tal y una sociedad de personas no es una entidad que pueda venderse ni tiene fecha de vencimiento, a diferencia de las sociedades anónimas, lo cual da la tranquilidad de que su rol de empresa testigo del mercado se va conservar.
Ahora bien, estamos ante una ley que tiene 40 años y estamos en una era y un momento histórico en el cual los cambios se aceleran rápidamente y se genera una gran necesidad de alimentos.
Hace pocas semanas se desarrolló en la Argentina el S20, que es la versión científica del G20, que estuvo impulsada por quien fuera presidenta de Alemania, Ángela Merkel. En el S20 los científicos se dedicaron a abarcar dos ejes temáticos fundamentales. Uno, la alimentación y otro, el manejo del suelo, no justamente de los países que componen el grupo del G20, sino los sectores más necesidades de alimentos como son África y Asia.
Vale la pena remarcar algunos conceptos de ese S20. Ellos determinaron científicamente, según las agencias científicas involucradas, que para el 2050 la población mundial crecerá el 30 por ciento, y para ese mismo año, la demanda mundial lo hará en un 70 por ciento. Esa gran necesidad debe satisfacerse con escaso crecimiento de áreas sembrables y con una importante restricción como es la de respetar el medio ambiente y las culturas. Si le sumamos a esto que los países saben perfectamente que la nutrición es una condición necesaria para su desarrollo, vemos entonces que la alimentación debe ser además sana, asequible y sustentable. Hete aquí la importancia estratégica que tiene la semilla, como ya dijeron aquí muchos de quienes me presidieron en el uso de la palabra.
El S20 emitió cinco conclusiones, pero me concentré en la tercera, que se refiere a la importancia que tiene la biotecnología, ya que esta tiene respuesta para la gran necesidad que estamos percibiendo en el mundo. Para la República Argentina esta situación es una gran oportunidad, dado el potencial productor que tiene, que expresamente lleva adelante por sus condiciones no solamente naturales sino por su capital humano, que lo tiene en todos sentidos, desde el productor y los semilleros hasta la industrialización de la semilla.
Entonces, el S20 en su conclusión tercera dice que la biotecnología tiene respuesta para dar por beneficios nutricionales, por mayor uso de tierras marginales, por adecuación de los eventos tecnológicos a requerimiento del lugar, porque se establecen alimentos funcionales -esto es una realidad incontrastable- y porque la fitoquímica tiene ya respuestas para dar.
Estamos en la era del conocimiento, y tenemos una ley de hace 40 años. Tenemos una necesidad muy clara que se proyecta en una fuerte necesidad de enriquecimiento de la producción y mejoramiento de semillas.
¿Quedaremos nosotros voluntariamente al margen de las novedades biotecnológicas que pueden dar esta respuesta porque no damos una correcta solución a la defensa de los derechos de la propiedad intelectual por una ley? ¿No sería una picardía que no logremos este consenso del que se hablaba hoy para obtener un equilibrado respeto de la propia intelectual? Además, cumpliendo con los preceptos que dice la actual ley, que fueron reseñados y que realmente debe mantenerse.
Hemos realizado reuniones con las 154 cooperativas que componen la Asociación de Cooperativas Argentinas y sus productores recabando opiniones a lo largo de todo el país. En estas reuniones nos hemos presentado como lo que somos: apoderados, empleados, colaboradores, y cooperadores de la Asociación de Cooperativas Argentinas que tiene semilleros; no somos productores. Aquí defendemos un interés: el de la Asociación de Cooperativas Argentinas que tienen semilleros, pero consideramos además absolutamente coincidente con el interés del productor. Estamos absolutamente seguros de que es en paralelo con el interés que tiene la República.
En estas consultas, en estas idas y vueltas que hemos tenido con nuestros representados, accionistas y asociados, hemos logrado unos consensos que quisiéramos compartir. Consideramos que es necesario mantener el uso propio; debemos aceptar el sistema de regalías; debemos pensar en un uso propio oneroso. Todos reconocen que es necesario y estamos dispuestos, como dijo un productor anteriormente, a pagar por la tecnología que mejore nuestra producción. Por otro lado, el pago único debe comprender la tecnología y el germoplasma; debe haber determinación de variedades en las cuales pasan al uso de dominio público para que no vuelvan viejos reclamos, y partir de nuevo con una ley como corresponde; debe haber más y mejor control estatal. No sabemos cuál es la fórmula; posiblemente sea hacer lo mismo.
Hemos recogido de esas cooperativas el reclamo y el reconocimiento de la operación necesaria que es la existencia de semilleros multiplicadores. Esto es necesario y actualmente no está contemplado en la ley, ni tampoco lo hemos visto en ningún proyecto.
También hemos recogido la opinión de algunas de nuestras cooperativas respecto de que la nueva ley debe basarse en el orden público. Honestamente, no lo compartimos. Hemos recogido muchas otras opiniones de aquellos que piensan que debemos dar libertad para la autonomía de la voluntad de las partes. Este es el mismo criterio que nosotros tenemos para el comercio de granos y para la contratación de transporte. Tal vez sí sea interesante conservar el orden público para dos de las excepciones que se mencionaron hoy: el fitomejorador y las economías de subsistencia o de los pueblos originarios.
Nuestro mensaje para ustedes es que desde el campo, es decir, desde el terreno de los hechos, observamos que no se paga la propiedad intelectual y ello atenta contra la industria semillera y contra la producción. Necesitamos crecer en la producción por volumen y por calidad. Necesitamos crecer en la exportación de granos y sus productos, para ello es esencial la semilla. Nos abstenemos aquí de opinar sobre aspectos jurídicos o ideológicos. La mejor ley es la ley posible, pero cuidado, señores: si tenemos una ley que atrasa, nos vamos a postrar y vamos a perder una oportunidad histórica.
Las actividades principales son dos. Una, es la comercialización e industrialización de granos y la otra actividad importante es todo lo relativo a los agroinsumos. Y concretamente en el caso de los agroinsumos una de las actividades es justamente la producción de semillas. Esta producción de semillas está enmarcada y legislada por la actual ley, que tiene ya casi 40 años.
Les quiero mostrar un cuadro que marca que en la República Argentina tenemos una obediencia a la ley de tan solo el 30 por ciento; o sea, 70 por ciento del comercio de semillas autógamas se produce en la llamada bolsa blanca. Si nos comparamos con nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay vamos a ver que ellos tienen un 97 por ciento de cumplimiento de esa ley, que es bastante parecida. Tampoco es muy diferente la ley del Paraguay, que se cumple en el orden del 45 por ciento; algo así como en Brasil, con el 65 por ciento. Pero noten ustedes en la Argentina, que se siembran 20 millones de hectáreas de semillas autógamas en materia de soja nada más -de oleaginosas- lo importante que es este grado de incumplimiento de la ley.
En el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas la actividad de semillas es realizada por dos semilleros. Uno está bajo la responsabilidad de quien me acompaña acá que, como genetista y científico, va a poder expresarse seguidamente con propiedad.
Yo les puedo decir simplemente que a ACA no le va mal con la actual ley en cuanto a la actividad de semillas. No podemos decir que la ACA está insatisfecha con la actual ley, sino muy por el contrario. Es más, desde el punto de vista de la producción en los semilleros, particularmente el de Cabildo, que es donde se desarrollan las semillas de trigo y de cebada, la ACA ha comercializado 33.000 bolsas de semillas originales, y ha percibido regalías por 547.000 bolsas de semillas de trigo, lo cual tiene una participación en el mercado del 20,5 por ciento. Con lo nombrado anteriormente más lo de cebada y soja -aunque no tenga el liderazgo como lo tiene en trigo-, podemos decir que con la actual ley su desempeño no es malo, sino que es bueno.
Con esto quiero decir que ACA no persigue concretamente un interés de queja sobre la actual ley porque en el actual contexto y pese al alto grado de fusiones, adquisiciones y concentración que se da en el mercado, el movimiento cooperativo a través de ACA, se defiende y lo hace bastante bien. Por ser una cooperativa nacional como tal y una sociedad de personas no es una entidad que pueda venderse ni tiene fecha de vencimiento, a diferencia de las sociedades anónimas, lo cual da la tranquilidad de que su rol de empresa testigo del mercado se va conservar.
Ahora bien, estamos ante una ley que tiene 40 años y estamos en una era y un momento histórico en el cual los cambios se aceleran rápidamente y se genera una gran necesidad de alimentos.
Hace pocas semanas se desarrolló en la Argentina el S20, que es la versión científica del G20, que estuvo impulsada por quien fuera presidenta de Alemania, Ángela Merkel. En el S20 los científicos se dedicaron a abarcar dos ejes temáticos fundamentales. Uno, la alimentación y otro, el manejo del suelo, no justamente de los países que componen el grupo del G20, sino los sectores más necesidades de alimentos como son África y Asia.
Vale la pena remarcar algunos conceptos de ese S20. Ellos determinaron científicamente, según las agencias científicas involucradas, que para el 2050 la población mundial crecerá el 30 por ciento, y para ese mismo año, la demanda mundial lo hará en un 70 por ciento. Esa gran necesidad debe satisfacerse con escaso crecimiento de áreas sembrables y con una importante restricción como es la de respetar el medio ambiente y las culturas. Si le sumamos a esto que los países saben perfectamente que la nutrición es una condición necesaria para su desarrollo, vemos entonces que la alimentación debe ser además sana, asequible y sustentable. Hete aquí la importancia estratégica que tiene la semilla, como ya dijeron aquí muchos de quienes me presidieron en el uso de la palabra.
El S20 emitió cinco conclusiones, pero me concentré en la tercera, que se refiere a la importancia que tiene la biotecnología, ya que esta tiene respuesta para la gran necesidad que estamos percibiendo en el mundo. Para la República Argentina esta situación es una gran oportunidad, dado el potencial productor que tiene, que expresamente lleva adelante por sus condiciones no solamente naturales sino por su capital humano, que lo tiene en todos sentidos, desde el productor y los semilleros hasta la industrialización de la semilla.
Entonces, el S20 en su conclusión tercera dice que la biotecnología tiene respuesta para dar por beneficios nutricionales, por mayor uso de tierras marginales, por adecuación de los eventos tecnológicos a requerimiento del lugar, porque se establecen alimentos funcionales -esto es una realidad incontrastable- y porque la fitoquímica tiene ya respuestas para dar.
Estamos en la era del conocimiento, y tenemos una ley de hace 40 años. Tenemos una necesidad muy clara que se proyecta en una fuerte necesidad de enriquecimiento de la producción y mejoramiento de semillas.
¿Quedaremos nosotros voluntariamente al margen de las novedades biotecnológicas que pueden dar esta respuesta porque no damos una correcta solución a la defensa de los derechos de la propiedad intelectual por una ley? ¿No sería una picardía que no logremos este consenso del que se hablaba hoy para obtener un equilibrado respeto de la propia intelectual? Además, cumpliendo con los preceptos que dice la actual ley, que fueron reseñados y que realmente debe mantenerse.
Hemos realizado reuniones con las 154 cooperativas que componen la Asociación de Cooperativas Argentinas y sus productores recabando opiniones a lo largo de todo el país. En estas reuniones nos hemos presentado como lo que somos: apoderados, empleados, colaboradores, y cooperadores de la Asociación de Cooperativas Argentinas que tiene semilleros; no somos productores. Aquí defendemos un interés: el de la Asociación de Cooperativas Argentinas que tienen semilleros, pero consideramos además absolutamente coincidente con el interés del productor. Estamos absolutamente seguros de que es en paralelo con el interés que tiene la República.
En estas consultas, en estas idas y vueltas que hemos tenido con nuestros representados, accionistas y asociados, hemos logrado unos consensos que quisiéramos compartir. Consideramos que es necesario mantener el uso propio; debemos aceptar el sistema de regalías; debemos pensar en un uso propio oneroso. Todos reconocen que es necesario y estamos dispuestos, como dijo un productor anteriormente, a pagar por la tecnología que mejore nuestra producción. Por otro lado, el pago único debe comprender la tecnología y el germoplasma; debe haber determinación de variedades en las cuales pasan al uso de dominio público para que no vuelvan viejos reclamos, y partir de nuevo con una ley como corresponde; debe haber más y mejor control estatal. No sabemos cuál es la fórmula; posiblemente sea hacer lo mismo.
Hemos recogido de esas cooperativas el reclamo y el reconocimiento de la operación necesaria que es la existencia de semilleros multiplicadores. Esto es necesario y actualmente no está contemplado en la ley, ni tampoco lo hemos visto en ningún proyecto.
También hemos recogido la opinión de algunas de nuestras cooperativas respecto de que la nueva ley debe basarse en el orden público. Honestamente, no lo compartimos. Hemos recogido muchas otras opiniones de aquellos que piensan que debemos dar libertad para la autonomía de la voluntad de las partes. Este es el mismo criterio que nosotros tenemos para el comercio de granos y para la contratación de transporte. Tal vez sí sea interesante conservar el orden público para dos de las excepciones que se mencionaron hoy: el fitomejorador y las economías de subsistencia o de los pueblos originarios.
Nuestro mensaje para ustedes es que desde el campo, es decir, desde el terreno de los hechos, observamos que no se paga la propiedad intelectual y ello atenta contra la industria semillera y contra la producción. Necesitamos crecer en la producción por volumen y por calidad. Necesitamos crecer en la exportación de granos y sus productos, para ello es esencial la semilla. Nos abstenemos aquí de opinar sobre aspectos jurídicos o ideológicos. La mejor ley es la ley posible, pero cuidado, señores: si tenemos una ley que atrasa, nos vamos a postrar y vamos a perder una oportunidad histórica.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Si bien el tiempo está cumplido, por respeto a los cuatro expositores que aguardan para hacer uso de la palabra, vamos a otorgar tres minutos más al segundo orador para que exprese sus ideas.
SR. BRUNIARD Gracias, señor presidente.
Yo tengo una perspectiva un poco distinta. Soy director de investigación de una empresa de productores de semillas que es la cuarta o quinta empresa de la Argentina. Somos líderes en varios cultivos.
Les voy a contar a los señores diputados por qué necesitamos una ley y en qué nos puede ayudar. Necesitamos una ley porque compramos tecnología; en mi día a día yo compro tecnología. Tengo un laboratorio de tecnología y compro fármacos, reactivos, procesos y variedades mejoradas que luego cruzo con mis propias variedades; para ello tengo que firmar convenios y contratos. Asimismo, compro producción de contra estación para el hemisferio norte.
¿Qué vendo? También necesito una ley para poder vender. Exportamos tecnología y semillas a Ucrania, Italia, Alemania y Uruguay, donde somos líderes.
¿Para qué otras cosas necesitamos una ley? Nosotros tenemos producciones especiales. Aquí se habló de no vender un commodity sino productos tailor made, es decir, productos diseñados a medida. Bien, nosotros exportamos 200.000 toneladas de maíz Flint, una variante del maíz que comen los ingleses en su desayuno. Exportamos trigo de alta calidad con sistemas de trazabilidad. Hacemos producción de semillas en contra estación y estamos trabajando en soja con el perfil modificado de azúcares para la alimentación de peces. Para todo ello necesitamos contratos. Necesitamos que el Código Civil pueda ser aplicado y que podamos hacer libremente contratos.
También necesitamos que nos paguen para poder mantener este tipo de investigaciones que nos permitan competir y seguir manteniendo el ritmo. Hoy nosotros lo estamos perdiendo con respecto a nuestros competidores, me refiero a Brasil y a Estados Unidos. Cabe aclarar que cuando digo nosotros me refiero a al país. Nuestros competidores están teniendo más inversión y, por lo tanto, más recursos.
Desde el punto de vista técnico, no hay razón por la cual no podamos competir con ellos. Deberíamos ser nosotros los que le exportamos a ellos, y ellos quienes nos tengan miedo a nosotros. Para eso necesitamos que nos paguen.
Por eso, señor presidente, desde la perspectiva de la obtención de cultivares, esas serían las razones por las que necesitamos una nueva ley.
Yo tengo una perspectiva un poco distinta. Soy director de investigación de una empresa de productores de semillas que es la cuarta o quinta empresa de la Argentina. Somos líderes en varios cultivos.
Les voy a contar a los señores diputados por qué necesitamos una ley y en qué nos puede ayudar. Necesitamos una ley porque compramos tecnología; en mi día a día yo compro tecnología. Tengo un laboratorio de tecnología y compro fármacos, reactivos, procesos y variedades mejoradas que luego cruzo con mis propias variedades; para ello tengo que firmar convenios y contratos. Asimismo, compro producción de contra estación para el hemisferio norte.
¿Qué vendo? También necesito una ley para poder vender. Exportamos tecnología y semillas a Ucrania, Italia, Alemania y Uruguay, donde somos líderes.
¿Para qué otras cosas necesitamos una ley? Nosotros tenemos producciones especiales. Aquí se habló de no vender un commodity sino productos tailor made, es decir, productos diseñados a medida. Bien, nosotros exportamos 200.000 toneladas de maíz Flint, una variante del maíz que comen los ingleses en su desayuno. Exportamos trigo de alta calidad con sistemas de trazabilidad. Hacemos producción de semillas en contra estación y estamos trabajando en soja con el perfil modificado de azúcares para la alimentación de peces. Para todo ello necesitamos contratos. Necesitamos que el Código Civil pueda ser aplicado y que podamos hacer libremente contratos.
También necesitamos que nos paguen para poder mantener este tipo de investigaciones que nos permitan competir y seguir manteniendo el ritmo. Hoy nosotros lo estamos perdiendo con respecto a nuestros competidores, me refiero a Brasil y a Estados Unidos. Cabe aclarar que cuando digo nosotros me refiero a al país. Nuestros competidores están teniendo más inversión y, por lo tanto, más recursos.
Desde el punto de vista técnico, no hay razón por la cual no podamos competir con ellos. Deberíamos ser nosotros los que le exportamos a ellos, y ellos quienes nos tengan miedo a nosotros. Para eso necesitamos que nos paguen.
Por eso, señor presidente, desde la perspectiva de la obtención de cultivares, esas serían las razones por las que necesitamos una nueva ley.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Es el turno de los representantes de la empresa Gensus, vinculada a la producción de semillas de algodón en la República Argentina.
Tiene la palabra el señor Casares.
Tiene la palabra el señor Casares.
SR. CASARES Buenas tardes: creo que va a ser difícil capturar la atención porque la actualidad pasa mucho más por los celulares que por las caras que tenemos enfrente. Y si bien es propio de la época, siempre hay cosas que se pueden mejorar.
Dicho esto, me presento. Soy Santiago Casares y represento a un criadero del Chaco, de Avia Terai, una localidad de Roque Sáenz Peña, en el centro oeste de la provincia. Producimos semilla de algodón y somos el único semillero que produce semilla fiscalizada de algodón en la República Argentina.
La primera pregunta que podríamos hacernos es por qué somos el único criadero de algodón. La respuesta es obvia: porque no hay defensa de los derechos de obtentor. No hay interés de invertir. No hay interés de venir y competir. Como dijo mi antecesor, los que hacen investigación necesitan que les paguen su trabajo porque como la producción de alimentos se realiza para alimentar y para ganar dinero, es lógico que los que ganamos dinero con la producción paguemos por lo que recibimos.
Esta ley, como han dicho, no es la ley Monsanto, INTA, etcétera. Para mí, es la ley eficiencia o ley competitividad. Esto es lo que hay que lograr. Eficiencia y competitividad.
No hace muchos años Argentina tenía y tiene los productores más competitivos del mundo. Los productores argentinos han sabido pelear contra múltiples inconvenientes, generados de afuera y desde adentro.
Pero como también dijo quien me antecedió en la palabra, estamos perdiendo la carrera. Por primera vez, Argentina está perdiendo la carrera de la producción de alimentos y de fibras. Esto no es un discurso vacío. Es la realidad.
Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, con respecto a nuestro cultivo, que es el algodón. Hace años, Brasil, decidió hacia dónde quería ir, decidió un sistema de captura de valor y fue para adelante. Tenía 500.000 hectáreas de algodón; hoy tiene 1 millón.
Brasil produce 4.000 kilos de algodón por hectárea y 2.000 kilos de fibra de algodón por hectárea. Tiene 45 variedades, 11 elementos biotecnológicos y 6 criaderos de semillas de algodón.
El único criadero que tiene Argentina es el INTA y tiene un solo semillero, que es Gensus. Tiene 4 variedades y 2 eventos. El último evento salió hace 18 años. En Brasil, el último evento, salió este año.
Es muy difícil competir de esa manera. Hoy la hectárea de Brasil produce aproximadamente 2.000 dólares más de facturación que la hectárea de algodón de Argentina. No sé cuánto de esto se debe a la genética, pero sin duda que es un factor sumamente importante y nosotros graciosamente estamos regalando ese dinero. Resulta incomprensible que lo hagamos.
El principal beneficiario del ordenamiento del mercado de semillas es el productor; no es el criadero ni el semillero sino el productor. Eso es lo que debemos tener en claro.
Dentro de todo esto también deben tenerse en cuenta sin duda las cuestiones culturales. Los argentinos no somos muy afectos al cumplimiento de la ley en distintos ámbitos, por lo cual por buena que sea la norma si no hay adecuados sistemas de control en este ambiente de semillas autógamas, donde el producto es idéntico a su progenitor, la ley puede fracasar. Se necesita un INASE fuerte, empoderado y con capacidad de tomar decisiones.
Desde el Chaco los productores necesitan inversiones en genética. El INTA necesita que le reconozcan su esfuerzo.
Nosotros decimos que estamos preocupados porque dos o tres empresas están acaparando el negocio en el mundo. Es verdad; no es bueno, pero es la realidad. Lo que tenemos que hacer es empoderar a nuestras instituciones de investigación, asignarles el presupuesto que necesitan y darles un marco legal para que puedan introducir los últimos eventos que hay en el mundo en sus excelentes germoplasmas como son las variedades del INTA, que lamentablemente hoy están introgresados con un gen que tiene 20 años mientras que la genética es de última generación. El INTA tiene lo mejor y lo único que le dejamos poner es algo viejo, perimido y que no se utiliza en el mundo.
Dicho esto, me presento. Soy Santiago Casares y represento a un criadero del Chaco, de Avia Terai, una localidad de Roque Sáenz Peña, en el centro oeste de la provincia. Producimos semilla de algodón y somos el único semillero que produce semilla fiscalizada de algodón en la República Argentina.
La primera pregunta que podríamos hacernos es por qué somos el único criadero de algodón. La respuesta es obvia: porque no hay defensa de los derechos de obtentor. No hay interés de invertir. No hay interés de venir y competir. Como dijo mi antecesor, los que hacen investigación necesitan que les paguen su trabajo porque como la producción de alimentos se realiza para alimentar y para ganar dinero, es lógico que los que ganamos dinero con la producción paguemos por lo que recibimos.
Esta ley, como han dicho, no es la ley Monsanto, INTA, etcétera. Para mí, es la ley eficiencia o ley competitividad. Esto es lo que hay que lograr. Eficiencia y competitividad.
No hace muchos años Argentina tenía y tiene los productores más competitivos del mundo. Los productores argentinos han sabido pelear contra múltiples inconvenientes, generados de afuera y desde adentro.
Pero como también dijo quien me antecedió en la palabra, estamos perdiendo la carrera. Por primera vez, Argentina está perdiendo la carrera de la producción de alimentos y de fibras. Esto no es un discurso vacío. Es la realidad.
Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, con respecto a nuestro cultivo, que es el algodón. Hace años, Brasil, decidió hacia dónde quería ir, decidió un sistema de captura de valor y fue para adelante. Tenía 500.000 hectáreas de algodón; hoy tiene 1 millón.
Brasil produce 4.000 kilos de algodón por hectárea y 2.000 kilos de fibra de algodón por hectárea. Tiene 45 variedades, 11 elementos biotecnológicos y 6 criaderos de semillas de algodón.
El único criadero que tiene Argentina es el INTA y tiene un solo semillero, que es Gensus. Tiene 4 variedades y 2 eventos. El último evento salió hace 18 años. En Brasil, el último evento, salió este año.
Es muy difícil competir de esa manera. Hoy la hectárea de Brasil produce aproximadamente 2.000 dólares más de facturación que la hectárea de algodón de Argentina. No sé cuánto de esto se debe a la genética, pero sin duda que es un factor sumamente importante y nosotros graciosamente estamos regalando ese dinero. Resulta incomprensible que lo hagamos.
El principal beneficiario del ordenamiento del mercado de semillas es el productor; no es el criadero ni el semillero sino el productor. Eso es lo que debemos tener en claro.
Dentro de todo esto también deben tenerse en cuenta sin duda las cuestiones culturales. Los argentinos no somos muy afectos al cumplimiento de la ley en distintos ámbitos, por lo cual por buena que sea la norma si no hay adecuados sistemas de control en este ambiente de semillas autógamas, donde el producto es idéntico a su progenitor, la ley puede fracasar. Se necesita un INASE fuerte, empoderado y con capacidad de tomar decisiones.
Desde el Chaco los productores necesitan inversiones en genética. El INTA necesita que le reconozcan su esfuerzo.
Nosotros decimos que estamos preocupados porque dos o tres empresas están acaparando el negocio en el mundo. Es verdad; no es bueno, pero es la realidad. Lo que tenemos que hacer es empoderar a nuestras instituciones de investigación, asignarles el presupuesto que necesitan y darles un marco legal para que puedan introducir los últimos eventos que hay en el mundo en sus excelentes germoplasmas como son las variedades del INTA, que lamentablemente hoy están introgresados con un gen que tiene 20 años mientras que la genética es de última generación. El INTA tiene lo mejor y lo único que le dejamos poner es algo viejo, perimido y que no se utiliza en el mundo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tienen la palabra los representantes de CASEM, Cámara de Semilleros Multiplicadores de la República Argentina, Raúl Pagnoni y Arturo Maderna.
SR. PAGNONI Buenas tardes. En nombre de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores les agradecemos que nos hayan invitado a exponer sobre el proyecto de ley de semillas presentado por el diputado Luis Contigiani, con quien lo hemos estado elaborando desde el año 2007 y venimos trabajando, modificando y aggiornándolo permanentemente a los cambios que se van produciendo.
CASEM siempre tuvo la premisa de trabajar en un proyecto de ley que respete los intereses de toda la cadena de simientes en forma armónica y ordenada para un funcionamiento virtuoso, que se constituya en el marco esencial para que se ordene el uso de los eventos biotecnológicos, la genética y otras tecnologías aplicadas a la producción de semillas.
El proyecto que presentamos lo vemos innovador ya que abarca a todos los actores de la cadena de semilla. Para CASEM la semilla es un bien estratégico nacional y como tal debe ser el primer eslabón de la producción primaria y de la cadena agroalimentaria.
A partir de ella nuestro país desarrolla un proceso de producción que tiene un alto impacto social, laboral, tecnológico, económico y político, y constituye el primer eslabón, como dije, de la producción primaria y de la cadena alimentaria.
Nuestro proyecto incluye expresamente la figura del semillero multiplicador como un actor estratégico en la cadena de semillas ya que no está contemplado en la legislación vigente. Este sector tiene un rol fundamental en la transferencia de tecnología y en el asesoramiento al productor agropecuario actuando como un nexo entre el criadero obtentor, el comercio y/o el usuario.
Los semilleros multiplicadores están ubicados generalmente en pequeñas localidades de nuestro país y aportan un gran esfuerzo para el funcionamiento del sector semillero a través de sus ingenieros agrónomos, responsables técnicos, quienes desarrollan una labor profesional sumamente valiosa e indispensable, transmitiendo los conocimientos al usuario de las semillas para que puedan desarrollar con éxito en su empresa agropecuaria.
Decimos que en la ley los semilleros multiplicadores deben tener libre acceso a todo cultivar inscripto siguiendo las condiciones comerciales que establezca el criadero obtentor. Los obtentores deben permitir a los multiplicadores tener la novedad sobre las nuevas variedades que se comercializan en el mercado antes de ser ofrecidas a los usuarios.
El derecho de propiedad de un cultivar pertenece a la persona que lo obtuvo y es independiente de las disposiciones que reglamentan la producción, comercialización, certificación, importación y exportación de semillas de las variedades vegetales. La propiedad de un cultivar no debe impedir que otras personas puedan utilizar a este para la creación de un nuevo cultivar.
También decimos que la sola incorporación de genes genéticamente modificados a un cultivar o línea pura no podrá definirse como nueva, ya que lo que define una variedad o una línea pura es su pool genético propio. Los genes modificados para nosotros son un plus a incorporar a un cultivar o una línea definida.
En nuestro proyecto se consigna que la ley debe ser de orden público estableciéndose en forma expresa la irrenunciabilidad de los derechos allí previstos, como forma de evitar la existencia en paralelo de acuerdos privados que desconozcan los alcances y efectos de la ley.
Para CASEM el INASE debe ser el único organismo autorizado para fiscalizar y regular el mercado de semillas. Asimismo, el INASE debe ser el único organismo en llevar adelante la política nacional en materia de semillas así como el único con poder de policía. Se debe respetar su autarquía para que el sistema realmente funcione.
También decimos que la CONASE e el INASE se deben democratizar y federalizar a los representantes de la cadena de las semillas en la futura constitución de esos organismos. Deben estar presentes algunos organismos del sector público como la CONABIA, que hoy no está, y del sector privado, y deben tener un mayor reconocimiento los semilleros multiplicadores, así como la Federación de Ingenieros Agrónomos que son los motores que dan impulso a todo este sistema.
Proponemos también en la ley la creación de algunos registros para eventos biotecnológicos y otros de empresas generadoras de eventos biotecnológicos aplicados a los vegetales. También un registro de empresas ligadas a la producción a través del sistema de propagación agámica, y un registro de usuarios, autorizándolos a hacer un uso propio gratuito.
Con respecto a las regalías, para CASEM la bolsa de semillas debe ser el único medio de retribución económica. Para nosotros las regalías deben comenzar y terminar en la bolsa de semillas. El pago de las regalías al obtentor debe contemplar un criterio de integralidad, valor tecnológico más patentes, es decir, deben incluir el pago del germoplasma y el aporte de la biotecnología que contenga la variedad previo a su comercialización.
Se habla mucho del uso propio. CASEM propone una fórmula diferente de las que se han venido nombrando hasta recién. Propone un uso propio gratuito y limitado a aquellos agricultores que tengan una facturación no mayor a las que se establezca en la categoría pyme, conforme a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa -SEPyME-, que se actualiza permanentemente y está en el Ministerio de Agroindustria; por eso decimos que debe haber en el Instituto Nacional de Semillas un registro de los productores que puedan hacer uso propio.
El derecho a la reserva y siembra de semillas para uso propio gratuito será solo para aquellos usuarios que cumplan con la definición de "agricultor" expresada en el artículo 4° inciso u). Quien supere ese límite deberá adquirir semillas fiscalizadas todos los años para que el circuito se realimente. O sea, en todas las campañas quien supere el límite de las micropymes debería adquirir semilla fiscalizada y con eso estaríamos cubriendo en parte también todo lo que es valor tecnológico y patente.
Nos oponemos abiertamente al uso propio oneroso e ilimitado. Para nosotros el uso propio oneroso e ilimitado que tenemos -llega a oídos nuestros que hay quienes lo están proponiendo- significa, entre otras cosas, que no habrá certeza en la verdadera oferta y demanda de las variedades sometidas a dicho régimen ya que el control de la información solo estará en manos de los dueños de la tecnología.
En la práctica, significa para nosotros legalizar la bolsa blanca. Por eso apelo a que los diputados responsables de esto estudien muy bien el tema, porque no es menor que legalicemos la bolsa blanca. No importará qué semilla se siembre ni de dónde se la obtenga; solo interesará que se abone un canon sobre la cantidad que convenga. Significa la pérdida total del control del Estado sobre el circuito productivo de la semilla. El INASE perderá su función indelegable, que es el ejercicio de fiscalización y control sobre lo que se siembra, a la vez que su función solo será segundaria y también significa para el Estado una muy baja producción de semillas fiscalizadas con la consecuente pérdida en cobro de impuestos.
CASEM considera, en virtud del convenio internacional UPOV 78, que los litigios deben ser competencia de tribunales federales con jurisdicción en el lugar donde se origine el hecho.
CASEM siempre tuvo la premisa de trabajar en un proyecto de ley que respete los intereses de toda la cadena de simientes en forma armónica y ordenada para un funcionamiento virtuoso, que se constituya en el marco esencial para que se ordene el uso de los eventos biotecnológicos, la genética y otras tecnologías aplicadas a la producción de semillas.
El proyecto que presentamos lo vemos innovador ya que abarca a todos los actores de la cadena de semilla. Para CASEM la semilla es un bien estratégico nacional y como tal debe ser el primer eslabón de la producción primaria y de la cadena agroalimentaria.
A partir de ella nuestro país desarrolla un proceso de producción que tiene un alto impacto social, laboral, tecnológico, económico y político, y constituye el primer eslabón, como dije, de la producción primaria y de la cadena alimentaria.
Nuestro proyecto incluye expresamente la figura del semillero multiplicador como un actor estratégico en la cadena de semillas ya que no está contemplado en la legislación vigente. Este sector tiene un rol fundamental en la transferencia de tecnología y en el asesoramiento al productor agropecuario actuando como un nexo entre el criadero obtentor, el comercio y/o el usuario.
Los semilleros multiplicadores están ubicados generalmente en pequeñas localidades de nuestro país y aportan un gran esfuerzo para el funcionamiento del sector semillero a través de sus ingenieros agrónomos, responsables técnicos, quienes desarrollan una labor profesional sumamente valiosa e indispensable, transmitiendo los conocimientos al usuario de las semillas para que puedan desarrollar con éxito en su empresa agropecuaria.
Decimos que en la ley los semilleros multiplicadores deben tener libre acceso a todo cultivar inscripto siguiendo las condiciones comerciales que establezca el criadero obtentor. Los obtentores deben permitir a los multiplicadores tener la novedad sobre las nuevas variedades que se comercializan en el mercado antes de ser ofrecidas a los usuarios.
El derecho de propiedad de un cultivar pertenece a la persona que lo obtuvo y es independiente de las disposiciones que reglamentan la producción, comercialización, certificación, importación y exportación de semillas de las variedades vegetales. La propiedad de un cultivar no debe impedir que otras personas puedan utilizar a este para la creación de un nuevo cultivar.
También decimos que la sola incorporación de genes genéticamente modificados a un cultivar o línea pura no podrá definirse como nueva, ya que lo que define una variedad o una línea pura es su pool genético propio. Los genes modificados para nosotros son un plus a incorporar a un cultivar o una línea definida.
En nuestro proyecto se consigna que la ley debe ser de orden público estableciéndose en forma expresa la irrenunciabilidad de los derechos allí previstos, como forma de evitar la existencia en paralelo de acuerdos privados que desconozcan los alcances y efectos de la ley.
Para CASEM el INASE debe ser el único organismo autorizado para fiscalizar y regular el mercado de semillas. Asimismo, el INASE debe ser el único organismo en llevar adelante la política nacional en materia de semillas así como el único con poder de policía. Se debe respetar su autarquía para que el sistema realmente funcione.
También decimos que la CONASE e el INASE se deben democratizar y federalizar a los representantes de la cadena de las semillas en la futura constitución de esos organismos. Deben estar presentes algunos organismos del sector público como la CONABIA, que hoy no está, y del sector privado, y deben tener un mayor reconocimiento los semilleros multiplicadores, así como la Federación de Ingenieros Agrónomos que son los motores que dan impulso a todo este sistema.
Proponemos también en la ley la creación de algunos registros para eventos biotecnológicos y otros de empresas generadoras de eventos biotecnológicos aplicados a los vegetales. También un registro de empresas ligadas a la producción a través del sistema de propagación agámica, y un registro de usuarios, autorizándolos a hacer un uso propio gratuito.
Con respecto a las regalías, para CASEM la bolsa de semillas debe ser el único medio de retribución económica. Para nosotros las regalías deben comenzar y terminar en la bolsa de semillas. El pago de las regalías al obtentor debe contemplar un criterio de integralidad, valor tecnológico más patentes, es decir, deben incluir el pago del germoplasma y el aporte de la biotecnología que contenga la variedad previo a su comercialización.
Se habla mucho del uso propio. CASEM propone una fórmula diferente de las que se han venido nombrando hasta recién. Propone un uso propio gratuito y limitado a aquellos agricultores que tengan una facturación no mayor a las que se establezca en la categoría pyme, conforme a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa -SEPyME-, que se actualiza permanentemente y está en el Ministerio de Agroindustria; por eso decimos que debe haber en el Instituto Nacional de Semillas un registro de los productores que puedan hacer uso propio.
El derecho a la reserva y siembra de semillas para uso propio gratuito será solo para aquellos usuarios que cumplan con la definición de "agricultor" expresada en el artículo 4° inciso u). Quien supere ese límite deberá adquirir semillas fiscalizadas todos los años para que el circuito se realimente. O sea, en todas las campañas quien supere el límite de las micropymes debería adquirir semilla fiscalizada y con eso estaríamos cubriendo en parte también todo lo que es valor tecnológico y patente.
Nos oponemos abiertamente al uso propio oneroso e ilimitado. Para nosotros el uso propio oneroso e ilimitado que tenemos -llega a oídos nuestros que hay quienes lo están proponiendo- significa, entre otras cosas, que no habrá certeza en la verdadera oferta y demanda de las variedades sometidas a dicho régimen ya que el control de la información solo estará en manos de los dueños de la tecnología.
En la práctica, significa para nosotros legalizar la bolsa blanca. Por eso apelo a que los diputados responsables de esto estudien muy bien el tema, porque no es menor que legalicemos la bolsa blanca. No importará qué semilla se siembre ni de dónde se la obtenga; solo interesará que se abone un canon sobre la cantidad que convenga. Significa la pérdida total del control del Estado sobre el circuito productivo de la semilla. El INASE perderá su función indelegable, que es el ejercicio de fiscalización y control sobre lo que se siembra, a la vez que su función solo será segundaria y también significa para el Estado una muy baja producción de semillas fiscalizadas con la consecuente pérdida en cobro de impuestos.
CASEM considera, en virtud del convenio internacional UPOV 78, que los litigios deben ser competencia de tribunales federales con jurisdicción en el lugar donde se origine el hecho.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Agradecemos por su exposición al señor Raúl Pagnoni y también por su presencia al señor Arturo Maderna, asesor legal de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores.
La anteúltima exposición estará a cargo del representante de la Cámara Argentina del Maní, el señor Eduardo Nervi. Lo invitamos a que exponga su punto de vista desde esta importante economía regional.
La anteúltima exposición estará a cargo del representante de la Cámara Argentina del Maní, el señor Eduardo Nervi. Lo invitamos a que exponga su punto de vista desde esta importante economía regional.
SR. NERVI Buenas tardes a todos. Pesan sobre mí 12.000 familias que vengo a representar hoy aquí, así que para no olvidarme de nada ni equivocarme voy a leerles cuál es la postura de nuestra cámara.
Desde la Cámara Argentina del Maní apoyamos la aprobación de una ley de semillas moderna que permita promover el desarrollo de uno de los elementos más importantes de la economía nacional, que para nosotros es la producción agrícola.
Consideramos que la nueva ley debe responder fundamentalmente a cuatro principios. En primer lugar, no debe ser de orden público. En este sentido, creemos importante evitar confusiones y ambigüedades. El objetivo de la ley debe ser incentivar el desarrollo de los cultivos protegiendo las inversiones en tecnología y desarrollo realizadas por las entidades públicas y privadas.
Por otra parte, debe existir la obligación de remunerar a las entidades que desarrollen exitosamente las nuevas variedades por medio de regalías u otros instrumentos claros. El uso propio de semillas desarrolladas por una entidad tercera debe ser limitado coherentemente con el punto precedente. Además, las normas establecidas deben ser fiscalizadas por el INASE, el que podrá recurrir a privados delegando su poder de control cuando sea necesario.
En la Argentina la industria del maní genera ingresos anuales por más de 900 millones de dólares. En el transcurso de los años el sector logró invertir en equipamiento y en procesos hasta lograr el nivel de calidad que le permitió adquirir la cuota del mercado más grande y competitiva a nivel internacional, que es el de la Unión Europea. De 1.292.000 toneladas de maní producidas en la campaña 2016-2017, el 80 por ciento se destinó al mercado externo, y unas treinta localidades del interior de la provincia de Córdoba sostienen sus economías gracias a la agroindustria manisera como única fuente significativa de empleo.
También cabe mencionar el papel vital que cada empresa posee en la vida de su comunidad ayudando a sostener el funcionamiento de escuelas, estaciones de policía y de bomberos, hospitales y consorcios camineros, lo cual permite una alta retención de los jóvenes en la zona de origen con un óptimo nivel de escolarización.
Asimismo, este sector involucra alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos en dichas localidades, incluyendo los relacionados con la producción y comercialización de fitosanitarios y fabricación de equipos y maquinarias agrícolas e industriales. Sin embargo, el sector aún posee desafíos por resolver y el más relevante es la dependencia de una sola variedad de maní utilizada para el cultivo en el país. Me refiero a que más del 90 por ciento del maní sembrado en la Argentina pertenece a la variedad Runner Alto Oleico, conocida como alto oleico.
Mientras instituciones públicas y privadas están trabajando para generar nuevas variedades, la realidad es que aproximadamente en los últimos quince años no se lanzó ninguna variedad comercialmente relevante.
Esta situación implica un claro e inminente riesgo para el sector manisero y para el desarrollo económico del territorio de la provincia de Córdoba, dada la concreta posibilidad de que la difusión de graves hongos, bacterias u otras plagas asociadas no se puedan contrarrestar eficazmente con el uso de otras variedades inmunes o resistentes a disposición de los productores.
La moderna actividad de mejoramiento de las especies vegetales para el uso agrícola requiere significativas inversiones, equipamientos, vinculaciones internacionales y la participación de recursos humanos con elevada especialización en genética, bioinformática y otras especialidades.
En nuestra opinión, es imposible para las empresas e instituciones invertir los fondos necesarios para alcanzar resultados concretos sin que haya instrumentos legales que protejan las inversiones realizadas. Probablemente, el problema descripto es más agudo en el caso del maní en comparación con otros sectores agrícolas a causa de la cantidad relativamente pequeña de hectáreas dedicadas a este cultivo, que oscilan entre las 350.000 y 400.000 hectáreas en los últimos años, lo cual hace más difícil incentivar a empresas para invertir en la generación de variedades sin una tutela clara y eficaz.
Realmente, tuvimos poco tiempo para prepararnos pero considerábamos que era muy importante venir a exponer nuestra situación: somos empresas productoras, hay un par que están desarrollando semillas, pero la realidad es que estamos alrededor de tres años atrasados en relación con nuestro principal competidor, que es Estados Unidos; incluso, Brasil se está desarrollando con mejores rendimientos. Cuando uno ve el rendimiento de la Argentina en términos de toneladas por hectárea, viene cayendo año tras año.
Necesitamos un marco, después legislarlo le va a corresponder a quien tenga el trabajo de hacerlo, nuestro trabajo es producir, básicamente. Necesitamos un marco que incentive el desarrollo tecnológico para una semilla con un ciclo corto, para una semilla que resista la sequía; necesitamos tecnología para poder seguir compitiendo y no caer del lugar que tenemos hoy, que como país somos el principal exportador del mundo.
Desde la Cámara Argentina del Maní apoyamos la aprobación de una ley de semillas moderna que permita promover el desarrollo de uno de los elementos más importantes de la economía nacional, que para nosotros es la producción agrícola.
Consideramos que la nueva ley debe responder fundamentalmente a cuatro principios. En primer lugar, no debe ser de orden público. En este sentido, creemos importante evitar confusiones y ambigüedades. El objetivo de la ley debe ser incentivar el desarrollo de los cultivos protegiendo las inversiones en tecnología y desarrollo realizadas por las entidades públicas y privadas.
Por otra parte, debe existir la obligación de remunerar a las entidades que desarrollen exitosamente las nuevas variedades por medio de regalías u otros instrumentos claros. El uso propio de semillas desarrolladas por una entidad tercera debe ser limitado coherentemente con el punto precedente. Además, las normas establecidas deben ser fiscalizadas por el INASE, el que podrá recurrir a privados delegando su poder de control cuando sea necesario.
En la Argentina la industria del maní genera ingresos anuales por más de 900 millones de dólares. En el transcurso de los años el sector logró invertir en equipamiento y en procesos hasta lograr el nivel de calidad que le permitió adquirir la cuota del mercado más grande y competitiva a nivel internacional, que es el de la Unión Europea. De 1.292.000 toneladas de maní producidas en la campaña 2016-2017, el 80 por ciento se destinó al mercado externo, y unas treinta localidades del interior de la provincia de Córdoba sostienen sus economías gracias a la agroindustria manisera como única fuente significativa de empleo.
También cabe mencionar el papel vital que cada empresa posee en la vida de su comunidad ayudando a sostener el funcionamiento de escuelas, estaciones de policía y de bomberos, hospitales y consorcios camineros, lo cual permite una alta retención de los jóvenes en la zona de origen con un óptimo nivel de escolarización.
Asimismo, este sector involucra alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos en dichas localidades, incluyendo los relacionados con la producción y comercialización de fitosanitarios y fabricación de equipos y maquinarias agrícolas e industriales. Sin embargo, el sector aún posee desafíos por resolver y el más relevante es la dependencia de una sola variedad de maní utilizada para el cultivo en el país. Me refiero a que más del 90 por ciento del maní sembrado en la Argentina pertenece a la variedad Runner Alto Oleico, conocida como alto oleico.
Mientras instituciones públicas y privadas están trabajando para generar nuevas variedades, la realidad es que aproximadamente en los últimos quince años no se lanzó ninguna variedad comercialmente relevante.
Esta situación implica un claro e inminente riesgo para el sector manisero y para el desarrollo económico del territorio de la provincia de Córdoba, dada la concreta posibilidad de que la difusión de graves hongos, bacterias u otras plagas asociadas no se puedan contrarrestar eficazmente con el uso de otras variedades inmunes o resistentes a disposición de los productores.
La moderna actividad de mejoramiento de las especies vegetales para el uso agrícola requiere significativas inversiones, equipamientos, vinculaciones internacionales y la participación de recursos humanos con elevada especialización en genética, bioinformática y otras especialidades.
En nuestra opinión, es imposible para las empresas e instituciones invertir los fondos necesarios para alcanzar resultados concretos sin que haya instrumentos legales que protejan las inversiones realizadas. Probablemente, el problema descripto es más agudo en el caso del maní en comparación con otros sectores agrícolas a causa de la cantidad relativamente pequeña de hectáreas dedicadas a este cultivo, que oscilan entre las 350.000 y 400.000 hectáreas en los últimos años, lo cual hace más difícil incentivar a empresas para invertir en la generación de variedades sin una tutela clara y eficaz.
Realmente, tuvimos poco tiempo para prepararnos pero considerábamos que era muy importante venir a exponer nuestra situación: somos empresas productoras, hay un par que están desarrollando semillas, pero la realidad es que estamos alrededor de tres años atrasados en relación con nuestro principal competidor, que es Estados Unidos; incluso, Brasil se está desarrollando con mejores rendimientos. Cuando uno ve el rendimiento de la Argentina en términos de toneladas por hectárea, viene cayendo año tras año.
Necesitamos un marco, después legislarlo le va a corresponder a quien tenga el trabajo de hacerlo, nuestro trabajo es producir, básicamente. Necesitamos un marco que incentive el desarrollo tecnológico para una semilla con un ciclo corto, para una semilla que resista la sequía; necesitamos tecnología para poder seguir compitiendo y no caer del lugar que tenemos hoy, que como país somos el principal exportador del mundo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias a Eduardo Nervi, con la mirada de la Cámara Argentina de Productores del Maní.
Para cerrar esta primera jornada de exposiciones sobre este importante tema que estamos tratando, invitamos ahora al representante de la Federación Argentina de Acopiadores de Grano, ingeniero Armando Casalins.
Para cerrar esta primera jornada de exposiciones sobre este importante tema que estamos tratando, invitamos ahora al representante de la Federación Argentina de Acopiadores de Grano, ingeniero Armando Casalins.
SR. CASALINS Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible porque veo que hay mucha gente que se ha tenido que retirar.
Antes que nada, agradezco a Atilio Benedetti que nos haya invitado para poder participar de esta jornada.
Nosotros representamos a los acopiadores, que básicamente son empresas familiares distribuidas en todo el interior del país y que se dedican, fundamentalmente, a recibir granos de los productores, a acondicionarlos, almacenarlos y despacharlos a los grandes centros de consumo.
Existen alrededor de mil empresas que tienen sus orígenes, básicamente, como empresas familiares. Si bien no es un tema involucrado del sector, la parte de semillas, lo es indirectamente a través de que los acopiadores también son productores, sembrando alrededor de un poco más de dos millones de hectáreas. También hay muchos de nuestros asociados que son semilleros multiplicadores, otros se dedican solamente a la parte comercial.
Observamos varios proyectos que modifican a esta ley de semillas, que lleva ya muchos años, pero hace veinte años que escucho que se va a modificar la ley de semillas y siempre estamos en el mismo punto.
Coincido con la Bolsa de Cereales en que hay acuerdos. Nosotros nos adherimos al acuerdo de entendimiento que se firmó entre casi todos los sectores, en diciembre de 2017.
En esos acuerdos en realidad lo que se dice es que va a haber un uso propio oneroso y que además se van a fijar las regalías de las próximos tres campañas.
Nosotros creemos que es un avance sustancial. Evidentemente lo que se tiene que hacer es buscar una excepción al pequeño productor y a los pueblos originarios. Pero para eso también tenemos que definir qué es un pequeño productor en cuanto a su producción. Nos parece que es más razonable ir a buscar al pequeño productor en cuanto a la producción que en cuanto a cualquier sistema impositivo que se pretenda fijar. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso.
A veces notamos que no se avanza en la cuestión de la fiscalización. La fiscalización es un tema muy complejo evidentemente porque nunca llegamos a ninguna solución.
A mí me gustaría hacer simplemente una mención o una reflexión para buscar otro sistema más sencillo, de más fácil implementación como lo han hecho otros países como Francia. Francia ha decidido implementar una suerte de regalía global en cuanto al trigo, y con esta regalía global baja sustancialmente la fiscalización del INASE, obviamente porque va a haber una retención en la unidad de producción que realice el productor. De manera que todos pagarán un canon muy pequeño.
Pero el canon que nosotros estamos pensando tiene que ser total, o sea, tanto con germoplasma como biotecnología, que se agoten las semillas, como lo han dicho ya varios de mis antecesores. De esta manera el sistema se revisa muy sencillamente. Obviamente, hay que fijar cánones que los maneje una suerte de organismo público-privado para su distribución, sobre todo en la parte privada.
Por supuesto sabemos que pueden existir dificultades que hagan que el obtentor a lo mejor no se vea demasiado incentivado a seguir buscando nuevas alternativas genéticas. Pero habría que buscarle la vuelta a eso y el sistema sería mucho más sencillo.
Antes que nada, agradezco a Atilio Benedetti que nos haya invitado para poder participar de esta jornada.
Nosotros representamos a los acopiadores, que básicamente son empresas familiares distribuidas en todo el interior del país y que se dedican, fundamentalmente, a recibir granos de los productores, a acondicionarlos, almacenarlos y despacharlos a los grandes centros de consumo.
Existen alrededor de mil empresas que tienen sus orígenes, básicamente, como empresas familiares. Si bien no es un tema involucrado del sector, la parte de semillas, lo es indirectamente a través de que los acopiadores también son productores, sembrando alrededor de un poco más de dos millones de hectáreas. También hay muchos de nuestros asociados que son semilleros multiplicadores, otros se dedican solamente a la parte comercial.
Observamos varios proyectos que modifican a esta ley de semillas, que lleva ya muchos años, pero hace veinte años que escucho que se va a modificar la ley de semillas y siempre estamos en el mismo punto.
Coincido con la Bolsa de Cereales en que hay acuerdos. Nosotros nos adherimos al acuerdo de entendimiento que se firmó entre casi todos los sectores, en diciembre de 2017.
En esos acuerdos en realidad lo que se dice es que va a haber un uso propio oneroso y que además se van a fijar las regalías de las próximos tres campañas.
Nosotros creemos que es un avance sustancial. Evidentemente lo que se tiene que hacer es buscar una excepción al pequeño productor y a los pueblos originarios. Pero para eso también tenemos que definir qué es un pequeño productor en cuanto a su producción. Nos parece que es más razonable ir a buscar al pequeño productor en cuanto a la producción que en cuanto a cualquier sistema impositivo que se pretenda fijar. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso.
A veces notamos que no se avanza en la cuestión de la fiscalización. La fiscalización es un tema muy complejo evidentemente porque nunca llegamos a ninguna solución.
A mí me gustaría hacer simplemente una mención o una reflexión para buscar otro sistema más sencillo, de más fácil implementación como lo han hecho otros países como Francia. Francia ha decidido implementar una suerte de regalía global en cuanto al trigo, y con esta regalía global baja sustancialmente la fiscalización del INASE, obviamente porque va a haber una retención en la unidad de producción que realice el productor. De manera que todos pagarán un canon muy pequeño.
Pero el canon que nosotros estamos pensando tiene que ser total, o sea, tanto con germoplasma como biotecnología, que se agoten las semillas, como lo han dicho ya varios de mis antecesores. De esta manera el sistema se revisa muy sencillamente. Obviamente, hay que fijar cánones que los maneje una suerte de organismo público-privado para su distribución, sobre todo en la parte privada.
Por supuesto sabemos que pueden existir dificultades que hagan que el obtentor a lo mejor no se vea demasiado incentivado a seguir buscando nuevas alternativas genéticas. Pero habría que buscarle la vuelta a eso y el sistema sería mucho más sencillo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Quiero agradecerles a todos los expositores que han estado presentes y han venido a exponer con absoluta claridad su punto de vista.
Quiero decirles, para tranquilidad de todos, que más allá de que algunos señores diputados no han podido asistir, nuestro cuerpo de taquígrafos ha tomado nota de todas las exposiciones que van a ser circularizadas para que puedan ser tenidas en cuenta al momento que vayamos a considerar este tema y firmar un dictamen.
A la brevedad vamos a informar sobre la próxima reunión, con día y hora, y la nómina de los próximos expositores invitados.
No habiendo más asuntos que considerar doy por finalizada la reunión.
Quiero decirles, para tranquilidad de todos, que más allá de que algunos señores diputados no han podido asistir, nuestro cuerpo de taquígrafos ha tomado nota de todas las exposiciones que van a ser circularizadas para que puedan ser tenidas en cuenta al momento que vayamos a considerar este tema y firmar un dictamen.
A la brevedad vamos a informar sobre la próxima reunión, con día y hora, y la nómina de los próximos expositores invitados.
No habiendo más asuntos que considerar doy por finalizada la reunión.
Es la hora 18 y 49.