AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 13/11/2018
- TRATAMIENTO Y DICTAMEN DE SEMILLAS
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 13/11/2018
- TRATAMIENTO Y DICTAMEN DE SEMILLAS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre de 2018, a la hora 16 y 35:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Con quórum de las tres comisiones que hemos convocado a esta reunión: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por su titular, Luciano Laspina; la Comisión de Legislación General, en ausencia de su presidente, presidida por Javier David; y quien les habla, damos comienzo al tratamiento del proyecto sobre reforma de nuestra antigua ley 20.247, más conocida como Ley Nacional de Semillas.
Sobre este tema quiero decir que esta reunión es el corolario de varios encuentros que hemos llevado adelante en los que hemos escuchado una serie de ponencias, en las que distintos actores vinculados al complejo tema que tiene que ver con nuestra ley de semillas han podido, con absoluta libertad, exponer durante cuatro sesiones. Quiero reconocer que ha habido exposiciones de distintos sectores, y que casi hemos llegado al medio centenar. Así que estas exposiciones, más los proyectos de ley que han sido presentados por distintas instituciones y señores diputados, han sido tenidos a la vista.
Como ustedes saben, hemos elaborado un resumen, un borrador de trabajo, que pretendemos convertirlo en dictamen. Este no es el dictamen de nadie en particular, no refleja íntegramente ninguno de los proyectos aquí presentados, sino que refleja las opiniones mayoritarias o por lo menos lo que a nuestro mejor saber y entender, entre diputados de distintos espacios, hemos tratado de recopilar y poner a consideración del pleno de estas comisiones.
Quiero decirles, para que todos sepan de qué estamos hablando, que han circulado en nuestras comisiones distintos borradores, y quiero dejar expresamente aclarado que vamos a trabajar sobre lo que hemos denominado borrador del 25/10/2018. Si alguien no lo tuviera disponible, en este momento estamos distribuyendo copias para que puedan tenerlo a la vista y en consideración.
Quiero aclarar también que me parece importante que este proyecto de dictamen que ponemos a consideración no refleja en particular la opinión de ninguno de los varios bloques de este Congreso, y no refleja tampoco la opinión del Poder Ejecutivo nacional. Este no es el proyecto del Poder Ejecutivo nacional; me parece importante dejarlo aclarado. Este resumen de ideas surge del mejor saber y entender de numerosos diputados que hemos tratado de sintetizar las propuestas con la mira puesta en sancionar una norma que mejore el desarrollo productivo del país para estar realmente a la altura de estos tiempos.
Este proyecto de dictamen, para hablar de cuatro o cinco puntos esenciales, en primer lugar establece -y este sería uno de los pedidos que realmente hacen todas las instituciones de investigación y desarrollo- una protección para los obtentores, al establecer una restricción al uso propio gratuito que disponía la antigua ley del año 73. Este proyecto respeta en su integridad lo establecido por UPOV 78 en lo que refiere al régimen de semillas que ha adherido nuestro país a través de una ley nacional.
Asimismo, atento a los pedidos de las instituciones que representan a los productores, hemos determinado un umbral por el que consideramos que todos los pequeños productores de la República Argentina quedan a salvaguarda. Establecemos que quedan exceptuados de los alcances de esta modificación de la ley los pueblos originarios, los agricultores de la economía familiar y todos aquellos agricultores cuyo nivel de facturación no exceda la categoría micropyme establecida por la Sepyme. Entiendo que este punto resuelve la preocupación de muchos sectores que temen verse afectados por el pago oneroso de la tecnología.
Hablando en términos numéricos, la Sepyme establece en su último registro un importe equivalente a 4.800.000 pesos, pero este es el promedio de los últimos tres ejercicios, con lo cual -y por las características de nuestro país-, considerado en esta cifra actualizada al año en curso, alcanza a una magnitud mayor.
Quiero aclarar también que este proyecto de ley ha tratado de sintetizar un reclamo como es la unificación en un solo acto de todos los derechos, patentes, etcétera, que hay sobre una simiente. Y lo establece en dos circunstancias: en el propio acto de la compra de la simiente o en cada ulterior propagación con un canon, el cual va a englobar esta mayoría de derechos que existan sobre una simiente o sobre un material vegetal; y que será anticipado en la oferta pública por los distintos obtentores con un precio máximo establecido al menos por las próximas cinco campañas.
Deseo manifestar también que haciendo eco de un pedido generalizado de todos los expositores y de los distintos diputados, mediante este proyecto hemos fortalecido el funcionamiento del INASE como organismo único de control de tecnología en semillas. Ha sido establecido allí con una función indelegable de un organismo que tiene para sí la responsabilidad del cumplimiento de esta norma y también le han sido asignadas en el artículo correspondiente atribuciones que tienen que ver con la posibilidad de requerir a otros organismos del Estado la información complementaria para llevar adelante su cometido.
Me parece oportuno destacar que en este proyecto hemos establecido algunos artículos de orden público así como también otras sugerencias que nos habían hecho llegar distintas entidades pertenecientes a este sector. Me refiero fundamentalmente a la potestad del Estado para resolver situaciones de emergencia vinculadas con las simientes. A esto hay que sumarle el fortalecimiento del INASE en su potestad de único agente de contralor para la comercialización de semillas.
Considero que, al ceder esta atribución al INASE estaríamos dando una absoluta igualdad de oportunidades a los distintos investigadores -fundamentalmente nacionales- que muchas veces quedan exceptuados de la posibilidad de cobrar a través de organismos paraestatales. De esta forma estamos favoreciendo a todos los obtentores e investigadores nacionales.
En esta breve reseña quiero hacer referencia a otro pedido que tiene que ver con reconocer el trabajo de aproximadamente 500 empresas argentinas, es decir, los semilleros fiscalizadores, ubicados en el interior del país. Se trata de pymes o medianas empresas que, bajo un estricto control del INASE, están llamadas a multiplicar semillas para una ulterior utilización.
Teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en la República Oriental del Uruguay, hemos establecido que para el importe correspondiente a las semillas fiscalizadas, la desgravación impositiva debe ser equivalente a una vez y media, o sea, 150 por ciento.
Finalmente, estipulamos una modificación en la composición del INASE. Los distintos sectores vinculados a la producción, la comercialización y a usuarios de semillas quedan de esa forma, equilibrados en lo relativo a la conducción del INASE. De esta manera, el INASE queda fortalecido y estará en manos de un presidente elegido por el Poder Ejecutivo nacional, enmarcado en un consejo directivo ad honorem, que representa a los distintos actores que intervienen en el comercio de semillas.
Estamos invitando a los señores diputados a que se sumen a esta reforma que estamos proponiendo. La idea es darle un paso cuantitativo que mejore las condiciones de todos aquellos que investigan y desarrollan tecnología en el país. De esta forma, damos protección a todas aquellas empresas del exterior que quieran introducir nuevas tecnologías para que nuestro país no pierda la carrera productiva.
Asimismo, estamos fortaleciendo el rol del Estado como único contralor de una compleja ley como la que estamos analizando en estos momentos.
Con esta breve introducción, cedo la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
Con quórum de las tres comisiones que hemos convocado a esta reunión: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por su titular, Luciano Laspina; la Comisión de Legislación General, en ausencia de su presidente, presidida por Javier David; y quien les habla, damos comienzo al tratamiento del proyecto sobre reforma de nuestra antigua ley 20.247, más conocida como Ley Nacional de Semillas.
Sobre este tema quiero decir que esta reunión es el corolario de varios encuentros que hemos llevado adelante en los que hemos escuchado una serie de ponencias, en las que distintos actores vinculados al complejo tema que tiene que ver con nuestra ley de semillas han podido, con absoluta libertad, exponer durante cuatro sesiones. Quiero reconocer que ha habido exposiciones de distintos sectores, y que casi hemos llegado al medio centenar. Así que estas exposiciones, más los proyectos de ley que han sido presentados por distintas instituciones y señores diputados, han sido tenidos a la vista.
Como ustedes saben, hemos elaborado un resumen, un borrador de trabajo, que pretendemos convertirlo en dictamen. Este no es el dictamen de nadie en particular, no refleja íntegramente ninguno de los proyectos aquí presentados, sino que refleja las opiniones mayoritarias o por lo menos lo que a nuestro mejor saber y entender, entre diputados de distintos espacios, hemos tratado de recopilar y poner a consideración del pleno de estas comisiones.
Quiero decirles, para que todos sepan de qué estamos hablando, que han circulado en nuestras comisiones distintos borradores, y quiero dejar expresamente aclarado que vamos a trabajar sobre lo que hemos denominado borrador del 25/10/2018. Si alguien no lo tuviera disponible, en este momento estamos distribuyendo copias para que puedan tenerlo a la vista y en consideración.
Quiero aclarar también que me parece importante que este proyecto de dictamen que ponemos a consideración no refleja en particular la opinión de ninguno de los varios bloques de este Congreso, y no refleja tampoco la opinión del Poder Ejecutivo nacional. Este no es el proyecto del Poder Ejecutivo nacional; me parece importante dejarlo aclarado. Este resumen de ideas surge del mejor saber y entender de numerosos diputados que hemos tratado de sintetizar las propuestas con la mira puesta en sancionar una norma que mejore el desarrollo productivo del país para estar realmente a la altura de estos tiempos.
Este proyecto de dictamen, para hablar de cuatro o cinco puntos esenciales, en primer lugar establece -y este sería uno de los pedidos que realmente hacen todas las instituciones de investigación y desarrollo- una protección para los obtentores, al establecer una restricción al uso propio gratuito que disponía la antigua ley del año 73. Este proyecto respeta en su integridad lo establecido por UPOV 78 en lo que refiere al régimen de semillas que ha adherido nuestro país a través de una ley nacional.
Asimismo, atento a los pedidos de las instituciones que representan a los productores, hemos determinado un umbral por el que consideramos que todos los pequeños productores de la República Argentina quedan a salvaguarda. Establecemos que quedan exceptuados de los alcances de esta modificación de la ley los pueblos originarios, los agricultores de la economía familiar y todos aquellos agricultores cuyo nivel de facturación no exceda la categoría micropyme establecida por la Sepyme. Entiendo que este punto resuelve la preocupación de muchos sectores que temen verse afectados por el pago oneroso de la tecnología.
Hablando en términos numéricos, la Sepyme establece en su último registro un importe equivalente a 4.800.000 pesos, pero este es el promedio de los últimos tres ejercicios, con lo cual -y por las características de nuestro país-, considerado en esta cifra actualizada al año en curso, alcanza a una magnitud mayor.
Quiero aclarar también que este proyecto de ley ha tratado de sintetizar un reclamo como es la unificación en un solo acto de todos los derechos, patentes, etcétera, que hay sobre una simiente. Y lo establece en dos circunstancias: en el propio acto de la compra de la simiente o en cada ulterior propagación con un canon, el cual va a englobar esta mayoría de derechos que existan sobre una simiente o sobre un material vegetal; y que será anticipado en la oferta pública por los distintos obtentores con un precio máximo establecido al menos por las próximas cinco campañas.
Deseo manifestar también que haciendo eco de un pedido generalizado de todos los expositores y de los distintos diputados, mediante este proyecto hemos fortalecido el funcionamiento del INASE como organismo único de control de tecnología en semillas. Ha sido establecido allí con una función indelegable de un organismo que tiene para sí la responsabilidad del cumplimiento de esta norma y también le han sido asignadas en el artículo correspondiente atribuciones que tienen que ver con la posibilidad de requerir a otros organismos del Estado la información complementaria para llevar adelante su cometido.
Me parece oportuno destacar que en este proyecto hemos establecido algunos artículos de orden público así como también otras sugerencias que nos habían hecho llegar distintas entidades pertenecientes a este sector. Me refiero fundamentalmente a la potestad del Estado para resolver situaciones de emergencia vinculadas con las simientes. A esto hay que sumarle el fortalecimiento del INASE en su potestad de único agente de contralor para la comercialización de semillas.
Considero que, al ceder esta atribución al INASE estaríamos dando una absoluta igualdad de oportunidades a los distintos investigadores -fundamentalmente nacionales- que muchas veces quedan exceptuados de la posibilidad de cobrar a través de organismos paraestatales. De esta forma estamos favoreciendo a todos los obtentores e investigadores nacionales.
En esta breve reseña quiero hacer referencia a otro pedido que tiene que ver con reconocer el trabajo de aproximadamente 500 empresas argentinas, es decir, los semilleros fiscalizadores, ubicados en el interior del país. Se trata de pymes o medianas empresas que, bajo un estricto control del INASE, están llamadas a multiplicar semillas para una ulterior utilización.
Teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en la República Oriental del Uruguay, hemos establecido que para el importe correspondiente a las semillas fiscalizadas, la desgravación impositiva debe ser equivalente a una vez y media, o sea, 150 por ciento.
Finalmente, estipulamos una modificación en la composición del INASE. Los distintos sectores vinculados a la producción, la comercialización y a usuarios de semillas quedan de esa forma, equilibrados en lo relativo a la conducción del INASE. De esta manera, el INASE queda fortalecido y estará en manos de un presidente elegido por el Poder Ejecutivo nacional, enmarcado en un consejo directivo ad honorem, que representa a los distintos actores que intervienen en el comercio de semillas.
Estamos invitando a los señores diputados a que se sumen a esta reforma que estamos proponiendo. La idea es darle un paso cuantitativo que mejore las condiciones de todos aquellos que investigan y desarrollan tecnología en el país. De esta forma, damos protección a todas aquellas empresas del exterior que quieran introducir nuevas tecnologías para que nuestro país no pierda la carrera productiva.
Asimismo, estamos fortaleciendo el rol del Estado como único contralor de una compleja ley como la que estamos analizando en estos momentos.
Con esta breve introducción, cedo la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: quiero plantear una disidencia en el artículo 8° que modifica el artículo 5° de este proyecto. Concretamente solicito que, respecto de los directores del Instituto Nacional de Semillas, esté equilibrada la cantidad de miembros del área pública en relación con el área privada.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: mi consideración es más general.
Soy productor agropecuario en la localidad de Colonia Barón, provincia de La Pampa. Las estadísticas me indican que en los últimos treinta años tuve dos inundaciones totales, cinco años de seca gravísima y seis años de insuficiencias hídricas cercanas al 25 por ciento en relación al promedio histórico de lluvias de la zona.
Personalmente, he agotado ya todas las herramientas tecnológicas para producir.
El momento de sembrar, el momento de la cosecha gruesa, para mí es vital. Si me equivoco en una o dos semanas frente a un enero y un febrero habitualmente muy seco, puedo perder prácticamente toda mi inversión.
Analizamos con lupa las proyecciones meteorológicas del verano para decidir el momento de la siembra.
Por lo tanto, cuando veo que el desarrollo de semillas me puede dar una protección frente a insuficiencias hídricas del orden del 20 o el 25 por ciento, estoy dispuesto a pagar lo que sea por esa semilla, porque eso significa salvar mi temporada.
Por eso, señor presidente, me parece vital que emitamos dictamen, aunque haya disidencias, que se van a plantear.
Como productor, la diferencia para mí entre poder tener una actividad previsible o no tenerla, está en la genética.
Por otro lado, el principal beneficiario de esto va a ser el INTA, que está regalando la tecnología argentina. En ese sentido es muy notable que se hagan discursos nacionalistas y que a la vez evitemos tener una ley de semillas cuando tenemos todo el potencial del INTA disponible para crecer utilizando la tecnología.
Además, están apareciendo semilleros de nivel internacional. Todos los días aparecen nuevas asociaciones de empresas con productores internacionales de tecnología para reproducir esas tecnologías aquí.
Por ello, obviamente como diputado, pero también como productor y con los números de los últimos 30 años, tenemos necesidad absoluta de contar con una ley que permita que las ventajas de la nueva tecnología nos den previsibilidad.
Hemos agotado el uso de todas las tecnologías disponibles, salvo en la semilla. Hemos utilizado la tecnología en los fertilizantes, en los graminicidas, etcétera. Todo eso lo usamos al límite. Pero la limitación de la semilla frente a la incertidumbre de la seca es lo que nos va a permitir o no tener una producción previsible.
Soy productor agropecuario en la localidad de Colonia Barón, provincia de La Pampa. Las estadísticas me indican que en los últimos treinta años tuve dos inundaciones totales, cinco años de seca gravísima y seis años de insuficiencias hídricas cercanas al 25 por ciento en relación al promedio histórico de lluvias de la zona.
Personalmente, he agotado ya todas las herramientas tecnológicas para producir.
El momento de sembrar, el momento de la cosecha gruesa, para mí es vital. Si me equivoco en una o dos semanas frente a un enero y un febrero habitualmente muy seco, puedo perder prácticamente toda mi inversión.
Analizamos con lupa las proyecciones meteorológicas del verano para decidir el momento de la siembra.
Por lo tanto, cuando veo que el desarrollo de semillas me puede dar una protección frente a insuficiencias hídricas del orden del 20 o el 25 por ciento, estoy dispuesto a pagar lo que sea por esa semilla, porque eso significa salvar mi temporada.
Por eso, señor presidente, me parece vital que emitamos dictamen, aunque haya disidencias, que se van a plantear.
Como productor, la diferencia para mí entre poder tener una actividad previsible o no tenerla, está en la genética.
Por otro lado, el principal beneficiario de esto va a ser el INTA, que está regalando la tecnología argentina. En ese sentido es muy notable que se hagan discursos nacionalistas y que a la vez evitemos tener una ley de semillas cuando tenemos todo el potencial del INTA disponible para crecer utilizando la tecnología.
Además, están apareciendo semilleros de nivel internacional. Todos los días aparecen nuevas asociaciones de empresas con productores internacionales de tecnología para reproducir esas tecnologías aquí.
Por ello, obviamente como diputado, pero también como productor y con los números de los últimos 30 años, tenemos necesidad absoluta de contar con una ley que permita que las ventajas de la nueva tecnología nos den previsibilidad.
Hemos agotado el uso de todas las tecnologías disponibles, salvo en la semilla. Hemos utilizado la tecnología en los fertilizantes, en los graminicidas, etcétera. Todo eso lo usamos al límite. Pero la limitación de la semilla frente a la incertidumbre de la seca es lo que nos va a permitir o no tener una producción previsible.
SR. PRESIDENTE BENDETTI Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: celebro que podamos estar debatiendo en este Congreso y en este cambio de época una ley tan importante como esta, que ha sido postergada fundamentalmente por las presiones y los intereses de los diferentes sectores, donde la política ha quedado relegada, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es buscar esas mesas de consenso.
Por eso celebro el trabajo que han venido realizando de manera conjunta los presidentes de estas tres comisiones para poder llegar a un dictamen y poder seguir trabajando y aportando.
Mi contribución está relacionada con el artículo 8°, que también mencionó antes el señor diputado Wechsler, en relación con la modificación del artículo 5°, teniendo en cuenta la creación del Instituto Nacional de Semillas con un directorio integrado por 14 miembros.
En ese sentido nos parece importante la posibilidad de incorporar una silla más, incluso para que la toma de decisiones tenga un número impar, y no dejar de lado a los productores de biotecnología que están agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).
Entendemos que la biotecnología es la industria del futuro en lo que concierne a la reducción de costos en la producción. Por ello, cada vez más industrias producirán biotecnología y eso será clave para bajar los costos de nuestra producción.
Por eso creemos que los productores de biotecnología son un actor importante y por ello debemos incluirlos en este espacio de toma de decisiones.
Por eso celebro el trabajo que han venido realizando de manera conjunta los presidentes de estas tres comisiones para poder llegar a un dictamen y poder seguir trabajando y aportando.
Mi contribución está relacionada con el artículo 8°, que también mencionó antes el señor diputado Wechsler, en relación con la modificación del artículo 5°, teniendo en cuenta la creación del Instituto Nacional de Semillas con un directorio integrado por 14 miembros.
En ese sentido nos parece importante la posibilidad de incorporar una silla más, incluso para que la toma de decisiones tenga un número impar, y no dejar de lado a los productores de biotecnología que están agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).
Entendemos que la biotecnología es la industria del futuro en lo que concierne a la reducción de costos en la producción. Por ello, cada vez más industrias producirán biotecnología y eso será clave para bajar los costos de nuestra producción.
Por eso creemos que los productores de biotecnología son un actor importante y por ello debemos incluirlos en este espacio de toma de decisiones.
SR. PRESIDENTE BENDETTI Tiene la palabra el señor diputado Basterra.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Antes de dar la palabra al señor diputado Bahillo voy a formular un par de aclaraciones.
En primer lugar, pido disculpas a los señores vicepresidentes de las restantes comisiones a quienes -debido al nerviosismo de comenzar con esta importante reunión- no pude invitar a que me acompañen en el estrado. Por ello, pido a los diputados Basterra y Bahillo que me acompañen en la conducción de esta reunión.
En segundo término, quiero hacerme cargo de la responsabilidad en torno a las distintas versiones -con matices- que circularon en los últimos días. Esto se vincula con la necesidad de encontrar un común denominador en el marco de una situación muy compleja. Tenemos necesidad de avanzar en una nueva ley. Nadie puede decir que este proyecto no ha sido debatido suficientemente. Hace dos años hubo un análisis de este tema; también se debatió este año y nos dimos cuenta de su complejidad.
Por lo tanto, esta presidencia considera que están dadas las condiciones para que podamos intentar la firma del dictamen.
Vale la pena reflexionar sobre lo que ya todos ustedes conocen, señores diputados. Este Congreso, esta Cámara de Diputados no tiene mayorías en ningún bloque político, de manera que, si no hay un acuerdo, si no hay un trabajo previo sobre un eventual dictamen, no podemos pensar en llevar este dictamen al recinto porque el resultado no va a ser el que esperamos, que es poder tener una nueva norma.
De manera que no es para contradecir su posición, señor diputado, pero me parece importante que intentemos dar un paso en esta norma y que, aun con todas las disidencias que existan, intentemos firmar el dictamen para que en otra etapa podamos seguir conversando y buscando puntos de acuerdo sobre una situación que es sumamente compleja.
No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Hay posiciones contrapuestas. Incluso en el día de hoy hemos visto algunos comunicados de sectores totalmente antagónicos que están planteando objeciones a esta ley.
Me parece que, si todos están plantando objeciones, seguramente estamos muy cerca de poder cumplir con nuestra función como legisladores y dar un paso adelante en la sanción de un proyecto.
Quiero decir con absoluta franqueza que no es para poner un voto más o un voto menos, pero habida cuenta de que algunos legisladores deben ir a la reunión de otras comisiones, sería bueno que pudiéramos habilitar la firma de un dictamen con disidencias y con el compromiso de esta comisión de que seguiríamos discutiendo el dictamen antes de llevarlo al recinto para poder tener un avance en esto que constituye una asignatura pendiente.
Mientras nosotros no avanzamos hay una sola empresa que está cobrando regalías y que tiene protección por su tecnología. Mientras tanto, el INTA -como bien se dijo acá- o los semilleros nacionales o los obtentores nacionales están en un estado de indefinición y con situaciones cada vez más complejas.
Tiene la palabra el señor diputado Bahillo.
En primer lugar, pido disculpas a los señores vicepresidentes de las restantes comisiones a quienes -debido al nerviosismo de comenzar con esta importante reunión- no pude invitar a que me acompañen en el estrado. Por ello, pido a los diputados Basterra y Bahillo que me acompañen en la conducción de esta reunión.
En segundo término, quiero hacerme cargo de la responsabilidad en torno a las distintas versiones -con matices- que circularon en los últimos días. Esto se vincula con la necesidad de encontrar un común denominador en el marco de una situación muy compleja. Tenemos necesidad de avanzar en una nueva ley. Nadie puede decir que este proyecto no ha sido debatido suficientemente. Hace dos años hubo un análisis de este tema; también se debatió este año y nos dimos cuenta de su complejidad.
Por lo tanto, esta presidencia considera que están dadas las condiciones para que podamos intentar la firma del dictamen.
Vale la pena reflexionar sobre lo que ya todos ustedes conocen, señores diputados. Este Congreso, esta Cámara de Diputados no tiene mayorías en ningún bloque político, de manera que, si no hay un acuerdo, si no hay un trabajo previo sobre un eventual dictamen, no podemos pensar en llevar este dictamen al recinto porque el resultado no va a ser el que esperamos, que es poder tener una nueva norma.
De manera que no es para contradecir su posición, señor diputado, pero me parece importante que intentemos dar un paso en esta norma y que, aun con todas las disidencias que existan, intentemos firmar el dictamen para que en otra etapa podamos seguir conversando y buscando puntos de acuerdo sobre una situación que es sumamente compleja.
No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Hay posiciones contrapuestas. Incluso en el día de hoy hemos visto algunos comunicados de sectores totalmente antagónicos que están planteando objeciones a esta ley.
Me parece que, si todos están plantando objeciones, seguramente estamos muy cerca de poder cumplir con nuestra función como legisladores y dar un paso adelante en la sanción de un proyecto.
Quiero decir con absoluta franqueza que no es para poner un voto más o un voto menos, pero habida cuenta de que algunos legisladores deben ir a la reunión de otras comisiones, sería bueno que pudiéramos habilitar la firma de un dictamen con disidencias y con el compromiso de esta comisión de que seguiríamos discutiendo el dictamen antes de llevarlo al recinto para poder tener un avance en esto que constituye una asignatura pendiente.
Mientras nosotros no avanzamos hay una sola empresa que está cobrando regalías y que tiene protección por su tecnología. Mientras tanto, el INTA -como bien se dijo acá- o los semilleros nacionales o los obtentores nacionales están en un estado de indefinición y con situaciones cada vez más complejas.
Tiene la palabra el señor diputado Bahillo.
SR. BAHILLO Señor presidente: obviamente que aceptamos las disculpas. Es más, creo que no tiene que pedirnos disculpas por no habernos invitado a sentarnos a su lado. No es necesario. Igual nos sentimos parte de la comisión y no vamos a ser tan sensibles de ver dónde nos sentamos o dónde no.
Coincido en algunas cuestiones con usted, señor presidente, y lo mismo ha dicho el diputado Luis Basterra. En esta semana se han escuchado múltiples voces interesadas en esta cadena de valor, que van desde las entidades agropecuarias, las entidades que agrupan a los semilleros, las instituciones del Estado como el INTI, docentes de la UBA, productores de la economía familiar, etcétera.
Por otro lado, hemos escuchado a todos los sectores y cada uno de ellos ha hecho un aporte para ir construyendo los consensos necesarios. En algunos hemos avanzado de manera importante y en otros no tanto. Estos últimos forman parte de las disidencias y los desafíos pendientes que tenemos que resolver para tratar de llegar a un denominador común en el articulado.
Por eso disiento con usted, señor presidente, en el sentido de que, habiendo hecho un trabajo tan franco por parte de la presidencia de la comisión, tan abierto y tan participativo, el cierre que se merece este dictamen debe contemplar las mismas características de trabajo que tuvo su debate. Es decir que sea lo más amplio posible, con la mayor construcción de consensos posibles y sin relegar ni delegar nuestra responsabilidad como legisladores. Sabemos que no vamos a dejar conformes a todos, pero también sabemos que la situación actual es de dominancia por parte de ciertos sectores de la cadena de valor que obviamente atentan contra los sectores productivos y de menor poder.
Tenemos el compromiso -yo lo he hablado con usted personalmente y con otros integrantes de la comisión- de modificar este statu quo, y esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber como legisladores.
Sin renunciar a ese compromiso me parece que la situación amerita que nos tomemos un tiempo prudencial para tratar de lograr esos consensos aún pendientes. Nosotros tenemos en el dictamen -que como ha descripto el diputado Luis Basterra tuvimos que ubicarnos a último momento sobre cuál íbamos a trabajar-, nuestras dudas sobre los criterios y las escalas que se deben fijar para el uso propio. La consulta con las instituciones que representan a los productores plantea diferencias en este sentido.
Creemos que el nivel de facturación que proponen para las micropymes es insuficiente. Quizás si uno lo mira como un productor de soja puede parecer algo suficiente, pero convengamos que un productor pequeño o mediano nunca produce solo soja, sino también maíz, trigo y algún otro cultivo, y seguro que también tiene algo de ganadería para complementar su economía familiar. Indudablemente, con la baja rentabilidad que tienen los sectores por el poco volumen de producción en el sector del campo, esa escala para nosotros es insuficiente.
También nos quedan algunas dudas que no son motivo de debate sino que tienen que ver con plantear por qué entendemos que este proyecto debe volver a una reunión de asesores. Me refiero a la convergencia de los derechos de las propiedades, porque las licencias van por la ley de semillas, y los genes por la ley de patentes; no está debidamente aclarado aún para nosotros este tema. Creo que debemos dejarlo debidamente explicado sobre todo para proteger a los sectores productivos, a los productores y también a los productores de la agricultura familiar.
Por otra parte, nos gustaría debatir un poco más el rol del INASE, ya que quedan dudas si es un organismo de control o de fomento, porque a partir de ahí también debemos discutir si debe recaudar o no y quiénes deben constituirlo; desde ya dejando posición sentada de que debe haber mayoría estatal en un organismo que es indiscutiblemente del Estado.
Se ha avanzado y se ha retrocedido en cuanto a la declaración de orden público en la modificación del artículo 27, más allá de que se ha reconocido en distintos artículos, lo cual es un avance; esto no está resuelto y para nosotros es importantísimo.
Creemos que este es un proyecto pensado para el sector productivo de la soja y seguramente estamos dejando fuera a las economías regionales, así como a otras actividades del sector agropecuario. Considero que debemos proteger y tutelar a estas economías y estas escalas de producción que en principio en este articulado no están contemplados.
Al igual que distintos diputados preopinantes, nosotros apoyamos la inversión, el desarrollo de la tecnología, la investigación y el desarrollo de nuestros semilleros argentinos que tienen una participación importante en la cadena de valor. Pero, si no garantizamos que ese avance en tecnología y en desarrollo contemple igualdad de oportunidades para el acceso a esa tecnología a nuestros productores y a los productores de la agricultura familiar, me parece que de poco sirve. Si ese desarrollo no lo conectamos y si no garantizamos el acceso de los pequeños y medianos productores y de los productores de la agricultura familiar no tiene sentido.
Por eso, reconociendo la vocación de diálogo de su parte, señor presidente, reconociendo la vocación de la construcción de consensos y de acuerdos, pero entendiendo que están pendientes algunas cuestiones que para nosotros son sensibles, y manifestando nuestra voluntad de acordar y de modificar el statu quo actual que, como usted bien lo describió antes de que yo haga uso de la palabra, hay una realidad de dominancia en el sector que atenta contra los productores, queremos marcar nuestra firme voluntad de avanzar en una ley, pero darnos alguna oportunidad más de trabajo en reunión de asesores para terminar de pulir estas cuestiones. (Aplausos.)
Coincido en algunas cuestiones con usted, señor presidente, y lo mismo ha dicho el diputado Luis Basterra. En esta semana se han escuchado múltiples voces interesadas en esta cadena de valor, que van desde las entidades agropecuarias, las entidades que agrupan a los semilleros, las instituciones del Estado como el INTI, docentes de la UBA, productores de la economía familiar, etcétera.
Por otro lado, hemos escuchado a todos los sectores y cada uno de ellos ha hecho un aporte para ir construyendo los consensos necesarios. En algunos hemos avanzado de manera importante y en otros no tanto. Estos últimos forman parte de las disidencias y los desafíos pendientes que tenemos que resolver para tratar de llegar a un denominador común en el articulado.
Por eso disiento con usted, señor presidente, en el sentido de que, habiendo hecho un trabajo tan franco por parte de la presidencia de la comisión, tan abierto y tan participativo, el cierre que se merece este dictamen debe contemplar las mismas características de trabajo que tuvo su debate. Es decir que sea lo más amplio posible, con la mayor construcción de consensos posibles y sin relegar ni delegar nuestra responsabilidad como legisladores. Sabemos que no vamos a dejar conformes a todos, pero también sabemos que la situación actual es de dominancia por parte de ciertos sectores de la cadena de valor que obviamente atentan contra los sectores productivos y de menor poder.
Tenemos el compromiso -yo lo he hablado con usted personalmente y con otros integrantes de la comisión- de modificar este statu quo, y esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber como legisladores.
Sin renunciar a ese compromiso me parece que la situación amerita que nos tomemos un tiempo prudencial para tratar de lograr esos consensos aún pendientes. Nosotros tenemos en el dictamen -que como ha descripto el diputado Luis Basterra tuvimos que ubicarnos a último momento sobre cuál íbamos a trabajar-, nuestras dudas sobre los criterios y las escalas que se deben fijar para el uso propio. La consulta con las instituciones que representan a los productores plantea diferencias en este sentido.
Creemos que el nivel de facturación que proponen para las micropymes es insuficiente. Quizás si uno lo mira como un productor de soja puede parecer algo suficiente, pero convengamos que un productor pequeño o mediano nunca produce solo soja, sino también maíz, trigo y algún otro cultivo, y seguro que también tiene algo de ganadería para complementar su economía familiar. Indudablemente, con la baja rentabilidad que tienen los sectores por el poco volumen de producción en el sector del campo, esa escala para nosotros es insuficiente.
También nos quedan algunas dudas que no son motivo de debate sino que tienen que ver con plantear por qué entendemos que este proyecto debe volver a una reunión de asesores. Me refiero a la convergencia de los derechos de las propiedades, porque las licencias van por la ley de semillas, y los genes por la ley de patentes; no está debidamente aclarado aún para nosotros este tema. Creo que debemos dejarlo debidamente explicado sobre todo para proteger a los sectores productivos, a los productores y también a los productores de la agricultura familiar.
Por otra parte, nos gustaría debatir un poco más el rol del INASE, ya que quedan dudas si es un organismo de control o de fomento, porque a partir de ahí también debemos discutir si debe recaudar o no y quiénes deben constituirlo; desde ya dejando posición sentada de que debe haber mayoría estatal en un organismo que es indiscutiblemente del Estado.
Se ha avanzado y se ha retrocedido en cuanto a la declaración de orden público en la modificación del artículo 27, más allá de que se ha reconocido en distintos artículos, lo cual es un avance; esto no está resuelto y para nosotros es importantísimo.
Creemos que este es un proyecto pensado para el sector productivo de la soja y seguramente estamos dejando fuera a las economías regionales, así como a otras actividades del sector agropecuario. Considero que debemos proteger y tutelar a estas economías y estas escalas de producción que en principio en este articulado no están contemplados.
Al igual que distintos diputados preopinantes, nosotros apoyamos la inversión, el desarrollo de la tecnología, la investigación y el desarrollo de nuestros semilleros argentinos que tienen una participación importante en la cadena de valor. Pero, si no garantizamos que ese avance en tecnología y en desarrollo contemple igualdad de oportunidades para el acceso a esa tecnología a nuestros productores y a los productores de la agricultura familiar, me parece que de poco sirve. Si ese desarrollo no lo conectamos y si no garantizamos el acceso de los pequeños y medianos productores y de los productores de la agricultura familiar no tiene sentido.
Por eso, reconociendo la vocación de diálogo de su parte, señor presidente, reconociendo la vocación de la construcción de consensos y de acuerdos, pero entendiendo que están pendientes algunas cuestiones que para nosotros son sensibles, y manifestando nuestra voluntad de acordar y de modificar el statu quo actual que, como usted bien lo describió antes de que yo haga uso de la palabra, hay una realidad de dominancia en el sector que atenta contra los productores, queremos marcar nuestra firme voluntad de avanzar en una ley, pero darnos alguna oportunidad más de trabajo en reunión de asesores para terminar de pulir estas cuestiones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Pertile.
SRA. PERTILE Señor presidente: quiero hacer llegar voces de mi provincia, el Chaco, especialmente en este proceso que se lleva delante de análisis, de discusiones, de haber escuchado a tantas instituciones en relación a este tema de las semillas.
Debo decirles que en nada diferimos en cuanto a que realmente es una necesidad el hecho de tener una ley de semillas después de tantos años; es imperioso sinceramente, pero hemos recibido sugerencias de muchas instituciones. Voy a hacerme eco de dos de ellas, que son las más importantes. Me parece que cabe hacer sentir las voces de la gente de mi pueblo. Una de ellas está referida a la modificación del artículo 27 cuando habla de las excepciones.
Una de las excepciones que contempla la modificación al artículo 27, se refiere a los agricultores de agricultura familiar que están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y también a aquellos otros agricultores cuyos parámetros están dentro de la categoría de micropyme, según lo dispone el proyecto de dictamen que tenemos a la vista.
En mi provincia, si nosotros tenemos en cuenta estos parámetros, nos quedan fuera agricultores de agricultura familiar que son un poquito más grandes que los pequeños -pero que no dejan de ser pequeños-, y que son los que tienen 100 o 150 hectáreas. Esto para nosotros verdaderamente es un problema porque son la mayoría en nuestra provincia.
Vemos que este tema hay que trabajarlo y que, en alguna medida, como sugerencia, quiero proponer que la facturación sea la equivalente a tres monotributos, donde entrarían por ejemplo los medianos productores, que son los que realmente están más allá de los micropyme, y que realmente no los engloba. ¿Por qué decimos que para nosotros es objetable? Porque los productores que quedarían comprendidos en esta norma son muy poquitos; la norma tendría un concepto muy restrictivo y quedarían afuera estos agricultores. Los productores de economía familiar, es decir, los muy pequeñitos, entre ellos más bien tienen por costumbre intercambiarse las semillas y no así comprar en los semilleros. Esta es la realidad en nuestra provincia y yo tengo el deber de hacerlo saber.
Entonces habría que ampliar esa franja para que englobe a más agricultores de agricultura familiar, lo que sería una forma de elevar ese techo para que ingresen los medianos productores y proteger de esta manera a nuestros agricultores de agricultura familiar, donde tendríamos agricultores un poco más grandes en cuanto a superficie y a capitalización.
Otra observación que es importante es en el agregado del artículo 24 bis. En ese artículo se habla de que cuando se compra la semilla se establece el precio a pagar para uso propio por los siguientes cinco años, pero después de ese tiempo no dice qué pasa. Entonces, hasta se podría cobrar más; queda una zona sin definición, que no queda clara y que es preocupante. No se aclara qué es lo que pasa, si el productor se libera o no y cuál es la situación con la que se van a encontrar.
Para nosotros esos dos aspectos son muy importantes y creemos que hay que seguir trabajando. Ese es el aporte que quería hacer desde mi provincia.
Debo decirles que en nada diferimos en cuanto a que realmente es una necesidad el hecho de tener una ley de semillas después de tantos años; es imperioso sinceramente, pero hemos recibido sugerencias de muchas instituciones. Voy a hacerme eco de dos de ellas, que son las más importantes. Me parece que cabe hacer sentir las voces de la gente de mi pueblo. Una de ellas está referida a la modificación del artículo 27 cuando habla de las excepciones.
Una de las excepciones que contempla la modificación al artículo 27, se refiere a los agricultores de agricultura familiar que están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y también a aquellos otros agricultores cuyos parámetros están dentro de la categoría de micropyme, según lo dispone el proyecto de dictamen que tenemos a la vista.
En mi provincia, si nosotros tenemos en cuenta estos parámetros, nos quedan fuera agricultores de agricultura familiar que son un poquito más grandes que los pequeños -pero que no dejan de ser pequeños-, y que son los que tienen 100 o 150 hectáreas. Esto para nosotros verdaderamente es un problema porque son la mayoría en nuestra provincia.
Vemos que este tema hay que trabajarlo y que, en alguna medida, como sugerencia, quiero proponer que la facturación sea la equivalente a tres monotributos, donde entrarían por ejemplo los medianos productores, que son los que realmente están más allá de los micropyme, y que realmente no los engloba. ¿Por qué decimos que para nosotros es objetable? Porque los productores que quedarían comprendidos en esta norma son muy poquitos; la norma tendría un concepto muy restrictivo y quedarían afuera estos agricultores. Los productores de economía familiar, es decir, los muy pequeñitos, entre ellos más bien tienen por costumbre intercambiarse las semillas y no así comprar en los semilleros. Esta es la realidad en nuestra provincia y yo tengo el deber de hacerlo saber.
Entonces habría que ampliar esa franja para que englobe a más agricultores de agricultura familiar, lo que sería una forma de elevar ese techo para que ingresen los medianos productores y proteger de esta manera a nuestros agricultores de agricultura familiar, donde tendríamos agricultores un poco más grandes en cuanto a superficie y a capitalización.
Otra observación que es importante es en el agregado del artículo 24 bis. En ese artículo se habla de que cuando se compra la semilla se establece el precio a pagar para uso propio por los siguientes cinco años, pero después de ese tiempo no dice qué pasa. Entonces, hasta se podría cobrar más; queda una zona sin definición, que no queda clara y que es preocupante. No se aclara qué es lo que pasa, si el productor se libera o no y cuál es la situación con la que se van a encontrar.
Para nosotros esos dos aspectos son muy importantes y creemos que hay que seguir trabajando. Ese es el aporte que quería hacer desde mi provincia.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Antes de dar la palabra al diputado Contigiani, quiero hacer una breve aclaración.
La señora diputada Pertile hizo referencia a dos temas puntuales del proyecto. El primero es el umbral de exceptuados. Quiero decirle que lo que está establecido, es decir la categoría micropyme, es equivalente a tres monotributos, que precisamente es en el orden de lo que está planteando y que quiere que sean exceptuados de la obligación de la ley. O sea que ese tema está resuelto. Acepto que si logramos avanzar con este proyecto, una vez que llegue al recinto podremos aclarar algunos puntos. Me refiero a lo que sucedería luego de los cinco años, habría que hacer una mejor redacción para proteger a los productores de un posible aumento del valor de la regalía.
Tiene la palabra el señor diputado Contingiani.
La señora diputada Pertile hizo referencia a dos temas puntuales del proyecto. El primero es el umbral de exceptuados. Quiero decirle que lo que está establecido, es decir la categoría micropyme, es equivalente a tres monotributos, que precisamente es en el orden de lo que está planteando y que quiere que sean exceptuados de la obligación de la ley. O sea que ese tema está resuelto. Acepto que si logramos avanzar con este proyecto, una vez que llegue al recinto podremos aclarar algunos puntos. Me refiero a lo que sucedería luego de los cinco años, habría que hacer una mejor redacción para proteger a los productores de un posible aumento del valor de la regalía.
Tiene la palabra el señor diputado Contingiani.
SR. CONTINGIANI Señor presidente: desde el año 2003 a la fecha he tomado contacto con varios proyectos de ley destinados a reformar la ley de semillas.
Recuerdo el absurdo de intentar imponer en la Argentina un sistema de regalía global. Se trataba de cobrar un porcentaje sobre la producción nacional y trasladarlo a algunas multinacionales y sectores privados conexos.
Asimismo, existían otros proyectos de ley cuyo contenido eliminaba o adhería al Acta UPOV del año 1991. Se trata de un acta que se corre de la frontera del derecho de patente, alejándose de las innovaciones vegetales o de la ley de variedades. Así, se eliminaba la actual adhesión de la Argentina al acta UPOV de 1978. Dado que quien les habla defiende un concepto y un espíritu de desarrollo de variedades, considero que tenemos que seguir por el mismo camino.
Por su parte, el gobierno anterior -dentro de las contradicciones que pudo llegar a tener- casi elimina el concepto del uso propio. Si no hubiera sido por Julián Domínguez y la corriente política Campo, eso se habría eliminado. Es decir, planteaba el uso propio para la agricultura de subsistencia, casi en esos términos.
En esta breve reseña de iniciativas legislativas que estoy desarrollando, me pregunto cómo queda parado el proyecto que estamos analizando.
Voy a tratar de narrar y ejemplificar de la forma más clara posible algunos aspectos positivos y otros negativos vinculados con este tema. Estamos ante un proyecto de ley que, frente a todas las versiones anteriores, intenta ser una norma equilibrada y consensuada. Tiene esa virtud.
Asimismo, tal vez el señor presidente de esta comisión y sus dirigentes sean quienes están más cerca de lograr algo que no se ha podido conseguir en esta comisión desde el año 1983 a la fecha. Por eso, así como reconozco y hago mía esta situación, e pido, señor presidente, que tenga la inteligencia política suficiente para no malograr esta instancia histórica en la que está inmersa la Comisión de Agricultura y Ganadería destinada a contar con un nuevo marco jurídico para la ley de semillas. Hay que tomarse el tiempo suficiente, agotar los consensos, no apurarse ni dejar que se entrometan intereses que no corresponden a la política. Además, hay que tratar de tener la buena fe necesaria para que tengamos, por primera vez, una nueva ley de semillas o una reforma a la actual norma. De esa forma, le daremos una señal al país acerca de lo que pretendemos.
Dicho esto, considero que se ha avanzado en aspectos muy importantes. Luego puntualizaré respecto de aquellas cuestiones sobre las que no estoy de acuerdo.
En primer término, me quiero referir a la introducción del concepto de semillero multiplicador, desconocido por la actual ley. Felicito que se haya llegado a esta iniciativa porque implica reconocer la existencia de un entramado de cooperativas del interior del país que llevan adelante su labor en la cadena de semillas. Muchas veces no son reconocidas siendo que representan un papel muy importante en aras de la fiscalización y obtención de un mejor mercado de semillas. Además, es importante en términos de mantener -lo mejor posible- la hegemonía y la multiplicación en origen en lo relativo al poder germinativo.
Estamos hablando de cooperativas pertenecientes a pueblos que cuentan con cinco mil o siete mil habitantes ubicadas en el núcleo agrícola del país. Nos referimos a un centenar de cooperativas. Esto ha sido reconocido en el texto del proyecto.
Se puede discutir también el uso propio. Esto me lo enseñó la práctica, no la teoría. Hay que replantear el uso propio en la Argentina. Yo quiero un uso propio gratuito para el pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque el uso propio nace en la historia de la agricultura o en las legislaciones como un reconocimiento al aporte del agricultor en el desarrollo de semillas en 8.000 años de historia. Por eso existe el uso propio y la posibilidad de volver a usar la semilla gratuitamente en una segunda y una tercera generación. Lo reconoce toda la legislación en el mundo.
Por eso, el uso propio gratuito, como principio y no como excepción, tiene que seguir estando. En la última versión de este proyecto al que accedí, se va por ese camino. Me parece muy bien.
También hay que hacerse cargo de que la revolución tecnológica agroindustrial modificó el sujeto agrario social. Esto lo decía Giberti claramente en los últimos años de su vida. Él decía que había una transformación social agropecuaria a partir de la revolución tecnológica en la Argentina, para bien y para mal.
Entonces, también tenemos que ver que el 20 por ciento de empresas de la cadena sojera hoy producen el 80 por ciento de la producción. ¿Ellos pueden tener uso propio gratuito? No. No lo pueden tener. Hagámonos cargo. Defendamos los intereses del interior, de nuestras pymes, de las cooperativas y de las empresas que desarrollan germoplasma.
La patria y la soberanía de la Argentina están en el germoplasma, no en el elemento biotecnológico, porque se nos funden y se extranjerizan. Defendamos eso. Ese tiene que ser el espíritu de una ley de semillas. Hacer una revolución de variedades en la Argentina con adaptabilidad climática en toda la zona, respondiendo no solo a los herbicidas multinacionales, sino dando otras respuestas de salud y agronómicas.
Gracias a Dios, la Argentina es muy diversa, pero nos hemos empobrecido en variedades.
Siempre pongo el ejemplo del EMBRAPA brasilero, que es como nuestro INTA. Ellos negocios con Monsanto, y les aclaro que soy muy crítico de Monsanto. Después me voy a referir a ese tema. Pero ¿desde qué lugar negocia EMBRAPA con Monsanto, sobre todo en la soja? Desde un enorme poderío de variedades. Yo también negociaría con Monsanto desde ese lugar si soy dueño de una estructura de germoplasma importantísima. Ahora, ¿desde qué lugar negocia la Argentina? Desde la nada. Por eso no hay negociación con Monsanto, hay imposición, con las que tenemos que terminar en aras del bien público y en aras del bien estratégico argentino.
Hay un avance, y como dijo el diputado preopinante por entre Ríos, se puede discutir si es más o si es menos, pero garanticemos un uso propio gratuito al auténtico agricultor, porque se lo merece por historia y por presente. Es un derecho reconocido.
Activemos y apliquemos un uso propio pagado, oneroso, a aquellos sujetos que hoy ya no son considerados productores directos o agricultores.
Hay otro gran avance también en su proyecto, señor presidente. El artículo 3°, por el que se incorpora el artículo 24 bis a la ley 20.247 que dice "El precio que abone cualquier adquirente de semilla, por la misma o por el uso propio cuando corresponda, dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual...".
Yo leo ese artículo encadenado a la propuesta de redacción del nuevo artículo 2°, que en su inciso X habla de regalías y dice que se debe pagar un canon, cuando corresponda, al obtentor, al dueño de un germoplasma, al que desarrolla variedades, al semillero multiplicador, y el derecho de patente a la empresa que origine eventos o genes modificados".
Entonces, cuando leo lo que dice el inciso X del artículo 2° y lo relaciono con la incorporación del artículo 24 bis, que propone en el artículo 3° del proyecto, lo que leo es que en forma automática Monsanto tiene que terminar con la comercialización y la introducción de tecnología vía el Código Civil, que es un disparate, además de ser contratos leoninos y que no corresponden.
Entonces voy a hacer una pregunta desde la buena fe de pretender que entre todos podamos aprobar esta reforma, que es una histórica señal para la producción nacional. La pregunta es si usted tiene la misma interpretación que estoy haciendo yo, si a partir de la sanción de este proyecto, Monsanto, con Bolsatech incluido, tiene que finalizar sus contratos privados y la introducción vía el Código Civil. Si eso es así, estamos en el mejor de los escenarios, pero si no es así, estamos en el peor de los escenarios, más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos sancionando una ley para una parte de la cadena de semillas en la Argentina y no para la multinacional, que sería algo por lo menos polémico, no apropiado y discutible.
Por eso creo que el agregado de este artículo 24 bis que se propone en el proyecto con el concepto de cambio de regalía tiene que interpretarse en aras de encuadrar a la multinacional en este marco legislativo, institucional y legal en la ley de semillas. Por lo menos hay un orden público en este artículo, hay un orden público en el artículo 27, donde es la ley de semillas la que marca las reglas de juego y nadie en forma privada puede desconocerla. Porque además la semilla es un bien estratégico nacional; la semilla hoy es en la Argentina tal vez lo más importante para el país en términos geopolíticos y geoeconómicos. Y ahí se juega mucho el concepto de soberanía tecnológica, producción, futuro, investigación, etcétera. Por eso hago esa pregunta.
Pero también quisiera expresar, si llegara a ser así -es decir, en el caso de que no encuadremos a esta multinacional-, mi negatividad frente a esto, porque estaríamos malogrando esta situación, y quedaríamos muy expuestos en cuanto a sancionar una ley para el país, pero no para Monsanto, porque hay que ponerle nombres propios; eso es lo que está en juego.
Para finalizar, en relación al INASE, coincido con el señor presidente en cuanto a que en todos los proyectos hemos establecido que la Argentina necesita una autoridad pública y privada o pública y autárquica para controlar toda la cadena de la semilla. No soy de encerrarme solo en lo público, pero tampoco solo en lo privado.
La actual estructura del INASE está muy lejos de cumplir este proyecto de ley, por estructura, por la incapacidad de técnicos y por la dificultad económica que tiene de presupuesto. Entonces, por un lado, que esto nos sirva para tomar una decisión política de llevar al INASE al lugar donde tiene que estar si queremos que sea el árbitro central de este proyecto de ley; si no, no va a poder ponerse la camiseta ni el pantalón de árbitro.
Y, en segundo lugar, es importante también decir en relación con esto que todas las facultades que se le da en términos de entrar y hacer los controles necesarios, la facultad que tiene de meterse en un campo y sin pedir permiso analizar una semilla, tiene que ser de manera insospechada en cuanto a que lo haga por un interés público. Por eso necesitamos que Bolsatech no esté en el medio de esta historia. Bolsatech no tiene que estar en el medio; el INASE tiene que funcionar y el control tiene que hacerlo en términos de interés público estratégico y nacional.
Estamos discutiendo también otros aspectos, pero hay algo muy importante que vuelvo a ratificar: es necesario hacer todo lo posible para que no malogremos este camino que hemos iniciado. Reconozco las cuestiones positivas y advierto sobre las cuestiones negativas; no caigamos en apuros en este tema tan sensible como en otros relacionados a esto, como es el caso de la agricultura campesina, la agricultura familiar, los pueblos originarios que en algún punto aquí se mencionan. No caigamos en apuros que nos llevará a arruinar esto. Tratemos de encontrar los tiempos necesarios para no malograr este camino. Y si el tiempo necesario implica discutir un poco más, vamos a discutir un poco más.
Asimismo, si ustedes tienen la voluntad política de aprobar este dictamen, dennos la palabra de que no se van a apurar, porque si se da el escenario de las sospechas sobre este proyecto de ley, vamos a dañar el camino porque se va a aprobar un proyecto de ley sospechado de intereses y desequilibrado, y estaríamos desaprovechando esta oportunidad.
Esta es mi apelación en aras de las pymes, de las cooperativas, de un INTA que sea forjador de una revolución de variedades a partir del estado de la ciencia y la tecnología estatal, en manos de las universidades y del sector público a partir de la revolución tecnológica que empodere al pequeño y mediano productor y vuelva a poblar a la Argentina.
En aras de todos esos valores, no perdamos una oportunidad para todo el sector en la Argentina que lo está pidiendo desde hace tiempo. (Aplausos.)
Recuerdo el absurdo de intentar imponer en la Argentina un sistema de regalía global. Se trataba de cobrar un porcentaje sobre la producción nacional y trasladarlo a algunas multinacionales y sectores privados conexos.
Asimismo, existían otros proyectos de ley cuyo contenido eliminaba o adhería al Acta UPOV del año 1991. Se trata de un acta que se corre de la frontera del derecho de patente, alejándose de las innovaciones vegetales o de la ley de variedades. Así, se eliminaba la actual adhesión de la Argentina al acta UPOV de 1978. Dado que quien les habla defiende un concepto y un espíritu de desarrollo de variedades, considero que tenemos que seguir por el mismo camino.
Por su parte, el gobierno anterior -dentro de las contradicciones que pudo llegar a tener- casi elimina el concepto del uso propio. Si no hubiera sido por Julián Domínguez y la corriente política Campo, eso se habría eliminado. Es decir, planteaba el uso propio para la agricultura de subsistencia, casi en esos términos.
En esta breve reseña de iniciativas legislativas que estoy desarrollando, me pregunto cómo queda parado el proyecto que estamos analizando.
Voy a tratar de narrar y ejemplificar de la forma más clara posible algunos aspectos positivos y otros negativos vinculados con este tema. Estamos ante un proyecto de ley que, frente a todas las versiones anteriores, intenta ser una norma equilibrada y consensuada. Tiene esa virtud.
Asimismo, tal vez el señor presidente de esta comisión y sus dirigentes sean quienes están más cerca de lograr algo que no se ha podido conseguir en esta comisión desde el año 1983 a la fecha. Por eso, así como reconozco y hago mía esta situación, e pido, señor presidente, que tenga la inteligencia política suficiente para no malograr esta instancia histórica en la que está inmersa la Comisión de Agricultura y Ganadería destinada a contar con un nuevo marco jurídico para la ley de semillas. Hay que tomarse el tiempo suficiente, agotar los consensos, no apurarse ni dejar que se entrometan intereses que no corresponden a la política. Además, hay que tratar de tener la buena fe necesaria para que tengamos, por primera vez, una nueva ley de semillas o una reforma a la actual norma. De esa forma, le daremos una señal al país acerca de lo que pretendemos.
Dicho esto, considero que se ha avanzado en aspectos muy importantes. Luego puntualizaré respecto de aquellas cuestiones sobre las que no estoy de acuerdo.
En primer término, me quiero referir a la introducción del concepto de semillero multiplicador, desconocido por la actual ley. Felicito que se haya llegado a esta iniciativa porque implica reconocer la existencia de un entramado de cooperativas del interior del país que llevan adelante su labor en la cadena de semillas. Muchas veces no son reconocidas siendo que representan un papel muy importante en aras de la fiscalización y obtención de un mejor mercado de semillas. Además, es importante en términos de mantener -lo mejor posible- la hegemonía y la multiplicación en origen en lo relativo al poder germinativo.
Estamos hablando de cooperativas pertenecientes a pueblos que cuentan con cinco mil o siete mil habitantes ubicadas en el núcleo agrícola del país. Nos referimos a un centenar de cooperativas. Esto ha sido reconocido en el texto del proyecto.
Se puede discutir también el uso propio. Esto me lo enseñó la práctica, no la teoría. Hay que replantear el uso propio en la Argentina. Yo quiero un uso propio gratuito para el pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque el uso propio nace en la historia de la agricultura o en las legislaciones como un reconocimiento al aporte del agricultor en el desarrollo de semillas en 8.000 años de historia. Por eso existe el uso propio y la posibilidad de volver a usar la semilla gratuitamente en una segunda y una tercera generación. Lo reconoce toda la legislación en el mundo.
Por eso, el uso propio gratuito, como principio y no como excepción, tiene que seguir estando. En la última versión de este proyecto al que accedí, se va por ese camino. Me parece muy bien.
También hay que hacerse cargo de que la revolución tecnológica agroindustrial modificó el sujeto agrario social. Esto lo decía Giberti claramente en los últimos años de su vida. Él decía que había una transformación social agropecuaria a partir de la revolución tecnológica en la Argentina, para bien y para mal.
Entonces, también tenemos que ver que el 20 por ciento de empresas de la cadena sojera hoy producen el 80 por ciento de la producción. ¿Ellos pueden tener uso propio gratuito? No. No lo pueden tener. Hagámonos cargo. Defendamos los intereses del interior, de nuestras pymes, de las cooperativas y de las empresas que desarrollan germoplasma.
La patria y la soberanía de la Argentina están en el germoplasma, no en el elemento biotecnológico, porque se nos funden y se extranjerizan. Defendamos eso. Ese tiene que ser el espíritu de una ley de semillas. Hacer una revolución de variedades en la Argentina con adaptabilidad climática en toda la zona, respondiendo no solo a los herbicidas multinacionales, sino dando otras respuestas de salud y agronómicas.
Gracias a Dios, la Argentina es muy diversa, pero nos hemos empobrecido en variedades.
Siempre pongo el ejemplo del EMBRAPA brasilero, que es como nuestro INTA. Ellos negocios con Monsanto, y les aclaro que soy muy crítico de Monsanto. Después me voy a referir a ese tema. Pero ¿desde qué lugar negocia EMBRAPA con Monsanto, sobre todo en la soja? Desde un enorme poderío de variedades. Yo también negociaría con Monsanto desde ese lugar si soy dueño de una estructura de germoplasma importantísima. Ahora, ¿desde qué lugar negocia la Argentina? Desde la nada. Por eso no hay negociación con Monsanto, hay imposición, con las que tenemos que terminar en aras del bien público y en aras del bien estratégico argentino.
Hay un avance, y como dijo el diputado preopinante por entre Ríos, se puede discutir si es más o si es menos, pero garanticemos un uso propio gratuito al auténtico agricultor, porque se lo merece por historia y por presente. Es un derecho reconocido.
Activemos y apliquemos un uso propio pagado, oneroso, a aquellos sujetos que hoy ya no son considerados productores directos o agricultores.
Hay otro gran avance también en su proyecto, señor presidente. El artículo 3°, por el que se incorpora el artículo 24 bis a la ley 20.247 que dice "El precio que abone cualquier adquirente de semilla, por la misma o por el uso propio cuando corresponda, dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual...".
Yo leo ese artículo encadenado a la propuesta de redacción del nuevo artículo 2°, que en su inciso X habla de regalías y dice que se debe pagar un canon, cuando corresponda, al obtentor, al dueño de un germoplasma, al que desarrolla variedades, al semillero multiplicador, y el derecho de patente a la empresa que origine eventos o genes modificados".
Entonces, cuando leo lo que dice el inciso X del artículo 2° y lo relaciono con la incorporación del artículo 24 bis, que propone en el artículo 3° del proyecto, lo que leo es que en forma automática Monsanto tiene que terminar con la comercialización y la introducción de tecnología vía el Código Civil, que es un disparate, además de ser contratos leoninos y que no corresponden.
Entonces voy a hacer una pregunta desde la buena fe de pretender que entre todos podamos aprobar esta reforma, que es una histórica señal para la producción nacional. La pregunta es si usted tiene la misma interpretación que estoy haciendo yo, si a partir de la sanción de este proyecto, Monsanto, con Bolsatech incluido, tiene que finalizar sus contratos privados y la introducción vía el Código Civil. Si eso es así, estamos en el mejor de los escenarios, pero si no es así, estamos en el peor de los escenarios, más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos sancionando una ley para una parte de la cadena de semillas en la Argentina y no para la multinacional, que sería algo por lo menos polémico, no apropiado y discutible.
Por eso creo que el agregado de este artículo 24 bis que se propone en el proyecto con el concepto de cambio de regalía tiene que interpretarse en aras de encuadrar a la multinacional en este marco legislativo, institucional y legal en la ley de semillas. Por lo menos hay un orden público en este artículo, hay un orden público en el artículo 27, donde es la ley de semillas la que marca las reglas de juego y nadie en forma privada puede desconocerla. Porque además la semilla es un bien estratégico nacional; la semilla hoy es en la Argentina tal vez lo más importante para el país en términos geopolíticos y geoeconómicos. Y ahí se juega mucho el concepto de soberanía tecnológica, producción, futuro, investigación, etcétera. Por eso hago esa pregunta.
Pero también quisiera expresar, si llegara a ser así -es decir, en el caso de que no encuadremos a esta multinacional-, mi negatividad frente a esto, porque estaríamos malogrando esta situación, y quedaríamos muy expuestos en cuanto a sancionar una ley para el país, pero no para Monsanto, porque hay que ponerle nombres propios; eso es lo que está en juego.
Para finalizar, en relación al INASE, coincido con el señor presidente en cuanto a que en todos los proyectos hemos establecido que la Argentina necesita una autoridad pública y privada o pública y autárquica para controlar toda la cadena de la semilla. No soy de encerrarme solo en lo público, pero tampoco solo en lo privado.
La actual estructura del INASE está muy lejos de cumplir este proyecto de ley, por estructura, por la incapacidad de técnicos y por la dificultad económica que tiene de presupuesto. Entonces, por un lado, que esto nos sirva para tomar una decisión política de llevar al INASE al lugar donde tiene que estar si queremos que sea el árbitro central de este proyecto de ley; si no, no va a poder ponerse la camiseta ni el pantalón de árbitro.
Y, en segundo lugar, es importante también decir en relación con esto que todas las facultades que se le da en términos de entrar y hacer los controles necesarios, la facultad que tiene de meterse en un campo y sin pedir permiso analizar una semilla, tiene que ser de manera insospechada en cuanto a que lo haga por un interés público. Por eso necesitamos que Bolsatech no esté en el medio de esta historia. Bolsatech no tiene que estar en el medio; el INASE tiene que funcionar y el control tiene que hacerlo en términos de interés público estratégico y nacional.
Estamos discutiendo también otros aspectos, pero hay algo muy importante que vuelvo a ratificar: es necesario hacer todo lo posible para que no malogremos este camino que hemos iniciado. Reconozco las cuestiones positivas y advierto sobre las cuestiones negativas; no caigamos en apuros en este tema tan sensible como en otros relacionados a esto, como es el caso de la agricultura campesina, la agricultura familiar, los pueblos originarios que en algún punto aquí se mencionan. No caigamos en apuros que nos llevará a arruinar esto. Tratemos de encontrar los tiempos necesarios para no malograr este camino. Y si el tiempo necesario implica discutir un poco más, vamos a discutir un poco más.
Asimismo, si ustedes tienen la voluntad política de aprobar este dictamen, dennos la palabra de que no se van a apurar, porque si se da el escenario de las sospechas sobre este proyecto de ley, vamos a dañar el camino porque se va a aprobar un proyecto de ley sospechado de intereses y desequilibrado, y estaríamos desaprovechando esta oportunidad.
Esta es mi apelación en aras de las pymes, de las cooperativas, de un INTA que sea forjador de una revolución de variedades a partir del estado de la ciencia y la tecnología estatal, en manos de las universidades y del sector público a partir de la revolución tecnológica que empodere al pequeño y mediano productor y vuelva a poblar a la Argentina.
En aras de todos esos valores, no perdamos una oportunidad para todo el sector en la Argentina que lo está pidiendo desde hace tiempo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Echegaray.
SR. ECHEGARAY Señor presidente: me quiero sumar al reconocimiento de su labor que hicieron los diputados preopinantes, que aun los que expresaron mayores niveles de disidencia reconocen. Como bien lo decía el diputado preopinante, desde los años 70 nunca hemos estado tan cerca de contar con un proyecto de ley, que todavía tiene la posibilidad de seguir discutiéndose obviamente en el seno del recinto.
Eso en gran medida ahuyenta expectativas sobre presiones, dado que usted en persona incorporó a los proyectos preexistentes que tuvieron a la vista en la construcción de este documento con el que hoy contamos. Se trata de incorporaciones muy razonables en virtud de las cuestiones que tienen que ver con el orden público, sobre protección del conocimiento generado en nuestro país a partir de las instituciones científico tecnológicas como el INTA, nuestras facultades, como bien se dijo anteriormente, para tener la posibilidad de contar con un proyecto que se pueda transformar en ley después de esta discusión y que genere oportunidades de defender lo que produce nuestro país en materia de conocimiento incorporado y de proteger también en paralelo a nuestros productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos.
También se planteó aquí de alguna manera el rol que tuvieron los pueblos originarios en el desarrollo del mejoramiento de la presión de selección durante miles de años de humanidad, no solamente de los pueblos originarios americanos de donde depende gran parte de las especies cultivadas que conocemos, sino también de los pueblos indoeuropeos, asiáticos y de los africanos. Son miles de años de historia de presión de selección porque ni aun con los últimos eventos en materia de ingeniería genética, las plantas que hoy conocemos tienen mucho que ver con las que originalmente la naturaleza había generado; presión de selección de todas las civilizaciones por una cuestión de selección de aquellas que produjeran más. Esta cuestión de selección y de presión de selección hace que hoy conozcamos estas variedades, estas especies modificadas por la acción del hombre.
Creo que a partir del documento que hoy tenemos ante nosotros podemos estar seguros de que es una muy buena base de análisis para generar posibles cambios que se produzcan en el seno del recinto. A modo de aporte quisiera mencionar algo más. Fui uno de los autores de los proyectos de ley sobre este tema, pero deseo plantear alguna modificación para ser tenida en cuenta. Me refiero concretamente al rol del INASE y al control que queda establecido en el artículo 2°, sustentado en la modificación del artículo 15 bis de la ley 20.247. En su texto se confieren mecanismos de fiscalización al INASE. Allí surge una situación que debe ser tenida en cuenta. Además, tengo en mi poder una redacción alternativa a ese artículo con la idea de incorporar la figura del SENASA, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los productos generados de las semillas, fundamentalmente cuando hablamos de granos. Hay que tener en cuenta que el INASE tiene relación con la fiscalización de todo lo relativo con la simiente, pero debería atenderse la posibilidad de considerar la fiscalización en forma integrada. De manera que a los fines del artículo 15 bis se tendría que plantear una redacción alternativa. Dice así: "A los fines de verificar la legalidad de la semilla que dio origen, el Instituto Nacional de Semillas y el SENASA, de acuerdo a sus ámbitos de aplicación, deberán disponer de un sistema integrado de control y fiscalización abarcando las etapas de multiplicación de la simiente y la comercialización de los productos y subproductos derivados a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Será facultad exclusiva del INASE fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual...". Desde mi punto de vista debería estar integrado el control y lo sugiero como una modificación a un proyecto que todavía puede ser mejorado.
Nuevamente quiero saludar la labor desarrollada por el señor presidente de la comisión. Estamos más cerca que nunca de poder contar con una ley que están esperando fundamentalmente nuestros investigadores y desarrolladores nacionales.
Eso en gran medida ahuyenta expectativas sobre presiones, dado que usted en persona incorporó a los proyectos preexistentes que tuvieron a la vista en la construcción de este documento con el que hoy contamos. Se trata de incorporaciones muy razonables en virtud de las cuestiones que tienen que ver con el orden público, sobre protección del conocimiento generado en nuestro país a partir de las instituciones científico tecnológicas como el INTA, nuestras facultades, como bien se dijo anteriormente, para tener la posibilidad de contar con un proyecto que se pueda transformar en ley después de esta discusión y que genere oportunidades de defender lo que produce nuestro país en materia de conocimiento incorporado y de proteger también en paralelo a nuestros productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos.
También se planteó aquí de alguna manera el rol que tuvieron los pueblos originarios en el desarrollo del mejoramiento de la presión de selección durante miles de años de humanidad, no solamente de los pueblos originarios americanos de donde depende gran parte de las especies cultivadas que conocemos, sino también de los pueblos indoeuropeos, asiáticos y de los africanos. Son miles de años de historia de presión de selección porque ni aun con los últimos eventos en materia de ingeniería genética, las plantas que hoy conocemos tienen mucho que ver con las que originalmente la naturaleza había generado; presión de selección de todas las civilizaciones por una cuestión de selección de aquellas que produjeran más. Esta cuestión de selección y de presión de selección hace que hoy conozcamos estas variedades, estas especies modificadas por la acción del hombre.
Creo que a partir del documento que hoy tenemos ante nosotros podemos estar seguros de que es una muy buena base de análisis para generar posibles cambios que se produzcan en el seno del recinto. A modo de aporte quisiera mencionar algo más. Fui uno de los autores de los proyectos de ley sobre este tema, pero deseo plantear alguna modificación para ser tenida en cuenta. Me refiero concretamente al rol del INASE y al control que queda establecido en el artículo 2°, sustentado en la modificación del artículo 15 bis de la ley 20.247. En su texto se confieren mecanismos de fiscalización al INASE. Allí surge una situación que debe ser tenida en cuenta. Además, tengo en mi poder una redacción alternativa a ese artículo con la idea de incorporar la figura del SENASA, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los productos generados de las semillas, fundamentalmente cuando hablamos de granos. Hay que tener en cuenta que el INASE tiene relación con la fiscalización de todo lo relativo con la simiente, pero debería atenderse la posibilidad de considerar la fiscalización en forma integrada. De manera que a los fines del artículo 15 bis se tendría que plantear una redacción alternativa. Dice así: "A los fines de verificar la legalidad de la semilla que dio origen, el Instituto Nacional de Semillas y el SENASA, de acuerdo a sus ámbitos de aplicación, deberán disponer de un sistema integrado de control y fiscalización abarcando las etapas de multiplicación de la simiente y la comercialización de los productos y subproductos derivados a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Será facultad exclusiva del INASE fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual...". Desde mi punto de vista debería estar integrado el control y lo sugiero como una modificación a un proyecto que todavía puede ser mejorado.
Nuevamente quiero saludar la labor desarrollada por el señor presidente de la comisión. Estamos más cerca que nunca de poder contar con una ley que están esperando fundamentalmente nuestros investigadores y desarrolladores nacionales.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: si bien no he sido testigo de su trabajo, es evidente que fue una labor llevada a cabo de muy buena fe con el objeto de acercar posiciones. Con todo respeto quiero mencionar que también creo que corresponden a presiones externas de diversas fuentes, o sea, de un lado y del otro. Estoy seguro de que ha habido presiones, señor presidente.
En primer lugar, quisiera preguntar por qué desde hace tantos años que no contamos con una ley de semillas teniendo una agricultura tan potente. La última ley data del año 1972. Pese a no tener una ley de semillas contamos con productores que son los más eficientes del mundo. Hoy es muy difícil discutir si no es el productor más eficiente del mundo.
Quisiera saber por qué -pese a no tener una ley de semillas- se ha llegado a sembrar 20 millones de hectáreas de soja transgénica.
¿De dónde proviene el apuro para sancionar una ley de semillas? Pregunto esto porque sin tener una ley de semillas, hasta ahora todos los mercados han venido funcionando.
¿Es este el tema más importante de nuestra agricultura actual? No, no lo es. Lo quieren transformar en el tema más importante sobre la base de presiones y sin ningún tipo de correlato de peligro para la agricultura argentina, más allá del derecho que tienen los semilleros a defenderse respecto de la obtención de su descubrimiento. ¿Por qué digo "descubrimiento"? Evidentemente, este no es el problema.
En el año 1995 se promulgó la ley de patentes y se estableció que serán patentables las invenciones nuevas y que entrañen una actividad inventiva o sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 6° señala que no se considerarán invenciones los descubrimientos o toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
El artículo 7° dice que no son patentables, entre otras cosas, la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica.
Antes de eso, en enero de 1995, se promulgó la ley 24.425, que aprobó el Acuerdo de Marrakech, y que estableció la Organización Mundial de Comercio. Durante muchos años, como secretario de Agricultura, negocié por la Argentina en el GATT -así se llamaba antes de que existiera la Organización Mundial de Comercio-, la rueda Uruguay del GATT, que duró muchos años y terminó en 1994 con el Acuerdo de Marrakech.
El Acuerdo de Marrakech, después de una enorme insistencia de los Estados Unidos y algunos otros países en defensa de los royalties y las patentes en general, aborda los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Exige para el material patentable los mismos requisitos que la ley de patentes argentinas que acabo de leer hace un rato. Entre las obligaciones generales deja bien en claro que los Estados no asumen ninguna obligación de instaurar un sistema judicial distinto al que ya tienen para resguardar los derechos de propiedad intelectual, así como tampoco de prescindir de sus propias leyes y de sus criterios interpretativos.
Dicho otra manera, podemos discutir esta ley pensando en los semilleros argentinos, pensando en los esfuerzos del INTA, pensando en la materia gris argentina y pensando en el futuro. Lo que no podemos hacer es discutir esta ley bajo la presión del presente. Me niego a eso. La presión del presente es berreta. No modifica la agricultura argentina ni el área sembrada. Por el contrario, los problemas del presente no tienen que ver con la semilla intacta o con las semillas nuevas. Tiene relación con el agotamiento progresivo de un modelo agrícola, que comenzó hace muchos años, se fortaleció con la siembra directa y con la creación transgénica de la soja y en menor medida del algodón y de algún híbrido de maíz.
La verdad es que en 1996, luego del decreto 290 de marzo del 96 -que reafirma lo que ya les dije, no los voy a aburrir-, en abril firmé el expediente. Lo hice luego de seis años de investigaciones sobre qué nivel de contaminación al medio ambiente y qué nivel de peligros entrañaba desde el punto de vista de la salud, química, etcétera, la soja llamada RR, la soja genéticamente modificada. Fueron seis años de investigaciones en el INTA a cargo y bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Biotecnología, que yo mismo creé, en la cual estuvo Lino Barañao durante todos esos los años, de manera que no era una comisión de bajo nivel.
Cuando tuve el informe que decía que no entraña peligro para el ambiente -estoy hablando de la soja, no de los agroquímicos-, firmé el expediente que solicitaba Nidera y no Monsanto para la apertura del mercado. Que quede claro.
No se pagaron patentes. ¿Sabe por qué, señor presidente? Algunos dicen, equivocadamente, que fue porque Monsanto se olvidó de patentar, y como se olvidó de patentar, durante 20 años no existieron contratos del tipo Bolsatech.
¿Esto pasó porque se olvidó Monsanto? ¿Porque los abogados de Monsanto eran malos, estaban mal pagados y se olvidaron? No. No es que se olvidaron. No tenía fuerza política para ir por encima de una ley del año 95 y de un decreto del año 96. Había una decisión de que no lo pudieran hacer. Entonces, el agricultor empezó a sembrar soja comprándola a un precio seguramente más caro, pero sin ninguna otra obligación hacia el futuro.
Y yo pregunto: ¿en esos 20 años no se multiplicó la soja? ¿Se dejó de investigar en Argentina? No. ¿Entonces quién nos apura tanto? ¿Por qué en 20 o 30 años no hubo ley y ahora hay apuro? ¿De quién es el apuro, señor presidente? ¿Nuestro? Yo no creo que sea nuestro. Creo que compramos un apuro ajeno.
Existe el sistema Bolsatech en el que, como usted dijo, una sola empresa se beneficia. Sancionemos una ley por la cual no se puede hacer Bolsatech. Acá existe la ley de patentes que respaldaría esa norma; si el problema es una empresa, no hay problema. Reitero: si una empresa es el problema por el cual sancionamos una ley, no hay problema; somos soberanos para aprobar otra distinta que prohíba el Bolsatech.
Por otro lado, le asignamos al INASE, cuyo Directorio tiene mayoría privada, la función de policía, pero no policía para una mejor agricultura sino policía para el obtentor, para Monsanto. Es como decir que el Estado será la policía privada de tal empresa, lo cual es una locura absoluta, es no entender nada de la agricultura argentina. Los problemas de agricultura de la Argentina son otros: tenemos monocultivo y no ha habido un solo cambio desde agosto del 98 en contra del monocultivo.
Hace veinte años me fui de la Secretaría de Agricultura y no hubo un solo cambio. Ese año, en el 97, la última siembra que vi fue de 450.000 hectáreas de transgénica, y el resto fueron millones de soja convencional. Después de que me fui se sembraron 4 millones y medio, y ahora, 20 millones de hectáreas. El avance fue espectacular; la reacción a modificaciones e innovaciones tecnológicas de la agricultura argentina es de una velocidad asombrosa: está reaccionando casi antes de que salga la innovación, en todos los casos.
La pregunta es cuándo lo limitamos nosotros, porque no teníamos una ley de semilla. ¿Qué pasó con los datos de la agricultura argentina? ¿Fue para atrás? ¿Fue para abajo? Cuando yo llegué se cosecharon 26 millones de hectáreas en un año con sequía -no fue una sequía como la última, ni como la del año 62. Antes, en el 84, se habían cosechado 44 millones de toneladas porque había mucho volumen de maíz y poco de soja, entonces, el volumen total medido físicamente era muy grande. Y cuando me fui, en el año 98, se cosecharon 66 millones de toneladas. Ahora fueron más de 100 millones y vamos por más.
Pero vamos por más ignorando que mucho más grave que no tener ley de semillas es que no se modifique la agricultura por convenio anual, que permite que alguien entre, tercerice todos los trabajos, no tenga ningún compromiso con la tierra, con el medio ambiente, ni con nadie, pague de afuera, provea los insumos y se retire, y al año siguiente puede retirarse del todo; es decir, está siempre líquido.
El productor más argentino, más nacional que existe que es el que está clavado y anclado a la tierra, que tiene 50 o 100 hectáreas en la pampa gringa o tiene un poco más, pero que necesita completar su ingreso y sobre todo hacer trabajar su equipo de maquinaria, porque hay sobreequipamiento. Yo diría que el hecho de que haya sobreequipamiento es una muestra de capitalismo sano en la agricultura argentina, porque han invertido en mucha maquinaria, y la maquinaria total es superior a las necesidades del área sembrada. Ese productor requiere de 200 o 300 hectáreas arrendadas más, los pools compiten contra él, pagan mejor y lo vuelven loco. Ese era el productor que estaba en todos los piquetes en 2008, desesperado, con los dedos gruesos de laburo y al cual se acercaban los que tenían los dedos finos de escritorio que se ponía una boina y todo era lo mismo porque a la noche todos los gatos son pardos. Eso ocurrió en 2008.
Entonces, ¿cuál es el problema de la agricultura? El agotamiento, la contaminación con glifosato porque las dosis de glifosato son cada vez más grandes, y cada vez hay más monocultivo. Y la verdad es que el agotamiento implica la aparición de nuevas malezas y las mutaciones en las malezas que requieren mayores dosis de glifosato. Entonces, estamos atados a un círculo vicioso.
Ahora además vamos a favorecer con un 150 por ciento de desgravación al supuesto genio que descubrió esto. ¿Por qué? Eso no es ventaja para el agricultor, eso es ventaja para el mercado; eso es para vender más.
Entonces, respetando absolutamente los esfuerzos de todos los diputados, quiero dejar este testimonio porque si pensamos un poco más este proyecto la agricultura argentina no se muere y no se va a morir, el mercado tampoco se va a morir y las semillas se van a seguir vendiendo. (Aplausos.)
En primer lugar, quisiera preguntar por qué desde hace tantos años que no contamos con una ley de semillas teniendo una agricultura tan potente. La última ley data del año 1972. Pese a no tener una ley de semillas contamos con productores que son los más eficientes del mundo. Hoy es muy difícil discutir si no es el productor más eficiente del mundo.
Quisiera saber por qué -pese a no tener una ley de semillas- se ha llegado a sembrar 20 millones de hectáreas de soja transgénica.
¿De dónde proviene el apuro para sancionar una ley de semillas? Pregunto esto porque sin tener una ley de semillas, hasta ahora todos los mercados han venido funcionando.
¿Es este el tema más importante de nuestra agricultura actual? No, no lo es. Lo quieren transformar en el tema más importante sobre la base de presiones y sin ningún tipo de correlato de peligro para la agricultura argentina, más allá del derecho que tienen los semilleros a defenderse respecto de la obtención de su descubrimiento. ¿Por qué digo "descubrimiento"? Evidentemente, este no es el problema.
En el año 1995 se promulgó la ley de patentes y se estableció que serán patentables las invenciones nuevas y que entrañen una actividad inventiva o sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 6° señala que no se considerarán invenciones los descubrimientos o toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
El artículo 7° dice que no son patentables, entre otras cosas, la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica.
Antes de eso, en enero de 1995, se promulgó la ley 24.425, que aprobó el Acuerdo de Marrakech, y que estableció la Organización Mundial de Comercio. Durante muchos años, como secretario de Agricultura, negocié por la Argentina en el GATT -así se llamaba antes de que existiera la Organización Mundial de Comercio-, la rueda Uruguay del GATT, que duró muchos años y terminó en 1994 con el Acuerdo de Marrakech.
El Acuerdo de Marrakech, después de una enorme insistencia de los Estados Unidos y algunos otros países en defensa de los royalties y las patentes en general, aborda los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Exige para el material patentable los mismos requisitos que la ley de patentes argentinas que acabo de leer hace un rato. Entre las obligaciones generales deja bien en claro que los Estados no asumen ninguna obligación de instaurar un sistema judicial distinto al que ya tienen para resguardar los derechos de propiedad intelectual, así como tampoco de prescindir de sus propias leyes y de sus criterios interpretativos.
Dicho otra manera, podemos discutir esta ley pensando en los semilleros argentinos, pensando en los esfuerzos del INTA, pensando en la materia gris argentina y pensando en el futuro. Lo que no podemos hacer es discutir esta ley bajo la presión del presente. Me niego a eso. La presión del presente es berreta. No modifica la agricultura argentina ni el área sembrada. Por el contrario, los problemas del presente no tienen que ver con la semilla intacta o con las semillas nuevas. Tiene relación con el agotamiento progresivo de un modelo agrícola, que comenzó hace muchos años, se fortaleció con la siembra directa y con la creación transgénica de la soja y en menor medida del algodón y de algún híbrido de maíz.
La verdad es que en 1996, luego del decreto 290 de marzo del 96 -que reafirma lo que ya les dije, no los voy a aburrir-, en abril firmé el expediente. Lo hice luego de seis años de investigaciones sobre qué nivel de contaminación al medio ambiente y qué nivel de peligros entrañaba desde el punto de vista de la salud, química, etcétera, la soja llamada RR, la soja genéticamente modificada. Fueron seis años de investigaciones en el INTA a cargo y bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Biotecnología, que yo mismo creé, en la cual estuvo Lino Barañao durante todos esos los años, de manera que no era una comisión de bajo nivel.
Cuando tuve el informe que decía que no entraña peligro para el ambiente -estoy hablando de la soja, no de los agroquímicos-, firmé el expediente que solicitaba Nidera y no Monsanto para la apertura del mercado. Que quede claro.
No se pagaron patentes. ¿Sabe por qué, señor presidente? Algunos dicen, equivocadamente, que fue porque Monsanto se olvidó de patentar, y como se olvidó de patentar, durante 20 años no existieron contratos del tipo Bolsatech.
¿Esto pasó porque se olvidó Monsanto? ¿Porque los abogados de Monsanto eran malos, estaban mal pagados y se olvidaron? No. No es que se olvidaron. No tenía fuerza política para ir por encima de una ley del año 95 y de un decreto del año 96. Había una decisión de que no lo pudieran hacer. Entonces, el agricultor empezó a sembrar soja comprándola a un precio seguramente más caro, pero sin ninguna otra obligación hacia el futuro.
Y yo pregunto: ¿en esos 20 años no se multiplicó la soja? ¿Se dejó de investigar en Argentina? No. ¿Entonces quién nos apura tanto? ¿Por qué en 20 o 30 años no hubo ley y ahora hay apuro? ¿De quién es el apuro, señor presidente? ¿Nuestro? Yo no creo que sea nuestro. Creo que compramos un apuro ajeno.
Existe el sistema Bolsatech en el que, como usted dijo, una sola empresa se beneficia. Sancionemos una ley por la cual no se puede hacer Bolsatech. Acá existe la ley de patentes que respaldaría esa norma; si el problema es una empresa, no hay problema. Reitero: si una empresa es el problema por el cual sancionamos una ley, no hay problema; somos soberanos para aprobar otra distinta que prohíba el Bolsatech.
Por otro lado, le asignamos al INASE, cuyo Directorio tiene mayoría privada, la función de policía, pero no policía para una mejor agricultura sino policía para el obtentor, para Monsanto. Es como decir que el Estado será la policía privada de tal empresa, lo cual es una locura absoluta, es no entender nada de la agricultura argentina. Los problemas de agricultura de la Argentina son otros: tenemos monocultivo y no ha habido un solo cambio desde agosto del 98 en contra del monocultivo.
Hace veinte años me fui de la Secretaría de Agricultura y no hubo un solo cambio. Ese año, en el 97, la última siembra que vi fue de 450.000 hectáreas de transgénica, y el resto fueron millones de soja convencional. Después de que me fui se sembraron 4 millones y medio, y ahora, 20 millones de hectáreas. El avance fue espectacular; la reacción a modificaciones e innovaciones tecnológicas de la agricultura argentina es de una velocidad asombrosa: está reaccionando casi antes de que salga la innovación, en todos los casos.
La pregunta es cuándo lo limitamos nosotros, porque no teníamos una ley de semilla. ¿Qué pasó con los datos de la agricultura argentina? ¿Fue para atrás? ¿Fue para abajo? Cuando yo llegué se cosecharon 26 millones de hectáreas en un año con sequía -no fue una sequía como la última, ni como la del año 62. Antes, en el 84, se habían cosechado 44 millones de toneladas porque había mucho volumen de maíz y poco de soja, entonces, el volumen total medido físicamente era muy grande. Y cuando me fui, en el año 98, se cosecharon 66 millones de toneladas. Ahora fueron más de 100 millones y vamos por más.
Pero vamos por más ignorando que mucho más grave que no tener ley de semillas es que no se modifique la agricultura por convenio anual, que permite que alguien entre, tercerice todos los trabajos, no tenga ningún compromiso con la tierra, con el medio ambiente, ni con nadie, pague de afuera, provea los insumos y se retire, y al año siguiente puede retirarse del todo; es decir, está siempre líquido.
El productor más argentino, más nacional que existe que es el que está clavado y anclado a la tierra, que tiene 50 o 100 hectáreas en la pampa gringa o tiene un poco más, pero que necesita completar su ingreso y sobre todo hacer trabajar su equipo de maquinaria, porque hay sobreequipamiento. Yo diría que el hecho de que haya sobreequipamiento es una muestra de capitalismo sano en la agricultura argentina, porque han invertido en mucha maquinaria, y la maquinaria total es superior a las necesidades del área sembrada. Ese productor requiere de 200 o 300 hectáreas arrendadas más, los pools compiten contra él, pagan mejor y lo vuelven loco. Ese era el productor que estaba en todos los piquetes en 2008, desesperado, con los dedos gruesos de laburo y al cual se acercaban los que tenían los dedos finos de escritorio que se ponía una boina y todo era lo mismo porque a la noche todos los gatos son pardos. Eso ocurrió en 2008.
Entonces, ¿cuál es el problema de la agricultura? El agotamiento, la contaminación con glifosato porque las dosis de glifosato son cada vez más grandes, y cada vez hay más monocultivo. Y la verdad es que el agotamiento implica la aparición de nuevas malezas y las mutaciones en las malezas que requieren mayores dosis de glifosato. Entonces, estamos atados a un círculo vicioso.
Ahora además vamos a favorecer con un 150 por ciento de desgravación al supuesto genio que descubrió esto. ¿Por qué? Eso no es ventaja para el agricultor, eso es ventaja para el mercado; eso es para vender más.
Entonces, respetando absolutamente los esfuerzos de todos los diputados, quiero dejar este testimonio porque si pensamos un poco más este proyecto la agricultura argentina no se muere y no se va a morir, el mercado tampoco se va a morir y las semillas se van a seguir vendiendo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: antes que nada quiero sumarme a las felicitaciones de mis colegas por el trabajo que usted y los demás miembros de la comisión han realizado.
El colega preopinante habló sobre la presión del presente. Considero que sí tenemos presión en el presente porque necesitamos encontrar la forma más salomónica de poner orden en las evoluciones que han logrado diferentes semillas, diferentes alcances en biotecnología, pero también en lograr que esos avances puedan estar al servicio de todos, que hasta el pequeño productor pueda tener acceso y que tengamos las mejores semillas para tener la mejor agricultura y obtener aun mejores rindes, cuidando nuestra tierra y con una agricultura sustentable y sostenible.
La verdad es que estamos tratando de actualizar una ley que ya existe, no estamos haciendo una norma nueva; ya tenemos una ley de semillas que la estamos actualizando porque el mundo avanza. Lamentablemente, también tenemos -porque no avanzamos como debimos en años anteriores- son distorsiones estructurales que hacen que la Argentina haya perdido innumerables oportunidades, y que en especial el pequeño y mediano productor se haya encontrado perjudicado. Entonces, hay muchos intereses, como bien se venía diciendo, y creo que lo que se está intentando hacer es buscar una ley, repito, que sea salomónica.
Por ello personalmente voy a firmar este dictamen en disidencia porque coincido también con otro diputado preopinante en cuanto al tema del INASE y de cómo podemos hacer para que la vigilancia y el control realmente sean certeros y que también se cuiden las semillas, así como la explotación de nuestras tierras. Con lo cual creo que hay posibilidades de mejorar aún más esta ley.
Por otro lado, también creo que tenemos una oportunidad histórica de mostrar que la Argentina quiere una agroindustria sostenible y sustentable, y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos una ley de semillas actualizada y consensuada. (Aplausos.)
El colega preopinante habló sobre la presión del presente. Considero que sí tenemos presión en el presente porque necesitamos encontrar la forma más salomónica de poner orden en las evoluciones que han logrado diferentes semillas, diferentes alcances en biotecnología, pero también en lograr que esos avances puedan estar al servicio de todos, que hasta el pequeño productor pueda tener acceso y que tengamos las mejores semillas para tener la mejor agricultura y obtener aun mejores rindes, cuidando nuestra tierra y con una agricultura sustentable y sostenible.
La verdad es que estamos tratando de actualizar una ley que ya existe, no estamos haciendo una norma nueva; ya tenemos una ley de semillas que la estamos actualizando porque el mundo avanza. Lamentablemente, también tenemos -porque no avanzamos como debimos en años anteriores- son distorsiones estructurales que hacen que la Argentina haya perdido innumerables oportunidades, y que en especial el pequeño y mediano productor se haya encontrado perjudicado. Entonces, hay muchos intereses, como bien se venía diciendo, y creo que lo que se está intentando hacer es buscar una ley, repito, que sea salomónica.
Por ello personalmente voy a firmar este dictamen en disidencia porque coincido también con otro diputado preopinante en cuanto al tema del INASE y de cómo podemos hacer para que la vigilancia y el control realmente sean certeros y que también se cuiden las semillas, así como la explotación de nuestras tierras. Con lo cual creo que hay posibilidades de mejorar aún más esta ley.
Por otro lado, también creo que tenemos una oportunidad histórica de mostrar que la Argentina quiere una agroindustria sostenible y sustentable, y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos una ley de semillas actualizada y consensuada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: apoyo la posición de nuestro bloque y de varios diputados, incluso del bloque oficialista, que han planteado que este tema requiere más debate.
Claramente este es un tema complejo y que contiene intereses económicos multimillonarios. Creo que lo que la diputada preopinante denominó "solución salomónica" ha sido más bien el resultado de varias presiones, algunas de las cuales resultaron triunfantes y otras no, y hay puntos que continúan siendo muy poco claros. En particular voy a hablar de uno porque atañe al discurso que el oficialismo ha tenido durante todo este tiempo, vinculado a la cuestión del déficit cero.
Estamos ante una situación que tiene que ver con que Monsanto en particular -Bayer hoy-, está comenzando a cobrar una regalía que entiendo que la ley argentina considera que está prohibida; es decir, está violando una ley argentina. Está violando cuestiones conceptuales con respecto al uso de la semilla, y la cuestión de la captación de la renta siempre la han disimulado como una especie de estímulo al avance tecnológico.
La situación relacionada con el uso de las patentes producidas en los países centrales no es nueva ni le pertenece solo a las semillas. Lo que ocurre es que en el caso de nuestro país, que tiene una producción agropecuaria tan cuantiosa, este tema hace a su ecuación económica.
Ante esta situación, creo que de cara a la sociedad, hay que clarificar los montos de los que estamos hablando. Es decir, quién produce, quién se apropia, quien paga y quién no paga impuestos.
En ese sentido, sería de una enorme irresponsabilidad -hemos tenido varias pero esta sería una más y muy grave- presentar este proyecto en el cual se establece un artículo -el 10, agregado producto de estas presiones- que señala que el Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto. Si no entiendo mal, se va a poder deducir del Impuesto a las Ganancias un monto -espero que el presidente de la comisión desmienta el dato que voy a dar- que oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que comenzará a cobrar Monsanto y que luego los grandes productores podrán deducirlo del Impuesto a las Ganancias porque los pequeños no van a pagarlo.
Concretamente, el Estado argentino, que aparentemente estaba enfrascado en una política de déficit cero y de austeridad, ha decidido dejar de cobrar un impuesto para dárselo a una transnacional extranjera. Es una modalidad muy regular de parte de este gobierno. Cada vez que el gobierno habla de austeridad, en realidad significa que el Estado argentino va a transferir plata a enormes empresas transnacionales que no necesitan esa ayuda o estímulo.
¿Cuánto vale el artículo 10? Seguramente me darán la misma explicación que se suscitó con el tema del blanqueo, antes de saber que por decreto el presidente iba a eximir a su hermano de la prohibición de entrar a dicho blanqueo. Decían que si no blanqueaban no aparecían. El proyecto era que Bienes Personales fuera cero. Además, se trataba de un blanqueo sin repatriación de capitales. Entonces, la secuencia era la siguiente: blanqueo, pago de una pequeña multa y "deje su plata afuera". Pasa a ser legal lo que hasta hace poco era ilegal. Pasa a perdonarse la evasión impositiva multimillonaria. A los que le preocupa dónde está el PBI les puedo decir que se encuentra en los paraísos fiscales. Estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Tienen la fortuna más grande de la Argentina en los paraísos fiscales. La parte que fue blanqueada -100.000 millones- no paga impuesto.
Ahora existe esta excusa de que, si no damos este estímulo, no lo van a blanquear. Pagar un impuesto no tiene nada que ver con un estímulo. Se trata de una obligación que no se puede hacer a costa de perdonarles el impuesto. Encima, hay que agregarle el pago del royalty a una trasnacional.
Claramente este es un tema complejo y que contiene intereses económicos multimillonarios. Creo que lo que la diputada preopinante denominó "solución salomónica" ha sido más bien el resultado de varias presiones, algunas de las cuales resultaron triunfantes y otras no, y hay puntos que continúan siendo muy poco claros. En particular voy a hablar de uno porque atañe al discurso que el oficialismo ha tenido durante todo este tiempo, vinculado a la cuestión del déficit cero.
Estamos ante una situación que tiene que ver con que Monsanto en particular -Bayer hoy-, está comenzando a cobrar una regalía que entiendo que la ley argentina considera que está prohibida; es decir, está violando una ley argentina. Está violando cuestiones conceptuales con respecto al uso de la semilla, y la cuestión de la captación de la renta siempre la han disimulado como una especie de estímulo al avance tecnológico.
La situación relacionada con el uso de las patentes producidas en los países centrales no es nueva ni le pertenece solo a las semillas. Lo que ocurre es que en el caso de nuestro país, que tiene una producción agropecuaria tan cuantiosa, este tema hace a su ecuación económica.
Ante esta situación, creo que de cara a la sociedad, hay que clarificar los montos de los que estamos hablando. Es decir, quién produce, quién se apropia, quien paga y quién no paga impuestos.
En ese sentido, sería de una enorme irresponsabilidad -hemos tenido varias pero esta sería una más y muy grave- presentar este proyecto en el cual se establece un artículo -el 10, agregado producto de estas presiones- que señala que el Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto. Si no entiendo mal, se va a poder deducir del Impuesto a las Ganancias un monto -espero que el presidente de la comisión desmienta el dato que voy a dar- que oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que comenzará a cobrar Monsanto y que luego los grandes productores podrán deducirlo del Impuesto a las Ganancias porque los pequeños no van a pagarlo.
Concretamente, el Estado argentino, que aparentemente estaba enfrascado en una política de déficit cero y de austeridad, ha decidido dejar de cobrar un impuesto para dárselo a una transnacional extranjera. Es una modalidad muy regular de parte de este gobierno. Cada vez que el gobierno habla de austeridad, en realidad significa que el Estado argentino va a transferir plata a enormes empresas transnacionales que no necesitan esa ayuda o estímulo.
¿Cuánto vale el artículo 10? Seguramente me darán la misma explicación que se suscitó con el tema del blanqueo, antes de saber que por decreto el presidente iba a eximir a su hermano de la prohibición de entrar a dicho blanqueo. Decían que si no blanqueaban no aparecían. El proyecto era que Bienes Personales fuera cero. Además, se trataba de un blanqueo sin repatriación de capitales. Entonces, la secuencia era la siguiente: blanqueo, pago de una pequeña multa y "deje su plata afuera". Pasa a ser legal lo que hasta hace poco era ilegal. Pasa a perdonarse la evasión impositiva multimillonaria. A los que le preocupa dónde está el PBI les puedo decir que se encuentra en los paraísos fiscales. Estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Tienen la fortuna más grande de la Argentina en los paraísos fiscales. La parte que fue blanqueada -100.000 millones- no paga impuesto.
Ahora existe esta excusa de que, si no damos este estímulo, no lo van a blanquear. Pagar un impuesto no tiene nada que ver con un estímulo. Se trata de una obligación que no se puede hacer a costa de perdonarles el impuesto. Encima, hay que agregarle el pago del royalty a una trasnacional.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tenía otro objetivo.
SR. KICILLOF Me está interrumpiendo, señor presidente. Para colmo, me está chicaneando.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señor diputado: luego le voy a aclarar el sentido del artículo al que usted hace mención.
SR. KICILLOF El monto oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que serán eximidos del impuesto. No sé si son 20.000 o 35.000 millones de pesos dependiendo del tipo de cambio. Quisiera saber cuál es ese número y qué beneficios nos trae. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Fregonese.
SRA. FREGONESE Señor presidente: queremos discutir es el presente y no el pasado. Cuando hablamos de discutir el presente lo que deseamos es defender al creador del germoplasma nacional. Queremos defender al INTA, a la industria nacional que desarrolla investigaciones.
También queremos defender a los productores que no tienen acceso a la tecnología, que están atrasados y que por eso se funden.
Los que vivimos en el interior somos conscientes de las producciones pequeñas y de las necesidades que tienen los pequeños productores de contar con tecnología para poder lograr mejores rendimientos. Conocemos la necesidad de contar con la tecnología.
Nosotros queremos defender la producción nacional de tecnología y la investigación. Por eso también estamos en contra y queremos terminar con el Bolsatech y por eso, justamente, necesitamos esta ley.
El 80 por ciento de lo que hoy se siembra es de uso gratuito. Queremos terminar con el Bolsatech.
También tenemos que reconocer el precio por el uso propio como estímulo a la generación y producción de nuevas variedades vegetales, por ende, las inversiones y la competitividad.
Si no logramos que los pequeños productores sean competitivos, no van a sobrevivir. Y los que vivimos en el campo vemos el desfile de la gente que se funde. Pero no queremos verlo más. Queremos que esos productores tengan el mismo acceso que tienen los otros.
No es lo mismo un maíz para engorde, un maíz de grano o una avena que pueda macollar y que sea más alimento para los animales. Para eso, lo que tiene que tener todo productor es acceso a la tecnología. Por eso nos preocupa el presente. No miramos el pasado.
Por otro lado, lo que queremos decir es que queremos esta ley para terminar con los regímenes particulares de cobro de producto. Pero al mismo tiempo queremos que el INTA crezca.
Veamos lo que pasa en el INTA con el arroz, que cobra regalías en Brasil, pero acá no. ¿Cuánta más investigación, cuánta más tecnología tendríamos si pudiésemos valorar lo que tenemos acá?
Vamos con esta ley por la tecnología para el algodón. Nosotros no pensamos solamente en la soja, pensamos en el maní, en el poroto, en la arveja, en las economías regionales.
No pensemos mirando el pasado. La ley va a garantizar realmente que no haya una victoria del más fuerte sobre más pequeño. Tenemos que trabajar sobre eso.
En el maní tenemos casi 1.000 millones de dólares de exportaciones. Necesitamos variedades que tengan tolerancia a enfermedades que ponen en peligro el cultivo. De eso estamos hablando. Y eso son más recursos para los pequeños productores. ¿O no queremos todos que los pequeños productores sean sustentables, puedan vivir y generar arraigo o decidan dónde estar?
Por estas razones, no queremos discutir sobre el pasado. Lástima que se fue el diputado Solá. Nosotros queremos discutir el presente, y para ello necesitamos una ley de semillas que nos garantice que vamos a poder tener acceso a la tecnología, sobre todo los más pequeños. (Aplausos.)
También queremos defender a los productores que no tienen acceso a la tecnología, que están atrasados y que por eso se funden.
Los que vivimos en el interior somos conscientes de las producciones pequeñas y de las necesidades que tienen los pequeños productores de contar con tecnología para poder lograr mejores rendimientos. Conocemos la necesidad de contar con la tecnología.
Nosotros queremos defender la producción nacional de tecnología y la investigación. Por eso también estamos en contra y queremos terminar con el Bolsatech y por eso, justamente, necesitamos esta ley.
El 80 por ciento de lo que hoy se siembra es de uso gratuito. Queremos terminar con el Bolsatech.
También tenemos que reconocer el precio por el uso propio como estímulo a la generación y producción de nuevas variedades vegetales, por ende, las inversiones y la competitividad.
Si no logramos que los pequeños productores sean competitivos, no van a sobrevivir. Y los que vivimos en el campo vemos el desfile de la gente que se funde. Pero no queremos verlo más. Queremos que esos productores tengan el mismo acceso que tienen los otros.
No es lo mismo un maíz para engorde, un maíz de grano o una avena que pueda macollar y que sea más alimento para los animales. Para eso, lo que tiene que tener todo productor es acceso a la tecnología. Por eso nos preocupa el presente. No miramos el pasado.
Por otro lado, lo que queremos decir es que queremos esta ley para terminar con los regímenes particulares de cobro de producto. Pero al mismo tiempo queremos que el INTA crezca.
Veamos lo que pasa en el INTA con el arroz, que cobra regalías en Brasil, pero acá no. ¿Cuánta más investigación, cuánta más tecnología tendríamos si pudiésemos valorar lo que tenemos acá?
Vamos con esta ley por la tecnología para el algodón. Nosotros no pensamos solamente en la soja, pensamos en el maní, en el poroto, en la arveja, en las economías regionales.
No pensemos mirando el pasado. La ley va a garantizar realmente que no haya una victoria del más fuerte sobre más pequeño. Tenemos que trabajar sobre eso.
En el maní tenemos casi 1.000 millones de dólares de exportaciones. Necesitamos variedades que tengan tolerancia a enfermedades que ponen en peligro el cultivo. De eso estamos hablando. Y eso son más recursos para los pequeños productores. ¿O no queremos todos que los pequeños productores sean sustentables, puedan vivir y generar arraigo o decidan dónde estar?
Por estas razones, no queremos discutir sobre el pasado. Lástima que se fue el diputado Solá. Nosotros queremos discutir el presente, y para ello necesitamos una ley de semillas que nos garantice que vamos a poder tener acceso a la tecnología, sobre todo los más pequeños. (Aplausos.)
SR. TORELLO Señor presidente: quisiera comentarle al diputado Kicillof que el tema del artículo 10 se puso a pedido de los semilleros fiscalizadores, que son todos argentinos y no tienen nada que ver con lo extranjero.
En segundo lugar, el beneficio significa un costo al Estado de 7 dólares y tiene un ingreso de 8 dólares con más de un año de anticipación. Porque cuando se paga sobre la fiscalización, se paga el IVA y se paga enseguida. En cambio, el descuento se hace sobre el año siguiente.
Pero inclusive, si tampoco están conforme con eso, estamos dispuestos a retirarlo, aunque sinceramente, vamos a afectar a los semilleros fiscalizadores que son todos argentinos.
En segundo lugar, el beneficio significa un costo al Estado de 7 dólares y tiene un ingreso de 8 dólares con más de un año de anticipación. Porque cuando se paga sobre la fiscalización, se paga el IVA y se paga enseguida. En cambio, el descuento se hace sobre el año siguiente.
Pero inclusive, si tampoco están conforme con eso, estamos dispuestos a retirarlo, aunque sinceramente, vamos a afectar a los semilleros fiscalizadores que son todos argentinos.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Señor presidente: me sumo a los interrogantes de algunos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
La verdad es que no deja de resultar llamativa, en principio, la urgencia y algunos de los argumentos respecto de la urgencia que se escuchan desde el oficialismo en relación con el tratamiento este proyecto de ley.
Cuando uno observa la realidad argentina cuesta encontrar allí una consonancia con esa urgencia que aquí se proclama. Digo esto porque si habláramos de urgencia, lejos de estar discutiendo este proyecto de ley, o por lo menos en paralelo con el tratamiento de este proyecto de ley -porque una cosa no tiene por qué excluir la otra- deberíamos estar discutiendo otros temas verdaderamente urgentes que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Solo por mencionar los más relevantes: la ola de despidos que vemos cotidianamente como noticia, las fábricas que quiebran, los productores que también quiebran y a quienes les está yendo muy mal en estos últimos años en la Argentina, la pulverización del ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras y con ello el derrumbe del consumo, de la actividad, del empleo, etcétera.
Usted me podría decir que muchos de estos temas no son competencia de la comisión que usted preside, pero la verdad es que a la postre estos verdaderos problemas urgentes que presenta nuestra economía terminan estando en la base de las dificultades reales por las que también atraviesan nuestros productores, que se ven afectados por las políticas de este gobierno y por los impactos que estas tienen.
Estos problemas que son verdaderamente urgentes no se resuelven tratando una ley de semillas. No digo que no tenga que ser tratada, pero por lo menos nos hace dudar respecto de la urgencia en su consideración.
Uno se pregunta seguidamente que si este es un proyecto de ley que no resuelve los problemas urgentes de la Argentina, que no resuelve los problemas de los trabajadores, que no resuelve los problemas de la economía, que tampoco resuelve los problemas de nuestros productores, entonces, ¿de quiénes son los intereses que se están cristalizando en este proyecto de ley? Es por supuesto una pregunta retórica, porque la verdad es que más que ley de semillas, tristemente da la impresión de que esta ley podría bien llamarse Ley Monsanto. Es una ley hecha a la medida de los intereses de un monopolio multinacional, y es muy difícil pensar que una ley que tiene nombre y apellido pueda traer algo bueno para nuestra Nación.
Es muy preocupante porque en este borrador del que se pretende obtener dictamen, uno podría encontrar algunos señalamientos que me parece que no se pueden dejar pasar. Me refiero, por ejemplo, a la integración que se hace del órgano fiscalizador, donde el sector privado se queda prácticamente con el control de la materia. Es decir, estamos tratando un proyecto donde ponemos a disposición de intereses privados, particulares, monopólicos, los recursos del Estado, que se sustenta con el esfuerzo de absolutamente todos los argentinos y las argentinas.
Quiero resaltar enfáticamente sobre todo un aspecto que me parece sumamente grave de este proyecto que tiene que ver con su artículo 10, que mencionó también el diputado preopinante. El artículo 10 dice: "Incorpórese el inciso k) al artículo 87 'Deducciones Especiales de la Tercera Categoría', de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el siguiente texto: k) Una vez y media (1,5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada;..."
Tenemos que traducir lo que significa este artículo, porque la verdad es que es un escándalo. No solamente estamos discutiendo un proyecto de ley a la medida de los intereses de un monopolio transnacional, sino que además estamos diciendo en este artículo 10 que es el Estado argentino quien terminará pagando. Son, por lo tanto, todos los argentinos y las argentinas, también aquellos que no tienen trabajo -un tema del que no se debate en este Congreso-, también aquellos que han visto pulverizado sus ingresos -un tema del que no se debate en este Congreso-, y también los que están jubilados, cuyos haberes han sido pulverizados y aún más con las últimas reformas que ha introducido este gobierno -algo que tampoco se debate en este Congreso-, quienes terminarán pagando. Cuando nada de todo eso se debate, todos esos damnificados de la política de este gobierno tienen que terminar pagándole a Monsanto lo que estamos tratando en este proyecto.
La verdad es que no puede encontrarse el más mínimo criterio de justicia que justifique una medida de esta naturaleza. Además, quiero volver a hacer referencia a este 150 por ciento -una vez y media- de deducción sobre ganancias; es decir que los argentinos vamos a estar subsidiando a una multinacional monopólica.
Termino con una pregunta porque mañana se va a tratar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto que obtuvo media sanción en esta Cámara hace pocas semanas. Se trata de un proyecto de este mismo gobierno que pretende subsidiar a Monsanto con el esfuerzo de todos los argentinos, un presupuesto de ajuste donde no se salva nadie, que recortan por todos lados, donde no hay absolutamente ningún beneficio para ningún argentino y son todos sufrimientos que se suman a los que ya vienen padeciendo en estos últimos tres años, un presupuesto que este gobierno ha presentado como presupuesto de déficit cero.
Entonces, yo me pregunto, lo que se va a subsidiar -esta vez y media- por la deducción de ganancias, es decir, 660 o 900 millones, porque no sabemos cuánto es, ¿cómo encaja en el déficit cero que ustedes han promovido y que seguramente mañana pueda llegar a ser ley en la Cámara Alta? ¿A quién más y cuánto más van a ajustar para conseguir el famoso equilibrio primario y subsidiar a Monsanto lo que se está proponiendo en este proyecto? Me gustaría que me faciliten los números.
La verdad es que no deja de resultar llamativa, en principio, la urgencia y algunos de los argumentos respecto de la urgencia que se escuchan desde el oficialismo en relación con el tratamiento este proyecto de ley.
Cuando uno observa la realidad argentina cuesta encontrar allí una consonancia con esa urgencia que aquí se proclama. Digo esto porque si habláramos de urgencia, lejos de estar discutiendo este proyecto de ley, o por lo menos en paralelo con el tratamiento de este proyecto de ley -porque una cosa no tiene por qué excluir la otra- deberíamos estar discutiendo otros temas verdaderamente urgentes que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Solo por mencionar los más relevantes: la ola de despidos que vemos cotidianamente como noticia, las fábricas que quiebran, los productores que también quiebran y a quienes les está yendo muy mal en estos últimos años en la Argentina, la pulverización del ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras y con ello el derrumbe del consumo, de la actividad, del empleo, etcétera.
Usted me podría decir que muchos de estos temas no son competencia de la comisión que usted preside, pero la verdad es que a la postre estos verdaderos problemas urgentes que presenta nuestra economía terminan estando en la base de las dificultades reales por las que también atraviesan nuestros productores, que se ven afectados por las políticas de este gobierno y por los impactos que estas tienen.
Estos problemas que son verdaderamente urgentes no se resuelven tratando una ley de semillas. No digo que no tenga que ser tratada, pero por lo menos nos hace dudar respecto de la urgencia en su consideración.
Uno se pregunta seguidamente que si este es un proyecto de ley que no resuelve los problemas urgentes de la Argentina, que no resuelve los problemas de los trabajadores, que no resuelve los problemas de la economía, que tampoco resuelve los problemas de nuestros productores, entonces, ¿de quiénes son los intereses que se están cristalizando en este proyecto de ley? Es por supuesto una pregunta retórica, porque la verdad es que más que ley de semillas, tristemente da la impresión de que esta ley podría bien llamarse Ley Monsanto. Es una ley hecha a la medida de los intereses de un monopolio multinacional, y es muy difícil pensar que una ley que tiene nombre y apellido pueda traer algo bueno para nuestra Nación.
Es muy preocupante porque en este borrador del que se pretende obtener dictamen, uno podría encontrar algunos señalamientos que me parece que no se pueden dejar pasar. Me refiero, por ejemplo, a la integración que se hace del órgano fiscalizador, donde el sector privado se queda prácticamente con el control de la materia. Es decir, estamos tratando un proyecto donde ponemos a disposición de intereses privados, particulares, monopólicos, los recursos del Estado, que se sustenta con el esfuerzo de absolutamente todos los argentinos y las argentinas.
Quiero resaltar enfáticamente sobre todo un aspecto que me parece sumamente grave de este proyecto que tiene que ver con su artículo 10, que mencionó también el diputado preopinante. El artículo 10 dice: "Incorpórese el inciso k) al artículo 87 'Deducciones Especiales de la Tercera Categoría', de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el siguiente texto: k) Una vez y media (1,5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada;..."
Tenemos que traducir lo que significa este artículo, porque la verdad es que es un escándalo. No solamente estamos discutiendo un proyecto de ley a la medida de los intereses de un monopolio transnacional, sino que además estamos diciendo en este artículo 10 que es el Estado argentino quien terminará pagando. Son, por lo tanto, todos los argentinos y las argentinas, también aquellos que no tienen trabajo -un tema del que no se debate en este Congreso-, también aquellos que han visto pulverizado sus ingresos -un tema del que no se debate en este Congreso-, y también los que están jubilados, cuyos haberes han sido pulverizados y aún más con las últimas reformas que ha introducido este gobierno -algo que tampoco se debate en este Congreso-, quienes terminarán pagando. Cuando nada de todo eso se debate, todos esos damnificados de la política de este gobierno tienen que terminar pagándole a Monsanto lo que estamos tratando en este proyecto.
La verdad es que no puede encontrarse el más mínimo criterio de justicia que justifique una medida de esta naturaleza. Además, quiero volver a hacer referencia a este 150 por ciento -una vez y media- de deducción sobre ganancias; es decir que los argentinos vamos a estar subsidiando a una multinacional monopólica.
Termino con una pregunta porque mañana se va a tratar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto que obtuvo media sanción en esta Cámara hace pocas semanas. Se trata de un proyecto de este mismo gobierno que pretende subsidiar a Monsanto con el esfuerzo de todos los argentinos, un presupuesto de ajuste donde no se salva nadie, que recortan por todos lados, donde no hay absolutamente ningún beneficio para ningún argentino y son todos sufrimientos que se suman a los que ya vienen padeciendo en estos últimos tres años, un presupuesto que este gobierno ha presentado como presupuesto de déficit cero.
Entonces, yo me pregunto, lo que se va a subsidiar -esta vez y media- por la deducción de ganancias, es decir, 660 o 900 millones, porque no sabemos cuánto es, ¿cómo encaja en el déficit cero que ustedes han promovido y que seguramente mañana pueda llegar a ser ley en la Cámara Alta? ¿A quién más y cuánto más van a ajustar para conseguir el famoso equilibrio primario y subsidiar a Monsanto lo que se está proponiendo en este proyecto? Me gustaría que me faciliten los números.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Rauschemberger.
SR. RAUSCHEMBERGER Señor presidente: en primer lugar quiero hacer un reconocimiento, como ya lo expresaron los diputados preopinantes, a su trabajo y a la forma en que llevó adelante hasta el día de hoy el tratamiento del tema.
Veníamos con el ánimo de debatir, pero entre estas idas y vueltas de los proyectos, vemos que el último que recibimos -anoche a las 10-, no es el que está en discusión, sino que es uno del 25 de octubre. Por eso es que por el tiempo del que disponemos, el análisis se dificulta.
Queremos plantear algunas observaciones respecto por ejemplo a algo que compartimos, como es el tema de exceptuar a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a los pueblos originarios, pero entendemos que el límite que se plantea como excepción de una micropyme, el valor de facturación de una micropyme, es exiguo y en este caso debiera ser tres veces el importe de esa facturación. El presidente mencionó que eran 4 millones 800 mil pesos, pero creo que el límite actual es de 3 millones 800 mil. Entonces estamos pidiendo tres veces ese valor, o sea, que serían 11 millones 400 mil pesos.
También vemos con preocupación -y lo manifestó el señor diputado Bahillo- que estaba incluida la modificación del artículo 27 como de orden público, pero vemos que no figuran en el dictamen que han distribuido en el día de hoy. Creo que ese un punto importante.
También quisiéramos hacer algunos aportes por las dudas que pueda generar el tema de la semilla cuando se ha agotado la patente. En el artículo 11 se plantea que lo que se modifica en los artículos 3º y 5º se aplicará también a las variedades con título de propiedad intelectual con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma siempre que a dicha fecha no se hubieran agotado. Para despejar dudas en el artículo 11, quisiéramos que se contemple la siguiente redacción: "Las variedades de los eventos transgénicos y material biológico cuyo plazo de vigencia de la patente esté vencido, deben estar disponibles para su comercialización para semilleros, multiplicadores y productores". Aquí no se toma en cuenta el valor de la patente que, al estar vencida, debe ser gratuita.
Esto asegura que el circuito disponga de variedades y de eventos que puedan tener características agronómicas específicas y que estén disponibles para todos los participantes de esta ley. Es gratuito porque dependerá de un banco genético y biotecnológico muy importante que, al estar la patente vencida, las empresas la van a archivar. Esto es fundamental para la liberación de muchos semilleros porque se achica el oligopolio y se fomenta una mejor competencia para los semilleros más chicos. Entonces, podrán surgir semilleros que, a partir del conocimiento de la amplia gama de variedades y eventos con patentes vencidas, puedan iniciar algún cruzamiento específico.
Por otro lado, el artículo 4° se incorpora como artículo 25 bis de la ley actual. Su texto se refiere a la existencia de variedad protegida o sin protección utilizada con fines de experimentación. Concretamente, aquí queremos agregar es que la inscripción de un evento biotecnológico para su comercialización deberá tener como contrapartida un desarrollo biotecnológico en otro cultivo en fase de experimentación. Por ejemplo, si se inscribe un evento en soja deberán destinarse recursos económicos para desarrollar un evento como el centeno, que no está tan desarrollado. Sería fundamental para mercados no tan amplios y para cultivos con menores superficies. Me refiero a la horticultura y la floricultura, que generalmente tienen mercados pequeños y muchas dificultades para inversiones en investigación y desarrollo.
En estas últimas décadas hay cultivos que dramáticamente están disminuyendo su participación en el mercado. Un ejemplo concreto es el del sorgo, que tiene características agronómicas favorables para gran parte de la provincia de La Pampa y el resto del país.
El otro punto tiene que ver con un agregado al artículo 9° sobre el tema de la germinación. El porcentaje de germinación deberá incrementarse en un 5 por ciento para garantizar el poder germinativo, porque si vamos a asegurar a los semilleros el derecho de propiedad intelectual, tenemos que asegurarles a los productores que tengan una germinación adecuada. Muchas veces la germinación funciona en los laboratorios que cuentan con condiciones de humedad adecuadas. Pero en el campo, cuando hace frío y se presentan situaciones de estrés, no se da la misma germinación. Entonces, si el productor efectúa algún reclamo, desde el semillero les dicen que no está contemplado en la ley.
Estos son los aportes que queremos hacer al proyecto en tratamiento. Hemos avanzado mucho en este tema pero todavía tenemos muchas dudas. Creemos que aún tiene que haber más debate. Por ello, solicito -al igual que lo hicieran otros señores diputados- que el tema vuelva a ser analizado por los asesores para seguir profundizándolo.
Veníamos con el ánimo de debatir, pero entre estas idas y vueltas de los proyectos, vemos que el último que recibimos -anoche a las 10-, no es el que está en discusión, sino que es uno del 25 de octubre. Por eso es que por el tiempo del que disponemos, el análisis se dificulta.
Queremos plantear algunas observaciones respecto por ejemplo a algo que compartimos, como es el tema de exceptuar a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a los pueblos originarios, pero entendemos que el límite que se plantea como excepción de una micropyme, el valor de facturación de una micropyme, es exiguo y en este caso debiera ser tres veces el importe de esa facturación. El presidente mencionó que eran 4 millones 800 mil pesos, pero creo que el límite actual es de 3 millones 800 mil. Entonces estamos pidiendo tres veces ese valor, o sea, que serían 11 millones 400 mil pesos.
También vemos con preocupación -y lo manifestó el señor diputado Bahillo- que estaba incluida la modificación del artículo 27 como de orden público, pero vemos que no figuran en el dictamen que han distribuido en el día de hoy. Creo que ese un punto importante.
También quisiéramos hacer algunos aportes por las dudas que pueda generar el tema de la semilla cuando se ha agotado la patente. En el artículo 11 se plantea que lo que se modifica en los artículos 3º y 5º se aplicará también a las variedades con título de propiedad intelectual con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma siempre que a dicha fecha no se hubieran agotado. Para despejar dudas en el artículo 11, quisiéramos que se contemple la siguiente redacción: "Las variedades de los eventos transgénicos y material biológico cuyo plazo de vigencia de la patente esté vencido, deben estar disponibles para su comercialización para semilleros, multiplicadores y productores". Aquí no se toma en cuenta el valor de la patente que, al estar vencida, debe ser gratuita.
Esto asegura que el circuito disponga de variedades y de eventos que puedan tener características agronómicas específicas y que estén disponibles para todos los participantes de esta ley. Es gratuito porque dependerá de un banco genético y biotecnológico muy importante que, al estar la patente vencida, las empresas la van a archivar. Esto es fundamental para la liberación de muchos semilleros porque se achica el oligopolio y se fomenta una mejor competencia para los semilleros más chicos. Entonces, podrán surgir semilleros que, a partir del conocimiento de la amplia gama de variedades y eventos con patentes vencidas, puedan iniciar algún cruzamiento específico.
Por otro lado, el artículo 4° se incorpora como artículo 25 bis de la ley actual. Su texto se refiere a la existencia de variedad protegida o sin protección utilizada con fines de experimentación. Concretamente, aquí queremos agregar es que la inscripción de un evento biotecnológico para su comercialización deberá tener como contrapartida un desarrollo biotecnológico en otro cultivo en fase de experimentación. Por ejemplo, si se inscribe un evento en soja deberán destinarse recursos económicos para desarrollar un evento como el centeno, que no está tan desarrollado. Sería fundamental para mercados no tan amplios y para cultivos con menores superficies. Me refiero a la horticultura y la floricultura, que generalmente tienen mercados pequeños y muchas dificultades para inversiones en investigación y desarrollo.
En estas últimas décadas hay cultivos que dramáticamente están disminuyendo su participación en el mercado. Un ejemplo concreto es el del sorgo, que tiene características agronómicas favorables para gran parte de la provincia de La Pampa y el resto del país.
El otro punto tiene que ver con un agregado al artículo 9° sobre el tema de la germinación. El porcentaje de germinación deberá incrementarse en un 5 por ciento para garantizar el poder germinativo, porque si vamos a asegurar a los semilleros el derecho de propiedad intelectual, tenemos que asegurarles a los productores que tengan una germinación adecuada. Muchas veces la germinación funciona en los laboratorios que cuentan con condiciones de humedad adecuadas. Pero en el campo, cuando hace frío y se presentan situaciones de estrés, no se da la misma germinación. Entonces, si el productor efectúa algún reclamo, desde el semillero les dicen que no está contemplado en la ley.
Estos son los aportes que queremos hacer al proyecto en tratamiento. Hemos avanzado mucho en este tema pero todavía tenemos muchas dudas. Creemos que aún tiene que haber más debate. Por ello, solicito -al igual que lo hicieran otros señores diputados- que el tema vuelva a ser analizado por los asesores para seguir profundizándolo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: como miembro de la comisión me quiero sumar a los reconocimientos hacia el trabajo que usted y la comisión en su conjunto han desarrollado en pos del tratamiento de este tema. Esto no se reduce al análisis de los distintos proyectos de ley. Debemos tener en cuenta que estamos considerando como base a esta propuesta de dictamen una serie de iniciativas formuladas por diputados de distintos bloques, que han planteado la necesidad de legislar en materia de semillas.
Quiero destacar también el proceso de participación a fin de escuchar a los distintos sectores que componen la cadena productiva, vinculados con el mundo académico y productivo, quienes nos han brindado sus opiniones. En general todos ellos han sostenido e impulsado la necesidad de la adecuación de la ley de semillas vigente en la Argentina a las nuevas necesidades productivas del sector más dinámico de nuestra estructura productiva, o sea, el agrícola.
No voy a contestar las preguntas retóricas que se hacían algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Por supuesto, las preguntas retóricas no están para ser cuestionadas, pero sí dejan instalados algunos temas que me generan comentarios que quiero efectuar.
Por un lado, se planteó la idea de la presión. Cabe aclarar que acá no hay ninguna presión de ninguna naturaleza. Hubo apertura, diálogo y tiempo con todos los sectores interesados.
También se planteó la idea de la urgencia y de cuál es la urgencia.
En ese punto debo manifestar que tengo una profunda diferencia con los que sostuvieron que acá no hay ninguna urgencia.
Me parece que es urgente que la Cámara de Diputados asuma su rol político para poder saldar una situación de empate e inmovilidad entre los actores de la cadena, que impide un acuerdo para tener una legislación moderna de semillas.
No atender las necesidades del sector más dinámico de la estructura productiva Argentina, es urgente. Cuando preguntan qué tiene que ver esto con el déficit cero o qué sería contrario a eso, respondo que es todo lo contrario. Esto es una fuerte apuesta a dinamizar la capacidad productiva de la estructura del campo argentino, que es la que tiene mayor capacidad de resolver el problema más importante estructural y la limitación más grave que tiene la economía argentina, que es su incapacidad de generar divisas para el financiamiento de toda su estructura.
En términos fiscales, la capacidad de crecimiento de la producción del campo tiene un impacto directo como ninguna otra actividad.
Entonces, tenemos urgencia por dar la señal de estímulo a quienes producen en nuestro país para generar riqueza, trabajo, empleo e innovación. Porque si algo caracteriza a la economía moderna es su aceleración y su innovación. Entonces, dejar a los actores de la punta tecnológica del mundo afuera de la relación con los sectores productivos argentinos, nos deja afuera de ese espacio virtuoso de la relación. Algo que los sectores académicos, los sectores de la investigación y las estructuras estatales como el INTA, la Universidad de Córdoba y de Tucumán, vinieron a este recinto a explicarnos la necesidad que tenían de generar una norma legal que les permitiera recuperar los ingresos que están haciendo en inversión.
Por eso, señor presidente, creo que no podemos seguir durmiendo. Este Congreso no puede apostar al empate que es no innovar frente a la incapacidad que han tenido los actores de generar un acuerdo profundo. No lo lograron. Se juntaron, trabajaron 19 o 15 años -como acá se ha dicho- y no lo lograron.
Pero además se ha dicho algo que a mí no solamente no me consta si no que estoy en condiciones de rebatir absolutamente. Me refiero a la idea de que no es necesario, como si nosotros fuéramos los campeones mundiales de la producción agrícola.
Eso no es cierto. Estamos muy por debajo de los niveles de eficiencia y productividad con respecto a otras potencias agrícolas del mundo. Producimos menos kilos por hectárea. Estamos casi seis veces abajo de la capacidad de sintetizar el algodón en fibras que sean aptas para la industria textil. Algo que sí hacen otros países que compiten con nuestra producción porque no contamos con la tecnología adecuada.
Entonces, me parece imprescindible el esfuerzo por lograr una señal de esta Cámara, en el sentido de que está atenta a las necesidades del sector más dinámico de nuestra estructura productiva.
Por otro lado, quiero decir algo que tiene que ver con la lógica del debate en este Congreso, que me parece muy bueno y muy saludable. Me refiero a que muchas de las observaciones que se están haciendo se van a tomar en cuenta.
Por ejemplo, la desgravación del impuesto que se tomó como un estímulo, que puede ser considerada y revisada ya que hay algún argumento sensato que estamos considerando.
También lo que plantearon algunos diputados referido a de ninguna manera hacer que el órgano de control tenga una predominancia del sector privado sobre el sector público, nos parece absolutamente razonable y tendrá que ser incorporado a la lógica de este dictamen.
Este es un dictamen que procura avanzar, dar una señal de que el Congreso está comprometido con el cambio de nuestra estructura productiva en el sector agrícola. También estamos muy dispuestos a receptar las recomendaciones y las modificaciones que los distintos diputados nos hagan.
Por último, quiero recordar que también escuchamos a los ministros de Agricultura de varias provincias no gobernadas por Cambiemos. Esos ministros de Agricultura de esas provincias, nos expresaron la necesidad de avanzar en la sanción de una ley en este sentido. (Aplausos)
Quiero destacar también el proceso de participación a fin de escuchar a los distintos sectores que componen la cadena productiva, vinculados con el mundo académico y productivo, quienes nos han brindado sus opiniones. En general todos ellos han sostenido e impulsado la necesidad de la adecuación de la ley de semillas vigente en la Argentina a las nuevas necesidades productivas del sector más dinámico de nuestra estructura productiva, o sea, el agrícola.
No voy a contestar las preguntas retóricas que se hacían algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Por supuesto, las preguntas retóricas no están para ser cuestionadas, pero sí dejan instalados algunos temas que me generan comentarios que quiero efectuar.
Por un lado, se planteó la idea de la presión. Cabe aclarar que acá no hay ninguna presión de ninguna naturaleza. Hubo apertura, diálogo y tiempo con todos los sectores interesados.
También se planteó la idea de la urgencia y de cuál es la urgencia.
En ese punto debo manifestar que tengo una profunda diferencia con los que sostuvieron que acá no hay ninguna urgencia.
Me parece que es urgente que la Cámara de Diputados asuma su rol político para poder saldar una situación de empate e inmovilidad entre los actores de la cadena, que impide un acuerdo para tener una legislación moderna de semillas.
No atender las necesidades del sector más dinámico de la estructura productiva Argentina, es urgente. Cuando preguntan qué tiene que ver esto con el déficit cero o qué sería contrario a eso, respondo que es todo lo contrario. Esto es una fuerte apuesta a dinamizar la capacidad productiva de la estructura del campo argentino, que es la que tiene mayor capacidad de resolver el problema más importante estructural y la limitación más grave que tiene la economía argentina, que es su incapacidad de generar divisas para el financiamiento de toda su estructura.
En términos fiscales, la capacidad de crecimiento de la producción del campo tiene un impacto directo como ninguna otra actividad.
Entonces, tenemos urgencia por dar la señal de estímulo a quienes producen en nuestro país para generar riqueza, trabajo, empleo e innovación. Porque si algo caracteriza a la economía moderna es su aceleración y su innovación. Entonces, dejar a los actores de la punta tecnológica del mundo afuera de la relación con los sectores productivos argentinos, nos deja afuera de ese espacio virtuoso de la relación. Algo que los sectores académicos, los sectores de la investigación y las estructuras estatales como el INTA, la Universidad de Córdoba y de Tucumán, vinieron a este recinto a explicarnos la necesidad que tenían de generar una norma legal que les permitiera recuperar los ingresos que están haciendo en inversión.
Por eso, señor presidente, creo que no podemos seguir durmiendo. Este Congreso no puede apostar al empate que es no innovar frente a la incapacidad que han tenido los actores de generar un acuerdo profundo. No lo lograron. Se juntaron, trabajaron 19 o 15 años -como acá se ha dicho- y no lo lograron.
Pero además se ha dicho algo que a mí no solamente no me consta si no que estoy en condiciones de rebatir absolutamente. Me refiero a la idea de que no es necesario, como si nosotros fuéramos los campeones mundiales de la producción agrícola.
Eso no es cierto. Estamos muy por debajo de los niveles de eficiencia y productividad con respecto a otras potencias agrícolas del mundo. Producimos menos kilos por hectárea. Estamos casi seis veces abajo de la capacidad de sintetizar el algodón en fibras que sean aptas para la industria textil. Algo que sí hacen otros países que compiten con nuestra producción porque no contamos con la tecnología adecuada.
Entonces, me parece imprescindible el esfuerzo por lograr una señal de esta Cámara, en el sentido de que está atenta a las necesidades del sector más dinámico de nuestra estructura productiva.
Por otro lado, quiero decir algo que tiene que ver con la lógica del debate en este Congreso, que me parece muy bueno y muy saludable. Me refiero a que muchas de las observaciones que se están haciendo se van a tomar en cuenta.
Por ejemplo, la desgravación del impuesto que se tomó como un estímulo, que puede ser considerada y revisada ya que hay algún argumento sensato que estamos considerando.
También lo que plantearon algunos diputados referido a de ninguna manera hacer que el órgano de control tenga una predominancia del sector privado sobre el sector público, nos parece absolutamente razonable y tendrá que ser incorporado a la lógica de este dictamen.
Este es un dictamen que procura avanzar, dar una señal de que el Congreso está comprometido con el cambio de nuestra estructura productiva en el sector agrícola. También estamos muy dispuestos a receptar las recomendaciones y las modificaciones que los distintos diputados nos hagan.
Por último, quiero recordar que también escuchamos a los ministros de Agricultura de varias provincias no gobernadas por Cambiemos. Esos ministros de Agricultura de esas provincias, nos expresaron la necesidad de avanzar en la sanción de una ley en este sentido. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Torello.
SR. TORELLO Señor presidente: hace cuarenta y cinco años que tenemos la misma ley. La realidad es que la Argentina está necesitando una nueva norma para hacer que los productores liberen sus potencialidades.
Acá hubo muchos consensos que se lograron desde el año pasado en toda la cadena de la semilla: industria, productores, técnicas, semilleros; y esos consensos se trajeron hasta acá. También se trajeron disensos. El Frente Renovador y el PJ Federal nos pidieron que por favor nos pusiéramos de acuerdo y nos manifestaron que iban a aceptar lo que sacáramos de esos disensos.
Indudablemente, una vez que los disensos quedan acá hay presiones, como dijo el diputado Solá y varios señores diputados, pero la realidad es que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que hay presiones hacia un lado o hacia el otro.
Nos pidieron que asumamos nuestra responsabilidad como diputados y sancionemos esta ley que tanto necesita la Argentina desde hace cuarenta y cinco años. Desde el año 2003 las cadenas se han puesto a trabajar en esto. Pasaron quince años y todavía no tenemos una ley. Yo escuché al diputado Basterra hablar de voluntad; también escuché al diputado Bahillo hablar de voluntad y escuché sobre mucha voluntad. Entonces, veo que tenemos mucha voluntad, pero no tenemos la ley; con voluntad no vamos a ir a ningún lado.
La verdad es que me parece que deberíamos estar asumiendo nuestra responsabilidad y llevar adelante este proceso.
Hoy estamos firmando un dictamen. Contamos con una semana de tiempo y hago un pedido para que podamos juntarnos durante esta semana para que puedan acompañar ese dictamen y que podamos llevar este proyecto al recinto con el acuerdo de todos los actores. Porque este proyecto no es de alguien en particular, es un proyecto de la Argentina, es una ley que necesitamos, y no digo desesperadamente pero sí que la necesitamos. Lo dijo el diputado preopinante: estamos a años luz de los demás países; hemos perdido una oportunidad histórica en esto de que si la ley sí, si la ley no. Venimos discutiendo hace muchísimo tiempo.
La realidad es que, por ejemplo en cuanto al algodón, Brasil produce el doble de fibra que nosotros y estamos con variedades de hace catorce años. Parece un chiste que no queramos avanzar en esto para defender a un sector como es el productivo. En la Argentina se acuerdan de los productores cuando hay sequía porque explota el país; y la realidad es que esto de que me gusta esta ley o que me gusta aquella no ayuda, creo que este es un proyecto que se ha debatido bastante y se ha consensuado mucho; todos lo han dicho. No avanzar en esto, no llevarlo al recinto y no votarlo favorablemente me parece que habla muy mal de nosotros. Aclaro que me hago cargo de la parte que me corresponde por no haber podido convencer a la oposición de que nos acompañen en esto.
En cuanto a las compañías locales -y hoy volvieron a hablar del artículo 10°-, si nosotros no modificamos la ley que tenemos le estamos haciendo el juego a las multinacionales -y han hablado contra ellas. Porque los que están cobrando esto son justamente las multinacionales. Nuestras empresas -que hay y muchas- prácticamente lo hacen porque es un arte, son como Klein o Buck, y estamos hablando de la parte de trigo y soja. Pero la realidad es que si nosotros no contamos con una nueva ley para despegar en cuanto a las economías regionales, por ejemplo en maní, poroto o algodón, estamos en graves problemas.
Don Mario, por ejemplo, es una empresa nacional que empezó con productores, se fue a poner los marcadores moleculares a Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de semillas, ellos habrían estado acá generando trabajo. Con el solo hecho -y yo estoy en el ambiente- de decir que vamos a sancionar una ley de semillas ya hay un montón de empresas extranjeras que están mirando hacia acá.
Entonces, todavía sigo sin entender cuál es la discusión política que dan de algo que es absolutamente necesario. Nosotros con esto no solamente perjudicamos a la producción nacional sino que perjudicamos a los pobres, a los productores de menos recursos que son los que más necesitan esta norma.
Por primera vez en muchísimos años después de haber liberado al campo del derecho de exportación, y de ROES, hoy tenemos más superficie de otros cultivos que de soja, que acá tanto se ha denostado y que tantos hablaron hoy de los cultivos.
Por último, en este aspecto, quiero leer una nota del INTA. Les pedí que hicieran un resumen de qué es lo que necesita el INTA y lo que significa la ley de semillas. Dice así: El INTA hoy es el primer obtentor de variedades en la Argentina, tiene registradas 1.300. El segundo jugador, el que lo sigue, tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis más grandes, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos de las economías regionales que sostienen la investigación en los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética. Esto es algo absolutamente importante por lo cual necesitamos esta ley. Y no tiene que ver con la soja y con lo que han focalizado hoy en empresas multinacionales.
Como paradoja de lo que significa para nosotros el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas 1.000 variedades solo seis o siete están en Brasil, en el resto de Sudamérica y América, y generan el 90 por ciento de los ingresos. Eso significa una enorme asimetría, y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, de todo lo que hoy se captura en valor a través del mejoramiento estamos no beneficiando al INTA, estamos no beneficiando a nuestras empresas nacionales y sí a las transnacionales.
Por último, en cuanto al maní, el 95 por ciento de su producción se sostiene en una sola variedad, que es un peligro y un negocio para el país de más de 1.000 millones de dólares. Eso es una economía regional, y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. Sin esta ley no lo vamos a lograr.
Por eso pido a la oposición que debatamos durante esta semana que nos queda para ver si nos pueden acompañar y llevar este proyecto al recinto el miércoles que viene. (Aplausos.)
Acá hubo muchos consensos que se lograron desde el año pasado en toda la cadena de la semilla: industria, productores, técnicas, semilleros; y esos consensos se trajeron hasta acá. También se trajeron disensos. El Frente Renovador y el PJ Federal nos pidieron que por favor nos pusiéramos de acuerdo y nos manifestaron que iban a aceptar lo que sacáramos de esos disensos.
Indudablemente, una vez que los disensos quedan acá hay presiones, como dijo el diputado Solá y varios señores diputados, pero la realidad es que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que hay presiones hacia un lado o hacia el otro.
Nos pidieron que asumamos nuestra responsabilidad como diputados y sancionemos esta ley que tanto necesita la Argentina desde hace cuarenta y cinco años. Desde el año 2003 las cadenas se han puesto a trabajar en esto. Pasaron quince años y todavía no tenemos una ley. Yo escuché al diputado Basterra hablar de voluntad; también escuché al diputado Bahillo hablar de voluntad y escuché sobre mucha voluntad. Entonces, veo que tenemos mucha voluntad, pero no tenemos la ley; con voluntad no vamos a ir a ningún lado.
La verdad es que me parece que deberíamos estar asumiendo nuestra responsabilidad y llevar adelante este proceso.
Hoy estamos firmando un dictamen. Contamos con una semana de tiempo y hago un pedido para que podamos juntarnos durante esta semana para que puedan acompañar ese dictamen y que podamos llevar este proyecto al recinto con el acuerdo de todos los actores. Porque este proyecto no es de alguien en particular, es un proyecto de la Argentina, es una ley que necesitamos, y no digo desesperadamente pero sí que la necesitamos. Lo dijo el diputado preopinante: estamos a años luz de los demás países; hemos perdido una oportunidad histórica en esto de que si la ley sí, si la ley no. Venimos discutiendo hace muchísimo tiempo.
La realidad es que, por ejemplo en cuanto al algodón, Brasil produce el doble de fibra que nosotros y estamos con variedades de hace catorce años. Parece un chiste que no queramos avanzar en esto para defender a un sector como es el productivo. En la Argentina se acuerdan de los productores cuando hay sequía porque explota el país; y la realidad es que esto de que me gusta esta ley o que me gusta aquella no ayuda, creo que este es un proyecto que se ha debatido bastante y se ha consensuado mucho; todos lo han dicho. No avanzar en esto, no llevarlo al recinto y no votarlo favorablemente me parece que habla muy mal de nosotros. Aclaro que me hago cargo de la parte que me corresponde por no haber podido convencer a la oposición de que nos acompañen en esto.
En cuanto a las compañías locales -y hoy volvieron a hablar del artículo 10°-, si nosotros no modificamos la ley que tenemos le estamos haciendo el juego a las multinacionales -y han hablado contra ellas. Porque los que están cobrando esto son justamente las multinacionales. Nuestras empresas -que hay y muchas- prácticamente lo hacen porque es un arte, son como Klein o Buck, y estamos hablando de la parte de trigo y soja. Pero la realidad es que si nosotros no contamos con una nueva ley para despegar en cuanto a las economías regionales, por ejemplo en maní, poroto o algodón, estamos en graves problemas.
Don Mario, por ejemplo, es una empresa nacional que empezó con productores, se fue a poner los marcadores moleculares a Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de semillas, ellos habrían estado acá generando trabajo. Con el solo hecho -y yo estoy en el ambiente- de decir que vamos a sancionar una ley de semillas ya hay un montón de empresas extranjeras que están mirando hacia acá.
Entonces, todavía sigo sin entender cuál es la discusión política que dan de algo que es absolutamente necesario. Nosotros con esto no solamente perjudicamos a la producción nacional sino que perjudicamos a los pobres, a los productores de menos recursos que son los que más necesitan esta norma.
Por primera vez en muchísimos años después de haber liberado al campo del derecho de exportación, y de ROES, hoy tenemos más superficie de otros cultivos que de soja, que acá tanto se ha denostado y que tantos hablaron hoy de los cultivos.
Por último, en este aspecto, quiero leer una nota del INTA. Les pedí que hicieran un resumen de qué es lo que necesita el INTA y lo que significa la ley de semillas. Dice así: El INTA hoy es el primer obtentor de variedades en la Argentina, tiene registradas 1.300. El segundo jugador, el que lo sigue, tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis más grandes, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos de las economías regionales que sostienen la investigación en los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética. Esto es algo absolutamente importante por lo cual necesitamos esta ley. Y no tiene que ver con la soja y con lo que han focalizado hoy en empresas multinacionales.
Como paradoja de lo que significa para nosotros el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas 1.000 variedades solo seis o siete están en Brasil, en el resto de Sudamérica y América, y generan el 90 por ciento de los ingresos. Eso significa una enorme asimetría, y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, de todo lo que hoy se captura en valor a través del mejoramiento estamos no beneficiando al INTA, estamos no beneficiando a nuestras empresas nacionales y sí a las transnacionales.
Por último, en cuanto al maní, el 95 por ciento de su producción se sostiene en una sola variedad, que es un peligro y un negocio para el país de más de 1.000 millones de dólares. Eso es una economía regional, y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. Sin esta ley no lo vamos a lograr.
Por eso pido a la oposición que debatamos durante esta semana que nos queda para ver si nos pueden acompañar y llevar este proyecto al recinto el miércoles que viene. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Pretto.
SR. PRETTO Señor presidente: por supuesto me sumo a los reconocimientos expresados aquí por parte de todos los diputados por su labor, por el trabajo de toda la comisión y por haber propiciado el debate de muchísimos actores que tienen que ver con esta iniciativa para modificar una ley ya existente, como bien se dijo acá, pero que hace mucho tiempo que necesita que se incorpore o que se reconozca el derecho a la propiedad intelectual, el derecho del conocimiento. Y justamente es el conocimiento lo que necesitamos para que muchos productores puedan salir de su situación de quebranto incorporando tecnología que les permita tener mayor productividad en menor superficie. Entonces veo que la iniciativa ha apuntado justamente a los déficits que tenía esta vieja ley.
En ese sentido, ha establecido claramente que el control y la fiscalización deben estar en manos de un instituto como el INASE que tenga esas dos funciones tan relevantes que hacen al poder de policía del Estado, pero con la particularidad de incorporar también allí a miembros de los distintos sectores que forman parte de toda la cadena. Esto puede ser -y alguien lo ha manifestado- algo extraño o innovador. A mí me parece que hay que mirar al futuro y lo que tiene de distinto es que incorpora a sectores de la actividad privada, pero en una función de fiscalización y control designado por el Estado, lo cual lo equipara a la gestión de un funcionario público. Por lo tanto, me parece que ahí están zanjadas esas dudas en cuanto al poder de policía ejercido de esa manera. Además, lo está haciendo a través de una ley como la que estamos debatiendo.
Por otra parte, aquí se ha hablado de reconocer los derechos en un solo acto, lo cual nos ayudaría a despejar dudas hacia el futuro. También se planteó aquí la necesidad de analizar qué es lo que pasa luego de los cinco años. Celebro -al igual que lo hizo usted y el señor diputado Torello- que acá no exista un númerus clausus o un espíritu pétreo de no revisar ningún concepto; todo lo contrario. El esfuerzo de consenso manifestado por el señor diputado Torello habla a las claras de que acá no existe ninguna intención de favorecer a nadie. Simplemente, la idea es favorecer al espíritu emprendedor del productor agropecuario, que es lo que nos distingue en el mundo.
Además, se ha contemplado el uso propio, como bien se ha dicho acá. Pero específicamente, señor presidente, ante la pregunta de un diputado, usted hizo una aclaración acerca de la incorporación de los pequeños productores en el rango de micro-pyme. Allí se contempla a los incorporados en esos tres monotributos.
Se ha hablado del establecimiento del orden público. Se planteó la incorporación de algún artículo más. Estoy seguro de que ese punto se va a analizar pues existe voluntad de incorporar aquellas iniciativas que mantengan el espíritu del proyecto.
Finalmente, quiero reforzar el concepto que describí hace unos instantes. El señor diputado Solá se refería a que no era necesaria una ley porque eso no nos impidió crecer. Pero al mismo tiempo, el señor diputado Solá sostiene que hemos crecido con un monocultivo. Sin embargo, él no se pregunta por qué eso ha sido así. Justamente, crece porque no hay un reconocimiento a la investigación, al desarrollo y a la generación de nuevas especies. Tampoco existe una valorización de lo que representa la creatividad y la propiedad intelectual puesta en el desarrollo de una actividad tan importante como la nuestra.
Por lo tanto, el espíritu de la ley favorece a los pequeños y medianos productores. Hay un acceso a mayor tecnología. Tengo entendido que hay laboratorios que cuentan con especies desarrolladas resistentes a la sequía y que no están siendo comercializadas porque no se les reconoce el valor. Estoy seguro de que eso podría ayudar mucho más a los pequeños productores quienes, adquiriendo esa tecnología, pueden tener mayor productividad en menor superficie sembrada respecto de la que ya tienen. Entonces, desaparecería esa famosa disputa entre el pequeño productor y los pooles de siembra. Al menos tendrían acceso a la posibilidad de mayor productividad de acuerdo a la escala de negocios y a cómo se plantee la producción.
Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de soja y de maíz. Como bien se ha dicho acá, también nos referimos a trigo, arroz, algodón. Fíjense lo que ocurre con el maní. Como bien lo señaló creo que el diputado Torello, se trata de una economía regional, típicamente cordobesa, diría yo, Porque el 98 por ciento de la producción se origina en la provincia de Córdoba. Además, es una sola especie.
Los productores maniceros querrán que se desarrollen nuevas especies para procurar mayor productividad teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado en el cultivo del maní. Se decía que se ahogaban los campos y que se degradaban los suelos. Hoy se está avanzando seriamente mediante la ley de conservación de suelos pero teniendo en cuenta la concientización de los productores en función de cuidar el suelo y poder tener una mejor labranza a fin de obtener un mayor rendimiento del maní. Pero siempre estamos hablando de una única especie.
Entonces, imagínense lo que se puede llegar a producir en una economía regional que brinda mano de obra pero, especialmente, a mujeres. La industrialización del maní se hace con el 95 por ciento de mujeres en las plantas industriales. Se las llaman picoteras. Están encargadas de la selección del maní. Por ello, fíjense lo que se puede llegar a producir en un solo cultivo -en este caso el maní- pudiendo enfrentar las adversidades climáticas o de cualquier otro tipo.
En una de las tantas reuniones a las que usted nos convocó, señor presidente, hemos escuchado reclamar una ley de semillas al sector frutero de las hortalizas y de las legumbres. Nadie se hubiera imaginado que alguien que produjera legumbres reclamara una ley de semillas. Sin embargo, ellos están ávidos por tener una ley que les permita justamente proteger la inversión, la investigación y el desarrollo también en esos sectores, que son muy importantes para diversificar la producción y sobre todo para fortalecer a las economías regionales.
Finalmente, la semana pasada estuve en una reunión de (Cartés) en la provincia de Córdoba, que nos acercó un documento que yo le hice llegar a usted, señor presidente, donde hacen una serie de recomendaciones para incorporar en este proyecto, que por suerte veo que están casi todas, por no decir todas. Pero la particularidad es que ese documento que formuló (Cartés) tenía la firma de la Federación agraria Argentina.
Como se sabe, siempre Federación Agraria está defendiendo al pequeño productor, y sobre todo está en contra de las multinacionales. De manera que no podríamos creer que este proyecto tuviera justamente otra intención que no sea propiciar la producción con mayor tecnología si no nos acompañara (Cartés) en un documento tan importante como el emitió la semana pasada.
Por esta razón, creo que la ley ideal no existe. Esta norma tiene que incorporar conceptos que son absolutamente necesarios para favorecer y reconocer la investigación y el desarrollo, como bien se dijo también acá, de empresas y de laboratorios nacionales, pero también de organismos públicos nacionales que investigan, como el INTA, que tiene 1300 especies. Es una vergüenza nacional que tenga que registrar en Brasil para que pueda obtener algunos recursos para sus actividades y no lo pueda hacer en su propio país donde tiene una actividad magnífica, con profesionales de primerísimo nivel.
Por lo tanto, esas son las urgencias: proteger la investigación, el conocimiento y el desarrollo, especialmente de los técnicos argentinos.
Por estas razones acompaño dictamen y espero que haya un debate muy fructífero con las incorporaciones a las que usted se ha comprometido junto con los demás diputados, para que tengamos no la ley ideal pero sí una mucho mejor de la que hemos tenido, y que los productores con menor superficie puedan pelear mejor la situación, salir del quebranto y poder apostar a ese espíritu emprendedor, productivo y que apuesta al desafío. (Aplausos.)
En ese sentido, ha establecido claramente que el control y la fiscalización deben estar en manos de un instituto como el INASE que tenga esas dos funciones tan relevantes que hacen al poder de policía del Estado, pero con la particularidad de incorporar también allí a miembros de los distintos sectores que forman parte de toda la cadena. Esto puede ser -y alguien lo ha manifestado- algo extraño o innovador. A mí me parece que hay que mirar al futuro y lo que tiene de distinto es que incorpora a sectores de la actividad privada, pero en una función de fiscalización y control designado por el Estado, lo cual lo equipara a la gestión de un funcionario público. Por lo tanto, me parece que ahí están zanjadas esas dudas en cuanto al poder de policía ejercido de esa manera. Además, lo está haciendo a través de una ley como la que estamos debatiendo.
Por otra parte, aquí se ha hablado de reconocer los derechos en un solo acto, lo cual nos ayudaría a despejar dudas hacia el futuro. También se planteó aquí la necesidad de analizar qué es lo que pasa luego de los cinco años. Celebro -al igual que lo hizo usted y el señor diputado Torello- que acá no exista un númerus clausus o un espíritu pétreo de no revisar ningún concepto; todo lo contrario. El esfuerzo de consenso manifestado por el señor diputado Torello habla a las claras de que acá no existe ninguna intención de favorecer a nadie. Simplemente, la idea es favorecer al espíritu emprendedor del productor agropecuario, que es lo que nos distingue en el mundo.
Además, se ha contemplado el uso propio, como bien se ha dicho acá. Pero específicamente, señor presidente, ante la pregunta de un diputado, usted hizo una aclaración acerca de la incorporación de los pequeños productores en el rango de micro-pyme. Allí se contempla a los incorporados en esos tres monotributos.
Se ha hablado del establecimiento del orden público. Se planteó la incorporación de algún artículo más. Estoy seguro de que ese punto se va a analizar pues existe voluntad de incorporar aquellas iniciativas que mantengan el espíritu del proyecto.
Finalmente, quiero reforzar el concepto que describí hace unos instantes. El señor diputado Solá se refería a que no era necesaria una ley porque eso no nos impidió crecer. Pero al mismo tiempo, el señor diputado Solá sostiene que hemos crecido con un monocultivo. Sin embargo, él no se pregunta por qué eso ha sido así. Justamente, crece porque no hay un reconocimiento a la investigación, al desarrollo y a la generación de nuevas especies. Tampoco existe una valorización de lo que representa la creatividad y la propiedad intelectual puesta en el desarrollo de una actividad tan importante como la nuestra.
Por lo tanto, el espíritu de la ley favorece a los pequeños y medianos productores. Hay un acceso a mayor tecnología. Tengo entendido que hay laboratorios que cuentan con especies desarrolladas resistentes a la sequía y que no están siendo comercializadas porque no se les reconoce el valor. Estoy seguro de que eso podría ayudar mucho más a los pequeños productores quienes, adquiriendo esa tecnología, pueden tener mayor productividad en menor superficie sembrada respecto de la que ya tienen. Entonces, desaparecería esa famosa disputa entre el pequeño productor y los pooles de siembra. Al menos tendrían acceso a la posibilidad de mayor productividad de acuerdo a la escala de negocios y a cómo se plantee la producción.
Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de soja y de maíz. Como bien se ha dicho acá, también nos referimos a trigo, arroz, algodón. Fíjense lo que ocurre con el maní. Como bien lo señaló creo que el diputado Torello, se trata de una economía regional, típicamente cordobesa, diría yo, Porque el 98 por ciento de la producción se origina en la provincia de Córdoba. Además, es una sola especie.
Los productores maniceros querrán que se desarrollen nuevas especies para procurar mayor productividad teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado en el cultivo del maní. Se decía que se ahogaban los campos y que se degradaban los suelos. Hoy se está avanzando seriamente mediante la ley de conservación de suelos pero teniendo en cuenta la concientización de los productores en función de cuidar el suelo y poder tener una mejor labranza a fin de obtener un mayor rendimiento del maní. Pero siempre estamos hablando de una única especie.
Entonces, imagínense lo que se puede llegar a producir en una economía regional que brinda mano de obra pero, especialmente, a mujeres. La industrialización del maní se hace con el 95 por ciento de mujeres en las plantas industriales. Se las llaman picoteras. Están encargadas de la selección del maní. Por ello, fíjense lo que se puede llegar a producir en un solo cultivo -en este caso el maní- pudiendo enfrentar las adversidades climáticas o de cualquier otro tipo.
En una de las tantas reuniones a las que usted nos convocó, señor presidente, hemos escuchado reclamar una ley de semillas al sector frutero de las hortalizas y de las legumbres. Nadie se hubiera imaginado que alguien que produjera legumbres reclamara una ley de semillas. Sin embargo, ellos están ávidos por tener una ley que les permita justamente proteger la inversión, la investigación y el desarrollo también en esos sectores, que son muy importantes para diversificar la producción y sobre todo para fortalecer a las economías regionales.
Finalmente, la semana pasada estuve en una reunión de (Cartés) en la provincia de Córdoba, que nos acercó un documento que yo le hice llegar a usted, señor presidente, donde hacen una serie de recomendaciones para incorporar en este proyecto, que por suerte veo que están casi todas, por no decir todas. Pero la particularidad es que ese documento que formuló (Cartés) tenía la firma de la Federación agraria Argentina.
Como se sabe, siempre Federación Agraria está defendiendo al pequeño productor, y sobre todo está en contra de las multinacionales. De manera que no podríamos creer que este proyecto tuviera justamente otra intención que no sea propiciar la producción con mayor tecnología si no nos acompañara (Cartés) en un documento tan importante como el emitió la semana pasada.
Por esta razón, creo que la ley ideal no existe. Esta norma tiene que incorporar conceptos que son absolutamente necesarios para favorecer y reconocer la investigación y el desarrollo, como bien se dijo también acá, de empresas y de laboratorios nacionales, pero también de organismos públicos nacionales que investigan, como el INTA, que tiene 1300 especies. Es una vergüenza nacional que tenga que registrar en Brasil para que pueda obtener algunos recursos para sus actividades y no lo pueda hacer en su propio país donde tiene una actividad magnífica, con profesionales de primerísimo nivel.
Por lo tanto, esas son las urgencias: proteger la investigación, el conocimiento y el desarrollo, especialmente de los técnicos argentinos.
Por estas razones acompaño dictamen y espero que haya un debate muy fructífero con las incorporaciones a las que usted se ha comprometido junto con los demás diputados, para que tengamos no la ley ideal pero sí una mucho mejor de la que hemos tenido, y que los productores con menor superficie puedan pelear mejor la situación, salir del quebranto y poder apostar a ese espíritu emprendedor, productivo y que apuesta al desafío. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Basterra.
SR. BASTERRA Señor presidente: me toca la odiosa tarea de tener que rebatir algunos argumentos. Intentaré ser muy escueto. En primer lugar, voy a leer nada más que el título del comunicado que emitió la Federación Agraria en el día de hoy. Dice así: "Ley de semillas. Para Federación agraria no están dadas las condiciones para el dictamen." Esto lo dice la Comisión de semillas de la Federación Agraria Argentina en conjunto con las entidades cooperativas del complejo federado. Dice: "Visualizamos que si bien hay un avance positivo respecto de otros proyectos que años anteriores se han puesto en debate, aún falta espacio para el consenso."
Lo que quiero decir es que podemos argumentar, y mucho, de un lado y del otro. Con respecto al algodón tengo el orgullo de decir que el INTA no hace 15 o 18 años que no incorpora variedades. Ha incorporado variedades hace aproximadamente cinco o seis meses y ha puesto en el mercado a dichas variedades. Son desarrollos nacionales hechos por científicos, que incluso han impulsado genes de Monsanto y que hoy tienen un convenio con Gensus, que es una empresa en la que participan exfuncionarios de Monsanto y otros capitales, que han firmado el convenio de vinculación tecnológica y que mediante este convenio el INTA va a cobrar por el desarrollo tecnológico que ha hecho en algodón.
También me consta que lo hizo en arroz, y esto que tanto se habla de la variedad Puitá, que es la tan mentada, más otras variedades nuevas que se están haciendo, tuvieron origen en el INTA y cobran las regalías allá, bajo el concepto que se aplica en Brasil, pero acá no regalan las semillas. Acá la semilla se vende también.
Entonces el INTA se ajusta a la modalidad de uno y de otro lado, pero no es que no están ingresando las variedades al mercado. Está clarísimo que el que está invirtiendo en mejoramiento en este momento es un segmento de la actividad privada. Me ha tocado recorrer un par de semilleros y destaco particularmente a Don Mario en lo que significa la tecnología de vanguardia que utiliza desde trazadores moleculares hasta identificación de características con modelos matemáticos que son un orgullo.
Siento que nos están poniendo en una situación por la que debemos acompañar este dictamen. Entre paréntesis, pienso que algunos viejitos como yo recordarán el método ILVEM. Lamentablemente me lo perdí y no sé cómo se hace la lectura rápida del método ILVEM. Pero resulta que todos terminamos siendo grandes expertos con un dictamen que, repito, arrancó el 25 de octubre, tuvo una modificación el 28, ayer recibimos en la Comisión de Legislación General otra versión y volvimos a la del 25. Encima tengo mala memoria y la del 25 ya me la había olvidado. Y nos piden que resolvamos un problema tan trascendente, tan importante, en una reunión de comisión como esta.
La verdad es que reconozco el trabajo del presidente que todavía no ha cumplido un año en la conducción de la comisión y logra este avance, pero resulta que es ya o nunca. Tenemos la posibilidad de dar un debate con consistencia y nos dicen que si no hacemos el esfuerzo somos antipromociones de tecnología, y que si no lo logramos la semana que viene se cae el mundo. Está bien que estamos en el segundo semestre, pero es del tercer año de gobierno; no creo que eso sea suficiente como para resolver los problemas de la Argentina.
Entonces, con el mejor de los criterios nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea de estudio del proyecto, pero institucionalmente entendemos que no se han cumplido ciertas condiciones, quizás por una cuestión de tiempo, porque como decía un amigo: "Nos ganó el yuyo. Se olvidó de carpir". Quizás nos ganó el yuyo, pero podemos seguir, estamos en el medio de nuestros mandatos, no es que en diciembre se renueva la mitad de la Cámara.
Es un trabajo en el cual quizás tengamos que volver a consultar. No quiero dar nombres, pero a todos los que estamos en el tema nos han llegado cantidad de mensajes de WhatsApp de organizaciones de todos los colores, de representantes e incluso de organizaciones que a nivel nacional están en contra, donde hay espacios como el de Córdoba que acompaña este proyecto y otras que están a favor pero están en contra de este proyecto. Y me consta que alguna cooperativa de Coninagro ha hecho un planteo de por qué no a esta ley, cuando Coninagro es una parte de los que han participado en la conformación del primer consenso. Digo esto para poner nombre y apellido y no tratar esto con la superficialidad de que en realidad si no queremos sancionar este proyecto es porque estamos en contra de los semilleros y que si queremos aprobarlo es porque estamos a favor del desarrollo del país.
Explícitamente dijimos que es importante que revisemos nuestra ley; explícitamente dijimos que hay muchos puntos que son muy complejos y que la ligera modificación que hizo el presidente en la propuesta significó que salte un lado y la ligera modificación que se hizo para el otro lado, saltó el otro lado. Entonces nos van a pedir que nosotros a nuestro libre albedrío definamos cuando en realidad tenemos que interpretar y tratar que todos los intereses estén representados para que sea una sana relación.
Actualmente no es una sana relación. Hoy hay uno solo que cobra; y lo dijimos y lo denunciamos nosotros mucho antes que cualquier otro. Me alegra que hoy ustedes levanten esta bandera. La verdad es que me pone contento porque estamos conceptualmente de acuerdo en un punto que ha sido medular. Y como este hay varios otros. Personalmente he tenido diálogo con quienes son firmantes de este dictamen y nos parece que se avanzó y bien. Ahora, ¿estamos en un todo de acuerdo? No. ¿Estamos seguros en todos los puntos? Tampoco. ¿Está todo el conjunto en actitud sobre algo concreto? Convengamos que cuando se hicieron las presentaciones cada uno expuso los principios generales que los alumbraron para tomar una posición.
Ahora, muchachos, cuando está en el papel y cuando está la letra, la letra tiene efectos e impactos que debemos considerar. No está claro cómo se resuelve el problema de la ley de variedades con respecto a la ley de patentes, por caso. Entonces, me podrán decir que está en tal punto, y que si lo leemos de tal forma se interpreta, pero la verdad es que la gente que nos acompaña desde la visión experta y técnica nos dice que hay muchas cosas que no están claramente definidas.
Entonces, seguiremos esta semana, pero no solo hasta el 21, sino que seguiremos adelante con el estudio, como lo venimos haciendo.
Incluso, además de la propuesta que firmaron integrantes de nuestro bloque, tenemos algunos otros desarrollos teóricos que podrían suponer otro modelo, que no lo vamos a presentar porque entendemos que estamos avanzando sobre pautas que pueden hacer que se concrete algo. En realidad, lo vamos a seguir trabajando porque si esto se frustra por hache o por be también podemos darnos la libertad de analizar algunas otras propuestas con otros criterios.
Por lo tanto, me gustaría que en honor a los consensos y a la búsqueda de compartir opiniones y de tratar de sacar la mejor norma posible, cuando podamos, les pediría que no tomen esas posiciones -voy a repetir el término que me encantó cuando me lo dijeron- "maniqueas", porque no las comparto; muchas caras de sorpresa. Acá, si uno es blanco el otro no es negro, y si no hago lo que dicen no soy un desleal o si hago una cosa en un sentido no significa que sea lo contrario. No, acá hay muchos grises y el estudio de este proyecto amerita que le dediquemos ese tiempo.
Por eso no hemos acompañado el dictamen y creemos que la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión de Agricultura y Ganadería nos merecemos un debate profundo y con el tiempo que sea necesario para que se apruebe lo antes posible la mejor ley. (Aplausos.)
Lo que quiero decir es que podemos argumentar, y mucho, de un lado y del otro. Con respecto al algodón tengo el orgullo de decir que el INTA no hace 15 o 18 años que no incorpora variedades. Ha incorporado variedades hace aproximadamente cinco o seis meses y ha puesto en el mercado a dichas variedades. Son desarrollos nacionales hechos por científicos, que incluso han impulsado genes de Monsanto y que hoy tienen un convenio con Gensus, que es una empresa en la que participan exfuncionarios de Monsanto y otros capitales, que han firmado el convenio de vinculación tecnológica y que mediante este convenio el INTA va a cobrar por el desarrollo tecnológico que ha hecho en algodón.
También me consta que lo hizo en arroz, y esto que tanto se habla de la variedad Puitá, que es la tan mentada, más otras variedades nuevas que se están haciendo, tuvieron origen en el INTA y cobran las regalías allá, bajo el concepto que se aplica en Brasil, pero acá no regalan las semillas. Acá la semilla se vende también.
Entonces el INTA se ajusta a la modalidad de uno y de otro lado, pero no es que no están ingresando las variedades al mercado. Está clarísimo que el que está invirtiendo en mejoramiento en este momento es un segmento de la actividad privada. Me ha tocado recorrer un par de semilleros y destaco particularmente a Don Mario en lo que significa la tecnología de vanguardia que utiliza desde trazadores moleculares hasta identificación de características con modelos matemáticos que son un orgullo.
Siento que nos están poniendo en una situación por la que debemos acompañar este dictamen. Entre paréntesis, pienso que algunos viejitos como yo recordarán el método ILVEM. Lamentablemente me lo perdí y no sé cómo se hace la lectura rápida del método ILVEM. Pero resulta que todos terminamos siendo grandes expertos con un dictamen que, repito, arrancó el 25 de octubre, tuvo una modificación el 28, ayer recibimos en la Comisión de Legislación General otra versión y volvimos a la del 25. Encima tengo mala memoria y la del 25 ya me la había olvidado. Y nos piden que resolvamos un problema tan trascendente, tan importante, en una reunión de comisión como esta.
La verdad es que reconozco el trabajo del presidente que todavía no ha cumplido un año en la conducción de la comisión y logra este avance, pero resulta que es ya o nunca. Tenemos la posibilidad de dar un debate con consistencia y nos dicen que si no hacemos el esfuerzo somos antipromociones de tecnología, y que si no lo logramos la semana que viene se cae el mundo. Está bien que estamos en el segundo semestre, pero es del tercer año de gobierno; no creo que eso sea suficiente como para resolver los problemas de la Argentina.
Entonces, con el mejor de los criterios nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea de estudio del proyecto, pero institucionalmente entendemos que no se han cumplido ciertas condiciones, quizás por una cuestión de tiempo, porque como decía un amigo: "Nos ganó el yuyo. Se olvidó de carpir". Quizás nos ganó el yuyo, pero podemos seguir, estamos en el medio de nuestros mandatos, no es que en diciembre se renueva la mitad de la Cámara.
Es un trabajo en el cual quizás tengamos que volver a consultar. No quiero dar nombres, pero a todos los que estamos en el tema nos han llegado cantidad de mensajes de WhatsApp de organizaciones de todos los colores, de representantes e incluso de organizaciones que a nivel nacional están en contra, donde hay espacios como el de Córdoba que acompaña este proyecto y otras que están a favor pero están en contra de este proyecto. Y me consta que alguna cooperativa de Coninagro ha hecho un planteo de por qué no a esta ley, cuando Coninagro es una parte de los que han participado en la conformación del primer consenso. Digo esto para poner nombre y apellido y no tratar esto con la superficialidad de que en realidad si no queremos sancionar este proyecto es porque estamos en contra de los semilleros y que si queremos aprobarlo es porque estamos a favor del desarrollo del país.
Explícitamente dijimos que es importante que revisemos nuestra ley; explícitamente dijimos que hay muchos puntos que son muy complejos y que la ligera modificación que hizo el presidente en la propuesta significó que salte un lado y la ligera modificación que se hizo para el otro lado, saltó el otro lado. Entonces nos van a pedir que nosotros a nuestro libre albedrío definamos cuando en realidad tenemos que interpretar y tratar que todos los intereses estén representados para que sea una sana relación.
Actualmente no es una sana relación. Hoy hay uno solo que cobra; y lo dijimos y lo denunciamos nosotros mucho antes que cualquier otro. Me alegra que hoy ustedes levanten esta bandera. La verdad es que me pone contento porque estamos conceptualmente de acuerdo en un punto que ha sido medular. Y como este hay varios otros. Personalmente he tenido diálogo con quienes son firmantes de este dictamen y nos parece que se avanzó y bien. Ahora, ¿estamos en un todo de acuerdo? No. ¿Estamos seguros en todos los puntos? Tampoco. ¿Está todo el conjunto en actitud sobre algo concreto? Convengamos que cuando se hicieron las presentaciones cada uno expuso los principios generales que los alumbraron para tomar una posición.
Ahora, muchachos, cuando está en el papel y cuando está la letra, la letra tiene efectos e impactos que debemos considerar. No está claro cómo se resuelve el problema de la ley de variedades con respecto a la ley de patentes, por caso. Entonces, me podrán decir que está en tal punto, y que si lo leemos de tal forma se interpreta, pero la verdad es que la gente que nos acompaña desde la visión experta y técnica nos dice que hay muchas cosas que no están claramente definidas.
Entonces, seguiremos esta semana, pero no solo hasta el 21, sino que seguiremos adelante con el estudio, como lo venimos haciendo.
Incluso, además de la propuesta que firmaron integrantes de nuestro bloque, tenemos algunos otros desarrollos teóricos que podrían suponer otro modelo, que no lo vamos a presentar porque entendemos que estamos avanzando sobre pautas que pueden hacer que se concrete algo. En realidad, lo vamos a seguir trabajando porque si esto se frustra por hache o por be también podemos darnos la libertad de analizar algunas otras propuestas con otros criterios.
Por lo tanto, me gustaría que en honor a los consensos y a la búsqueda de compartir opiniones y de tratar de sacar la mejor norma posible, cuando podamos, les pediría que no tomen esas posiciones -voy a repetir el término que me encantó cuando me lo dijeron- "maniqueas", porque no las comparto; muchas caras de sorpresa. Acá, si uno es blanco el otro no es negro, y si no hago lo que dicen no soy un desleal o si hago una cosa en un sentido no significa que sea lo contrario. No, acá hay muchos grises y el estudio de este proyecto amerita que le dediquemos ese tiempo.
Por eso no hemos acompañado el dictamen y creemos que la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión de Agricultura y Ganadería nos merecemos un debate profundo y con el tiempo que sea necesario para que se apruebe lo antes posible la mejor ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Campos.
SR. CAMPOS Señor presidente: antes que nada quiero agradecerle. Realmente me parece que ha sido un ejercicio, una dinámica y una gimnasia muy buena de la Comisión. Creo que todo el tratamiento fue muy abierto porque se escucharon muchas voces. Yo por lo menos aprendí mucho de un montón de producciones que no conocía, desde la arveja, al poroto, al garbanzo, etcétera, temáticas particulares que uno realmente no conocía, porque generalmente la soja, el maíz, el trigo, etcétera, acaparan toda la visión. Y cuando uno ve la diversidad que tiene la Argentina y el efecto que se puede causar por ayudar a encauzar la actividad, dándoles atributos científicos y desarrollos tecnológicos a los lugares más recónditos del país, me parece que es espectacular.
Hay un tema que quiero mencionar porque formo parte de esta comisión. He escuchado reiteradamente hablar de Monsanto. Me hace acordar a ese video del presidente Trump haciendo lo mismo con China y mencionando a esa nación todo el tiempo. Realmente, no conozco a ningún integrante de Monsanto y nadie se acercó para presionarme y decirme que tenía que votar en un sentido o en el otro, o que el dictamen debía ser emitido de una determinada manera. Entonces, creo que a este cuco hay que terminar de matarlo porque no veo que Monsanto esté representado en este proyecto.
Por otro lado, estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que está enmarcado en el sentido más amplio de la diversidad. Aquellos que piden que se sancione esta ley -para de esa manera salir de esta especie de status quo de 40 años- son los pequeños productores. Concretamente, el INTA y los semilleros locales son quienes más han impulsado la sanción de esta norma.
Tomando las palabras del señor diputado Basterra, considero que nunca hay un buen momento. Hablan de por qué hay tanta urgencia y piden que el tema se analice dos semanas más. Esos mismos argumentos son los que nos han llevado a que desde hace veinte o cuarenta años no podamos contar con una ley de semillas. Nunca llega el momento; siempre se puede esperar una semana más.
Quiero felicitar la labor desarrollada en torno al tratamiento de este proyecto y, además, creo que esa semana de más ya se ha dado y con creces. Se han escuchado a todos los participantes del sector y nadie puede decir que el tema sea sancionado con fórceps o entre gallos y medianoches.
Finalmente, hay dos aspectos que quiero mencionar, sobre los cuales creo que hay que poner el foco. Me refiero a la constitución del INASE y lo relativo a la exención de Ganancias. Son dos temas que pueden analizarse, pero que no hacen al fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestiones tiene que ver con contar con una legislación que permita la diversidad en todos los cultivos y que la apoye en zonas de frontera, zonas de bajo régimen de lluvias y en lugares con heladas tempranas y tardías. La idea es que exista mucha más diversidad biológica que beneficie al productor. Felicito la labor de la presidencia de la comisión y, por supuesto, voy a acompañar esta iniciativa. (Aplausos.)
Hay un tema que quiero mencionar porque formo parte de esta comisión. He escuchado reiteradamente hablar de Monsanto. Me hace acordar a ese video del presidente Trump haciendo lo mismo con China y mencionando a esa nación todo el tiempo. Realmente, no conozco a ningún integrante de Monsanto y nadie se acercó para presionarme y decirme que tenía que votar en un sentido o en el otro, o que el dictamen debía ser emitido de una determinada manera. Entonces, creo que a este cuco hay que terminar de matarlo porque no veo que Monsanto esté representado en este proyecto.
Por otro lado, estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que está enmarcado en el sentido más amplio de la diversidad. Aquellos que piden que se sancione esta ley -para de esa manera salir de esta especie de status quo de 40 años- son los pequeños productores. Concretamente, el INTA y los semilleros locales son quienes más han impulsado la sanción de esta norma.
Tomando las palabras del señor diputado Basterra, considero que nunca hay un buen momento. Hablan de por qué hay tanta urgencia y piden que el tema se analice dos semanas más. Esos mismos argumentos son los que nos han llevado a que desde hace veinte o cuarenta años no podamos contar con una ley de semillas. Nunca llega el momento; siempre se puede esperar una semana más.
Quiero felicitar la labor desarrollada en torno al tratamiento de este proyecto y, además, creo que esa semana de más ya se ha dado y con creces. Se han escuchado a todos los participantes del sector y nadie puede decir que el tema sea sancionado con fórceps o entre gallos y medianoches.
Finalmente, hay dos aspectos que quiero mencionar, sobre los cuales creo que hay que poner el foco. Me refiero a la constitución del INASE y lo relativo a la exención de Ganancias. Son dos temas que pueden analizarse, pero que no hacen al fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestiones tiene que ver con contar con una legislación que permita la diversidad en todos los cultivos y que la apoye en zonas de frontera, zonas de bajo régimen de lluvias y en lugares con heladas tempranas y tardías. La idea es que exista mucha más diversidad biológica que beneficie al productor. Felicito la labor de la presidencia de la comisión y, por supuesto, voy a acompañar esta iniciativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias a todos los señores diputados. Estamos culminando esta reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
Quiero hacer algunas reflexiones. El dictamen presentado ha obtenido los votos suficientes como para poder avanzar en su tratamiento en el recinto. Hemos dado un paso más, pero este dictamen podrá avanzar en la medida en que hagamos un enorme esfuerzo entre todos los diputados. Me refiero a aquellos que estuvieron de acuerdo con el dictamen y a quienes le hicieron observaciones pero expresaron claramente la necesidad de tener una nueva ley en estos días que restan para la última sesión ordinaria del Congreso de la Nación.
Les pido a todos los diputados que hagamos un esfuerzo más. La única posibilidad de que tengamos una nueva legislación es que hagamos el esfuerzo de buscar los consensos.
En este sentido, quiero mencionar la entrevista que tuviéramos hace algún tiempo con el embajador de Alemania, quien nos explicó la experiencia de aquel país en torno a un tema como el que estamos analizando. No estamos debatiendo una ley de consensos. Esta es una ley que busca administrar intereses, conflictos y distintas posiciones. Debemos decirlo con absoluta claridad.
En Alemania -de acuerdo a lo que nos expresó su embajador- no pudieron resolver el tema. Entonces, lo laudó la primera ministra. En primer lugar, lograron emitir un dictamen respecto del cual los productores echaban chispas. Después se enojaron los obtentores y finalmente hubo un momento en el cual fueron insultados por todos: obtentores y productores. Esa es la ley que tienen, pero que nadie quiere cambiar. Es la ley posible.
Ustedes saben que esta es una ley que solamente la buena voluntad de los legisladores puede resolver.
Por ejemplo, el señor diputado Basterra -que creo se fue- ha hecho una extraordinaria colaboración en todo este proceso, y se lo agradezco, como a todos los diputados de la oposición. Pero, así como él leyó la posición discordante de Federación Agraria Argentina, también yo podría leerles a ustedes la posición discordante sobre esta ley que tiene la Asociación de Semilleros Argentinos, que piensa que es un atraso para el país.
Hay intereses complejos y ustedes los conocen. No hace falta que relate detalles.
Creo que estamos trabajando como nunca con la mayor honestidad intelectual, poniendo como faro lo mejor para nuestro país y para nuestros productores. No tengo ninguna duda de eso, y quienes han trabajado han dedicado su tiempo y horas a escuchar y hablar con productores y con entidades.
Me parece que tenemos una gran oportunidad y lamento que no estén aquellos diputados que han planteado que no hay apuro. Realmente creo que este proceso que hemos vivido es como una fruta que ha llegado a su madurez, y cuando la fruta no se cosecha en su madurez, después pasa el tiempo y se pudre.
Realmente creo que tenemos una gran oportunidad de sancionar una legislación para nuestro país, que nos permita incorporar tecnología, retribuir a nuestros investigadores, que sea una ley de equilibrio y que sea una norma justa que dé igualdad de oportunidades de cobro a todos y no solamente a los que tienen las herramientas o la magnitud económica para poder hacerlo.
Estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos fortaleciendo al Estado. Incluso, con algún artículo, estábamos tratando de atender a todos los actores que intervienen. Lamentablemente, fue malinterpretado el artículo que tenía que ver con reconocer, con una mejora impositiva, a todos aquellos que multiplican semillas. Ese beneficio no era para ninguna compañía extranjera. Pero lo podemos rever. Todos los temas pueden ser revisados.
De manera que, ya que todos hemos trabajado tanto durante este año, los invito a que hagamos este enorme esfuerzo para que podamos encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a las mayorías necesarias para poder tener una media sanción de esta norma tan importante.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Quiero hacer algunas reflexiones. El dictamen presentado ha obtenido los votos suficientes como para poder avanzar en su tratamiento en el recinto. Hemos dado un paso más, pero este dictamen podrá avanzar en la medida en que hagamos un enorme esfuerzo entre todos los diputados. Me refiero a aquellos que estuvieron de acuerdo con el dictamen y a quienes le hicieron observaciones pero expresaron claramente la necesidad de tener una nueva ley en estos días que restan para la última sesión ordinaria del Congreso de la Nación.
Les pido a todos los diputados que hagamos un esfuerzo más. La única posibilidad de que tengamos una nueva legislación es que hagamos el esfuerzo de buscar los consensos.
En este sentido, quiero mencionar la entrevista que tuviéramos hace algún tiempo con el embajador de Alemania, quien nos explicó la experiencia de aquel país en torno a un tema como el que estamos analizando. No estamos debatiendo una ley de consensos. Esta es una ley que busca administrar intereses, conflictos y distintas posiciones. Debemos decirlo con absoluta claridad.
En Alemania -de acuerdo a lo que nos expresó su embajador- no pudieron resolver el tema. Entonces, lo laudó la primera ministra. En primer lugar, lograron emitir un dictamen respecto del cual los productores echaban chispas. Después se enojaron los obtentores y finalmente hubo un momento en el cual fueron insultados por todos: obtentores y productores. Esa es la ley que tienen, pero que nadie quiere cambiar. Es la ley posible.
Ustedes saben que esta es una ley que solamente la buena voluntad de los legisladores puede resolver.
Por ejemplo, el señor diputado Basterra -que creo se fue- ha hecho una extraordinaria colaboración en todo este proceso, y se lo agradezco, como a todos los diputados de la oposición. Pero, así como él leyó la posición discordante de Federación Agraria Argentina, también yo podría leerles a ustedes la posición discordante sobre esta ley que tiene la Asociación de Semilleros Argentinos, que piensa que es un atraso para el país.
Hay intereses complejos y ustedes los conocen. No hace falta que relate detalles.
Creo que estamos trabajando como nunca con la mayor honestidad intelectual, poniendo como faro lo mejor para nuestro país y para nuestros productores. No tengo ninguna duda de eso, y quienes han trabajado han dedicado su tiempo y horas a escuchar y hablar con productores y con entidades.
Me parece que tenemos una gran oportunidad y lamento que no estén aquellos diputados que han planteado que no hay apuro. Realmente creo que este proceso que hemos vivido es como una fruta que ha llegado a su madurez, y cuando la fruta no se cosecha en su madurez, después pasa el tiempo y se pudre.
Realmente creo que tenemos una gran oportunidad de sancionar una legislación para nuestro país, que nos permita incorporar tecnología, retribuir a nuestros investigadores, que sea una ley de equilibrio y que sea una norma justa que dé igualdad de oportunidades de cobro a todos y no solamente a los que tienen las herramientas o la magnitud económica para poder hacerlo.
Estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos fortaleciendo al Estado. Incluso, con algún artículo, estábamos tratando de atender a todos los actores que intervienen. Lamentablemente, fue malinterpretado el artículo que tenía que ver con reconocer, con una mejora impositiva, a todos aquellos que multiplican semillas. Ese beneficio no era para ninguna compañía extranjera. Pero lo podemos rever. Todos los temas pueden ser revisados.
De manera que, ya que todos hemos trabajado tanto durante este año, los invito a que hagamos este enorme esfuerzo para que podamos encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a las mayorías necesarias para poder tener una media sanción de esta norma tan importante.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Es la la hora 19 y 13.
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de noviembre de 2018, a la hora 16 y 35:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Con quórum de las tres comisiones que hemos convocado a esta reunión: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por su titular, Luciano Laspina; la Comisión de Legislación General, en ausencia de su presidente, presidida por Javier David; y quien les habla, damos comienzo al tratamiento del proyecto sobre reforma de nuestra antigua ley 20.247, más conocida como Ley Nacional de Semillas.
Sobre este tema quiero decir que esta reunión es el corolario de varios encuentros que hemos llevado adelante en los que hemos escuchado una serie de ponencias, en las que distintos actores vinculados al complejo tema que tiene que ver con nuestra ley de semillas han podido, con absoluta libertad, exponer durante cuatro sesiones. Quiero reconocer que ha habido exposiciones de distintos sectores, y que casi hemos llegado al medio centenar. Así que estas exposiciones, más los proyectos de ley que han sido presentados por distintas instituciones y señores diputados, han sido tenidos a la vista.
Como ustedes saben, hemos elaborado un resumen, un borrador de trabajo, que pretendemos convertirlo en dictamen. Este no es el dictamen de nadie en particular, no refleja íntegramente ninguno de los proyectos aquí presentados, sino que refleja las opiniones mayoritarias o por lo menos lo que a nuestro mejor saber y entender, entre diputados de distintos espacios, hemos tratado de recopilar y poner a consideración del pleno de estas comisiones.
Quiero decirles, para que todos sepan de qué estamos hablando, que han circulado en nuestras comisiones distintos borradores, y quiero dejar expresamente aclarado que vamos a trabajar sobre lo que hemos denominado borrador del 25/10/2018. Si alguien no lo tuviera disponible, en este momento estamos distribuyendo copias para que puedan tenerlo a la vista y en consideración.
Quiero aclarar también que me parece importante que este proyecto de dictamen que ponemos a consideración no refleja en particular la opinión de ninguno de los varios bloques de este Congreso, y no refleja tampoco la opinión del Poder Ejecutivo nacional. Este no es el proyecto del Poder Ejecutivo nacional; me parece importante dejarlo aclarado. Este resumen de ideas surge del mejor saber y entender de numerosos diputados que hemos tratado de sintetizar las propuestas con la mira puesta en sancionar una norma que mejore el desarrollo productivo del país para estar realmente a la altura de estos tiempos.
Este proyecto de dictamen, para hablar de cuatro o cinco puntos esenciales, en primer lugar establece -y este sería uno de los pedidos que realmente hacen todas las instituciones de investigación y desarrollo- una protección para los obtentores, al establecer una restricción al uso propio gratuito que disponía la antigua ley del año 73. Este proyecto respeta en su integridad lo establecido por UPOV 78 en lo que refiere al régimen de semillas que ha adherido nuestro país a través de una ley nacional.
Asimismo, atento a los pedidos de las instituciones que representan a los productores, hemos determinado un umbral por el que consideramos que todos los pequeños productores de la República Argentina quedan a salvaguarda. Establecemos que quedan exceptuados de los alcances de esta modificación de la ley los pueblos originarios, los agricultores de la economía familiar y todos aquellos agricultores cuyo nivel de facturación no exceda la categoría micropyme establecida por la Sepyme. Entiendo que este punto resuelve la preocupación de muchos sectores que temen verse afectados por el pago oneroso de la tecnología.
Hablando en términos numéricos, la Sepyme establece en su último registro un importe equivalente a 4.800.000 pesos, pero este es el promedio de los últimos tres ejercicios, con lo cual -y por las características de nuestro país-, considerado en esta cifra actualizada al año en curso, alcanza a una magnitud mayor.
Quiero aclarar también que este proyecto de ley ha tratado de sintetizar un reclamo como es la unificación en un solo acto de todos los derechos, patentes, etcétera, que hay sobre una simiente. Y lo establece en dos circunstancias: en el propio acto de la compra de la simiente o en cada ulterior propagación con un canon, el cual va a englobar esta mayoría de derechos que existan sobre una simiente o sobre un material vegetal; y que será anticipado en la oferta pública por los distintos obtentores con un precio máximo establecido al menos por las próximas cinco campañas.
Deseo manifestar también que haciendo eco de un pedido generalizado de todos los expositores y de los distintos diputados, mediante este proyecto hemos fortalecido el funcionamiento del INASE como organismo único de control de tecnología en semillas. Ha sido establecido allí con una función indelegable de un organismo que tiene para sí la responsabilidad del cumplimiento de esta norma y también le han sido asignadas en el artículo correspondiente atribuciones que tienen que ver con la posibilidad de requerir a otros organismos del Estado la información complementaria para llevar adelante su cometido.
Me parece oportuno destacar que en este proyecto hemos establecido algunos artículos de orden público así como también otras sugerencias que nos habían hecho llegar distintas entidades pertenecientes a este sector. Me refiero fundamentalmente a la potestad del Estado para resolver situaciones de emergencia vinculadas con las simientes. A esto hay que sumarle el fortalecimiento del INASE en su potestad de único agente de contralor para la comercialización de semillas.
Considero que, al ceder esta atribución al INASE estaríamos dando una absoluta igualdad de oportunidades a los distintos investigadores -fundamentalmente nacionales- que muchas veces quedan exceptuados de la posibilidad de cobrar a través de organismos paraestatales. De esta forma estamos favoreciendo a todos los obtentores e investigadores nacionales.
En esta breve reseña quiero hacer referencia a otro pedido que tiene que ver con reconocer el trabajo de aproximadamente 500 empresas argentinas, es decir, los semilleros fiscalizadores, ubicados en el interior del país. Se trata de pymes o medianas empresas que, bajo un estricto control del INASE, están llamadas a multiplicar semillas para una ulterior utilización.
Teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en la República Oriental del Uruguay, hemos establecido que para el importe correspondiente a las semillas fiscalizadas, la desgravación impositiva debe ser equivalente a una vez y media, o sea, 150 por ciento.
Finalmente, estipulamos una modificación en la composición del INASE. Los distintos sectores vinculados a la producción, la comercialización y a usuarios de semillas quedan de esa forma, equilibrados en lo relativo a la conducción del INASE. De esta manera, el INASE queda fortalecido y estará en manos de un presidente elegido por el Poder Ejecutivo nacional, enmarcado en un consejo directivo ad honorem, que representa a los distintos actores que intervienen en el comercio de semillas.
Estamos invitando a los señores diputados a que se sumen a esta reforma que estamos proponiendo. La idea es darle un paso cuantitativo que mejore las condiciones de todos aquellos que investigan y desarrollan tecnología en el país. De esta forma, damos protección a todas aquellas empresas del exterior que quieran introducir nuevas tecnologías para que nuestro país no pierda la carrera productiva.
Asimismo, estamos fortaleciendo el rol del Estado como único contralor de una compleja ley como la que estamos analizando en estos momentos.
Con esta breve introducción, cedo la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
Con quórum de las tres comisiones que hemos convocado a esta reunión: la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por su titular, Luciano Laspina; la Comisión de Legislación General, en ausencia de su presidente, presidida por Javier David; y quien les habla, damos comienzo al tratamiento del proyecto sobre reforma de nuestra antigua ley 20.247, más conocida como Ley Nacional de Semillas.
Sobre este tema quiero decir que esta reunión es el corolario de varios encuentros que hemos llevado adelante en los que hemos escuchado una serie de ponencias, en las que distintos actores vinculados al complejo tema que tiene que ver con nuestra ley de semillas han podido, con absoluta libertad, exponer durante cuatro sesiones. Quiero reconocer que ha habido exposiciones de distintos sectores, y que casi hemos llegado al medio centenar. Así que estas exposiciones, más los proyectos de ley que han sido presentados por distintas instituciones y señores diputados, han sido tenidos a la vista.
Como ustedes saben, hemos elaborado un resumen, un borrador de trabajo, que pretendemos convertirlo en dictamen. Este no es el dictamen de nadie en particular, no refleja íntegramente ninguno de los proyectos aquí presentados, sino que refleja las opiniones mayoritarias o por lo menos lo que a nuestro mejor saber y entender, entre diputados de distintos espacios, hemos tratado de recopilar y poner a consideración del pleno de estas comisiones.
Quiero decirles, para que todos sepan de qué estamos hablando, que han circulado en nuestras comisiones distintos borradores, y quiero dejar expresamente aclarado que vamos a trabajar sobre lo que hemos denominado borrador del 25/10/2018. Si alguien no lo tuviera disponible, en este momento estamos distribuyendo copias para que puedan tenerlo a la vista y en consideración.
Quiero aclarar también que me parece importante que este proyecto de dictamen que ponemos a consideración no refleja en particular la opinión de ninguno de los varios bloques de este Congreso, y no refleja tampoco la opinión del Poder Ejecutivo nacional. Este no es el proyecto del Poder Ejecutivo nacional; me parece importante dejarlo aclarado. Este resumen de ideas surge del mejor saber y entender de numerosos diputados que hemos tratado de sintetizar las propuestas con la mira puesta en sancionar una norma que mejore el desarrollo productivo del país para estar realmente a la altura de estos tiempos.
Este proyecto de dictamen, para hablar de cuatro o cinco puntos esenciales, en primer lugar establece -y este sería uno de los pedidos que realmente hacen todas las instituciones de investigación y desarrollo- una protección para los obtentores, al establecer una restricción al uso propio gratuito que disponía la antigua ley del año 73. Este proyecto respeta en su integridad lo establecido por UPOV 78 en lo que refiere al régimen de semillas que ha adherido nuestro país a través de una ley nacional.
Asimismo, atento a los pedidos de las instituciones que representan a los productores, hemos determinado un umbral por el que consideramos que todos los pequeños productores de la República Argentina quedan a salvaguarda. Establecemos que quedan exceptuados de los alcances de esta modificación de la ley los pueblos originarios, los agricultores de la economía familiar y todos aquellos agricultores cuyo nivel de facturación no exceda la categoría micropyme establecida por la Sepyme. Entiendo que este punto resuelve la preocupación de muchos sectores que temen verse afectados por el pago oneroso de la tecnología.
Hablando en términos numéricos, la Sepyme establece en su último registro un importe equivalente a 4.800.000 pesos, pero este es el promedio de los últimos tres ejercicios, con lo cual -y por las características de nuestro país-, considerado en esta cifra actualizada al año en curso, alcanza a una magnitud mayor.
Quiero aclarar también que este proyecto de ley ha tratado de sintetizar un reclamo como es la unificación en un solo acto de todos los derechos, patentes, etcétera, que hay sobre una simiente. Y lo establece en dos circunstancias: en el propio acto de la compra de la simiente o en cada ulterior propagación con un canon, el cual va a englobar esta mayoría de derechos que existan sobre una simiente o sobre un material vegetal; y que será anticipado en la oferta pública por los distintos obtentores con un precio máximo establecido al menos por las próximas cinco campañas.
Deseo manifestar también que haciendo eco de un pedido generalizado de todos los expositores y de los distintos diputados, mediante este proyecto hemos fortalecido el funcionamiento del INASE como organismo único de control de tecnología en semillas. Ha sido establecido allí con una función indelegable de un organismo que tiene para sí la responsabilidad del cumplimiento de esta norma y también le han sido asignadas en el artículo correspondiente atribuciones que tienen que ver con la posibilidad de requerir a otros organismos del Estado la información complementaria para llevar adelante su cometido.
Me parece oportuno destacar que en este proyecto hemos establecido algunos artículos de orden público así como también otras sugerencias que nos habían hecho llegar distintas entidades pertenecientes a este sector. Me refiero fundamentalmente a la potestad del Estado para resolver situaciones de emergencia vinculadas con las simientes. A esto hay que sumarle el fortalecimiento del INASE en su potestad de único agente de contralor para la comercialización de semillas.
Considero que, al ceder esta atribución al INASE estaríamos dando una absoluta igualdad de oportunidades a los distintos investigadores -fundamentalmente nacionales- que muchas veces quedan exceptuados de la posibilidad de cobrar a través de organismos paraestatales. De esta forma estamos favoreciendo a todos los obtentores e investigadores nacionales.
En esta breve reseña quiero hacer referencia a otro pedido que tiene que ver con reconocer el trabajo de aproximadamente 500 empresas argentinas, es decir, los semilleros fiscalizadores, ubicados en el interior del país. Se trata de pymes o medianas empresas que, bajo un estricto control del INASE, están llamadas a multiplicar semillas para una ulterior utilización.
Teniendo en cuenta la experiencia desarrollada en la República Oriental del Uruguay, hemos establecido que para el importe correspondiente a las semillas fiscalizadas, la desgravación impositiva debe ser equivalente a una vez y media, o sea, 150 por ciento.
Finalmente, estipulamos una modificación en la composición del INASE. Los distintos sectores vinculados a la producción, la comercialización y a usuarios de semillas quedan de esa forma, equilibrados en lo relativo a la conducción del INASE. De esta manera, el INASE queda fortalecido y estará en manos de un presidente elegido por el Poder Ejecutivo nacional, enmarcado en un consejo directivo ad honorem, que representa a los distintos actores que intervienen en el comercio de semillas.
Estamos invitando a los señores diputados a que se sumen a esta reforma que estamos proponiendo. La idea es darle un paso cuantitativo que mejore las condiciones de todos aquellos que investigan y desarrollan tecnología en el país. De esta forma, damos protección a todas aquellas empresas del exterior que quieran introducir nuevas tecnologías para que nuestro país no pierda la carrera productiva.
Asimismo, estamos fortaleciendo el rol del Estado como único contralor de una compleja ley como la que estamos analizando en estos momentos.
Con esta breve introducción, cedo la palabra a los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Wechsler.
SR. WECHSLER Señor presidente: quiero plantear una disidencia en el artículo 8° que modifica el artículo 5° de este proyecto. Concretamente solicito que, respecto de los directores del Instituto Nacional de Semillas, esté equilibrada la cantidad de miembros del área pública en relación con el área privada.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: mi consideración es más general.
Soy productor agropecuario en la localidad de Colonia Barón, provincia de La Pampa. Las estadísticas me indican que en los últimos treinta años tuve dos inundaciones totales, cinco años de seca gravísima y seis años de insuficiencias hídricas cercanas al 25 por ciento en relación al promedio histórico de lluvias de la zona.
Personalmente, he agotado ya todas las herramientas tecnológicas para producir.
El momento de sembrar, el momento de la cosecha gruesa, para mí es vital. Si me equivoco en una o dos semanas frente a un enero y un febrero habitualmente muy seco, puedo perder prácticamente toda mi inversión.
Analizamos con lupa las proyecciones meteorológicas del verano para decidir el momento de la siembra.
Por lo tanto, cuando veo que el desarrollo de semillas me puede dar una protección frente a insuficiencias hídricas del orden del 20 o el 25 por ciento, estoy dispuesto a pagar lo que sea por esa semilla, porque eso significa salvar mi temporada.
Por eso, señor presidente, me parece vital que emitamos dictamen, aunque haya disidencias, que se van a plantear.
Como productor, la diferencia para mí entre poder tener una actividad previsible o no tenerla, está en la genética.
Por otro lado, el principal beneficiario de esto va a ser el INTA, que está regalando la tecnología argentina. En ese sentido es muy notable que se hagan discursos nacionalistas y que a la vez evitemos tener una ley de semillas cuando tenemos todo el potencial del INTA disponible para crecer utilizando la tecnología.
Además, están apareciendo semilleros de nivel internacional. Todos los días aparecen nuevas asociaciones de empresas con productores internacionales de tecnología para reproducir esas tecnologías aquí.
Por ello, obviamente como diputado, pero también como productor y con los números de los últimos 30 años, tenemos necesidad absoluta de contar con una ley que permita que las ventajas de la nueva tecnología nos den previsibilidad.
Hemos agotado el uso de todas las tecnologías disponibles, salvo en la semilla. Hemos utilizado la tecnología en los fertilizantes, en los graminicidas, etcétera. Todo eso lo usamos al límite. Pero la limitación de la semilla frente a la incertidumbre de la seca es lo que nos va a permitir o no tener una producción previsible.
Soy productor agropecuario en la localidad de Colonia Barón, provincia de La Pampa. Las estadísticas me indican que en los últimos treinta años tuve dos inundaciones totales, cinco años de seca gravísima y seis años de insuficiencias hídricas cercanas al 25 por ciento en relación al promedio histórico de lluvias de la zona.
Personalmente, he agotado ya todas las herramientas tecnológicas para producir.
El momento de sembrar, el momento de la cosecha gruesa, para mí es vital. Si me equivoco en una o dos semanas frente a un enero y un febrero habitualmente muy seco, puedo perder prácticamente toda mi inversión.
Analizamos con lupa las proyecciones meteorológicas del verano para decidir el momento de la siembra.
Por lo tanto, cuando veo que el desarrollo de semillas me puede dar una protección frente a insuficiencias hídricas del orden del 20 o el 25 por ciento, estoy dispuesto a pagar lo que sea por esa semilla, porque eso significa salvar mi temporada.
Por eso, señor presidente, me parece vital que emitamos dictamen, aunque haya disidencias, que se van a plantear.
Como productor, la diferencia para mí entre poder tener una actividad previsible o no tenerla, está en la genética.
Por otro lado, el principal beneficiario de esto va a ser el INTA, que está regalando la tecnología argentina. En ese sentido es muy notable que se hagan discursos nacionalistas y que a la vez evitemos tener una ley de semillas cuando tenemos todo el potencial del INTA disponible para crecer utilizando la tecnología.
Además, están apareciendo semilleros de nivel internacional. Todos los días aparecen nuevas asociaciones de empresas con productores internacionales de tecnología para reproducir esas tecnologías aquí.
Por ello, obviamente como diputado, pero también como productor y con los números de los últimos 30 años, tenemos necesidad absoluta de contar con una ley que permita que las ventajas de la nueva tecnología nos den previsibilidad.
Hemos agotado el uso de todas las tecnologías disponibles, salvo en la semilla. Hemos utilizado la tecnología en los fertilizantes, en los graminicidas, etcétera. Todo eso lo usamos al límite. Pero la limitación de la semilla frente a la incertidumbre de la seca es lo que nos va a permitir o no tener una producción previsible.
SR. PRESIDENTE BENDETTI Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: celebro que podamos estar debatiendo en este Congreso y en este cambio de época una ley tan importante como esta, que ha sido postergada fundamentalmente por las presiones y los intereses de los diferentes sectores, donde la política ha quedado relegada, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es buscar esas mesas de consenso.
Por eso celebro el trabajo que han venido realizando de manera conjunta los presidentes de estas tres comisiones para poder llegar a un dictamen y poder seguir trabajando y aportando.
Mi contribución está relacionada con el artículo 8°, que también mencionó antes el señor diputado Wechsler, en relación con la modificación del artículo 5°, teniendo en cuenta la creación del Instituto Nacional de Semillas con un directorio integrado por 14 miembros.
En ese sentido nos parece importante la posibilidad de incorporar una silla más, incluso para que la toma de decisiones tenga un número impar, y no dejar de lado a los productores de biotecnología que están agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).
Entendemos que la biotecnología es la industria del futuro en lo que concierne a la reducción de costos en la producción. Por ello, cada vez más industrias producirán biotecnología y eso será clave para bajar los costos de nuestra producción.
Por eso creemos que los productores de biotecnología son un actor importante y por ello debemos incluirlos en este espacio de toma de decisiones.
Por eso celebro el trabajo que han venido realizando de manera conjunta los presidentes de estas tres comisiones para poder llegar a un dictamen y poder seguir trabajando y aportando.
Mi contribución está relacionada con el artículo 8°, que también mencionó antes el señor diputado Wechsler, en relación con la modificación del artículo 5°, teniendo en cuenta la creación del Instituto Nacional de Semillas con un directorio integrado por 14 miembros.
En ese sentido nos parece importante la posibilidad de incorporar una silla más, incluso para que la toma de decisiones tenga un número impar, y no dejar de lado a los productores de biotecnología que están agrupados en la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB).
Entendemos que la biotecnología es la industria del futuro en lo que concierne a la reducción de costos en la producción. Por ello, cada vez más industrias producirán biotecnología y eso será clave para bajar los costos de nuestra producción.
Por eso creemos que los productores de biotecnología son un actor importante y por ello debemos incluirlos en este espacio de toma de decisiones.
SR. PRESIDENTE BENDETTI Tiene la palabra el señor diputado Basterra.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Antes de dar la palabra al señor diputado Bahillo voy a formular un par de aclaraciones.
En primer lugar, pido disculpas a los señores vicepresidentes de las restantes comisiones a quienes -debido al nerviosismo de comenzar con esta importante reunión- no pude invitar a que me acompañen en el estrado. Por ello, pido a los diputados Basterra y Bahillo que me acompañen en la conducción de esta reunión.
En segundo término, quiero hacerme cargo de la responsabilidad en torno a las distintas versiones -con matices- que circularon en los últimos días. Esto se vincula con la necesidad de encontrar un común denominador en el marco de una situación muy compleja. Tenemos necesidad de avanzar en una nueva ley. Nadie puede decir que este proyecto no ha sido debatido suficientemente. Hace dos años hubo un análisis de este tema; también se debatió este año y nos dimos cuenta de su complejidad.
Por lo tanto, esta presidencia considera que están dadas las condiciones para que podamos intentar la firma del dictamen.
Vale la pena reflexionar sobre lo que ya todos ustedes conocen, señores diputados. Este Congreso, esta Cámara de Diputados no tiene mayorías en ningún bloque político, de manera que, si no hay un acuerdo, si no hay un trabajo previo sobre un eventual dictamen, no podemos pensar en llevar este dictamen al recinto porque el resultado no va a ser el que esperamos, que es poder tener una nueva norma.
De manera que no es para contradecir su posición, señor diputado, pero me parece importante que intentemos dar un paso en esta norma y que, aun con todas las disidencias que existan, intentemos firmar el dictamen para que en otra etapa podamos seguir conversando y buscando puntos de acuerdo sobre una situación que es sumamente compleja.
No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Hay posiciones contrapuestas. Incluso en el día de hoy hemos visto algunos comunicados de sectores totalmente antagónicos que están planteando objeciones a esta ley.
Me parece que, si todos están plantando objeciones, seguramente estamos muy cerca de poder cumplir con nuestra función como legisladores y dar un paso adelante en la sanción de un proyecto.
Quiero decir con absoluta franqueza que no es para poner un voto más o un voto menos, pero habida cuenta de que algunos legisladores deben ir a la reunión de otras comisiones, sería bueno que pudiéramos habilitar la firma de un dictamen con disidencias y con el compromiso de esta comisión de que seguiríamos discutiendo el dictamen antes de llevarlo al recinto para poder tener un avance en esto que constituye una asignatura pendiente.
Mientras nosotros no avanzamos hay una sola empresa que está cobrando regalías y que tiene protección por su tecnología. Mientras tanto, el INTA -como bien se dijo acá- o los semilleros nacionales o los obtentores nacionales están en un estado de indefinición y con situaciones cada vez más complejas.
Tiene la palabra el señor diputado Bahillo.
En primer lugar, pido disculpas a los señores vicepresidentes de las restantes comisiones a quienes -debido al nerviosismo de comenzar con esta importante reunión- no pude invitar a que me acompañen en el estrado. Por ello, pido a los diputados Basterra y Bahillo que me acompañen en la conducción de esta reunión.
En segundo término, quiero hacerme cargo de la responsabilidad en torno a las distintas versiones -con matices- que circularon en los últimos días. Esto se vincula con la necesidad de encontrar un común denominador en el marco de una situación muy compleja. Tenemos necesidad de avanzar en una nueva ley. Nadie puede decir que este proyecto no ha sido debatido suficientemente. Hace dos años hubo un análisis de este tema; también se debatió este año y nos dimos cuenta de su complejidad.
Por lo tanto, esta presidencia considera que están dadas las condiciones para que podamos intentar la firma del dictamen.
Vale la pena reflexionar sobre lo que ya todos ustedes conocen, señores diputados. Este Congreso, esta Cámara de Diputados no tiene mayorías en ningún bloque político, de manera que, si no hay un acuerdo, si no hay un trabajo previo sobre un eventual dictamen, no podemos pensar en llevar este dictamen al recinto porque el resultado no va a ser el que esperamos, que es poder tener una nueva norma.
De manera que no es para contradecir su posición, señor diputado, pero me parece importante que intentemos dar un paso en esta norma y que, aun con todas las disidencias que existan, intentemos firmar el dictamen para que en otra etapa podamos seguir conversando y buscando puntos de acuerdo sobre una situación que es sumamente compleja.
No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Hay posiciones contrapuestas. Incluso en el día de hoy hemos visto algunos comunicados de sectores totalmente antagónicos que están planteando objeciones a esta ley.
Me parece que, si todos están plantando objeciones, seguramente estamos muy cerca de poder cumplir con nuestra función como legisladores y dar un paso adelante en la sanción de un proyecto.
Quiero decir con absoluta franqueza que no es para poner un voto más o un voto menos, pero habida cuenta de que algunos legisladores deben ir a la reunión de otras comisiones, sería bueno que pudiéramos habilitar la firma de un dictamen con disidencias y con el compromiso de esta comisión de que seguiríamos discutiendo el dictamen antes de llevarlo al recinto para poder tener un avance en esto que constituye una asignatura pendiente.
Mientras nosotros no avanzamos hay una sola empresa que está cobrando regalías y que tiene protección por su tecnología. Mientras tanto, el INTA -como bien se dijo acá- o los semilleros nacionales o los obtentores nacionales están en un estado de indefinición y con situaciones cada vez más complejas.
Tiene la palabra el señor diputado Bahillo.
SR. BAHILLO Señor presidente: obviamente que aceptamos las disculpas. Es más, creo que no tiene que pedirnos disculpas por no habernos invitado a sentarnos a su lado. No es necesario. Igual nos sentimos parte de la comisión y no vamos a ser tan sensibles de ver dónde nos sentamos o dónde no.
Coincido en algunas cuestiones con usted, señor presidente, y lo mismo ha dicho el diputado Luis Basterra. En esta semana se han escuchado múltiples voces interesadas en esta cadena de valor, que van desde las entidades agropecuarias, las entidades que agrupan a los semilleros, las instituciones del Estado como el INTI, docentes de la UBA, productores de la economía familiar, etcétera.
Por otro lado, hemos escuchado a todos los sectores y cada uno de ellos ha hecho un aporte para ir construyendo los consensos necesarios. En algunos hemos avanzado de manera importante y en otros no tanto. Estos últimos forman parte de las disidencias y los desafíos pendientes que tenemos que resolver para tratar de llegar a un denominador común en el articulado.
Por eso disiento con usted, señor presidente, en el sentido de que, habiendo hecho un trabajo tan franco por parte de la presidencia de la comisión, tan abierto y tan participativo, el cierre que se merece este dictamen debe contemplar las mismas características de trabajo que tuvo su debate. Es decir que sea lo más amplio posible, con la mayor construcción de consensos posibles y sin relegar ni delegar nuestra responsabilidad como legisladores. Sabemos que no vamos a dejar conformes a todos, pero también sabemos que la situación actual es de dominancia por parte de ciertos sectores de la cadena de valor que obviamente atentan contra los sectores productivos y de menor poder.
Tenemos el compromiso -yo lo he hablado con usted personalmente y con otros integrantes de la comisión- de modificar este statu quo, y esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber como legisladores.
Sin renunciar a ese compromiso me parece que la situación amerita que nos tomemos un tiempo prudencial para tratar de lograr esos consensos aún pendientes. Nosotros tenemos en el dictamen -que como ha descripto el diputado Luis Basterra tuvimos que ubicarnos a último momento sobre cuál íbamos a trabajar-, nuestras dudas sobre los criterios y las escalas que se deben fijar para el uso propio. La consulta con las instituciones que representan a los productores plantea diferencias en este sentido.
Creemos que el nivel de facturación que proponen para las micropymes es insuficiente. Quizás si uno lo mira como un productor de soja puede parecer algo suficiente, pero convengamos que un productor pequeño o mediano nunca produce solo soja, sino también maíz, trigo y algún otro cultivo, y seguro que también tiene algo de ganadería para complementar su economía familiar. Indudablemente, con la baja rentabilidad que tienen los sectores por el poco volumen de producción en el sector del campo, esa escala para nosotros es insuficiente.
También nos quedan algunas dudas que no son motivo de debate sino que tienen que ver con plantear por qué entendemos que este proyecto debe volver a una reunión de asesores. Me refiero a la convergencia de los derechos de las propiedades, porque las licencias van por la ley de semillas, y los genes por la ley de patentes; no está debidamente aclarado aún para nosotros este tema. Creo que debemos dejarlo debidamente explicado sobre todo para proteger a los sectores productivos, a los productores y también a los productores de la agricultura familiar.
Por otra parte, nos gustaría debatir un poco más el rol del INASE, ya que quedan dudas si es un organismo de control o de fomento, porque a partir de ahí también debemos discutir si debe recaudar o no y quiénes deben constituirlo; desde ya dejando posición sentada de que debe haber mayoría estatal en un organismo que es indiscutiblemente del Estado.
Se ha avanzado y se ha retrocedido en cuanto a la declaración de orden público en la modificación del artículo 27, más allá de que se ha reconocido en distintos artículos, lo cual es un avance; esto no está resuelto y para nosotros es importantísimo.
Creemos que este es un proyecto pensado para el sector productivo de la soja y seguramente estamos dejando fuera a las economías regionales, así como a otras actividades del sector agropecuario. Considero que debemos proteger y tutelar a estas economías y estas escalas de producción que en principio en este articulado no están contemplados.
Al igual que distintos diputados preopinantes, nosotros apoyamos la inversión, el desarrollo de la tecnología, la investigación y el desarrollo de nuestros semilleros argentinos que tienen una participación importante en la cadena de valor. Pero, si no garantizamos que ese avance en tecnología y en desarrollo contemple igualdad de oportunidades para el acceso a esa tecnología a nuestros productores y a los productores de la agricultura familiar, me parece que de poco sirve. Si ese desarrollo no lo conectamos y si no garantizamos el acceso de los pequeños y medianos productores y de los productores de la agricultura familiar no tiene sentido.
Por eso, reconociendo la vocación de diálogo de su parte, señor presidente, reconociendo la vocación de la construcción de consensos y de acuerdos, pero entendiendo que están pendientes algunas cuestiones que para nosotros son sensibles, y manifestando nuestra voluntad de acordar y de modificar el statu quo actual que, como usted bien lo describió antes de que yo haga uso de la palabra, hay una realidad de dominancia en el sector que atenta contra los productores, queremos marcar nuestra firme voluntad de avanzar en una ley, pero darnos alguna oportunidad más de trabajo en reunión de asesores para terminar de pulir estas cuestiones. (Aplausos.)
Coincido en algunas cuestiones con usted, señor presidente, y lo mismo ha dicho el diputado Luis Basterra. En esta semana se han escuchado múltiples voces interesadas en esta cadena de valor, que van desde las entidades agropecuarias, las entidades que agrupan a los semilleros, las instituciones del Estado como el INTI, docentes de la UBA, productores de la economía familiar, etcétera.
Por otro lado, hemos escuchado a todos los sectores y cada uno de ellos ha hecho un aporte para ir construyendo los consensos necesarios. En algunos hemos avanzado de manera importante y en otros no tanto. Estos últimos forman parte de las disidencias y los desafíos pendientes que tenemos que resolver para tratar de llegar a un denominador común en el articulado.
Por eso disiento con usted, señor presidente, en el sentido de que, habiendo hecho un trabajo tan franco por parte de la presidencia de la comisión, tan abierto y tan participativo, el cierre que se merece este dictamen debe contemplar las mismas características de trabajo que tuvo su debate. Es decir que sea lo más amplio posible, con la mayor construcción de consensos posibles y sin relegar ni delegar nuestra responsabilidad como legisladores. Sabemos que no vamos a dejar conformes a todos, pero también sabemos que la situación actual es de dominancia por parte de ciertos sectores de la cadena de valor que obviamente atentan contra los sectores productivos y de menor poder.
Tenemos el compromiso -yo lo he hablado con usted personalmente y con otros integrantes de la comisión- de modificar este statu quo, y esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber como legisladores.
Sin renunciar a ese compromiso me parece que la situación amerita que nos tomemos un tiempo prudencial para tratar de lograr esos consensos aún pendientes. Nosotros tenemos en el dictamen -que como ha descripto el diputado Luis Basterra tuvimos que ubicarnos a último momento sobre cuál íbamos a trabajar-, nuestras dudas sobre los criterios y las escalas que se deben fijar para el uso propio. La consulta con las instituciones que representan a los productores plantea diferencias en este sentido.
Creemos que el nivel de facturación que proponen para las micropymes es insuficiente. Quizás si uno lo mira como un productor de soja puede parecer algo suficiente, pero convengamos que un productor pequeño o mediano nunca produce solo soja, sino también maíz, trigo y algún otro cultivo, y seguro que también tiene algo de ganadería para complementar su economía familiar. Indudablemente, con la baja rentabilidad que tienen los sectores por el poco volumen de producción en el sector del campo, esa escala para nosotros es insuficiente.
También nos quedan algunas dudas que no son motivo de debate sino que tienen que ver con plantear por qué entendemos que este proyecto debe volver a una reunión de asesores. Me refiero a la convergencia de los derechos de las propiedades, porque las licencias van por la ley de semillas, y los genes por la ley de patentes; no está debidamente aclarado aún para nosotros este tema. Creo que debemos dejarlo debidamente explicado sobre todo para proteger a los sectores productivos, a los productores y también a los productores de la agricultura familiar.
Por otra parte, nos gustaría debatir un poco más el rol del INASE, ya que quedan dudas si es un organismo de control o de fomento, porque a partir de ahí también debemos discutir si debe recaudar o no y quiénes deben constituirlo; desde ya dejando posición sentada de que debe haber mayoría estatal en un organismo que es indiscutiblemente del Estado.
Se ha avanzado y se ha retrocedido en cuanto a la declaración de orden público en la modificación del artículo 27, más allá de que se ha reconocido en distintos artículos, lo cual es un avance; esto no está resuelto y para nosotros es importantísimo.
Creemos que este es un proyecto pensado para el sector productivo de la soja y seguramente estamos dejando fuera a las economías regionales, así como a otras actividades del sector agropecuario. Considero que debemos proteger y tutelar a estas economías y estas escalas de producción que en principio en este articulado no están contemplados.
Al igual que distintos diputados preopinantes, nosotros apoyamos la inversión, el desarrollo de la tecnología, la investigación y el desarrollo de nuestros semilleros argentinos que tienen una participación importante en la cadena de valor. Pero, si no garantizamos que ese avance en tecnología y en desarrollo contemple igualdad de oportunidades para el acceso a esa tecnología a nuestros productores y a los productores de la agricultura familiar, me parece que de poco sirve. Si ese desarrollo no lo conectamos y si no garantizamos el acceso de los pequeños y medianos productores y de los productores de la agricultura familiar no tiene sentido.
Por eso, reconociendo la vocación de diálogo de su parte, señor presidente, reconociendo la vocación de la construcción de consensos y de acuerdos, pero entendiendo que están pendientes algunas cuestiones que para nosotros son sensibles, y manifestando nuestra voluntad de acordar y de modificar el statu quo actual que, como usted bien lo describió antes de que yo haga uso de la palabra, hay una realidad de dominancia en el sector que atenta contra los productores, queremos marcar nuestra firme voluntad de avanzar en una ley, pero darnos alguna oportunidad más de trabajo en reunión de asesores para terminar de pulir estas cuestiones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Pertile.
SRA. PERTILE Señor presidente: quiero hacer llegar voces de mi provincia, el Chaco, especialmente en este proceso que se lleva delante de análisis, de discusiones, de haber escuchado a tantas instituciones en relación a este tema de las semillas.
Debo decirles que en nada diferimos en cuanto a que realmente es una necesidad el hecho de tener una ley de semillas después de tantos años; es imperioso sinceramente, pero hemos recibido sugerencias de muchas instituciones. Voy a hacerme eco de dos de ellas, que son las más importantes. Me parece que cabe hacer sentir las voces de la gente de mi pueblo. Una de ellas está referida a la modificación del artículo 27 cuando habla de las excepciones.
Una de las excepciones que contempla la modificación al artículo 27, se refiere a los agricultores de agricultura familiar que están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y también a aquellos otros agricultores cuyos parámetros están dentro de la categoría de micropyme, según lo dispone el proyecto de dictamen que tenemos a la vista.
En mi provincia, si nosotros tenemos en cuenta estos parámetros, nos quedan fuera agricultores de agricultura familiar que son un poquito más grandes que los pequeños -pero que no dejan de ser pequeños-, y que son los que tienen 100 o 150 hectáreas. Esto para nosotros verdaderamente es un problema porque son la mayoría en nuestra provincia.
Vemos que este tema hay que trabajarlo y que, en alguna medida, como sugerencia, quiero proponer que la facturación sea la equivalente a tres monotributos, donde entrarían por ejemplo los medianos productores, que son los que realmente están más allá de los micropyme, y que realmente no los engloba. ¿Por qué decimos que para nosotros es objetable? Porque los productores que quedarían comprendidos en esta norma son muy poquitos; la norma tendría un concepto muy restrictivo y quedarían afuera estos agricultores. Los productores de economía familiar, es decir, los muy pequeñitos, entre ellos más bien tienen por costumbre intercambiarse las semillas y no así comprar en los semilleros. Esta es la realidad en nuestra provincia y yo tengo el deber de hacerlo saber.
Entonces habría que ampliar esa franja para que englobe a más agricultores de agricultura familiar, lo que sería una forma de elevar ese techo para que ingresen los medianos productores y proteger de esta manera a nuestros agricultores de agricultura familiar, donde tendríamos agricultores un poco más grandes en cuanto a superficie y a capitalización.
Otra observación que es importante es en el agregado del artículo 24 bis. En ese artículo se habla de que cuando se compra la semilla se establece el precio a pagar para uso propio por los siguientes cinco años, pero después de ese tiempo no dice qué pasa. Entonces, hasta se podría cobrar más; queda una zona sin definición, que no queda clara y que es preocupante. No se aclara qué es lo que pasa, si el productor se libera o no y cuál es la situación con la que se van a encontrar.
Para nosotros esos dos aspectos son muy importantes y creemos que hay que seguir trabajando. Ese es el aporte que quería hacer desde mi provincia.
Debo decirles que en nada diferimos en cuanto a que realmente es una necesidad el hecho de tener una ley de semillas después de tantos años; es imperioso sinceramente, pero hemos recibido sugerencias de muchas instituciones. Voy a hacerme eco de dos de ellas, que son las más importantes. Me parece que cabe hacer sentir las voces de la gente de mi pueblo. Una de ellas está referida a la modificación del artículo 27 cuando habla de las excepciones.
Una de las excepciones que contempla la modificación al artículo 27, se refiere a los agricultores de agricultura familiar que están inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y también a aquellos otros agricultores cuyos parámetros están dentro de la categoría de micropyme, según lo dispone el proyecto de dictamen que tenemos a la vista.
En mi provincia, si nosotros tenemos en cuenta estos parámetros, nos quedan fuera agricultores de agricultura familiar que son un poquito más grandes que los pequeños -pero que no dejan de ser pequeños-, y que son los que tienen 100 o 150 hectáreas. Esto para nosotros verdaderamente es un problema porque son la mayoría en nuestra provincia.
Vemos que este tema hay que trabajarlo y que, en alguna medida, como sugerencia, quiero proponer que la facturación sea la equivalente a tres monotributos, donde entrarían por ejemplo los medianos productores, que son los que realmente están más allá de los micropyme, y que realmente no los engloba. ¿Por qué decimos que para nosotros es objetable? Porque los productores que quedarían comprendidos en esta norma son muy poquitos; la norma tendría un concepto muy restrictivo y quedarían afuera estos agricultores. Los productores de economía familiar, es decir, los muy pequeñitos, entre ellos más bien tienen por costumbre intercambiarse las semillas y no así comprar en los semilleros. Esta es la realidad en nuestra provincia y yo tengo el deber de hacerlo saber.
Entonces habría que ampliar esa franja para que englobe a más agricultores de agricultura familiar, lo que sería una forma de elevar ese techo para que ingresen los medianos productores y proteger de esta manera a nuestros agricultores de agricultura familiar, donde tendríamos agricultores un poco más grandes en cuanto a superficie y a capitalización.
Otra observación que es importante es en el agregado del artículo 24 bis. En ese artículo se habla de que cuando se compra la semilla se establece el precio a pagar para uso propio por los siguientes cinco años, pero después de ese tiempo no dice qué pasa. Entonces, hasta se podría cobrar más; queda una zona sin definición, que no queda clara y que es preocupante. No se aclara qué es lo que pasa, si el productor se libera o no y cuál es la situación con la que se van a encontrar.
Para nosotros esos dos aspectos son muy importantes y creemos que hay que seguir trabajando. Ese es el aporte que quería hacer desde mi provincia.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Antes de dar la palabra al diputado Contigiani, quiero hacer una breve aclaración.
La señora diputada Pertile hizo referencia a dos temas puntuales del proyecto. El primero es el umbral de exceptuados. Quiero decirle que lo que está establecido, es decir la categoría micropyme, es equivalente a tres monotributos, que precisamente es en el orden de lo que está planteando y que quiere que sean exceptuados de la obligación de la ley. O sea que ese tema está resuelto. Acepto que si logramos avanzar con este proyecto, una vez que llegue al recinto podremos aclarar algunos puntos. Me refiero a lo que sucedería luego de los cinco años, habría que hacer una mejor redacción para proteger a los productores de un posible aumento del valor de la regalía.
Tiene la palabra el señor diputado Contingiani.
La señora diputada Pertile hizo referencia a dos temas puntuales del proyecto. El primero es el umbral de exceptuados. Quiero decirle que lo que está establecido, es decir la categoría micropyme, es equivalente a tres monotributos, que precisamente es en el orden de lo que está planteando y que quiere que sean exceptuados de la obligación de la ley. O sea que ese tema está resuelto. Acepto que si logramos avanzar con este proyecto, una vez que llegue al recinto podremos aclarar algunos puntos. Me refiero a lo que sucedería luego de los cinco años, habría que hacer una mejor redacción para proteger a los productores de un posible aumento del valor de la regalía.
Tiene la palabra el señor diputado Contingiani.
SR. CONTINGIANI Señor presidente: desde el año 2003 a la fecha he tomado contacto con varios proyectos de ley destinados a reformar la ley de semillas.
Recuerdo el absurdo de intentar imponer en la Argentina un sistema de regalía global. Se trataba de cobrar un porcentaje sobre la producción nacional y trasladarlo a algunas multinacionales y sectores privados conexos.
Asimismo, existían otros proyectos de ley cuyo contenido eliminaba o adhería al Acta UPOV del año 1991. Se trata de un acta que se corre de la frontera del derecho de patente, alejándose de las innovaciones vegetales o de la ley de variedades. Así, se eliminaba la actual adhesión de la Argentina al acta UPOV de 1978. Dado que quien les habla defiende un concepto y un espíritu de desarrollo de variedades, considero que tenemos que seguir por el mismo camino.
Por su parte, el gobierno anterior -dentro de las contradicciones que pudo llegar a tener- casi elimina el concepto del uso propio. Si no hubiera sido por Julián Domínguez y la corriente política Campo, eso se habría eliminado. Es decir, planteaba el uso propio para la agricultura de subsistencia, casi en esos términos.
En esta breve reseña de iniciativas legislativas que estoy desarrollando, me pregunto cómo queda parado el proyecto que estamos analizando.
Voy a tratar de narrar y ejemplificar de la forma más clara posible algunos aspectos positivos y otros negativos vinculados con este tema. Estamos ante un proyecto de ley que, frente a todas las versiones anteriores, intenta ser una norma equilibrada y consensuada. Tiene esa virtud.
Asimismo, tal vez el señor presidente de esta comisión y sus dirigentes sean quienes están más cerca de lograr algo que no se ha podido conseguir en esta comisión desde el año 1983 a la fecha. Por eso, así como reconozco y hago mía esta situación, e pido, señor presidente, que tenga la inteligencia política suficiente para no malograr esta instancia histórica en la que está inmersa la Comisión de Agricultura y Ganadería destinada a contar con un nuevo marco jurídico para la ley de semillas. Hay que tomarse el tiempo suficiente, agotar los consensos, no apurarse ni dejar que se entrometan intereses que no corresponden a la política. Además, hay que tratar de tener la buena fe necesaria para que tengamos, por primera vez, una nueva ley de semillas o una reforma a la actual norma. De esa forma, le daremos una señal al país acerca de lo que pretendemos.
Dicho esto, considero que se ha avanzado en aspectos muy importantes. Luego puntualizaré respecto de aquellas cuestiones sobre las que no estoy de acuerdo.
En primer término, me quiero referir a la introducción del concepto de semillero multiplicador, desconocido por la actual ley. Felicito que se haya llegado a esta iniciativa porque implica reconocer la existencia de un entramado de cooperativas del interior del país que llevan adelante su labor en la cadena de semillas. Muchas veces no son reconocidas siendo que representan un papel muy importante en aras de la fiscalización y obtención de un mejor mercado de semillas. Además, es importante en términos de mantener -lo mejor posible- la hegemonía y la multiplicación en origen en lo relativo al poder germinativo.
Estamos hablando de cooperativas pertenecientes a pueblos que cuentan con cinco mil o siete mil habitantes ubicadas en el núcleo agrícola del país. Nos referimos a un centenar de cooperativas. Esto ha sido reconocido en el texto del proyecto.
Se puede discutir también el uso propio. Esto me lo enseñó la práctica, no la teoría. Hay que replantear el uso propio en la Argentina. Yo quiero un uso propio gratuito para el pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque el uso propio nace en la historia de la agricultura o en las legislaciones como un reconocimiento al aporte del agricultor en el desarrollo de semillas en 8.000 años de historia. Por eso existe el uso propio y la posibilidad de volver a usar la semilla gratuitamente en una segunda y una tercera generación. Lo reconoce toda la legislación en el mundo.
Por eso, el uso propio gratuito, como principio y no como excepción, tiene que seguir estando. En la última versión de este proyecto al que accedí, se va por ese camino. Me parece muy bien.
También hay que hacerse cargo de que la revolución tecnológica agroindustrial modificó el sujeto agrario social. Esto lo decía Giberti claramente en los últimos años de su vida. Él decía que había una transformación social agropecuaria a partir de la revolución tecnológica en la Argentina, para bien y para mal.
Entonces, también tenemos que ver que el 20 por ciento de empresas de la cadena sojera hoy producen el 80 por ciento de la producción. ¿Ellos pueden tener uso propio gratuito? No. No lo pueden tener. Hagámonos cargo. Defendamos los intereses del interior, de nuestras pymes, de las cooperativas y de las empresas que desarrollan germoplasma.
La patria y la soberanía de la Argentina están en el germoplasma, no en el elemento biotecnológico, porque se nos funden y se extranjerizan. Defendamos eso. Ese tiene que ser el espíritu de una ley de semillas. Hacer una revolución de variedades en la Argentina con adaptabilidad climática en toda la zona, respondiendo no solo a los herbicidas multinacionales, sino dando otras respuestas de salud y agronómicas.
Gracias a Dios, la Argentina es muy diversa, pero nos hemos empobrecido en variedades.
Siempre pongo el ejemplo del EMBRAPA brasilero, que es como nuestro INTA. Ellos negocios con Monsanto, y les aclaro que soy muy crítico de Monsanto. Después me voy a referir a ese tema. Pero ¿desde qué lugar negocia EMBRAPA con Monsanto, sobre todo en la soja? Desde un enorme poderío de variedades. Yo también negociaría con Monsanto desde ese lugar si soy dueño de una estructura de germoplasma importantísima. Ahora, ¿desde qué lugar negocia la Argentina? Desde la nada. Por eso no hay negociación con Monsanto, hay imposición, con las que tenemos que terminar en aras del bien público y en aras del bien estratégico argentino.
Hay un avance, y como dijo el diputado preopinante por entre Ríos, se puede discutir si es más o si es menos, pero garanticemos un uso propio gratuito al auténtico agricultor, porque se lo merece por historia y por presente. Es un derecho reconocido.
Activemos y apliquemos un uso propio pagado, oneroso, a aquellos sujetos que hoy ya no son considerados productores directos o agricultores.
Hay otro gran avance también en su proyecto, señor presidente. El artículo 3°, por el que se incorpora el artículo 24 bis a la ley 20.247 que dice "El precio que abone cualquier adquirente de semilla, por la misma o por el uso propio cuando corresponda, dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual...".
Yo leo ese artículo encadenado a la propuesta de redacción del nuevo artículo 2°, que en su inciso X habla de regalías y dice que se debe pagar un canon, cuando corresponda, al obtentor, al dueño de un germoplasma, al que desarrolla variedades, al semillero multiplicador, y el derecho de patente a la empresa que origine eventos o genes modificados".
Entonces, cuando leo lo que dice el inciso X del artículo 2° y lo relaciono con la incorporación del artículo 24 bis, que propone en el artículo 3° del proyecto, lo que leo es que en forma automática Monsanto tiene que terminar con la comercialización y la introducción de tecnología vía el Código Civil, que es un disparate, además de ser contratos leoninos y que no corresponden.
Entonces voy a hacer una pregunta desde la buena fe de pretender que entre todos podamos aprobar esta reforma, que es una histórica señal para la producción nacional. La pregunta es si usted tiene la misma interpretación que estoy haciendo yo, si a partir de la sanción de este proyecto, Monsanto, con Bolsatech incluido, tiene que finalizar sus contratos privados y la introducción vía el Código Civil. Si eso es así, estamos en el mejor de los escenarios, pero si no es así, estamos en el peor de los escenarios, más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos sancionando una ley para una parte de la cadena de semillas en la Argentina y no para la multinacional, que sería algo por lo menos polémico, no apropiado y discutible.
Por eso creo que el agregado de este artículo 24 bis que se propone en el proyecto con el concepto de cambio de regalía tiene que interpretarse en aras de encuadrar a la multinacional en este marco legislativo, institucional y legal en la ley de semillas. Por lo menos hay un orden público en este artículo, hay un orden público en el artículo 27, donde es la ley de semillas la que marca las reglas de juego y nadie en forma privada puede desconocerla. Porque además la semilla es un bien estratégico nacional; la semilla hoy es en la Argentina tal vez lo más importante para el país en términos geopolíticos y geoeconómicos. Y ahí se juega mucho el concepto de soberanía tecnológica, producción, futuro, investigación, etcétera. Por eso hago esa pregunta.
Pero también quisiera expresar, si llegara a ser así -es decir, en el caso de que no encuadremos a esta multinacional-, mi negatividad frente a esto, porque estaríamos malogrando esta situación, y quedaríamos muy expuestos en cuanto a sancionar una ley para el país, pero no para Monsanto, porque hay que ponerle nombres propios; eso es lo que está en juego.
Para finalizar, en relación al INASE, coincido con el señor presidente en cuanto a que en todos los proyectos hemos establecido que la Argentina necesita una autoridad pública y privada o pública y autárquica para controlar toda la cadena de la semilla. No soy de encerrarme solo en lo público, pero tampoco solo en lo privado.
La actual estructura del INASE está muy lejos de cumplir este proyecto de ley, por estructura, por la incapacidad de técnicos y por la dificultad económica que tiene de presupuesto. Entonces, por un lado, que esto nos sirva para tomar una decisión política de llevar al INASE al lugar donde tiene que estar si queremos que sea el árbitro central de este proyecto de ley; si no, no va a poder ponerse la camiseta ni el pantalón de árbitro.
Y, en segundo lugar, es importante también decir en relación con esto que todas las facultades que se le da en términos de entrar y hacer los controles necesarios, la facultad que tiene de meterse en un campo y sin pedir permiso analizar una semilla, tiene que ser de manera insospechada en cuanto a que lo haga por un interés público. Por eso necesitamos que Bolsatech no esté en el medio de esta historia. Bolsatech no tiene que estar en el medio; el INASE tiene que funcionar y el control tiene que hacerlo en términos de interés público estratégico y nacional.
Estamos discutiendo también otros aspectos, pero hay algo muy importante que vuelvo a ratificar: es necesario hacer todo lo posible para que no malogremos este camino que hemos iniciado. Reconozco las cuestiones positivas y advierto sobre las cuestiones negativas; no caigamos en apuros en este tema tan sensible como en otros relacionados a esto, como es el caso de la agricultura campesina, la agricultura familiar, los pueblos originarios que en algún punto aquí se mencionan. No caigamos en apuros que nos llevará a arruinar esto. Tratemos de encontrar los tiempos necesarios para no malograr este camino. Y si el tiempo necesario implica discutir un poco más, vamos a discutir un poco más.
Asimismo, si ustedes tienen la voluntad política de aprobar este dictamen, dennos la palabra de que no se van a apurar, porque si se da el escenario de las sospechas sobre este proyecto de ley, vamos a dañar el camino porque se va a aprobar un proyecto de ley sospechado de intereses y desequilibrado, y estaríamos desaprovechando esta oportunidad.
Esta es mi apelación en aras de las pymes, de las cooperativas, de un INTA que sea forjador de una revolución de variedades a partir del estado de la ciencia y la tecnología estatal, en manos de las universidades y del sector público a partir de la revolución tecnológica que empodere al pequeño y mediano productor y vuelva a poblar a la Argentina.
En aras de todos esos valores, no perdamos una oportunidad para todo el sector en la Argentina que lo está pidiendo desde hace tiempo. (Aplausos.)
Recuerdo el absurdo de intentar imponer en la Argentina un sistema de regalía global. Se trataba de cobrar un porcentaje sobre la producción nacional y trasladarlo a algunas multinacionales y sectores privados conexos.
Asimismo, existían otros proyectos de ley cuyo contenido eliminaba o adhería al Acta UPOV del año 1991. Se trata de un acta que se corre de la frontera del derecho de patente, alejándose de las innovaciones vegetales o de la ley de variedades. Así, se eliminaba la actual adhesión de la Argentina al acta UPOV de 1978. Dado que quien les habla defiende un concepto y un espíritu de desarrollo de variedades, considero que tenemos que seguir por el mismo camino.
Por su parte, el gobierno anterior -dentro de las contradicciones que pudo llegar a tener- casi elimina el concepto del uso propio. Si no hubiera sido por Julián Domínguez y la corriente política Campo, eso se habría eliminado. Es decir, planteaba el uso propio para la agricultura de subsistencia, casi en esos términos.
En esta breve reseña de iniciativas legislativas que estoy desarrollando, me pregunto cómo queda parado el proyecto que estamos analizando.
Voy a tratar de narrar y ejemplificar de la forma más clara posible algunos aspectos positivos y otros negativos vinculados con este tema. Estamos ante un proyecto de ley que, frente a todas las versiones anteriores, intenta ser una norma equilibrada y consensuada. Tiene esa virtud.
Asimismo, tal vez el señor presidente de esta comisión y sus dirigentes sean quienes están más cerca de lograr algo que no se ha podido conseguir en esta comisión desde el año 1983 a la fecha. Por eso, así como reconozco y hago mía esta situación, e pido, señor presidente, que tenga la inteligencia política suficiente para no malograr esta instancia histórica en la que está inmersa la Comisión de Agricultura y Ganadería destinada a contar con un nuevo marco jurídico para la ley de semillas. Hay que tomarse el tiempo suficiente, agotar los consensos, no apurarse ni dejar que se entrometan intereses que no corresponden a la política. Además, hay que tratar de tener la buena fe necesaria para que tengamos, por primera vez, una nueva ley de semillas o una reforma a la actual norma. De esa forma, le daremos una señal al país acerca de lo que pretendemos.
Dicho esto, considero que se ha avanzado en aspectos muy importantes. Luego puntualizaré respecto de aquellas cuestiones sobre las que no estoy de acuerdo.
En primer término, me quiero referir a la introducción del concepto de semillero multiplicador, desconocido por la actual ley. Felicito que se haya llegado a esta iniciativa porque implica reconocer la existencia de un entramado de cooperativas del interior del país que llevan adelante su labor en la cadena de semillas. Muchas veces no son reconocidas siendo que representan un papel muy importante en aras de la fiscalización y obtención de un mejor mercado de semillas. Además, es importante en términos de mantener -lo mejor posible- la hegemonía y la multiplicación en origen en lo relativo al poder germinativo.
Estamos hablando de cooperativas pertenecientes a pueblos que cuentan con cinco mil o siete mil habitantes ubicadas en el núcleo agrícola del país. Nos referimos a un centenar de cooperativas. Esto ha sido reconocido en el texto del proyecto.
Se puede discutir también el uso propio. Esto me lo enseñó la práctica, no la teoría. Hay que replantear el uso propio en la Argentina. Yo quiero un uso propio gratuito para el pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque el uso propio nace en la historia de la agricultura o en las legislaciones como un reconocimiento al aporte del agricultor en el desarrollo de semillas en 8.000 años de historia. Por eso existe el uso propio y la posibilidad de volver a usar la semilla gratuitamente en una segunda y una tercera generación. Lo reconoce toda la legislación en el mundo.
Por eso, el uso propio gratuito, como principio y no como excepción, tiene que seguir estando. En la última versión de este proyecto al que accedí, se va por ese camino. Me parece muy bien.
También hay que hacerse cargo de que la revolución tecnológica agroindustrial modificó el sujeto agrario social. Esto lo decía Giberti claramente en los últimos años de su vida. Él decía que había una transformación social agropecuaria a partir de la revolución tecnológica en la Argentina, para bien y para mal.
Entonces, también tenemos que ver que el 20 por ciento de empresas de la cadena sojera hoy producen el 80 por ciento de la producción. ¿Ellos pueden tener uso propio gratuito? No. No lo pueden tener. Hagámonos cargo. Defendamos los intereses del interior, de nuestras pymes, de las cooperativas y de las empresas que desarrollan germoplasma.
La patria y la soberanía de la Argentina están en el germoplasma, no en el elemento biotecnológico, porque se nos funden y se extranjerizan. Defendamos eso. Ese tiene que ser el espíritu de una ley de semillas. Hacer una revolución de variedades en la Argentina con adaptabilidad climática en toda la zona, respondiendo no solo a los herbicidas multinacionales, sino dando otras respuestas de salud y agronómicas.
Gracias a Dios, la Argentina es muy diversa, pero nos hemos empobrecido en variedades.
Siempre pongo el ejemplo del EMBRAPA brasilero, que es como nuestro INTA. Ellos negocios con Monsanto, y les aclaro que soy muy crítico de Monsanto. Después me voy a referir a ese tema. Pero ¿desde qué lugar negocia EMBRAPA con Monsanto, sobre todo en la soja? Desde un enorme poderío de variedades. Yo también negociaría con Monsanto desde ese lugar si soy dueño de una estructura de germoplasma importantísima. Ahora, ¿desde qué lugar negocia la Argentina? Desde la nada. Por eso no hay negociación con Monsanto, hay imposición, con las que tenemos que terminar en aras del bien público y en aras del bien estratégico argentino.
Hay un avance, y como dijo el diputado preopinante por entre Ríos, se puede discutir si es más o si es menos, pero garanticemos un uso propio gratuito al auténtico agricultor, porque se lo merece por historia y por presente. Es un derecho reconocido.
Activemos y apliquemos un uso propio pagado, oneroso, a aquellos sujetos que hoy ya no son considerados productores directos o agricultores.
Hay otro gran avance también en su proyecto, señor presidente. El artículo 3°, por el que se incorpora el artículo 24 bis a la ley 20.247 que dice "El precio que abone cualquier adquirente de semilla, por la misma o por el uso propio cuando corresponda, dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual...".
Yo leo ese artículo encadenado a la propuesta de redacción del nuevo artículo 2°, que en su inciso X habla de regalías y dice que se debe pagar un canon, cuando corresponda, al obtentor, al dueño de un germoplasma, al que desarrolla variedades, al semillero multiplicador, y el derecho de patente a la empresa que origine eventos o genes modificados".
Entonces, cuando leo lo que dice el inciso X del artículo 2° y lo relaciono con la incorporación del artículo 24 bis, que propone en el artículo 3° del proyecto, lo que leo es que en forma automática Monsanto tiene que terminar con la comercialización y la introducción de tecnología vía el Código Civil, que es un disparate, además de ser contratos leoninos y que no corresponden.
Entonces voy a hacer una pregunta desde la buena fe de pretender que entre todos podamos aprobar esta reforma, que es una histórica señal para la producción nacional. La pregunta es si usted tiene la misma interpretación que estoy haciendo yo, si a partir de la sanción de este proyecto, Monsanto, con Bolsatech incluido, tiene que finalizar sus contratos privados y la introducción vía el Código Civil. Si eso es así, estamos en el mejor de los escenarios, pero si no es así, estamos en el peor de los escenarios, más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos sancionando una ley para una parte de la cadena de semillas en la Argentina y no para la multinacional, que sería algo por lo menos polémico, no apropiado y discutible.
Por eso creo que el agregado de este artículo 24 bis que se propone en el proyecto con el concepto de cambio de regalía tiene que interpretarse en aras de encuadrar a la multinacional en este marco legislativo, institucional y legal en la ley de semillas. Por lo menos hay un orden público en este artículo, hay un orden público en el artículo 27, donde es la ley de semillas la que marca las reglas de juego y nadie en forma privada puede desconocerla. Porque además la semilla es un bien estratégico nacional; la semilla hoy es en la Argentina tal vez lo más importante para el país en términos geopolíticos y geoeconómicos. Y ahí se juega mucho el concepto de soberanía tecnológica, producción, futuro, investigación, etcétera. Por eso hago esa pregunta.
Pero también quisiera expresar, si llegara a ser así -es decir, en el caso de que no encuadremos a esta multinacional-, mi negatividad frente a esto, porque estaríamos malogrando esta situación, y quedaríamos muy expuestos en cuanto a sancionar una ley para el país, pero no para Monsanto, porque hay que ponerle nombres propios; eso es lo que está en juego.
Para finalizar, en relación al INASE, coincido con el señor presidente en cuanto a que en todos los proyectos hemos establecido que la Argentina necesita una autoridad pública y privada o pública y autárquica para controlar toda la cadena de la semilla. No soy de encerrarme solo en lo público, pero tampoco solo en lo privado.
La actual estructura del INASE está muy lejos de cumplir este proyecto de ley, por estructura, por la incapacidad de técnicos y por la dificultad económica que tiene de presupuesto. Entonces, por un lado, que esto nos sirva para tomar una decisión política de llevar al INASE al lugar donde tiene que estar si queremos que sea el árbitro central de este proyecto de ley; si no, no va a poder ponerse la camiseta ni el pantalón de árbitro.
Y, en segundo lugar, es importante también decir en relación con esto que todas las facultades que se le da en términos de entrar y hacer los controles necesarios, la facultad que tiene de meterse en un campo y sin pedir permiso analizar una semilla, tiene que ser de manera insospechada en cuanto a que lo haga por un interés público. Por eso necesitamos que Bolsatech no esté en el medio de esta historia. Bolsatech no tiene que estar en el medio; el INASE tiene que funcionar y el control tiene que hacerlo en términos de interés público estratégico y nacional.
Estamos discutiendo también otros aspectos, pero hay algo muy importante que vuelvo a ratificar: es necesario hacer todo lo posible para que no malogremos este camino que hemos iniciado. Reconozco las cuestiones positivas y advierto sobre las cuestiones negativas; no caigamos en apuros en este tema tan sensible como en otros relacionados a esto, como es el caso de la agricultura campesina, la agricultura familiar, los pueblos originarios que en algún punto aquí se mencionan. No caigamos en apuros que nos llevará a arruinar esto. Tratemos de encontrar los tiempos necesarios para no malograr este camino. Y si el tiempo necesario implica discutir un poco más, vamos a discutir un poco más.
Asimismo, si ustedes tienen la voluntad política de aprobar este dictamen, dennos la palabra de que no se van a apurar, porque si se da el escenario de las sospechas sobre este proyecto de ley, vamos a dañar el camino porque se va a aprobar un proyecto de ley sospechado de intereses y desequilibrado, y estaríamos desaprovechando esta oportunidad.
Esta es mi apelación en aras de las pymes, de las cooperativas, de un INTA que sea forjador de una revolución de variedades a partir del estado de la ciencia y la tecnología estatal, en manos de las universidades y del sector público a partir de la revolución tecnológica que empodere al pequeño y mediano productor y vuelva a poblar a la Argentina.
En aras de todos esos valores, no perdamos una oportunidad para todo el sector en la Argentina que lo está pidiendo desde hace tiempo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Echegaray.
SR. ECHEGARAY Señor presidente: me quiero sumar al reconocimiento de su labor que hicieron los diputados preopinantes, que aun los que expresaron mayores niveles de disidencia reconocen. Como bien lo decía el diputado preopinante, desde los años 70 nunca hemos estado tan cerca de contar con un proyecto de ley, que todavía tiene la posibilidad de seguir discutiéndose obviamente en el seno del recinto.
Eso en gran medida ahuyenta expectativas sobre presiones, dado que usted en persona incorporó a los proyectos preexistentes que tuvieron a la vista en la construcción de este documento con el que hoy contamos. Se trata de incorporaciones muy razonables en virtud de las cuestiones que tienen que ver con el orden público, sobre protección del conocimiento generado en nuestro país a partir de las instituciones científico tecnológicas como el INTA, nuestras facultades, como bien se dijo anteriormente, para tener la posibilidad de contar con un proyecto que se pueda transformar en ley después de esta discusión y que genere oportunidades de defender lo que produce nuestro país en materia de conocimiento incorporado y de proteger también en paralelo a nuestros productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos.
También se planteó aquí de alguna manera el rol que tuvieron los pueblos originarios en el desarrollo del mejoramiento de la presión de selección durante miles de años de humanidad, no solamente de los pueblos originarios americanos de donde depende gran parte de las especies cultivadas que conocemos, sino también de los pueblos indoeuropeos, asiáticos y de los africanos. Son miles de años de historia de presión de selección porque ni aun con los últimos eventos en materia de ingeniería genética, las plantas que hoy conocemos tienen mucho que ver con las que originalmente la naturaleza había generado; presión de selección de todas las civilizaciones por una cuestión de selección de aquellas que produjeran más. Esta cuestión de selección y de presión de selección hace que hoy conozcamos estas variedades, estas especies modificadas por la acción del hombre.
Creo que a partir del documento que hoy tenemos ante nosotros podemos estar seguros de que es una muy buena base de análisis para generar posibles cambios que se produzcan en el seno del recinto. A modo de aporte quisiera mencionar algo más. Fui uno de los autores de los proyectos de ley sobre este tema, pero deseo plantear alguna modificación para ser tenida en cuenta. Me refiero concretamente al rol del INASE y al control que queda establecido en el artículo 2°, sustentado en la modificación del artículo 15 bis de la ley 20.247. En su texto se confieren mecanismos de fiscalización al INASE. Allí surge una situación que debe ser tenida en cuenta. Además, tengo en mi poder una redacción alternativa a ese artículo con la idea de incorporar la figura del SENASA, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los productos generados de las semillas, fundamentalmente cuando hablamos de granos. Hay que tener en cuenta que el INASE tiene relación con la fiscalización de todo lo relativo con la simiente, pero debería atenderse la posibilidad de considerar la fiscalización en forma integrada. De manera que a los fines del artículo 15 bis se tendría que plantear una redacción alternativa. Dice así: "A los fines de verificar la legalidad de la semilla que dio origen, el Instituto Nacional de Semillas y el SENASA, de acuerdo a sus ámbitos de aplicación, deberán disponer de un sistema integrado de control y fiscalización abarcando las etapas de multiplicación de la simiente y la comercialización de los productos y subproductos derivados a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Será facultad exclusiva del INASE fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual...". Desde mi punto de vista debería estar integrado el control y lo sugiero como una modificación a un proyecto que todavía puede ser mejorado.
Nuevamente quiero saludar la labor desarrollada por el señor presidente de la comisión. Estamos más cerca que nunca de poder contar con una ley que están esperando fundamentalmente nuestros investigadores y desarrolladores nacionales.
Eso en gran medida ahuyenta expectativas sobre presiones, dado que usted en persona incorporó a los proyectos preexistentes que tuvieron a la vista en la construcción de este documento con el que hoy contamos. Se trata de incorporaciones muy razonables en virtud de las cuestiones que tienen que ver con el orden público, sobre protección del conocimiento generado en nuestro país a partir de las instituciones científico tecnológicas como el INTA, nuestras facultades, como bien se dijo anteriormente, para tener la posibilidad de contar con un proyecto que se pueda transformar en ley después de esta discusión y que genere oportunidades de defender lo que produce nuestro país en materia de conocimiento incorporado y de proteger también en paralelo a nuestros productores, fundamentalmente a los pequeños y medianos.
También se planteó aquí de alguna manera el rol que tuvieron los pueblos originarios en el desarrollo del mejoramiento de la presión de selección durante miles de años de humanidad, no solamente de los pueblos originarios americanos de donde depende gran parte de las especies cultivadas que conocemos, sino también de los pueblos indoeuropeos, asiáticos y de los africanos. Son miles de años de historia de presión de selección porque ni aun con los últimos eventos en materia de ingeniería genética, las plantas que hoy conocemos tienen mucho que ver con las que originalmente la naturaleza había generado; presión de selección de todas las civilizaciones por una cuestión de selección de aquellas que produjeran más. Esta cuestión de selección y de presión de selección hace que hoy conozcamos estas variedades, estas especies modificadas por la acción del hombre.
Creo que a partir del documento que hoy tenemos ante nosotros podemos estar seguros de que es una muy buena base de análisis para generar posibles cambios que se produzcan en el seno del recinto. A modo de aporte quisiera mencionar algo más. Fui uno de los autores de los proyectos de ley sobre este tema, pero deseo plantear alguna modificación para ser tenida en cuenta. Me refiero concretamente al rol del INASE y al control que queda establecido en el artículo 2°, sustentado en la modificación del artículo 15 bis de la ley 20.247. En su texto se confieren mecanismos de fiscalización al INASE. Allí surge una situación que debe ser tenida en cuenta. Además, tengo en mi poder una redacción alternativa a ese artículo con la idea de incorporar la figura del SENASA, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los productos generados de las semillas, fundamentalmente cuando hablamos de granos. Hay que tener en cuenta que el INASE tiene relación con la fiscalización de todo lo relativo con la simiente, pero debería atenderse la posibilidad de considerar la fiscalización en forma integrada. De manera que a los fines del artículo 15 bis se tendría que plantear una redacción alternativa. Dice así: "A los fines de verificar la legalidad de la semilla que dio origen, el Instituto Nacional de Semillas y el SENASA, de acuerdo a sus ámbitos de aplicación, deberán disponer de un sistema integrado de control y fiscalización abarcando las etapas de multiplicación de la simiente y la comercialización de los productos y subproductos derivados a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Será facultad exclusiva del INASE fijar los umbrales mínimos de detección que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual...". Desde mi punto de vista debería estar integrado el control y lo sugiero como una modificación a un proyecto que todavía puede ser mejorado.
Nuevamente quiero saludar la labor desarrollada por el señor presidente de la comisión. Estamos más cerca que nunca de poder contar con una ley que están esperando fundamentalmente nuestros investigadores y desarrolladores nacionales.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: si bien no he sido testigo de su trabajo, es evidente que fue una labor llevada a cabo de muy buena fe con el objeto de acercar posiciones. Con todo respeto quiero mencionar que también creo que corresponden a presiones externas de diversas fuentes, o sea, de un lado y del otro. Estoy seguro de que ha habido presiones, señor presidente.
En primer lugar, quisiera preguntar por qué desde hace tantos años que no contamos con una ley de semillas teniendo una agricultura tan potente. La última ley data del año 1972. Pese a no tener una ley de semillas contamos con productores que son los más eficientes del mundo. Hoy es muy difícil discutir si no es el productor más eficiente del mundo.
Quisiera saber por qué -pese a no tener una ley de semillas- se ha llegado a sembrar 20 millones de hectáreas de soja transgénica.
¿De dónde proviene el apuro para sancionar una ley de semillas? Pregunto esto porque sin tener una ley de semillas, hasta ahora todos los mercados han venido funcionando.
¿Es este el tema más importante de nuestra agricultura actual? No, no lo es. Lo quieren transformar en el tema más importante sobre la base de presiones y sin ningún tipo de correlato de peligro para la agricultura argentina, más allá del derecho que tienen los semilleros a defenderse respecto de la obtención de su descubrimiento. ¿Por qué digo "descubrimiento"? Evidentemente, este no es el problema.
En el año 1995 se promulgó la ley de patentes y se estableció que serán patentables las invenciones nuevas y que entrañen una actividad inventiva o sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 6° señala que no se considerarán invenciones los descubrimientos o toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
El artículo 7° dice que no son patentables, entre otras cosas, la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica.
Antes de eso, en enero de 1995, se promulgó la ley 24.425, que aprobó el Acuerdo de Marrakech, y que estableció la Organización Mundial de Comercio. Durante muchos años, como secretario de Agricultura, negocié por la Argentina en el GATT -así se llamaba antes de que existiera la Organización Mundial de Comercio-, la rueda Uruguay del GATT, que duró muchos años y terminó en 1994 con el Acuerdo de Marrakech.
El Acuerdo de Marrakech, después de una enorme insistencia de los Estados Unidos y algunos otros países en defensa de los royalties y las patentes en general, aborda los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Exige para el material patentable los mismos requisitos que la ley de patentes argentinas que acabo de leer hace un rato. Entre las obligaciones generales deja bien en claro que los Estados no asumen ninguna obligación de instaurar un sistema judicial distinto al que ya tienen para resguardar los derechos de propiedad intelectual, así como tampoco de prescindir de sus propias leyes y de sus criterios interpretativos.
Dicho otra manera, podemos discutir esta ley pensando en los semilleros argentinos, pensando en los esfuerzos del INTA, pensando en la materia gris argentina y pensando en el futuro. Lo que no podemos hacer es discutir esta ley bajo la presión del presente. Me niego a eso. La presión del presente es berreta. No modifica la agricultura argentina ni el área sembrada. Por el contrario, los problemas del presente no tienen que ver con la semilla intacta o con las semillas nuevas. Tiene relación con el agotamiento progresivo de un modelo agrícola, que comenzó hace muchos años, se fortaleció con la siembra directa y con la creación transgénica de la soja y en menor medida del algodón y de algún híbrido de maíz.
La verdad es que en 1996, luego del decreto 290 de marzo del 96 -que reafirma lo que ya les dije, no los voy a aburrir-, en abril firmé el expediente. Lo hice luego de seis años de investigaciones sobre qué nivel de contaminación al medio ambiente y qué nivel de peligros entrañaba desde el punto de vista de la salud, química, etcétera, la soja llamada RR, la soja genéticamente modificada. Fueron seis años de investigaciones en el INTA a cargo y bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Biotecnología, que yo mismo creé, en la cual estuvo Lino Barañao durante todos esos los años, de manera que no era una comisión de bajo nivel.
Cuando tuve el informe que decía que no entraña peligro para el ambiente -estoy hablando de la soja, no de los agroquímicos-, firmé el expediente que solicitaba Nidera y no Monsanto para la apertura del mercado. Que quede claro.
No se pagaron patentes. ¿Sabe por qué, señor presidente? Algunos dicen, equivocadamente, que fue porque Monsanto se olvidó de patentar, y como se olvidó de patentar, durante 20 años no existieron contratos del tipo Bolsatech.
¿Esto pasó porque se olvidó Monsanto? ¿Porque los abogados de Monsanto eran malos, estaban mal pagados y se olvidaron? No. No es que se olvidaron. No tenía fuerza política para ir por encima de una ley del año 95 y de un decreto del año 96. Había una decisión de que no lo pudieran hacer. Entonces, el agricultor empezó a sembrar soja comprándola a un precio seguramente más caro, pero sin ninguna otra obligación hacia el futuro.
Y yo pregunto: ¿en esos 20 años no se multiplicó la soja? ¿Se dejó de investigar en Argentina? No. ¿Entonces quién nos apura tanto? ¿Por qué en 20 o 30 años no hubo ley y ahora hay apuro? ¿De quién es el apuro, señor presidente? ¿Nuestro? Yo no creo que sea nuestro. Creo que compramos un apuro ajeno.
Existe el sistema Bolsatech en el que, como usted dijo, una sola empresa se beneficia. Sancionemos una ley por la cual no se puede hacer Bolsatech. Acá existe la ley de patentes que respaldaría esa norma; si el problema es una empresa, no hay problema. Reitero: si una empresa es el problema por el cual sancionamos una ley, no hay problema; somos soberanos para aprobar otra distinta que prohíba el Bolsatech.
Por otro lado, le asignamos al INASE, cuyo Directorio tiene mayoría privada, la función de policía, pero no policía para una mejor agricultura sino policía para el obtentor, para Monsanto. Es como decir que el Estado será la policía privada de tal empresa, lo cual es una locura absoluta, es no entender nada de la agricultura argentina. Los problemas de agricultura de la Argentina son otros: tenemos monocultivo y no ha habido un solo cambio desde agosto del 98 en contra del monocultivo.
Hace veinte años me fui de la Secretaría de Agricultura y no hubo un solo cambio. Ese año, en el 97, la última siembra que vi fue de 450.000 hectáreas de transgénica, y el resto fueron millones de soja convencional. Después de que me fui se sembraron 4 millones y medio, y ahora, 20 millones de hectáreas. El avance fue espectacular; la reacción a modificaciones e innovaciones tecnológicas de la agricultura argentina es de una velocidad asombrosa: está reaccionando casi antes de que salga la innovación, en todos los casos.
La pregunta es cuándo lo limitamos nosotros, porque no teníamos una ley de semilla. ¿Qué pasó con los datos de la agricultura argentina? ¿Fue para atrás? ¿Fue para abajo? Cuando yo llegué se cosecharon 26 millones de hectáreas en un año con sequía -no fue una sequía como la última, ni como la del año 62. Antes, en el 84, se habían cosechado 44 millones de toneladas porque había mucho volumen de maíz y poco de soja, entonces, el volumen total medido físicamente era muy grande. Y cuando me fui, en el año 98, se cosecharon 66 millones de toneladas. Ahora fueron más de 100 millones y vamos por más.
Pero vamos por más ignorando que mucho más grave que no tener ley de semillas es que no se modifique la agricultura por convenio anual, que permite que alguien entre, tercerice todos los trabajos, no tenga ningún compromiso con la tierra, con el medio ambiente, ni con nadie, pague de afuera, provea los insumos y se retire, y al año siguiente puede retirarse del todo; es decir, está siempre líquido.
El productor más argentino, más nacional que existe que es el que está clavado y anclado a la tierra, que tiene 50 o 100 hectáreas en la pampa gringa o tiene un poco más, pero que necesita completar su ingreso y sobre todo hacer trabajar su equipo de maquinaria, porque hay sobreequipamiento. Yo diría que el hecho de que haya sobreequipamiento es una muestra de capitalismo sano en la agricultura argentina, porque han invertido en mucha maquinaria, y la maquinaria total es superior a las necesidades del área sembrada. Ese productor requiere de 200 o 300 hectáreas arrendadas más, los pools compiten contra él, pagan mejor y lo vuelven loco. Ese era el productor que estaba en todos los piquetes en 2008, desesperado, con los dedos gruesos de laburo y al cual se acercaban los que tenían los dedos finos de escritorio que se ponía una boina y todo era lo mismo porque a la noche todos los gatos son pardos. Eso ocurrió en 2008.
Entonces, ¿cuál es el problema de la agricultura? El agotamiento, la contaminación con glifosato porque las dosis de glifosato son cada vez más grandes, y cada vez hay más monocultivo. Y la verdad es que el agotamiento implica la aparición de nuevas malezas y las mutaciones en las malezas que requieren mayores dosis de glifosato. Entonces, estamos atados a un círculo vicioso.
Ahora además vamos a favorecer con un 150 por ciento de desgravación al supuesto genio que descubrió esto. ¿Por qué? Eso no es ventaja para el agricultor, eso es ventaja para el mercado; eso es para vender más.
Entonces, respetando absolutamente los esfuerzos de todos los diputados, quiero dejar este testimonio porque si pensamos un poco más este proyecto la agricultura argentina no se muere y no se va a morir, el mercado tampoco se va a morir y las semillas se van a seguir vendiendo. (Aplausos.)
En primer lugar, quisiera preguntar por qué desde hace tantos años que no contamos con una ley de semillas teniendo una agricultura tan potente. La última ley data del año 1972. Pese a no tener una ley de semillas contamos con productores que son los más eficientes del mundo. Hoy es muy difícil discutir si no es el productor más eficiente del mundo.
Quisiera saber por qué -pese a no tener una ley de semillas- se ha llegado a sembrar 20 millones de hectáreas de soja transgénica.
¿De dónde proviene el apuro para sancionar una ley de semillas? Pregunto esto porque sin tener una ley de semillas, hasta ahora todos los mercados han venido funcionando.
¿Es este el tema más importante de nuestra agricultura actual? No, no lo es. Lo quieren transformar en el tema más importante sobre la base de presiones y sin ningún tipo de correlato de peligro para la agricultura argentina, más allá del derecho que tienen los semilleros a defenderse respecto de la obtención de su descubrimiento. ¿Por qué digo "descubrimiento"? Evidentemente, este no es el problema.
En el año 1995 se promulgó la ley de patentes y se estableció que serán patentables las invenciones nuevas y que entrañen una actividad inventiva o sean susceptibles de aplicación industrial. El artículo 6° señala que no se considerarán invenciones los descubrimientos o toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
El artículo 7° dice que no son patentables, entre otras cosas, la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica.
Antes de eso, en enero de 1995, se promulgó la ley 24.425, que aprobó el Acuerdo de Marrakech, y que estableció la Organización Mundial de Comercio. Durante muchos años, como secretario de Agricultura, negocié por la Argentina en el GATT -así se llamaba antes de que existiera la Organización Mundial de Comercio-, la rueda Uruguay del GATT, que duró muchos años y terminó en 1994 con el Acuerdo de Marrakech.
El Acuerdo de Marrakech, después de una enorme insistencia de los Estados Unidos y algunos otros países en defensa de los royalties y las patentes en general, aborda los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Exige para el material patentable los mismos requisitos que la ley de patentes argentinas que acabo de leer hace un rato. Entre las obligaciones generales deja bien en claro que los Estados no asumen ninguna obligación de instaurar un sistema judicial distinto al que ya tienen para resguardar los derechos de propiedad intelectual, así como tampoco de prescindir de sus propias leyes y de sus criterios interpretativos.
Dicho otra manera, podemos discutir esta ley pensando en los semilleros argentinos, pensando en los esfuerzos del INTA, pensando en la materia gris argentina y pensando en el futuro. Lo que no podemos hacer es discutir esta ley bajo la presión del presente. Me niego a eso. La presión del presente es berreta. No modifica la agricultura argentina ni el área sembrada. Por el contrario, los problemas del presente no tienen que ver con la semilla intacta o con las semillas nuevas. Tiene relación con el agotamiento progresivo de un modelo agrícola, que comenzó hace muchos años, se fortaleció con la siembra directa y con la creación transgénica de la soja y en menor medida del algodón y de algún híbrido de maíz.
La verdad es que en 1996, luego del decreto 290 de marzo del 96 -que reafirma lo que ya les dije, no los voy a aburrir-, en abril firmé el expediente. Lo hice luego de seis años de investigaciones sobre qué nivel de contaminación al medio ambiente y qué nivel de peligros entrañaba desde el punto de vista de la salud, química, etcétera, la soja llamada RR, la soja genéticamente modificada. Fueron seis años de investigaciones en el INTA a cargo y bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Biotecnología, que yo mismo creé, en la cual estuvo Lino Barañao durante todos esos los años, de manera que no era una comisión de bajo nivel.
Cuando tuve el informe que decía que no entraña peligro para el ambiente -estoy hablando de la soja, no de los agroquímicos-, firmé el expediente que solicitaba Nidera y no Monsanto para la apertura del mercado. Que quede claro.
No se pagaron patentes. ¿Sabe por qué, señor presidente? Algunos dicen, equivocadamente, que fue porque Monsanto se olvidó de patentar, y como se olvidó de patentar, durante 20 años no existieron contratos del tipo Bolsatech.
¿Esto pasó porque se olvidó Monsanto? ¿Porque los abogados de Monsanto eran malos, estaban mal pagados y se olvidaron? No. No es que se olvidaron. No tenía fuerza política para ir por encima de una ley del año 95 y de un decreto del año 96. Había una decisión de que no lo pudieran hacer. Entonces, el agricultor empezó a sembrar soja comprándola a un precio seguramente más caro, pero sin ninguna otra obligación hacia el futuro.
Y yo pregunto: ¿en esos 20 años no se multiplicó la soja? ¿Se dejó de investigar en Argentina? No. ¿Entonces quién nos apura tanto? ¿Por qué en 20 o 30 años no hubo ley y ahora hay apuro? ¿De quién es el apuro, señor presidente? ¿Nuestro? Yo no creo que sea nuestro. Creo que compramos un apuro ajeno.
Existe el sistema Bolsatech en el que, como usted dijo, una sola empresa se beneficia. Sancionemos una ley por la cual no se puede hacer Bolsatech. Acá existe la ley de patentes que respaldaría esa norma; si el problema es una empresa, no hay problema. Reitero: si una empresa es el problema por el cual sancionamos una ley, no hay problema; somos soberanos para aprobar otra distinta que prohíba el Bolsatech.
Por otro lado, le asignamos al INASE, cuyo Directorio tiene mayoría privada, la función de policía, pero no policía para una mejor agricultura sino policía para el obtentor, para Monsanto. Es como decir que el Estado será la policía privada de tal empresa, lo cual es una locura absoluta, es no entender nada de la agricultura argentina. Los problemas de agricultura de la Argentina son otros: tenemos monocultivo y no ha habido un solo cambio desde agosto del 98 en contra del monocultivo.
Hace veinte años me fui de la Secretaría de Agricultura y no hubo un solo cambio. Ese año, en el 97, la última siembra que vi fue de 450.000 hectáreas de transgénica, y el resto fueron millones de soja convencional. Después de que me fui se sembraron 4 millones y medio, y ahora, 20 millones de hectáreas. El avance fue espectacular; la reacción a modificaciones e innovaciones tecnológicas de la agricultura argentina es de una velocidad asombrosa: está reaccionando casi antes de que salga la innovación, en todos los casos.
La pregunta es cuándo lo limitamos nosotros, porque no teníamos una ley de semilla. ¿Qué pasó con los datos de la agricultura argentina? ¿Fue para atrás? ¿Fue para abajo? Cuando yo llegué se cosecharon 26 millones de hectáreas en un año con sequía -no fue una sequía como la última, ni como la del año 62. Antes, en el 84, se habían cosechado 44 millones de toneladas porque había mucho volumen de maíz y poco de soja, entonces, el volumen total medido físicamente era muy grande. Y cuando me fui, en el año 98, se cosecharon 66 millones de toneladas. Ahora fueron más de 100 millones y vamos por más.
Pero vamos por más ignorando que mucho más grave que no tener ley de semillas es que no se modifique la agricultura por convenio anual, que permite que alguien entre, tercerice todos los trabajos, no tenga ningún compromiso con la tierra, con el medio ambiente, ni con nadie, pague de afuera, provea los insumos y se retire, y al año siguiente puede retirarse del todo; es decir, está siempre líquido.
El productor más argentino, más nacional que existe que es el que está clavado y anclado a la tierra, que tiene 50 o 100 hectáreas en la pampa gringa o tiene un poco más, pero que necesita completar su ingreso y sobre todo hacer trabajar su equipo de maquinaria, porque hay sobreequipamiento. Yo diría que el hecho de que haya sobreequipamiento es una muestra de capitalismo sano en la agricultura argentina, porque han invertido en mucha maquinaria, y la maquinaria total es superior a las necesidades del área sembrada. Ese productor requiere de 200 o 300 hectáreas arrendadas más, los pools compiten contra él, pagan mejor y lo vuelven loco. Ese era el productor que estaba en todos los piquetes en 2008, desesperado, con los dedos gruesos de laburo y al cual se acercaban los que tenían los dedos finos de escritorio que se ponía una boina y todo era lo mismo porque a la noche todos los gatos son pardos. Eso ocurrió en 2008.
Entonces, ¿cuál es el problema de la agricultura? El agotamiento, la contaminación con glifosato porque las dosis de glifosato son cada vez más grandes, y cada vez hay más monocultivo. Y la verdad es que el agotamiento implica la aparición de nuevas malezas y las mutaciones en las malezas que requieren mayores dosis de glifosato. Entonces, estamos atados a un círculo vicioso.
Ahora además vamos a favorecer con un 150 por ciento de desgravación al supuesto genio que descubrió esto. ¿Por qué? Eso no es ventaja para el agricultor, eso es ventaja para el mercado; eso es para vender más.
Entonces, respetando absolutamente los esfuerzos de todos los diputados, quiero dejar este testimonio porque si pensamos un poco más este proyecto la agricultura argentina no se muere y no se va a morir, el mercado tampoco se va a morir y las semillas se van a seguir vendiendo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: antes que nada quiero sumarme a las felicitaciones de mis colegas por el trabajo que usted y los demás miembros de la comisión han realizado.
El colega preopinante habló sobre la presión del presente. Considero que sí tenemos presión en el presente porque necesitamos encontrar la forma más salomónica de poner orden en las evoluciones que han logrado diferentes semillas, diferentes alcances en biotecnología, pero también en lograr que esos avances puedan estar al servicio de todos, que hasta el pequeño productor pueda tener acceso y que tengamos las mejores semillas para tener la mejor agricultura y obtener aun mejores rindes, cuidando nuestra tierra y con una agricultura sustentable y sostenible.
La verdad es que estamos tratando de actualizar una ley que ya existe, no estamos haciendo una norma nueva; ya tenemos una ley de semillas que la estamos actualizando porque el mundo avanza. Lamentablemente, también tenemos -porque no avanzamos como debimos en años anteriores- son distorsiones estructurales que hacen que la Argentina haya perdido innumerables oportunidades, y que en especial el pequeño y mediano productor se haya encontrado perjudicado. Entonces, hay muchos intereses, como bien se venía diciendo, y creo que lo que se está intentando hacer es buscar una ley, repito, que sea salomónica.
Por ello personalmente voy a firmar este dictamen en disidencia porque coincido también con otro diputado preopinante en cuanto al tema del INASE y de cómo podemos hacer para que la vigilancia y el control realmente sean certeros y que también se cuiden las semillas, así como la explotación de nuestras tierras. Con lo cual creo que hay posibilidades de mejorar aún más esta ley.
Por otro lado, también creo que tenemos una oportunidad histórica de mostrar que la Argentina quiere una agroindustria sostenible y sustentable, y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos una ley de semillas actualizada y consensuada. (Aplausos.)
El colega preopinante habló sobre la presión del presente. Considero que sí tenemos presión en el presente porque necesitamos encontrar la forma más salomónica de poner orden en las evoluciones que han logrado diferentes semillas, diferentes alcances en biotecnología, pero también en lograr que esos avances puedan estar al servicio de todos, que hasta el pequeño productor pueda tener acceso y que tengamos las mejores semillas para tener la mejor agricultura y obtener aun mejores rindes, cuidando nuestra tierra y con una agricultura sustentable y sostenible.
La verdad es que estamos tratando de actualizar una ley que ya existe, no estamos haciendo una norma nueva; ya tenemos una ley de semillas que la estamos actualizando porque el mundo avanza. Lamentablemente, también tenemos -porque no avanzamos como debimos en años anteriores- son distorsiones estructurales que hacen que la Argentina haya perdido innumerables oportunidades, y que en especial el pequeño y mediano productor se haya encontrado perjudicado. Entonces, hay muchos intereses, como bien se venía diciendo, y creo que lo que se está intentando hacer es buscar una ley, repito, que sea salomónica.
Por ello personalmente voy a firmar este dictamen en disidencia porque coincido también con otro diputado preopinante en cuanto al tema del INASE y de cómo podemos hacer para que la vigilancia y el control realmente sean certeros y que también se cuiden las semillas, así como la explotación de nuestras tierras. Con lo cual creo que hay posibilidades de mejorar aún más esta ley.
Por otro lado, también creo que tenemos una oportunidad histórica de mostrar que la Argentina quiere una agroindustria sostenible y sustentable, y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos una ley de semillas actualizada y consensuada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: apoyo la posición de nuestro bloque y de varios diputados, incluso del bloque oficialista, que han planteado que este tema requiere más debate.
Claramente este es un tema complejo y que contiene intereses económicos multimillonarios. Creo que lo que la diputada preopinante denominó "solución salomónica" ha sido más bien el resultado de varias presiones, algunas de las cuales resultaron triunfantes y otras no, y hay puntos que continúan siendo muy poco claros. En particular voy a hablar de uno porque atañe al discurso que el oficialismo ha tenido durante todo este tiempo, vinculado a la cuestión del déficit cero.
Estamos ante una situación que tiene que ver con que Monsanto en particular -Bayer hoy-, está comenzando a cobrar una regalía que entiendo que la ley argentina considera que está prohibida; es decir, está violando una ley argentina. Está violando cuestiones conceptuales con respecto al uso de la semilla, y la cuestión de la captación de la renta siempre la han disimulado como una especie de estímulo al avance tecnológico.
La situación relacionada con el uso de las patentes producidas en los países centrales no es nueva ni le pertenece solo a las semillas. Lo que ocurre es que en el caso de nuestro país, que tiene una producción agropecuaria tan cuantiosa, este tema hace a su ecuación económica.
Ante esta situación, creo que de cara a la sociedad, hay que clarificar los montos de los que estamos hablando. Es decir, quién produce, quién se apropia, quien paga y quién no paga impuestos.
En ese sentido, sería de una enorme irresponsabilidad -hemos tenido varias pero esta sería una más y muy grave- presentar este proyecto en el cual se establece un artículo -el 10, agregado producto de estas presiones- que señala que el Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto. Si no entiendo mal, se va a poder deducir del Impuesto a las Ganancias un monto -espero que el presidente de la comisión desmienta el dato que voy a dar- que oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que comenzará a cobrar Monsanto y que luego los grandes productores podrán deducirlo del Impuesto a las Ganancias porque los pequeños no van a pagarlo.
Concretamente, el Estado argentino, que aparentemente estaba enfrascado en una política de déficit cero y de austeridad, ha decidido dejar de cobrar un impuesto para dárselo a una transnacional extranjera. Es una modalidad muy regular de parte de este gobierno. Cada vez que el gobierno habla de austeridad, en realidad significa que el Estado argentino va a transferir plata a enormes empresas transnacionales que no necesitan esa ayuda o estímulo.
¿Cuánto vale el artículo 10? Seguramente me darán la misma explicación que se suscitó con el tema del blanqueo, antes de saber que por decreto el presidente iba a eximir a su hermano de la prohibición de entrar a dicho blanqueo. Decían que si no blanqueaban no aparecían. El proyecto era que Bienes Personales fuera cero. Además, se trataba de un blanqueo sin repatriación de capitales. Entonces, la secuencia era la siguiente: blanqueo, pago de una pequeña multa y "deje su plata afuera". Pasa a ser legal lo que hasta hace poco era ilegal. Pasa a perdonarse la evasión impositiva multimillonaria. A los que le preocupa dónde está el PBI les puedo decir que se encuentra en los paraísos fiscales. Estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Tienen la fortuna más grande de la Argentina en los paraísos fiscales. La parte que fue blanqueada -100.000 millones- no paga impuesto.
Ahora existe esta excusa de que, si no damos este estímulo, no lo van a blanquear. Pagar un impuesto no tiene nada que ver con un estímulo. Se trata de una obligación que no se puede hacer a costa de perdonarles el impuesto. Encima, hay que agregarle el pago del royalty a una trasnacional.
Claramente este es un tema complejo y que contiene intereses económicos multimillonarios. Creo que lo que la diputada preopinante denominó "solución salomónica" ha sido más bien el resultado de varias presiones, algunas de las cuales resultaron triunfantes y otras no, y hay puntos que continúan siendo muy poco claros. En particular voy a hablar de uno porque atañe al discurso que el oficialismo ha tenido durante todo este tiempo, vinculado a la cuestión del déficit cero.
Estamos ante una situación que tiene que ver con que Monsanto en particular -Bayer hoy-, está comenzando a cobrar una regalía que entiendo que la ley argentina considera que está prohibida; es decir, está violando una ley argentina. Está violando cuestiones conceptuales con respecto al uso de la semilla, y la cuestión de la captación de la renta siempre la han disimulado como una especie de estímulo al avance tecnológico.
La situación relacionada con el uso de las patentes producidas en los países centrales no es nueva ni le pertenece solo a las semillas. Lo que ocurre es que en el caso de nuestro país, que tiene una producción agropecuaria tan cuantiosa, este tema hace a su ecuación económica.
Ante esta situación, creo que de cara a la sociedad, hay que clarificar los montos de los que estamos hablando. Es decir, quién produce, quién se apropia, quien paga y quién no paga impuestos.
En ese sentido, sería de una enorme irresponsabilidad -hemos tenido varias pero esta sería una más y muy grave- presentar este proyecto en el cual se establece un artículo -el 10, agregado producto de estas presiones- que señala que el Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto. Si no entiendo mal, se va a poder deducir del Impuesto a las Ganancias un monto -espero que el presidente de la comisión desmienta el dato que voy a dar- que oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que comenzará a cobrar Monsanto y que luego los grandes productores podrán deducirlo del Impuesto a las Ganancias porque los pequeños no van a pagarlo.
Concretamente, el Estado argentino, que aparentemente estaba enfrascado en una política de déficit cero y de austeridad, ha decidido dejar de cobrar un impuesto para dárselo a una transnacional extranjera. Es una modalidad muy regular de parte de este gobierno. Cada vez que el gobierno habla de austeridad, en realidad significa que el Estado argentino va a transferir plata a enormes empresas transnacionales que no necesitan esa ayuda o estímulo.
¿Cuánto vale el artículo 10? Seguramente me darán la misma explicación que se suscitó con el tema del blanqueo, antes de saber que por decreto el presidente iba a eximir a su hermano de la prohibición de entrar a dicho blanqueo. Decían que si no blanqueaban no aparecían. El proyecto era que Bienes Personales fuera cero. Además, se trataba de un blanqueo sin repatriación de capitales. Entonces, la secuencia era la siguiente: blanqueo, pago de una pequeña multa y "deje su plata afuera". Pasa a ser legal lo que hasta hace poco era ilegal. Pasa a perdonarse la evasión impositiva multimillonaria. A los que le preocupa dónde está el PBI les puedo decir que se encuentra en los paraísos fiscales. Estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Tienen la fortuna más grande de la Argentina en los paraísos fiscales. La parte que fue blanqueada -100.000 millones- no paga impuesto.
Ahora existe esta excusa de que, si no damos este estímulo, no lo van a blanquear. Pagar un impuesto no tiene nada que ver con un estímulo. Se trata de una obligación que no se puede hacer a costa de perdonarles el impuesto. Encima, hay que agregarle el pago del royalty a una trasnacional.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tenía otro objetivo.
SR. KICILLOF Me está interrumpiendo, señor presidente. Para colmo, me está chicaneando.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señor diputado: luego le voy a aclarar el sentido del artículo al que usted hace mención.
SR. KICILLOF El monto oscila entre los 600 y 900 millones de dólares que serán eximidos del impuesto. No sé si son 20.000 o 35.000 millones de pesos dependiendo del tipo de cambio. Quisiera saber cuál es ese número y qué beneficios nos trae. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Fregonese.
SRA. FREGONESE Señor presidente: queremos discutir es el presente y no el pasado. Cuando hablamos de discutir el presente lo que deseamos es defender al creador del germoplasma nacional. Queremos defender al INTA, a la industria nacional que desarrolla investigaciones.
También queremos defender a los productores que no tienen acceso a la tecnología, que están atrasados y que por eso se funden.
Los que vivimos en el interior somos conscientes de las producciones pequeñas y de las necesidades que tienen los pequeños productores de contar con tecnología para poder lograr mejores rendimientos. Conocemos la necesidad de contar con la tecnología.
Nosotros queremos defender la producción nacional de tecnología y la investigación. Por eso también estamos en contra y queremos terminar con el Bolsatech y por eso, justamente, necesitamos esta ley.
El 80 por ciento de lo que hoy se siembra es de uso gratuito. Queremos terminar con el Bolsatech.
También tenemos que reconocer el precio por el uso propio como estímulo a la generación y producción de nuevas variedades vegetales, por ende, las inversiones y la competitividad.
Si no logramos que los pequeños productores sean competitivos, no van a sobrevivir. Y los que vivimos en el campo vemos el desfile de la gente que se funde. Pero no queremos verlo más. Queremos que esos productores tengan el mismo acceso que tienen los otros.
No es lo mismo un maíz para engorde, un maíz de grano o una avena que pueda macollar y que sea más alimento para los animales. Para eso, lo que tiene que tener todo productor es acceso a la tecnología. Por eso nos preocupa el presente. No miramos el pasado.
Por otro lado, lo que queremos decir es que queremos esta ley para terminar con los regímenes particulares de cobro de producto. Pero al mismo tiempo queremos que el INTA crezca.
Veamos lo que pasa en el INTA con el arroz, que cobra regalías en Brasil, pero acá no. ¿Cuánta más investigación, cuánta más tecnología tendríamos si pudiésemos valorar lo que tenemos acá?
Vamos con esta ley por la tecnología para el algodón. Nosotros no pensamos solamente en la soja, pensamos en el maní, en el poroto, en la arveja, en las economías regionales.
No pensemos mirando el pasado. La ley va a garantizar realmente que no haya una victoria del más fuerte sobre más pequeño. Tenemos que trabajar sobre eso.
En el maní tenemos casi 1.000 millones de dólares de exportaciones. Necesitamos variedades que tengan tolerancia a enfermedades que ponen en peligro el cultivo. De eso estamos hablando. Y eso son más recursos para los pequeños productores. ¿O no queremos todos que los pequeños productores sean sustentables, puedan vivir y generar arraigo o decidan dónde estar?
Por estas razones, no queremos discutir sobre el pasado. Lástima que se fue el diputado Solá. Nosotros queremos discutir el presente, y para ello necesitamos una ley de semillas que nos garantice que vamos a poder tener acceso a la tecnología, sobre todo los más pequeños. (Aplausos.)
También queremos defender a los productores que no tienen acceso a la tecnología, que están atrasados y que por eso se funden.
Los que vivimos en el interior somos conscientes de las producciones pequeñas y de las necesidades que tienen los pequeños productores de contar con tecnología para poder lograr mejores rendimientos. Conocemos la necesidad de contar con la tecnología.
Nosotros queremos defender la producción nacional de tecnología y la investigación. Por eso también estamos en contra y queremos terminar con el Bolsatech y por eso, justamente, necesitamos esta ley.
El 80 por ciento de lo que hoy se siembra es de uso gratuito. Queremos terminar con el Bolsatech.
También tenemos que reconocer el precio por el uso propio como estímulo a la generación y producción de nuevas variedades vegetales, por ende, las inversiones y la competitividad.
Si no logramos que los pequeños productores sean competitivos, no van a sobrevivir. Y los que vivimos en el campo vemos el desfile de la gente que se funde. Pero no queremos verlo más. Queremos que esos productores tengan el mismo acceso que tienen los otros.
No es lo mismo un maíz para engorde, un maíz de grano o una avena que pueda macollar y que sea más alimento para los animales. Para eso, lo que tiene que tener todo productor es acceso a la tecnología. Por eso nos preocupa el presente. No miramos el pasado.
Por otro lado, lo que queremos decir es que queremos esta ley para terminar con los regímenes particulares de cobro de producto. Pero al mismo tiempo queremos que el INTA crezca.
Veamos lo que pasa en el INTA con el arroz, que cobra regalías en Brasil, pero acá no. ¿Cuánta más investigación, cuánta más tecnología tendríamos si pudiésemos valorar lo que tenemos acá?
Vamos con esta ley por la tecnología para el algodón. Nosotros no pensamos solamente en la soja, pensamos en el maní, en el poroto, en la arveja, en las economías regionales.
No pensemos mirando el pasado. La ley va a garantizar realmente que no haya una victoria del más fuerte sobre más pequeño. Tenemos que trabajar sobre eso.
En el maní tenemos casi 1.000 millones de dólares de exportaciones. Necesitamos variedades que tengan tolerancia a enfermedades que ponen en peligro el cultivo. De eso estamos hablando. Y eso son más recursos para los pequeños productores. ¿O no queremos todos que los pequeños productores sean sustentables, puedan vivir y generar arraigo o decidan dónde estar?
Por estas razones, no queremos discutir sobre el pasado. Lástima que se fue el diputado Solá. Nosotros queremos discutir el presente, y para ello necesitamos una ley de semillas que nos garantice que vamos a poder tener acceso a la tecnología, sobre todo los más pequeños. (Aplausos.)
SR. TORELLO Señor presidente: quisiera comentarle al diputado Kicillof que el tema del artículo 10 se puso a pedido de los semilleros fiscalizadores, que son todos argentinos y no tienen nada que ver con lo extranjero.
En segundo lugar, el beneficio significa un costo al Estado de 7 dólares y tiene un ingreso de 8 dólares con más de un año de anticipación. Porque cuando se paga sobre la fiscalización, se paga el IVA y se paga enseguida. En cambio, el descuento se hace sobre el año siguiente.
Pero inclusive, si tampoco están conforme con eso, estamos dispuestos a retirarlo, aunque sinceramente, vamos a afectar a los semilleros fiscalizadores que son todos argentinos.
En segundo lugar, el beneficio significa un costo al Estado de 7 dólares y tiene un ingreso de 8 dólares con más de un año de anticipación. Porque cuando se paga sobre la fiscalización, se paga el IVA y se paga enseguida. En cambio, el descuento se hace sobre el año siguiente.
Pero inclusive, si tampoco están conforme con eso, estamos dispuestos a retirarlo, aunque sinceramente, vamos a afectar a los semilleros fiscalizadores que son todos argentinos.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Señor presidente: me sumo a los interrogantes de algunos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
La verdad es que no deja de resultar llamativa, en principio, la urgencia y algunos de los argumentos respecto de la urgencia que se escuchan desde el oficialismo en relación con el tratamiento este proyecto de ley.
Cuando uno observa la realidad argentina cuesta encontrar allí una consonancia con esa urgencia que aquí se proclama. Digo esto porque si habláramos de urgencia, lejos de estar discutiendo este proyecto de ley, o por lo menos en paralelo con el tratamiento de este proyecto de ley -porque una cosa no tiene por qué excluir la otra- deberíamos estar discutiendo otros temas verdaderamente urgentes que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Solo por mencionar los más relevantes: la ola de despidos que vemos cotidianamente como noticia, las fábricas que quiebran, los productores que también quiebran y a quienes les está yendo muy mal en estos últimos años en la Argentina, la pulverización del ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras y con ello el derrumbe del consumo, de la actividad, del empleo, etcétera.
Usted me podría decir que muchos de estos temas no son competencia de la comisión que usted preside, pero la verdad es que a la postre estos verdaderos problemas urgentes que presenta nuestra economía terminan estando en la base de las dificultades reales por las que también atraviesan nuestros productores, que se ven afectados por las políticas de este gobierno y por los impactos que estas tienen.
Estos problemas que son verdaderamente urgentes no se resuelven tratando una ley de semillas. No digo que no tenga que ser tratada, pero por lo menos nos hace dudar respecto de la urgencia en su consideración.
Uno se pregunta seguidamente que si este es un proyecto de ley que no resuelve los problemas urgentes de la Argentina, que no resuelve los problemas de los trabajadores, que no resuelve los problemas de la economía, que tampoco resuelve los problemas de nuestros productores, entonces, ¿de quiénes son los intereses que se están cristalizando en este proyecto de ley? Es por supuesto una pregunta retórica, porque la verdad es que más que ley de semillas, tristemente da la impresión de que esta ley podría bien llamarse Ley Monsanto. Es una ley hecha a la medida de los intereses de un monopolio multinacional, y es muy difícil pensar que una ley que tiene nombre y apellido pueda traer algo bueno para nuestra Nación.
Es muy preocupante porque en este borrador del que se pretende obtener dictamen, uno podría encontrar algunos señalamientos que me parece que no se pueden dejar pasar. Me refiero, por ejemplo, a la integración que se hace del órgano fiscalizador, donde el sector privado se queda prácticamente con el control de la materia. Es decir, estamos tratando un proyecto donde ponemos a disposición de intereses privados, particulares, monopólicos, los recursos del Estado, que se sustenta con el esfuerzo de absolutamente todos los argentinos y las argentinas.
Quiero resaltar enfáticamente sobre todo un aspecto que me parece sumamente grave de este proyecto que tiene que ver con su artículo 10, que mencionó también el diputado preopinante. El artículo 10 dice: "Incorpórese el inciso k) al artículo 87 'Deducciones Especiales de la Tercera Categoría', de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el siguiente texto: k) Una vez y media (1,5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada;..."
Tenemos que traducir lo que significa este artículo, porque la verdad es que es un escándalo. No solamente estamos discutiendo un proyecto de ley a la medida de los intereses de un monopolio transnacional, sino que además estamos diciendo en este artículo 10 que es el Estado argentino quien terminará pagando. Son, por lo tanto, todos los argentinos y las argentinas, también aquellos que no tienen trabajo -un tema del que no se debate en este Congreso-, también aquellos que han visto pulverizado sus ingresos -un tema del que no se debate en este Congreso-, y también los que están jubilados, cuyos haberes han sido pulverizados y aún más con las últimas reformas que ha introducido este gobierno -algo que tampoco se debate en este Congreso-, quienes terminarán pagando. Cuando nada de todo eso se debate, todos esos damnificados de la política de este gobierno tienen que terminar pagándole a Monsanto lo que estamos tratando en este proyecto.
La verdad es que no puede encontrarse el más mínimo criterio de justicia que justifique una medida de esta naturaleza. Además, quiero volver a hacer referencia a este 150 por ciento -una vez y media- de deducción sobre ganancias; es decir que los argentinos vamos a estar subsidiando a una multinacional monopólica.
Termino con una pregunta porque mañana se va a tratar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto que obtuvo media sanción en esta Cámara hace pocas semanas. Se trata de un proyecto de este mismo gobierno que pretende subsidiar a Monsanto con el esfuerzo de todos los argentinos, un presupuesto de ajuste donde no se salva nadie, que recortan por todos lados, donde no hay absolutamente ningún beneficio para ningún argentino y son todos sufrimientos que se suman a los que ya vienen padeciendo en estos últimos tres años, un presupuesto que este gobierno ha presentado como presupuesto de déficit cero.
Entonces, yo me pregunto, lo que se va a subsidiar -esta vez y media- por la deducción de ganancias, es decir, 660 o 900 millones, porque no sabemos cuánto es, ¿cómo encaja en el déficit cero que ustedes han promovido y que seguramente mañana pueda llegar a ser ley en la Cámara Alta? ¿A quién más y cuánto más van a ajustar para conseguir el famoso equilibrio primario y subsidiar a Monsanto lo que se está proponiendo en este proyecto? Me gustaría que me faciliten los números.
La verdad es que no deja de resultar llamativa, en principio, la urgencia y algunos de los argumentos respecto de la urgencia que se escuchan desde el oficialismo en relación con el tratamiento este proyecto de ley.
Cuando uno observa la realidad argentina cuesta encontrar allí una consonancia con esa urgencia que aquí se proclama. Digo esto porque si habláramos de urgencia, lejos de estar discutiendo este proyecto de ley, o por lo menos en paralelo con el tratamiento de este proyecto de ley -porque una cosa no tiene por qué excluir la otra- deberíamos estar discutiendo otros temas verdaderamente urgentes que afectan a nuestro país y a nuestro pueblo. Solo por mencionar los más relevantes: la ola de despidos que vemos cotidianamente como noticia, las fábricas que quiebran, los productores que también quiebran y a quienes les está yendo muy mal en estos últimos años en la Argentina, la pulverización del ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras y con ello el derrumbe del consumo, de la actividad, del empleo, etcétera.
Usted me podría decir que muchos de estos temas no son competencia de la comisión que usted preside, pero la verdad es que a la postre estos verdaderos problemas urgentes que presenta nuestra economía terminan estando en la base de las dificultades reales por las que también atraviesan nuestros productores, que se ven afectados por las políticas de este gobierno y por los impactos que estas tienen.
Estos problemas que son verdaderamente urgentes no se resuelven tratando una ley de semillas. No digo que no tenga que ser tratada, pero por lo menos nos hace dudar respecto de la urgencia en su consideración.
Uno se pregunta seguidamente que si este es un proyecto de ley que no resuelve los problemas urgentes de la Argentina, que no resuelve los problemas de los trabajadores, que no resuelve los problemas de la economía, que tampoco resuelve los problemas de nuestros productores, entonces, ¿de quiénes son los intereses que se están cristalizando en este proyecto de ley? Es por supuesto una pregunta retórica, porque la verdad es que más que ley de semillas, tristemente da la impresión de que esta ley podría bien llamarse Ley Monsanto. Es una ley hecha a la medida de los intereses de un monopolio multinacional, y es muy difícil pensar que una ley que tiene nombre y apellido pueda traer algo bueno para nuestra Nación.
Es muy preocupante porque en este borrador del que se pretende obtener dictamen, uno podría encontrar algunos señalamientos que me parece que no se pueden dejar pasar. Me refiero, por ejemplo, a la integración que se hace del órgano fiscalizador, donde el sector privado se queda prácticamente con el control de la materia. Es decir, estamos tratando un proyecto donde ponemos a disposición de intereses privados, particulares, monopólicos, los recursos del Estado, que se sustenta con el esfuerzo de absolutamente todos los argentinos y las argentinas.
Quiero resaltar enfáticamente sobre todo un aspecto que me parece sumamente grave de este proyecto que tiene que ver con su artículo 10, que mencionó también el diputado preopinante. El artículo 10 dice: "Incorpórese el inciso k) al artículo 87 'Deducciones Especiales de la Tercera Categoría', de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el siguiente texto: k) Una vez y media (1,5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada;..."
Tenemos que traducir lo que significa este artículo, porque la verdad es que es un escándalo. No solamente estamos discutiendo un proyecto de ley a la medida de los intereses de un monopolio transnacional, sino que además estamos diciendo en este artículo 10 que es el Estado argentino quien terminará pagando. Son, por lo tanto, todos los argentinos y las argentinas, también aquellos que no tienen trabajo -un tema del que no se debate en este Congreso-, también aquellos que han visto pulverizado sus ingresos -un tema del que no se debate en este Congreso-, y también los que están jubilados, cuyos haberes han sido pulverizados y aún más con las últimas reformas que ha introducido este gobierno -algo que tampoco se debate en este Congreso-, quienes terminarán pagando. Cuando nada de todo eso se debate, todos esos damnificados de la política de este gobierno tienen que terminar pagándole a Monsanto lo que estamos tratando en este proyecto.
La verdad es que no puede encontrarse el más mínimo criterio de justicia que justifique una medida de esta naturaleza. Además, quiero volver a hacer referencia a este 150 por ciento -una vez y media- de deducción sobre ganancias; es decir que los argentinos vamos a estar subsidiando a una multinacional monopólica.
Termino con una pregunta porque mañana se va a tratar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, el proyecto de presupuesto que obtuvo media sanción en esta Cámara hace pocas semanas. Se trata de un proyecto de este mismo gobierno que pretende subsidiar a Monsanto con el esfuerzo de todos los argentinos, un presupuesto de ajuste donde no se salva nadie, que recortan por todos lados, donde no hay absolutamente ningún beneficio para ningún argentino y son todos sufrimientos que se suman a los que ya vienen padeciendo en estos últimos tres años, un presupuesto que este gobierno ha presentado como presupuesto de déficit cero.
Entonces, yo me pregunto, lo que se va a subsidiar -esta vez y media- por la deducción de ganancias, es decir, 660 o 900 millones, porque no sabemos cuánto es, ¿cómo encaja en el déficit cero que ustedes han promovido y que seguramente mañana pueda llegar a ser ley en la Cámara Alta? ¿A quién más y cuánto más van a ajustar para conseguir el famoso equilibrio primario y subsidiar a Monsanto lo que se está proponiendo en este proyecto? Me gustaría que me faciliten los números.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Rauschemberger.
SR. RAUSCHEMBERGER Señor presidente: en primer lugar quiero hacer un reconocimiento, como ya lo expresaron los diputados preopinantes, a su trabajo y a la forma en que llevó adelante hasta el día de hoy el tratamiento del tema.
Veníamos con el ánimo de debatir, pero entre estas idas y vueltas de los proyectos, vemos que el último que recibimos -anoche a las 10-, no es el que está en discusión, sino que es uno del 25 de octubre. Por eso es que por el tiempo del que disponemos, el análisis se dificulta.
Queremos plantear algunas observaciones respecto por ejemplo a algo que compartimos, como es el tema de exceptuar a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a los pueblos originarios, pero entendemos que el límite que se plantea como excepción de una micropyme, el valor de facturación de una micropyme, es exiguo y en este caso debiera ser tres veces el importe de esa facturación. El presidente mencionó que eran 4 millones 800 mil pesos, pero creo que el límite actual es de 3 millones 800 mil. Entonces estamos pidiendo tres veces ese valor, o sea, que serían 11 millones 400 mil pesos.
También vemos con preocupación -y lo manifestó el señor diputado Bahillo- que estaba incluida la modificación del artículo 27 como de orden público, pero vemos que no figuran en el dictamen que han distribuido en el día de hoy. Creo que ese un punto importante.
También quisiéramos hacer algunos aportes por las dudas que pueda generar el tema de la semilla cuando se ha agotado la patente. En el artículo 11 se plantea que lo que se modifica en los artículos 3º y 5º se aplicará también a las variedades con título de propiedad intelectual con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma siempre que a dicha fecha no se hubieran agotado. Para despejar dudas en el artículo 11, quisiéramos que se contemple la siguiente redacción: "Las variedades de los eventos transgénicos y material biológico cuyo plazo de vigencia de la patente esté vencido, deben estar disponibles para su comercialización para semilleros, multiplicadores y productores". Aquí no se toma en cuenta el valor de la patente que, al estar vencida, debe ser gratuita.
Esto asegura que el circuito disponga de variedades y de eventos que puedan tener características agronómicas específicas y que estén disponibles para todos los participantes de esta ley. Es gratuito porque dependerá de un banco genético y biotecnológico muy importante que, al estar la patente vencida, las empresas la van a archivar. Esto es fundamental para la liberación de muchos semilleros porque se achica el oligopolio y se fomenta una mejor competencia para los semilleros más chicos. Entonces, podrán surgir semilleros que, a partir del conocimiento de la amplia gama de variedades y eventos con patentes vencidas, puedan iniciar algún cruzamiento específico.
Por otro lado, el artículo 4° se incorpora como artículo 25 bis de la ley actual. Su texto se refiere a la existencia de variedad protegida o sin protección utilizada con fines de experimentación. Concretamente, aquí queremos agregar es que la inscripción de un evento biotecnológico para su comercialización deberá tener como contrapartida un desarrollo biotecnológico en otro cultivo en fase de experimentación. Por ejemplo, si se inscribe un evento en soja deberán destinarse recursos económicos para desarrollar un evento como el centeno, que no está tan desarrollado. Sería fundamental para mercados no tan amplios y para cultivos con menores superficies. Me refiero a la horticultura y la floricultura, que generalmente tienen mercados pequeños y muchas dificultades para inversiones en investigación y desarrollo.
En estas últimas décadas hay cultivos que dramáticamente están disminuyendo su participación en el mercado. Un ejemplo concreto es el del sorgo, que tiene características agronómicas favorables para gran parte de la provincia de La Pampa y el resto del país.
El otro punto tiene que ver con un agregado al artículo 9° sobre el tema de la germinación. El porcentaje de germinación deberá incrementarse en un 5 por ciento para garantizar el poder germinativo, porque si vamos a asegurar a los semilleros el derecho de propiedad intelectual, tenemos que asegurarles a los productores que tengan una germinación adecuada. Muchas veces la germinación funciona en los laboratorios que cuentan con condiciones de humedad adecuadas. Pero en el campo, cuando hace frío y se presentan situaciones de estrés, no se da la misma germinación. Entonces, si el productor efectúa algún reclamo, desde el semillero les dicen que no está contemplado en la ley.
Estos son los aportes que queremos hacer al proyecto en tratamiento. Hemos avanzado mucho en este tema pero todavía tenemos muchas dudas. Creemos que aún tiene que haber más debate. Por ello, solicito -al igual que lo hicieran otros señores diputados- que el tema vuelva a ser analizado por los asesores para seguir profundizándolo.
Veníamos con el ánimo de debatir, pero entre estas idas y vueltas de los proyectos, vemos que el último que recibimos -anoche a las 10-, no es el que está en discusión, sino que es uno del 25 de octubre. Por eso es que por el tiempo del que disponemos, el análisis se dificulta.
Queremos plantear algunas observaciones respecto por ejemplo a algo que compartimos, como es el tema de exceptuar a los pequeños agricultores, a la agricultura familiar, a los pueblos originarios, pero entendemos que el límite que se plantea como excepción de una micropyme, el valor de facturación de una micropyme, es exiguo y en este caso debiera ser tres veces el importe de esa facturación. El presidente mencionó que eran 4 millones 800 mil pesos, pero creo que el límite actual es de 3 millones 800 mil. Entonces estamos pidiendo tres veces ese valor, o sea, que serían 11 millones 400 mil pesos.
También vemos con preocupación -y lo manifestó el señor diputado Bahillo- que estaba incluida la modificación del artículo 27 como de orden público, pero vemos que no figuran en el dictamen que han distribuido en el día de hoy. Creo que ese un punto importante.
También quisiéramos hacer algunos aportes por las dudas que pueda generar el tema de la semilla cuando se ha agotado la patente. En el artículo 11 se plantea que lo que se modifica en los artículos 3º y 5º se aplicará también a las variedades con título de propiedad intelectual con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma siempre que a dicha fecha no se hubieran agotado. Para despejar dudas en el artículo 11, quisiéramos que se contemple la siguiente redacción: "Las variedades de los eventos transgénicos y material biológico cuyo plazo de vigencia de la patente esté vencido, deben estar disponibles para su comercialización para semilleros, multiplicadores y productores". Aquí no se toma en cuenta el valor de la patente que, al estar vencida, debe ser gratuita.
Esto asegura que el circuito disponga de variedades y de eventos que puedan tener características agronómicas específicas y que estén disponibles para todos los participantes de esta ley. Es gratuito porque dependerá de un banco genético y biotecnológico muy importante que, al estar la patente vencida, las empresas la van a archivar. Esto es fundamental para la liberación de muchos semilleros porque se achica el oligopolio y se fomenta una mejor competencia para los semilleros más chicos. Entonces, podrán surgir semilleros que, a partir del conocimiento de la amplia gama de variedades y eventos con patentes vencidas, puedan iniciar algún cruzamiento específico.
Por otro lado, el artículo 4° se incorpora como artículo 25 bis de la ley actual. Su texto se refiere a la existencia de variedad protegida o sin protección utilizada con fines de experimentación. Concretamente, aquí queremos agregar es que la inscripción de un evento biotecnológico para su comercialización deberá tener como contrapartida un desarrollo biotecnológico en otro cultivo en fase de experimentación. Por ejemplo, si se inscribe un evento en soja deberán destinarse recursos económicos para desarrollar un evento como el centeno, que no está tan desarrollado. Sería fundamental para mercados no tan amplios y para cultivos con menores superficies. Me refiero a la horticultura y la floricultura, que generalmente tienen mercados pequeños y muchas dificultades para inversiones en investigación y desarrollo.
En estas últimas décadas hay cultivos que dramáticamente están disminuyendo su participación en el mercado. Un ejemplo concreto es el del sorgo, que tiene características agronómicas favorables para gran parte de la provincia de La Pampa y el resto del país.
El otro punto tiene que ver con un agregado al artículo 9° sobre el tema de la germinación. El porcentaje de germinación deberá incrementarse en un 5 por ciento para garantizar el poder germinativo, porque si vamos a asegurar a los semilleros el derecho de propiedad intelectual, tenemos que asegurarles a los productores que tengan una germinación adecuada. Muchas veces la germinación funciona en los laboratorios que cuentan con condiciones de humedad adecuadas. Pero en el campo, cuando hace frío y se presentan situaciones de estrés, no se da la misma germinación. Entonces, si el productor efectúa algún reclamo, desde el semillero les dicen que no está contemplado en la ley.
Estos son los aportes que queremos hacer al proyecto en tratamiento. Hemos avanzado mucho en este tema pero todavía tenemos muchas dudas. Creemos que aún tiene que haber más debate. Por ello, solicito -al igual que lo hicieran otros señores diputados- que el tema vuelva a ser analizado por los asesores para seguir profundizándolo.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Suárez Lastra.
SR. SUÁREZ LASTRA Señor presidente: como miembro de la comisión me quiero sumar a los reconocimientos hacia el trabajo que usted y la comisión en su conjunto han desarrollado en pos del tratamiento de este tema. Esto no se reduce al análisis de los distintos proyectos de ley. Debemos tener en cuenta que estamos considerando como base a esta propuesta de dictamen una serie de iniciativas formuladas por diputados de distintos bloques, que han planteado la necesidad de legislar en materia de semillas.
Quiero destacar también el proceso de participación a fin de escuchar a los distintos sectores que componen la cadena productiva, vinculados con el mundo académico y productivo, quienes nos han brindado sus opiniones. En general todos ellos han sostenido e impulsado la necesidad de la adecuación de la ley de semillas vigente en la Argentina a las nuevas necesidades productivas del sector más dinámico de nuestra estructura productiva, o sea, el agrícola.
No voy a contestar las preguntas retóricas que se hacían algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Por supuesto, las preguntas retóricas no están para ser cuestionadas, pero sí dejan instalados algunos temas que me generan comentarios que quiero efectuar.
Por un lado, se planteó la idea de la presión. Cabe aclarar que acá no hay ninguna presión de ninguna naturaleza. Hubo apertura, diálogo y tiempo con todos los sectores interesados.
También se planteó la idea de la urgencia y de cuál es la urgencia.
En ese punto debo manifestar que tengo una profunda diferencia con los que sostuvieron que acá no hay ninguna urgencia.
Me parece que es urgente que la Cámara de Diputados asuma su rol político para poder saldar una situación de empate e inmovilidad entre los actores de la cadena, que impide un acuerdo para tener una legislación moderna de semillas.
No atender las necesidades del sector más dinámico de la estructura productiva Argentina, es urgente. Cuando preguntan qué tiene que ver esto con el déficit cero o qué sería contrario a eso, respondo que es todo lo contrario. Esto es una fuerte apuesta a dinamizar la capacidad productiva de la estructura del campo argentino, que es la que tiene mayor capacidad de resolver el problema más importante estructural y la limitación más grave que tiene la economía argentina, que es su incapacidad de generar divisas para el financiamiento de toda su estructura.
En términos fiscales, la capacidad de crecimiento de la producción del campo tiene un impacto directo como ninguna otra actividad.
Entonces, tenemos urgencia por dar la señal de estímulo a quienes producen en nuestro país para generar riqueza, trabajo, empleo e innovación. Porque si algo caracteriza a la economía moderna es su aceleración y su innovación. Entonces, dejar a los actores de la punta tecnológica del mundo afuera de la relación con los sectores productivos argentinos, nos deja afuera de ese espacio virtuoso de la relación. Algo que los sectores académicos, los sectores de la investigación y las estructuras estatales como el INTA, la Universidad de Córdoba y de Tucumán, vinieron a este recinto a explicarnos la necesidad que tenían de generar una norma legal que les permitiera recuperar los ingresos que están haciendo en inversión.
Por eso, señor presidente, creo que no podemos seguir durmiendo. Este Congreso no puede apostar al empate que es no innovar frente a la incapacidad que han tenido los actores de generar un acuerdo profundo. No lo lograron. Se juntaron, trabajaron 19 o 15 años -como acá se ha dicho- y no lo lograron.
Pero además se ha dicho algo que a mí no solamente no me consta si no que estoy en condiciones de rebatir absolutamente. Me refiero a la idea de que no es necesario, como si nosotros fuéramos los campeones mundiales de la producción agrícola.
Eso no es cierto. Estamos muy por debajo de los niveles de eficiencia y productividad con respecto a otras potencias agrícolas del mundo. Producimos menos kilos por hectárea. Estamos casi seis veces abajo de la capacidad de sintetizar el algodón en fibras que sean aptas para la industria textil. Algo que sí hacen otros países que compiten con nuestra producción porque no contamos con la tecnología adecuada.
Entonces, me parece imprescindible el esfuerzo por lograr una señal de esta Cámara, en el sentido de que está atenta a las necesidades del sector más dinámico de nuestra estructura productiva.
Por otro lado, quiero decir algo que tiene que ver con la lógica del debate en este Congreso, que me parece muy bueno y muy saludable. Me refiero a que muchas de las observaciones que se están haciendo se van a tomar en cuenta.
Por ejemplo, la desgravación del impuesto que se tomó como un estímulo, que puede ser considerada y revisada ya que hay algún argumento sensato que estamos considerando.
También lo que plantearon algunos diputados referido a de ninguna manera hacer que el órgano de control tenga una predominancia del sector privado sobre el sector público, nos parece absolutamente razonable y tendrá que ser incorporado a la lógica de este dictamen.
Este es un dictamen que procura avanzar, dar una señal de que el Congreso está comprometido con el cambio de nuestra estructura productiva en el sector agrícola. También estamos muy dispuestos a receptar las recomendaciones y las modificaciones que los distintos diputados nos hagan.
Por último, quiero recordar que también escuchamos a los ministros de Agricultura de varias provincias no gobernadas por Cambiemos. Esos ministros de Agricultura de esas provincias, nos expresaron la necesidad de avanzar en la sanción de una ley en este sentido. (Aplausos)
Quiero destacar también el proceso de participación a fin de escuchar a los distintos sectores que componen la cadena productiva, vinculados con el mundo académico y productivo, quienes nos han brindado sus opiniones. En general todos ellos han sostenido e impulsado la necesidad de la adecuación de la ley de semillas vigente en la Argentina a las nuevas necesidades productivas del sector más dinámico de nuestra estructura productiva, o sea, el agrícola.
No voy a contestar las preguntas retóricas que se hacían algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra. Por supuesto, las preguntas retóricas no están para ser cuestionadas, pero sí dejan instalados algunos temas que me generan comentarios que quiero efectuar.
Por un lado, se planteó la idea de la presión. Cabe aclarar que acá no hay ninguna presión de ninguna naturaleza. Hubo apertura, diálogo y tiempo con todos los sectores interesados.
También se planteó la idea de la urgencia y de cuál es la urgencia.
En ese punto debo manifestar que tengo una profunda diferencia con los que sostuvieron que acá no hay ninguna urgencia.
Me parece que es urgente que la Cámara de Diputados asuma su rol político para poder saldar una situación de empate e inmovilidad entre los actores de la cadena, que impide un acuerdo para tener una legislación moderna de semillas.
No atender las necesidades del sector más dinámico de la estructura productiva Argentina, es urgente. Cuando preguntan qué tiene que ver esto con el déficit cero o qué sería contrario a eso, respondo que es todo lo contrario. Esto es una fuerte apuesta a dinamizar la capacidad productiva de la estructura del campo argentino, que es la que tiene mayor capacidad de resolver el problema más importante estructural y la limitación más grave que tiene la economía argentina, que es su incapacidad de generar divisas para el financiamiento de toda su estructura.
En términos fiscales, la capacidad de crecimiento de la producción del campo tiene un impacto directo como ninguna otra actividad.
Entonces, tenemos urgencia por dar la señal de estímulo a quienes producen en nuestro país para generar riqueza, trabajo, empleo e innovación. Porque si algo caracteriza a la economía moderna es su aceleración y su innovación. Entonces, dejar a los actores de la punta tecnológica del mundo afuera de la relación con los sectores productivos argentinos, nos deja afuera de ese espacio virtuoso de la relación. Algo que los sectores académicos, los sectores de la investigación y las estructuras estatales como el INTA, la Universidad de Córdoba y de Tucumán, vinieron a este recinto a explicarnos la necesidad que tenían de generar una norma legal que les permitiera recuperar los ingresos que están haciendo en inversión.
Por eso, señor presidente, creo que no podemos seguir durmiendo. Este Congreso no puede apostar al empate que es no innovar frente a la incapacidad que han tenido los actores de generar un acuerdo profundo. No lo lograron. Se juntaron, trabajaron 19 o 15 años -como acá se ha dicho- y no lo lograron.
Pero además se ha dicho algo que a mí no solamente no me consta si no que estoy en condiciones de rebatir absolutamente. Me refiero a la idea de que no es necesario, como si nosotros fuéramos los campeones mundiales de la producción agrícola.
Eso no es cierto. Estamos muy por debajo de los niveles de eficiencia y productividad con respecto a otras potencias agrícolas del mundo. Producimos menos kilos por hectárea. Estamos casi seis veces abajo de la capacidad de sintetizar el algodón en fibras que sean aptas para la industria textil. Algo que sí hacen otros países que compiten con nuestra producción porque no contamos con la tecnología adecuada.
Entonces, me parece imprescindible el esfuerzo por lograr una señal de esta Cámara, en el sentido de que está atenta a las necesidades del sector más dinámico de nuestra estructura productiva.
Por otro lado, quiero decir algo que tiene que ver con la lógica del debate en este Congreso, que me parece muy bueno y muy saludable. Me refiero a que muchas de las observaciones que se están haciendo se van a tomar en cuenta.
Por ejemplo, la desgravación del impuesto que se tomó como un estímulo, que puede ser considerada y revisada ya que hay algún argumento sensato que estamos considerando.
También lo que plantearon algunos diputados referido a de ninguna manera hacer que el órgano de control tenga una predominancia del sector privado sobre el sector público, nos parece absolutamente razonable y tendrá que ser incorporado a la lógica de este dictamen.
Este es un dictamen que procura avanzar, dar una señal de que el Congreso está comprometido con el cambio de nuestra estructura productiva en el sector agrícola. También estamos muy dispuestos a receptar las recomendaciones y las modificaciones que los distintos diputados nos hagan.
Por último, quiero recordar que también escuchamos a los ministros de Agricultura de varias provincias no gobernadas por Cambiemos. Esos ministros de Agricultura de esas provincias, nos expresaron la necesidad de avanzar en la sanción de una ley en este sentido. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Torello.
SR. TORELLO Señor presidente: hace cuarenta y cinco años que tenemos la misma ley. La realidad es que la Argentina está necesitando una nueva norma para hacer que los productores liberen sus potencialidades.
Acá hubo muchos consensos que se lograron desde el año pasado en toda la cadena de la semilla: industria, productores, técnicas, semilleros; y esos consensos se trajeron hasta acá. También se trajeron disensos. El Frente Renovador y el PJ Federal nos pidieron que por favor nos pusiéramos de acuerdo y nos manifestaron que iban a aceptar lo que sacáramos de esos disensos.
Indudablemente, una vez que los disensos quedan acá hay presiones, como dijo el diputado Solá y varios señores diputados, pero la realidad es que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que hay presiones hacia un lado o hacia el otro.
Nos pidieron que asumamos nuestra responsabilidad como diputados y sancionemos esta ley que tanto necesita la Argentina desde hace cuarenta y cinco años. Desde el año 2003 las cadenas se han puesto a trabajar en esto. Pasaron quince años y todavía no tenemos una ley. Yo escuché al diputado Basterra hablar de voluntad; también escuché al diputado Bahillo hablar de voluntad y escuché sobre mucha voluntad. Entonces, veo que tenemos mucha voluntad, pero no tenemos la ley; con voluntad no vamos a ir a ningún lado.
La verdad es que me parece que deberíamos estar asumiendo nuestra responsabilidad y llevar adelante este proceso.
Hoy estamos firmando un dictamen. Contamos con una semana de tiempo y hago un pedido para que podamos juntarnos durante esta semana para que puedan acompañar ese dictamen y que podamos llevar este proyecto al recinto con el acuerdo de todos los actores. Porque este proyecto no es de alguien en particular, es un proyecto de la Argentina, es una ley que necesitamos, y no digo desesperadamente pero sí que la necesitamos. Lo dijo el diputado preopinante: estamos a años luz de los demás países; hemos perdido una oportunidad histórica en esto de que si la ley sí, si la ley no. Venimos discutiendo hace muchísimo tiempo.
La realidad es que, por ejemplo en cuanto al algodón, Brasil produce el doble de fibra que nosotros y estamos con variedades de hace catorce años. Parece un chiste que no queramos avanzar en esto para defender a un sector como es el productivo. En la Argentina se acuerdan de los productores cuando hay sequía porque explota el país; y la realidad es que esto de que me gusta esta ley o que me gusta aquella no ayuda, creo que este es un proyecto que se ha debatido bastante y se ha consensuado mucho; todos lo han dicho. No avanzar en esto, no llevarlo al recinto y no votarlo favorablemente me parece que habla muy mal de nosotros. Aclaro que me hago cargo de la parte que me corresponde por no haber podido convencer a la oposición de que nos acompañen en esto.
En cuanto a las compañías locales -y hoy volvieron a hablar del artículo 10°-, si nosotros no modificamos la ley que tenemos le estamos haciendo el juego a las multinacionales -y han hablado contra ellas. Porque los que están cobrando esto son justamente las multinacionales. Nuestras empresas -que hay y muchas- prácticamente lo hacen porque es un arte, son como Klein o Buck, y estamos hablando de la parte de trigo y soja. Pero la realidad es que si nosotros no contamos con una nueva ley para despegar en cuanto a las economías regionales, por ejemplo en maní, poroto o algodón, estamos en graves problemas.
Don Mario, por ejemplo, es una empresa nacional que empezó con productores, se fue a poner los marcadores moleculares a Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de semillas, ellos habrían estado acá generando trabajo. Con el solo hecho -y yo estoy en el ambiente- de decir que vamos a sancionar una ley de semillas ya hay un montón de empresas extranjeras que están mirando hacia acá.
Entonces, todavía sigo sin entender cuál es la discusión política que dan de algo que es absolutamente necesario. Nosotros con esto no solamente perjudicamos a la producción nacional sino que perjudicamos a los pobres, a los productores de menos recursos que son los que más necesitan esta norma.
Por primera vez en muchísimos años después de haber liberado al campo del derecho de exportación, y de ROES, hoy tenemos más superficie de otros cultivos que de soja, que acá tanto se ha denostado y que tantos hablaron hoy de los cultivos.
Por último, en este aspecto, quiero leer una nota del INTA. Les pedí que hicieran un resumen de qué es lo que necesita el INTA y lo que significa la ley de semillas. Dice así: El INTA hoy es el primer obtentor de variedades en la Argentina, tiene registradas 1.300. El segundo jugador, el que lo sigue, tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis más grandes, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos de las economías regionales que sostienen la investigación en los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética. Esto es algo absolutamente importante por lo cual necesitamos esta ley. Y no tiene que ver con la soja y con lo que han focalizado hoy en empresas multinacionales.
Como paradoja de lo que significa para nosotros el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas 1.000 variedades solo seis o siete están en Brasil, en el resto de Sudamérica y América, y generan el 90 por ciento de los ingresos. Eso significa una enorme asimetría, y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, de todo lo que hoy se captura en valor a través del mejoramiento estamos no beneficiando al INTA, estamos no beneficiando a nuestras empresas nacionales y sí a las transnacionales.
Por último, en cuanto al maní, el 95 por ciento de su producción se sostiene en una sola variedad, que es un peligro y un negocio para el país de más de 1.000 millones de dólares. Eso es una economía regional, y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. Sin esta ley no lo vamos a lograr.
Por eso pido a la oposición que debatamos durante esta semana que nos queda para ver si nos pueden acompañar y llevar este proyecto al recinto el miércoles que viene. (Aplausos.)
Acá hubo muchos consensos que se lograron desde el año pasado en toda la cadena de la semilla: industria, productores, técnicas, semilleros; y esos consensos se trajeron hasta acá. También se trajeron disensos. El Frente Renovador y el PJ Federal nos pidieron que por favor nos pusiéramos de acuerdo y nos manifestaron que iban a aceptar lo que sacáramos de esos disensos.
Indudablemente, una vez que los disensos quedan acá hay presiones, como dijo el diputado Solá y varios señores diputados, pero la realidad es que la responsabilidad es nuestra. No podemos decir que hay presiones hacia un lado o hacia el otro.
Nos pidieron que asumamos nuestra responsabilidad como diputados y sancionemos esta ley que tanto necesita la Argentina desde hace cuarenta y cinco años. Desde el año 2003 las cadenas se han puesto a trabajar en esto. Pasaron quince años y todavía no tenemos una ley. Yo escuché al diputado Basterra hablar de voluntad; también escuché al diputado Bahillo hablar de voluntad y escuché sobre mucha voluntad. Entonces, veo que tenemos mucha voluntad, pero no tenemos la ley; con voluntad no vamos a ir a ningún lado.
La verdad es que me parece que deberíamos estar asumiendo nuestra responsabilidad y llevar adelante este proceso.
Hoy estamos firmando un dictamen. Contamos con una semana de tiempo y hago un pedido para que podamos juntarnos durante esta semana para que puedan acompañar ese dictamen y que podamos llevar este proyecto al recinto con el acuerdo de todos los actores. Porque este proyecto no es de alguien en particular, es un proyecto de la Argentina, es una ley que necesitamos, y no digo desesperadamente pero sí que la necesitamos. Lo dijo el diputado preopinante: estamos a años luz de los demás países; hemos perdido una oportunidad histórica en esto de que si la ley sí, si la ley no. Venimos discutiendo hace muchísimo tiempo.
La realidad es que, por ejemplo en cuanto al algodón, Brasil produce el doble de fibra que nosotros y estamos con variedades de hace catorce años. Parece un chiste que no queramos avanzar en esto para defender a un sector como es el productivo. En la Argentina se acuerdan de los productores cuando hay sequía porque explota el país; y la realidad es que esto de que me gusta esta ley o que me gusta aquella no ayuda, creo que este es un proyecto que se ha debatido bastante y se ha consensuado mucho; todos lo han dicho. No avanzar en esto, no llevarlo al recinto y no votarlo favorablemente me parece que habla muy mal de nosotros. Aclaro que me hago cargo de la parte que me corresponde por no haber podido convencer a la oposición de que nos acompañen en esto.
En cuanto a las compañías locales -y hoy volvieron a hablar del artículo 10°-, si nosotros no modificamos la ley que tenemos le estamos haciendo el juego a las multinacionales -y han hablado contra ellas. Porque los que están cobrando esto son justamente las multinacionales. Nuestras empresas -que hay y muchas- prácticamente lo hacen porque es un arte, son como Klein o Buck, y estamos hablando de la parte de trigo y soja. Pero la realidad es que si nosotros no contamos con una nueva ley para despegar en cuanto a las economías regionales, por ejemplo en maní, poroto o algodón, estamos en graves problemas.
Don Mario, por ejemplo, es una empresa nacional que empezó con productores, se fue a poner los marcadores moleculares a Brasil. Si nosotros hubiéramos tenido una ley de semillas, ellos habrían estado acá generando trabajo. Con el solo hecho -y yo estoy en el ambiente- de decir que vamos a sancionar una ley de semillas ya hay un montón de empresas extranjeras que están mirando hacia acá.
Entonces, todavía sigo sin entender cuál es la discusión política que dan de algo que es absolutamente necesario. Nosotros con esto no solamente perjudicamos a la producción nacional sino que perjudicamos a los pobres, a los productores de menos recursos que son los que más necesitan esta norma.
Por primera vez en muchísimos años después de haber liberado al campo del derecho de exportación, y de ROES, hoy tenemos más superficie de otros cultivos que de soja, que acá tanto se ha denostado y que tantos hablaron hoy de los cultivos.
Por último, en este aspecto, quiero leer una nota del INTA. Les pedí que hicieran un resumen de qué es lo que necesita el INTA y lo que significa la ley de semillas. Dice así: El INTA hoy es el primer obtentor de variedades en la Argentina, tiene registradas 1.300. El segundo jugador, el que lo sigue, tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis más grandes, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos de las economías regionales que sostienen la investigación en los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética. Esto es algo absolutamente importante por lo cual necesitamos esta ley. Y no tiene que ver con la soja y con lo que han focalizado hoy en empresas multinacionales.
Como paradoja de lo que significa para nosotros el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas 1.000 variedades solo seis o siete están en Brasil, en el resto de Sudamérica y América, y generan el 90 por ciento de los ingresos. Eso significa una enorme asimetría, y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, de todo lo que hoy se captura en valor a través del mejoramiento estamos no beneficiando al INTA, estamos no beneficiando a nuestras empresas nacionales y sí a las transnacionales.
Por último, en cuanto al maní, el 95 por ciento de su producción se sostiene en una sola variedad, que es un peligro y un negocio para el país de más de 1.000 millones de dólares. Eso es una economía regional, y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. Sin esta ley no lo vamos a lograr.
Por eso pido a la oposición que debatamos durante esta semana que nos queda para ver si nos pueden acompañar y llevar este proyecto al recinto el miércoles que viene. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Pretto.
SR. PRETTO Señor presidente: por supuesto me sumo a los reconocimientos expresados aquí por parte de todos los diputados por su labor, por el trabajo de toda la comisión y por haber propiciado el debate de muchísimos actores que tienen que ver con esta iniciativa para modificar una ley ya existente, como bien se dijo acá, pero que hace mucho tiempo que necesita que se incorpore o que se reconozca el derecho a la propiedad intelectual, el derecho del conocimiento. Y justamente es el conocimiento lo que necesitamos para que muchos productores puedan salir de su situación de quebranto incorporando tecnología que les permita tener mayor productividad en menor superficie. Entonces veo que la iniciativa ha apuntado justamente a los déficits que tenía esta vieja ley.
En ese sentido, ha establecido claramente que el control y la fiscalización deben estar en manos de un instituto como el INASE que tenga esas dos funciones tan relevantes que hacen al poder de policía del Estado, pero con la particularidad de incorporar también allí a miembros de los distintos sectores que forman parte de toda la cadena. Esto puede ser -y alguien lo ha manifestado- algo extraño o innovador. A mí me parece que hay que mirar al futuro y lo que tiene de distinto es que incorpora a sectores de la actividad privada, pero en una función de fiscalización y control designado por el Estado, lo cual lo equipara a la gestión de un funcionario público. Por lo tanto, me parece que ahí están zanjadas esas dudas en cuanto al poder de policía ejercido de esa manera. Además, lo está haciendo a través de una ley como la que estamos debatiendo.
Por otra parte, aquí se ha hablado de reconocer los derechos en un solo acto, lo cual nos ayudaría a despejar dudas hacia el futuro. También se planteó aquí la necesidad de analizar qué es lo que pasa luego de los cinco años. Celebro -al igual que lo hizo usted y el señor diputado Torello- que acá no exista un númerus clausus o un espíritu pétreo de no revisar ningún concepto; todo lo contrario. El esfuerzo de consenso manifestado por el señor diputado Torello habla a las claras de que acá no existe ninguna intención de favorecer a nadie. Simplemente, la idea es favorecer al espíritu emprendedor del productor agropecuario, que es lo que nos distingue en el mundo.
Además, se ha contemplado el uso propio, como bien se ha dicho acá. Pero específicamente, señor presidente, ante la pregunta de un diputado, usted hizo una aclaración acerca de la incorporación de los pequeños productores en el rango de micro-pyme. Allí se contempla a los incorporados en esos tres monotributos.
Se ha hablado del establecimiento del orden público. Se planteó la incorporación de algún artículo más. Estoy seguro de que ese punto se va a analizar pues existe voluntad de incorporar aquellas iniciativas que mantengan el espíritu del proyecto.
Finalmente, quiero reforzar el concepto que describí hace unos instantes. El señor diputado Solá se refería a que no era necesaria una ley porque eso no nos impidió crecer. Pero al mismo tiempo, el señor diputado Solá sostiene que hemos crecido con un monocultivo. Sin embargo, él no se pregunta por qué eso ha sido así. Justamente, crece porque no hay un reconocimiento a la investigación, al desarrollo y a la generación de nuevas especies. Tampoco existe una valorización de lo que representa la creatividad y la propiedad intelectual puesta en el desarrollo de una actividad tan importante como la nuestra.
Por lo tanto, el espíritu de la ley favorece a los pequeños y medianos productores. Hay un acceso a mayor tecnología. Tengo entendido que hay laboratorios que cuentan con especies desarrolladas resistentes a la sequía y que no están siendo comercializadas porque no se les reconoce el valor. Estoy seguro de que eso podría ayudar mucho más a los pequeños productores quienes, adquiriendo esa tecnología, pueden tener mayor productividad en menor superficie sembrada respecto de la que ya tienen. Entonces, desaparecería esa famosa disputa entre el pequeño productor y los pooles de siembra. Al menos tendrían acceso a la posibilidad de mayor productividad de acuerdo a la escala de negocios y a cómo se plantee la producción.
Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de soja y de maíz. Como bien se ha dicho acá, también nos referimos a trigo, arroz, algodón. Fíjense lo que ocurre con el maní. Como bien lo señaló creo que el diputado Torello, se trata de una economía regional, típicamente cordobesa, diría yo, Porque el 98 por ciento de la producción se origina en la provincia de Córdoba. Además, es una sola especie.
Los productores maniceros querrán que se desarrollen nuevas especies para procurar mayor productividad teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado en el cultivo del maní. Se decía que se ahogaban los campos y que se degradaban los suelos. Hoy se está avanzando seriamente mediante la ley de conservación de suelos pero teniendo en cuenta la concientización de los productores en función de cuidar el suelo y poder tener una mejor labranza a fin de obtener un mayor rendimiento del maní. Pero siempre estamos hablando de una única especie.
Entonces, imagínense lo que se puede llegar a producir en una economía regional que brinda mano de obra pero, especialmente, a mujeres. La industrialización del maní se hace con el 95 por ciento de mujeres en las plantas industriales. Se las llaman picoteras. Están encargadas de la selección del maní. Por ello, fíjense lo que se puede llegar a producir en un solo cultivo -en este caso el maní- pudiendo enfrentar las adversidades climáticas o de cualquier otro tipo.
En una de las tantas reuniones a las que usted nos convocó, señor presidente, hemos escuchado reclamar una ley de semillas al sector frutero de las hortalizas y de las legumbres. Nadie se hubiera imaginado que alguien que produjera legumbres reclamara una ley de semillas. Sin embargo, ellos están ávidos por tener una ley que les permita justamente proteger la inversión, la investigación y el desarrollo también en esos sectores, que son muy importantes para diversificar la producción y sobre todo para fortalecer a las economías regionales.
Finalmente, la semana pasada estuve en una reunión de (Cartés) en la provincia de Córdoba, que nos acercó un documento que yo le hice llegar a usted, señor presidente, donde hacen una serie de recomendaciones para incorporar en este proyecto, que por suerte veo que están casi todas, por no decir todas. Pero la particularidad es que ese documento que formuló (Cartés) tenía la firma de la Federación agraria Argentina.
Como se sabe, siempre Federación Agraria está defendiendo al pequeño productor, y sobre todo está en contra de las multinacionales. De manera que no podríamos creer que este proyecto tuviera justamente otra intención que no sea propiciar la producción con mayor tecnología si no nos acompañara (Cartés) en un documento tan importante como el emitió la semana pasada.
Por esta razón, creo que la ley ideal no existe. Esta norma tiene que incorporar conceptos que son absolutamente necesarios para favorecer y reconocer la investigación y el desarrollo, como bien se dijo también acá, de empresas y de laboratorios nacionales, pero también de organismos públicos nacionales que investigan, como el INTA, que tiene 1300 especies. Es una vergüenza nacional que tenga que registrar en Brasil para que pueda obtener algunos recursos para sus actividades y no lo pueda hacer en su propio país donde tiene una actividad magnífica, con profesionales de primerísimo nivel.
Por lo tanto, esas son las urgencias: proteger la investigación, el conocimiento y el desarrollo, especialmente de los técnicos argentinos.
Por estas razones acompaño dictamen y espero que haya un debate muy fructífero con las incorporaciones a las que usted se ha comprometido junto con los demás diputados, para que tengamos no la ley ideal pero sí una mucho mejor de la que hemos tenido, y que los productores con menor superficie puedan pelear mejor la situación, salir del quebranto y poder apostar a ese espíritu emprendedor, productivo y que apuesta al desafío. (Aplausos.)
En ese sentido, ha establecido claramente que el control y la fiscalización deben estar en manos de un instituto como el INASE que tenga esas dos funciones tan relevantes que hacen al poder de policía del Estado, pero con la particularidad de incorporar también allí a miembros de los distintos sectores que forman parte de toda la cadena. Esto puede ser -y alguien lo ha manifestado- algo extraño o innovador. A mí me parece que hay que mirar al futuro y lo que tiene de distinto es que incorpora a sectores de la actividad privada, pero en una función de fiscalización y control designado por el Estado, lo cual lo equipara a la gestión de un funcionario público. Por lo tanto, me parece que ahí están zanjadas esas dudas en cuanto al poder de policía ejercido de esa manera. Además, lo está haciendo a través de una ley como la que estamos debatiendo.
Por otra parte, aquí se ha hablado de reconocer los derechos en un solo acto, lo cual nos ayudaría a despejar dudas hacia el futuro. También se planteó aquí la necesidad de analizar qué es lo que pasa luego de los cinco años. Celebro -al igual que lo hizo usted y el señor diputado Torello- que acá no exista un númerus clausus o un espíritu pétreo de no revisar ningún concepto; todo lo contrario. El esfuerzo de consenso manifestado por el señor diputado Torello habla a las claras de que acá no existe ninguna intención de favorecer a nadie. Simplemente, la idea es favorecer al espíritu emprendedor del productor agropecuario, que es lo que nos distingue en el mundo.
Además, se ha contemplado el uso propio, como bien se ha dicho acá. Pero específicamente, señor presidente, ante la pregunta de un diputado, usted hizo una aclaración acerca de la incorporación de los pequeños productores en el rango de micro-pyme. Allí se contempla a los incorporados en esos tres monotributos.
Se ha hablado del establecimiento del orden público. Se planteó la incorporación de algún artículo más. Estoy seguro de que ese punto se va a analizar pues existe voluntad de incorporar aquellas iniciativas que mantengan el espíritu del proyecto.
Finalmente, quiero reforzar el concepto que describí hace unos instantes. El señor diputado Solá se refería a que no era necesaria una ley porque eso no nos impidió crecer. Pero al mismo tiempo, el señor diputado Solá sostiene que hemos crecido con un monocultivo. Sin embargo, él no se pregunta por qué eso ha sido así. Justamente, crece porque no hay un reconocimiento a la investigación, al desarrollo y a la generación de nuevas especies. Tampoco existe una valorización de lo que representa la creatividad y la propiedad intelectual puesta en el desarrollo de una actividad tan importante como la nuestra.
Por lo tanto, el espíritu de la ley favorece a los pequeños y medianos productores. Hay un acceso a mayor tecnología. Tengo entendido que hay laboratorios que cuentan con especies desarrolladas resistentes a la sequía y que no están siendo comercializadas porque no se les reconoce el valor. Estoy seguro de que eso podría ayudar mucho más a los pequeños productores quienes, adquiriendo esa tecnología, pueden tener mayor productividad en menor superficie sembrada respecto de la que ya tienen. Entonces, desaparecería esa famosa disputa entre el pequeño productor y los pooles de siembra. Al menos tendrían acceso a la posibilidad de mayor productividad de acuerdo a la escala de negocios y a cómo se plantee la producción.
Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de soja y de maíz. Como bien se ha dicho acá, también nos referimos a trigo, arroz, algodón. Fíjense lo que ocurre con el maní. Como bien lo señaló creo que el diputado Torello, se trata de una economía regional, típicamente cordobesa, diría yo, Porque el 98 por ciento de la producción se origina en la provincia de Córdoba. Además, es una sola especie.
Los productores maniceros querrán que se desarrollen nuevas especies para procurar mayor productividad teniendo en cuenta todo lo que se ha avanzado en el cultivo del maní. Se decía que se ahogaban los campos y que se degradaban los suelos. Hoy se está avanzando seriamente mediante la ley de conservación de suelos pero teniendo en cuenta la concientización de los productores en función de cuidar el suelo y poder tener una mejor labranza a fin de obtener un mayor rendimiento del maní. Pero siempre estamos hablando de una única especie.
Entonces, imagínense lo que se puede llegar a producir en una economía regional que brinda mano de obra pero, especialmente, a mujeres. La industrialización del maní se hace con el 95 por ciento de mujeres en las plantas industriales. Se las llaman picoteras. Están encargadas de la selección del maní. Por ello, fíjense lo que se puede llegar a producir en un solo cultivo -en este caso el maní- pudiendo enfrentar las adversidades climáticas o de cualquier otro tipo.
En una de las tantas reuniones a las que usted nos convocó, señor presidente, hemos escuchado reclamar una ley de semillas al sector frutero de las hortalizas y de las legumbres. Nadie se hubiera imaginado que alguien que produjera legumbres reclamara una ley de semillas. Sin embargo, ellos están ávidos por tener una ley que les permita justamente proteger la inversión, la investigación y el desarrollo también en esos sectores, que son muy importantes para diversificar la producción y sobre todo para fortalecer a las economías regionales.
Finalmente, la semana pasada estuve en una reunión de (Cartés) en la provincia de Córdoba, que nos acercó un documento que yo le hice llegar a usted, señor presidente, donde hacen una serie de recomendaciones para incorporar en este proyecto, que por suerte veo que están casi todas, por no decir todas. Pero la particularidad es que ese documento que formuló (Cartés) tenía la firma de la Federación agraria Argentina.
Como se sabe, siempre Federación Agraria está defendiendo al pequeño productor, y sobre todo está en contra de las multinacionales. De manera que no podríamos creer que este proyecto tuviera justamente otra intención que no sea propiciar la producción con mayor tecnología si no nos acompañara (Cartés) en un documento tan importante como el emitió la semana pasada.
Por esta razón, creo que la ley ideal no existe. Esta norma tiene que incorporar conceptos que son absolutamente necesarios para favorecer y reconocer la investigación y el desarrollo, como bien se dijo también acá, de empresas y de laboratorios nacionales, pero también de organismos públicos nacionales que investigan, como el INTA, que tiene 1300 especies. Es una vergüenza nacional que tenga que registrar en Brasil para que pueda obtener algunos recursos para sus actividades y no lo pueda hacer en su propio país donde tiene una actividad magnífica, con profesionales de primerísimo nivel.
Por lo tanto, esas son las urgencias: proteger la investigación, el conocimiento y el desarrollo, especialmente de los técnicos argentinos.
Por estas razones acompaño dictamen y espero que haya un debate muy fructífero con las incorporaciones a las que usted se ha comprometido junto con los demás diputados, para que tengamos no la ley ideal pero sí una mucho mejor de la que hemos tenido, y que los productores con menor superficie puedan pelear mejor la situación, salir del quebranto y poder apostar a ese espíritu emprendedor, productivo y que apuesta al desafío. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el diputado Basterra.
SR. BASTERRA Señor presidente: me toca la odiosa tarea de tener que rebatir algunos argumentos. Intentaré ser muy escueto. En primer lugar, voy a leer nada más que el título del comunicado que emitió la Federación Agraria en el día de hoy. Dice así: "Ley de semillas. Para Federación agraria no están dadas las condiciones para el dictamen." Esto lo dice la Comisión de semillas de la Federación Agraria Argentina en conjunto con las entidades cooperativas del complejo federado. Dice: "Visualizamos que si bien hay un avance positivo respecto de otros proyectos que años anteriores se han puesto en debate, aún falta espacio para el consenso."
Lo que quiero decir es que podemos argumentar, y mucho, de un lado y del otro. Con respecto al algodón tengo el orgullo de decir que el INTA no hace 15 o 18 años que no incorpora variedades. Ha incorporado variedades hace aproximadamente cinco o seis meses y ha puesto en el mercado a dichas variedades. Son desarrollos nacionales hechos por científicos, que incluso han impulsado genes de Monsanto y que hoy tienen un convenio con Gensus, que es una empresa en la que participan exfuncionarios de Monsanto y otros capitales, que han firmado el convenio de vinculación tecnológica y que mediante este convenio el INTA va a cobrar por el desarrollo tecnológico que ha hecho en algodón.
También me consta que lo hizo en arroz, y esto que tanto se habla de la variedad Puitá, que es la tan mentada, más otras variedades nuevas que se están haciendo, tuvieron origen en el INTA y cobran las regalías allá, bajo el concepto que se aplica en Brasil, pero acá no regalan las semillas. Acá la semilla se vende también.
Entonces el INTA se ajusta a la modalidad de uno y de otro lado, pero no es que no están ingresando las variedades al mercado. Está clarísimo que el que está invirtiendo en mejoramiento en este momento es un segmento de la actividad privada. Me ha tocado recorrer un par de semilleros y destaco particularmente a Don Mario en lo que significa la tecnología de vanguardia que utiliza desde trazadores moleculares hasta identificación de características con modelos matemáticos que son un orgullo.
Siento que nos están poniendo en una situación por la que debemos acompañar este dictamen. Entre paréntesis, pienso que algunos viejitos como yo recordarán el método ILVEM. Lamentablemente me lo perdí y no sé cómo se hace la lectura rápida del método ILVEM. Pero resulta que todos terminamos siendo grandes expertos con un dictamen que, repito, arrancó el 25 de octubre, tuvo una modificación el 28, ayer recibimos en la Comisión de Legislación General otra versión y volvimos a la del 25. Encima tengo mala memoria y la del 25 ya me la había olvidado. Y nos piden que resolvamos un problema tan trascendente, tan importante, en una reunión de comisión como esta.
La verdad es que reconozco el trabajo del presidente que todavía no ha cumplido un año en la conducción de la comisión y logra este avance, pero resulta que es ya o nunca. Tenemos la posibilidad de dar un debate con consistencia y nos dicen que si no hacemos el esfuerzo somos antipromociones de tecnología, y que si no lo logramos la semana que viene se cae el mundo. Está bien que estamos en el segundo semestre, pero es del tercer año de gobierno; no creo que eso sea suficiente como para resolver los problemas de la Argentina.
Entonces, con el mejor de los criterios nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea de estudio del proyecto, pero institucionalmente entendemos que no se han cumplido ciertas condiciones, quizás por una cuestión de tiempo, porque como decía un amigo: "Nos ganó el yuyo. Se olvidó de carpir". Quizás nos ganó el yuyo, pero podemos seguir, estamos en el medio de nuestros mandatos, no es que en diciembre se renueva la mitad de la Cámara.
Es un trabajo en el cual quizás tengamos que volver a consultar. No quiero dar nombres, pero a todos los que estamos en el tema nos han llegado cantidad de mensajes de WhatsApp de organizaciones de todos los colores, de representantes e incluso de organizaciones que a nivel nacional están en contra, donde hay espacios como el de Córdoba que acompaña este proyecto y otras que están a favor pero están en contra de este proyecto. Y me consta que alguna cooperativa de Coninagro ha hecho un planteo de por qué no a esta ley, cuando Coninagro es una parte de los que han participado en la conformación del primer consenso. Digo esto para poner nombre y apellido y no tratar esto con la superficialidad de que en realidad si no queremos sancionar este proyecto es porque estamos en contra de los semilleros y que si queremos aprobarlo es porque estamos a favor del desarrollo del país.
Explícitamente dijimos que es importante que revisemos nuestra ley; explícitamente dijimos que hay muchos puntos que son muy complejos y que la ligera modificación que hizo el presidente en la propuesta significó que salte un lado y la ligera modificación que se hizo para el otro lado, saltó el otro lado. Entonces nos van a pedir que nosotros a nuestro libre albedrío definamos cuando en realidad tenemos que interpretar y tratar que todos los intereses estén representados para que sea una sana relación.
Actualmente no es una sana relación. Hoy hay uno solo que cobra; y lo dijimos y lo denunciamos nosotros mucho antes que cualquier otro. Me alegra que hoy ustedes levanten esta bandera. La verdad es que me pone contento porque estamos conceptualmente de acuerdo en un punto que ha sido medular. Y como este hay varios otros. Personalmente he tenido diálogo con quienes son firmantes de este dictamen y nos parece que se avanzó y bien. Ahora, ¿estamos en un todo de acuerdo? No. ¿Estamos seguros en todos los puntos? Tampoco. ¿Está todo el conjunto en actitud sobre algo concreto? Convengamos que cuando se hicieron las presentaciones cada uno expuso los principios generales que los alumbraron para tomar una posición.
Ahora, muchachos, cuando está en el papel y cuando está la letra, la letra tiene efectos e impactos que debemos considerar. No está claro cómo se resuelve el problema de la ley de variedades con respecto a la ley de patentes, por caso. Entonces, me podrán decir que está en tal punto, y que si lo leemos de tal forma se interpreta, pero la verdad es que la gente que nos acompaña desde la visión experta y técnica nos dice que hay muchas cosas que no están claramente definidas.
Entonces, seguiremos esta semana, pero no solo hasta el 21, sino que seguiremos adelante con el estudio, como lo venimos haciendo.
Incluso, además de la propuesta que firmaron integrantes de nuestro bloque, tenemos algunos otros desarrollos teóricos que podrían suponer otro modelo, que no lo vamos a presentar porque entendemos que estamos avanzando sobre pautas que pueden hacer que se concrete algo. En realidad, lo vamos a seguir trabajando porque si esto se frustra por hache o por be también podemos darnos la libertad de analizar algunas otras propuestas con otros criterios.
Por lo tanto, me gustaría que en honor a los consensos y a la búsqueda de compartir opiniones y de tratar de sacar la mejor norma posible, cuando podamos, les pediría que no tomen esas posiciones -voy a repetir el término que me encantó cuando me lo dijeron- "maniqueas", porque no las comparto; muchas caras de sorpresa. Acá, si uno es blanco el otro no es negro, y si no hago lo que dicen no soy un desleal o si hago una cosa en un sentido no significa que sea lo contrario. No, acá hay muchos grises y el estudio de este proyecto amerita que le dediquemos ese tiempo.
Por eso no hemos acompañado el dictamen y creemos que la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión de Agricultura y Ganadería nos merecemos un debate profundo y con el tiempo que sea necesario para que se apruebe lo antes posible la mejor ley. (Aplausos.)
Lo que quiero decir es que podemos argumentar, y mucho, de un lado y del otro. Con respecto al algodón tengo el orgullo de decir que el INTA no hace 15 o 18 años que no incorpora variedades. Ha incorporado variedades hace aproximadamente cinco o seis meses y ha puesto en el mercado a dichas variedades. Son desarrollos nacionales hechos por científicos, que incluso han impulsado genes de Monsanto y que hoy tienen un convenio con Gensus, que es una empresa en la que participan exfuncionarios de Monsanto y otros capitales, que han firmado el convenio de vinculación tecnológica y que mediante este convenio el INTA va a cobrar por el desarrollo tecnológico que ha hecho en algodón.
También me consta que lo hizo en arroz, y esto que tanto se habla de la variedad Puitá, que es la tan mentada, más otras variedades nuevas que se están haciendo, tuvieron origen en el INTA y cobran las regalías allá, bajo el concepto que se aplica en Brasil, pero acá no regalan las semillas. Acá la semilla se vende también.
Entonces el INTA se ajusta a la modalidad de uno y de otro lado, pero no es que no están ingresando las variedades al mercado. Está clarísimo que el que está invirtiendo en mejoramiento en este momento es un segmento de la actividad privada. Me ha tocado recorrer un par de semilleros y destaco particularmente a Don Mario en lo que significa la tecnología de vanguardia que utiliza desde trazadores moleculares hasta identificación de características con modelos matemáticos que son un orgullo.
Siento que nos están poniendo en una situación por la que debemos acompañar este dictamen. Entre paréntesis, pienso que algunos viejitos como yo recordarán el método ILVEM. Lamentablemente me lo perdí y no sé cómo se hace la lectura rápida del método ILVEM. Pero resulta que todos terminamos siendo grandes expertos con un dictamen que, repito, arrancó el 25 de octubre, tuvo una modificación el 28, ayer recibimos en la Comisión de Legislación General otra versión y volvimos a la del 25. Encima tengo mala memoria y la del 25 ya me la había olvidado. Y nos piden que resolvamos un problema tan trascendente, tan importante, en una reunión de comisión como esta.
La verdad es que reconozco el trabajo del presidente que todavía no ha cumplido un año en la conducción de la comisión y logra este avance, pero resulta que es ya o nunca. Tenemos la posibilidad de dar un debate con consistencia y nos dicen que si no hacemos el esfuerzo somos antipromociones de tecnología, y que si no lo logramos la semana que viene se cae el mundo. Está bien que estamos en el segundo semestre, pero es del tercer año de gobierno; no creo que eso sea suficiente como para resolver los problemas de la Argentina.
Entonces, con el mejor de los criterios nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea de estudio del proyecto, pero institucionalmente entendemos que no se han cumplido ciertas condiciones, quizás por una cuestión de tiempo, porque como decía un amigo: "Nos ganó el yuyo. Se olvidó de carpir". Quizás nos ganó el yuyo, pero podemos seguir, estamos en el medio de nuestros mandatos, no es que en diciembre se renueva la mitad de la Cámara.
Es un trabajo en el cual quizás tengamos que volver a consultar. No quiero dar nombres, pero a todos los que estamos en el tema nos han llegado cantidad de mensajes de WhatsApp de organizaciones de todos los colores, de representantes e incluso de organizaciones que a nivel nacional están en contra, donde hay espacios como el de Córdoba que acompaña este proyecto y otras que están a favor pero están en contra de este proyecto. Y me consta que alguna cooperativa de Coninagro ha hecho un planteo de por qué no a esta ley, cuando Coninagro es una parte de los que han participado en la conformación del primer consenso. Digo esto para poner nombre y apellido y no tratar esto con la superficialidad de que en realidad si no queremos sancionar este proyecto es porque estamos en contra de los semilleros y que si queremos aprobarlo es porque estamos a favor del desarrollo del país.
Explícitamente dijimos que es importante que revisemos nuestra ley; explícitamente dijimos que hay muchos puntos que son muy complejos y que la ligera modificación que hizo el presidente en la propuesta significó que salte un lado y la ligera modificación que se hizo para el otro lado, saltó el otro lado. Entonces nos van a pedir que nosotros a nuestro libre albedrío definamos cuando en realidad tenemos que interpretar y tratar que todos los intereses estén representados para que sea una sana relación.
Actualmente no es una sana relación. Hoy hay uno solo que cobra; y lo dijimos y lo denunciamos nosotros mucho antes que cualquier otro. Me alegra que hoy ustedes levanten esta bandera. La verdad es que me pone contento porque estamos conceptualmente de acuerdo en un punto que ha sido medular. Y como este hay varios otros. Personalmente he tenido diálogo con quienes son firmantes de este dictamen y nos parece que se avanzó y bien. Ahora, ¿estamos en un todo de acuerdo? No. ¿Estamos seguros en todos los puntos? Tampoco. ¿Está todo el conjunto en actitud sobre algo concreto? Convengamos que cuando se hicieron las presentaciones cada uno expuso los principios generales que los alumbraron para tomar una posición.
Ahora, muchachos, cuando está en el papel y cuando está la letra, la letra tiene efectos e impactos que debemos considerar. No está claro cómo se resuelve el problema de la ley de variedades con respecto a la ley de patentes, por caso. Entonces, me podrán decir que está en tal punto, y que si lo leemos de tal forma se interpreta, pero la verdad es que la gente que nos acompaña desde la visión experta y técnica nos dice que hay muchas cosas que no están claramente definidas.
Entonces, seguiremos esta semana, pero no solo hasta el 21, sino que seguiremos adelante con el estudio, como lo venimos haciendo.
Incluso, además de la propuesta que firmaron integrantes de nuestro bloque, tenemos algunos otros desarrollos teóricos que podrían suponer otro modelo, que no lo vamos a presentar porque entendemos que estamos avanzando sobre pautas que pueden hacer que se concrete algo. En realidad, lo vamos a seguir trabajando porque si esto se frustra por hache o por be también podemos darnos la libertad de analizar algunas otras propuestas con otros criterios.
Por lo tanto, me gustaría que en honor a los consensos y a la búsqueda de compartir opiniones y de tratar de sacar la mejor norma posible, cuando podamos, les pediría que no tomen esas posiciones -voy a repetir el término que me encantó cuando me lo dijeron- "maniqueas", porque no las comparto; muchas caras de sorpresa. Acá, si uno es blanco el otro no es negro, y si no hago lo que dicen no soy un desleal o si hago una cosa en un sentido no significa que sea lo contrario. No, acá hay muchos grises y el estudio de este proyecto amerita que le dediquemos ese tiempo.
Por eso no hemos acompañado el dictamen y creemos que la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión de Agricultura y Ganadería nos merecemos un debate profundo y con el tiempo que sea necesario para que se apruebe lo antes posible la mejor ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor diputado Campos.
SR. CAMPOS Señor presidente: antes que nada quiero agradecerle. Realmente me parece que ha sido un ejercicio, una dinámica y una gimnasia muy buena de la Comisión. Creo que todo el tratamiento fue muy abierto porque se escucharon muchas voces. Yo por lo menos aprendí mucho de un montón de producciones que no conocía, desde la arveja, al poroto, al garbanzo, etcétera, temáticas particulares que uno realmente no conocía, porque generalmente la soja, el maíz, el trigo, etcétera, acaparan toda la visión. Y cuando uno ve la diversidad que tiene la Argentina y el efecto que se puede causar por ayudar a encauzar la actividad, dándoles atributos científicos y desarrollos tecnológicos a los lugares más recónditos del país, me parece que es espectacular.
Hay un tema que quiero mencionar porque formo parte de esta comisión. He escuchado reiteradamente hablar de Monsanto. Me hace acordar a ese video del presidente Trump haciendo lo mismo con China y mencionando a esa nación todo el tiempo. Realmente, no conozco a ningún integrante de Monsanto y nadie se acercó para presionarme y decirme que tenía que votar en un sentido o en el otro, o que el dictamen debía ser emitido de una determinada manera. Entonces, creo que a este cuco hay que terminar de matarlo porque no veo que Monsanto esté representado en este proyecto.
Por otro lado, estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que está enmarcado en el sentido más amplio de la diversidad. Aquellos que piden que se sancione esta ley -para de esa manera salir de esta especie de status quo de 40 años- son los pequeños productores. Concretamente, el INTA y los semilleros locales son quienes más han impulsado la sanción de esta norma.
Tomando las palabras del señor diputado Basterra, considero que nunca hay un buen momento. Hablan de por qué hay tanta urgencia y piden que el tema se analice dos semanas más. Esos mismos argumentos son los que nos han llevado a que desde hace veinte o cuarenta años no podamos contar con una ley de semillas. Nunca llega el momento; siempre se puede esperar una semana más.
Quiero felicitar la labor desarrollada en torno al tratamiento de este proyecto y, además, creo que esa semana de más ya se ha dado y con creces. Se han escuchado a todos los participantes del sector y nadie puede decir que el tema sea sancionado con fórceps o entre gallos y medianoches.
Finalmente, hay dos aspectos que quiero mencionar, sobre los cuales creo que hay que poner el foco. Me refiero a la constitución del INASE y lo relativo a la exención de Ganancias. Son dos temas que pueden analizarse, pero que no hacen al fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestiones tiene que ver con contar con una legislación que permita la diversidad en todos los cultivos y que la apoye en zonas de frontera, zonas de bajo régimen de lluvias y en lugares con heladas tempranas y tardías. La idea es que exista mucha más diversidad biológica que beneficie al productor. Felicito la labor de la presidencia de la comisión y, por supuesto, voy a acompañar esta iniciativa. (Aplausos.)
Hay un tema que quiero mencionar porque formo parte de esta comisión. He escuchado reiteradamente hablar de Monsanto. Me hace acordar a ese video del presidente Trump haciendo lo mismo con China y mencionando a esa nación todo el tiempo. Realmente, no conozco a ningún integrante de Monsanto y nadie se acercó para presionarme y decirme que tenía que votar en un sentido o en el otro, o que el dictamen debía ser emitido de una determinada manera. Entonces, creo que a este cuco hay que terminar de matarlo porque no veo que Monsanto esté representado en este proyecto.
Por otro lado, estamos tratando de aprobar un proyecto de ley que está enmarcado en el sentido más amplio de la diversidad. Aquellos que piden que se sancione esta ley -para de esa manera salir de esta especie de status quo de 40 años- son los pequeños productores. Concretamente, el INTA y los semilleros locales son quienes más han impulsado la sanción de esta norma.
Tomando las palabras del señor diputado Basterra, considero que nunca hay un buen momento. Hablan de por qué hay tanta urgencia y piden que el tema se analice dos semanas más. Esos mismos argumentos son los que nos han llevado a que desde hace veinte o cuarenta años no podamos contar con una ley de semillas. Nunca llega el momento; siempre se puede esperar una semana más.
Quiero felicitar la labor desarrollada en torno al tratamiento de este proyecto y, además, creo que esa semana de más ya se ha dado y con creces. Se han escuchado a todos los participantes del sector y nadie puede decir que el tema sea sancionado con fórceps o entre gallos y medianoches.
Finalmente, hay dos aspectos que quiero mencionar, sobre los cuales creo que hay que poner el foco. Me refiero a la constitución del INASE y lo relativo a la exención de Ganancias. Son dos temas que pueden analizarse, pero que no hacen al fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestiones tiene que ver con contar con una legislación que permita la diversidad en todos los cultivos y que la apoye en zonas de frontera, zonas de bajo régimen de lluvias y en lugares con heladas tempranas y tardías. La idea es que exista mucha más diversidad biológica que beneficie al productor. Felicito la labor de la presidencia de la comisión y, por supuesto, voy a acompañar esta iniciativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias a todos los señores diputados. Estamos culminando esta reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
Quiero hacer algunas reflexiones. El dictamen presentado ha obtenido los votos suficientes como para poder avanzar en su tratamiento en el recinto. Hemos dado un paso más, pero este dictamen podrá avanzar en la medida en que hagamos un enorme esfuerzo entre todos los diputados. Me refiero a aquellos que estuvieron de acuerdo con el dictamen y a quienes le hicieron observaciones pero expresaron claramente la necesidad de tener una nueva ley en estos días que restan para la última sesión ordinaria del Congreso de la Nación.
Les pido a todos los diputados que hagamos un esfuerzo más. La única posibilidad de que tengamos una nueva legislación es que hagamos el esfuerzo de buscar los consensos.
En este sentido, quiero mencionar la entrevista que tuviéramos hace algún tiempo con el embajador de Alemania, quien nos explicó la experiencia de aquel país en torno a un tema como el que estamos analizando. No estamos debatiendo una ley de consensos. Esta es una ley que busca administrar intereses, conflictos y distintas posiciones. Debemos decirlo con absoluta claridad.
En Alemania -de acuerdo a lo que nos expresó su embajador- no pudieron resolver el tema. Entonces, lo laudó la primera ministra. En primer lugar, lograron emitir un dictamen respecto del cual los productores echaban chispas. Después se enojaron los obtentores y finalmente hubo un momento en el cual fueron insultados por todos: obtentores y productores. Esa es la ley que tienen, pero que nadie quiere cambiar. Es la ley posible.
Ustedes saben que esta es una ley que solamente la buena voluntad de los legisladores puede resolver.
Por ejemplo, el señor diputado Basterra -que creo se fue- ha hecho una extraordinaria colaboración en todo este proceso, y se lo agradezco, como a todos los diputados de la oposición. Pero, así como él leyó la posición discordante de Federación Agraria Argentina, también yo podría leerles a ustedes la posición discordante sobre esta ley que tiene la Asociación de Semilleros Argentinos, que piensa que es un atraso para el país.
Hay intereses complejos y ustedes los conocen. No hace falta que relate detalles.
Creo que estamos trabajando como nunca con la mayor honestidad intelectual, poniendo como faro lo mejor para nuestro país y para nuestros productores. No tengo ninguna duda de eso, y quienes han trabajado han dedicado su tiempo y horas a escuchar y hablar con productores y con entidades.
Me parece que tenemos una gran oportunidad y lamento que no estén aquellos diputados que han planteado que no hay apuro. Realmente creo que este proceso que hemos vivido es como una fruta que ha llegado a su madurez, y cuando la fruta no se cosecha en su madurez, después pasa el tiempo y se pudre.
Realmente creo que tenemos una gran oportunidad de sancionar una legislación para nuestro país, que nos permita incorporar tecnología, retribuir a nuestros investigadores, que sea una ley de equilibrio y que sea una norma justa que dé igualdad de oportunidades de cobro a todos y no solamente a los que tienen las herramientas o la magnitud económica para poder hacerlo.
Estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos fortaleciendo al Estado. Incluso, con algún artículo, estábamos tratando de atender a todos los actores que intervienen. Lamentablemente, fue malinterpretado el artículo que tenía que ver con reconocer, con una mejora impositiva, a todos aquellos que multiplican semillas. Ese beneficio no era para ninguna compañía extranjera. Pero lo podemos rever. Todos los temas pueden ser revisados.
De manera que, ya que todos hemos trabajado tanto durante este año, los invito a que hagamos este enorme esfuerzo para que podamos encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a las mayorías necesarias para poder tener una media sanción de esta norma tan importante.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Quiero hacer algunas reflexiones. El dictamen presentado ha obtenido los votos suficientes como para poder avanzar en su tratamiento en el recinto. Hemos dado un paso más, pero este dictamen podrá avanzar en la medida en que hagamos un enorme esfuerzo entre todos los diputados. Me refiero a aquellos que estuvieron de acuerdo con el dictamen y a quienes le hicieron observaciones pero expresaron claramente la necesidad de tener una nueva ley en estos días que restan para la última sesión ordinaria del Congreso de la Nación.
Les pido a todos los diputados que hagamos un esfuerzo más. La única posibilidad de que tengamos una nueva legislación es que hagamos el esfuerzo de buscar los consensos.
En este sentido, quiero mencionar la entrevista que tuviéramos hace algún tiempo con el embajador de Alemania, quien nos explicó la experiencia de aquel país en torno a un tema como el que estamos analizando. No estamos debatiendo una ley de consensos. Esta es una ley que busca administrar intereses, conflictos y distintas posiciones. Debemos decirlo con absoluta claridad.
En Alemania -de acuerdo a lo que nos expresó su embajador- no pudieron resolver el tema. Entonces, lo laudó la primera ministra. En primer lugar, lograron emitir un dictamen respecto del cual los productores echaban chispas. Después se enojaron los obtentores y finalmente hubo un momento en el cual fueron insultados por todos: obtentores y productores. Esa es la ley que tienen, pero que nadie quiere cambiar. Es la ley posible.
Ustedes saben que esta es una ley que solamente la buena voluntad de los legisladores puede resolver.
Por ejemplo, el señor diputado Basterra -que creo se fue- ha hecho una extraordinaria colaboración en todo este proceso, y se lo agradezco, como a todos los diputados de la oposición. Pero, así como él leyó la posición discordante de Federación Agraria Argentina, también yo podría leerles a ustedes la posición discordante sobre esta ley que tiene la Asociación de Semilleros Argentinos, que piensa que es un atraso para el país.
Hay intereses complejos y ustedes los conocen. No hace falta que relate detalles.
Creo que estamos trabajando como nunca con la mayor honestidad intelectual, poniendo como faro lo mejor para nuestro país y para nuestros productores. No tengo ninguna duda de eso, y quienes han trabajado han dedicado su tiempo y horas a escuchar y hablar con productores y con entidades.
Me parece que tenemos una gran oportunidad y lamento que no estén aquellos diputados que han planteado que no hay apuro. Realmente creo que este proceso que hemos vivido es como una fruta que ha llegado a su madurez, y cuando la fruta no se cosecha en su madurez, después pasa el tiempo y se pudre.
Realmente creo que tenemos una gran oportunidad de sancionar una legislación para nuestro país, que nos permita incorporar tecnología, retribuir a nuestros investigadores, que sea una ley de equilibrio y que sea una norma justa que dé igualdad de oportunidades de cobro a todos y no solamente a los que tienen las herramientas o la magnitud económica para poder hacerlo.
Estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos fortaleciendo al Estado. Incluso, con algún artículo, estábamos tratando de atender a todos los actores que intervienen. Lamentablemente, fue malinterpretado el artículo que tenía que ver con reconocer, con una mejora impositiva, a todos aquellos que multiplican semillas. Ese beneficio no era para ninguna compañía extranjera. Pero lo podemos rever. Todos los temas pueden ser revisados.
De manera que, ya que todos hemos trabajado tanto durante este año, los invito a que hagamos este enorme esfuerzo para que podamos encontrar los comunes denominadores que nos permitan llegar a las mayorías necesarias para poder tener una media sanción de esta norma tan importante.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos.)
Es la la hora 19 y 13.