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AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 02/10/2018
- SEMILLAS CON INVITADOS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dos días del mes de octubre de 2018, a la hora 17 y 13:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el marco de la segunda jornada de exposiciones sobre la reforma de la antigua ley 20.247, de semillas. Dado que no existe la necesidad de emitir dictamen, estamos en condiciones de dar inicio sin quórum, y lo haremos por respeto también a los disertantes, que tienen otros compromisos.
En este sentido, vamos a comenzar con la nómina de invitados para el día de hoy. Quiero explicarles que en principio vamos a otorgar 10 minutos a cada expositor, con la flexibilidad necesaria para que expresen las ideas que quieran transmitir a los señores diputados integrantes de las comisiones. Cuando se vayan acercando a los 10 minutos, se los indicaré, para que puedan con tranquilidad ir redondeando cada exposición.
En primer lugar, tiene la palabra la representación de la Sociedad Rural Argentina. Se encuentra presente su presidente recientemente confirmado, el señor Daniel Pelegrina, acompañado por el señor Gonzalo Villegas. Los invito a que ocupen un lugar junto a mí, para comenzar con su exposición.
En este sentido, vamos a comenzar con la nómina de invitados para el día de hoy. Quiero explicarles que en principio vamos a otorgar 10 minutos a cada expositor, con la flexibilidad necesaria para que expresen las ideas que quieran transmitir a los señores diputados integrantes de las comisiones. Cuando se vayan acercando a los 10 minutos, se los indicaré, para que puedan con tranquilidad ir redondeando cada exposición.
En primer lugar, tiene la palabra la representación de la Sociedad Rural Argentina. Se encuentra presente su presidente recientemente confirmado, el señor Daniel Pelegrina, acompañado por el señor Gonzalo Villegas. Los invito a que ocupen un lugar junto a mí, para comenzar con su exposición.
SR. PELEGRINA Señor presidente, señores legisladores: gracias por recibirnos y por permitirnos hablar sobre la ley de semillas. Voy a comenzar reiterando -lo hemos manifestado más de una vez- que si no existe un mecanismo de control adecuado, no hay ley que funcione en el país para ninguna cosa, y las semillas no son la excepción. La fuerte recomendación para quienes tienen que trabajar en el tema es empezar por la integración del Directorio del INASE, un organismo balanceado de participación pública y privada que trabaja para encontrar los mejores mecanismos de control. Tenemos una ley vigente, pero una parte del problema es que no se la ha controlado debidamente, y también debemos mejorarla por el paso del tiempo.
La Sociedad Rural Argentina -especialmente el ingeniero Villegas- ha estado involucrada en un proceso de diálogo fructífero con otras entidades representantes de productores y con el sector de la industria semillera. Hemos buscado acuerdos y consensos, y hemos llegado a puntos de encuentro importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el anexo 1 del memorándum. En tal sentido, nosotros decimos que "se reconoce la práctica del uso propio de semillas por parte de los productores, que se encuentra ampliamente expandida, y se acuerda la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología implementen modelos de negocios que se adapten a la realidad agrícola local de la Argentina." Este es un derecho en nuestra ley, que debe ser considerado a la hora de volver a legislar.
Nuevamente, allí las entidades gremiales reconocemos que a través del necesario pago de la tecnología contenida en las semillas, las empresas tienen que tener resarcimiento por toda la investigación que han hecho y por lo que han invertido. Acordamos que todos los productores deben pagar una contraprestación por el uso propio de la semilla, salvo excepciones como la agricultura familiar, que tiene que estar exceptuada de esta normativa. Es un capítulo sobre el que tenemos que trabajar.
Otro punto acordado es que el pago por germoplasma y biotecnología se realizará al momento de la compra de la semilla fiscalizada a través del canal habitual de compra, en una sola factura y cada vez que se revise el uso propio.
Cuando se iniciaron las negociaciones en el marco de este foro de encuentro teníamos distintas posiciones. Nosotros opinamos que puede hacerse un uso propio gratuito pero con una limitación de tiempo y en un proceso adecuado a la realidad de los modelos de negocio y a la economía argentina. La situación ha sido afectada gravemente, especialmente por los derechos de exportación de productos como la soja o el trigo, que hicieron que la rentabilidad fuera muy acotada.
Nuestra posición está reflejada en varios documentos, que incluso hemos presentado en el INASE, en el sentido de limitar el derecho a uso propio de los productores a una superficie determinada que responda a la compra de semilla original. A través de un mecanismo es necesario encontrar un coto a ese uso propio de la compra original en un tiempo determinado, que justamente tiene que ver con el modelo de negocio.
A partir de allí, la propuesta que teníamos desde la Rural en aquel momento tenía que ver con permitir la reserva de semillas que excediera el límite previsto para el uso propio gratuito, que nosotros denominamos caseramente "incremental". Dicho uso propio gratuito estaría limitado, en una primera instancia, a las hectáreas por las que el agricultor inicialmente hubiera pagado al comprar semilla fiscalizada. En un proceso gradual, se podría establecer un vencimiento de ese uso gratuito.
Entonces, la idea sería permitir la reserva de semillas que excediera el límite previsto para el uso propio gratuito a través del pago de un monto único por la semilla reservada como uso propio oneroso. Es decir, lo que excediera esa superficie sería de uso propio oneroso, y los pagos se harían de la misma manera en que se hace cuando se compra la semilla original, en una factura, manteniéndose la relación contractual solamente con quien emitió la factura.
En tal sentido, coincidimos también en esta acta, en su primer anexo, con este ítem que dice que el productor quedaría exceptuado de cualquier reclamo de pago una vez que hubiera efectivizado el pago por la compra de semilla fiscalizada o que hubiera hecho un uso propio oneroso de ella. Esto quiere decir que, de allí en adelante, se cortan los derechos de cualquier tipo de producción.
Recordemos además que, según nuestra visión, no se debe circunscribir esta reforma de la ley de semillas solamente a la soja y el trigo, sino que debe abarcar otras tantas semillas que son pasibles de ser multiplicadas y que también tienen que estar contenidas en estos derechos.
Aquí acordábamos que el valor de las regalías por genética y biotecnología, y cualquier otra tecnología nueva aplicada, lo definiría el titular de cada derecho. Nosotros creemos que, de alguna manera, debe primar lo privado. Es necesario brindar previsibilidad, especialmente a los productores, por cuanto siempre creímos en la importancia de tener un tope máximo por las regalías correspondientes ya preestablecidas por un plazo de tres años, un plazo "equis", como estaba acordado, cuyos valores debieran ser debidamente comunicados.
Indudablemente -y considerando lo que fue el comienzo-, nuestra visión es que es el Estado el que debe tener el poder de policía y el control del comercio de semillas, aunque creemos que puede también sostenerse con apoyo de privados, debidamente controlados por el poder de policía del Estado.
A partir de allí, coincido con todo esto que tiene que ver con esta acta que comenté y con algún comentario adicional que tenemos por haber analizado otros sistemas de captura de valor de tecnología en cultivos en otros países, relativo a una práctica de desgravación impositiva por el uso de semillas fiscalizadas. Estimamos que este último es un mecanismo acorde y que funciona bien en muchos países, especialmente para las empresas pymes. Realmente, creo que debemos considerar esta posibilidad.
Claramente hubo un tratamiento diferencial en cuanto a la alícuota del IVA del 21 por ciento que actualmente tienen las semillas. Pensamos que es posible bajarla; sabemos que hay algunos países cuyas legislaciones fijan ese valor en cero.
Por último, todos estos sistemas de control deben ser simples, transparentes y accesibles para los productores.
Con respecto a algo que también ha quedado en la discusión y que tiene que ver con la obligatoriedad de la aplicación de la ley de semillas, creemos fuertemente que debe existir la posibilidad, dentro de la legislación de semillas, de que haya un acuerdo de partes, contratos para productos de especialidades o acordados entre partes para el uso de determinadas tecnologías. Esta es una cuestión que, indudablemente, si bien ya está instalada en la agricultura, a futuro tendrá mayor énfasis.
Sabemos que, a veces, hay pesos específicos diferenciales entre el poder de acción de un productor y las compañías, por lo que, amén de creer en la necesidad de reforzar los organismos de defensa de la competencia por parte del Estado y de que sean eficientes, cabe eventualmente considerar, dentro de la ley de semillas, que, a falta de acuerdo entre partes y si no hubiere un contrato, primará la ley.
Hemos repasado, entonces, los puntos que queríamos destacar. Se ha trabajado fructíferamente y creemos absolutamente necesaria una remodelación de la ley actual. Pero, por sobre todas las cosas, es imprescindible trabajar sobre el sistema de control. Creo que allí tenemos mucho para buscar acuerdos entre privados.
La Sociedad Rural Argentina -especialmente el ingeniero Villegas- ha estado involucrada en un proceso de diálogo fructífero con otras entidades representantes de productores y con el sector de la industria semillera. Hemos buscado acuerdos y consensos, y hemos llegado a puntos de encuentro importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el anexo 1 del memorándum. En tal sentido, nosotros decimos que "se reconoce la práctica del uso propio de semillas por parte de los productores, que se encuentra ampliamente expandida, y se acuerda la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología implementen modelos de negocios que se adapten a la realidad agrícola local de la Argentina." Este es un derecho en nuestra ley, que debe ser considerado a la hora de volver a legislar.
Nuevamente, allí las entidades gremiales reconocemos que a través del necesario pago de la tecnología contenida en las semillas, las empresas tienen que tener resarcimiento por toda la investigación que han hecho y por lo que han invertido. Acordamos que todos los productores deben pagar una contraprestación por el uso propio de la semilla, salvo excepciones como la agricultura familiar, que tiene que estar exceptuada de esta normativa. Es un capítulo sobre el que tenemos que trabajar.
Otro punto acordado es que el pago por germoplasma y biotecnología se realizará al momento de la compra de la semilla fiscalizada a través del canal habitual de compra, en una sola factura y cada vez que se revise el uso propio.
Cuando se iniciaron las negociaciones en el marco de este foro de encuentro teníamos distintas posiciones. Nosotros opinamos que puede hacerse un uso propio gratuito pero con una limitación de tiempo y en un proceso adecuado a la realidad de los modelos de negocio y a la economía argentina. La situación ha sido afectada gravemente, especialmente por los derechos de exportación de productos como la soja o el trigo, que hicieron que la rentabilidad fuera muy acotada.
Nuestra posición está reflejada en varios documentos, que incluso hemos presentado en el INASE, en el sentido de limitar el derecho a uso propio de los productores a una superficie determinada que responda a la compra de semilla original. A través de un mecanismo es necesario encontrar un coto a ese uso propio de la compra original en un tiempo determinado, que justamente tiene que ver con el modelo de negocio.
A partir de allí, la propuesta que teníamos desde la Rural en aquel momento tenía que ver con permitir la reserva de semillas que excediera el límite previsto para el uso propio gratuito, que nosotros denominamos caseramente "incremental". Dicho uso propio gratuito estaría limitado, en una primera instancia, a las hectáreas por las que el agricultor inicialmente hubiera pagado al comprar semilla fiscalizada. En un proceso gradual, se podría establecer un vencimiento de ese uso gratuito.
Entonces, la idea sería permitir la reserva de semillas que excediera el límite previsto para el uso propio gratuito a través del pago de un monto único por la semilla reservada como uso propio oneroso. Es decir, lo que excediera esa superficie sería de uso propio oneroso, y los pagos se harían de la misma manera en que se hace cuando se compra la semilla original, en una factura, manteniéndose la relación contractual solamente con quien emitió la factura.
En tal sentido, coincidimos también en esta acta, en su primer anexo, con este ítem que dice que el productor quedaría exceptuado de cualquier reclamo de pago una vez que hubiera efectivizado el pago por la compra de semilla fiscalizada o que hubiera hecho un uso propio oneroso de ella. Esto quiere decir que, de allí en adelante, se cortan los derechos de cualquier tipo de producción.
Recordemos además que, según nuestra visión, no se debe circunscribir esta reforma de la ley de semillas solamente a la soja y el trigo, sino que debe abarcar otras tantas semillas que son pasibles de ser multiplicadas y que también tienen que estar contenidas en estos derechos.
Aquí acordábamos que el valor de las regalías por genética y biotecnología, y cualquier otra tecnología nueva aplicada, lo definiría el titular de cada derecho. Nosotros creemos que, de alguna manera, debe primar lo privado. Es necesario brindar previsibilidad, especialmente a los productores, por cuanto siempre creímos en la importancia de tener un tope máximo por las regalías correspondientes ya preestablecidas por un plazo de tres años, un plazo "equis", como estaba acordado, cuyos valores debieran ser debidamente comunicados.
Indudablemente -y considerando lo que fue el comienzo-, nuestra visión es que es el Estado el que debe tener el poder de policía y el control del comercio de semillas, aunque creemos que puede también sostenerse con apoyo de privados, debidamente controlados por el poder de policía del Estado.
A partir de allí, coincido con todo esto que tiene que ver con esta acta que comenté y con algún comentario adicional que tenemos por haber analizado otros sistemas de captura de valor de tecnología en cultivos en otros países, relativo a una práctica de desgravación impositiva por el uso de semillas fiscalizadas. Estimamos que este último es un mecanismo acorde y que funciona bien en muchos países, especialmente para las empresas pymes. Realmente, creo que debemos considerar esta posibilidad.
Claramente hubo un tratamiento diferencial en cuanto a la alícuota del IVA del 21 por ciento que actualmente tienen las semillas. Pensamos que es posible bajarla; sabemos que hay algunos países cuyas legislaciones fijan ese valor en cero.
Por último, todos estos sistemas de control deben ser simples, transparentes y accesibles para los productores.
Con respecto a algo que también ha quedado en la discusión y que tiene que ver con la obligatoriedad de la aplicación de la ley de semillas, creemos fuertemente que debe existir la posibilidad, dentro de la legislación de semillas, de que haya un acuerdo de partes, contratos para productos de especialidades o acordados entre partes para el uso de determinadas tecnologías. Esta es una cuestión que, indudablemente, si bien ya está instalada en la agricultura, a futuro tendrá mayor énfasis.
Sabemos que, a veces, hay pesos específicos diferenciales entre el poder de acción de un productor y las compañías, por lo que, amén de creer en la necesidad de reforzar los organismos de defensa de la competencia por parte del Estado y de que sean eficientes, cabe eventualmente considerar, dentro de la ley de semillas, que, a falta de acuerdo entre partes y si no hubiere un contrato, primará la ley.
Hemos repasado, entonces, los puntos que queríamos destacar. Se ha trabajado fructíferamente y creemos absolutamente necesaria una remodelación de la ley actual. Pero, por sobre todas las cosas, es imprescindible trabajar sobre el sistema de control. Creo que allí tenemos mucho para buscar acuerdos entre privados.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos a los representantes de la Federación Agraria Argentina.
Entiendo que estamos esperando que en cualquier momento llegue el nuevo presidente de la Federación, el señor Carlos Achetoni.
Mientras tanto, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Andrea Sarnari y al señor Elvio Guía, vicepresidente 1° y entrerriano. (Risas)
Entiendo que estamos esperando que en cualquier momento llegue el nuevo presidente de la Federación, el señor Carlos Achetoni.
Mientras tanto, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Andrea Sarnari y al señor Elvio Guía, vicepresidente 1° y entrerriano. (Risas)
SRA. SARNARI Señor presidente: muchas gracias por la invitación. Agradecemos también a todos los diputados y diputadas que nos han invitado para exponer sobre el punto de vista y el posicionamiento histórico que nuestra entidad viene teniendo respecto al tema de la Ley de Semillas y creaciones fitogenéticas.
Recibimos en este momento a nuestro presidente, el señor Carlos Achetoni.
Recibimos en este momento a nuestro presidente, el señor Carlos Achetoni.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Preséntelos, por favor.
SRA. SARNARI Me acompañan en la mesa el señor presidente de la entidad, Carlos Achetoni, y el vicepresidente 1°, Elvio Guía.)
En primer lugar, quiero decir que para nosotros es central abordar el tema de las semillas. Antes que nada, hay que reconocer que desde la semilla comienza todo el proceso productivo que el agricultor llevará adelante. Este proceso no termina en la tarea y en el trabajo que el agricultor realiza en la tierra, sino que prosigue con la cadena de comercialización, la cadena agroalimentaria y con el producto final, que es el alimento que a todos nos importa resguardar.
Vemos involucrado en el tratamiento de la Ley de Semillas no solo la protección de la propiedad intelectual de aquellos que aportan al desarrollo de biotecnología, germoplasma y de variedades vegetales, sino también la necesidad prioritaria de su conservación dentro de la regulación de semillas y creaciones fitogenéticas. Estamos hablando de soberanía alimentaria y esto no lo podemos dejar librado al azar, sino que debemos prestar central atención en ello.
Ahora bien, pensando en una reforma de la Ley de Semillas que regule todo el sistema, creemos esencial trabajar sobre tres puntos fundamentales. Ustedes conocen que la Federación Agraria cuenta con un proyecto de ley de semillas propio, abarcativo y global.
Celebramos el debate con mucho agrado puesto que discutir estos temas centrales en el ámbito del Congreso de la Nación ha sido una de las luchas gremiales de la Federación Agraria.
Como decía, creemos que hay tres ítems que no pueden quedar de lado y que deben ser regulados para que la Ley de Semillas solucione conflictos que en la actualidad vemos con bastante preocupación.
El primer punto es resolver el tema de la propiedad intelectual en las creaciones fitogenéticas, considerando lo importante que es una ley que estimule la innovación, genere desarrollo biotecnológico y trabaje en la ciencia al servicio de la comunidad.
Pero también tenemos que ser realistas en relación con que la protección de la propiedad intelectual tiene dos formas de considerarse: por un lado, nos encontramos con la ley de patentes o con aquellos que pregonan el patentamiento de vegetales; y, por otro lado, claramente la Federación Agraria es una de las entidades que considera que la propiedad intelectual de los vegetales debe estar protegida a través del sistema de protección de obtenciones vegetales.
En la actualidad, en nuestro país nos encontramos con un conflicto entre estos dos sistemas, porque encontramos que aquellos descubrimientos e innovaciones patentables -como pueden ser todas las innovaciones que se introducen a través de los transgénicos- terminan siendo utilizados y puestos al servicio de un vegetal.
Allí aparece el primer problema: la patente se metió dentro del vegetal, lo cual está protegido por el sistema del derecho del obtentor. Eso debemos resolverlo en una ley de semillas, porque de lo contrario no solucionaremos nada.
Nosotros mantenemos la posición de que esto se resuelve a través del sistema de derecho de propiedad del obtentor, con claras limitaciones que hasta ahora nuestra ley no tiene porque ha quedado obsoleta por el paso de los años.
Por su parte, la protección de la propiedad intelectual debe evitar que se siga generando este conflicto que ha dado lugar a un problema respecto de hasta dónde llega el derecho de quien ha generado una innovación o un descubrimiento.
Además, debe avanzarse en otro punto esencial -que a nuestro entender también debe estar regulado en un nuevo proyecto o en la reforma de la ley actual- que tiene que ver con el uso propio. El sistema de derecho del obtentor debe tener un alcance limitado a la reproducción y a la comercialización de esa semilla, y esto debe alcanzar para pagarle y para que el inventor vuelva a tener los ingresos necesarios para seguir haciendo ciencia e investigación. Pero debo tener un coto y ser claro, porque esa determinación le dará seguridad jurídica al agricultor para saber hasta dónde deberá pagar. No estamos diciendo de no pagar por el uso propio, sino que hay que pagar lo que corresponde y ponerle un coto. Lo aclaro porque esto ha dado lugar a otra controversia que debe resolver una nueva ley de semillas en cuanto al régimen contractual que se ha ido dando en la realidad respecto de aquellas semillas o creaciones fitogenéticas que contienen algún evento patentado. Estas prácticas contractuales de alguna manera han venido a desvirtuar la legislación que nosotros tenemos en creaciones fitogenéticas y semillas.
Esto debe quedar claro en un nuevo proyecto de ley. Por eso bregamos por el orden público en estas cuestiones, tanto en propiedad intelectual como en el uso propio de la semilla por parte del agricultor. Estas cláusulas tienen que ser de orden público, porque de lo contrario la industria semillera -sumamente concentrada y monopólica- terminará imponiendo sus prácticas contractuales, lo que causará que el pequeño y mediano productor agropecuario que defiende la Federación Agraria no tenga los elementos necesarios para tomar una decisión clara y consciente sobre el contrato que firmará.
La ley de semillas tiene que resolver estas cuestiones. Nosotros tenemos nuestra propuesta y nuestra propia ley de semillas, pero estamos dispuestos a dialogar con los otros sectores y con las otras entidades del campo, con quienes tenemos mucho consenso. Son temas centrales y queremos dejar claro en esta exposición que estos tres temas -propiedad intelectual, uso propio de la semilla por el agricultor y el fin de las prácticas contractuales que vulneren derechos del agricultor- no pueden quedar afuera de un nuevo proyecto de ley de semillas.
En primer lugar, quiero decir que para nosotros es central abordar el tema de las semillas. Antes que nada, hay que reconocer que desde la semilla comienza todo el proceso productivo que el agricultor llevará adelante. Este proceso no termina en la tarea y en el trabajo que el agricultor realiza en la tierra, sino que prosigue con la cadena de comercialización, la cadena agroalimentaria y con el producto final, que es el alimento que a todos nos importa resguardar.
Vemos involucrado en el tratamiento de la Ley de Semillas no solo la protección de la propiedad intelectual de aquellos que aportan al desarrollo de biotecnología, germoplasma y de variedades vegetales, sino también la necesidad prioritaria de su conservación dentro de la regulación de semillas y creaciones fitogenéticas. Estamos hablando de soberanía alimentaria y esto no lo podemos dejar librado al azar, sino que debemos prestar central atención en ello.
Ahora bien, pensando en una reforma de la Ley de Semillas que regule todo el sistema, creemos esencial trabajar sobre tres puntos fundamentales. Ustedes conocen que la Federación Agraria cuenta con un proyecto de ley de semillas propio, abarcativo y global.
Celebramos el debate con mucho agrado puesto que discutir estos temas centrales en el ámbito del Congreso de la Nación ha sido una de las luchas gremiales de la Federación Agraria.
Como decía, creemos que hay tres ítems que no pueden quedar de lado y que deben ser regulados para que la Ley de Semillas solucione conflictos que en la actualidad vemos con bastante preocupación.
El primer punto es resolver el tema de la propiedad intelectual en las creaciones fitogenéticas, considerando lo importante que es una ley que estimule la innovación, genere desarrollo biotecnológico y trabaje en la ciencia al servicio de la comunidad.
Pero también tenemos que ser realistas en relación con que la protección de la propiedad intelectual tiene dos formas de considerarse: por un lado, nos encontramos con la ley de patentes o con aquellos que pregonan el patentamiento de vegetales; y, por otro lado, claramente la Federación Agraria es una de las entidades que considera que la propiedad intelectual de los vegetales debe estar protegida a través del sistema de protección de obtenciones vegetales.
En la actualidad, en nuestro país nos encontramos con un conflicto entre estos dos sistemas, porque encontramos que aquellos descubrimientos e innovaciones patentables -como pueden ser todas las innovaciones que se introducen a través de los transgénicos- terminan siendo utilizados y puestos al servicio de un vegetal.
Allí aparece el primer problema: la patente se metió dentro del vegetal, lo cual está protegido por el sistema del derecho del obtentor. Eso debemos resolverlo en una ley de semillas, porque de lo contrario no solucionaremos nada.
Nosotros mantenemos la posición de que esto se resuelve a través del sistema de derecho de propiedad del obtentor, con claras limitaciones que hasta ahora nuestra ley no tiene porque ha quedado obsoleta por el paso de los años.
Por su parte, la protección de la propiedad intelectual debe evitar que se siga generando este conflicto que ha dado lugar a un problema respecto de hasta dónde llega el derecho de quien ha generado una innovación o un descubrimiento.
Además, debe avanzarse en otro punto esencial -que a nuestro entender también debe estar regulado en un nuevo proyecto o en la reforma de la ley actual- que tiene que ver con el uso propio. El sistema de derecho del obtentor debe tener un alcance limitado a la reproducción y a la comercialización de esa semilla, y esto debe alcanzar para pagarle y para que el inventor vuelva a tener los ingresos necesarios para seguir haciendo ciencia e investigación. Pero debo tener un coto y ser claro, porque esa determinación le dará seguridad jurídica al agricultor para saber hasta dónde deberá pagar. No estamos diciendo de no pagar por el uso propio, sino que hay que pagar lo que corresponde y ponerle un coto. Lo aclaro porque esto ha dado lugar a otra controversia que debe resolver una nueva ley de semillas en cuanto al régimen contractual que se ha ido dando en la realidad respecto de aquellas semillas o creaciones fitogenéticas que contienen algún evento patentado. Estas prácticas contractuales de alguna manera han venido a desvirtuar la legislación que nosotros tenemos en creaciones fitogenéticas y semillas.
Esto debe quedar claro en un nuevo proyecto de ley. Por eso bregamos por el orden público en estas cuestiones, tanto en propiedad intelectual como en el uso propio de la semilla por parte del agricultor. Estas cláusulas tienen que ser de orden público, porque de lo contrario la industria semillera -sumamente concentrada y monopólica- terminará imponiendo sus prácticas contractuales, lo que causará que el pequeño y mediano productor agropecuario que defiende la Federación Agraria no tenga los elementos necesarios para tomar una decisión clara y consciente sobre el contrato que firmará.
La ley de semillas tiene que resolver estas cuestiones. Nosotros tenemos nuestra propuesta y nuestra propia ley de semillas, pero estamos dispuestos a dialogar con los otros sectores y con las otras entidades del campo, con quienes tenemos mucho consenso. Son temas centrales y queremos dejar claro en esta exposición que estos tres temas -propiedad intelectual, uso propio de la semilla por el agricultor y el fin de las prácticas contractuales que vulneren derechos del agricultor- no pueden quedar afuera de un nuevo proyecto de ley de semillas.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI El señor Carlos Achetoni -presidente de Federación Agraria- y el señor Daniel Pelegrina -presidente de la Sociedad Rural Argentina- han tenido reciente validación de sus conducciones, por lo tanto están más que legitimados para encarar esta instancia de conversaciones que deseamos que sean fructíferas. Les agradezco nuevamente su presencia.
A continuación, como consideramos que las instituciones deben tener continuidad en nuestra República Argentina, hemos invitado a alguien que ha trabajado mucho en este tema y que hizo enormes esfuerzos para llevar adelante la modificación de esta ley de semillas en el período anterior.
Tiene la palabra el ex señor diputado Gilberto Alegre, anterior presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que sin ninguna duda enriquecerá el debate y nos ayudará a encontrar estos puntos de consenso que nos permitan avanzar en un dictamen.
A continuación, como consideramos que las instituciones deben tener continuidad en nuestra República Argentina, hemos invitado a alguien que ha trabajado mucho en este tema y que hizo enormes esfuerzos para llevar adelante la modificación de esta ley de semillas en el período anterior.
Tiene la palabra el ex señor diputado Gilberto Alegre, anterior presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que sin ninguna duda enriquecerá el debate y nos ayudará a encontrar estos puntos de consenso que nos permitan avanzar en un dictamen.
SR. ALEGRE Venimos hablando de la ley de semillas desde hace mucho tiempo. Lo primero que se me ocurre preguntar es por qué esta norma no se sanciona, si hay tanto interés en una ley de semillas. Como en toda discusión y en todo proyecto, siempre hay un juego de intereses, y cuando hablamos de por qué no se aprueba una nueva ley de semillas es porque son más importantes los intereses de quienes no la quieren que los de quienes están a favor. Esto es así de claro; nos guste o no, la realidad es esa.
¿Cuáles son los intereses en juego en relación con la ley de semillas? Sin duda, están los intereses de los productores, de los obtentores, de las tecnológicas, y por último están los intereses del país, lo que no incluimos en casi ningún debate.
En general, los productores no tienen mucho interés en que se sancione una ley de semillas ni se modifique la antigua legislación, que es anterior al avance de la tecnología y al primer acuerdo de UPOV de 1971. Esto se debe a que el uso gratuito de la semilla le conviene a todos, y entonces en vez de ponernos a discutir sobre cómo el cobro de un derecho sobre el uso propio puede afectar la rentabilidad agraria, preferimos que no se cobre, y a veces nos callamos -como ahora-, cuando el Estado se lleva más del 60 por ciento de la renta agropecuaria. Así, se deja de lado la discusión sobre el desarrollo tecnológico para una mejor producción.
Por su parte, a las tecnológicas tampoco les interesa discutir el tema, porque la ley actual en ningún momento habla de los derechos de patente, sino que recién aparecen por una modificación que realiza el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que le permite a una tecnológica cobrar en el puerto los derechos sobre una supuesta patente que tienen sobre una determinada variedad.
Y después, cuando hablamos del país, nos preguntamos cuáles son los intereses en juego.
Escuché recién hablar de soberanía alimentaria, y, es cierto, la soberanía alimentaria es primordial. Pero también lo es la tecnológica. Si observamos qué es lo que más rentabilidad hoy da en cualquier país del mundo, veremos que es el conocimiento.
Si comparamos las curvas de ingresos que hubo en el mundo desde hace algunos años a esta parte, notaremos cómo ha cambiado todo. Antes, el mayor ingreso se daba en la industria, y hoy se da en el conocimiento y el comercio.
Venimos de un mundo en el que el conocimiento y el comercio no eran tan importantes como la industria, donde todos los países peleaban por ser industriales, pero hoy la situación ha cambiado. Hoy la riqueza está en el conocimiento -Silicon Valley-, o en el comercio -Amazon o Alibaba-, o en las marcas -Starbucks, empresa a la que ingresa más dinero que a los productores de café.
Hoy la industria es la que menos paga. Entonces, se radica en los países del sudeste asiático, donde la mano de obra tiene otro valor.
Si hablamos de la ley de semillas, hablamos de tecnología, que es el gran desafío que tiene nuestro país. Queremos tener mano de obra calificada y con un buen ingreso; entonces, debemos hablar de tecnología, y es en la semilla donde se da esa discusión.
Eso se llama soberanía tecnológica. Si mañana se unen -como está ocurriendo- las productoras de semillas con las químicas, podremos encontrarnos un día en conflicto y habiendo perdido la soberanía para defender nuestros propios desarrollos tecnológicos. Hoy, sin duda, el mayor productor de desarrollo tecnológico reconocido en nuestro país es el INTA, pero solamente el Estado trabaja, y nosotros vemos que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que no ingresan dólares de la producción, sino financieros.
Si apalancamos lo que es la tecnología con el campo, produciremos valores que devendrán en ingresos de dólares productivos.
Entonces, de ninguna manera debemos minimizar el tema de lo que son los desarrolladores tecnológicos, los obtentores, porque cada semilla en su interior tiene tanta información como la que tiene un chip, y esto debemos reconocerlo, y también pagarlo.
UPOV 91 reconoció el derecho del uso gratuito de las economías familiares, de los pueblos aborígenes, de los pequeños productores. Todo eso está protegido en el mundo; es decir, no nos tiene que asustar. Lo que nosotros debemos entender es que hay que pagar el desarrollo tecnológico para proteger a nuestro país. Este es el mayor desafío que tenemos en nuestros tiempos y es el apalancamiento que le debemos al agro desde la tecnología.
Si realmente queremos tener un país que produzca mano de obra de valor, debemos apostar a la tecnología y a una revolución del conocimiento y la educación. El campo tiene esa enorme posibilidad.
Si seguimos creyendo que lo único importante es tener una mayor producción de cereales o de leche, solo estaremos pensando en un país para unos pocos. El mundo avanza en la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos por hectárea, mayor cantidad de toneladas, lo que únicamente se consigue con la tecnología. Es cierto que la tecnología puede avanzar en algunas zonas marginales con semillas del tipo de la que produce Bioceres, resistente a la sequía.
Haré aquí un paréntesis. Bioceres intentó efectuar una cotización de su empresa en Nueva York pero, cuando vieron que en la Argentina no se reconocía el derecho de pago a la propiedad intelectual, automáticamente tuvieron que retirarse. Nadie invierte en un país donde no se reconoce el pago a los desarrolladores tecnológicos.
Sin ninguna duda, debemos avanzar en una ley que concilie los intereses de los obtentores con la propiedad intelectual porque en algunos países del mundo ya existe. No necesariamente tiene que ser conflictiva la relación entre el desarrollo de la propiedad intelectual y el mundo de los obtentores.
Tenemos que entender que en la Argentina hemos ido perdiendo inteligencia en función de que los obtentores migran o se mudan a otros países donde se les reconoce su derecho. Por ejemplo en el caso del maní, que se están haciendo desarrollos en Ecuador o Nicaragua, o en el caso de la soja donde los obtentores se están yendo a Brasil. Por lo tanto, la tecnología la vamos a pagar sí o sí. La vamos a pagar tanto si la producimos aquí o si la traemos de afuera.
Hoy en día estamos importando cepas de trigo porque no hay desarrollo de trigo en la Argentina. Las empresas Buck y Klein no están teniendo en este momento desarrollos nuevos, sino que están importando cepas de Francia para adaptarlas y producir trigo en nuestro país. Mientras tanto, nosotros no le queremos reconocer caprichosamente los derechos a los obtentores para que puedan investigar sobre trigo.
Puede ser que un día perdamos también a nuestros desarrolladores porque debemos dar más plata al CONICET. Démosle más plata, ¿pero qué pasa si después los técnicos, investigadores o desarrolladores que se forman en el CONICET se tienen que ir de este país porque nosotros, desde nuestro egoísmo, no somos capaces de reconocer que nuestros hijos y nietos pueden vivir en nuestro país teniendo excelentes ingresos?
La mayoría de nosotros, o al menos muchos productores del campo, creen que podemos seguir viviendo del campo. Podemos, sí. Pero lo que vemos es que cada vez la rentabilidad se achica más por las necesidades del Estado. Vamos a agrandar la rentabilidad en la medida en que seamos capaces de reconocer la tecnología, y la tecnología la vamos a reconocer si primero reconocemos a los obtentores su derecho a cobrar el uso propio oneroso. Esto no quiere decir que lo tengan que pagar los pueblos originarios, las economías familiares, ni los pequeños productores.
Si cobramos el uso propio, se puede formar un fideicomiso para fomentar desarrollos de investigación, incluso para compensar a los pequeños productores o economías familiares, en caso de que alguien decida que hay que cobrarles. Sin ninguna duda, nosotros necesitamos tener una ley que reconozca el derecho al cobro de los obtentores, es decir, el derecho de cobrar la investigación que realizan.
Debemos tener un registro de las propiedades vegetales, de los vegetales y de los productores exceptuados. De esta manera, sin ninguna duda, obtendremos una buena Ley de Semillas que nos servirá a todos los argentinos.
El tema de la Ley de Semillas no es solamente propiedad de los que tienen la tierra y la explotan, sino de todos; y si es propiedad de todos, debemos tratar de ver cómo hacemos para que lo que produce el campo sea en beneficio de todos. Dicho beneficio para todos significa que la rentabilidad que derrame el campo pueda ser utilizada por toda la sociedad.
Hoy tenemos un 30 por ciento de pobreza en el país, hay gente excluida en los conurbanos que no tiene acceso a la educación. Para cambiar esta realidad necesitamos un apalancamiento enorme de recursos propios, aquellos que hoy no obtendremos de ningún otro lugar que no sea del campo. (Aplausos.)
¿Cuáles son los intereses en juego en relación con la ley de semillas? Sin duda, están los intereses de los productores, de los obtentores, de las tecnológicas, y por último están los intereses del país, lo que no incluimos en casi ningún debate.
En general, los productores no tienen mucho interés en que se sancione una ley de semillas ni se modifique la antigua legislación, que es anterior al avance de la tecnología y al primer acuerdo de UPOV de 1971. Esto se debe a que el uso gratuito de la semilla le conviene a todos, y entonces en vez de ponernos a discutir sobre cómo el cobro de un derecho sobre el uso propio puede afectar la rentabilidad agraria, preferimos que no se cobre, y a veces nos callamos -como ahora-, cuando el Estado se lleva más del 60 por ciento de la renta agropecuaria. Así, se deja de lado la discusión sobre el desarrollo tecnológico para una mejor producción.
Por su parte, a las tecnológicas tampoco les interesa discutir el tema, porque la ley actual en ningún momento habla de los derechos de patente, sino que recién aparecen por una modificación que realiza el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que le permite a una tecnológica cobrar en el puerto los derechos sobre una supuesta patente que tienen sobre una determinada variedad.
Y después, cuando hablamos del país, nos preguntamos cuáles son los intereses en juego.
Escuché recién hablar de soberanía alimentaria, y, es cierto, la soberanía alimentaria es primordial. Pero también lo es la tecnológica. Si observamos qué es lo que más rentabilidad hoy da en cualquier país del mundo, veremos que es el conocimiento.
Si comparamos las curvas de ingresos que hubo en el mundo desde hace algunos años a esta parte, notaremos cómo ha cambiado todo. Antes, el mayor ingreso se daba en la industria, y hoy se da en el conocimiento y el comercio.
Venimos de un mundo en el que el conocimiento y el comercio no eran tan importantes como la industria, donde todos los países peleaban por ser industriales, pero hoy la situación ha cambiado. Hoy la riqueza está en el conocimiento -Silicon Valley-, o en el comercio -Amazon o Alibaba-, o en las marcas -Starbucks, empresa a la que ingresa más dinero que a los productores de café.
Hoy la industria es la que menos paga. Entonces, se radica en los países del sudeste asiático, donde la mano de obra tiene otro valor.
Si hablamos de la ley de semillas, hablamos de tecnología, que es el gran desafío que tiene nuestro país. Queremos tener mano de obra calificada y con un buen ingreso; entonces, debemos hablar de tecnología, y es en la semilla donde se da esa discusión.
Eso se llama soberanía tecnológica. Si mañana se unen -como está ocurriendo- las productoras de semillas con las químicas, podremos encontrarnos un día en conflicto y habiendo perdido la soberanía para defender nuestros propios desarrollos tecnológicos. Hoy, sin duda, el mayor productor de desarrollo tecnológico reconocido en nuestro país es el INTA, pero solamente el Estado trabaja, y nosotros vemos que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que no ingresan dólares de la producción, sino financieros.
Si apalancamos lo que es la tecnología con el campo, produciremos valores que devendrán en ingresos de dólares productivos.
Entonces, de ninguna manera debemos minimizar el tema de lo que son los desarrolladores tecnológicos, los obtentores, porque cada semilla en su interior tiene tanta información como la que tiene un chip, y esto debemos reconocerlo, y también pagarlo.
UPOV 91 reconoció el derecho del uso gratuito de las economías familiares, de los pueblos aborígenes, de los pequeños productores. Todo eso está protegido en el mundo; es decir, no nos tiene que asustar. Lo que nosotros debemos entender es que hay que pagar el desarrollo tecnológico para proteger a nuestro país. Este es el mayor desafío que tenemos en nuestros tiempos y es el apalancamiento que le debemos al agro desde la tecnología.
Si realmente queremos tener un país que produzca mano de obra de valor, debemos apostar a la tecnología y a una revolución del conocimiento y la educación. El campo tiene esa enorme posibilidad.
Si seguimos creyendo que lo único importante es tener una mayor producción de cereales o de leche, solo estaremos pensando en un país para unos pocos. El mundo avanza en la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos por hectárea, mayor cantidad de toneladas, lo que únicamente se consigue con la tecnología. Es cierto que la tecnología puede avanzar en algunas zonas marginales con semillas del tipo de la que produce Bioceres, resistente a la sequía.
Haré aquí un paréntesis. Bioceres intentó efectuar una cotización de su empresa en Nueva York pero, cuando vieron que en la Argentina no se reconocía el derecho de pago a la propiedad intelectual, automáticamente tuvieron que retirarse. Nadie invierte en un país donde no se reconoce el pago a los desarrolladores tecnológicos.
Sin ninguna duda, debemos avanzar en una ley que concilie los intereses de los obtentores con la propiedad intelectual porque en algunos países del mundo ya existe. No necesariamente tiene que ser conflictiva la relación entre el desarrollo de la propiedad intelectual y el mundo de los obtentores.
Tenemos que entender que en la Argentina hemos ido perdiendo inteligencia en función de que los obtentores migran o se mudan a otros países donde se les reconoce su derecho. Por ejemplo en el caso del maní, que se están haciendo desarrollos en Ecuador o Nicaragua, o en el caso de la soja donde los obtentores se están yendo a Brasil. Por lo tanto, la tecnología la vamos a pagar sí o sí. La vamos a pagar tanto si la producimos aquí o si la traemos de afuera.
Hoy en día estamos importando cepas de trigo porque no hay desarrollo de trigo en la Argentina. Las empresas Buck y Klein no están teniendo en este momento desarrollos nuevos, sino que están importando cepas de Francia para adaptarlas y producir trigo en nuestro país. Mientras tanto, nosotros no le queremos reconocer caprichosamente los derechos a los obtentores para que puedan investigar sobre trigo.
Puede ser que un día perdamos también a nuestros desarrolladores porque debemos dar más plata al CONICET. Démosle más plata, ¿pero qué pasa si después los técnicos, investigadores o desarrolladores que se forman en el CONICET se tienen que ir de este país porque nosotros, desde nuestro egoísmo, no somos capaces de reconocer que nuestros hijos y nietos pueden vivir en nuestro país teniendo excelentes ingresos?
La mayoría de nosotros, o al menos muchos productores del campo, creen que podemos seguir viviendo del campo. Podemos, sí. Pero lo que vemos es que cada vez la rentabilidad se achica más por las necesidades del Estado. Vamos a agrandar la rentabilidad en la medida en que seamos capaces de reconocer la tecnología, y la tecnología la vamos a reconocer si primero reconocemos a los obtentores su derecho a cobrar el uso propio oneroso. Esto no quiere decir que lo tengan que pagar los pueblos originarios, las economías familiares, ni los pequeños productores.
Si cobramos el uso propio, se puede formar un fideicomiso para fomentar desarrollos de investigación, incluso para compensar a los pequeños productores o economías familiares, en caso de que alguien decida que hay que cobrarles. Sin ninguna duda, nosotros necesitamos tener una ley que reconozca el derecho al cobro de los obtentores, es decir, el derecho de cobrar la investigación que realizan.
Debemos tener un registro de las propiedades vegetales, de los vegetales y de los productores exceptuados. De esta manera, sin ninguna duda, obtendremos una buena Ley de Semillas que nos servirá a todos los argentinos.
El tema de la Ley de Semillas no es solamente propiedad de los que tienen la tierra y la explotan, sino de todos; y si es propiedad de todos, debemos tratar de ver cómo hacemos para que lo que produce el campo sea en beneficio de todos. Dicho beneficio para todos significa que la rentabilidad que derrame el campo pueda ser utilizada por toda la sociedad.
Hoy tenemos un 30 por ciento de pobreza en el país, hay gente excluida en los conurbanos que no tiene acceso a la educación. Para cambiar esta realidad necesitamos un apalancamiento enorme de recursos propios, aquellos que hoy no obtendremos de ningún otro lugar que no sea del campo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora Carmen Gianni, ex integrante de INASE y consultora de temas referidos a la propiedad de la Ley de Semillas.
SRA. GIANNI Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carmen Gianni, soy abogada.
Ante todo, quiero agradecer al señor diputado Benedetti y a los miembros de Comisión por permitirme exponer en este importante evento.
Para aquellos que no me conocen, he tenido la suerte y el honor de participar en la creación y desarrollo del Instituto Nacional de Semillas en 1991. Fui su primera directora de Asuntos Jurídicos, y a partir de 2007 me desempeñé como su coordinadora de Propiedad Intelectual de los Recursos Fitogenéticos. Me retiré, y ahora soy consultora.
Me ha interesado mucho la presentación de las personas que me han precedido porque mi objetivo en esta exposición -que trataré de hacer rápidamente por el escaso tiempo que tenemos- es mostrarles la experiencia que tengo respecto de los temas técnicos y profesionales. Es muy interesante tener un debate sobre la ley de semillas, pero conocemos poco sobre qué comprende esta norma.
¿Cuál es la situación actual que se viene desarrollando hace muchos años? Existe una gran confusión -que ha quedado demostrado en la exposición de la Federación Agraria- entre los sistemas de propiedad intelectual de variedades vegetales y los sistemas de patentes. Durante estos años, en distintos ámbitos he escuchado hablar de las patentes de semillas y de plantas, y cuando tratamos la ley de semillas automáticamente aparecen los temas de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología y las patentes.
Desde ya les aclaro que la ley de semillas no tiene nada que ver con la biotecnología ni con los organismos genéticamente modificados, y menos con el sistema de patentes. Esto implica un desconocimiento de los actores y del contenido de la ley de semillas.
Como bien dijo el ex señor diputado Alegre, esto ha sido abonado por distintos actores con intereses contrapuestos que ayudan a esta confusión. Desde hace muchos años existe la discusión por el uso propio entre productores agrarios y obtentores, y también ahora se han incorporado los titulares de patentes y los tratados de recursos genéticos de la FAO, el Protocolo de Nagoya y los dueños de los recursos genéticos.
Esto hace que tengamos que precisar cuál es el objeto especial de una ley de semillas. La ley actual de semillas, la 20.247, marca específicamente cuál es el escenario de los actores que la regulan. En primer término, la ley promueve una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas. Los actores son toda la cadena semillera, desde los criaderos, los multiplicadores -los semilleros-, los procesadores, los comerciantes, hasta llegar al usuario, que es el productor agropecuario.
El segundo objetivo de la ley es garantizar al productor agropecuario la identidad y la calidad de la semilla que adquiere, derecho del usuario previsto en la Constitución Nacional. Aquí tenemos dos actores importantes: el comerciante y el productor, que es quien recibe la semilla.
El tercer objetivo es la propiedad intelectual de las variedades vegetales o de las creaciones fitogenéticas. El principal actor en este caso son los obtentores. Como ven ustedes, estamos hablando de productores agropecuarios, de obtentores y de semillas, pero no estamos hablando ni de OGM ni de patentes, temas ajenos a la ley de semillas, por lo menos en su contenido fundamental.
En cuanto a la propiedad intelectual, la ley ha sido excelente al regular la producción y el comercio, por un lado, y la propiedad intelectual, por el otro. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen separados estos temas, pero la ley argentina -de la cual se copiaron los países latinoamericanos- regula los temas en forma conjunta, porque es una unidad.
El sistema que rige en la Argentina actualmente respecto de la propiedad intelectual de variedades vegetales es el normado por la ley 20.247, su decreto reglamentario y el acta UPOV 1978. La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, organización internacional de la OMPI, con sede en Ginebra. Todos los Estados forman parte, y la Argentina adhirió en 1994.
Aunque parezca banal, el primer tema que debería abordar una nueva ley de semillas es la unificación de la terminología de estos tres cuerpos legales, porque mientras el acta de UPOV habla de "variedades vegetales", en la ley de semillas se habla de "creaciones fitogenéticas", y mientras la UPOV 78 se refiere a "derecho del obtentor", la ley se refiere a "derecho de propiedad de las creaciones fitogenéticas". Dado que estas leyes se dictaron en tiempos distintos, debería hacerse un cuerpo orgánico ordenado que responda a la terminología a nivel internacional, para que todos los países hablemos el mismo idioma.
Paso a señalar las contradicciones. La primera -que se escucha hace mucho tiempo y que continúa-, es si seguimos en el acta 78 o si nos conviene pasar al acta 91 de la UPOV. Existe un cupo, pero no tenemos que asociarnos a la UPOV 91. Quiero aclararles que esos tres cuerpos legales que cité y que aplicamos hace veinte años tienen preceptos de las actas 78 y 91. Es decir que tenemos un primer conflicto que no es tal, pero si queremos redactar una nueva ley de semillas o modificar la actual debemos evaluar si vamos a querer incorporar dos conceptos fundamentales del acta del 91 como son el de variedad esencialmente derivada y el de la extensión al producto, temas para desarrollar extensamente. Pero ambas convenciones están en nuestros textos legales, por lo que debemos terminar con este conflicto entre UPOV 78 y UPOV 91.
La ley define como semilla a todo órgano vegetal que se destina para siembra, plantación y propagación. Como pueden ver en la diapositiva, se refiere no solamente a la semilla en el sentido botánico, sino que puede ser una yema, una flor cortada, un fruto, etcétera. Aquí se termina la discusión, por ejemplo en torno al trigo, en el sentido de que si es grano entonces no es semilla, o viceversa. Si el grano lo saco de una bolsa, lo pongo en la tierra y lo siembro, es semilla y se terminó, y a partir de ahí se rige por la ley de semillas. Esto es importante porque no todas las legislaciones lo tienen y ha sido muy importante para desarrollar una jurisprudencia administrativa en defensa de los derechos de los obtentores. Cuando empezamos en 1991 todo grano y nada era semilla.
Otro dato importante que se mencionó es que nuestra ley regula tanto la producción y el comercio como la propiedad intelectual de todas las especies del reino vegetal. Esto es fundamental porque cualquier artículo que redactemos o modifiquemos no va a ser solamente pensando en términos de soja, trigo o algodón -como parece que se vino desarrollando hasta ahora- sino que va a afectar a todos los cultivos y a todos los actores de las distintas cadenas. Cuando se dicte una norma, hay que pensar si deben establecerse normas de orden público -con lo cual no estoy de acuerdo-, pero tendríamos que tener la mente más abierta para las distintas especies.
El derecho del obtentor es una protección sui generis porque está prevista única y exclusivamente para las plantas. Es un derecho exclusivo que se le da a una persona sobre una variedad nueva, es decir sobre una planta, que le asegura su explotación en forma exclusiva por un término que en la Argentina es de veinte años.
Entonces, como vemos, lo que se protege dentro del sistema del derecho del obtentor no son los genes sino las variedades vegetales, las plantas, que tienen que existir y deben mantener su característica durante los veinte años que dure la protección o el título que se le da al obtentor.
Y aquí se dirime otra discusión y otro debate con respecto a este tema. Lo que se protege con un sistema de derecho de propiedad intelectual, de derecho de obtentor, es la semilla comercial, es decir, la semilla que proviene de variedades vegetales, lo que nosotros denominamos "semilla convencional" y que tiene ciertas características. Debe cumplir ciertos requisitos: ser nueva comercialmente -es decir, no haber sido nunca conocida-, distinta a todo lo que existe, homogénea -es decir, uniforme durante los veinte años-, estable, y tener un nombre, al igual que tienen las personas. Por lo tanto, todo lo que es especie, semillas nativas que mantienen los pueblos originarios y los pequeños agricultores que manejan todo este tema de las especies y semillas nativas, no está incluido en la ley de semillas, por lo menos la actual.
No hay una controversia en estos temas. Puede haber una complementariedad. Por lo tanto, si queremos regular las especies y semillas nativas, tendremos que pensar en la nueva ley en un capítulo aparte que cubra estos objetos y actores. O bien, dictar una ley nacional que cubra todo el espectro, ley que hasta el día de la fecha no tenemos, a pesar de habernos adherido al convenio de diversidad biológica en 1994.
El tercer antagonismo, el tercer conflicto, es a quién se protege. Todos dicen que se protege a las trasnacionales. Existe la idea de que la propiedad intelectual solamente sirve para proteger a las trasnacionales; sin embargo, observamos que en estos casos no son solo las trasnacionales. El obtentor es la persona que crea o descubre y desarrolla una variedad; es decir, como ustedes observan aquí, puede ser cualquiera, un agricultor tradicional, que ha encontrado una especie nativa y después la hace distinta, homogénea, estable y la protege, o un organismo nacional como el INTA, o una empresa multinacional.
Voy a avanzar un poco más rápido, ya que no quiero dejar de decir algunas cuestiones que considero fundamentales.
El tema más importante, dentro del sistema UPOV, es lo que se denomina la excepción del fitomejorador, es decir, la posibilidad de acceder libre y gratuitamente al germoplasma.
Como les dije, hablamos de obtentores y de germoplasma. Esto significa que cualquier investigador puede tomar una semilla de una variedad que tiene protección, crear una variedad distinta, homogénea y estable, y registrarla y comercializarla sin pedirle autorización ni pagarle nada al obtentor original. Este es el pilar del sistema UPOV, que lo hace distinto del sistema de patentes.
Existe otra excepción al sistema del derecho del obtentor, fue forma parte de otra discusión. Muchos hablan del derecho del agricultor; el agricultor tiene un derecho, porque toda excepción es un derecho; esto está regulado en la ley, en el artículo 27 en forma genérica y, en el decreto reglamentario, en el artículo 44. Fíjense que la ley habla de productor agrario, mientras que en la excepción al uso propio se habla de agricultor. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo el concepto de un productor agropecuario que el de un agricultor. Hubo tantos conflictos que el INASE dictó la resolución 35 en 1996, en la que específicamente se reguló cuál era la figura del agricultor y qué requisitos debía cumplir para ser beneficiario de esa excepción.
Finalmente, pasaré al famoso cuarto conflicto. Quiero aclarar algo. Siempre se habla de la biotecnología, pero hay que reconocer que en nuestro país hay pocas especies que son biotecnológicas o variedades transgénicas. Podemos hablar de la soja, sin lugar a dudas, del maíz, que en general es un híbrido, o del algodón, pero la mayoría de los cultivos en nuestro país no son transgénicos. Es decir que esta discusión solamente se da en esas tres especies -creo que no me olvido de ninguna.
Por un lado, tenemos al titular de la patente, es decir, al dueño del gen; por otro, al obtentor, que tiene la planta, la variedad, y, por otro, al usuario, que es el productor agropecuario.
¿Qué pasa? Yo concuerdo con la posición que se expuso aquí por parte de algunas asociaciones. Cuando el productor o el usuario compran la bolsa de semillas, se terminan todos los derechos de propiedad intelectual que tiene la semilla.
Es decir, tanto el derecho de patentes como los derechos de obtentor. Ahora bien, el agricultor, dentro de nuestro sistema, puede sacar un grano y lo puede volver a sembrar. Ese es el famoso, y mal llamado, "uso propio". Entonces, lo vuelven a sembrar y eso lo vuelven a repetir sucesivamente durante años.
Como en nuestra ley el uso propio es libre y gratuito, no se le paga absolutamente nada a los obtentores. Es por este uso propio ilimitado que los obtentores hoy no reciben un resarcimiento de sus invenciones. Otros expositores explicarán cuál es la situación de los obtentores en nuestro país. Es importante protegerlos para que puedan recuperar su inversión.
Por otro lado, debemos limitar dicha excepción. Es decir, debe haber un nivel de pequeños agricultores que estén siempre exceptuados del pago, pero también debe haber un nivel de productores que sí tendrán que pagar por la tecnología que usan, porque de allí obtienen un beneficio.
Para esto, como bien dijo la representante de la Federación Agraria, habrá que hacer coincidir los dos sistemas: el de patentes y el de derecho de obtentor.
Para finalizar, uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Semillas es lograr la coexistencia de estos dos sistemas. ¿Cuándo se terminan estos dos sistemas, en los casos del uso propio del agricultor? ¿Será un uso propio oneroso? Bueno, puede ser una posibilidad.
Con ello quiero remarcar que hay que estar muy atento cuando se habla del orden público porque un pequeño productor de soja no es lo mismo que un pequeño productor de algodón o de una hortícola. Entonces, ojo con poner artículos que son inamovibles o imposibles de cambiar.
Digo esto porque si fijamos esto al monotributo, por ejemplo, puede ocurrir que el día de mañana el monotributo se modifique. Hace 20 años que estamos discutiendo para modificar la ley. Por eso, tenemos que tratar de que la redacción permita ser adaptada a los nuevos escenarios económicos y a los nuevos actores.
Personalmente no estoy del todo de acuerdo con el concepto de orden público porque limita la posibilidad de hacer una aplicación extensiva con respecto a estos temas.
Dejo mi exposición a disposición de todos los señores diputados. Allí también encontrarán un montón de conclusiones que he omitido en esta exposición. (Aplausos.)
Ante todo, quiero agradecer al señor diputado Benedetti y a los miembros de Comisión por permitirme exponer en este importante evento.
Para aquellos que no me conocen, he tenido la suerte y el honor de participar en la creación y desarrollo del Instituto Nacional de Semillas en 1991. Fui su primera directora de Asuntos Jurídicos, y a partir de 2007 me desempeñé como su coordinadora de Propiedad Intelectual de los Recursos Fitogenéticos. Me retiré, y ahora soy consultora.
Me ha interesado mucho la presentación de las personas que me han precedido porque mi objetivo en esta exposición -que trataré de hacer rápidamente por el escaso tiempo que tenemos- es mostrarles la experiencia que tengo respecto de los temas técnicos y profesionales. Es muy interesante tener un debate sobre la ley de semillas, pero conocemos poco sobre qué comprende esta norma.
¿Cuál es la situación actual que se viene desarrollando hace muchos años? Existe una gran confusión -que ha quedado demostrado en la exposición de la Federación Agraria- entre los sistemas de propiedad intelectual de variedades vegetales y los sistemas de patentes. Durante estos años, en distintos ámbitos he escuchado hablar de las patentes de semillas y de plantas, y cuando tratamos la ley de semillas automáticamente aparecen los temas de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología y las patentes.
Desde ya les aclaro que la ley de semillas no tiene nada que ver con la biotecnología ni con los organismos genéticamente modificados, y menos con el sistema de patentes. Esto implica un desconocimiento de los actores y del contenido de la ley de semillas.
Como bien dijo el ex señor diputado Alegre, esto ha sido abonado por distintos actores con intereses contrapuestos que ayudan a esta confusión. Desde hace muchos años existe la discusión por el uso propio entre productores agrarios y obtentores, y también ahora se han incorporado los titulares de patentes y los tratados de recursos genéticos de la FAO, el Protocolo de Nagoya y los dueños de los recursos genéticos.
Esto hace que tengamos que precisar cuál es el objeto especial de una ley de semillas. La ley actual de semillas, la 20.247, marca específicamente cuál es el escenario de los actores que la regulan. En primer término, la ley promueve una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas. Los actores son toda la cadena semillera, desde los criaderos, los multiplicadores -los semilleros-, los procesadores, los comerciantes, hasta llegar al usuario, que es el productor agropecuario.
El segundo objetivo de la ley es garantizar al productor agropecuario la identidad y la calidad de la semilla que adquiere, derecho del usuario previsto en la Constitución Nacional. Aquí tenemos dos actores importantes: el comerciante y el productor, que es quien recibe la semilla.
El tercer objetivo es la propiedad intelectual de las variedades vegetales o de las creaciones fitogenéticas. El principal actor en este caso son los obtentores. Como ven ustedes, estamos hablando de productores agropecuarios, de obtentores y de semillas, pero no estamos hablando ni de OGM ni de patentes, temas ajenos a la ley de semillas, por lo menos en su contenido fundamental.
En cuanto a la propiedad intelectual, la ley ha sido excelente al regular la producción y el comercio, por un lado, y la propiedad intelectual, por el otro. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen separados estos temas, pero la ley argentina -de la cual se copiaron los países latinoamericanos- regula los temas en forma conjunta, porque es una unidad.
El sistema que rige en la Argentina actualmente respecto de la propiedad intelectual de variedades vegetales es el normado por la ley 20.247, su decreto reglamentario y el acta UPOV 1978. La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, organización internacional de la OMPI, con sede en Ginebra. Todos los Estados forman parte, y la Argentina adhirió en 1994.
Aunque parezca banal, el primer tema que debería abordar una nueva ley de semillas es la unificación de la terminología de estos tres cuerpos legales, porque mientras el acta de UPOV habla de "variedades vegetales", en la ley de semillas se habla de "creaciones fitogenéticas", y mientras la UPOV 78 se refiere a "derecho del obtentor", la ley se refiere a "derecho de propiedad de las creaciones fitogenéticas". Dado que estas leyes se dictaron en tiempos distintos, debería hacerse un cuerpo orgánico ordenado que responda a la terminología a nivel internacional, para que todos los países hablemos el mismo idioma.
Paso a señalar las contradicciones. La primera -que se escucha hace mucho tiempo y que continúa-, es si seguimos en el acta 78 o si nos conviene pasar al acta 91 de la UPOV. Existe un cupo, pero no tenemos que asociarnos a la UPOV 91. Quiero aclararles que esos tres cuerpos legales que cité y que aplicamos hace veinte años tienen preceptos de las actas 78 y 91. Es decir que tenemos un primer conflicto que no es tal, pero si queremos redactar una nueva ley de semillas o modificar la actual debemos evaluar si vamos a querer incorporar dos conceptos fundamentales del acta del 91 como son el de variedad esencialmente derivada y el de la extensión al producto, temas para desarrollar extensamente. Pero ambas convenciones están en nuestros textos legales, por lo que debemos terminar con este conflicto entre UPOV 78 y UPOV 91.
La ley define como semilla a todo órgano vegetal que se destina para siembra, plantación y propagación. Como pueden ver en la diapositiva, se refiere no solamente a la semilla en el sentido botánico, sino que puede ser una yema, una flor cortada, un fruto, etcétera. Aquí se termina la discusión, por ejemplo en torno al trigo, en el sentido de que si es grano entonces no es semilla, o viceversa. Si el grano lo saco de una bolsa, lo pongo en la tierra y lo siembro, es semilla y se terminó, y a partir de ahí se rige por la ley de semillas. Esto es importante porque no todas las legislaciones lo tienen y ha sido muy importante para desarrollar una jurisprudencia administrativa en defensa de los derechos de los obtentores. Cuando empezamos en 1991 todo grano y nada era semilla.
Otro dato importante que se mencionó es que nuestra ley regula tanto la producción y el comercio como la propiedad intelectual de todas las especies del reino vegetal. Esto es fundamental porque cualquier artículo que redactemos o modifiquemos no va a ser solamente pensando en términos de soja, trigo o algodón -como parece que se vino desarrollando hasta ahora- sino que va a afectar a todos los cultivos y a todos los actores de las distintas cadenas. Cuando se dicte una norma, hay que pensar si deben establecerse normas de orden público -con lo cual no estoy de acuerdo-, pero tendríamos que tener la mente más abierta para las distintas especies.
El derecho del obtentor es una protección sui generis porque está prevista única y exclusivamente para las plantas. Es un derecho exclusivo que se le da a una persona sobre una variedad nueva, es decir sobre una planta, que le asegura su explotación en forma exclusiva por un término que en la Argentina es de veinte años.
Entonces, como vemos, lo que se protege dentro del sistema del derecho del obtentor no son los genes sino las variedades vegetales, las plantas, que tienen que existir y deben mantener su característica durante los veinte años que dure la protección o el título que se le da al obtentor.
Y aquí se dirime otra discusión y otro debate con respecto a este tema. Lo que se protege con un sistema de derecho de propiedad intelectual, de derecho de obtentor, es la semilla comercial, es decir, la semilla que proviene de variedades vegetales, lo que nosotros denominamos "semilla convencional" y que tiene ciertas características. Debe cumplir ciertos requisitos: ser nueva comercialmente -es decir, no haber sido nunca conocida-, distinta a todo lo que existe, homogénea -es decir, uniforme durante los veinte años-, estable, y tener un nombre, al igual que tienen las personas. Por lo tanto, todo lo que es especie, semillas nativas que mantienen los pueblos originarios y los pequeños agricultores que manejan todo este tema de las especies y semillas nativas, no está incluido en la ley de semillas, por lo menos la actual.
No hay una controversia en estos temas. Puede haber una complementariedad. Por lo tanto, si queremos regular las especies y semillas nativas, tendremos que pensar en la nueva ley en un capítulo aparte que cubra estos objetos y actores. O bien, dictar una ley nacional que cubra todo el espectro, ley que hasta el día de la fecha no tenemos, a pesar de habernos adherido al convenio de diversidad biológica en 1994.
El tercer antagonismo, el tercer conflicto, es a quién se protege. Todos dicen que se protege a las trasnacionales. Existe la idea de que la propiedad intelectual solamente sirve para proteger a las trasnacionales; sin embargo, observamos que en estos casos no son solo las trasnacionales. El obtentor es la persona que crea o descubre y desarrolla una variedad; es decir, como ustedes observan aquí, puede ser cualquiera, un agricultor tradicional, que ha encontrado una especie nativa y después la hace distinta, homogénea, estable y la protege, o un organismo nacional como el INTA, o una empresa multinacional.
Voy a avanzar un poco más rápido, ya que no quiero dejar de decir algunas cuestiones que considero fundamentales.
El tema más importante, dentro del sistema UPOV, es lo que se denomina la excepción del fitomejorador, es decir, la posibilidad de acceder libre y gratuitamente al germoplasma.
Como les dije, hablamos de obtentores y de germoplasma. Esto significa que cualquier investigador puede tomar una semilla de una variedad que tiene protección, crear una variedad distinta, homogénea y estable, y registrarla y comercializarla sin pedirle autorización ni pagarle nada al obtentor original. Este es el pilar del sistema UPOV, que lo hace distinto del sistema de patentes.
Existe otra excepción al sistema del derecho del obtentor, fue forma parte de otra discusión. Muchos hablan del derecho del agricultor; el agricultor tiene un derecho, porque toda excepción es un derecho; esto está regulado en la ley, en el artículo 27 en forma genérica y, en el decreto reglamentario, en el artículo 44. Fíjense que la ley habla de productor agrario, mientras que en la excepción al uso propio se habla de agricultor. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo el concepto de un productor agropecuario que el de un agricultor. Hubo tantos conflictos que el INASE dictó la resolución 35 en 1996, en la que específicamente se reguló cuál era la figura del agricultor y qué requisitos debía cumplir para ser beneficiario de esa excepción.
Finalmente, pasaré al famoso cuarto conflicto. Quiero aclarar algo. Siempre se habla de la biotecnología, pero hay que reconocer que en nuestro país hay pocas especies que son biotecnológicas o variedades transgénicas. Podemos hablar de la soja, sin lugar a dudas, del maíz, que en general es un híbrido, o del algodón, pero la mayoría de los cultivos en nuestro país no son transgénicos. Es decir que esta discusión solamente se da en esas tres especies -creo que no me olvido de ninguna.
Por un lado, tenemos al titular de la patente, es decir, al dueño del gen; por otro, al obtentor, que tiene la planta, la variedad, y, por otro, al usuario, que es el productor agropecuario.
¿Qué pasa? Yo concuerdo con la posición que se expuso aquí por parte de algunas asociaciones. Cuando el productor o el usuario compran la bolsa de semillas, se terminan todos los derechos de propiedad intelectual que tiene la semilla.
Es decir, tanto el derecho de patentes como los derechos de obtentor. Ahora bien, el agricultor, dentro de nuestro sistema, puede sacar un grano y lo puede volver a sembrar. Ese es el famoso, y mal llamado, "uso propio". Entonces, lo vuelven a sembrar y eso lo vuelven a repetir sucesivamente durante años.
Como en nuestra ley el uso propio es libre y gratuito, no se le paga absolutamente nada a los obtentores. Es por este uso propio ilimitado que los obtentores hoy no reciben un resarcimiento de sus invenciones. Otros expositores explicarán cuál es la situación de los obtentores en nuestro país. Es importante protegerlos para que puedan recuperar su inversión.
Por otro lado, debemos limitar dicha excepción. Es decir, debe haber un nivel de pequeños agricultores que estén siempre exceptuados del pago, pero también debe haber un nivel de productores que sí tendrán que pagar por la tecnología que usan, porque de allí obtienen un beneficio.
Para esto, como bien dijo la representante de la Federación Agraria, habrá que hacer coincidir los dos sistemas: el de patentes y el de derecho de obtentor.
Para finalizar, uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Semillas es lograr la coexistencia de estos dos sistemas. ¿Cuándo se terminan estos dos sistemas, en los casos del uso propio del agricultor? ¿Será un uso propio oneroso? Bueno, puede ser una posibilidad.
Con ello quiero remarcar que hay que estar muy atento cuando se habla del orden público porque un pequeño productor de soja no es lo mismo que un pequeño productor de algodón o de una hortícola. Entonces, ojo con poner artículos que son inamovibles o imposibles de cambiar.
Digo esto porque si fijamos esto al monotributo, por ejemplo, puede ocurrir que el día de mañana el monotributo se modifique. Hace 20 años que estamos discutiendo para modificar la ley. Por eso, tenemos que tratar de que la redacción permita ser adaptada a los nuevos escenarios económicos y a los nuevos actores.
Personalmente no estoy del todo de acuerdo con el concepto de orden público porque limita la posibilidad de hacer una aplicación extensiva con respecto a estos temas.
Dejo mi exposición a disposición de todos los señores diputados. Allí también encontrarán un montón de conclusiones que he omitido en esta exposición. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Es el turno de los representantes de FeDIA -Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios- para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor Diego Villafañe.
Tiene la palabra el señor Diego Villafañe.
SR. VILLAFAÑE Buenas tardes. Mi nombre es Diego Villafañe, soy presidente de FeDIA, empresa que representa a los multiplicadores y distribuidores de semillas, agroquímicos y fertilizantes de las provincias más importantes: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Tucumán y Salta.
Quiero resaltar la importancia del primer artículo de la Ley 20.247 -vigente a la fecha-, que dice: "La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren, y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas". En esta presentación es muy importante este artículo sobre la facultad que está reservada para los obtentores y multiplicadores.
Queremos expresar que estamos de acuerdo con el acta de entendimiento entre los obtentores y las entidades gremiales.
En mi exposición haré un paneo de lo que son las categorías del INASE y de lo que es un comercio, como así también mencionaré distintas apreciaciones estadísticas.
El INASE tiene distintas categorías, de las cuales la D y F corresponden al comercio.
La categoría D comprende a todas las personas físicas y jurídicas que producen semillas de primera multiplicación, u otras multiplicaciones bajo el régimen de fiscalización. Están habilitados para comercializar su producción. La categoría F, de comerciante expendedor, vendría a ser un comercio que no necesariamente es multiplicador pero que vende al usuario final, que es productor. Además, hay otras categorías de procesador y vivero. Yo soy de la provincia de Tucumán, y los citrus no están dentro de la ley de semillas, como tampoco la caña de azúcar y otros cultivos. Esto es todo. No hay otros tipos de categoría como "productor agropecuario" o "multiplicador incremental".
Señores legisladores: nuestro sector está en una crisis profunda desde 2011. Nuestra Cámara tiene 300 asociados entre empresas y pymes, no somos una multinacional sino empresas pymes que estamos en pueblos, que trabajamos, que damos mano de obra y que invertimos en el país. Existían 762 semilleros distribuidos en 381 pueblos, y a la fecha quedan 550 multiplicadores registrados. El personal directo era de 8.000 personas y en 2018 hay 6.000; el personal indirecto era de 14.000 personas, mientras que hoy son 11.000. Las bolsas fiscalizadas que se vendían eran 5 millones en trigo, y 9 millones en soja; hoy se venden 3.800.000 bolsas de trigo y 2.900.000 bolsas de soja. La capacidad instalada de nuestra Cámara es para 6 millones, y hoy el mercado tiene 12 millones entre bolsas y regalías, es decir que el 50 por ciento de esa capacidad la tenemos nosotros.
Voy a explicar un poco la diferencia entre semilla fiscalizada o semilla ilegal, mal llamada "bolsa blanca". La fiscalizada es una semilla original que se compra al obtentor mientras que la bolsa blanca es por multiplicación y uso propio, es decir se cosecha, se siembra y no se reconoce nada. La semilla fiscalizada tiene calidad certificada y tratamiento en laboratorio; la ilegal, no. Además, se pagan regalías cuando se compra la bolsa al productor, mientras que en la bolsa blanca no se reconoce la propiedad intelectual.
Además, en la semilla fiscalizada el proceso industrial es controlado por el INASE, por la propia planta o por el SENASA, mientras que en la bolsa blanca el proceso artesanal es en el campo. La semilla fiscalizada tiene tratamiento de seguridad y seguridad ambiental, a diferencia de la bolsa blanca, que tiene un tratamiento con riesgo de contaminación porque muchas veces se hace en galpón o en campo manipulando productos.
En cuanto a trazabilidad y antecesores, la semilla certificada permite conocer el origen o la rotación del cultivo, información que en la bolsa ilegal no existe. A su vez, la semilla certificada emplea mano de obra capacitada y paga impuestos municipales, provinciales y nacionales mientras que en la bolsa ilegal hay menos mano de obra, evasión de impuestos y mercado informal.
Paso a explicar cómo es la planificación de un semillero multiplicador. En el año cero se compra semilla original, se contrata, se hacen convenios con productores de los lotes destinados a semilla, se hace una inversión en implantación y cultivo, y se inscriben los lotes ante el INASE. Siempre hay una discusión en el sentido que no va a haber semillas, pero los semilleros por lo general hacen un 30 por ciento de pulmón; es decir que si falla la producción, tienen para compensar esa pérdida. Según la opinión de nuestra Cámara, la ley debería establecer un pulmón del 50 por ciento.
Luego, en el año uno se hace un análisis de precosecha, se cosechan los lotes de semilla, se hacen análisis en los laboratorios habilitados por el INASE y si se determina la calidad. Muchas veces no da la calidad y la bolsa de semilla original vale el doble que una semilla de primera multiplicación, que es un costo agregado para el multiplicador. Si la da calidad, se califica en una planta de procesamiento. La gran mayoría tiene una inversión de muchos millones de dólares en galpones, infraestructura, silos, y mucha mano de obra y tecnología.
En cuanto al tratamiento de semilla, se almacenan en depósitos, y en el NOA y en el NEA -donde hace mucho calor- se están implementando cámaras de frío que tienen un costo muy alto por la electricidad. Se está apostando muy fuerte a la ley de semillas.
En relación con la compra de bolsas, insumos, rótulos, estampillas, aunque después se caiga la calidad el pago de rótulos y de estampillas al INASE ya se hizo, por lo que es un costo adicional del multiplicador. Finalmente, la comercialización se realiza a través de comercio o por el mismo multiplicador. Hay vendedores distribuidos en distintos pueblos que aportan un pago de regalías al obtentor.
Voy a dar un ejemplo. El año cero sería 2017; en Tucumán se cosecha en mayo, se da la calidad, se procesa, se guarda y se empieza a sembrar en diciembre. La cobranza de bolsas vendidas se da en 2019, en el año dos. Eso es un esfuerzo muy grande que hacen los comercios, las empresas semilleras y los multiplicadores.
Señores: el campo genera trabajo, recursos humanos en la mano de obra directa mediante gerentes de planta, directores técnicos, jefes de turno, personal de clasificación, laboratoristas, ingenieros en seguridad, comerciales, administrativos. Además, genera mano de obra indirecta a través de transportistas, carga y descarga, UATRE, fabricantes de insumos, rótulos, maquinarias, mantenimiento y contratistas para la producción de lotes de siembra.
Como consideraciones finales, a nosotros nos interesa asegurar un marco legislativo que promueva la adopción de semillas fiscalizadas que permita a los productores acceder a nuevas tecnologías, semillas de calidad y mejores servicios, así como establecer mecanismos de controles efectivos y eficientes por parte del Estado. Creemos que el concepto de orden público atenta contra toda inversión y libertad de contratación. Promovemos el uso propio gratuito de las semillas para pueblos originarios y agricultura familiar, como lo dijeron varios expositores. Por último, la conformación del Directorio del INASE es una tarea pendiente del gobierno. (Aplausos.)
Quiero resaltar la importancia del primer artículo de la Ley 20.247 -vigente a la fecha-, que dice: "La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren, y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas". En esta presentación es muy importante este artículo sobre la facultad que está reservada para los obtentores y multiplicadores.
Queremos expresar que estamos de acuerdo con el acta de entendimiento entre los obtentores y las entidades gremiales.
En mi exposición haré un paneo de lo que son las categorías del INASE y de lo que es un comercio, como así también mencionaré distintas apreciaciones estadísticas.
El INASE tiene distintas categorías, de las cuales la D y F corresponden al comercio.
La categoría D comprende a todas las personas físicas y jurídicas que producen semillas de primera multiplicación, u otras multiplicaciones bajo el régimen de fiscalización. Están habilitados para comercializar su producción. La categoría F, de comerciante expendedor, vendría a ser un comercio que no necesariamente es multiplicador pero que vende al usuario final, que es productor. Además, hay otras categorías de procesador y vivero. Yo soy de la provincia de Tucumán, y los citrus no están dentro de la ley de semillas, como tampoco la caña de azúcar y otros cultivos. Esto es todo. No hay otros tipos de categoría como "productor agropecuario" o "multiplicador incremental".
Señores legisladores: nuestro sector está en una crisis profunda desde 2011. Nuestra Cámara tiene 300 asociados entre empresas y pymes, no somos una multinacional sino empresas pymes que estamos en pueblos, que trabajamos, que damos mano de obra y que invertimos en el país. Existían 762 semilleros distribuidos en 381 pueblos, y a la fecha quedan 550 multiplicadores registrados. El personal directo era de 8.000 personas y en 2018 hay 6.000; el personal indirecto era de 14.000 personas, mientras que hoy son 11.000. Las bolsas fiscalizadas que se vendían eran 5 millones en trigo, y 9 millones en soja; hoy se venden 3.800.000 bolsas de trigo y 2.900.000 bolsas de soja. La capacidad instalada de nuestra Cámara es para 6 millones, y hoy el mercado tiene 12 millones entre bolsas y regalías, es decir que el 50 por ciento de esa capacidad la tenemos nosotros.
Voy a explicar un poco la diferencia entre semilla fiscalizada o semilla ilegal, mal llamada "bolsa blanca". La fiscalizada es una semilla original que se compra al obtentor mientras que la bolsa blanca es por multiplicación y uso propio, es decir se cosecha, se siembra y no se reconoce nada. La semilla fiscalizada tiene calidad certificada y tratamiento en laboratorio; la ilegal, no. Además, se pagan regalías cuando se compra la bolsa al productor, mientras que en la bolsa blanca no se reconoce la propiedad intelectual.
Además, en la semilla fiscalizada el proceso industrial es controlado por el INASE, por la propia planta o por el SENASA, mientras que en la bolsa blanca el proceso artesanal es en el campo. La semilla fiscalizada tiene tratamiento de seguridad y seguridad ambiental, a diferencia de la bolsa blanca, que tiene un tratamiento con riesgo de contaminación porque muchas veces se hace en galpón o en campo manipulando productos.
En cuanto a trazabilidad y antecesores, la semilla certificada permite conocer el origen o la rotación del cultivo, información que en la bolsa ilegal no existe. A su vez, la semilla certificada emplea mano de obra capacitada y paga impuestos municipales, provinciales y nacionales mientras que en la bolsa ilegal hay menos mano de obra, evasión de impuestos y mercado informal.
Paso a explicar cómo es la planificación de un semillero multiplicador. En el año cero se compra semilla original, se contrata, se hacen convenios con productores de los lotes destinados a semilla, se hace una inversión en implantación y cultivo, y se inscriben los lotes ante el INASE. Siempre hay una discusión en el sentido que no va a haber semillas, pero los semilleros por lo general hacen un 30 por ciento de pulmón; es decir que si falla la producción, tienen para compensar esa pérdida. Según la opinión de nuestra Cámara, la ley debería establecer un pulmón del 50 por ciento.
Luego, en el año uno se hace un análisis de precosecha, se cosechan los lotes de semilla, se hacen análisis en los laboratorios habilitados por el INASE y si se determina la calidad. Muchas veces no da la calidad y la bolsa de semilla original vale el doble que una semilla de primera multiplicación, que es un costo agregado para el multiplicador. Si la da calidad, se califica en una planta de procesamiento. La gran mayoría tiene una inversión de muchos millones de dólares en galpones, infraestructura, silos, y mucha mano de obra y tecnología.
En cuanto al tratamiento de semilla, se almacenan en depósitos, y en el NOA y en el NEA -donde hace mucho calor- se están implementando cámaras de frío que tienen un costo muy alto por la electricidad. Se está apostando muy fuerte a la ley de semillas.
En relación con la compra de bolsas, insumos, rótulos, estampillas, aunque después se caiga la calidad el pago de rótulos y de estampillas al INASE ya se hizo, por lo que es un costo adicional del multiplicador. Finalmente, la comercialización se realiza a través de comercio o por el mismo multiplicador. Hay vendedores distribuidos en distintos pueblos que aportan un pago de regalías al obtentor.
Voy a dar un ejemplo. El año cero sería 2017; en Tucumán se cosecha en mayo, se da la calidad, se procesa, se guarda y se empieza a sembrar en diciembre. La cobranza de bolsas vendidas se da en 2019, en el año dos. Eso es un esfuerzo muy grande que hacen los comercios, las empresas semilleras y los multiplicadores.
Señores: el campo genera trabajo, recursos humanos en la mano de obra directa mediante gerentes de planta, directores técnicos, jefes de turno, personal de clasificación, laboratoristas, ingenieros en seguridad, comerciales, administrativos. Además, genera mano de obra indirecta a través de transportistas, carga y descarga, UATRE, fabricantes de insumos, rótulos, maquinarias, mantenimiento y contratistas para la producción de lotes de siembra.
Como consideraciones finales, a nosotros nos interesa asegurar un marco legislativo que promueva la adopción de semillas fiscalizadas que permita a los productores acceder a nuevas tecnologías, semillas de calidad y mejores servicios, así como establecer mecanismos de controles efectivos y eficientes por parte del Estado. Creemos que el concepto de orden público atenta contra toda inversión y libertad de contratación. Promovemos el uso propio gratuito de las semillas para pueblos originarios y agricultura familiar, como lo dijeron varios expositores. Por último, la conformación del Directorio del INASE es una tarea pendiente del gobierno. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la representación de la Bolsa de Comercio de Rosario, mediante los señores señor Alberto Padoán, su presidente, y Mario Acoroni.
SR. ACORONI Señor presidente: muchas gracias por habernos invitado a esta reunión.
La Bolsa de Comercio de Rosario apunta a una ley superadora de la 20.247. Han pasado 45 años desde su promulgación en marzo de 1973, cuando la producción de granos en la Argentina apenas rozaba los 20 millones de toneladas, cuando la soja todavía era un cultivo experimental y cuando el 75 por ciento de la superficie sembrada era de semillas híbridas, con lo cual no existía el problema que hoy conocemos como semilla ilegal o bolsa blanca. En primer lugar, creemos que debe existir una ley que intente promover e incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades en materia de biotecnología y genética.
La industria semillera se ocupa del desarrollo de variedades vegetales nuevas, distintas, homogéneas y estables, para lo cual el proceso de investigación para obtener materiales nuevos lleva mucho tiempo -más de diez años-, lo que requiere de un retorno de la inversión realizada.
Entonces, en primer lugar, entendemos que el marco legal en materia de semillas debe promover que la industria semillera obtenga un retorno de la inversión realizada. De lo contrario, nos vamos a encontrar con lo que ocurre hoy, con que hay regiones del país que no tienen variedades en cantidad suficiente, que pierden competitividad.
Apuntamos a tener semillas que permitan extender la frontera agrícola, mejoras en la productividad, y una mayor variedad y mejor calidad nutricional. Todo esto se logra con un retorno adecuado de la inversión realizada por los semilleros. Esto no es solamente para la empresa privada, dado que en esto también se verá beneficiado el INTA, las universidades o los institutos que forman parte del CONICET en materia de semillas.
En segundo lugar, creemos que el pago de las regalías en semillas debe incluir tanto el derecho de uso de germoplasma como de biotecnología. Es decir, debemos terminar con esa diferenciación. La regalía debe incluir los dos conceptos, el germoplasma y la biotecnología.
En nuestro país está arraigada la práctica del uso propio en materia de semillas autógamas, como es el caso del trigo, la soja, el maní, el garbanzo y otras especies vegetales. Consecuentemente, entendemos que los proveedores de semillas deben ofrecer en el mercado alternativas que contemplen estas características del mercado argentino.
¿Cómo se entiende esto? Podrá haber ofertas por pago de semilla original y, después, un pago adicional de una regalía extendida por cada uso propio que se haga u otra oferta comercial donde se cobre todo por única vez en la venta de semillas originales. Estas son todas alternativas comerciales que pueden ofrecer los proveedores de la semilla.
Lógicamente, en el caso del uso propio oneroso deben quedar excluidos la agricultura familiar, los productores inscritos en el ReNAF, los pueblos originarios y, quizá, los pequeños productores.
El valor de la semilla -tanto el germoplasma como la biotecnología- deben establecerlo libremente los oferentes, tanto para la venta de semilla original como para cada uso propio que se haga de la misma. El plazo durante el cual debe cobrarse esa regalía será el establecido al momento de inscripción de los cultivares en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.
Con respecto al control del sistema, estamos convencidos de que debe estar a cargo del Estado, y me refiero al control comercial de la semilla y del grano. En este sentido, apoyamos el sistema que implementó el INASE de control del grano en el punto de entrega, ya que esto, complementado con un sistema de declaración jurada por parte del productor de la semilla que se utiliza, permitiría corroborar los casos en que se está desvirtuando el sistema y corresponda aplicar las sanciones correspondientes.
Básicamente, estos son los lineamentos generales, pero lo importante, después de más de quince años que venimos discutiendo este tema, es que, de una vez por todas, reconozcamos el retorno a la inversión realizada.
De no ser así, lamentablemente va a ocurrir lo que ya está ocurriendo: la Argentina está perdiendo competitividad contra nuestros países competidores. Tenemos menores rendimientos que los Estados Unidos, Brasil y que otros países por la escasez de variedades vegetales que están en el mercado. (Aplausos.)
La Bolsa de Comercio de Rosario apunta a una ley superadora de la 20.247. Han pasado 45 años desde su promulgación en marzo de 1973, cuando la producción de granos en la Argentina apenas rozaba los 20 millones de toneladas, cuando la soja todavía era un cultivo experimental y cuando el 75 por ciento de la superficie sembrada era de semillas híbridas, con lo cual no existía el problema que hoy conocemos como semilla ilegal o bolsa blanca. En primer lugar, creemos que debe existir una ley que intente promover e incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades en materia de biotecnología y genética.
La industria semillera se ocupa del desarrollo de variedades vegetales nuevas, distintas, homogéneas y estables, para lo cual el proceso de investigación para obtener materiales nuevos lleva mucho tiempo -más de diez años-, lo que requiere de un retorno de la inversión realizada.
Entonces, en primer lugar, entendemos que el marco legal en materia de semillas debe promover que la industria semillera obtenga un retorno de la inversión realizada. De lo contrario, nos vamos a encontrar con lo que ocurre hoy, con que hay regiones del país que no tienen variedades en cantidad suficiente, que pierden competitividad.
Apuntamos a tener semillas que permitan extender la frontera agrícola, mejoras en la productividad, y una mayor variedad y mejor calidad nutricional. Todo esto se logra con un retorno adecuado de la inversión realizada por los semilleros. Esto no es solamente para la empresa privada, dado que en esto también se verá beneficiado el INTA, las universidades o los institutos que forman parte del CONICET en materia de semillas.
En segundo lugar, creemos que el pago de las regalías en semillas debe incluir tanto el derecho de uso de germoplasma como de biotecnología. Es decir, debemos terminar con esa diferenciación. La regalía debe incluir los dos conceptos, el germoplasma y la biotecnología.
En nuestro país está arraigada la práctica del uso propio en materia de semillas autógamas, como es el caso del trigo, la soja, el maní, el garbanzo y otras especies vegetales. Consecuentemente, entendemos que los proveedores de semillas deben ofrecer en el mercado alternativas que contemplen estas características del mercado argentino.
¿Cómo se entiende esto? Podrá haber ofertas por pago de semilla original y, después, un pago adicional de una regalía extendida por cada uso propio que se haga u otra oferta comercial donde se cobre todo por única vez en la venta de semillas originales. Estas son todas alternativas comerciales que pueden ofrecer los proveedores de la semilla.
Lógicamente, en el caso del uso propio oneroso deben quedar excluidos la agricultura familiar, los productores inscritos en el ReNAF, los pueblos originarios y, quizá, los pequeños productores.
El valor de la semilla -tanto el germoplasma como la biotecnología- deben establecerlo libremente los oferentes, tanto para la venta de semilla original como para cada uso propio que se haga de la misma. El plazo durante el cual debe cobrarse esa regalía será el establecido al momento de inscripción de los cultivares en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.
Con respecto al control del sistema, estamos convencidos de que debe estar a cargo del Estado, y me refiero al control comercial de la semilla y del grano. En este sentido, apoyamos el sistema que implementó el INASE de control del grano en el punto de entrega, ya que esto, complementado con un sistema de declaración jurada por parte del productor de la semilla que se utiliza, permitiría corroborar los casos en que se está desvirtuando el sistema y corresponda aplicar las sanciones correspondientes.
Básicamente, estos son los lineamentos generales, pero lo importante, después de más de quince años que venimos discutiendo este tema, es que, de una vez por todas, reconozcamos el retorno a la inversión realizada.
De no ser así, lamentablemente va a ocurrir lo que ya está ocurriendo: la Argentina está perdiendo competitividad contra nuestros países competidores. Tenemos menores rendimientos que los Estados Unidos, Brasil y que otros países por la escasez de variedades vegetales que están en el mercado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor Dámaso Pardo, representante del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, INPI.
SR. PARDO Muchas gracias a la Cámara de Diputados por invitarme a esta comisión a opinar y expresar nuestra posición, especialmente a su presidente Atilio Benedetti.
Voy a abordar esta problemática de la modernización de la Ley de Semillas -iniciativa que celebro y que espero llegue a buen término- desde la óptica de la propiedad intelectual.
El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, un organismo que está en la órbita del Ministerio de Producción y que se ocupa de otorgar los derechos sobre marcas, diseños y patentes.
El primer punto que quiero señalar tiene que ver con el rol relevante de la propiedad intelectual en la economía del conocimiento. Hoy, en esta economía del conocimiento, los valores fundamentales son el conocimiento -valga la redundancia- y la innovación. Esta innovación tiene que ser protegida por los derechos de propiedad intelectual, sea cual fuera: una marca, un diseño o una patente.
Ese círculo virtuoso, junto con una competencia sana, genera gran desarrollo económico, creación de empleo y riqueza para un país determinado. Lo hemos visto claramente en ejemplos como el de Corea del Sur, un país que en el año 1960 no tenía ni para alimentarse, pero que con una política de propiedad intelectual logró en 60 años un poderío económico. Hoy fabrica tecnología de punta en todos los sectores, como por ejemplo el de telecomunicaciones y otros.
También vemos ese resultado favorable en países pequeños como Dinamarca, a través de los productos de valor agregado que exportan. Asimismo, lo vemos también reflejado en países de nuestro continente, como Chile, Perú, Colombia y México, donde hay un mayor grado de protección de las innovaciones y de la propiedad intelectual.
En ese sentido, en nuestro país -y me atrevería a decir incluso dentro del MERCOSUR, uno de los mercados más cerrados del mundo- se ha tenido una actitud muy a la defensiva sobre la propiedad intelectual. Creo que la misma es una herramienta que debe ser utilizada con buen criterio para el desarrollo de nuestro país.
En los últimos años, las biotecnologías e innovaciones que se incorporan a las semillas se han multiplicado de manera exponencial, lo cual presenta nuevos desafíos legales. Es impensable hablar de una ley de semillas actual y moderna sin abordar los inventos biotecnológicos incorporados a las mismas, como también los correspondientes derechos de patentes.
En este punto nos adentramos en el primer tema novedoso, el cual considero que la doctora Gianni describió de manera clara. Me refiero a que aquí estamos ante una superposición de distintos regímenes que se pueden presentar en un germoplasma que tenga un evento determinado.
La República Argentina, como la mayoría de los países del mundo, cuenta con una Ley de Semillas -que queremos modernizar- que convive con la protección de las invenciones biotecnológicas contempladas en la Ley de Patentes de Invención, de competencia del INPI.
Esto genera múltiples escenarios y situaciones de difícil resolución, las cuales deben ser abordadas a fin de otorgar tanto previsibilidad como seguridad jurídica a las personas y empresas que desarrollan esas tecnologías.
Cuando se hace referencia a variedades transgénicas, la superposición normativa entre el derecho del obtentor y las patentes está presente y afecta la regulación de esta materia viva.
Tenemos, por un lado, una Ley de Semillas y una Ley de Patentes y, por el otro, los convenios UPOV y TRIPs.
Esto sucede en todos los países del planeta; la Argentina no es una excepción.
El segundo punto de mi exposición son los distintos intereses, porque somos conscientes de que esta actividad afecta a distintos actores: poderosas empresas multinacionales, fitomejoradores, semilleros locales y agricultores pequeños y grandes. Cada uno tiene su interés y su problemática dentro de esta solución que queremos buscar mediante esta nueva ley de semillas. También se debe mencionar a los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, preocupados por la soberanía alimentaria y tecnológica y el desarrollo sostenido. Todo esto determina que redoblemos los esfuerzos para aprobar una ley de semillas consistente, acorde a las necesidades de nuestro país, teniendo bien presente la importancia que significa la exportación de los productos nacionales y los marcos jurídicos necesarios para tal fin.
Precisamente, en materia de exportaciones es importante tener en cuenta que de no conceder una debida protección de propiedad intelectual para los eventos o para los germoplasmas, no solo estaremos tratando de tapar el sol con la mano y perdiendo oportunidades de inversión y de explotación eficiente para nuestros agricultores, sino que además vamos a encontrarnos con el problema cuando exportemos productos a otros países. El derecho de patentes es territorial. El hecho de que la República Argentina no otorgue protección a determinadas formas de la materia viva no implica que los productores nacionales no deban enfrentar los derechos de patentes vigentes en los países de destino, puesto que la mercadería que está exportando se encuentra protegida mediante una o varias patentes. Al momento de exportar, las patentes existentes en los países de destino tienen un rol determinante, independientemente de que nuestro país otorgue o no patentes sobre determinada materia viva en nuestro territorio.
Finalmente, quiero resaltar el rol del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como autoridad de aplicación de la ley de patentes, que es quien tiene la atribución de reconocer los derechos de patentes. La concesión de tales derechos no puede depender de requisitos o condiciones suplementarias diferentes a las establecidas en el acuerdo ADPIC -o TRIPS, por sus siglas en inglés- y la propia ley de patentes de nuestro país.
Dicho esto, con el fin de aportar posibles soluciones a los problemas planteados respecto de la excepción de los agricultores y de los fitomejoradores -muy bien explicadas recientemente por los oradores que me precedieron- debemos destacar que el artículo 36 de la ley de patentes contempla supuestos en los cuales el derecho que confiere una patente a un titular no produciría efecto en ciertas y determinadas condiciones. En este sentido, las dos excepciones mencionadas podrían ser incorporadas como una limitación a los derechos de patentes, al igual que lo hacen otras legislaciones como la brasileña, la alemana y la de la mayoría de los países del mundo. Mediante esa solución estaríamos tranquilos en cuanto a que un fitomejorador -que depende del uso de una variedad que contenga un gen para su investigación- no necesariamente deba pedir autorización al titular de una patente para hacer el trabajo de experimentación y desarrollo, siempre que no sea con fines comerciales.
Señor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería: el INPI cuenta con un grupo de expertos técnicos con amplio conocimiento en la materia y con un profundo compromiso con el país. Como presidente de esta institución, ponemos toda nuestra experiencia técnica y profesional al servicio de este gran objetivo de contar con una ley de semillas moderna, acorde a las necesidades y al enorme potencial de la Argentina. (Aplausos.)
Voy a abordar esta problemática de la modernización de la Ley de Semillas -iniciativa que celebro y que espero llegue a buen término- desde la óptica de la propiedad intelectual.
El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, un organismo que está en la órbita del Ministerio de Producción y que se ocupa de otorgar los derechos sobre marcas, diseños y patentes.
El primer punto que quiero señalar tiene que ver con el rol relevante de la propiedad intelectual en la economía del conocimiento. Hoy, en esta economía del conocimiento, los valores fundamentales son el conocimiento -valga la redundancia- y la innovación. Esta innovación tiene que ser protegida por los derechos de propiedad intelectual, sea cual fuera: una marca, un diseño o una patente.
Ese círculo virtuoso, junto con una competencia sana, genera gran desarrollo económico, creación de empleo y riqueza para un país determinado. Lo hemos visto claramente en ejemplos como el de Corea del Sur, un país que en el año 1960 no tenía ni para alimentarse, pero que con una política de propiedad intelectual logró en 60 años un poderío económico. Hoy fabrica tecnología de punta en todos los sectores, como por ejemplo el de telecomunicaciones y otros.
También vemos ese resultado favorable en países pequeños como Dinamarca, a través de los productos de valor agregado que exportan. Asimismo, lo vemos también reflejado en países de nuestro continente, como Chile, Perú, Colombia y México, donde hay un mayor grado de protección de las innovaciones y de la propiedad intelectual.
En ese sentido, en nuestro país -y me atrevería a decir incluso dentro del MERCOSUR, uno de los mercados más cerrados del mundo- se ha tenido una actitud muy a la defensiva sobre la propiedad intelectual. Creo que la misma es una herramienta que debe ser utilizada con buen criterio para el desarrollo de nuestro país.
En los últimos años, las biotecnologías e innovaciones que se incorporan a las semillas se han multiplicado de manera exponencial, lo cual presenta nuevos desafíos legales. Es impensable hablar de una ley de semillas actual y moderna sin abordar los inventos biotecnológicos incorporados a las mismas, como también los correspondientes derechos de patentes.
En este punto nos adentramos en el primer tema novedoso, el cual considero que la doctora Gianni describió de manera clara. Me refiero a que aquí estamos ante una superposición de distintos regímenes que se pueden presentar en un germoplasma que tenga un evento determinado.
La República Argentina, como la mayoría de los países del mundo, cuenta con una Ley de Semillas -que queremos modernizar- que convive con la protección de las invenciones biotecnológicas contempladas en la Ley de Patentes de Invención, de competencia del INPI.
Esto genera múltiples escenarios y situaciones de difícil resolución, las cuales deben ser abordadas a fin de otorgar tanto previsibilidad como seguridad jurídica a las personas y empresas que desarrollan esas tecnologías.
Cuando se hace referencia a variedades transgénicas, la superposición normativa entre el derecho del obtentor y las patentes está presente y afecta la regulación de esta materia viva.
Tenemos, por un lado, una Ley de Semillas y una Ley de Patentes y, por el otro, los convenios UPOV y TRIPs.
Esto sucede en todos los países del planeta; la Argentina no es una excepción.
El segundo punto de mi exposición son los distintos intereses, porque somos conscientes de que esta actividad afecta a distintos actores: poderosas empresas multinacionales, fitomejoradores, semilleros locales y agricultores pequeños y grandes. Cada uno tiene su interés y su problemática dentro de esta solución que queremos buscar mediante esta nueva ley de semillas. También se debe mencionar a los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, preocupados por la soberanía alimentaria y tecnológica y el desarrollo sostenido. Todo esto determina que redoblemos los esfuerzos para aprobar una ley de semillas consistente, acorde a las necesidades de nuestro país, teniendo bien presente la importancia que significa la exportación de los productos nacionales y los marcos jurídicos necesarios para tal fin.
Precisamente, en materia de exportaciones es importante tener en cuenta que de no conceder una debida protección de propiedad intelectual para los eventos o para los germoplasmas, no solo estaremos tratando de tapar el sol con la mano y perdiendo oportunidades de inversión y de explotación eficiente para nuestros agricultores, sino que además vamos a encontrarnos con el problema cuando exportemos productos a otros países. El derecho de patentes es territorial. El hecho de que la República Argentina no otorgue protección a determinadas formas de la materia viva no implica que los productores nacionales no deban enfrentar los derechos de patentes vigentes en los países de destino, puesto que la mercadería que está exportando se encuentra protegida mediante una o varias patentes. Al momento de exportar, las patentes existentes en los países de destino tienen un rol determinante, independientemente de que nuestro país otorgue o no patentes sobre determinada materia viva en nuestro territorio.
Finalmente, quiero resaltar el rol del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como autoridad de aplicación de la ley de patentes, que es quien tiene la atribución de reconocer los derechos de patentes. La concesión de tales derechos no puede depender de requisitos o condiciones suplementarias diferentes a las establecidas en el acuerdo ADPIC -o TRIPS, por sus siglas en inglés- y la propia ley de patentes de nuestro país.
Dicho esto, con el fin de aportar posibles soluciones a los problemas planteados respecto de la excepción de los agricultores y de los fitomejoradores -muy bien explicadas recientemente por los oradores que me precedieron- debemos destacar que el artículo 36 de la ley de patentes contempla supuestos en los cuales el derecho que confiere una patente a un titular no produciría efecto en ciertas y determinadas condiciones. En este sentido, las dos excepciones mencionadas podrían ser incorporadas como una limitación a los derechos de patentes, al igual que lo hacen otras legislaciones como la brasileña, la alemana y la de la mayoría de los países del mundo. Mediante esa solución estaríamos tranquilos en cuanto a que un fitomejorador -que depende del uso de una variedad que contenga un gen para su investigación- no necesariamente deba pedir autorización al titular de una patente para hacer el trabajo de experimentación y desarrollo, siempre que no sea con fines comerciales.
Señor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería: el INPI cuenta con un grupo de expertos técnicos con amplio conocimiento en la materia y con un profundo compromiso con el país. Como presidente de esta institución, ponemos toda nuestra experiencia técnica y profesional al servicio de este gran objetivo de contar con una ley de semillas moderna, acorde a las necesidades y al enorme potencial de la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el ingeniero Alberto Livore, representante del INTA de Concepción del Uruguay, unidad abocada al mejoramiento de arroz.
SR. LIVORE Agradecemos al presidente de la comisión y sus integrantes por la invitación.
Nos toca en esta oportunidad presentar el caso del arroz. Soy el mejorador de arroz del INTA, y como ustedes sabrán es un cultivo regional pequeño. Sin embargo, en el mundo es el más importante, superando al trigo. Al ser un cultivo regional, el arroz tuvo una alta dependencia de los países limítrofes y otros a partir de 1990, cuando se comenzó el programa de mejoramiento. En 1990 la Argentina estaba cultivada con variedades provenientes de Brasil, Uruguay y, anteriormente, de los Estados Unidos. También teníamos una dependencia comercial porque esas variedades solamente podían tener como destino a Brasil, el gran productor y consumidor de arroz.
Para hacer una síntesis, a través del plan de mejoramiento se logró que en 2017 el 90 por ciento del área de Brasil estuviera sembrada con variedades con tecnología INTA. Asimismo, Centroamérica cambió el paradigma de calidad con las variedades provenientes de INTA, y en Italia, Grecia y España se siembran variedades con germoplasma de INTA.
La pregunta es qué nos aportan estos datos en cuanto a la ley de semillas. No solamente las multinacionales o las empresas privadas pueden generar productos y tecnología que nos sirven a todos. Por supuesto que los productores y las empresas privadas exportadoras se han visto beneficiadas. Hoy en día aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos por regalías del INTA proviene de las variedades de arroz. Esto está incluyendo trigo, maíz, soja, girasol, alfalfa, cuyos convenios del INTA también aportan. Cuando vemos cómo está compuesto ese ingreso, vemos también que el 95 por ciento del ingreso proviene de otros países, no de la Argentina.
La bolsa blanca de arroz está en el orden del 60-70 por ciento en la Argentina. No estoy hablando de un monto menor: en el INTA ingresan más de 2 millones y medio de dólares gracias a las regalías, lo cual sostiene no solamente el programa de mejoramiento de arroz sino muchos otros. La protección de la propiedad intelectual no solamente beneficia al obtentor, sino que también es solidaria con el resto del sistema.
Está beneficiando a los productores, que han tenido una enorme ventaja al poder utilizar esa tecnología, y a los exportadores, que pudieron explorar nuevos mercados y lograr precios de los más altos en el mercado de una commodity en la que, como podrán imaginar, la Argentina es un actor menor, intrascendente respecto de los países asiáticos. Sin embargo, gracias a la calidad, los exportadores logran el precio más alto en los tenders de Irak, Irán y otros países.
En contrapartida, quiero señalar qué pasó en la Argentina. El arroz está circunscrito al Litoral, por cuanto podemos controlar perfectamente qué ocurrió en una provincia en particular, Santa Fe.
En 2004, Santa Fe cultivaba aproximadamente 15.000 hectáreas de arroz, y la mayoría de los campos estaba invadida por el arroz colorado, que es una maleza que no se podía controlar hasta ese momento con ningún herbicida.
Uno de los logros de nuestro programa fue obtener una resistencia no transgénica a herbicidas que permitía controlar el arroz colorado. Después de 2004, lanzamos la primera variedad y, gracias a esa tecnología, en 2014 se llegó a 48.000 hectáreas de producción de arroz en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, de los 34 productores -estaban todos los datos: nombre, apellido, amante- ninguno compró nunca un kilo de semilla certificada ni un litro de herbicida que no fuera genérico, ni tenían asesoramiento alguno; es decir, los tres pilares para mantener la tecnología. Resultado: campaña 2017 - 2018, la producción bajó a 30.000 hectáreas, con todos los campos invadidos de arroz colorado, pero resistente al herbicida.
Este caso es verificable, por eso lo doy con nombre y apellido. Nos muestra que el uso propio, acompañado no solamente de semilla ilegal sino de otras prácticas, arruina la tecnología.
Se trataba de tecnología argentina, no le pagamos a ninguna empresa multinacional, y hoy se está tornando inservible, simplemente por el mal uso.
Considerando que esto iba a ocurrir, tenemos una nueva resistencia herbicida. La pregunta es qué haremos con esta nueva resistencia, ¿permitiremos que se libere para que pase lo mismo?
La ley de semilla debe cumplir un rol ordenador. No me voy a extender ni en lo legal ni en todos los detalles de comercialización que otros claramente ya han explicado. Simplemente les presento este caso en el que, gracias a un trabajo de un ente público, se captan regalías internacionales. Es un círculo virtuoso, ya que se generan nuevas tecnologías para lo que pudiera pasar, pero ¿lo vamos a dejar así? Esta es una pregunta para que los legisladores puedan decidir cómo debe ser la ley de semilla. (Aplausos.)
Nos toca en esta oportunidad presentar el caso del arroz. Soy el mejorador de arroz del INTA, y como ustedes sabrán es un cultivo regional pequeño. Sin embargo, en el mundo es el más importante, superando al trigo. Al ser un cultivo regional, el arroz tuvo una alta dependencia de los países limítrofes y otros a partir de 1990, cuando se comenzó el programa de mejoramiento. En 1990 la Argentina estaba cultivada con variedades provenientes de Brasil, Uruguay y, anteriormente, de los Estados Unidos. También teníamos una dependencia comercial porque esas variedades solamente podían tener como destino a Brasil, el gran productor y consumidor de arroz.
Para hacer una síntesis, a través del plan de mejoramiento se logró que en 2017 el 90 por ciento del área de Brasil estuviera sembrada con variedades con tecnología INTA. Asimismo, Centroamérica cambió el paradigma de calidad con las variedades provenientes de INTA, y en Italia, Grecia y España se siembran variedades con germoplasma de INTA.
La pregunta es qué nos aportan estos datos en cuanto a la ley de semillas. No solamente las multinacionales o las empresas privadas pueden generar productos y tecnología que nos sirven a todos. Por supuesto que los productores y las empresas privadas exportadoras se han visto beneficiadas. Hoy en día aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos por regalías del INTA proviene de las variedades de arroz. Esto está incluyendo trigo, maíz, soja, girasol, alfalfa, cuyos convenios del INTA también aportan. Cuando vemos cómo está compuesto ese ingreso, vemos también que el 95 por ciento del ingreso proviene de otros países, no de la Argentina.
La bolsa blanca de arroz está en el orden del 60-70 por ciento en la Argentina. No estoy hablando de un monto menor: en el INTA ingresan más de 2 millones y medio de dólares gracias a las regalías, lo cual sostiene no solamente el programa de mejoramiento de arroz sino muchos otros. La protección de la propiedad intelectual no solamente beneficia al obtentor, sino que también es solidaria con el resto del sistema.
Está beneficiando a los productores, que han tenido una enorme ventaja al poder utilizar esa tecnología, y a los exportadores, que pudieron explorar nuevos mercados y lograr precios de los más altos en el mercado de una commodity en la que, como podrán imaginar, la Argentina es un actor menor, intrascendente respecto de los países asiáticos. Sin embargo, gracias a la calidad, los exportadores logran el precio más alto en los tenders de Irak, Irán y otros países.
En contrapartida, quiero señalar qué pasó en la Argentina. El arroz está circunscrito al Litoral, por cuanto podemos controlar perfectamente qué ocurrió en una provincia en particular, Santa Fe.
En 2004, Santa Fe cultivaba aproximadamente 15.000 hectáreas de arroz, y la mayoría de los campos estaba invadida por el arroz colorado, que es una maleza que no se podía controlar hasta ese momento con ningún herbicida.
Uno de los logros de nuestro programa fue obtener una resistencia no transgénica a herbicidas que permitía controlar el arroz colorado. Después de 2004, lanzamos la primera variedad y, gracias a esa tecnología, en 2014 se llegó a 48.000 hectáreas de producción de arroz en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, de los 34 productores -estaban todos los datos: nombre, apellido, amante- ninguno compró nunca un kilo de semilla certificada ni un litro de herbicida que no fuera genérico, ni tenían asesoramiento alguno; es decir, los tres pilares para mantener la tecnología. Resultado: campaña 2017 - 2018, la producción bajó a 30.000 hectáreas, con todos los campos invadidos de arroz colorado, pero resistente al herbicida.
Este caso es verificable, por eso lo doy con nombre y apellido. Nos muestra que el uso propio, acompañado no solamente de semilla ilegal sino de otras prácticas, arruina la tecnología.
Se trataba de tecnología argentina, no le pagamos a ninguna empresa multinacional, y hoy se está tornando inservible, simplemente por el mal uso.
Considerando que esto iba a ocurrir, tenemos una nueva resistencia herbicida. La pregunta es qué haremos con esta nueva resistencia, ¿permitiremos que se libere para que pase lo mismo?
La ley de semilla debe cumplir un rol ordenador. No me voy a extender ni en lo legal ni en todos los detalles de comercialización que otros claramente ya han explicado. Simplemente les presento este caso en el que, gracias a un trabajo de un ente público, se captan regalías internacionales. Es un círculo virtuoso, ya que se generan nuevas tecnologías para lo que pudiera pasar, pero ¿lo vamos a dejar así? Esta es una pregunta para que los legisladores puedan decidir cómo debe ser la ley de semilla. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Alberto Morelli, en representación de Maizar.
Antes de darle el uso de la palabra al señor Morelli quiero pedir paciencia a los presentes porque luego de esta exposición restan las de los representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Federación de Cooperativas Federadas, la Cámara Algodonera, el criadero Klein y UBATEC. La próxima reunión debe comenzar más temprano o bien debemos restringir el número de expositores a fin de no terminar tan tarde.
Pido disculpas y también que hagamos un esfuerzo en honor a cada uno de los expositores que han venido para dejarnos su punto de vista.
Adelante, señor Morelli.
Antes de darle el uso de la palabra al señor Morelli quiero pedir paciencia a los presentes porque luego de esta exposición restan las de los representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Federación de Cooperativas Federadas, la Cámara Algodonera, el criadero Klein y UBATEC. La próxima reunión debe comenzar más temprano o bien debemos restringir el número de expositores a fin de no terminar tan tarde.
Pido disculpas y también que hagamos un esfuerzo en honor a cada uno de los expositores que han venido para dejarnos su punto de vista.
Adelante, señor Morelli.
SR. MORELLI Señor presidente: muchas gracias por la invitación a exponer ante los diputados la discusión de la actualización legislativa de semillas y creaciones fitogenéticas.
Para aquellos que no conocen qué es MAIZAR, les cuento que se trata de la cadena de maíz y de sorgo de la Argentina. Estamos conformados por cinco eslabones y cada uno de ellos está representado por todas las instituciones que conforman la cadena del maíz y del sorgo: ciencia y tecnología por parte de universidades e instituciones públicas; insumos, por empresas y asociaciones de empresas; producción agropecuaria, donde tenemos parte de las gremiales y las instrucciones técnicas; comercio y exportación, donde se encuentran las distintas bolsas que conforman el país y también la Cámara de Exportación; e industria.
En la diapositiva que vemos en pantalla podrán ver nuestra conformación, a la derecha y a la izquierda; cuáles son los productos con los que trabaja nuestra cadena. Somos una cadena de amplia difusión a nivel nacional, con un fuerte arraigo en el interior. Tratamos de mejorar día a día las economías regionales, ese es nuestro objetivo. Por supuesto, siempre apuntando a la seguridad alimentaria de la Argentina y global.
Al respecto, desde el año 2013 trabajamos desde MAIZAR en una alianza internacional con dos instituciones de Estados Unidos -la asociación de productores de maíz y el consejo de granos-, y con la asociación de productores de maíz de Brasil -Abramilho-. Somos cuatro instituciones y tres países, cada uno tiene un porcentaje del 33 por ciento de la decisión en esta alianza. Somos aliados en lo que tiene que ver con defender el libre comercio y con tratar de bajar las barreras paraarancelarias a nivel global. Además, entre nosotros somos fuertes competidores por los mercados. Así debe ser y en eso trabajamos.
Dicho esto, quiero hablar de los objetivos que creemos que debe tener la ley de semillas. Indudablemente, una ley de semillas tiene que crear un marco jurídico, seguro y previsible que garantice la protección de la propiedad intelectual. Los oradores que me antecedieron han hablado vastamente de la propiedad intelectual y creo que resulta redundante insistir sobre ella, pero sí considero que es el eje central.
Si estamos reconociendo esta propiedad intelectual, obviamente lo que vamos a promover es la investigación y desarrollo de tecnologías, tanto en el sector público como en el privado. Quiero reforzar la excelente presentación del doctor Livore donde dio un ejemplo clarísimo de lo que sucede cuando no se respeta la propiedad intelectual dentro de la Argentina, siendo el INTA quien no recibe las regalías.
Por lo tanto, creo que tenemos trabajar en función de que nuestro sector público también reciba lo que tiene que ver con la investigación para poder seguir investigando y avanzando.
Si cumplimos con estos objetivos, podremos promover la competitividad agrícola de la Argentina a través de nuevas tecnologías en los cultivos de autógamas, ya sea en los regionales o en los intensivos.
Como bien se mencionó acá, los Estados Unidos y Brasil han mejorado sus rendimientos y son más competitivos que nosotros en función del respeto a la propiedad intelectual. Me refiero a que han podido avanzar en la investigación. Nosotros no podemos perder el tren de la competitividad porque es parte del desarrollo.
Eso es parte del desarrollo que va al interior. Debemos trabajar muy fuerte para que la Argentina no pierda su competitividad.
Generalmente, cuando se piensa en una ley de semillas, se consideran una o dos especies, pero claramente tenemos que tener a la vista que son muchas variedades, cultivares y especies que hoy podrían ser parte activa de la rotación en los suelos. Esto complementa lo beneficioso que es el uso del maíz y del sorgo desde el punto de vista de generación de materia orgánica, con su doble efecto de fertilidad y conservación de suelos para defendernos de la grave erosión hídrica y eólica que afecta a nuestros suelos. Si tuviéramos otras especies y pudieran entrar las nuevas tecnologías, podríamos duplicar esos resultados, lo cual haría que sean económicamente viables para intensificar nuestros suelos agronómica, racional y ambientalmente.
Por último, parte de las instituciones que conforman nuestra cadena llegaron a un acta de entendimiento en diciembre del año pasado. Remarco algunos de los consensos que son importantes y que pueden dar fuerza a la futura ley. En primer lugar, creemos que hay que proteger el uso propio como práctica del productor. Sabemos que hace muchos años que se usa esto en la Argentina y que ya es una costumbre muy arraigada en la producción argentina. Hay que seguir defendiéndolo, pero ese uso propio tiene que ser oneroso: quienes opten por esa tecnología, tendrán que pagar por ella, porque es la única forma de que se siga aumentando la investigación y el desarrollo genético en el país. Asimismo, la ley debe garantizar el acceso de los pueblos originarios y la agricultura familiar a las nuevas tecnologías, pero por supuesto hay que hacerlo en condiciones favorables. Habrá que estudiar cuál es la mejor manera para que esto suceda.
Por otro lado, queremos asegurar un mercado de semilla fiscalizada que permita a los productores acceder a semillas de calidad y a mejores servicios.
Otro tema no menor es que debemos garantizar la libertad de las partes para contratar y elegir. El concepto de orden público atenta contra la inversión y la libertad de contratación. Si hay algo que conocemos los que estamos en el sector agropecuario es que los contratos entre partes son intrínsecos del negocio agrícola, y si pasáramos al orden público seguramente afectaremos severamente a los cultivos regionales e intensivos.
Por último, creo que esta ley debe establecer mecanismos de control efectivos y eficientes, por medio del Estado. En esto tiene un rol importante el INASE, y creemos que esto se puede reforzar mediante acuerdos con instituciones privadas.
Señores diputados: está en sus manos lograr que la Argentina mantenga y aumente su competitividad a través de una ley moderna, accesible y que fundamentalmente mire a las nuevas tecnologías. No debemos mirar al pasado; creo que tenemos un mundo nuevo por adelante y es el desafío que ustedes tienen y que Maizar con todo gusto va a acompañar. (Aplausos.)
Para aquellos que no conocen qué es MAIZAR, les cuento que se trata de la cadena de maíz y de sorgo de la Argentina. Estamos conformados por cinco eslabones y cada uno de ellos está representado por todas las instituciones que conforman la cadena del maíz y del sorgo: ciencia y tecnología por parte de universidades e instituciones públicas; insumos, por empresas y asociaciones de empresas; producción agropecuaria, donde tenemos parte de las gremiales y las instrucciones técnicas; comercio y exportación, donde se encuentran las distintas bolsas que conforman el país y también la Cámara de Exportación; e industria.
En la diapositiva que vemos en pantalla podrán ver nuestra conformación, a la derecha y a la izquierda; cuáles son los productos con los que trabaja nuestra cadena. Somos una cadena de amplia difusión a nivel nacional, con un fuerte arraigo en el interior. Tratamos de mejorar día a día las economías regionales, ese es nuestro objetivo. Por supuesto, siempre apuntando a la seguridad alimentaria de la Argentina y global.
Al respecto, desde el año 2013 trabajamos desde MAIZAR en una alianza internacional con dos instituciones de Estados Unidos -la asociación de productores de maíz y el consejo de granos-, y con la asociación de productores de maíz de Brasil -Abramilho-. Somos cuatro instituciones y tres países, cada uno tiene un porcentaje del 33 por ciento de la decisión en esta alianza. Somos aliados en lo que tiene que ver con defender el libre comercio y con tratar de bajar las barreras paraarancelarias a nivel global. Además, entre nosotros somos fuertes competidores por los mercados. Así debe ser y en eso trabajamos.
Dicho esto, quiero hablar de los objetivos que creemos que debe tener la ley de semillas. Indudablemente, una ley de semillas tiene que crear un marco jurídico, seguro y previsible que garantice la protección de la propiedad intelectual. Los oradores que me antecedieron han hablado vastamente de la propiedad intelectual y creo que resulta redundante insistir sobre ella, pero sí considero que es el eje central.
Si estamos reconociendo esta propiedad intelectual, obviamente lo que vamos a promover es la investigación y desarrollo de tecnologías, tanto en el sector público como en el privado. Quiero reforzar la excelente presentación del doctor Livore donde dio un ejemplo clarísimo de lo que sucede cuando no se respeta la propiedad intelectual dentro de la Argentina, siendo el INTA quien no recibe las regalías.
Por lo tanto, creo que tenemos trabajar en función de que nuestro sector público también reciba lo que tiene que ver con la investigación para poder seguir investigando y avanzando.
Si cumplimos con estos objetivos, podremos promover la competitividad agrícola de la Argentina a través de nuevas tecnologías en los cultivos de autógamas, ya sea en los regionales o en los intensivos.
Como bien se mencionó acá, los Estados Unidos y Brasil han mejorado sus rendimientos y son más competitivos que nosotros en función del respeto a la propiedad intelectual. Me refiero a que han podido avanzar en la investigación. Nosotros no podemos perder el tren de la competitividad porque es parte del desarrollo.
Eso es parte del desarrollo que va al interior. Debemos trabajar muy fuerte para que la Argentina no pierda su competitividad.
Generalmente, cuando se piensa en una ley de semillas, se consideran una o dos especies, pero claramente tenemos que tener a la vista que son muchas variedades, cultivares y especies que hoy podrían ser parte activa de la rotación en los suelos. Esto complementa lo beneficioso que es el uso del maíz y del sorgo desde el punto de vista de generación de materia orgánica, con su doble efecto de fertilidad y conservación de suelos para defendernos de la grave erosión hídrica y eólica que afecta a nuestros suelos. Si tuviéramos otras especies y pudieran entrar las nuevas tecnologías, podríamos duplicar esos resultados, lo cual haría que sean económicamente viables para intensificar nuestros suelos agronómica, racional y ambientalmente.
Por último, parte de las instituciones que conforman nuestra cadena llegaron a un acta de entendimiento en diciembre del año pasado. Remarco algunos de los consensos que son importantes y que pueden dar fuerza a la futura ley. En primer lugar, creemos que hay que proteger el uso propio como práctica del productor. Sabemos que hace muchos años que se usa esto en la Argentina y que ya es una costumbre muy arraigada en la producción argentina. Hay que seguir defendiéndolo, pero ese uso propio tiene que ser oneroso: quienes opten por esa tecnología, tendrán que pagar por ella, porque es la única forma de que se siga aumentando la investigación y el desarrollo genético en el país. Asimismo, la ley debe garantizar el acceso de los pueblos originarios y la agricultura familiar a las nuevas tecnologías, pero por supuesto hay que hacerlo en condiciones favorables. Habrá que estudiar cuál es la mejor manera para que esto suceda.
Por otro lado, queremos asegurar un mercado de semilla fiscalizada que permita a los productores acceder a semillas de calidad y a mejores servicios.
Otro tema no menor es que debemos garantizar la libertad de las partes para contratar y elegir. El concepto de orden público atenta contra la inversión y la libertad de contratación. Si hay algo que conocemos los que estamos en el sector agropecuario es que los contratos entre partes son intrínsecos del negocio agrícola, y si pasáramos al orden público seguramente afectaremos severamente a los cultivos regionales e intensivos.
Por último, creo que esta ley debe establecer mecanismos de control efectivos y eficientes, por medio del Estado. En esto tiene un rol importante el INASE, y creemos que esto se puede reforzar mediante acuerdos con instituciones privadas.
Señores diputados: está en sus manos lograr que la Argentina mantenga y aumente su competitividad a través de una ley moderna, accesible y que fundamentalmente mire a las nuevas tecnologías. No debemos mirar al pasado; creo que tenemos un mundo nuevo por adelante y es el desafío que ustedes tienen y que Maizar con todo gusto va a acompañar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tienen la palabra Maritza Puma y Nahuel Levaggi, representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
SRA. PUMA La Unión de Trabajadores de la Tierra es una organización de miles de pequeños productores en toda la Argentina que producen los alimentos para la mayor parte del pueblo. Para nosotros la semilla es muy importante porque es lo primero que necesitamos, además de la tierra y el agua.
En los campos tenemos un modelo de producción convencional que siempre está apegado al agronegocio, con cada vez más apoyo de las leyes. Este modelo de producción va avanzando en nuestros campos y actualmente utilizamos algunas variedades de semillas híbridas o modificadas que normalmente cuestan cuatro a cinco veces más que una semilla criolla.
Por las problemáticas que nosotros tenemos con el crecimiento del agronegocio en los campos, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra empezamos a fomentar un nuevo modelo de producción agroecológico que nos hace menos dependientes de las multinacionales que producen las semillas y los agroquímicos.
Recién se habló de la importancia de la soberanía alimentaria. Los pequeños productores somos los que producimos la mayor parte del alimento, y está en nosotros decidir la manera en que lo hacemos. Las verduras agroecológicas que producimos no son necesariamente estas variedades híbridas que encontramos en el mercado con toda su publicidad; es más fácil encontrar alguien que venga a ofrecerle un agroquímico o una semilla híbrida a la puerta de su casa que a alguien que fomente la agroecología. A través de estudios, sabemos nuestras verduras son más sanas, y así estamos recuperando nuestra cultura produciendo estas semillas criollas que mantuvimos durante años. Dejamos de utilizar los agroquímicos, fertilizantes, fungicidas o insecticidas, y estamos demostrando que sin todos estos insumos podemos producir cuidando el medio ambiente, nuestra salud y la de los consumidores.
En los campos tenemos un modelo de producción convencional que siempre está apegado al agronegocio, con cada vez más apoyo de las leyes. Este modelo de producción va avanzando en nuestros campos y actualmente utilizamos algunas variedades de semillas híbridas o modificadas que normalmente cuestan cuatro a cinco veces más que una semilla criolla.
Por las problemáticas que nosotros tenemos con el crecimiento del agronegocio en los campos, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra empezamos a fomentar un nuevo modelo de producción agroecológico que nos hace menos dependientes de las multinacionales que producen las semillas y los agroquímicos.
Recién se habló de la importancia de la soberanía alimentaria. Los pequeños productores somos los que producimos la mayor parte del alimento, y está en nosotros decidir la manera en que lo hacemos. Las verduras agroecológicas que producimos no son necesariamente estas variedades híbridas que encontramos en el mercado con toda su publicidad; es más fácil encontrar alguien que venga a ofrecerle un agroquímico o una semilla híbrida a la puerta de su casa que a alguien que fomente la agroecología. A través de estudios, sabemos nuestras verduras son más sanas, y así estamos recuperando nuestra cultura produciendo estas semillas criollas que mantuvimos durante años. Dejamos de utilizar los agroquímicos, fertilizantes, fungicidas o insecticidas, y estamos demostrando que sin todos estos insumos podemos producir cuidando el medio ambiente, nuestra salud y la de los consumidores.
SR. LEVAGGI Es importante escuchar la palabra no solamente del empresariado del campo, sino también del trabajador y la trabajadora de la tierra. Vamos a usar el micrófono para marcar nuestra posición, porque venimos hablando de tecnicismos sobre el mismo paradigma, pero acá estamos hablando de discutir la renta y quién se queda con la mayor parte de la torta que se genera. No estamos hablando de alimentos; no nos mintamos, no pongamos argumentos de que nos estamos esforzando en generar mejores alimentos. Quienes impulsan modificaciones no habla de alimentos ni de garantizar la alimentación del pueblo; si estuviéramos hablando de eso, la discusión sería otra.
Y también tiene que ver un poco con eso porque, en realidad, la parte que nos toca a nosotros y nosotras para poder intervenir y dar nuestra palabra no es una cuestión romántica y desfasada de la realidad. Entendemos la situación, la conocemos, la vemos. Impulsamos que haya multiplicadores y productores de semilla, sobre todo para la producción de alimentos reales, pero hoy dependemos de las semillas de Holanda.
Estaba hoy por ahí la Cámara que produce semillas. Actualmente, en horticultura estamos produciendo con semillas de Holanda. Esto debemos modificarlo también. Hoy profundizamos cada vez más un sistema de producción en base a agroquímicos.
Tal vez a algunos les moleste escuchar lo que voy a decir, pero hoy lo que se está discutiendo acá es quién se queda con la guita de lo que se produce y cómo se profundiza el sistema para tener cada vez mayor control de ese dinero.
No negamos que haya que discutir una ley de semilla y que las partes deben estar interesadas, pero no podemos tener una discusión si mentimos o si damos argumentos falaces.
Discúlpenme, pero no puedo escuchar a los grandes empresarios del campo decir que les importa la alimentación del pueblo. Los podemos invitar a los "feriazos" y "verdulazos" que permanentemente hacemos. Y esto no es en contra de nadie, sino a favor de todos los que estamos hablando.
Hoy hablamos de un montón de cosas. Maritza se refirió a la tierra, y creo que los compañeros de la Federación Agraria también lo hicieron.
No podemos dejar de mencionar que hace años venimos impulsando una ley de créditos blandos para el acceso a la tierra, pero todavía no logramos que la Comisión de Agricultura empiece a laburar en esto. Entonces, también nos preguntamos por qué la agenda del Estado, de nuestro Parlamento es esta, y no la que interesa a miles y miles de pequeños productores.
¿Por qué la agenda de esta comisión es la de los poderosos? Hace poco hemos presenciado la declaración de los derechos campesinos, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; allí se habló de distintos derechos campesinos. Venimos de una visita con la relatora de la ONU en la que, además de plantear la situación de crisis y distintas cuestiones, se refirió en su informe -que cualquiera puede leer- a la necesidad de un modelo alternativo y, cuando dice que visitó unas quintas, se refiere a nuestras quintas, donde hay otro modelo de producción.
Hoy estamos hablando de quién se queda con la renta, no hablamos de qué tipo de producción o modelo. Solo tendemos a profundizar un modelo de control que al productor, al trabajador de la tierra y a todo el pueblo, no le sirve. Si bien hablamos del orden público, del interés público y, algunos, de quién compra o vende la unidad de cambio, que es la semilla, estamos perdiendo de vista que todo esto implica la posibilidad real de producir alimentos, y es ahí donde, obviamente, el Estado debe meterse. De ninguna manera puede dejar librado al mercado la producción agropecuaria, cuando además es mentira.
Nosotros hablamos con compañeros y compañeras de la Federación Agraria que nos dicen que no les queda otra que hacer el contrato con la semillera. Si no hay un Estado que intervenga y proteja, si se deja todo librado a las partes y un monstruo hace un contrato con un chiquito, se violan todos los derechos humanos.
Hace años venimos planteando una agenda -y usamos este espacio, por más que a la mayoría tal vez no le interese lo que vamos a decir- que debe contener al sector que produce los alimentos. Y esta no es una cuestión romántica.
Muchos dijeron que los campesinos quedaban afuera, como diciendo: "Bueno, que los chicos jueguen con sus juguetes". Estamos hablando, primero, del control de la unidad básica de la producción de alimentos. No podemos entregar eso en bandeja. El Estado debe intervenir en el control de cómo se utilizan y en la regulación de las nuevas tecnologías, ya que son tecnologías para copar el mercado. Hoy nosotros producimos alimentos -verduras, por ejemplo- con semillas de Holanda, ya que el mercado nos lleva a eso.
También, porque para producir alternativamente se rema en dulce de leche sin ningún tipo de política pública o de asistencia del Estado capaz de promover esto.
Por lo tanto, un Estado ausente que deja librado al mercado la producción agropecuaria no hace más que entregarle en bandeja a los grandes poderes concentrados y a las rentas privadas algo tan básico como la producción de alimentos.
No estamos en desacuerdo con que la tecnología se promueva, ni con que los derechos de los que invierten en tecnología sean rentados. Ahora bien, lo que no podemos es sostener que la discusión del Parlamento sobre políticas públicas agropecuarias tiene que ver con el deseo de los intereses concentrados de poner en agenda una necesidad de una ley de semillas a raíz de la poca recaudación. Creo que a ninguno de ellos le va mal.
Nosotros presentamos el proyecto de ley 591, de acceso a la tierra -uso este espacio porque hace más de dos años estamos intentando que esta comisión trate el tema y no lo hace- para que todos, incluso me refiero a un montón de los productores que están aglutinados en algunas de las federaciones que están presentes acá, podamos acceder a la tierra propia como bien fundamental.
¿Es verdad que es una gran preocupación la producción de alimento? ¿Es una preocupación que el pequeño productor acceda a la tierra y a la tecnología libre? Digo libre y no presa ni esclava, porque hoy la tecnología que se promueve es esclava y cualquier productor de campo adentro lo sabe.
Hoy la posibilidad para aquellos pequeños productores tiene nombre y apellido. Por lo tanto, queremos comprometer y exigirles a Atilio, Juan José, Luis y Pablo avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la tierra, una iniciativa que venimos impulsando hace más de dos años para que sea respetada la dignidad y sean accesibles los derechos de los pequeños productores. (Aplausos.)
Y también tiene que ver un poco con eso porque, en realidad, la parte que nos toca a nosotros y nosotras para poder intervenir y dar nuestra palabra no es una cuestión romántica y desfasada de la realidad. Entendemos la situación, la conocemos, la vemos. Impulsamos que haya multiplicadores y productores de semilla, sobre todo para la producción de alimentos reales, pero hoy dependemos de las semillas de Holanda.
Estaba hoy por ahí la Cámara que produce semillas. Actualmente, en horticultura estamos produciendo con semillas de Holanda. Esto debemos modificarlo también. Hoy profundizamos cada vez más un sistema de producción en base a agroquímicos.
Tal vez a algunos les moleste escuchar lo que voy a decir, pero hoy lo que se está discutiendo acá es quién se queda con la guita de lo que se produce y cómo se profundiza el sistema para tener cada vez mayor control de ese dinero.
No negamos que haya que discutir una ley de semilla y que las partes deben estar interesadas, pero no podemos tener una discusión si mentimos o si damos argumentos falaces.
Discúlpenme, pero no puedo escuchar a los grandes empresarios del campo decir que les importa la alimentación del pueblo. Los podemos invitar a los "feriazos" y "verdulazos" que permanentemente hacemos. Y esto no es en contra de nadie, sino a favor de todos los que estamos hablando.
Hoy hablamos de un montón de cosas. Maritza se refirió a la tierra, y creo que los compañeros de la Federación Agraria también lo hicieron.
No podemos dejar de mencionar que hace años venimos impulsando una ley de créditos blandos para el acceso a la tierra, pero todavía no logramos que la Comisión de Agricultura empiece a laburar en esto. Entonces, también nos preguntamos por qué la agenda del Estado, de nuestro Parlamento es esta, y no la que interesa a miles y miles de pequeños productores.
¿Por qué la agenda de esta comisión es la de los poderosos? Hace poco hemos presenciado la declaración de los derechos campesinos, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; allí se habló de distintos derechos campesinos. Venimos de una visita con la relatora de la ONU en la que, además de plantear la situación de crisis y distintas cuestiones, se refirió en su informe -que cualquiera puede leer- a la necesidad de un modelo alternativo y, cuando dice que visitó unas quintas, se refiere a nuestras quintas, donde hay otro modelo de producción.
Hoy estamos hablando de quién se queda con la renta, no hablamos de qué tipo de producción o modelo. Solo tendemos a profundizar un modelo de control que al productor, al trabajador de la tierra y a todo el pueblo, no le sirve. Si bien hablamos del orden público, del interés público y, algunos, de quién compra o vende la unidad de cambio, que es la semilla, estamos perdiendo de vista que todo esto implica la posibilidad real de producir alimentos, y es ahí donde, obviamente, el Estado debe meterse. De ninguna manera puede dejar librado al mercado la producción agropecuaria, cuando además es mentira.
Nosotros hablamos con compañeros y compañeras de la Federación Agraria que nos dicen que no les queda otra que hacer el contrato con la semillera. Si no hay un Estado que intervenga y proteja, si se deja todo librado a las partes y un monstruo hace un contrato con un chiquito, se violan todos los derechos humanos.
Hace años venimos planteando una agenda -y usamos este espacio, por más que a la mayoría tal vez no le interese lo que vamos a decir- que debe contener al sector que produce los alimentos. Y esta no es una cuestión romántica.
Muchos dijeron que los campesinos quedaban afuera, como diciendo: "Bueno, que los chicos jueguen con sus juguetes". Estamos hablando, primero, del control de la unidad básica de la producción de alimentos. No podemos entregar eso en bandeja. El Estado debe intervenir en el control de cómo se utilizan y en la regulación de las nuevas tecnologías, ya que son tecnologías para copar el mercado. Hoy nosotros producimos alimentos -verduras, por ejemplo- con semillas de Holanda, ya que el mercado nos lleva a eso.
También, porque para producir alternativamente se rema en dulce de leche sin ningún tipo de política pública o de asistencia del Estado capaz de promover esto.
Por lo tanto, un Estado ausente que deja librado al mercado la producción agropecuaria no hace más que entregarle en bandeja a los grandes poderes concentrados y a las rentas privadas algo tan básico como la producción de alimentos.
No estamos en desacuerdo con que la tecnología se promueva, ni con que los derechos de los que invierten en tecnología sean rentados. Ahora bien, lo que no podemos es sostener que la discusión del Parlamento sobre políticas públicas agropecuarias tiene que ver con el deseo de los intereses concentrados de poner en agenda una necesidad de una ley de semillas a raíz de la poca recaudación. Creo que a ninguno de ellos le va mal.
Nosotros presentamos el proyecto de ley 591, de acceso a la tierra -uso este espacio porque hace más de dos años estamos intentando que esta comisión trate el tema y no lo hace- para que todos, incluso me refiero a un montón de los productores que están aglutinados en algunas de las federaciones que están presentes acá, podamos acceder a la tierra propia como bien fundamental.
¿Es verdad que es una gran preocupación la producción de alimento? ¿Es una preocupación que el pequeño productor acceda a la tierra y a la tecnología libre? Digo libre y no presa ni esclava, porque hoy la tecnología que se promueve es esclava y cualquier productor de campo adentro lo sabe.
Hoy la posibilidad para aquellos pequeños productores tiene nombre y apellido. Por lo tanto, queremos comprometer y exigirles a Atilio, Juan José, Luis y Pablo avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la tierra, una iniciativa que venimos impulsando hace más de dos años para que sea respetada la dignidad y sean accesibles los derechos de los pequeños productores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Anticipo a los señores diputados presentes que en la próxima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería -que se realizará en los próximos quince días- daremos ingreso al tratamiento del proyecto 591. Desconozco si fue ingresado hace dos años, pero le daremos tratamiento este año.
Tiene la palabra el señor Lorenzo Basso, representante de UBATEC.
Tiene la palabra el señor Lorenzo Basso, representante de UBATEC.
SR. BASSO Señor presidente: muchísimas gracias por invitarme a esta reunión. La última vez que estuve en la Cámara fue hace dos años, en el 2016, cuando el diputado Gilberto Alegre me invitó a hacer una presentación en función de un proyecto de ley de su autoría y sobre el cual trabajamos en 2012.
Quiero hacer una breve introducción y luego explicar cómo trabajamos en 2012 y qué pasó con dicho proyecto de ley, en el cual trabajamos todas las instituciones. Si no recuerdo mal, fueron alrededor de 35 instituciones las que llegaron a un consenso.
Entiendo que actualmente hay seis proyectos con estado parlamentario de los once que estuvieron dando vueltas desde aquel entonces. Por lo tanto, quiero decir de entrada que no podemos estar seis años discutiendo un proyecto de ley de semillas; la verdad es vergonzoso.
En el año 2012 fui secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ahora, pasaron seis años, y seguimos escuchando lo mismo. Realmente, es agotador.
Pese a que en Argentina el mejoramiento de variedades vegetales reproducidas por semillas es la actividad agropecuaria que mayor proporción destina a la retribución de factores productivos, la realidad indica que el mercado ilegal de semillas es el principal en lo que respecta a especies autógamas.
Desde la promulgación en el año 1973 de la ley 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas, el comercio de semillas ha tenido profundos cambios tecnológicos, económicos, productivos, jurídicos e institucionales que justifican la necesidad de un nuevo cuerpo legislativo en la materia.
La falta de una ley genera la importación de semillas hortícolas y esto es consecuencia de que no tenemos una norma al respecto. La industria semillera nacional no ha estado protegida y, por lo tanto, los desarrollos tecnológicos están siendo pauperizados, más allá de la excelente exposición del representante del INTA.
Si bien en un principio esto es auspicioso, el análisis del debate en curso muestra la existencia de un bajo conocimiento de la realidad histórica, estructural y técnica del sector, lo cual ha conducido a errores interpretativos y soluciones coyunturales que se han trasladado a algunos de los proyectos que hoy tienen estado parlamentario.
Un cambio de la actual ley requiere tener en cuenta la riqueza y la variedad de la industria semillera en Argentina, los intereses y necesidades de las instituciones públicas y privadas dedicadas al mejoramiento vegetal, la totalidad de especies vegetales factibles de ser protegidas. Principalmente, se debe legislar para proveer lo conducente a la defensa de la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, tal como expresa la Constitución Nacional.
En el año 2012 me tocó impulsar una reunión para trabajar un proyecto de ley sobre esta materia. En ese momento se lo denominó "Proyecto INASE 2012". Este proyecto fue el producto del más profundo, transparente y democrático proceso de debate sobre una reforma a la ley de semillas que se haya llevado a cabo.
El proceso de discusión implicó meses de trabajo, ocho reuniones plenarias con la participación de las cuatro entidades gremiales (Federación Agraria Argentina, CRA, Coninagro y Sociedad Rural Argentina); las cuatro cámaras del sector semillero y de insumos (ASA, ARPOV, CSBC y ACTA); dos asociaciones técnicas (Aapresid y AACREA); las dos entidades de multiplicadoras de semillas (FEDIA y CASEM); las cuatro asociaciones de cadena (ASAGIR, MAIZAR, ACSOJA y Argentrigo); dos cooperativas (ACA y AFA) y una cantidad más que importante de representantes del sector público (INTA, INASE, Secretaría de Agricultura, Dirección de Biotecnología, SENASA, CONASE y la Cámara de Diputados).
Todos ellos trabajaron en esa mesa de discusión. El resultado final se dio a través de un expediente al que se adjuntaron las actas de las respectivas reuniones, las opiniones de todos los sectores y un proyecto de ley destinado a una nueva norma sobre semillas y creaciones fitogenéticas con el consenso de los participantes.
El proyecto "INASE 2012" es un cuerpo normativo estricto, en armonía con la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales mencionados en este trabajo, que atañe especialmente al comercio de semillas y protección de variedades vegetales y que no desvía sus objetivos hacia la previsión de un sistema de control ni a solaparse con otros cuerpos legales tales como las patentes o recursos fitogenéticos.
Aún con todos estos elementos, el Poder Ejecutivo ni siquiera envió el proyecto a las Cámaras. La Federación Agraria no lo suscribió -fue el único- y a esto se sumó una activa presión por parte de la recientemente creada Subsecretaría de Agricultura Familiar que interpretó que el proyecto estaba en contra de los intereses de dicho sector.
Las conclusiones están en poder de varios de quienes han presentado proyectos. Lo único que me resta decir es que la verdad, espero que antes que termine el 2019 este proyecto de ley pueda ser discutido y entendido por los diputados y pueda ser aprobado.
Creo que las presentaciones de hoy han sido muy claras en todos los aspectos. Lo que estamos discutiendo no tiene ningún tipo de superposición ni tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, ni con el tema de la apropiación y el uso de las tierras. Tampoco tiene que ver con la horticultura ni con la agricultura agroecológica, del cual yo soy un gran defensor. Me parece que son temas diferentes y no conviene mezclarlos en estos ámbitos porque terminamos haciendo una ensalada rusa y no se termina de entender nunca nada.
Es un tema complejo, yo entiendo que a muchos diputados les cueste, a veces, entender estas temáticas, pero me parece que hoy ha habido muy buenas y muy claras presentaciones que permiten entender esta cuestión y por qué es importante que pensemos en la industria nacional de semillas y que pensemos en las universidades.
En este momento nosotros hemos invertido en la Universidad de Buenos Aires más de un millón de dólares en equipamiento para hacer genómica, que no es transgénesis. Hemos armado un centro de mejoramiento de genómica para aplicar en la producción vegetal y en la producción animal. Tenemos que seguir el camino del tratamiento de marcadores moleculares, y por lo tanto, necesitamos este tipo de leyes que protejan y ayuden a los productores locales y a las empresas nacionales a mejorar su situación. (Aplausos.)
Quiero hacer una breve introducción y luego explicar cómo trabajamos en 2012 y qué pasó con dicho proyecto de ley, en el cual trabajamos todas las instituciones. Si no recuerdo mal, fueron alrededor de 35 instituciones las que llegaron a un consenso.
Entiendo que actualmente hay seis proyectos con estado parlamentario de los once que estuvieron dando vueltas desde aquel entonces. Por lo tanto, quiero decir de entrada que no podemos estar seis años discutiendo un proyecto de ley de semillas; la verdad es vergonzoso.
En el año 2012 fui secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ahora, pasaron seis años, y seguimos escuchando lo mismo. Realmente, es agotador.
Pese a que en Argentina el mejoramiento de variedades vegetales reproducidas por semillas es la actividad agropecuaria que mayor proporción destina a la retribución de factores productivos, la realidad indica que el mercado ilegal de semillas es el principal en lo que respecta a especies autógamas.
Desde la promulgación en el año 1973 de la ley 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas, el comercio de semillas ha tenido profundos cambios tecnológicos, económicos, productivos, jurídicos e institucionales que justifican la necesidad de un nuevo cuerpo legislativo en la materia.
La falta de una ley genera la importación de semillas hortícolas y esto es consecuencia de que no tenemos una norma al respecto. La industria semillera nacional no ha estado protegida y, por lo tanto, los desarrollos tecnológicos están siendo pauperizados, más allá de la excelente exposición del representante del INTA.
Si bien en un principio esto es auspicioso, el análisis del debate en curso muestra la existencia de un bajo conocimiento de la realidad histórica, estructural y técnica del sector, lo cual ha conducido a errores interpretativos y soluciones coyunturales que se han trasladado a algunos de los proyectos que hoy tienen estado parlamentario.
Un cambio de la actual ley requiere tener en cuenta la riqueza y la variedad de la industria semillera en Argentina, los intereses y necesidades de las instituciones públicas y privadas dedicadas al mejoramiento vegetal, la totalidad de especies vegetales factibles de ser protegidas. Principalmente, se debe legislar para proveer lo conducente a la defensa de la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento, tal como expresa la Constitución Nacional.
En el año 2012 me tocó impulsar una reunión para trabajar un proyecto de ley sobre esta materia. En ese momento se lo denominó "Proyecto INASE 2012". Este proyecto fue el producto del más profundo, transparente y democrático proceso de debate sobre una reforma a la ley de semillas que se haya llevado a cabo.
El proceso de discusión implicó meses de trabajo, ocho reuniones plenarias con la participación de las cuatro entidades gremiales (Federación Agraria Argentina, CRA, Coninagro y Sociedad Rural Argentina); las cuatro cámaras del sector semillero y de insumos (ASA, ARPOV, CSBC y ACTA); dos asociaciones técnicas (Aapresid y AACREA); las dos entidades de multiplicadoras de semillas (FEDIA y CASEM); las cuatro asociaciones de cadena (ASAGIR, MAIZAR, ACSOJA y Argentrigo); dos cooperativas (ACA y AFA) y una cantidad más que importante de representantes del sector público (INTA, INASE, Secretaría de Agricultura, Dirección de Biotecnología, SENASA, CONASE y la Cámara de Diputados).
Todos ellos trabajaron en esa mesa de discusión. El resultado final se dio a través de un expediente al que se adjuntaron las actas de las respectivas reuniones, las opiniones de todos los sectores y un proyecto de ley destinado a una nueva norma sobre semillas y creaciones fitogenéticas con el consenso de los participantes.
El proyecto "INASE 2012" es un cuerpo normativo estricto, en armonía con la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales mencionados en este trabajo, que atañe especialmente al comercio de semillas y protección de variedades vegetales y que no desvía sus objetivos hacia la previsión de un sistema de control ni a solaparse con otros cuerpos legales tales como las patentes o recursos fitogenéticos.
Aún con todos estos elementos, el Poder Ejecutivo ni siquiera envió el proyecto a las Cámaras. La Federación Agraria no lo suscribió -fue el único- y a esto se sumó una activa presión por parte de la recientemente creada Subsecretaría de Agricultura Familiar que interpretó que el proyecto estaba en contra de los intereses de dicho sector.
Las conclusiones están en poder de varios de quienes han presentado proyectos. Lo único que me resta decir es que la verdad, espero que antes que termine el 2019 este proyecto de ley pueda ser discutido y entendido por los diputados y pueda ser aprobado.
Creo que las presentaciones de hoy han sido muy claras en todos los aspectos. Lo que estamos discutiendo no tiene ningún tipo de superposición ni tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, ni con el tema de la apropiación y el uso de las tierras. Tampoco tiene que ver con la horticultura ni con la agricultura agroecológica, del cual yo soy un gran defensor. Me parece que son temas diferentes y no conviene mezclarlos en estos ámbitos porque terminamos haciendo una ensalada rusa y no se termina de entender nunca nada.
Es un tema complejo, yo entiendo que a muchos diputados les cueste, a veces, entender estas temáticas, pero me parece que hoy ha habido muy buenas y muy claras presentaciones que permiten entender esta cuestión y por qué es importante que pensemos en la industria nacional de semillas y que pensemos en las universidades.
En este momento nosotros hemos invertido en la Universidad de Buenos Aires más de un millón de dólares en equipamiento para hacer genómica, que no es transgénesis. Hemos armado un centro de mejoramiento de genómica para aplicar en la producción vegetal y en la producción animal. Tenemos que seguir el camino del tratamiento de marcadores moleculares, y por lo tanto, necesitamos este tipo de leyes que protejan y ayuden a los productores locales y a las empresas nacionales a mejorar su situación. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el representante de CAME, director ejecutivo de economías regionales, el señor Pablo Vernengo.
SR. VERNENGO Ante todo muchas gracias a Atilio Benedetti por darnos este lugar y gracias a los demás diputados.
Nosotros vamos a abocarnos a hacer un análisis de la actual Ley de Semillas 20.247, que fue promulgada hace cuarenta y cinco años y que requiere ser actualizada.
Haciendo especial hincapié en la incorporación de innovación tecnológica, es importante generar mayor producción por unidad de superficie y mayor resistencia tanto a adversidades climáticas como sanitarias, con menores impactos ambientales.
Existe un vacío legal. La ausencia de una definición legal precisa sobre la figura del agricultor originó un vacío legal y la situación actual es preocupante para la cadena de valor de semillas dado que existe un alto nivel de mercado ilegal en la comercialización de las mismas. Solo el 45 por ciento del total de semillas comercializadas son fiscalizadas, en soja tenemos un 28 por ciento; en trigo, un 39 y en papa, un 29 por ciento, por mencionar algunas.
Este mercado ilegal trajo como consecuencia una sustancial baja de las empresas semilleras y atenta contra el ingreso de las inversiones en la industria semillera. ¿Cuál es el objetivo que debe tener la norma? La norma deberá ser certera y resguardar al usuario de que el material reproductivo entregado respeta todos y cada uno de los estándares establecidos en el registro de propiedad intelectual.
¿Cuál es el encuadre actual? El encuadre de la norma no solo trata a la simiente sino también a los distintos órganos de propagación. Acá es donde las economías regionales tenemos mucho que decir, ya sea por la papa, la vid, los frutales, las forrajeras y el algodón, por citar algunas.
Con respecto a la propiedad intelectual, es fundamental que el creador, el obtentor de un nuevo material genético, vea respaldada su propiedad intelectual con su correspondiente recompensa económica, ya que son ciclos prolongados con altas inversiones y bajo retorno hasta encontrar el producto final. Quien genere una simiente o un órgano de propagación nuevo, debe cobrar por ello.
Ahora nos vamos a abocar a los cuatro proyectos que fueron estudiados. En primer lugar, el proyecto 2558-d-2017 de la autoría de Echegaray.
La CAME debe ser tenida en cuenta; el artículo 6º menciona que los usuarios van a estar representados por las cuatro entidades gremiales. Entendemos que sería desconocer el cambio del statu quo que se ha producido en los últimos diez años, donde hubo un reconocimiento judicial a la alta representatividad que ostenta la CAME. Por lo tanto, entendemos que las economías regionales de CAME deberían tener la silla que el proyecto contempla en la Comisión Nacional de Semillas y Órganos de Propagación.
Me referiré al uso y la actualización de los montos de facturación. El artículo 46 de ese proyecto de ley señala que para hacer uso propio, la facturación del productor debe ser menor a cuatro veces el monto que fija el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes. Es importante que dicho monto sufra actualizaciones constantes, teniendo en cuenta la inflación y la variación del tipo de cambio.
Cabe mencionar que desde CAME consideramos más conveniente la utilización de la categorización de microempresa dada por la SEPYME.
A continuación, me referiré al proyecto de ley presentado por la señora diputada Schmidt Liermann, contenido en el expediente 3187-d-2018. La CAME debe tener su lugar. En el artículo 2° se menciona que para hacer uso propio, los productores deben estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar -RENAF- o ser de los pueblos originarios para que no se les cobren las regalías. En su defecto, será el Instituto Nacional de Semillas -INASE- el que podrá incluir o excluir a los beneficiarios.
Por otra parte, el artículo 4° no define las entidades gremiales que integrarán el INASE, solo menciona que estará integrado por dos miembros para ser representativos de los usuarios. Ahora bien, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
En el artículo 44 del mismo proyecto se crea un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas para promover la mejora de cultivos nativos y estimular, en su conjunto, a las economías regionales. El programa podría financiarse hasta en un 10 por ciento con lo recaudado por aranceles, multas, etcétera. Por nuestra parte, acompañamos este artículo.
Con respecto al proyecto del señor diputado Contigiani, contenido en el expediente número 4473-d-2018, consideramos que la CAME debe tener su lugar. Mientras que en el artículo 7° se crea un Instituto Nacional de Semillas, estipulando dos representantes de usuarios, con mandato de tres años, el artículo 15 crea la Comisión Nacional de Semillas contemplando un solo representante por los usuarios. Las resoluciones no son vinculantes ante el Instituto. Ahora bien, señores diputados, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
Respecto del uso y los montos de facturación, los artículos 4 y 47 establecen que el uso propio, a través de la facturación del productor, deberá adecuarse a lo que SEPYME considera microempresa agropecuaria. El criterio nos parece correcto ya que los montos se actualizan constantemente, hay argumentación jurídica y la tabla contempla a todos los sectores de la economía.
Por último, está el proyecto de la Federación Agraria Argentina. En su artículo 7° se crea una Comisión Nacional de Semillas y se menciona que los usuarios deben estar representados por dos de las entidades más representativas de cada sector, estando dos años en el cargo. Ahora bien, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
A continuación, me referiré al intento de definición para cubrir el vacío legal. En el inciso c) del artículo 5° se define lo que se considera un agricultor y la agricultora familiar, representado una visión atomizada e incompleta de la agricultura.
Y por otro lado, el uso sin restricciones. El artículo 51 refiere al uso propio, será sin restricciones cuantitativas. Y acá, en el mismo texto, encontramos una contradicción porque más adelante se detalla que no solo se podrá superar las mil quinientas toneladas para soja y maíz, siendo una visión netamente pampeana.
Desde ya muchas gracias y dejaremos nuestras consideraciones en la Secretaría. (Aplausos.)
Nosotros vamos a abocarnos a hacer un análisis de la actual Ley de Semillas 20.247, que fue promulgada hace cuarenta y cinco años y que requiere ser actualizada.
Haciendo especial hincapié en la incorporación de innovación tecnológica, es importante generar mayor producción por unidad de superficie y mayor resistencia tanto a adversidades climáticas como sanitarias, con menores impactos ambientales.
Existe un vacío legal. La ausencia de una definición legal precisa sobre la figura del agricultor originó un vacío legal y la situación actual es preocupante para la cadena de valor de semillas dado que existe un alto nivel de mercado ilegal en la comercialización de las mismas. Solo el 45 por ciento del total de semillas comercializadas son fiscalizadas, en soja tenemos un 28 por ciento; en trigo, un 39 y en papa, un 29 por ciento, por mencionar algunas.
Este mercado ilegal trajo como consecuencia una sustancial baja de las empresas semilleras y atenta contra el ingreso de las inversiones en la industria semillera. ¿Cuál es el objetivo que debe tener la norma? La norma deberá ser certera y resguardar al usuario de que el material reproductivo entregado respeta todos y cada uno de los estándares establecidos en el registro de propiedad intelectual.
¿Cuál es el encuadre actual? El encuadre de la norma no solo trata a la simiente sino también a los distintos órganos de propagación. Acá es donde las economías regionales tenemos mucho que decir, ya sea por la papa, la vid, los frutales, las forrajeras y el algodón, por citar algunas.
Con respecto a la propiedad intelectual, es fundamental que el creador, el obtentor de un nuevo material genético, vea respaldada su propiedad intelectual con su correspondiente recompensa económica, ya que son ciclos prolongados con altas inversiones y bajo retorno hasta encontrar el producto final. Quien genere una simiente o un órgano de propagación nuevo, debe cobrar por ello.
Ahora nos vamos a abocar a los cuatro proyectos que fueron estudiados. En primer lugar, el proyecto 2558-d-2017 de la autoría de Echegaray.
La CAME debe ser tenida en cuenta; el artículo 6º menciona que los usuarios van a estar representados por las cuatro entidades gremiales. Entendemos que sería desconocer el cambio del statu quo que se ha producido en los últimos diez años, donde hubo un reconocimiento judicial a la alta representatividad que ostenta la CAME. Por lo tanto, entendemos que las economías regionales de CAME deberían tener la silla que el proyecto contempla en la Comisión Nacional de Semillas y Órganos de Propagación.
Me referiré al uso y la actualización de los montos de facturación. El artículo 46 de ese proyecto de ley señala que para hacer uso propio, la facturación del productor debe ser menor a cuatro veces el monto que fija el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes. Es importante que dicho monto sufra actualizaciones constantes, teniendo en cuenta la inflación y la variación del tipo de cambio.
Cabe mencionar que desde CAME consideramos más conveniente la utilización de la categorización de microempresa dada por la SEPYME.
A continuación, me referiré al proyecto de ley presentado por la señora diputada Schmidt Liermann, contenido en el expediente 3187-d-2018. La CAME debe tener su lugar. En el artículo 2° se menciona que para hacer uso propio, los productores deben estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar -RENAF- o ser de los pueblos originarios para que no se les cobren las regalías. En su defecto, será el Instituto Nacional de Semillas -INASE- el que podrá incluir o excluir a los beneficiarios.
Por otra parte, el artículo 4° no define las entidades gremiales que integrarán el INASE, solo menciona que estará integrado por dos miembros para ser representativos de los usuarios. Ahora bien, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
En el artículo 44 del mismo proyecto se crea un Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas para promover la mejora de cultivos nativos y estimular, en su conjunto, a las economías regionales. El programa podría financiarse hasta en un 10 por ciento con lo recaudado por aranceles, multas, etcétera. Por nuestra parte, acompañamos este artículo.
Con respecto al proyecto del señor diputado Contigiani, contenido en el expediente número 4473-d-2018, consideramos que la CAME debe tener su lugar. Mientras que en el artículo 7° se crea un Instituto Nacional de Semillas, estipulando dos representantes de usuarios, con mandato de tres años, el artículo 15 crea la Comisión Nacional de Semillas contemplando un solo representante por los usuarios. Las resoluciones no son vinculantes ante el Instituto. Ahora bien, señores diputados, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
Respecto del uso y los montos de facturación, los artículos 4 y 47 establecen que el uso propio, a través de la facturación del productor, deberá adecuarse a lo que SEPYME considera microempresa agropecuaria. El criterio nos parece correcto ya que los montos se actualizan constantemente, hay argumentación jurídica y la tabla contempla a todos los sectores de la economía.
Por último, está el proyecto de la Federación Agraria Argentina. En su artículo 7° se crea una Comisión Nacional de Semillas y se menciona que los usuarios deben estar representados por dos de las entidades más representativas de cada sector, estando dos años en el cargo. Ahora bien, somos cinco entidades gremiales y cada una representa a un público específico.
A continuación, me referiré al intento de definición para cubrir el vacío legal. En el inciso c) del artículo 5° se define lo que se considera un agricultor y la agricultora familiar, representado una visión atomizada e incompleta de la agricultura.
Y por otro lado, el uso sin restricciones. El artículo 51 refiere al uso propio, será sin restricciones cuantitativas. Y acá, en el mismo texto, encontramos una contradicción porque más adelante se detalla que no solo se podrá superar las mil quinientas toneladas para soja y maíz, siendo una visión netamente pampeana.
Desde ya muchas gracias y dejaremos nuestras consideraciones en la Secretaría. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el representante de la Federación de Cooperativas Federadas Limitada, su presidente Juan Manuel Rossi, a quien invitamos a hacer uso de la palabra.
Quiero pedir a los señores diputados un poquito más de paciencia, nos faltan solo tres exposiciones. Quiero decirles que vamos a reprogramar de manera diferente la próxima reunión para que no sea tan prolongada. Trataremos de llevarla a cabo el próximo martes.
Quiero pedir a los señores diputados un poquito más de paciencia, nos faltan solo tres exposiciones. Quiero decirles que vamos a reprogramar de manera diferente la próxima reunión para que no sea tan prolongada. Trataremos de llevarla a cabo el próximo martes.
SR. ROSSI Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle la invitación a la presidencia de la comisión y a la conducción de FECOFE, por darme el honor de representarlos en este espacio.
Nosotros somos FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, y como federación de cooperativas ocupamos muchos lugares de la cadena a la vez: somos productores, somos acopiadores, somos comercializadores y también muchos de nuestros socios son multiplicadores. O sea que tenemos un abanico de actividades que participan en el proceso de la semilla.
Escuché atentamente a todos los expositores. Creo que estamos abordando un tema que es esencial y una discusión por asumir, en una primera etapa, la necesidad fundamental de actualizar la Ley de Semillas en la Argentina.
También pecaría de incrédulo y de hipócrita -en parte- si no asumimos que detrás de algunas posiciones se enmarca simplemente el interés y la discusión de determinados actores que se beneficiarían potencialmente en cuanto a los recursos generados a partir de la regalía extendida de la soja.
Entonces, hay que asumir previa e inicialmente que la discusión de una Ley de Semillas exige una discusión profunda e integral. Cuando hablamos de la inclusión o la discusión de patentes -lo dejó claro la representante del INASE-, el tema puntualmente atañe a dos o tres cultivos solamente, especialmente a la soja.
Entonces seamos claros, la discusión tiene que ver con la participación real de determinados actores en los recursos generados en la cadena de la soja. Escucho y conozco a varios diputados, legisladores y representantes de asociaciones; muchos están a favor de la intervención del Estado y muchos, a favor del liberalismo.
Sin embargo, en este caso promueven un sistema de intervención privada en todos los eslabones de la cadena. Aproximadamente, en la próxima cosecha van a llegar a puertos un millón y medio de camiones, los cuales van a ser calados por un sistema privado autorizado por el INASE y por el Ministerio de Agroindustria.
Es decir, ¿qué intervención más alta podemos tener? Además, es una traslación directa de recursos del productor a una gran empresa, específicamente a un conglomerado -pongámosle nombre-, que es Monsanto. Por eso, señores legisladores, sepan que la posición que adopten en este proyecto va a avalar el traslado de recursos del sector productivo específicamente, a la empresa Monsanto en particular.
Segundo punto, parece una idea instalada que los productores no estamos pagando la tecnología. Eso es una gran falacia, los productores la pagamos en la bolsa. Acá hay un problema estructural y lo dijeron varios, el problema estructural es la bolsa blanca.
Ahora bien, el Estado no se está haciendo cargo, bajo ninguno de los últimos gobiernos, del control de la bolsa blanca. Específicamente, esto tiene que ver con la soja, prácticamente el 80 por ciento de la producción de la soja lo producen el 20 por ciento de los productores. Creo que sería sumamente más sencillo controlar el comercio ilegal de la bolsa blanca que pretender legalizar un sistema ilegítimo, ilegal, como es Bolsatech y como son los sistemas de control sobre todos los camiones que ingresan en el puerto.
Informen a los que no tienen conocimiento que el sistema de regalías extendidas se ha caído y ha tenido reveses legales en la mayoría de los países del mundo. El más reciente fue Brasil, donde han obligado a la empresa Monsanto a devolverles a los productores la totalidad de las regalías. Por lo tanto, quienes hablan del desarrollo tecnológico están omitiendo realidades que se dan en el mundo.
El señor Miguel Campos es el único secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca que defendió una posición, inclusive en la Unión Europea, acorde a las circunstancias de la discusión que estamos dando. Por lo cual, discutir una ley de semillas implica debatir mucho más que las regalías extendidas sobre la producción en materia de soja.
Quiero hacer una diferenciación que tiene que ver con los criaderos nacionales. Son víctimas de estos procesos y muchas veces quedan atados a las multinacionales para poder conseguir esos recursos puntuales. El compromiso de acopiadores, de cooperativas y de productores al combate a la bolsa blanca, es decir, al comercio ilegal, es fundamental para el sostenimiento de los criadores porque la tecnología real está en el germoplasma. La biotecnología y el Modelo Intacta claramente han fracasado en nuestro país. El mismo INPI -en Argentina- tumbó dos patentes por falta de innovación. El mismo argumento expresa la Justicia de Brasil. O sea, un apilamiento de eventos no es innovación. Intacta no tiene innovación tecnológica y agronómicamente no le ha brindado ningún beneficio a los productores. Es simplemente el interés comercial de una empresa, en acuerdo con otros sectores de la cadena, que se benefician por llevar adelante todos los análisis en puerto y también por ser copartícipes. Todo se termina trasladando a los productores en específico.
Desde nuestro sector, queremos respaldar el proyecto del señor diputado Luis Contigiani al igual que la iniciativa de la Federación Agraria, pues ambos son muy similares. Considero que debemos tener un debate maduro al respecto.
Si vamos a hablar de ley de semillas nos tenemos que referir a las variedades. Dejemos de lado la discusión de patentes y lo atinente a la biotecnología porque se habla de algo puntual, o sea, un negocio específico que no atañe al desarrollo global de la semilla en nuestro país.
Queremos reafirmar nuestro compromiso al combate de la bolsa blanca. Además, los productores seguimos aportando en lo relativo a retenciones. ¿Por qué no se usan parte de esos recursos para impulsar a los criaderos nacionales a fin de respaldarlos en lo relativo a nuevas tecnologías? Me refiero a las variedades y al germoplasma. Hay una presión importante en la Argentina que tiene que ver con que el modelo y el paquete tecnológico de Monsanto está acabado. Es tremendo el grado de resistencia de las malezas y cualquier agrónomo esto lo sabe. Estamos discutiendo un proyecto para pagar regalías extendidas sobre una variedad de soja que dicen tener patentada, teniendo en cuenta que no existe patente. En este punto es clave el orden público, porque estos contratos tienen una posición dominante. ¿Qué productor en particular y en su chacra puede tener una posición de igualdad ante una multinacional que arregló con los puertos, las exportadoras, las bolsas y con toda la cadena comercial? Lo que arreglaron fue que calen sus camiones en puerto y que, si tienen el 10 por ciento de semilla intacta en ese camión, tiene que pagar regalías por la totalidad y se lo descuentan automáticamente. Quisiera saber qué posición dominante tenemos al respecto. Por eso vamos a sostener la defensa del orden público en lo particular para combatir los contratos de Monsanto. Caemos en la discusión particular de la soja porque es el debate que nos están proponiendo. Una ley de semillas exige discutir diversos aspectos en forma profunda en comparación con el análisis de la cadena y comercialización de la soja y, en específico, de la Intacta. (Aplausos.)
Finalmente, quiero formular un agregado a mi exposición. Estimo que muchos de los diputados hoy presentes aquí participan de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Les digo "no" al artículo 85 en defensa de la economía social. La solidaridad no paga Ganancias; las cooperativas y mutuales no pagamos Ganancias. Una vez lo revertimos en la Cámara y les pido que lo tengan en cuenta. Eso va a impactar mucho sobre nuestras cooperativas agropecuarias, específicamente en el interior del país. (Aplausos)
Nosotros somos FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, y como federación de cooperativas ocupamos muchos lugares de la cadena a la vez: somos productores, somos acopiadores, somos comercializadores y también muchos de nuestros socios son multiplicadores. O sea que tenemos un abanico de actividades que participan en el proceso de la semilla.
Escuché atentamente a todos los expositores. Creo que estamos abordando un tema que es esencial y una discusión por asumir, en una primera etapa, la necesidad fundamental de actualizar la Ley de Semillas en la Argentina.
También pecaría de incrédulo y de hipócrita -en parte- si no asumimos que detrás de algunas posiciones se enmarca simplemente el interés y la discusión de determinados actores que se beneficiarían potencialmente en cuanto a los recursos generados a partir de la regalía extendida de la soja.
Entonces, hay que asumir previa e inicialmente que la discusión de una Ley de Semillas exige una discusión profunda e integral. Cuando hablamos de la inclusión o la discusión de patentes -lo dejó claro la representante del INASE-, el tema puntualmente atañe a dos o tres cultivos solamente, especialmente a la soja.
Entonces seamos claros, la discusión tiene que ver con la participación real de determinados actores en los recursos generados en la cadena de la soja. Escucho y conozco a varios diputados, legisladores y representantes de asociaciones; muchos están a favor de la intervención del Estado y muchos, a favor del liberalismo.
Sin embargo, en este caso promueven un sistema de intervención privada en todos los eslabones de la cadena. Aproximadamente, en la próxima cosecha van a llegar a puertos un millón y medio de camiones, los cuales van a ser calados por un sistema privado autorizado por el INASE y por el Ministerio de Agroindustria.
Es decir, ¿qué intervención más alta podemos tener? Además, es una traslación directa de recursos del productor a una gran empresa, específicamente a un conglomerado -pongámosle nombre-, que es Monsanto. Por eso, señores legisladores, sepan que la posición que adopten en este proyecto va a avalar el traslado de recursos del sector productivo específicamente, a la empresa Monsanto en particular.
Segundo punto, parece una idea instalada que los productores no estamos pagando la tecnología. Eso es una gran falacia, los productores la pagamos en la bolsa. Acá hay un problema estructural y lo dijeron varios, el problema estructural es la bolsa blanca.
Ahora bien, el Estado no se está haciendo cargo, bajo ninguno de los últimos gobiernos, del control de la bolsa blanca. Específicamente, esto tiene que ver con la soja, prácticamente el 80 por ciento de la producción de la soja lo producen el 20 por ciento de los productores. Creo que sería sumamente más sencillo controlar el comercio ilegal de la bolsa blanca que pretender legalizar un sistema ilegítimo, ilegal, como es Bolsatech y como son los sistemas de control sobre todos los camiones que ingresan en el puerto.
Informen a los que no tienen conocimiento que el sistema de regalías extendidas se ha caído y ha tenido reveses legales en la mayoría de los países del mundo. El más reciente fue Brasil, donde han obligado a la empresa Monsanto a devolverles a los productores la totalidad de las regalías. Por lo tanto, quienes hablan del desarrollo tecnológico están omitiendo realidades que se dan en el mundo.
El señor Miguel Campos es el único secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca que defendió una posición, inclusive en la Unión Europea, acorde a las circunstancias de la discusión que estamos dando. Por lo cual, discutir una ley de semillas implica debatir mucho más que las regalías extendidas sobre la producción en materia de soja.
Quiero hacer una diferenciación que tiene que ver con los criaderos nacionales. Son víctimas de estos procesos y muchas veces quedan atados a las multinacionales para poder conseguir esos recursos puntuales. El compromiso de acopiadores, de cooperativas y de productores al combate a la bolsa blanca, es decir, al comercio ilegal, es fundamental para el sostenimiento de los criadores porque la tecnología real está en el germoplasma. La biotecnología y el Modelo Intacta claramente han fracasado en nuestro país. El mismo INPI -en Argentina- tumbó dos patentes por falta de innovación. El mismo argumento expresa la Justicia de Brasil. O sea, un apilamiento de eventos no es innovación. Intacta no tiene innovación tecnológica y agronómicamente no le ha brindado ningún beneficio a los productores. Es simplemente el interés comercial de una empresa, en acuerdo con otros sectores de la cadena, que se benefician por llevar adelante todos los análisis en puerto y también por ser copartícipes. Todo se termina trasladando a los productores en específico.
Desde nuestro sector, queremos respaldar el proyecto del señor diputado Luis Contigiani al igual que la iniciativa de la Federación Agraria, pues ambos son muy similares. Considero que debemos tener un debate maduro al respecto.
Si vamos a hablar de ley de semillas nos tenemos que referir a las variedades. Dejemos de lado la discusión de patentes y lo atinente a la biotecnología porque se habla de algo puntual, o sea, un negocio específico que no atañe al desarrollo global de la semilla en nuestro país.
Queremos reafirmar nuestro compromiso al combate de la bolsa blanca. Además, los productores seguimos aportando en lo relativo a retenciones. ¿Por qué no se usan parte de esos recursos para impulsar a los criaderos nacionales a fin de respaldarlos en lo relativo a nuevas tecnologías? Me refiero a las variedades y al germoplasma. Hay una presión importante en la Argentina que tiene que ver con que el modelo y el paquete tecnológico de Monsanto está acabado. Es tremendo el grado de resistencia de las malezas y cualquier agrónomo esto lo sabe. Estamos discutiendo un proyecto para pagar regalías extendidas sobre una variedad de soja que dicen tener patentada, teniendo en cuenta que no existe patente. En este punto es clave el orden público, porque estos contratos tienen una posición dominante. ¿Qué productor en particular y en su chacra puede tener una posición de igualdad ante una multinacional que arregló con los puertos, las exportadoras, las bolsas y con toda la cadena comercial? Lo que arreglaron fue que calen sus camiones en puerto y que, si tienen el 10 por ciento de semilla intacta en ese camión, tiene que pagar regalías por la totalidad y se lo descuentan automáticamente. Quisiera saber qué posición dominante tenemos al respecto. Por eso vamos a sostener la defensa del orden público en lo particular para combatir los contratos de Monsanto. Caemos en la discusión particular de la soja porque es el debate que nos están proponiendo. Una ley de semillas exige discutir diversos aspectos en forma profunda en comparación con el análisis de la cadena y comercialización de la soja y, en específico, de la Intacta. (Aplausos.)
Finalmente, quiero formular un agregado a mi exposición. Estimo que muchos de los diputados hoy presentes aquí participan de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Les digo "no" al artículo 85 en defensa de la economía social. La solidaridad no paga Ganancias; las cooperativas y mutuales no pagamos Ganancias. Una vez lo revertimos en la Cámara y les pido que lo tengan en cuenta. Eso va a impactar mucho sobre nuestras cooperativas agropecuarias, específicamente en el interior del país. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI La Presidencia solicita un poco de paciencia a los presentes dado que restan hacer uso de la palabra solo dos expositores, el presidente de Cámara Algodonera Argentina, Carlos Almiroty, y el representante de Criadero Klein.
Tiene la palabra Carlos Almiroty.
Tiene la palabra Carlos Almiroty.
SR. ALMIROTY Señor presidente: muchas gracias a los diputados y a todos los presentes por estar aquí. Seré muy breve dado que el tema ha sido tratado en forma interesantísima. Agradezco por haber tenido la suerte de presenciar cómo se trabaja sobre el armado de las leyes en la democracia. Es la primera vez que estoy presente aquí y más participando del trabajo de varias comisiones, lo que es fantástico y muy interesante.
El tema que nos convoca ha sido largamente abordado. Quiero agregar algunos detalles sobre la cadena algodonera. El algodón, como sabrán, se produce masivamente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y norte de Santa Fe y viene creciendo en la provincia de Formosa a lo que se agregan pequeñas perlitas como San Luis, Córdoba, Corrientes y otras provincias hermanas.
La Cámara está integrada por productores, cooperativas, desmotadores particulares, corredores, exportadores y la industria textil que, como todos saben, hoy está bastante enfocada por los medios porque está pasando por una gran crisis junto a la industria del calzado, entre otras.
Con respecto al tema de la semilla, tenemos un atraso monumental en tecnología, porque hace más de diez años que no tenemos un nuevo evento en la materia. Para no atiborrarlos voy a tirar un número simple, Brasil, país vecino del mismo continente, tiene un promedio de producción de fibra por hectárea de entre 1.700 y 1.800 kilos de algodón, nosotros promediamos los 600 o 700 kilos. Como el clima este año fue muy bueno, tal vez lleguemos a los 800 kilos.
Tenemos una autopista para recuperar en el terreno de la producción. Nos falta acceder a la tecnología que tienen nuestros competidores en el mundo.
Tenemos algunos desafíos por delante. Uno es exportar a los mejores precios posibles nuestros saldos. El cultivo estuvo al borde de la desaparición. Nuestra industria textil se abastecía con la pequeña producción local a principios de este siglo y el resto lo importaba de Brasil, a pesar de que a fines del siglo anterior nosotros le exportábamos a este país porque tenía déficit de producción. Brasil pasó a ser el quinto exportador mundial, y nosotros hasta hace menos de diez años importábamos fibra de ellos. Nosotros fuimos saliendo del pozo de a poco.
Nuestro primer y natural proveedor es nuestra industria textil, la cual ha invertido muchísimo para no desaparecer y las nuevas tecnologías requieren de una calidad de fibra de algodón que a nosotros nos cuesta mucho producir. Entre otros motivos, no el único, porque no contamos con la última tecnología.
No quiero aburrirlos porque los temas han sido harto abordados. Nos sumamos al pedido de consensuar el mejor proyecto de ley posible contemplando el interés de la agricultura familiar y del productor chico.
No nos dejemos encandilar por falsas palabras. No hace falta que lo enuncie delante de ustedes porque son gente experimentada. Me consta que muchas veces se agita el pañuelo del uso propio en el sector -soy tercera generación de consignatario, o sea que de comercialización de algodón conozco muchísimo-, y es donde nace el negro en toda las cadenas comerciales de la Argentina.
Entonces, esgrimiendo un derecho que nadie cuestiona, después viene el carnaval del negreo. Por ende, los productores estamos hartos de pedirle al Poder Ejecutivo, a los legisladores, en fin, a todos los poderes, que nos bajen la presión fiscal. En este país, a quien trabaja en blanco le es insostenible pagar los impuestos vigentes más los que siempre -en idea de alguien- se necesitan agregar porque no le alcanzan. Obviamente, eso será utópico si antes no logramos "agrandar la torta" -como se dice habitualmente-, y que aporten todos. En mi humilde opinión, aquí es donde nace el empezar a ver qué se sembró y se trata de muñir al INASE, a SENASA, o quien sea, para el control, tal como se mencionó en interlocuciones previas.
De hecho, si sancionamos leyes perfectas, en esta y en cualquier materia -tal como ustedes lo saben-, y el rey de los legisladores nos da una medalla por lo bien que ha sido redactada, si después no tenemos alguien que la controle, no quiero usar una terminología callejera pero sé que la imaginan para definir la situación. (Risas.)
Dije que iba a ser breve, pero empiezo a hablar y me apasiono, pido disculpas por ello; han sido muy amables y les agradezco a todos.
El tema que nos convoca ha sido largamente abordado. Quiero agregar algunos detalles sobre la cadena algodonera. El algodón, como sabrán, se produce masivamente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y norte de Santa Fe y viene creciendo en la provincia de Formosa a lo que se agregan pequeñas perlitas como San Luis, Córdoba, Corrientes y otras provincias hermanas.
La Cámara está integrada por productores, cooperativas, desmotadores particulares, corredores, exportadores y la industria textil que, como todos saben, hoy está bastante enfocada por los medios porque está pasando por una gran crisis junto a la industria del calzado, entre otras.
Con respecto al tema de la semilla, tenemos un atraso monumental en tecnología, porque hace más de diez años que no tenemos un nuevo evento en la materia. Para no atiborrarlos voy a tirar un número simple, Brasil, país vecino del mismo continente, tiene un promedio de producción de fibra por hectárea de entre 1.700 y 1.800 kilos de algodón, nosotros promediamos los 600 o 700 kilos. Como el clima este año fue muy bueno, tal vez lleguemos a los 800 kilos.
Tenemos una autopista para recuperar en el terreno de la producción. Nos falta acceder a la tecnología que tienen nuestros competidores en el mundo.
Tenemos algunos desafíos por delante. Uno es exportar a los mejores precios posibles nuestros saldos. El cultivo estuvo al borde de la desaparición. Nuestra industria textil se abastecía con la pequeña producción local a principios de este siglo y el resto lo importaba de Brasil, a pesar de que a fines del siglo anterior nosotros le exportábamos a este país porque tenía déficit de producción. Brasil pasó a ser el quinto exportador mundial, y nosotros hasta hace menos de diez años importábamos fibra de ellos. Nosotros fuimos saliendo del pozo de a poco.
Nuestro primer y natural proveedor es nuestra industria textil, la cual ha invertido muchísimo para no desaparecer y las nuevas tecnologías requieren de una calidad de fibra de algodón que a nosotros nos cuesta mucho producir. Entre otros motivos, no el único, porque no contamos con la última tecnología.
No quiero aburrirlos porque los temas han sido harto abordados. Nos sumamos al pedido de consensuar el mejor proyecto de ley posible contemplando el interés de la agricultura familiar y del productor chico.
No nos dejemos encandilar por falsas palabras. No hace falta que lo enuncie delante de ustedes porque son gente experimentada. Me consta que muchas veces se agita el pañuelo del uso propio en el sector -soy tercera generación de consignatario, o sea que de comercialización de algodón conozco muchísimo-, y es donde nace el negro en toda las cadenas comerciales de la Argentina.
Entonces, esgrimiendo un derecho que nadie cuestiona, después viene el carnaval del negreo. Por ende, los productores estamos hartos de pedirle al Poder Ejecutivo, a los legisladores, en fin, a todos los poderes, que nos bajen la presión fiscal. En este país, a quien trabaja en blanco le es insostenible pagar los impuestos vigentes más los que siempre -en idea de alguien- se necesitan agregar porque no le alcanzan. Obviamente, eso será utópico si antes no logramos "agrandar la torta" -como se dice habitualmente-, y que aporten todos. En mi humilde opinión, aquí es donde nace el empezar a ver qué se sembró y se trata de muñir al INASE, a SENASA, o quien sea, para el control, tal como se mencionó en interlocuciones previas.
De hecho, si sancionamos leyes perfectas, en esta y en cualquier materia -tal como ustedes lo saben-, y el rey de los legisladores nos da una medalla por lo bien que ha sido redactada, si después no tenemos alguien que la controle, no quiero usar una terminología callejera pero sé que la imaginan para definir la situación. (Risas.)
Dije que iba a ser breve, pero empiezo a hablar y me apasiono, pido disculpas por ello; han sido muy amables y les agradezco a todos.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchísimas gracias, ingeniero Néstor Machado Klein.
Señores diputados, señores expositores: a todos, muchas gracias. Cerramos la jornada de hoy y continuaremos el próximo martes.
Señores diputados, señores expositores: a todos, muchas gracias. Cerramos la jornada de hoy y continuaremos el próximo martes.
Es la hora 19 y 57.