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AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 09/10/2018
- SEMILLAS CON INVITADOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de octubre de 2018, a la hora 16 y 19:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda.
En esta oportunidad continuaremos con la serie de exposiciones que se vienen llevando a cabo. Por ello, agradecemos la presencia de los señores representantes de las entidades que hoy nos visitan, de quienes recibiremos sus distintos testimonios y puntos de vista en relación con este intento que estamos llevando adelante desde la comisión que presido a fin de avanzar en la modificación de la ley 20.247, más conocida como ley de semillas y creaciones fitogenéticas.
Tal como se viene haciendo en las distintas reuniones, cada invitado dispondrá de diez minutos para realizar su exposición. Les pedimos que en la medida de lo posible traten de ajustarse a este tiempo. Trataremos de no interrumpirlos para no limitar la posibilidad de que puedan redondear alguna idea.
En primer lugar escucharemos la exposición del representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, Francisco Iguerabide, donde se desempeña como asesor de Desarrollo Agropecuario Sostenible.
En esta oportunidad continuaremos con la serie de exposiciones que se vienen llevando a cabo. Por ello, agradecemos la presencia de los señores representantes de las entidades que hoy nos visitan, de quienes recibiremos sus distintos testimonios y puntos de vista en relación con este intento que estamos llevando adelante desde la comisión que presido a fin de avanzar en la modificación de la ley 20.247, más conocida como ley de semillas y creaciones fitogenéticas.
Tal como se viene haciendo en las distintas reuniones, cada invitado dispondrá de diez minutos para realizar su exposición. Les pedimos que en la medida de lo posible traten de ajustarse a este tiempo. Trataremos de no interrumpirlos para no limitar la posibilidad de que puedan redondear alguna idea.
En primer lugar escucharemos la exposición del representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, Francisco Iguerabide, donde se desempeña como asesor de Desarrollo Agropecuario Sostenible.
SR. IGUERABIDE Buenas tardes a todos. La idea de esta exposición es comentarles cuál es la postura de Córdoba con una visión más bien conceptual sobre el tema de la ley de semillas.
En primer lugar queremos plantear que no estamos hablando solo de producción o de un sector industrial, como podría ser el de los semilleros, sino de agricultura, que tiene una relevancia geopolítica muy importante. Creo que una manera de demostrarlo son algunos de los eventos más importantes que pasan a nivel internacional. Todos ellos cuentan con capítulos de agenda agrícola: la COP21 de París; la Exposición Universal de Milán, titulada "Nutrir el Planeta"; el G20 en Turquía, que también tuvo contenido de agricultura, y ni hablar lo que es el G20 en Argentina, hablando del manejo integral y responsable de los suelos.
En 2015 Naciones Unidas declaró el año de los suelos. También en 2015 se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible, a los cuales Argentina suscribió. También voy a mencionar algunos aspectos de la ley de semillas que elaboró China en 2016. Digo todo esto para demostrar que realmente es un tema que va mucho más allá de lo que se habla comúnmente y que tiene un impacto muy significativo para la Argentina.
Como dije, quiero hacer algunos comentarios sobre China. Normalmente estamos acostumbrados a referirnos a dicho país como comprador de granos, pero hoy China es líder mundial en producción y exportación de hortalizas. En 20 millones de hectáreas produce 800 millones de toneladas de hortalizas; 20 millones de hectáreas es aproximadamente la superficie de soja de Argentina, con la implicancia que eso tiene. Y el marco que inspiró la ley que elaboraron en 2016 habla de la necesidad de marcas -siempre enfocadas desde la sustentabilidad-, habla de la demanda de calidad de productos, habla de trazabilidad, valora la propiedad intelectual, da fuertes definiciones sobre penalidades y fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación.
Retomando el tema, quería plantear que los pilares del manejo agrícola tienen que ver con la genética, la protección de cultivos y la nutrición. Estamos en uno de esos pilares que tiene significación a nivel internacional, no solo por la producción, el desarrollo, el trabajo y la generación de valor, sino también por lo que implica geopolíticamente.
Si bien seguramente ya se debe haber analizado en exposiciones anteriores, queremos resaltar algunos datos de la Argentina referidos al progreso de los rendimientos, dentro de los cuales está el valor genético. Claramente, los cultivos que hoy tienen más conflicto para su reconocimiento genético son los que registran menor progreso, como es el caso del trigo y la soja.
Sacando una cuenta rápida, durante los últimos doce años en que se ha estado discutiendo esta iniciativa, un uno por ciento de progreso genético que nos podríamos haber estado privando implica -acumulado- la sequía del año pasado, de la que tanto se habla.
Esto también se ve reflejado en la evolución de los rindes, por ejemplo, del cultivo del que más se habla: soja de la Argentina versus soja de los Estados Unidos. No es casualidad que la tendencia de progreso genético sea un poco mayor en los lugares donde más inversión se está haciendo. Recientemente, en una disertación, una empresa argentina mostró las diferencias de las inversiones que realiza en los distintos países, y no se trata de una diferencia caprichosa sino que es producto de los estímulos que recibe.
No estamos hablando solamente de soja y trigo. El desarrollo genético podría generar mejoras de producción en otro tipo de ambientes que no son los agrícolas tradicionales, como es el caso de los suelos salinos-sódicos, que en Argentina ocupan una importante superficie; se habla de unos 13 millones de hectáreas.
En particular, algunas especies tienen enfermedades que pueden producir la pérdida del ciento por ciento del rinde, como la rabia en el garbanzo. Si bien hay avances genéticos en esto, tal vez no se ponen a disposición en el mercado por las dificultades que tienen para recibir un retorno económico del desarrollo que se ha realizado.
Yendo de lo general a lo particular, quiero decir que en Córdoba no tenemos criaderos importantes de los granos más significativos del país. Sí hay algo en maní. Tenemos un objetivo de diversificación productiva, para lo cual una ley sería algo muy auspicioso para nosotros. Queremos tener más cultivos. Córdoba tiene una capacidad productiva y una latitud que le permitiría tener muchas más especies de las que tiene. Algunos ejemplos son el maní -que es casi una economía regional-, el garbanzo -que hoy ocupa casi 65.000 hectáreas-, el poroto mung y la arveja.
Lo que nos preocupa es que estas especialidades también potencian las posibilidades de riego. Hoy en Córdoba tenemos la posibilidad técnica de incorporar 250.000 hectáreas más. Nos parece que sería mucho más estratégico sobre una matriz diversificada de producción que sobre los dos o tres cultivos principales que tiene hoy Argentina.
¿Qué queremos como provincia? Sabemos que la ley sola no alcanza; queremos un organismo de control que tenga recursos y mecanismos que garanticen su cumplimento.
Consideramos que para que exista realmente una mejora debe dictarse una ley que permita retribuir de manera justa la mejora genética y la biotecnología, que posibilite a los actores de toda la cadena acceder a las innovaciones y que aliente a las instituciones, las universidades y los investigadores a generar nuevos conocimientos, innovar y cooperar en nuevos desarrollos.
Sabemos que las escalas cada vez son más difíciles de lograr. Por lo tanto, la cooperación y las alianzas son muy importantes.
Asimismo, debe contemplar algunas excepciones para los casos que por circunstancias especiales así lo requieran.
Para ir cerrando, voy a hacer algunas consideraciones finales. Estamos acostumbrados a buscar las evidencias y los ejemplos lejos en el tiempo o lejos en la distancia. Pero el caso típico del arroz, que se da hoy en Argentina, nos muestra la importancia de una ley. Uno de los ingresos importantes que tiene el INTA por desarrollo genético proviene de una mejora en el arroz, pero ese ingreso tiene la particularidad de que en su mayoría proviene de Brasil, que tiene una legislación que permite cobrar el desarrollo.
El otro punto que quizás no mencioné hasta aquí es que estamos ante una revolución provocada por la posibilidad de lectura y edición génica. Hace varios años se empezó a hablar de la lectura génica: poder leer un genoma es como un antes y un después, es como pasar del analfabetismo a la imprenta. La velocidad con la que uno puede detectar las especificaciones de cada una de las especies y poder elegirlas con otra diversidad y otra velocidad va a hacer que la industria semillera tenga una disrupción en el corto plazo. Por eso también queremos mencionarlo. No es un dato objetivo hacia el pasado, pero sabemos que es una disrupción que va a generar importantes cambios hacia el futuro.
Para cerrar, les quiero mostrar la historia del maíz. En este gráfico vemos, de izquierda a derecha, la espiga del maíz antes de que sea domesticado como especie; para esto han pasado cientos de años. Esperemos que para los próximos desarrollos del maíz, con un buen contexto y buenas posibilidades de control, tardemos un poco menos.
En primer lugar queremos plantear que no estamos hablando solo de producción o de un sector industrial, como podría ser el de los semilleros, sino de agricultura, que tiene una relevancia geopolítica muy importante. Creo que una manera de demostrarlo son algunos de los eventos más importantes que pasan a nivel internacional. Todos ellos cuentan con capítulos de agenda agrícola: la COP21 de París; la Exposición Universal de Milán, titulada "Nutrir el Planeta"; el G20 en Turquía, que también tuvo contenido de agricultura, y ni hablar lo que es el G20 en Argentina, hablando del manejo integral y responsable de los suelos.
En 2015 Naciones Unidas declaró el año de los suelos. También en 2015 se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible, a los cuales Argentina suscribió. También voy a mencionar algunos aspectos de la ley de semillas que elaboró China en 2016. Digo todo esto para demostrar que realmente es un tema que va mucho más allá de lo que se habla comúnmente y que tiene un impacto muy significativo para la Argentina.
Como dije, quiero hacer algunos comentarios sobre China. Normalmente estamos acostumbrados a referirnos a dicho país como comprador de granos, pero hoy China es líder mundial en producción y exportación de hortalizas. En 20 millones de hectáreas produce 800 millones de toneladas de hortalizas; 20 millones de hectáreas es aproximadamente la superficie de soja de Argentina, con la implicancia que eso tiene. Y el marco que inspiró la ley que elaboraron en 2016 habla de la necesidad de marcas -siempre enfocadas desde la sustentabilidad-, habla de la demanda de calidad de productos, habla de trazabilidad, valora la propiedad intelectual, da fuertes definiciones sobre penalidades y fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación.
Retomando el tema, quería plantear que los pilares del manejo agrícola tienen que ver con la genética, la protección de cultivos y la nutrición. Estamos en uno de esos pilares que tiene significación a nivel internacional, no solo por la producción, el desarrollo, el trabajo y la generación de valor, sino también por lo que implica geopolíticamente.
Si bien seguramente ya se debe haber analizado en exposiciones anteriores, queremos resaltar algunos datos de la Argentina referidos al progreso de los rendimientos, dentro de los cuales está el valor genético. Claramente, los cultivos que hoy tienen más conflicto para su reconocimiento genético son los que registran menor progreso, como es el caso del trigo y la soja.
Sacando una cuenta rápida, durante los últimos doce años en que se ha estado discutiendo esta iniciativa, un uno por ciento de progreso genético que nos podríamos haber estado privando implica -acumulado- la sequía del año pasado, de la que tanto se habla.
Esto también se ve reflejado en la evolución de los rindes, por ejemplo, del cultivo del que más se habla: soja de la Argentina versus soja de los Estados Unidos. No es casualidad que la tendencia de progreso genético sea un poco mayor en los lugares donde más inversión se está haciendo. Recientemente, en una disertación, una empresa argentina mostró las diferencias de las inversiones que realiza en los distintos países, y no se trata de una diferencia caprichosa sino que es producto de los estímulos que recibe.
No estamos hablando solamente de soja y trigo. El desarrollo genético podría generar mejoras de producción en otro tipo de ambientes que no son los agrícolas tradicionales, como es el caso de los suelos salinos-sódicos, que en Argentina ocupan una importante superficie; se habla de unos 13 millones de hectáreas.
En particular, algunas especies tienen enfermedades que pueden producir la pérdida del ciento por ciento del rinde, como la rabia en el garbanzo. Si bien hay avances genéticos en esto, tal vez no se ponen a disposición en el mercado por las dificultades que tienen para recibir un retorno económico del desarrollo que se ha realizado.
Yendo de lo general a lo particular, quiero decir que en Córdoba no tenemos criaderos importantes de los granos más significativos del país. Sí hay algo en maní. Tenemos un objetivo de diversificación productiva, para lo cual una ley sería algo muy auspicioso para nosotros. Queremos tener más cultivos. Córdoba tiene una capacidad productiva y una latitud que le permitiría tener muchas más especies de las que tiene. Algunos ejemplos son el maní -que es casi una economía regional-, el garbanzo -que hoy ocupa casi 65.000 hectáreas-, el poroto mung y la arveja.
Lo que nos preocupa es que estas especialidades también potencian las posibilidades de riego. Hoy en Córdoba tenemos la posibilidad técnica de incorporar 250.000 hectáreas más. Nos parece que sería mucho más estratégico sobre una matriz diversificada de producción que sobre los dos o tres cultivos principales que tiene hoy Argentina.
¿Qué queremos como provincia? Sabemos que la ley sola no alcanza; queremos un organismo de control que tenga recursos y mecanismos que garanticen su cumplimento.
Consideramos que para que exista realmente una mejora debe dictarse una ley que permita retribuir de manera justa la mejora genética y la biotecnología, que posibilite a los actores de toda la cadena acceder a las innovaciones y que aliente a las instituciones, las universidades y los investigadores a generar nuevos conocimientos, innovar y cooperar en nuevos desarrollos.
Sabemos que las escalas cada vez son más difíciles de lograr. Por lo tanto, la cooperación y las alianzas son muy importantes.
Asimismo, debe contemplar algunas excepciones para los casos que por circunstancias especiales así lo requieran.
Para ir cerrando, voy a hacer algunas consideraciones finales. Estamos acostumbrados a buscar las evidencias y los ejemplos lejos en el tiempo o lejos en la distancia. Pero el caso típico del arroz, que se da hoy en Argentina, nos muestra la importancia de una ley. Uno de los ingresos importantes que tiene el INTA por desarrollo genético proviene de una mejora en el arroz, pero ese ingreso tiene la particularidad de que en su mayoría proviene de Brasil, que tiene una legislación que permite cobrar el desarrollo.
El otro punto que quizás no mencioné hasta aquí es que estamos ante una revolución provocada por la posibilidad de lectura y edición génica. Hace varios años se empezó a hablar de la lectura génica: poder leer un genoma es como un antes y un después, es como pasar del analfabetismo a la imprenta. La velocidad con la que uno puede detectar las especificaciones de cada una de las especies y poder elegirlas con otra diversidad y otra velocidad va a hacer que la industria semillera tenga una disrupción en el corto plazo. Por eso también queremos mencionarlo. No es un dato objetivo hacia el pasado, pero sabemos que es una disrupción que va a generar importantes cambios hacia el futuro.
Para cerrar, les quiero mostrar la historia del maíz. En este gráfico vemos, de izquierda a derecha, la espiga del maíz antes de que sea domesticado como especie; para esto han pasado cientos de años. Esperemos que para los próximos desarrollos del maíz, con un buen contexto y buenas posibilidades de control, tardemos un poco menos.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación hará uso de la palabra el representante del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Raimundo Lavignolle.
SR. LAVIGNOLLE Señor presidente: gracias a los diputados por darnos la oportunidad de presentar información que creemos va a enriquecer el debate sobre una nueva ley de semillas.
Como órgano de control -creado en 1991 y luego recreado en 2004-, en el INASE venimos controlando al sector desde hace décadas y tenemos un montón de información que creemos que es útil.
Nuestro objetivo principal en esta presentación de diez minutos es mostrar brevemente una foto de cómo vemos la situación del sector semillero, enfocado particularmente en lo que es la protección de las variedades vegetales, qué entorno generan y qué consecuencias tiene el entorno legal en la práctica que tenemos hoy.
La legislación vigente es la ley 20.247 del año 1974, y el último decreto que la reglamenta -que es el tercero- es del año 1991. En 1994 se sancionó la ley 24.376, de adhesión al convenio de la UPOV. Finalmente, en 2004 se recreó el Instituto Nacional de Semillas como órgano de control de la ley de semillas.
Todo este sistema jurídico establece una forma de propiedad intelectual que en Argentina se denomina "título de propiedad" de una variedad vegetal y que internacionalmente se conoce como "derecho de obtentor". Legalmente, esto se define como una serie de actos que cuando se realizan con el material de propagación necesitan la autorización del titular de la variedad. La serie de actos que vemos en pantalla -producción, reproducción, multiplicación, exportación y demás- busca que cualquiera que produzca y comercialice semilla en sentido amplio -semilla botánica, planta, plantines, esquejes, yemas y de cualquier orden de multiplicación- requiera la autorización del dueño, y establece excepciones. En esa autorización, el creador de la variedad, fitomejorador u obtentor -como se lo denomina- tiene la oportunidad de recuperar el costo.
Pero, como todo derecho, el de la propiedad intelectual tiene sus excepciones y limitaciones. Las dos excepciones más importantes que establece el sistema legal argentino son las siguientes.
La primera de ellas es la excepción del fitomejorador. Esta última significa que cualquier variedad, por más que esté protegida, puede usarse como fuente de germoplasma para crear nuevas variedades. Esta excepción hunde sus raíces en la historia del mejoramiento. En los diez mil años de agricultura que tenemos como seres humanos siempre se han utilizado los materiales vegetales disponibles para hacer mejores variedades o mejorar la genética que se cultiva, y no podemos permitir que las variedades protegidas no entren en ese circuito. Por lo tanto, están libremente disponibles.
La segunda excepción es la del agricultor. Esta última permite a los agricultores utilizar el producto de la cosecha como semilla para la campaña siguiente, que también tiene sus antecedentes en la práctica de guardar grano para usarlo como semilla en la campaña siguiente.
Esas son las dos excepciones. Una limitación a esto es que en caso de que el país lo necesite, en situaciones especiales, el Poder Ejecutivo nacional podrá poner un límite temporal a este derecho, reconociendo un pago.
Con esta implementación de la legislación desde su inicio hasta ahora, tenemos un mercado de semillas de unos 1.500 millones de dólares, que en promedio representa 20 millones de bolsas de semilla fiscalizada.
En cultivos híbridos -me refiero a maíz, sorgo y girasol, que en la presentación anterior hemos visto que son los de mayor ganancia genética-, el ciento por ciento de la semilla que se siembra es fiscalizada comercial, porque no existe la posibilidad de guardar semilla ni de producir semilla ilegal por su estructura genética.
En el caso de las autógamas -que son las especies que se fecundan a sí mismas-, el trigo y la soja son los cultivos más relevantes, pero en este grupo también podemos mencionar poroto, garbanzo, arveja, maní y arroz. En este tipo de especies, entre un 15 y un 20 por ciento -llegando a un 30 por ciento en el trigo- es semilla fiscalizada comercial, y el resto es de otros orígenes -después vamos a ver cuánto es semilla ilegal y cuánto es de uso propio-; y en forrajeras, un 50 por ciento. No es tan simple hacer semilla de forrajeras por su estructura.
Con respecto al mercado de exportación, la industria semillera genera exportaciones por alrededor de 250 o 300 millones de dólares, de calidad equivalente a todos los sistemas de certificación internacional. Argentina pertenece a todos los esquemas internacionales de certificación y registro de variedades y de propiedad, lo cual faculta a la industria nacional para tener una exportación que en valor es el 20 por ciento del mercado local, y podría ser más.
En cuanto a la estructura de las empresas, el sector propiamente dicho está compuesto por 2.503 empresas en diferentes categorías. ¿Cuántas de esas empresas se dedican a crear variedades, es decir, son obtentoras? Según un dato de hoy, las empresas obtentoras son 141. Están radicadas y tienen instalaciones en trece provincias; obviamente, deben distribuirse a lo largo y a lo ancho del país porque la agricultura no es como producir tuercas en una fábrica y trasladarlas en camión. Hay que desarrollar y producir las semillas en el lugar y ponerlas a disposición del productor en ese mismo lugar. No es igual recorrer 1.000 kilómetros con las semillas en el camión que solamente 200 kilómetros, porque la semilla es algo vivo y debe mantenerse con vida.
Los multiplicadores, que son los que multiplican la semilla creada por esas 141 empresas obtentoras y la ponen a disposición de los agricultores, son 681. Podemos decir que por cada empresa que crea variedades existen 4,8 -o sea, casi 5- empresas multiplicadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del país que distribuyen, generan trabajo genuino y son canales de diseminación de tecnología agrícola en Argentina. Este es un tema no menor, porque muchas de las empresas multiplicadoras de semillas son cooperativas y pymes familiares; no se imaginen grandes empresas.
Por otra parte, generar una variedad no es una tarea sencilla. Generalmente uno habla de genes y de transgenes, y esto está muy en boga, pero el hecho de que se venga haciendo mejoramiento desde hace diez mil años no significa que crear una variedad vegetal sea soplar y hacer botellas.
El trigo tiene más de 90.000 genes; la soja, 40 y tantos miles; la papa, 40.000, y el maíz está en el orden de los 30.000 genes. Además, el mejoramiento vegetal acomoda la combinación de genes necesaria para un determinado agroecosistema -suelo, temperatura, clima, enfermedades y pestes que pueda haber en una determinada región-, lo cual lleva mucho tiempo y cruzamientos.
Por cada variedad que se libera al mercado hay miles de cruzamientos que comenzaron el proceso de segregación y selección. Así, después de ocho, diez o más años -en frutales es posible multiplicar el tiempo- se puede llevar una variedad al mercado. En otras palabras, estamos hablando de que alguien empieza hoy el trabajo con una visión de qué es lo que va a volcar en el mercado en una década.
De todo lo que se ha protegido en la Argentina tenemos que el 60 por ciento ha sido creado por empresas nacionales y el 40 por ciento restante por empresas extranjeras.
En lo relativo a cultivos, prácticamente no hubo o fue muy poco el mejoramiento nacional, tal como ocurre en el caso de las hortalizas, las forrajeras o los frutales. En ese sentido, en Argentina necesitamos un mayor y mejor acceso a genética en frutales.
La mayor parte de las variedades protegidas en nuestro país pertenece a los tres grandes cultivos extensivos argentinos: cereales, oleaginosas y forrajeras. Respecto de las oleaginosas, principalmente podemos mencionar la soja y líneas endocriadas de girasol, cereales, trigo, cebada, los cereales autógamos y líneas endocriadas de maíz. En forrajeras, tenemos alfalfa y forrajeras de pradera -Ray Grass y festuca-, y algo de Bromus, que es una especie nativa muy útil en forrajeras.
Observen ahora estas barras en el gráfico. Lo importante a distinguir aquí es que el tramo azul equivale al volumen de creaciones nacionales, y el tramo representado en rojo es el de creaciones extranjeras. En relación con los grandes cultivos, pueden ver que en las barras más grandes se grafican las oleaginosas, donde advertimos que la mayor parte son nacionales.
En relación con los cereales -graficados en la segunda barra más alta-, vemos también una mayoría nacional.
Respecto de las forrajeras -me refiero a la tercera barra más alta en la filmina-, vemos que la mitad son nacionales y la otra mitad son extranjeras. Asimismo, tenemos un volumen menor pero de mayoría nacionales en cultivos industriales. Allí encontraremos principalmente el maní. Por último, en frutales vemos que hay muy poco mejoramiento; solamente el INTA está haciendo mejoramiento en frutales.
Entonces, ¿cuál ha sido el impacto del mejoramiento vegetal? Aquí me permitiré analizar cultivos donde ha habido impacto y otros donde no lo ha habido, y buscaremos las razones de esa diferencia.
En cuanto al trigo, tenemos que desde la década del 70 hasta el presente los rendimientos se han duplicado: pasamos de 1.400 o 1.500 kilos en los años 70 a 3.100 kilos en los últimos años. El 50 por ciento de esto es debido al germoplasma, y la FAO también estima que el 50 por ciento del rendimiento de un cultivo se debe al germoplasma.
Aquí pueden ver lo que sucede con el trigo, y debe tenerse en cuenta que estamos atrasados respecto de algunos cultivos, como bien dijo el expositor que me precedió en el uso de la palabra.
En soja tenemos la doble escala. La línea inferior en este gráfico representa el incremento en rendimiento. Por escala esto no se aprecia tanto, pero es un poco mayor que el trigo, porque arrancamos en los 70 con una producción casi anecdótica de poco más de 1 tonelada por hectárea, mientras que ahora el promedio nacional es de 3.100 kilos. No obstante, el gran impacto está dado en la adaptabilidad: se siembran 17, 18 o 20 millones de hectáreas de soja en Argentina, algo impensable ya no en los años 70 sino en los 80. Además, la soja que se siembra en Pergamino no es la misma que se siembra en Famaillá, puesto que se trata de una planta totalmente diferente.
¿Qué ha pasado con otros cultivos? Voy a enfocarme en el poroto y el algodón, que podríamos denominar regionales -como nos gusta decir- porque hacen a la actividad agrícola del interior.
En relación con el poroto, tenemos que de la década del 70 a la actualidad pasamos de 1.000 a 1.200 kilos de rendimiento promedio nacional por hectárea, es decir, un 20 por ciento en casi cincuenta años. En este gráfico vemos además la cantidad de variedades inscriptas: salvo un período de la década del 90, en general hubo muy pocas variedades, muy poco mejoramiento genético. Esto quiere decir que en algunos casos el sistema funciona de alguna manera, y en otros, de otra.
Con el algodón sucede lo mismo: la curva inferior que se ve en el gráfico representa la superficie del cultivo, y las barras superiores indican la cantidad de variedades que se liberan. Podría decirse que esto es algo simbiótico: si no hay variedades, el cultivo no anda; y si el cultivo no anda, tampoco hay variedades.
No vamos a discutir qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero evidentemente sin genética no es posible desarrollar un cultivo, y menos aún uno de alto impacto como este, que brinda una gran mano de obra a través de la industria textil que genera.
¿Cómo es el comportamiento del uso de semilla? Para tratar de llegar a algunas conclusiones, nosotros buscamos información sobre qué hacen los agricultores y de dónde sacan la semilla. Tomemos la población de los productores de soja, que son 60.000: el 30 por ciento de los productores más grandes -o sea, los 18.000- produce el 80 por ciento del grano del país.
Un esquema similar se da en el caso del trigo, pero en vez de ser 60.000 productores son 22.000. Y en el caso del algodón, lo mismo; son diez veces menos que en el caso del trigo. Pero la distribución de población, 80 a 30, es muy similar en todos lados.
Y acá vemos que el promedio general es un 77 por ciento de uso propio gratuito, que siembran los agricultores, y el resto es semilla adquirida en el mercado.
Los agricultores más grandes hacen más uso propio que el resto, lo cual es lógico porque tienen capacidad productiva, pueden elegir lote y adentro del lote pueden elegir qué parte guardarse e incluso a qué hora cosechan para sacar la mejor semilla. Entonces, los más grandes son los que menos compran semillas.
La siguiente imagen nos da una idea de la vida útil de la variedad; esto es muy importante. En el caso de una variedad que se lanzó al comercio en 2016, es decir, que tiene un solo año de comercialización, el 90 por ciento es semilla comercial y el 10 por ciento es uso propio. En el caso de una variedad que se lanzó al comercio hace seis años, el 80 por ciento de lo que se siembra de esa variedad es uso propio y solo el 20 por ciento es semilla comercial, sobre la cual el obtentor puede obtener ganancia. Y si nos vamos diez años atrás, el 90 por ciento es uso propio y solo el 10 por ciento es semilla comercial.
De manera que en este esquema solo pueden sobrevivir empresas que estén constantemente liberando un gran número de variedades al mercado, cosa que los productores estén todo el tiempo probándolas. Con este esquema, a un criadero familiar que liberase una o dos semillas al mercado se le haría muy difícil, y esa es la diferencia que tenemos acerca de qué pasa en soja, en trigo, en poroto o en algodón.
Acá vemos cuánto es el uso propio en trigo -que es 70 a 30 en lugar de 80 a 20, como en soja-, cuánto es el mercado legal y cuánto el ilegal.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Según la información que tenemos de años de análisis del mercado y de datos de miles y miles de productores, en soja el 23 por ciento es semilla adquirida. De eso, el 20 por ciento es semilla fiscalizada y el 3 por ciento es semilla ilegal o "bolsa blanca", como se la denomina. Y después está el uso propio de esas dos semillas adquiridas, que suman el 10 por ciento más el 67 por ciento: el 10 por ciento de uso propio ilegal, a partir de semilla ilegal, y el 67 por ciento -en la parte azul de la barra de la derecha- de uso propio legal gratuito, como está establecido en la ley, tal cual se interpreta al día de la fecha.
Para resumir las pocas ideas que quise presentar, de acuerdo a la información que tenemos, podemos decir lo siguiente.
El 60 por ciento de las variedades protegidas en la Argentina es de empresas nacionales. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos acá tendrá impacto mayormente en empresas nacionales.
En autógamas, el 70 u 80 por ciento de lo que se siembra es uso propio gratuito, del cual el que creó la variedad no puede recuperar nada.
De la población de productores, el 30 por ciento, en los grandes cultivos de Argentina y en casi todos los de autógamas, produce el 80 por ciento. O sea, los grandes productores que usan gran tecnología son los que menos pagan la genética.
A los seis años de liberada una variedad, ya casi se puede dar por perdida, porque solo el 20 por ciento de lo que se siembra corresponde a lo que se obtuvo en el mercado y el resto es uso propio gratuito. Por cada empresa obtentora de semillas tenemos casi cinco empresas multiplicadoras en el interior que generan trabajo y distribuyen semillas a los productores.
En este contexto, nosotros creemos que es difícil que aparezcan empresas medianas, y ni hablar de pequeñas generadoras de germoplasma -como nos gustaría- en cultivos como el poroto, el garbanzo, el arroz, la quinoa y un montón de cultivos que al interior le harían falta. Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos.)
Como órgano de control -creado en 1991 y luego recreado en 2004-, en el INASE venimos controlando al sector desde hace décadas y tenemos un montón de información que creemos que es útil.
Nuestro objetivo principal en esta presentación de diez minutos es mostrar brevemente una foto de cómo vemos la situación del sector semillero, enfocado particularmente en lo que es la protección de las variedades vegetales, qué entorno generan y qué consecuencias tiene el entorno legal en la práctica que tenemos hoy.
La legislación vigente es la ley 20.247 del año 1974, y el último decreto que la reglamenta -que es el tercero- es del año 1991. En 1994 se sancionó la ley 24.376, de adhesión al convenio de la UPOV. Finalmente, en 2004 se recreó el Instituto Nacional de Semillas como órgano de control de la ley de semillas.
Todo este sistema jurídico establece una forma de propiedad intelectual que en Argentina se denomina "título de propiedad" de una variedad vegetal y que internacionalmente se conoce como "derecho de obtentor". Legalmente, esto se define como una serie de actos que cuando se realizan con el material de propagación necesitan la autorización del titular de la variedad. La serie de actos que vemos en pantalla -producción, reproducción, multiplicación, exportación y demás- busca que cualquiera que produzca y comercialice semilla en sentido amplio -semilla botánica, planta, plantines, esquejes, yemas y de cualquier orden de multiplicación- requiera la autorización del dueño, y establece excepciones. En esa autorización, el creador de la variedad, fitomejorador u obtentor -como se lo denomina- tiene la oportunidad de recuperar el costo.
Pero, como todo derecho, el de la propiedad intelectual tiene sus excepciones y limitaciones. Las dos excepciones más importantes que establece el sistema legal argentino son las siguientes.
La primera de ellas es la excepción del fitomejorador. Esta última significa que cualquier variedad, por más que esté protegida, puede usarse como fuente de germoplasma para crear nuevas variedades. Esta excepción hunde sus raíces en la historia del mejoramiento. En los diez mil años de agricultura que tenemos como seres humanos siempre se han utilizado los materiales vegetales disponibles para hacer mejores variedades o mejorar la genética que se cultiva, y no podemos permitir que las variedades protegidas no entren en ese circuito. Por lo tanto, están libremente disponibles.
La segunda excepción es la del agricultor. Esta última permite a los agricultores utilizar el producto de la cosecha como semilla para la campaña siguiente, que también tiene sus antecedentes en la práctica de guardar grano para usarlo como semilla en la campaña siguiente.
Esas son las dos excepciones. Una limitación a esto es que en caso de que el país lo necesite, en situaciones especiales, el Poder Ejecutivo nacional podrá poner un límite temporal a este derecho, reconociendo un pago.
Con esta implementación de la legislación desde su inicio hasta ahora, tenemos un mercado de semillas de unos 1.500 millones de dólares, que en promedio representa 20 millones de bolsas de semilla fiscalizada.
En cultivos híbridos -me refiero a maíz, sorgo y girasol, que en la presentación anterior hemos visto que son los de mayor ganancia genética-, el ciento por ciento de la semilla que se siembra es fiscalizada comercial, porque no existe la posibilidad de guardar semilla ni de producir semilla ilegal por su estructura genética.
En el caso de las autógamas -que son las especies que se fecundan a sí mismas-, el trigo y la soja son los cultivos más relevantes, pero en este grupo también podemos mencionar poroto, garbanzo, arveja, maní y arroz. En este tipo de especies, entre un 15 y un 20 por ciento -llegando a un 30 por ciento en el trigo- es semilla fiscalizada comercial, y el resto es de otros orígenes -después vamos a ver cuánto es semilla ilegal y cuánto es de uso propio-; y en forrajeras, un 50 por ciento. No es tan simple hacer semilla de forrajeras por su estructura.
Con respecto al mercado de exportación, la industria semillera genera exportaciones por alrededor de 250 o 300 millones de dólares, de calidad equivalente a todos los sistemas de certificación internacional. Argentina pertenece a todos los esquemas internacionales de certificación y registro de variedades y de propiedad, lo cual faculta a la industria nacional para tener una exportación que en valor es el 20 por ciento del mercado local, y podría ser más.
En cuanto a la estructura de las empresas, el sector propiamente dicho está compuesto por 2.503 empresas en diferentes categorías. ¿Cuántas de esas empresas se dedican a crear variedades, es decir, son obtentoras? Según un dato de hoy, las empresas obtentoras son 141. Están radicadas y tienen instalaciones en trece provincias; obviamente, deben distribuirse a lo largo y a lo ancho del país porque la agricultura no es como producir tuercas en una fábrica y trasladarlas en camión. Hay que desarrollar y producir las semillas en el lugar y ponerlas a disposición del productor en ese mismo lugar. No es igual recorrer 1.000 kilómetros con las semillas en el camión que solamente 200 kilómetros, porque la semilla es algo vivo y debe mantenerse con vida.
Los multiplicadores, que son los que multiplican la semilla creada por esas 141 empresas obtentoras y la ponen a disposición de los agricultores, son 681. Podemos decir que por cada empresa que crea variedades existen 4,8 -o sea, casi 5- empresas multiplicadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del país que distribuyen, generan trabajo genuino y son canales de diseminación de tecnología agrícola en Argentina. Este es un tema no menor, porque muchas de las empresas multiplicadoras de semillas son cooperativas y pymes familiares; no se imaginen grandes empresas.
Por otra parte, generar una variedad no es una tarea sencilla. Generalmente uno habla de genes y de transgenes, y esto está muy en boga, pero el hecho de que se venga haciendo mejoramiento desde hace diez mil años no significa que crear una variedad vegetal sea soplar y hacer botellas.
El trigo tiene más de 90.000 genes; la soja, 40 y tantos miles; la papa, 40.000, y el maíz está en el orden de los 30.000 genes. Además, el mejoramiento vegetal acomoda la combinación de genes necesaria para un determinado agroecosistema -suelo, temperatura, clima, enfermedades y pestes que pueda haber en una determinada región-, lo cual lleva mucho tiempo y cruzamientos.
Por cada variedad que se libera al mercado hay miles de cruzamientos que comenzaron el proceso de segregación y selección. Así, después de ocho, diez o más años -en frutales es posible multiplicar el tiempo- se puede llevar una variedad al mercado. En otras palabras, estamos hablando de que alguien empieza hoy el trabajo con una visión de qué es lo que va a volcar en el mercado en una década.
De todo lo que se ha protegido en la Argentina tenemos que el 60 por ciento ha sido creado por empresas nacionales y el 40 por ciento restante por empresas extranjeras.
En lo relativo a cultivos, prácticamente no hubo o fue muy poco el mejoramiento nacional, tal como ocurre en el caso de las hortalizas, las forrajeras o los frutales. En ese sentido, en Argentina necesitamos un mayor y mejor acceso a genética en frutales.
La mayor parte de las variedades protegidas en nuestro país pertenece a los tres grandes cultivos extensivos argentinos: cereales, oleaginosas y forrajeras. Respecto de las oleaginosas, principalmente podemos mencionar la soja y líneas endocriadas de girasol, cereales, trigo, cebada, los cereales autógamos y líneas endocriadas de maíz. En forrajeras, tenemos alfalfa y forrajeras de pradera -Ray Grass y festuca-, y algo de Bromus, que es una especie nativa muy útil en forrajeras.
Observen ahora estas barras en el gráfico. Lo importante a distinguir aquí es que el tramo azul equivale al volumen de creaciones nacionales, y el tramo representado en rojo es el de creaciones extranjeras. En relación con los grandes cultivos, pueden ver que en las barras más grandes se grafican las oleaginosas, donde advertimos que la mayor parte son nacionales.
En relación con los cereales -graficados en la segunda barra más alta-, vemos también una mayoría nacional.
Respecto de las forrajeras -me refiero a la tercera barra más alta en la filmina-, vemos que la mitad son nacionales y la otra mitad son extranjeras. Asimismo, tenemos un volumen menor pero de mayoría nacionales en cultivos industriales. Allí encontraremos principalmente el maní. Por último, en frutales vemos que hay muy poco mejoramiento; solamente el INTA está haciendo mejoramiento en frutales.
Entonces, ¿cuál ha sido el impacto del mejoramiento vegetal? Aquí me permitiré analizar cultivos donde ha habido impacto y otros donde no lo ha habido, y buscaremos las razones de esa diferencia.
En cuanto al trigo, tenemos que desde la década del 70 hasta el presente los rendimientos se han duplicado: pasamos de 1.400 o 1.500 kilos en los años 70 a 3.100 kilos en los últimos años. El 50 por ciento de esto es debido al germoplasma, y la FAO también estima que el 50 por ciento del rendimiento de un cultivo se debe al germoplasma.
Aquí pueden ver lo que sucede con el trigo, y debe tenerse en cuenta que estamos atrasados respecto de algunos cultivos, como bien dijo el expositor que me precedió en el uso de la palabra.
En soja tenemos la doble escala. La línea inferior en este gráfico representa el incremento en rendimiento. Por escala esto no se aprecia tanto, pero es un poco mayor que el trigo, porque arrancamos en los 70 con una producción casi anecdótica de poco más de 1 tonelada por hectárea, mientras que ahora el promedio nacional es de 3.100 kilos. No obstante, el gran impacto está dado en la adaptabilidad: se siembran 17, 18 o 20 millones de hectáreas de soja en Argentina, algo impensable ya no en los años 70 sino en los 80. Además, la soja que se siembra en Pergamino no es la misma que se siembra en Famaillá, puesto que se trata de una planta totalmente diferente.
¿Qué ha pasado con otros cultivos? Voy a enfocarme en el poroto y el algodón, que podríamos denominar regionales -como nos gusta decir- porque hacen a la actividad agrícola del interior.
En relación con el poroto, tenemos que de la década del 70 a la actualidad pasamos de 1.000 a 1.200 kilos de rendimiento promedio nacional por hectárea, es decir, un 20 por ciento en casi cincuenta años. En este gráfico vemos además la cantidad de variedades inscriptas: salvo un período de la década del 90, en general hubo muy pocas variedades, muy poco mejoramiento genético. Esto quiere decir que en algunos casos el sistema funciona de alguna manera, y en otros, de otra.
Con el algodón sucede lo mismo: la curva inferior que se ve en el gráfico representa la superficie del cultivo, y las barras superiores indican la cantidad de variedades que se liberan. Podría decirse que esto es algo simbiótico: si no hay variedades, el cultivo no anda; y si el cultivo no anda, tampoco hay variedades.
No vamos a discutir qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero evidentemente sin genética no es posible desarrollar un cultivo, y menos aún uno de alto impacto como este, que brinda una gran mano de obra a través de la industria textil que genera.
¿Cómo es el comportamiento del uso de semilla? Para tratar de llegar a algunas conclusiones, nosotros buscamos información sobre qué hacen los agricultores y de dónde sacan la semilla. Tomemos la población de los productores de soja, que son 60.000: el 30 por ciento de los productores más grandes -o sea, los 18.000- produce el 80 por ciento del grano del país.
Un esquema similar se da en el caso del trigo, pero en vez de ser 60.000 productores son 22.000. Y en el caso del algodón, lo mismo; son diez veces menos que en el caso del trigo. Pero la distribución de población, 80 a 30, es muy similar en todos lados.
Y acá vemos que el promedio general es un 77 por ciento de uso propio gratuito, que siembran los agricultores, y el resto es semilla adquirida en el mercado.
Los agricultores más grandes hacen más uso propio que el resto, lo cual es lógico porque tienen capacidad productiva, pueden elegir lote y adentro del lote pueden elegir qué parte guardarse e incluso a qué hora cosechan para sacar la mejor semilla. Entonces, los más grandes son los que menos compran semillas.
La siguiente imagen nos da una idea de la vida útil de la variedad; esto es muy importante. En el caso de una variedad que se lanzó al comercio en 2016, es decir, que tiene un solo año de comercialización, el 90 por ciento es semilla comercial y el 10 por ciento es uso propio. En el caso de una variedad que se lanzó al comercio hace seis años, el 80 por ciento de lo que se siembra de esa variedad es uso propio y solo el 20 por ciento es semilla comercial, sobre la cual el obtentor puede obtener ganancia. Y si nos vamos diez años atrás, el 90 por ciento es uso propio y solo el 10 por ciento es semilla comercial.
De manera que en este esquema solo pueden sobrevivir empresas que estén constantemente liberando un gran número de variedades al mercado, cosa que los productores estén todo el tiempo probándolas. Con este esquema, a un criadero familiar que liberase una o dos semillas al mercado se le haría muy difícil, y esa es la diferencia que tenemos acerca de qué pasa en soja, en trigo, en poroto o en algodón.
Acá vemos cuánto es el uso propio en trigo -que es 70 a 30 en lugar de 80 a 20, como en soja-, cuánto es el mercado legal y cuánto el ilegal.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Según la información que tenemos de años de análisis del mercado y de datos de miles y miles de productores, en soja el 23 por ciento es semilla adquirida. De eso, el 20 por ciento es semilla fiscalizada y el 3 por ciento es semilla ilegal o "bolsa blanca", como se la denomina. Y después está el uso propio de esas dos semillas adquiridas, que suman el 10 por ciento más el 67 por ciento: el 10 por ciento de uso propio ilegal, a partir de semilla ilegal, y el 67 por ciento -en la parte azul de la barra de la derecha- de uso propio legal gratuito, como está establecido en la ley, tal cual se interpreta al día de la fecha.
Para resumir las pocas ideas que quise presentar, de acuerdo a la información que tenemos, podemos decir lo siguiente.
El 60 por ciento de las variedades protegidas en la Argentina es de empresas nacionales. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos acá tendrá impacto mayormente en empresas nacionales.
En autógamas, el 70 u 80 por ciento de lo que se siembra es uso propio gratuito, del cual el que creó la variedad no puede recuperar nada.
De la población de productores, el 30 por ciento, en los grandes cultivos de Argentina y en casi todos los de autógamas, produce el 80 por ciento. O sea, los grandes productores que usan gran tecnología son los que menos pagan la genética.
A los seis años de liberada una variedad, ya casi se puede dar por perdida, porque solo el 20 por ciento de lo que se siembra corresponde a lo que se obtuvo en el mercado y el resto es uso propio gratuito. Por cada empresa obtentora de semillas tenemos casi cinco empresas multiplicadoras en el interior que generan trabajo y distribuyen semillas a los productores.
En este contexto, nosotros creemos que es difícil que aparezcan empresas medianas, y ni hablar de pequeñas generadoras de germoplasma -como nos gustaría- en cultivos como el poroto, el garbanzo, el arroz, la quinoa y un montón de cultivos que al interior le harían falta. Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación escucharemos al señor diputado Pablo Ansaloni, quien expondrá en representación de la UATRE.
SR. ANSALONI Ante todo, buenas tardes. Nosotros somos representantes de los trabajadores rurales -en nuestro gremio, UATRE- y hemos hecho una presentación para esta nueva ley de semillas que se quiere llevar a cabo. Allí destacamos el trabajo que hace el trabajador rural y la cadena de valor. En esta última, representamos en primer lugar a quienes producen los diferentes tipos de semilla.
Recién escuchaba lo que decía el representante del INASE. Compartimos la mayor parte de los conceptos vertidos. Sabemos que muchísimos de los multiplicadores de semillas para algunos tipos de tarea son nacionales.
Hasta el día de hoy, nosotros, como representantes de la mayor cantidad de trabajadores, hemos venido reclamando nuestra participación dentro del rol que cumple el INASE. Somos los que realizamos la manipulación del producto desde el comienzo hasta el final de la cadena, sin embargo, nunca pudimos tener una participación activa como gremio y como trabajadores en la cadena de valor, no solo del cereal sino del poroto, el garbanzo, el arroz y muchos otros productos que nuestros compañeros manipulan. Creemos que nuestra participación es de suma importancia.
En esta oportunidad -si bien avanza tanto la tecnología y muchas veces somos desplazados-, estamos preparados y capacitados para cumplir el rol del que hablamos dentro del INASE. Conocemos la problemática que se da en los distintos puntos del país, desde que se produce hasta que se exporta el producto, ya que somos los que lo manipulamos desde el inicio hasta el final de su cadena de valor. Es por ello que hice la presentación, en mi rol de legislador e integrante del gremio. Seguiremos insistiendo para que en esta comisión haya una participación activa, tanto de representantes del gobierno como de otros ámbitos, como el de los semilleros y los viveristas.
Consideramos que los trabajadores debemos ocupar un lugar en el tratamiento de esta temática.
Recién escuchaba lo que decía el representante del INASE. Compartimos la mayor parte de los conceptos vertidos. Sabemos que muchísimos de los multiplicadores de semillas para algunos tipos de tarea son nacionales.
Hasta el día de hoy, nosotros, como representantes de la mayor cantidad de trabajadores, hemos venido reclamando nuestra participación dentro del rol que cumple el INASE. Somos los que realizamos la manipulación del producto desde el comienzo hasta el final de la cadena, sin embargo, nunca pudimos tener una participación activa como gremio y como trabajadores en la cadena de valor, no solo del cereal sino del poroto, el garbanzo, el arroz y muchos otros productos que nuestros compañeros manipulan. Creemos que nuestra participación es de suma importancia.
En esta oportunidad -si bien avanza tanto la tecnología y muchas veces somos desplazados-, estamos preparados y capacitados para cumplir el rol del que hablamos dentro del INASE. Conocemos la problemática que se da en los distintos puntos del país, desde que se produce hasta que se exporta el producto, ya que somos los que lo manipulamos desde el inicio hasta el final de su cadena de valor. Es por ello que hice la presentación, en mi rol de legislador e integrante del gremio. Seguiremos insistiendo para que en esta comisión haya una participación activa, tanto de representantes del gobierno como de otros ámbitos, como el de los semilleros y los viveristas.
Consideramos que los trabajadores debemos ocupar un lugar en el tratamiento de esta temática.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos ahora al ingeniero Pedro Vigneau, ex presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), quien ha venido acompañado por el presidente actual de dicha asociación.
SR. VIGNEAU Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra misión en Aapresid es impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energía a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red. Tenemos muchos programas que llevamos adelante con distintas instituciones, como el INTA, por ejemplo, a través de los cuales nos ocupamos de los problemas que enfrentamos día a día en nuestra producción en el campo.
Para nosotros, el respeto a la ley es una buena práctica agrícola y, de hecho, es algo que tenemos incorporado en los protocolos de certificación que llevamos adelante hace más de diez años.
Creemos que esta modificación es central, clave y, en definitiva, puede abrir la puerta a las tecnologías que hacen falta, no solo en la región pampeana sino también en muchas economías regionales. Además de la soja y el trigo, nos referimos a las hortalizas, los frutales, el arroz, el garbanzo, el algodón, el maní, la floricultura -que puede tener un potencial inmenso en nuestro país-, la cadena forestal -hoy deficitaria en cerca de 800 millones de dólares, con un potencial inmenso- y las forrajeras, entre otras.
Lamentablemente, vemos que con este marco normativo se nos van cayendo los mejoradores y cada vez tenemos menos semilleros.
En otros países hay herramientas biotecnológicas disponibles a las que nosotros no podemos acceder, justamente por no tener un marco normativo adecuado. Por ejemplo, podemos hablar de una herramienta ciento por ciento nacional, como es el gen HB4(r), de Bioceres. La doctora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, con un presupuesto muy menor -en comparación con los de las compañías multinacionales, que tienen presupuestos astronómicos- logró aislar un gen de girasol, que se le introdujo luego al trigo y a la soja, entre otras especies.
Y en esta última campaña -según los ensayos que se llevaron adelante-, si toda la superficie de soja hubiera tenido esa herramienta biotecnológica, hubiésemos contado, por lo menos, con 4 o 5 millones de toneladas más. Si traducimos esto en puestos de trabajo, en divisas o en lo que a ustedes les parezca, a lo largo y ancho de la Argentina, podremos dimensionar, en una sola herramienta, lo que significa abrir la puerta a las tecnologías y lo que está haciendo falta.
Aprovecho para decir que en cuanto a las malezas resistentes hoy estamos enfrentando costos de entre 80 y 120 dólares, según la zona, y con herramientas biotecnológicas podríamos satisfacer tal vez con un quinto de ese costo. Este es un nuevo desafío para los productores, debido exclusivamente a la falta de una normativa que nos permita contar con esas herramientas con las que productores de otros países pueden contar.
Es bueno comentar aquí que una de las gremiales que participó de la mesa de consenso hizo una encuesta entre sus asociados en distintas cooperativas y más del 80 por ciento de los productores de las cooperativas hablaron de la necesidad de tener un aggiornamento en esta ley para poder acceder a las tecnologías en forma cada vez más imperiosa.
Para nosotros, la semilla es un vehículo de tecnología. Hoy hay recubrimientos, que vienen en la semilla, que son específicos para el suelo que tenemos en cada uno de nuestros ambientes; y ni hablar si miramos al futuro, aunque no tan futuro, pues yo diría que ya es el presente si hablamos de la edición génica. Si todavía no nos hemos puesto de acuerdo en este tema -que en realidad no es el futuro sino el presente-, que democratiza de alguna manera lo que es el mejoramiento genético con este tipo de herramientas, porque la verdad es que no hay que hacer una inversión tan inmensa como hacía falta antes, si no tenemos un marco normativo que garantice en autógamas el repago por la inversión y el conocimiento, no podremos disfrutar de estos beneficios. Lo mismo pasa, obviamente, con la biotecnología.
En la Argentina somos poseedores de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo. Hablamos de ser supermercado del mundo o la boutique del mundo; hablamos de la bioeconomía y de qué forma vamos a poder trasformar, a través de la fotosíntesis, en moléculas de valor que nos generen... Y no hablamos de 200 millones de toneladas; por ahí queremos tener una cosecha que valga mucho más de lo que vale hoy un commodity. Esa es la agricultura que se viene, que está a la vuelta de la esquina y que necesitamos potenciar con las herramientas necesarias para poder satisfacer la inventiva de un montón de argentinos que están esperando para poder volcar ese conocimiento al campo.
También tenemos que hablar de la semilla criolla y nativa, que está dentro de la ley de agricultura familiar. Tenemos que prestar atención a esto. La ley es muy clara al respecto e invita a los distintos actores de la cadena a hacer mejoramiento en las mismas. Se está dispuesto a esto último. De hecho, el otro día un semillero de trigo claramente mostró su interés en poder trabajar al respecto.
Queremos contar un proceso que sucedió durante todo el año 2007. Salvo la Federación Agraria Argentina, las gremiales -AACREA y Aapresid- junto con toda la industria semillera nucleada en ASA nos juntamos. Sinceramente partimos de puntos muy dispares. Por ejemplo, algunas gremiales planteaban el uso propio gratuito, como dice la ley de 1973, y parte de la industria planteaba la prohibición del uso propio, como existe en algunos países. Hubo que generar consensos, y se generaron. Hubo que ceder y todas las partes lo hicieron. Así llegamos a un acta de entendimiento que les voy a resumir en algunos puntos.
Dice así: "Se reconoce que la práctica de uso propio de semillas por parte de los productores se encuentra ampliamente expandida en el mercado, por lo que se acuerda la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología implementen modelos de negocios que se adapten a la realidad agrícola local.
"Las entidades gremiales reconocen que los proveedores de germoplasma y de biotecnología deben lograr un retorno adecuado de su inversión en tecnologías para, a su vez, seguir invirtiendo en el país en beneficio del sector, por lo que se considera necesario que todos los productores paguen una contraprestación por el uso propio en todas sus formas.
"El pago de germoplasma y biotecnología se realizará con la compra de semilla fiscalizada -a través del canal habitual de compra y en una sola factura- y cada vez que se realice uso propio.
"El productor quedará exceptuado de cualquier reclamo de pago, una vez que haya efectivizado el pago de la compra de semilla fiscalizada y de cada uso propio.
"El valor de las regalías de la genética y biotecnología es definido por el titular de cada derecho, y el plazo es aquel definido por el RNPC para genética y derechos aplicables.
"Con el objetivo de otorgar previsibilidad a los productores, los titulares de los derechos deberán comunicar los valores máximos de las regalías correspondientes al uso propio por períodos de tres años, y en forma sucesiva por períodos iguales de tres años, hasta el vencimiento de los derechos.
"Es función del Estado el control del comercio de semilla -a los comercios y a los productores- y granos. Las partes consideran adecuada la continuidad del sistema de control y muestreo en el punto de entrega del grano, tanto para germoplasma como para eventos biotecnológicos, sobre el total del universo a controlar -el total del grano entregado de los cultivos objeto de control-, al menos al inicio del sistema, y luego se establecerán parámetros de control selectivo en base a los resultados obtenidos.
"Adicionalmente, se deberán establecer mecanismos de declaración y control, con las correspondientes sanciones a los infractores de manera de incentivar el cumplimiento de las normas y asegurar el efectivo funcionamiento del sistema.
"Los productores incluidos en el ReNAF y los pueblos originarios podrán acceder a las tecnologías de forma no onerosa."
Con esto termino la lectura de los puntos del acta de entendimiento.
Debemos entender que estamos en la era del conocimiento y que el principal factor de producción que tenemos es el conocimiento. En la facultad nos enseñaban que los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo. Hoy, sin conocimiento ninguno de los tres se impone.
Reitero: el conocimiento es el principal factor de producción. Si no nos adaptamos a esto, nos extinguimos; y es lo que nos está pasando, porque en los últimos años el mejoramiento tradicional o germoplasmático de nuestros vecinos -sin ir más lejos, el de Brasil- fue muy superior al nuestro. Eso tiene que ver con la inversión que hay en mejoramiento tradicional; ni hablar en cuanto a las herramientas biotecnológicas.
Debemos reconocer la velocidad del cambio al que estamos subidos. No podemos seguir dilatando una ley absolutamente necesaria para desplegar el potencial productivo de nuestra cuenca fotosintética; si no, estamos enfrentando un default tecnológico. Tengamos en cuenta que si hoy nos pusiéramos de acuerdo y promulgáramos la ley, debemos esperar años por los plazos de aprobación de las herramientas que necesitamos. Entonces, cada día que pasa es un día más que no contamos con las herramientas con las que podríamos contar.
Debemos salir de esta parálisis paradigmática y mirar el futuro. Necesitamos las tecnologías y que haya inversión. Para eso es imperioso aggiornar la ley. (Aplausos.)
Para nosotros, el respeto a la ley es una buena práctica agrícola y, de hecho, es algo que tenemos incorporado en los protocolos de certificación que llevamos adelante hace más de diez años.
Creemos que esta modificación es central, clave y, en definitiva, puede abrir la puerta a las tecnologías que hacen falta, no solo en la región pampeana sino también en muchas economías regionales. Además de la soja y el trigo, nos referimos a las hortalizas, los frutales, el arroz, el garbanzo, el algodón, el maní, la floricultura -que puede tener un potencial inmenso en nuestro país-, la cadena forestal -hoy deficitaria en cerca de 800 millones de dólares, con un potencial inmenso- y las forrajeras, entre otras.
Lamentablemente, vemos que con este marco normativo se nos van cayendo los mejoradores y cada vez tenemos menos semilleros.
En otros países hay herramientas biotecnológicas disponibles a las que nosotros no podemos acceder, justamente por no tener un marco normativo adecuado. Por ejemplo, podemos hablar de una herramienta ciento por ciento nacional, como es el gen HB4(r), de Bioceres. La doctora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, con un presupuesto muy menor -en comparación con los de las compañías multinacionales, que tienen presupuestos astronómicos- logró aislar un gen de girasol, que se le introdujo luego al trigo y a la soja, entre otras especies.
Y en esta última campaña -según los ensayos que se llevaron adelante-, si toda la superficie de soja hubiera tenido esa herramienta biotecnológica, hubiésemos contado, por lo menos, con 4 o 5 millones de toneladas más. Si traducimos esto en puestos de trabajo, en divisas o en lo que a ustedes les parezca, a lo largo y ancho de la Argentina, podremos dimensionar, en una sola herramienta, lo que significa abrir la puerta a las tecnologías y lo que está haciendo falta.
Aprovecho para decir que en cuanto a las malezas resistentes hoy estamos enfrentando costos de entre 80 y 120 dólares, según la zona, y con herramientas biotecnológicas podríamos satisfacer tal vez con un quinto de ese costo. Este es un nuevo desafío para los productores, debido exclusivamente a la falta de una normativa que nos permita contar con esas herramientas con las que productores de otros países pueden contar.
Es bueno comentar aquí que una de las gremiales que participó de la mesa de consenso hizo una encuesta entre sus asociados en distintas cooperativas y más del 80 por ciento de los productores de las cooperativas hablaron de la necesidad de tener un aggiornamento en esta ley para poder acceder a las tecnologías en forma cada vez más imperiosa.
Para nosotros, la semilla es un vehículo de tecnología. Hoy hay recubrimientos, que vienen en la semilla, que son específicos para el suelo que tenemos en cada uno de nuestros ambientes; y ni hablar si miramos al futuro, aunque no tan futuro, pues yo diría que ya es el presente si hablamos de la edición génica. Si todavía no nos hemos puesto de acuerdo en este tema -que en realidad no es el futuro sino el presente-, que democratiza de alguna manera lo que es el mejoramiento genético con este tipo de herramientas, porque la verdad es que no hay que hacer una inversión tan inmensa como hacía falta antes, si no tenemos un marco normativo que garantice en autógamas el repago por la inversión y el conocimiento, no podremos disfrutar de estos beneficios. Lo mismo pasa, obviamente, con la biotecnología.
En la Argentina somos poseedores de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo. Hablamos de ser supermercado del mundo o la boutique del mundo; hablamos de la bioeconomía y de qué forma vamos a poder trasformar, a través de la fotosíntesis, en moléculas de valor que nos generen... Y no hablamos de 200 millones de toneladas; por ahí queremos tener una cosecha que valga mucho más de lo que vale hoy un commodity. Esa es la agricultura que se viene, que está a la vuelta de la esquina y que necesitamos potenciar con las herramientas necesarias para poder satisfacer la inventiva de un montón de argentinos que están esperando para poder volcar ese conocimiento al campo.
También tenemos que hablar de la semilla criolla y nativa, que está dentro de la ley de agricultura familiar. Tenemos que prestar atención a esto. La ley es muy clara al respecto e invita a los distintos actores de la cadena a hacer mejoramiento en las mismas. Se está dispuesto a esto último. De hecho, el otro día un semillero de trigo claramente mostró su interés en poder trabajar al respecto.
Queremos contar un proceso que sucedió durante todo el año 2007. Salvo la Federación Agraria Argentina, las gremiales -AACREA y Aapresid- junto con toda la industria semillera nucleada en ASA nos juntamos. Sinceramente partimos de puntos muy dispares. Por ejemplo, algunas gremiales planteaban el uso propio gratuito, como dice la ley de 1973, y parte de la industria planteaba la prohibición del uso propio, como existe en algunos países. Hubo que generar consensos, y se generaron. Hubo que ceder y todas las partes lo hicieron. Así llegamos a un acta de entendimiento que les voy a resumir en algunos puntos.
Dice así: "Se reconoce que la práctica de uso propio de semillas por parte de los productores se encuentra ampliamente expandida en el mercado, por lo que se acuerda la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología implementen modelos de negocios que se adapten a la realidad agrícola local.
"Las entidades gremiales reconocen que los proveedores de germoplasma y de biotecnología deben lograr un retorno adecuado de su inversión en tecnologías para, a su vez, seguir invirtiendo en el país en beneficio del sector, por lo que se considera necesario que todos los productores paguen una contraprestación por el uso propio en todas sus formas.
"El pago de germoplasma y biotecnología se realizará con la compra de semilla fiscalizada -a través del canal habitual de compra y en una sola factura- y cada vez que se realice uso propio.
"El productor quedará exceptuado de cualquier reclamo de pago, una vez que haya efectivizado el pago de la compra de semilla fiscalizada y de cada uso propio.
"El valor de las regalías de la genética y biotecnología es definido por el titular de cada derecho, y el plazo es aquel definido por el RNPC para genética y derechos aplicables.
"Con el objetivo de otorgar previsibilidad a los productores, los titulares de los derechos deberán comunicar los valores máximos de las regalías correspondientes al uso propio por períodos de tres años, y en forma sucesiva por períodos iguales de tres años, hasta el vencimiento de los derechos.
"Es función del Estado el control del comercio de semilla -a los comercios y a los productores- y granos. Las partes consideran adecuada la continuidad del sistema de control y muestreo en el punto de entrega del grano, tanto para germoplasma como para eventos biotecnológicos, sobre el total del universo a controlar -el total del grano entregado de los cultivos objeto de control-, al menos al inicio del sistema, y luego se establecerán parámetros de control selectivo en base a los resultados obtenidos.
"Adicionalmente, se deberán establecer mecanismos de declaración y control, con las correspondientes sanciones a los infractores de manera de incentivar el cumplimiento de las normas y asegurar el efectivo funcionamiento del sistema.
"Los productores incluidos en el ReNAF y los pueblos originarios podrán acceder a las tecnologías de forma no onerosa."
Con esto termino la lectura de los puntos del acta de entendimiento.
Debemos entender que estamos en la era del conocimiento y que el principal factor de producción que tenemos es el conocimiento. En la facultad nos enseñaban que los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo. Hoy, sin conocimiento ninguno de los tres se impone.
Reitero: el conocimiento es el principal factor de producción. Si no nos adaptamos a esto, nos extinguimos; y es lo que nos está pasando, porque en los últimos años el mejoramiento tradicional o germoplasmático de nuestros vecinos -sin ir más lejos, el de Brasil- fue muy superior al nuestro. Eso tiene que ver con la inversión que hay en mejoramiento tradicional; ni hablar en cuanto a las herramientas biotecnológicas.
Debemos reconocer la velocidad del cambio al que estamos subidos. No podemos seguir dilatando una ley absolutamente necesaria para desplegar el potencial productivo de nuestra cuenca fotosintética; si no, estamos enfrentando un default tecnológico. Tengamos en cuenta que si hoy nos pusiéramos de acuerdo y promulgáramos la ley, debemos esperar años por los plazos de aprobación de las herramientas que necesitamos. Entonces, cada día que pasa es un día más que no contamos con las herramientas con las que podríamos contar.
Debemos salir de esta parálisis paradigmática y mirar el futuro. Necesitamos las tecnologías y que haya inversión. Para eso es imperioso aggiornar la ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias, señores Pedro Vigneau y Alejandro Petek, presidente actual de Aapresid.
A continuación, invitamos a Andrea Estefanía Figueroa y Lucio Mauricio, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, a que nos expresen su punto de vista sobre este tema.
A continuación, invitamos a Andrea Estefanía Figueroa y Lucio Mauricio, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, a que nos expresen su punto de vista sobre este tema.
SR. BURBA Señor presidente: si me permite, le corrijo la presentación. Soy Juan Burba y me acompañan Lucio y Andrea. Formo parte de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza y del Movimiento Nacional Campesino Indígena. También, a nivel internacional represento a La Vía Campesina.
Para referirnos a la semilla tenemos que hablar un poco de historia. El presidente del INASE nos dio una mano con eso.
Cuando la humanidad se hizo sedentaria -después de haber sido nómade durante miles de años- comenzó a hacer agricultura, y allí nació la semilla, hace diez mil años. La selección, la domesticación y el mejoramiento de este bien, que es un bien social, es una creación humana.
En este sentido, el primer expositor mostró una foto muy clara y también habló acerca de cómo el maíz es una creación de la humanidad a través de estos miles de años de domesticación y mejoramiento. Es decir que de una especie que se supone que es la precursora y que hoy existe en la naturaleza se llegó al maíz, que naturalmente no existía como tal. Eso pasa con la gran mayoría de las especies que hoy nos alimentan.
Hace muy pocos años, apenas unas décadas, la revolución verde comenzó con una privatización de este bien social, y de eso debemos hablar si hablamos de semillas. Lamentablemente, no coincidimos con los amigos de Aapresid respecto de que la semilla es un vehículo de tecnología. Para nosotros es mucho más que eso. Además, creemos que es fundamental hablar de alimentación si hablamos de semillas.
Por otra parte, algunos otros expositores en reuniones anteriores de esta misma comisión hablaron de soberanía alimentaria, términos acuñados por La Vía Campesina, una organización internacional a la cual pertenezco. Sin duda, la semilla es el primer eslabón para la soberanía alimentaria. Así que tampoco podemos perder de vista eso si estamos discutiendo una nueva ley de semillas en nuestro país.
Existen datos de la FAO que nos ayudan a conocer la actual situación. Los informes sobre recursos fitogenéticos a nivel mundial elaborados por ese organismo en 1996 y en 2011 diagnosticaron que entre el año 1900 y el 2000 -es decir, en cien años nada más; vuelvo a mencionar que la semilla nació hace aproximadamente diez o doce mil años- se perdió el 75 por ciento de la diversidad agrícola, es decir, un gran porcentaje de la agrobiodiversidad en el mundo. Reitero: estos son datos de la FAO, que responsabiliza a la agricultura moderna de esta pérdida.
Nuestro planteo es el siguiente: ¿cómo recuperamos esa pérdida? Con las semillas líderes y no privatizadas -cuestión que comenzó allá por 1973 con la ley vigente y que se pretende continuar con muchos de los proyectos presentados en este cuerpo legislativo- en manos de los campesinos y campesinas, que somos quienes dimos origen a las especies que hoy nos alimentan.
En ese sentido, nos permitimos ser un poco irreverentes y nos preguntamos qué consiguieron los obtentores. Además, ¿quiénes son los obtentores? ¿Son aquellos que marca hoy la ley, o son esas miles y miles de familias campesinas indígenas que durante miles de años lograron desarrollar las plantas que hoy nos alimentan?
Supongamos que hay que reconocer el derecho de los obtentores por haber invertido y por haber puesto trabajo en función de eso. En todo caso, nosotros entendemos que resguardar el derecho de los obtentores es resguardar el derecho de las corporaciones y que debemos contraponerlo con la protección del derecho a la alimentación. Insisto en esto porque, reitero, nos parece fundamental hablar de alimentación si estamos hablando de semillas. Pero bajo ningún concepto aceptamos que se pueda proteger el derecho de esos obtentores sobre el producto de la cosecha. Eso nos parece una propuesta absolutamente inaceptable, y menos como pretende UPOV 91 -muchos de los proyectos presentados en esta Cámara tienen basamento en UPOV 91-, que criminalizan a quienes por miles y miles de años -repito- domesticaron o cuidaron las semillas en nuestro país y en el resto del mundo.
Por otra parte, quiero manifestar que nos solidarizamos con los compañeros de UATRE, quienes se expresaron con anterioridad acerca del paquete de agrotóxicos que propone cada una de las semillas industriales.
Sería muy interesante profundizar esa cuestión -posiblemente este no sea el momento ni el lugar indicado para hacerlo- y tener en cuenta el paquete de agrotóxicos que manipulan los trabajadores y trabajadoras rurales, a quienes vemos poco representados en esta instancia de debate. Por eso nuestra propuesta claramente se basa, además de las semillas libres, en la agroecología.
Algunos de los proyectos presentados en esta Cámara nos proponen a la agricultura familiar y a las familias campesinas como una excepción: "Bueno, hacemos la excepción de que puedan usar libremente las semillas". Estoy seguro de que cada uno y cada una de ustedes, que ciertamente almorzaron hace un rato nada más, tuvieron en su plato de comida algún producto proveniente de la agricultura familiar.
El 70 por ciento de la producción mundial de alimentos -lamentablemente en la Argentina ese porcentaje es un poco menor- viene de la agricultura familiar, con una utilización de menos de un cuarto de la tierra fértil en todo el planeta. El 70 por ciento del alimento es producido por las familias campesinas y la agricultura familiar. Insisto nuevamente: para hablar de semillas tenemos que hablar de alimentos.
¿Cuáles son las amenazas sobre la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos todos los pueblos y los Estados a decidir cómo vamos a alimentarnos? Los derechos del obtentor, sin duda; las patentes, ni hablar; las restricciones al uso propio, claramente, y también las restricciones al intercambio y a los modos históricos de llevar adelante la producción de alimentos en el mundo.
Para consideración de los diputados y diputadas que seguramente tendrán que debatir esta ley en la Cámara en los próximos meses o semanas, queremos hacer hincapié en algunas cuestiones que se mencionaron anteriormente.
La ley 27.118, de agricultura familiar, aprobada por este Congreso en 2015, plantea en su artículo 26 la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas y Criollas. Ese artículo se daría de cabeza con algunas propuestas planteadas en este debate.
En su inciso e), dicho artículo propone: "Desarrollar acciones tendientes a evitar la apropiación ilegítima y la falta de reconocimiento de la semilla nativa y criolla". Insisto en que esa ley fue aprobada por este Congreso en 2015.
Hace muy poco, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración de Derechos Campesinos, que probablemente se discuta y apruebe en la reunión plenaria de ese organismo internacional en los próximos meses; quizá a principios del año próximo.
El artículo 19 de esa declaración dice en su inciso 5): "Los Estados reconocerán los derechos de los campesinos a contar con sus propias semillas y a decidir las variedades de especies que deseen cultivar." Si esta situación no ocurre hoy con la ley vigente, imaginémonos con las que se están proponiendo en este debate.
Esa misma Declaración de Derechos Campesinos -que, insisto, aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- dice en su inciso 8): "Los Estados velarán por que las políticas de semillas, las leyes de protección vegetal y otras leyes de propiedad intelectual respeten y tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las realidades de las familias campesinas."
Para concluir, quiero contarles que en su reciente visita Hilal Elver, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, presentó un informe el 21 de septiembre, día de la primavera. Entre otras cosas, cuando abordó el tema de las semillas recomendó: "Mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar una distribución equitativa de los beneficios, proteger los intercambios de semillas entre productores, a fin de promover la soberanía alimentaria". Insisto: esta fue una recomendación que Hilal Elver, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, hizo hace muy poco al Estado argentino.
Por eso pedimos a los diputados y diputadas que acompañen el proyecto contenido en el expediente 5913-d-2018, que ingresó hace algunas semanas, elaborado por las organizaciones de pequeños productores de la agricultura familiar y organizaciones campesinas indígenas de nuestro país. (Aplausos.)
Para referirnos a la semilla tenemos que hablar un poco de historia. El presidente del INASE nos dio una mano con eso.
Cuando la humanidad se hizo sedentaria -después de haber sido nómade durante miles de años- comenzó a hacer agricultura, y allí nació la semilla, hace diez mil años. La selección, la domesticación y el mejoramiento de este bien, que es un bien social, es una creación humana.
En este sentido, el primer expositor mostró una foto muy clara y también habló acerca de cómo el maíz es una creación de la humanidad a través de estos miles de años de domesticación y mejoramiento. Es decir que de una especie que se supone que es la precursora y que hoy existe en la naturaleza se llegó al maíz, que naturalmente no existía como tal. Eso pasa con la gran mayoría de las especies que hoy nos alimentan.
Hace muy pocos años, apenas unas décadas, la revolución verde comenzó con una privatización de este bien social, y de eso debemos hablar si hablamos de semillas. Lamentablemente, no coincidimos con los amigos de Aapresid respecto de que la semilla es un vehículo de tecnología. Para nosotros es mucho más que eso. Además, creemos que es fundamental hablar de alimentación si hablamos de semillas.
Por otra parte, algunos otros expositores en reuniones anteriores de esta misma comisión hablaron de soberanía alimentaria, términos acuñados por La Vía Campesina, una organización internacional a la cual pertenezco. Sin duda, la semilla es el primer eslabón para la soberanía alimentaria. Así que tampoco podemos perder de vista eso si estamos discutiendo una nueva ley de semillas en nuestro país.
Existen datos de la FAO que nos ayudan a conocer la actual situación. Los informes sobre recursos fitogenéticos a nivel mundial elaborados por ese organismo en 1996 y en 2011 diagnosticaron que entre el año 1900 y el 2000 -es decir, en cien años nada más; vuelvo a mencionar que la semilla nació hace aproximadamente diez o doce mil años- se perdió el 75 por ciento de la diversidad agrícola, es decir, un gran porcentaje de la agrobiodiversidad en el mundo. Reitero: estos son datos de la FAO, que responsabiliza a la agricultura moderna de esta pérdida.
Nuestro planteo es el siguiente: ¿cómo recuperamos esa pérdida? Con las semillas líderes y no privatizadas -cuestión que comenzó allá por 1973 con la ley vigente y que se pretende continuar con muchos de los proyectos presentados en este cuerpo legislativo- en manos de los campesinos y campesinas, que somos quienes dimos origen a las especies que hoy nos alimentan.
En ese sentido, nos permitimos ser un poco irreverentes y nos preguntamos qué consiguieron los obtentores. Además, ¿quiénes son los obtentores? ¿Son aquellos que marca hoy la ley, o son esas miles y miles de familias campesinas indígenas que durante miles de años lograron desarrollar las plantas que hoy nos alimentan?
Supongamos que hay que reconocer el derecho de los obtentores por haber invertido y por haber puesto trabajo en función de eso. En todo caso, nosotros entendemos que resguardar el derecho de los obtentores es resguardar el derecho de las corporaciones y que debemos contraponerlo con la protección del derecho a la alimentación. Insisto en esto porque, reitero, nos parece fundamental hablar de alimentación si estamos hablando de semillas. Pero bajo ningún concepto aceptamos que se pueda proteger el derecho de esos obtentores sobre el producto de la cosecha. Eso nos parece una propuesta absolutamente inaceptable, y menos como pretende UPOV 91 -muchos de los proyectos presentados en esta Cámara tienen basamento en UPOV 91-, que criminalizan a quienes por miles y miles de años -repito- domesticaron o cuidaron las semillas en nuestro país y en el resto del mundo.
Por otra parte, quiero manifestar que nos solidarizamos con los compañeros de UATRE, quienes se expresaron con anterioridad acerca del paquete de agrotóxicos que propone cada una de las semillas industriales.
Sería muy interesante profundizar esa cuestión -posiblemente este no sea el momento ni el lugar indicado para hacerlo- y tener en cuenta el paquete de agrotóxicos que manipulan los trabajadores y trabajadoras rurales, a quienes vemos poco representados en esta instancia de debate. Por eso nuestra propuesta claramente se basa, además de las semillas libres, en la agroecología.
Algunos de los proyectos presentados en esta Cámara nos proponen a la agricultura familiar y a las familias campesinas como una excepción: "Bueno, hacemos la excepción de que puedan usar libremente las semillas". Estoy seguro de que cada uno y cada una de ustedes, que ciertamente almorzaron hace un rato nada más, tuvieron en su plato de comida algún producto proveniente de la agricultura familiar.
El 70 por ciento de la producción mundial de alimentos -lamentablemente en la Argentina ese porcentaje es un poco menor- viene de la agricultura familiar, con una utilización de menos de un cuarto de la tierra fértil en todo el planeta. El 70 por ciento del alimento es producido por las familias campesinas y la agricultura familiar. Insisto nuevamente: para hablar de semillas tenemos que hablar de alimentos.
¿Cuáles son las amenazas sobre la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos todos los pueblos y los Estados a decidir cómo vamos a alimentarnos? Los derechos del obtentor, sin duda; las patentes, ni hablar; las restricciones al uso propio, claramente, y también las restricciones al intercambio y a los modos históricos de llevar adelante la producción de alimentos en el mundo.
Para consideración de los diputados y diputadas que seguramente tendrán que debatir esta ley en la Cámara en los próximos meses o semanas, queremos hacer hincapié en algunas cuestiones que se mencionaron anteriormente.
La ley 27.118, de agricultura familiar, aprobada por este Congreso en 2015, plantea en su artículo 26 la creación del Centro de Producción de Semillas Nativas y Criollas. Ese artículo se daría de cabeza con algunas propuestas planteadas en este debate.
En su inciso e), dicho artículo propone: "Desarrollar acciones tendientes a evitar la apropiación ilegítima y la falta de reconocimiento de la semilla nativa y criolla". Insisto en que esa ley fue aprobada por este Congreso en 2015.
Hace muy poco, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración de Derechos Campesinos, que probablemente se discuta y apruebe en la reunión plenaria de ese organismo internacional en los próximos meses; quizá a principios del año próximo.
El artículo 19 de esa declaración dice en su inciso 5): "Los Estados reconocerán los derechos de los campesinos a contar con sus propias semillas y a decidir las variedades de especies que deseen cultivar." Si esta situación no ocurre hoy con la ley vigente, imaginémonos con las que se están proponiendo en este debate.
Esa misma Declaración de Derechos Campesinos -que, insisto, aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- dice en su inciso 8): "Los Estados velarán por que las políticas de semillas, las leyes de protección vegetal y otras leyes de propiedad intelectual respeten y tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las realidades de las familias campesinas."
Para concluir, quiero contarles que en su reciente visita Hilal Elver, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, presentó un informe el 21 de septiembre, día de la primavera. Entre otras cosas, cuando abordó el tema de las semillas recomendó: "Mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar una distribución equitativa de los beneficios, proteger los intercambios de semillas entre productores, a fin de promover la soberanía alimentaria". Insisto: esta fue una recomendación que Hilal Elver, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, hizo hace muy poco al Estado argentino.
Por eso pedimos a los diputados y diputadas que acompañen el proyecto contenido en el expediente 5913-d-2018, que ingresó hace algunas semanas, elaborado por las organizaciones de pequeños productores de la agricultura familiar y organizaciones campesinas indígenas de nuestro país. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación escucharemos al señor Lucas Larraquy, responsable de Ingeniería de Requerimientos de Agricultores Federados Argentinos (AFA).
SR. LARRAQUY Buenas tardes. Primero queremos agradecer a la comisión por dar participación a nuestra cooperativa en este debate tan importante sobre la ley de semillas.
En mi exposición hablaré exclusivamente del mercado de la soja y de cómo lo afecta la legislación vigente en lo que es acopios y cooperativas, que es donde nosotros participamos.
¿Por qué lo voy a hacer? Porque nuestra cooperativa acopia el 5 por ciento de la producción nacional de soja, con 15.000 productores activos. O sea, tenemos el 25 por ciento de los productores a nivel nacional, que entregan en nuestros silos.
Somos el ente jurídico con más plantas de acopio en toda la Argentina: 119 plantas de acopio habilitadas en nueve provincias de nuestro país. Consideramos que la soja debe tener un capítulo especial en la ley de semillas porque es el grano que da el 49 por ciento del valor bruto de las exportaciones argentinas del complejo agroindustrial. El grano que le sigue es el maíz, con un 11 por ciento, y luego viene el trigo, con un 6 por ciento.
Además, la soja es el principal grano en el que conviven los dos derechos: el del obtentor y el de patente. Por eso nos vamos a circunscribir a lo que es el mercado de la soja. Primero nos vamos a referir a qué se está discutiendo y por qué se está discutiendo ahora, dado que no es un tema que apareció hoy.
En todas las exposiciones que venimos escuchando -y seguramente en las que vendrán-, la discusión se basa en cuatro puntos: el uso propio oneroso o gratuito del productor; cómo controlar, al productor o usuario de semilla, la declaración o el material que está utilizando; cómo armonizar lo que se legisla en la ley de semillas y en la ley de patentes -o si es necesario armonizarlo-; y el orden público o no de la norma, es decir, el orden público o la libertad de contratación, como se plantea en muchas de las exposiciones.
¿Por qué se está discutiendo esto ahora, en este año, cuando en realidad viene discutiéndose en el mercado desde hace veinte años? Consideramos que se debe al supuesto patentamiento de una variedad genética de soja. Hace dos años, con esa supuesta patente se armó una estructura contractual que cambió el paradigma del mercado de soja argentino. Hoy el mercado de soja argentino no es el mismo que hace dos años. Hoy con esa patente toda la cadena comercial -exportadores, acopiadores, cooperativas y productores- participa de una estructura contractual privada de control e información, todo bajo el régimen de ley de patentes, donde se cobran regalías de semillas de soja bajo la ley de patentes, independientemente de lo que diga la ley de semillas.
Tomo una frase que la semana pasada expuso aquí el presidente del INTI. Dijo: "El problema es cuando exponemos productos a otros países. El derecho de patentes es territorial. Esto significa que el hecho de que la República Argentina no otorgue protección a determinadas formas de materia viva no implica que los productores nacionales al momento de exportar no deban enfrentar derechos de patente vigentes en otros países en los cuales la mercadería que se está exportando se encuentra protegida mediante una o varias patentes."
Eso es lo que pasó en la Argentina. Esta empresa de biotecnología, con el certificado de bioseguridad en una mano -certificado que dan las semilleras a los exportadores, y que se exige en China y en Vietnam- y la supuesta patente en la otra, hizo acuerdos privados con los exportadores argentinos, y todos los exportadores implementaron el sistema de control privado de muestreo e información al titular de la supuesta patente, cerrando la puerta de los puertos.
Eso surgió a principios de 2016. Después se avanzó sobre la cadena de acopio y de cooperativas, donde hubo varias reuniones y muchas tensiones. Ello desembocó en el sistema vigente, que es el Bolsatech, del que somos parte. Si bien este sistema tiene el mismo espíritu que el original -porque hoy se están tomando muestras de todas las entregas de soja en todos los acopios en todos los puertos de la República Argentina, se suben al sistema y se informa al titular de la patente-, tiene tres diferencias: en los acopios no tenemos que retener compulsivamente al productor, como pretendía la semillera, sino que solamente debemos informar; la información directa de acopio vía Bolsatech al titular de la patente se hace exclusivamente a los productores que tienen firmado un contrato con la semillera, y a quienes no tienen firmado un contrato se los informa vía Secretaría de Agroindustria y, anualmente se viene dictando una resolución que avala el control en granos; la primera fue la 277, de 2016.
En esas negociaciones la cooperativa había planteado tres objeciones, más allá de que sí o sí se tenía que entrar, que eran: nosotros no podemos retener compulsivamente muestras, no podemos informar a un tercero que no sea el Estado resultados de los análisis de nuestros productores y, menos aún, podemos retener compulsivamente dinero por indicación de una empresa privada.
Eso se subsanó en el Bolsatech. Pero hoy existe el sistema Bolsatech, donde este supuesto titular de la patente está cobrando regalías; y para el que usa esa tecnología, el uso propio es oneroso, sin excepciones.
¿Por qué se pudo dar todo esto? Básicamente, por lo que explicaba, es decir, por la estructura del mercado argentino. Hay tres biotecnológicas que acaparan el 70 por ciento del mercado mundial de semillas; el año pasado eran cinco, pero se fusionaron y hoy son tres. Hay quince empresas exportadoras que exportan el 96 por ciento del complejo sojero argentino; hoy hay solamente quince empresas, pero el año pasado podría haber dicho dieciocho. Y del otro lado hay 800 acopios y 50 mil productores. O sea, cerrando la puerta del puerto, cerrando la posibilidad de exportar, y con el inconveniente cierto de la exportación, es muy fácil armar toda la estructura contractual privada que existe hoy en la Argentina.
Dentro del contexto que estamos describiendo, queremos plantear cuatro cuestiones. En primer lugar, es imprescindible homogeneizar la ley de semillas con la ley de patentes. Tiene que quedar bien claro al momento de legislar la ley de semillas con la ley de patentes, porque independientemente de lo que ustedes legislen sobre la ley de semillas, la ley de patentes lo transforma, en el acto, en uso propio oneroso sin restricciones, más allá de que dentro de la ley de patentes hay un debate interno acerca de si se puede patentar un ser vivo o no.
Siempre hablé de supuesta patente, a ver si realmente se patentó un gen o el procedimiento de introducción de un gen y si realmente corresponde patentar o no; este es un tema que a nosotros nos excede. Pero es imprescindible que haya un sistema legislativo claro para que no quede ningún gris entre semilla y patente.
En segundo lugar, hay que reglamentar el otorgamiento de certificados de bioseguridad por parte del titular de los derechos a los exportadores en el momento de obtener el registro de variedad vegetal. O sea, el certificado tiene que estar disponible para la cadena comercial en el momento en que se larga la variedad al mercado. No se puede usar ese certificado como herramienta de negociación o como traba para la exportación de grano argentino. Si la semilla está libre en el mercado, el certificado tiene que estar libre para que la cadena comercial que no somos usuarios de semillas podamos exportar el grano.
En tercer lugar, se debe analizar profundamente el tema del control del grano en punto de entrega, como hablábamos recién. Primero, hay que ver si es necesario. Hoy, con el nuevo sistema SISA -de cruce de información dentro del gobierno-, la resolución 2750 de la AFIP -en virtud de la cual el productor debe declarar las hectáreas que siembra-, la resolución 187 del INASE -por la cual el productor debe declarar qué variedad siembra- y la gestión del CTG -para el otorgamiento de la carta de porte en línea-, el Estado sabe perfectamente cuántos kilos de cada cereal u oleaginosa está saliendo de un campo; es decir, ya sabe qué se siembra en ese campo, cuánto se siembra y cuánto le rinde. El INASE tiene las herramientas legislativas adecuadas como para controlar toda esa información.
Pregunto: además de toda esa información y todo ese poder que le da la ley, ¿es necesario encima controlar en grano? Además, ¿qué se controla cuando se controla en grano, dentro de este análisis de muestreo? Yo no soy agrónomo -soy contador- pero entiendo que es muy difícil detectar una variedad con un muestreo en grano. Es mucho más fácil detectar un gen. Entonces, puede existir el riesgo de que se incorporen genes como código de barras exclusivamente para detectarlo y poder cobrar regalías y no como un beneficio agronómico.
Por otro lado, ¿quién va costear el sistema si al legislar se obliga a tomar control en granos? Hoy en día lo está costeando esta semillera. ¿La cadena comercial, que no somos ni usuarios ni inventores, tenemos que gestionar y costear todo este sistema, que es totalmente oneroso?
Por último, debemos reglamentar la relación contractual entre obtentores y usuarios debido a las diferentes relaciones de fuerza, como ocurre en otros mercados, como el de seguros. Hoy en día ya existen contratos; los pueden ver en las páginas web de estas semilleras. En esos contratos se dice que el productor debe dirimir cualquier problema ante los tribunales de Buenos Aires, independientemente de donde viva, y que está obligado a reconocer derechos más allá del vencimiento de la supuesta patente, a permitir a la semillera ingresar a su campo, a segregar la mercadería y, a su vez, a poner áreas a resguardo con otra variedad. O sea que debe implementar dos variedades dentro del mismo campo y, a su vez, segregarlas; y si no las segrega, acepta pagar regalías por mercadería que no tiene la tecnología que dice.
Cedo los dos minutos que me restan al señor David Castellano, consejero de nuestra cooperativa.
En mi exposición hablaré exclusivamente del mercado de la soja y de cómo lo afecta la legislación vigente en lo que es acopios y cooperativas, que es donde nosotros participamos.
¿Por qué lo voy a hacer? Porque nuestra cooperativa acopia el 5 por ciento de la producción nacional de soja, con 15.000 productores activos. O sea, tenemos el 25 por ciento de los productores a nivel nacional, que entregan en nuestros silos.
Somos el ente jurídico con más plantas de acopio en toda la Argentina: 119 plantas de acopio habilitadas en nueve provincias de nuestro país. Consideramos que la soja debe tener un capítulo especial en la ley de semillas porque es el grano que da el 49 por ciento del valor bruto de las exportaciones argentinas del complejo agroindustrial. El grano que le sigue es el maíz, con un 11 por ciento, y luego viene el trigo, con un 6 por ciento.
Además, la soja es el principal grano en el que conviven los dos derechos: el del obtentor y el de patente. Por eso nos vamos a circunscribir a lo que es el mercado de la soja. Primero nos vamos a referir a qué se está discutiendo y por qué se está discutiendo ahora, dado que no es un tema que apareció hoy.
En todas las exposiciones que venimos escuchando -y seguramente en las que vendrán-, la discusión se basa en cuatro puntos: el uso propio oneroso o gratuito del productor; cómo controlar, al productor o usuario de semilla, la declaración o el material que está utilizando; cómo armonizar lo que se legisla en la ley de semillas y en la ley de patentes -o si es necesario armonizarlo-; y el orden público o no de la norma, es decir, el orden público o la libertad de contratación, como se plantea en muchas de las exposiciones.
¿Por qué se está discutiendo esto ahora, en este año, cuando en realidad viene discutiéndose en el mercado desde hace veinte años? Consideramos que se debe al supuesto patentamiento de una variedad genética de soja. Hace dos años, con esa supuesta patente se armó una estructura contractual que cambió el paradigma del mercado de soja argentino. Hoy el mercado de soja argentino no es el mismo que hace dos años. Hoy con esa patente toda la cadena comercial -exportadores, acopiadores, cooperativas y productores- participa de una estructura contractual privada de control e información, todo bajo el régimen de ley de patentes, donde se cobran regalías de semillas de soja bajo la ley de patentes, independientemente de lo que diga la ley de semillas.
Tomo una frase que la semana pasada expuso aquí el presidente del INTI. Dijo: "El problema es cuando exponemos productos a otros países. El derecho de patentes es territorial. Esto significa que el hecho de que la República Argentina no otorgue protección a determinadas formas de materia viva no implica que los productores nacionales al momento de exportar no deban enfrentar derechos de patente vigentes en otros países en los cuales la mercadería que se está exportando se encuentra protegida mediante una o varias patentes."
Eso es lo que pasó en la Argentina. Esta empresa de biotecnología, con el certificado de bioseguridad en una mano -certificado que dan las semilleras a los exportadores, y que se exige en China y en Vietnam- y la supuesta patente en la otra, hizo acuerdos privados con los exportadores argentinos, y todos los exportadores implementaron el sistema de control privado de muestreo e información al titular de la supuesta patente, cerrando la puerta de los puertos.
Eso surgió a principios de 2016. Después se avanzó sobre la cadena de acopio y de cooperativas, donde hubo varias reuniones y muchas tensiones. Ello desembocó en el sistema vigente, que es el Bolsatech, del que somos parte. Si bien este sistema tiene el mismo espíritu que el original -porque hoy se están tomando muestras de todas las entregas de soja en todos los acopios en todos los puertos de la República Argentina, se suben al sistema y se informa al titular de la patente-, tiene tres diferencias: en los acopios no tenemos que retener compulsivamente al productor, como pretendía la semillera, sino que solamente debemos informar; la información directa de acopio vía Bolsatech al titular de la patente se hace exclusivamente a los productores que tienen firmado un contrato con la semillera, y a quienes no tienen firmado un contrato se los informa vía Secretaría de Agroindustria y, anualmente se viene dictando una resolución que avala el control en granos; la primera fue la 277, de 2016.
En esas negociaciones la cooperativa había planteado tres objeciones, más allá de que sí o sí se tenía que entrar, que eran: nosotros no podemos retener compulsivamente muestras, no podemos informar a un tercero que no sea el Estado resultados de los análisis de nuestros productores y, menos aún, podemos retener compulsivamente dinero por indicación de una empresa privada.
Eso se subsanó en el Bolsatech. Pero hoy existe el sistema Bolsatech, donde este supuesto titular de la patente está cobrando regalías; y para el que usa esa tecnología, el uso propio es oneroso, sin excepciones.
¿Por qué se pudo dar todo esto? Básicamente, por lo que explicaba, es decir, por la estructura del mercado argentino. Hay tres biotecnológicas que acaparan el 70 por ciento del mercado mundial de semillas; el año pasado eran cinco, pero se fusionaron y hoy son tres. Hay quince empresas exportadoras que exportan el 96 por ciento del complejo sojero argentino; hoy hay solamente quince empresas, pero el año pasado podría haber dicho dieciocho. Y del otro lado hay 800 acopios y 50 mil productores. O sea, cerrando la puerta del puerto, cerrando la posibilidad de exportar, y con el inconveniente cierto de la exportación, es muy fácil armar toda la estructura contractual privada que existe hoy en la Argentina.
Dentro del contexto que estamos describiendo, queremos plantear cuatro cuestiones. En primer lugar, es imprescindible homogeneizar la ley de semillas con la ley de patentes. Tiene que quedar bien claro al momento de legislar la ley de semillas con la ley de patentes, porque independientemente de lo que ustedes legislen sobre la ley de semillas, la ley de patentes lo transforma, en el acto, en uso propio oneroso sin restricciones, más allá de que dentro de la ley de patentes hay un debate interno acerca de si se puede patentar un ser vivo o no.
Siempre hablé de supuesta patente, a ver si realmente se patentó un gen o el procedimiento de introducción de un gen y si realmente corresponde patentar o no; este es un tema que a nosotros nos excede. Pero es imprescindible que haya un sistema legislativo claro para que no quede ningún gris entre semilla y patente.
En segundo lugar, hay que reglamentar el otorgamiento de certificados de bioseguridad por parte del titular de los derechos a los exportadores en el momento de obtener el registro de variedad vegetal. O sea, el certificado tiene que estar disponible para la cadena comercial en el momento en que se larga la variedad al mercado. No se puede usar ese certificado como herramienta de negociación o como traba para la exportación de grano argentino. Si la semilla está libre en el mercado, el certificado tiene que estar libre para que la cadena comercial que no somos usuarios de semillas podamos exportar el grano.
En tercer lugar, se debe analizar profundamente el tema del control del grano en punto de entrega, como hablábamos recién. Primero, hay que ver si es necesario. Hoy, con el nuevo sistema SISA -de cruce de información dentro del gobierno-, la resolución 2750 de la AFIP -en virtud de la cual el productor debe declarar las hectáreas que siembra-, la resolución 187 del INASE -por la cual el productor debe declarar qué variedad siembra- y la gestión del CTG -para el otorgamiento de la carta de porte en línea-, el Estado sabe perfectamente cuántos kilos de cada cereal u oleaginosa está saliendo de un campo; es decir, ya sabe qué se siembra en ese campo, cuánto se siembra y cuánto le rinde. El INASE tiene las herramientas legislativas adecuadas como para controlar toda esa información.
Pregunto: además de toda esa información y todo ese poder que le da la ley, ¿es necesario encima controlar en grano? Además, ¿qué se controla cuando se controla en grano, dentro de este análisis de muestreo? Yo no soy agrónomo -soy contador- pero entiendo que es muy difícil detectar una variedad con un muestreo en grano. Es mucho más fácil detectar un gen. Entonces, puede existir el riesgo de que se incorporen genes como código de barras exclusivamente para detectarlo y poder cobrar regalías y no como un beneficio agronómico.
Por otro lado, ¿quién va costear el sistema si al legislar se obliga a tomar control en granos? Hoy en día lo está costeando esta semillera. ¿La cadena comercial, que no somos ni usuarios ni inventores, tenemos que gestionar y costear todo este sistema, que es totalmente oneroso?
Por último, debemos reglamentar la relación contractual entre obtentores y usuarios debido a las diferentes relaciones de fuerza, como ocurre en otros mercados, como el de seguros. Hoy en día ya existen contratos; los pueden ver en las páginas web de estas semilleras. En esos contratos se dice que el productor debe dirimir cualquier problema ante los tribunales de Buenos Aires, independientemente de donde viva, y que está obligado a reconocer derechos más allá del vencimiento de la supuesta patente, a permitir a la semillera ingresar a su campo, a segregar la mercadería y, a su vez, a poner áreas a resguardo con otra variedad. O sea que debe implementar dos variedades dentro del mismo campo y, a su vez, segregarlas; y si no las segrega, acepta pagar regalías por mercadería que no tiene la tecnología que dice.
Cedo los dos minutos que me restan al señor David Castellano, consejero de nuestra cooperativa.
SR. CASTELLANO Señor presidente: resulta indispensable definir en términos políticos para quiénes pensamos una nueva ley de semillas. ¿Por qué esta afirmación? Porque existen muchas opiniones pero hay dos vertientes que son bien claras: o legislamos pensando en premiar al inventor, que en realidad es el espíritu natural de la propiedad intelectual y que alienta a que se patenten inventos, o legislamos fundamentalmente para garantizar la protección del inversor. Ahí es donde empieza la desvirtuación de la propiedad intelectual, porque esto induce y acelera la invención de las patentes, habilitando sustanciosos dividendos y retornos, y generando además un sistema de dependencia sistemática del productor con los proveedores de la tecnología.
Si solamente se piensa en el inversor y se deja que tenga derechos sobre la planta, sobre las sucesivas generaciones de semillas y los granos que ellas generen, van a convertirnos a los productores en arrendatarios de la semilla, pero también habilitarán que determinadas empresas impongan condiciones sobre el control comercial de todo el proceso productivo, incluida la venta posterior del grano como alimento o materia prima. Es decir, habilitarán a esas empresas una posición dominante -que es lo que viene ocurriendo- sobre los cultivos alimentarios de consumo mundial. ¿Es esto soberanía alimentaria? Es una pregunta que queremos dejar planteada claramente.
Y hablando de inversores, ¿acaso el productor no es el principal actor productivo y el inversor más importante en función de la capacidad económica que tiene? Pareciera que no alcanza que arriende el 70 por ciento del área que se siembra en nuestro país en campos alquilados y que invierta en maquinarias e insumos, sino que ahora también se lo quiere obligar a arrendar la semilla, a estar condicionado en términos comerciales y a pagar un porcentaje de la producción a los inversores tecnológicos con la excusa de la semilla, pero en realidad someten a toda la cadena.
Si se quiere defender al inversor, se debe empezar por defender al productor agropecuario. Lo dejamos planteado como reflexión.
Desde hace tiempo se nos endilga que el problema de la bolsa blanca es culpa del productor agropecuario. Creemos que esto viene desde hace bastante tiempo pero en los distintos gobiernos no ocurrió lo que debería haber ocurrido, que era el verdadero control y el poder de policía de parte del INASE, y fundamentalmente hacer el seguimiento correspondiente con los mecanismos a los que se refirió muy bien mi compañero, en el sentido de tener la información.
Por otro lado, si sabemos que entre el 20 y el 30 por ciento de los productores generan el 80 por ciento de la producción argentina, es muy fácil empezar a controlar por ahí y perseguir claramente a los ilegales del sistema.
Consideramos también que no hay que buscar definiciones que apunten a la excepción del más débil, sino hacer ese trabajo. Somos inversores e innovadores permanentes, y sabemos reconocer la investigación y la tecnología. Hemos sido dinámicos en incorporar lo nuevo, arriesgando siempre en la inversión y la innovación. Sin embargo, no queremos acuerdos privados que vulneren nuestros derechos. La nueva ley debe ser de orden público. No queremos que se vulnere el rol de los multiplicadores y la importancia de la variabilidad genética.
Les dejo unas preguntas: ¿por qué estamos hablando de una nueva ley de semillas cuando en realidad se pretende dominar la planta, el grano y la cadena comercial, incluso condicionando destinos exportables, sea como materia prima o como alimento, en función del pago de un canon que obliga y somete al productor y a la cadena de comercialización?
Sostenemos que la ley debe expresar claramente que el importe a abonar por el productor cuando compra la bolsa de semillas debe incluir el importe resultante de la aplicación biotecnológica que la variedad de semilla contenga y sin ningún agregado posterior. No importa el costo que esa bolsa tenga. Allí debe terminar todo el proceso.
¿Acaso si compramos una Ferrari o cualquier vehículo más económico estamos obligados a seguir pagando un canon a través de los años por todas las innovaciones que tiene el auto cada vez que lo usamos? ¿No corremos el riesgo, por querer proteger al inversor, de que nos obliguen a comprar una Ferrari cuando nosotros queremos una camioneta o, lo que sería más grave aún, que en realidad le pongan a la camioneta el valor de la Ferrari, y encima tengamos en la puerta de nuestro garaje una cabina de peaje? (Risas.)
El problema no es la semilla ni la innovación; no es un premio al inventor lo que se pretende, ni tampoco una tecnología que genere autonomía e independencia al productor y a su cadena comercial: el problema es el intento de aprobar leyes que conducen al sometimiento, poniendo como excusa los avances tecnológicos. (Aplausos.)
Si solamente se piensa en el inversor y se deja que tenga derechos sobre la planta, sobre las sucesivas generaciones de semillas y los granos que ellas generen, van a convertirnos a los productores en arrendatarios de la semilla, pero también habilitarán que determinadas empresas impongan condiciones sobre el control comercial de todo el proceso productivo, incluida la venta posterior del grano como alimento o materia prima. Es decir, habilitarán a esas empresas una posición dominante -que es lo que viene ocurriendo- sobre los cultivos alimentarios de consumo mundial. ¿Es esto soberanía alimentaria? Es una pregunta que queremos dejar planteada claramente.
Y hablando de inversores, ¿acaso el productor no es el principal actor productivo y el inversor más importante en función de la capacidad económica que tiene? Pareciera que no alcanza que arriende el 70 por ciento del área que se siembra en nuestro país en campos alquilados y que invierta en maquinarias e insumos, sino que ahora también se lo quiere obligar a arrendar la semilla, a estar condicionado en términos comerciales y a pagar un porcentaje de la producción a los inversores tecnológicos con la excusa de la semilla, pero en realidad someten a toda la cadena.
Si se quiere defender al inversor, se debe empezar por defender al productor agropecuario. Lo dejamos planteado como reflexión.
Desde hace tiempo se nos endilga que el problema de la bolsa blanca es culpa del productor agropecuario. Creemos que esto viene desde hace bastante tiempo pero en los distintos gobiernos no ocurrió lo que debería haber ocurrido, que era el verdadero control y el poder de policía de parte del INASE, y fundamentalmente hacer el seguimiento correspondiente con los mecanismos a los que se refirió muy bien mi compañero, en el sentido de tener la información.
Por otro lado, si sabemos que entre el 20 y el 30 por ciento de los productores generan el 80 por ciento de la producción argentina, es muy fácil empezar a controlar por ahí y perseguir claramente a los ilegales del sistema.
Consideramos también que no hay que buscar definiciones que apunten a la excepción del más débil, sino hacer ese trabajo. Somos inversores e innovadores permanentes, y sabemos reconocer la investigación y la tecnología. Hemos sido dinámicos en incorporar lo nuevo, arriesgando siempre en la inversión y la innovación. Sin embargo, no queremos acuerdos privados que vulneren nuestros derechos. La nueva ley debe ser de orden público. No queremos que se vulnere el rol de los multiplicadores y la importancia de la variabilidad genética.
Les dejo unas preguntas: ¿por qué estamos hablando de una nueva ley de semillas cuando en realidad se pretende dominar la planta, el grano y la cadena comercial, incluso condicionando destinos exportables, sea como materia prima o como alimento, en función del pago de un canon que obliga y somete al productor y a la cadena de comercialización?
Sostenemos que la ley debe expresar claramente que el importe a abonar por el productor cuando compra la bolsa de semillas debe incluir el importe resultante de la aplicación biotecnológica que la variedad de semilla contenga y sin ningún agregado posterior. No importa el costo que esa bolsa tenga. Allí debe terminar todo el proceso.
¿Acaso si compramos una Ferrari o cualquier vehículo más económico estamos obligados a seguir pagando un canon a través de los años por todas las innovaciones que tiene el auto cada vez que lo usamos? ¿No corremos el riesgo, por querer proteger al inversor, de que nos obliguen a comprar una Ferrari cuando nosotros queremos una camioneta o, lo que sería más grave aún, que en realidad le pongan a la camioneta el valor de la Ferrari, y encima tengamos en la puerta de nuestro garaje una cabina de peaje? (Risas.)
El problema no es la semilla ni la innovación; no es un premio al inventor lo que se pretende, ni tampoco una tecnología que genere autonomía e independencia al productor y a su cadena comercial: el problema es el intento de aprobar leyes que conducen al sometimiento, poniendo como excusa los avances tecnológicos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el ingeniero Fernando Vilella, quien hablará en representación del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.
SR. VILELLA Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que le han dado al consejo profesional que reúne a los ingenieros agrónomos, a los licenciados en alimentos y a los profesionales de la agroindustria. En ese marco, voy a dirigirme a ustedes teniendo en cuenta algunas cuestiones que me parecen centrales.
En primer lugar, gran parte de los avances logrados en la productividad en los últimos años están sustentados en el conocimiento incorporado a las semillas o a los órganos de multiplicación asexuales. Me parece que este aspecto también es importante y hasta ahora no ha sido mencionado.
Cabe señalar que a partir del trabajo de las organizaciones públicas y privadas estos logros tienen un costo de desarrollo que debe ser cubierto por los distintos actores beneficiarios de dichos programas, de manera que se permita a esos actores ser sustentables económicamente.
En otras palabras, generar y mantener la vanguardia requiere un reconocimiento de las mejoras a través del pago de una alícuota de lo que ese avance permitió a quien lo está utilizando.
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica fue creado por ley nacional y representa, como mencionaba, a los profesionales de la agroalimentación y de la agroindustria de todo el país.
Hace más de setenta años que está involucrado en esta tarea. Es relevante que estemos participando, ya que por distintas normativas los profesionales del agro tienen intervención, ya sea a través de la fiscalización de semillas del INASE, o la inspección de las mismas en el propio organismo, o en el Registro Nacional de Cultivares -tienen distintas funciones-, o en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas.
Desde el punto de vista del ejercicio profesional, desde el Consejo promovemos la participación de los profesionales ingenieros agrónomos y de carreras afines como actores relevantes en la generación y preservación de la propiedad intelectual.
Reivindicamos también el rol del INASE como el brazo del sector público que debiera ser relevante en términos de control y seguimiento de las cuestiones que estamos tratando. Y promovemos una ley de semillas que, basada en principios de federalismo, inclusión social, respeto por la propiedad intelectual y los tratados internacionales -pilares que entendemos que son fundamentales en la innovación, tanto para el sector público como para el privado-, fomente inversiones y genere empleo y desarrollo en la Argentina, además de generar un capítulo de exportación de conocimiento a partir de los productos semilla.
Creemos que hay que proteger el uso propio como práctica del productor, asegurando la onerosidad de cada bien en cada momento que se opte por el uso; garantizar el acceso de los pueblos originarios y la agricultura familiar a las nuevas tecnologías, en condiciones favorables, con un uso propio gratuito; asegurar un mercado de semillas fiscalizadas que permita a los productores acceder a semillas de calidad y mejores servicios; garantizar la libertad de las partes para contratar y elegir, y establecer mecanismos de controles efectivos y eficientes vía el Estado -como mencioné antes-, a través del INASE.
Ahora voy a mostrar algunos datos de lo que pasa o pasó por no tener legislaciones adecuadas. Si analizamos lo que ocurrió desde 1920 hasta acá con el rendimiento del cultivo de maíz en la Argentina versus el de Estados Unidos, podemos observar que hasta los años 30 los rendimientos en la Argentina estaban muy por encima de los rendimientos en Estados Unidos.
Sin embargo, a partir de ese momento se produce una incorporación tecnológica que hizo que nuestros rendimientos quedaran muy por debajo del de Estados Unidos, llegando a alrededor del 45 por ciento a finales de los años 50 y comienzos de los 60. Esa incorporación tecnológica fue la de los híbridos de maíz.
La línea roja marca el porcentaje de híbridos que usaba Estados Unidos, y la celeste, el de Argentina. Cuando Argentina empieza a despegar en la utilización de los híbridos, hacia comienzos de los 60, ya el ciento por ciento de los cultivos de Estados Unidos tenían esta tecnología. Eso significó un gran retroceso en nuestro sistema productivo. ¿Cuánto significó eso en términos cuantitativos?
Si uno estima el valor de la tonelada a un valor de hoy, y si nosotros hubiéramos sostenido una diferencia de un 20 por ciento con el rendimiento de Estados Unidos, hubiéramos producido 358 millones de toneladas más de maíz en este período.
Es decir que la no incorporación de una tecnología como el híbrido, que es relativamente sencilla y está disponible en muchos casos, significó para la Argentina 50.000 millones de dólares menos. No haber sostenido una estrategia de mejoramiento en trigo equivalente a la de Estados Unidos le agrega unos 20.000 millones de pesos más.
De manera que no incorporar tecnología no es trivial sino que tiene impacto y costo, no solamente para quien vende la semilla sino para todo el sistema. Y en este caso podríamos haber incluido al Estado nacional, que en buena parte de esos momentos históricos se quedó con una parte, a partir de las retenciones.
Entonces, ¿cuánto estamos dejando de ganar por no contar con nuevas tecnologías? ¿Cuánto significa esto para otros desarrollos?
Más allá de las agriculturas extensivas pampeanas, ¿cuál es el costo de no tener hoy las variedades de legumbres que utilizan los asiáticos? Sería una oportunidad de diversificación para muchas regiones de nuestro país que no tienen oportunidades. Cabe aclarar que la arveja que se consume en el mundo no es la verde y las variedades de garbanzo que consumen los asiáticos no son las que nosotros tenemos. ¿Quién va a traerlas si no recibirá un reconocimiento? Este es un problema.
En el caso del maní, que tiene una cadena de valor importante -factura 1.000 millones de dólares al año-, hay prácticamente una única variedad en todo el sistema, que tiene más de quince años y está sujeta a la eventualidad de cualquier enfermedad que pueda ser catastrófica para este tipo de productos.
Siguiendo con las producciones regionales, cabe mencionar que muchas regiones productivas de frutas, del valle e incluso ciertas producciones de cítricos, tienen un retraso importante en términos de incorporación de nuevos cultivares, que impacta en la viabilidad y el sustento de estas producciones.
En cuanto a las hortalizas, hoy se mencionaba que no tenemos una genética propia, y verdaderamente la Argentina podría ser un actor relevante en esto, más allá de que debemos incorporar más hortalizas a nuestras dietas, entre otras cosas. Teniendo en cuenta lo que dicen los nutricionistas, deberíamos duplicar la actual producción de frutas y hortalizas para poder satisfacer una dieta media equilibrada de la población argentina. Lograr esto necesita también un sustento de base. Lo mismo ocurre con el algodón. Podemos mencionar innumerables situaciones.
Es decir que más allá de la soja y el trigo, que son muy relevantes y sobre los cuales hoy hemos escuchado varias exposiciones, hay que pensar el conjunto de la genética de semillas y de otros órganos de propagación. Cuando esto no ocurre, hay perdedores. ¿Quiénes son? Los productores pampeanos y extrapampeanos de cultivos extensivos, así como los de cultivos intensivos; los trabajadores, que pierden oportunidades laborales; la sociedad rural toda, ya que cuando no hay producto no se genera desarrollo, y el actor relevante del interior es el agricultor. Otro perdedor es el propio INTA, que ha generado múltiples productos y cuyo ingreso principal hoy es el arroz que vende en Brasil, como recupero de patentes. Y también universidades e institutos de investigación, que podrían contribuir generando desarrollo.
Por otro lado, en tiempos de la bioeconomía deberíamos estar pensando en otros tipos de situaciones en las que los registros y los aspectos a tener en cuenta sean objetivos; deberían derogarse los no objetivos, que en algunos casos son importantes y tienden a hacernos retroceder.
Resumiendo, podemos decir lo siguiente. Los profesionales del agro son una parte importante del sistema. Las semillas son fundamentales como insumos en la incorporación de mejoras. Las mejoras tienen costos que deben reconocer los beneficiados. Las leyes deben contener a todos los cultivos y sistemas. Hay sectores de la agricultura familiar que deben ser protegidos, sin que esto sirva de excusa a otros sectores para eludir sus responsabilidades. La nueva bioeconomía exige también reglamentar otros aspectos, como el de las enzimas, las levaduras y otros organismos y moléculas, que son aspectos que vienen con fuerza.
En todos estos temas Argentina puede ser un jugador relevante, y en algunos casos podemos mostrar logros en estos campos. Tenemos científicos y tecnología adecuada.
Por último, como dije, deberían eliminarse los factores subjetivos, que en muchos casos terminan siendo los más nocivos. Muchas gracias. (Aplausos.)
En primer lugar, gran parte de los avances logrados en la productividad en los últimos años están sustentados en el conocimiento incorporado a las semillas o a los órganos de multiplicación asexuales. Me parece que este aspecto también es importante y hasta ahora no ha sido mencionado.
Cabe señalar que a partir del trabajo de las organizaciones públicas y privadas estos logros tienen un costo de desarrollo que debe ser cubierto por los distintos actores beneficiarios de dichos programas, de manera que se permita a esos actores ser sustentables económicamente.
En otras palabras, generar y mantener la vanguardia requiere un reconocimiento de las mejoras a través del pago de una alícuota de lo que ese avance permitió a quien lo está utilizando.
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica fue creado por ley nacional y representa, como mencionaba, a los profesionales de la agroalimentación y de la agroindustria de todo el país.
Hace más de setenta años que está involucrado en esta tarea. Es relevante que estemos participando, ya que por distintas normativas los profesionales del agro tienen intervención, ya sea a través de la fiscalización de semillas del INASE, o la inspección de las mismas en el propio organismo, o en el Registro Nacional de Cultivares -tienen distintas funciones-, o en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas.
Desde el punto de vista del ejercicio profesional, desde el Consejo promovemos la participación de los profesionales ingenieros agrónomos y de carreras afines como actores relevantes en la generación y preservación de la propiedad intelectual.
Reivindicamos también el rol del INASE como el brazo del sector público que debiera ser relevante en términos de control y seguimiento de las cuestiones que estamos tratando. Y promovemos una ley de semillas que, basada en principios de federalismo, inclusión social, respeto por la propiedad intelectual y los tratados internacionales -pilares que entendemos que son fundamentales en la innovación, tanto para el sector público como para el privado-, fomente inversiones y genere empleo y desarrollo en la Argentina, además de generar un capítulo de exportación de conocimiento a partir de los productos semilla.
Creemos que hay que proteger el uso propio como práctica del productor, asegurando la onerosidad de cada bien en cada momento que se opte por el uso; garantizar el acceso de los pueblos originarios y la agricultura familiar a las nuevas tecnologías, en condiciones favorables, con un uso propio gratuito; asegurar un mercado de semillas fiscalizadas que permita a los productores acceder a semillas de calidad y mejores servicios; garantizar la libertad de las partes para contratar y elegir, y establecer mecanismos de controles efectivos y eficientes vía el Estado -como mencioné antes-, a través del INASE.
Ahora voy a mostrar algunos datos de lo que pasa o pasó por no tener legislaciones adecuadas. Si analizamos lo que ocurrió desde 1920 hasta acá con el rendimiento del cultivo de maíz en la Argentina versus el de Estados Unidos, podemos observar que hasta los años 30 los rendimientos en la Argentina estaban muy por encima de los rendimientos en Estados Unidos.
Sin embargo, a partir de ese momento se produce una incorporación tecnológica que hizo que nuestros rendimientos quedaran muy por debajo del de Estados Unidos, llegando a alrededor del 45 por ciento a finales de los años 50 y comienzos de los 60. Esa incorporación tecnológica fue la de los híbridos de maíz.
La línea roja marca el porcentaje de híbridos que usaba Estados Unidos, y la celeste, el de Argentina. Cuando Argentina empieza a despegar en la utilización de los híbridos, hacia comienzos de los 60, ya el ciento por ciento de los cultivos de Estados Unidos tenían esta tecnología. Eso significó un gran retroceso en nuestro sistema productivo. ¿Cuánto significó eso en términos cuantitativos?
Si uno estima el valor de la tonelada a un valor de hoy, y si nosotros hubiéramos sostenido una diferencia de un 20 por ciento con el rendimiento de Estados Unidos, hubiéramos producido 358 millones de toneladas más de maíz en este período.
Es decir que la no incorporación de una tecnología como el híbrido, que es relativamente sencilla y está disponible en muchos casos, significó para la Argentina 50.000 millones de dólares menos. No haber sostenido una estrategia de mejoramiento en trigo equivalente a la de Estados Unidos le agrega unos 20.000 millones de pesos más.
De manera que no incorporar tecnología no es trivial sino que tiene impacto y costo, no solamente para quien vende la semilla sino para todo el sistema. Y en este caso podríamos haber incluido al Estado nacional, que en buena parte de esos momentos históricos se quedó con una parte, a partir de las retenciones.
Entonces, ¿cuánto estamos dejando de ganar por no contar con nuevas tecnologías? ¿Cuánto significa esto para otros desarrollos?
Más allá de las agriculturas extensivas pampeanas, ¿cuál es el costo de no tener hoy las variedades de legumbres que utilizan los asiáticos? Sería una oportunidad de diversificación para muchas regiones de nuestro país que no tienen oportunidades. Cabe aclarar que la arveja que se consume en el mundo no es la verde y las variedades de garbanzo que consumen los asiáticos no son las que nosotros tenemos. ¿Quién va a traerlas si no recibirá un reconocimiento? Este es un problema.
En el caso del maní, que tiene una cadena de valor importante -factura 1.000 millones de dólares al año-, hay prácticamente una única variedad en todo el sistema, que tiene más de quince años y está sujeta a la eventualidad de cualquier enfermedad que pueda ser catastrófica para este tipo de productos.
Siguiendo con las producciones regionales, cabe mencionar que muchas regiones productivas de frutas, del valle e incluso ciertas producciones de cítricos, tienen un retraso importante en términos de incorporación de nuevos cultivares, que impacta en la viabilidad y el sustento de estas producciones.
En cuanto a las hortalizas, hoy se mencionaba que no tenemos una genética propia, y verdaderamente la Argentina podría ser un actor relevante en esto, más allá de que debemos incorporar más hortalizas a nuestras dietas, entre otras cosas. Teniendo en cuenta lo que dicen los nutricionistas, deberíamos duplicar la actual producción de frutas y hortalizas para poder satisfacer una dieta media equilibrada de la población argentina. Lograr esto necesita también un sustento de base. Lo mismo ocurre con el algodón. Podemos mencionar innumerables situaciones.
Es decir que más allá de la soja y el trigo, que son muy relevantes y sobre los cuales hoy hemos escuchado varias exposiciones, hay que pensar el conjunto de la genética de semillas y de otros órganos de propagación. Cuando esto no ocurre, hay perdedores. ¿Quiénes son? Los productores pampeanos y extrapampeanos de cultivos extensivos, así como los de cultivos intensivos; los trabajadores, que pierden oportunidades laborales; la sociedad rural toda, ya que cuando no hay producto no se genera desarrollo, y el actor relevante del interior es el agricultor. Otro perdedor es el propio INTA, que ha generado múltiples productos y cuyo ingreso principal hoy es el arroz que vende en Brasil, como recupero de patentes. Y también universidades e institutos de investigación, que podrían contribuir generando desarrollo.
Por otro lado, en tiempos de la bioeconomía deberíamos estar pensando en otros tipos de situaciones en las que los registros y los aspectos a tener en cuenta sean objetivos; deberían derogarse los no objetivos, que en algunos casos son importantes y tienden a hacernos retroceder.
Resumiendo, podemos decir lo siguiente. Los profesionales del agro son una parte importante del sistema. Las semillas son fundamentales como insumos en la incorporación de mejoras. Las mejoras tienen costos que deben reconocer los beneficiados. Las leyes deben contener a todos los cultivos y sistemas. Hay sectores de la agricultura familiar que deben ser protegidos, sin que esto sirva de excusa a otros sectores para eludir sus responsabilidades. La nueva bioeconomía exige también reglamentar otros aspectos, como el de las enzimas, las levaduras y otros organismos y moléculas, que son aspectos que vienen con fuerza.
En todos estos temas Argentina puede ser un jugador relevante, y en algunos casos podemos mostrar logros en estos campos. Tenemos científicos y tecnología adecuada.
Por último, como dije, deberían eliminarse los factores subjetivos, que en muchos casos terminan siendo los más nocivos. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el señor Roberto Enriquez, gerente general de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida como ArPOV.
SR. ENRIQUEZ Muy buenas tardes. En primer lugar queremos agradecer al señor presidente de la comisión por invitarnos a compartir nuestra experiencia en esta reunión.
Mi nombre es Roberto Enriquez y a mi lado se encuentra Lisandro Galíndez, que es el presidente de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV). También se encuentra presente nuestro vicepresidente.
ArPOV es una asociación civil formada por 61 asociados, que en general son empresas e instituciones que se dedican a realizar investigación y desarrollo en especies vegetales.
Los obtentores, sobre los cuales se ha hablado bastante en las presentaciones anteriores, son las empresas que trabajan con estos faros de largo alcance. Diría que además de faros de largo alcance tienen una suerte de binoculares de largo alcance, porque -como ya se dijo acá- desarrollar una nueva variedad vegetal requiere una inversión en tiempo y en recursos de más de diez años desde que empiezan los cruzamientos hasta que conseguimos lanzar una variedad vegetal al mercado.
En este conjunto de asociados que tiene la organización, quizás la característica que más nos llena de orgullo es la riqueza de la diversidad entre nuestros asociados. Un 10 por ciento de ellos son instituciones oficiales y universidades. Entre nuestros socios se encuentran el INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres -del gobierno de Tucumán-, la Chacra Experimental de Barrow -formada por el INTA y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires- y diferentes universidades. También tenemos una gran diversidad de empresas: empresas pequeñas, empresas medianas, empresas regionales, empresas que tienen presencia en todo el país y empresas que tienen una presencia local muy importante.
Nuestro objetivo principal es representar a nuestros asociados protegiendo la propiedad intelectual de sus creaciones y promover un mercado de semillas legal.
¿Dónde estamos hoy? Creo que ya se habló bastante de esto. En casi todos los cultivos de especies autógamas el uso de semilla fiscalizada -esa semilla producida bajo el proceso de fiscalización del Instituto Nacional de Semillas, esa que da empleo en el interior a través de los multiplicadores, que son cinco o seis por cada obtentor-, es muy bajo. En todos los cultivos de especies autógamas, el porcentaje del área que se siembra con este tipo de semillas, que es por la que en definitiva el obtentor recibe un reconocimiento por lo que están ofreciendo, está por debajo del 30 por ciento.
No queremos ahondar en el detalle de cada uno de estos cultivos porque ya vinieron representantes de los distintos cultivos, tanto en esta jornada como en las anteriores -y seguramente vendrán otros-, pero queremos traer a colación lo que pasa y la consecuencia que tiene esto en el cultivo de soja.
Esta presentación -de la que nos adelantaron el final porque también fue utilizada por otro de los expositores del día de hoy- nos muestra qué ocurre en los tres principales países del mundo que producen soja: qué superficie tenemos, qué rendimiento promedio en toneladas por hectárea se presenta, cuál es el porcentaje de reconocimiento a la propiedad intelectual que presenta cada uno de estos tres mercados, cuál es la venta de semillas en equivalente de bolsas de 40 kilos -en el caso de la Argentina también colocamos el porcentaje que paga regalías por uso propio- y la inversión en investigación y desarrollo, en dólares y por hectárea, que se da en cada uno de estos países.
Esta diferencia en las posibilidades de invertir entre Argentina, Brasil y Estados Unidos nos trae como consecuencia lo que podemos mostrar en el gráfico de la derecha, abajo. Ese gráfico muestra cómo fue en los últimos años la inscripción de variedades acumuladas en la Argentina -la línea azul- y en Brasil -la línea verde-.
En el gráfico se observa que hasta 2012 la inscripción de variedades ha sido pareja entre los dos países productivos y, a partir de ese año, todos los años Brasil está inscribiendo una mayor cantidad de variedades que la Argentina. Eso nos lleva a ese punto de separación y a ese abismo que tenemos entre la cantidad inscripta en un país y en otro.
Por otro lado, también implica que tengamos menos jugadores. En Brasil, tomando los últimos tres años, hubo veintisiete obtentores que presentaron variedades a inscribirse, presentaron novedades; en la Argentina hubo solamente doce. En definitiva, esto termina redundando en menores alternativas para los productores en sus diferentes ambientes productivos, en menores opciones para el multiplicador y en menores tecnologías disponibles.
Esto implica -y es un poco parecido a lo ya presentado- que si tomamos en cuenta lo que ha sido el mercado de soja en la Argentina el último año, como sector y como país nos hemos perdido 1.800 millones de dólares en exportaciones de poroto, y sería muchísimo más si pudiésemos extrapolarlo al valor agregado de la exportación de harina, de aceite o de expellers. Además, al cálculo actual significa 7.200 millones de pesos de pérdida para el Estado a nivel de retenciones.
¿Qué tenemos hoy? Tenemos una ley de 1973 -como se dijo-, que si bien respondió adecuadamente a las necesidades de ese momento, era un mundo completamente distinto al actual. En la Argentina, la matriz productiva agrícola era totalmente diferente a la que tenemos hoy. En esta época, los señores legisladores deben plantearse qué estamos pensando para adelante, cómo será la matriz productiva que queremos tener.
Hoy, con este marco legal, los programas de investigación locales en los cultivos principales, fundamentalmente en los regionales -que son aquellos que no salen en la tapa de los diarios, como el maní, el garbanzo y el resto de las legumbres-, están con serios inconvenientes y presentan debilidades muy fuertes que pueden traer fracasos a nivel regional.
Cada vez tenemos menos participantes en la cadena, y nuestros socios en la distribución del producto hacia el usuario final, que son los multiplicadores y las redes comerciales, están con capacidad ociosa. Ya han presentado esto cuando les ha tocado hablar en este debate.
Existe un alto grado de consenso. ArPOV adhiere al acta de consenso, que fue producto del trabajo de mucho tiempo entre diferentes actores de la cadena, que llegaron con posiciones muy distintas pero consiguieron entender que la tecnología y el germoplasma deben pagarse, que este pago tiene que ser en cada uso y cada vez que se compra semilla -por todo lo que tiene la semilla como tecnología y germoplasma-, que el control debe ser liderado por el INASE, que debe contemplarse la situación de agricultores familiares y pequeños agricultores, y debe mantenerse la libertad de contratación entre las partes.
A lo largo de las jornadas de diálogo en esta comisión ha habido muchísimos sectores que se han expresado adhiriendo a todas estas premisas que estamos compartiendo aquí.
Creemos que, con reglas claras acordes al presente, revisando la situación que tenemos hoy para evitar esas debilidades que podemos presentar como país y potencia agroexportadora, podemos prepararnos para un futuro mejor.
Para concluir, pensar en una nueva ley de semillas que permita recuperar inversiones para continuar con los programas, incorporar tecnología, desarrollar nuevas variedades para los cultivos que hoy están un poco más retrasados, para esos cultivos regionales de los que tanto hablamos, y conseguir nuevos participantes en esta industria, gente que venga a invertir en los cultivos actuales, en producciones de nicho, etcétera, redundará en beneficios para toda la cadena.
En consecuencia, los multiplicadores podrán optimizar el uso de sus plantas, transformar esos porcentajes que hoy no tenemos de semilla fiscalizada en mercado formal y tener mayores alternativas para hacer su negocio. Los productores tendrán acceso a nuevas tecnologías, podrán incrementar su productividad y tendrán mayores opciones para los diferentes planteos productivos.
Los acopios permitirán incrementar la originación y brindar más servicios. Además de esto, en toda la cadena habrá más movimiento de flete y de industria, principalmente en estos lugares del interior de la Argentina donde participan nuestros socios comerciales.
A su vez, los exportadores podrán tener mayor producción; habrá más oportunidades de apertura al mundo y, produciendo más en forma sustentable, el Estado conseguirá tener trazabilidad, generar mejores ingresos y crear un marco que permita generar empleo de calidad y mayor valor agregado en origen.
Para finalizar, invito a nuestro presidente a que comparta con nosotros sus ideas.
Mi nombre es Roberto Enriquez y a mi lado se encuentra Lisandro Galíndez, que es el presidente de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ArPOV). También se encuentra presente nuestro vicepresidente.
ArPOV es una asociación civil formada por 61 asociados, que en general son empresas e instituciones que se dedican a realizar investigación y desarrollo en especies vegetales.
Los obtentores, sobre los cuales se ha hablado bastante en las presentaciones anteriores, son las empresas que trabajan con estos faros de largo alcance. Diría que además de faros de largo alcance tienen una suerte de binoculares de largo alcance, porque -como ya se dijo acá- desarrollar una nueva variedad vegetal requiere una inversión en tiempo y en recursos de más de diez años desde que empiezan los cruzamientos hasta que conseguimos lanzar una variedad vegetal al mercado.
En este conjunto de asociados que tiene la organización, quizás la característica que más nos llena de orgullo es la riqueza de la diversidad entre nuestros asociados. Un 10 por ciento de ellos son instituciones oficiales y universidades. Entre nuestros socios se encuentran el INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres -del gobierno de Tucumán-, la Chacra Experimental de Barrow -formada por el INTA y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires- y diferentes universidades. También tenemos una gran diversidad de empresas: empresas pequeñas, empresas medianas, empresas regionales, empresas que tienen presencia en todo el país y empresas que tienen una presencia local muy importante.
Nuestro objetivo principal es representar a nuestros asociados protegiendo la propiedad intelectual de sus creaciones y promover un mercado de semillas legal.
¿Dónde estamos hoy? Creo que ya se habló bastante de esto. En casi todos los cultivos de especies autógamas el uso de semilla fiscalizada -esa semilla producida bajo el proceso de fiscalización del Instituto Nacional de Semillas, esa que da empleo en el interior a través de los multiplicadores, que son cinco o seis por cada obtentor-, es muy bajo. En todos los cultivos de especies autógamas, el porcentaje del área que se siembra con este tipo de semillas, que es por la que en definitiva el obtentor recibe un reconocimiento por lo que están ofreciendo, está por debajo del 30 por ciento.
No queremos ahondar en el detalle de cada uno de estos cultivos porque ya vinieron representantes de los distintos cultivos, tanto en esta jornada como en las anteriores -y seguramente vendrán otros-, pero queremos traer a colación lo que pasa y la consecuencia que tiene esto en el cultivo de soja.
Esta presentación -de la que nos adelantaron el final porque también fue utilizada por otro de los expositores del día de hoy- nos muestra qué ocurre en los tres principales países del mundo que producen soja: qué superficie tenemos, qué rendimiento promedio en toneladas por hectárea se presenta, cuál es el porcentaje de reconocimiento a la propiedad intelectual que presenta cada uno de estos tres mercados, cuál es la venta de semillas en equivalente de bolsas de 40 kilos -en el caso de la Argentina también colocamos el porcentaje que paga regalías por uso propio- y la inversión en investigación y desarrollo, en dólares y por hectárea, que se da en cada uno de estos países.
Esta diferencia en las posibilidades de invertir entre Argentina, Brasil y Estados Unidos nos trae como consecuencia lo que podemos mostrar en el gráfico de la derecha, abajo. Ese gráfico muestra cómo fue en los últimos años la inscripción de variedades acumuladas en la Argentina -la línea azul- y en Brasil -la línea verde-.
En el gráfico se observa que hasta 2012 la inscripción de variedades ha sido pareja entre los dos países productivos y, a partir de ese año, todos los años Brasil está inscribiendo una mayor cantidad de variedades que la Argentina. Eso nos lleva a ese punto de separación y a ese abismo que tenemos entre la cantidad inscripta en un país y en otro.
Por otro lado, también implica que tengamos menos jugadores. En Brasil, tomando los últimos tres años, hubo veintisiete obtentores que presentaron variedades a inscribirse, presentaron novedades; en la Argentina hubo solamente doce. En definitiva, esto termina redundando en menores alternativas para los productores en sus diferentes ambientes productivos, en menores opciones para el multiplicador y en menores tecnologías disponibles.
Esto implica -y es un poco parecido a lo ya presentado- que si tomamos en cuenta lo que ha sido el mercado de soja en la Argentina el último año, como sector y como país nos hemos perdido 1.800 millones de dólares en exportaciones de poroto, y sería muchísimo más si pudiésemos extrapolarlo al valor agregado de la exportación de harina, de aceite o de expellers. Además, al cálculo actual significa 7.200 millones de pesos de pérdida para el Estado a nivel de retenciones.
¿Qué tenemos hoy? Tenemos una ley de 1973 -como se dijo-, que si bien respondió adecuadamente a las necesidades de ese momento, era un mundo completamente distinto al actual. En la Argentina, la matriz productiva agrícola era totalmente diferente a la que tenemos hoy. En esta época, los señores legisladores deben plantearse qué estamos pensando para adelante, cómo será la matriz productiva que queremos tener.
Hoy, con este marco legal, los programas de investigación locales en los cultivos principales, fundamentalmente en los regionales -que son aquellos que no salen en la tapa de los diarios, como el maní, el garbanzo y el resto de las legumbres-, están con serios inconvenientes y presentan debilidades muy fuertes que pueden traer fracasos a nivel regional.
Cada vez tenemos menos participantes en la cadena, y nuestros socios en la distribución del producto hacia el usuario final, que son los multiplicadores y las redes comerciales, están con capacidad ociosa. Ya han presentado esto cuando les ha tocado hablar en este debate.
Existe un alto grado de consenso. ArPOV adhiere al acta de consenso, que fue producto del trabajo de mucho tiempo entre diferentes actores de la cadena, que llegaron con posiciones muy distintas pero consiguieron entender que la tecnología y el germoplasma deben pagarse, que este pago tiene que ser en cada uso y cada vez que se compra semilla -por todo lo que tiene la semilla como tecnología y germoplasma-, que el control debe ser liderado por el INASE, que debe contemplarse la situación de agricultores familiares y pequeños agricultores, y debe mantenerse la libertad de contratación entre las partes.
A lo largo de las jornadas de diálogo en esta comisión ha habido muchísimos sectores que se han expresado adhiriendo a todas estas premisas que estamos compartiendo aquí.
Creemos que, con reglas claras acordes al presente, revisando la situación que tenemos hoy para evitar esas debilidades que podemos presentar como país y potencia agroexportadora, podemos prepararnos para un futuro mejor.
Para concluir, pensar en una nueva ley de semillas que permita recuperar inversiones para continuar con los programas, incorporar tecnología, desarrollar nuevas variedades para los cultivos que hoy están un poco más retrasados, para esos cultivos regionales de los que tanto hablamos, y conseguir nuevos participantes en esta industria, gente que venga a invertir en los cultivos actuales, en producciones de nicho, etcétera, redundará en beneficios para toda la cadena.
En consecuencia, los multiplicadores podrán optimizar el uso de sus plantas, transformar esos porcentajes que hoy no tenemos de semilla fiscalizada en mercado formal y tener mayores alternativas para hacer su negocio. Los productores tendrán acceso a nuevas tecnologías, podrán incrementar su productividad y tendrán mayores opciones para los diferentes planteos productivos.
Los acopios permitirán incrementar la originación y brindar más servicios. Además de esto, en toda la cadena habrá más movimiento de flete y de industria, principalmente en estos lugares del interior de la Argentina donde participan nuestros socios comerciales.
A su vez, los exportadores podrán tener mayor producción; habrá más oportunidades de apertura al mundo y, produciendo más en forma sustentable, el Estado conseguirá tener trazabilidad, generar mejores ingresos y crear un marco que permita generar empleo de calidad y mayor valor agregado en origen.
Para finalizar, invito a nuestro presidente a que comparta con nosotros sus ideas.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Le pido que sea breve.
SR. GALÍNDEZ Seré muy breve, señor presidente. Como comentaba el ingeniero Enríquez hace un momento, ArPOV adhiere al acta acuerdo que se celebró entre varias entidades y que llevó mucho tiempo de trabajo.
Esa acta acuerdo fomenta la inversión, el ingreso de nuevos participantes y fundamentalmente la llegada de distintas opciones y herramientas para el productor, que son las que hoy está necesitando y nos está demandando a nosotros como obtentores.
Lo que también hace ese acuerdo es fomentar la inversión en semilla y en tecnología. Cabe señalar aquí que la inversión en semilla y en tecnología es asimilable a la inversión en educación: si nosotros no hacemos la inversión que necesitamos ahora en semilla y en tecnología, no solo tenemos un problema ahora sino que estaremos hipotecando el futuro. (Aplausos.)
Esa acta acuerdo fomenta la inversión, el ingreso de nuevos participantes y fundamentalmente la llegada de distintas opciones y herramientas para el productor, que son las que hoy está necesitando y nos está demandando a nosotros como obtentores.
Lo que también hace ese acuerdo es fomentar la inversión en semilla y en tecnología. Cabe señalar aquí que la inversión en semilla y en tecnología es asimilable a la inversión en educación: si nosotros no hacemos la inversión que necesitamos ahora en semilla y en tecnología, no solo tenemos un problema ahora sino que estaremos hipotecando el futuro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchísimas gracias a los representantes de ArPOV.
Quiero informarles que en esta reunión hemos tratado de optimizar los tiempos de las intervenciones. Solo restan cuatro expositores.
Es tiempo ahora de la "entrerrianía", así que convocamos a los representantes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Invitamos a su gerente, Miguel Pacheco, y a su presidente, Néstor Luciani.
Quiero informarles que en esta reunión hemos tratado de optimizar los tiempos de las intervenciones. Solo restan cuatro expositores.
Es tiempo ahora de la "entrerrianía", así que convocamos a los representantes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Invitamos a su gerente, Miguel Pacheco, y a su presidente, Néstor Luciani.
-Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Acaban de informarme que no ha podido asistir el señor Luciani. En su lugar, se encuentra presente el ingeniero Galizzi.
Tiene la palabra el señor Pacheco.
Tiene la palabra el señor Pacheco.
SR. PACHECO Seré breve, señor presidente.
En primer lugar, agradezco a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara y a su presidente, el señor diputado Atilio Benedetti, por esta invitación. Pocas veces nuestra institución ha tenido la oportunidad de llegar hasta aquí para dar a conocer sus pareceres. De manera que como para nosotros esta es una oportunidad muy rara, agradecemos el hecho de que se haya dado.
Desde la provincia de Entre Ríos vemos con beneplácito que se esté discutiendo en este Congreso una norma tan transcendental e importante para la economía argentina.
Venimos de una provincia que tiene 1.700.000 hectáreas en agricultura, que con el doble cultivo llega a los 2.000.000 de hectáreas, desde la cual sale alrededor del 7 por ciento de la producción nacional.
Si bien esto parece poco importante en cuanto a las toneladas producidas, debemos manifestar que la provincia de Entre Ríos es una de las que mejor transforma el maíz, ya que su cadena avícola, las producciones de cerdo y demás generan importantísimas fuentes de trabajo a los entrerrianos.
Por otra parte, hace pocos días se presentó un trabajo relacionado con la cadena de arroz. En este sentido, son más de 5.000 los entrerrianos que trabajan con ese cultivo, lo que equivale a decir que todo esto comienza con la semilla.
Desde la Bolsa de Cereales propiciamos que no se frene la producción de semilla agregando tecnología y que nos permitan seguir aumentando la productividad. Como saben, Entre Ríos no se encuentra en el centro de La Pampa húmeda. Por lo tanto, precisamos mejores tecnologías para mejorar la eficiencia y para que nuestros productores obtengan el rendimiento que necesitan para garantizar su sustento.
Nuestro presidente no nos ha podido acompañar, pero le voy a pasar la palabra al ingeniero Galizzi, que es miembro de la Bolsa de Cereales, para que haga un repaso de los puntos que se han debatido y les cuente qué es lo que nosotros pensamos que debe contener esta importante ley para la Argentina.
En primer lugar, agradezco a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara y a su presidente, el señor diputado Atilio Benedetti, por esta invitación. Pocas veces nuestra institución ha tenido la oportunidad de llegar hasta aquí para dar a conocer sus pareceres. De manera que como para nosotros esta es una oportunidad muy rara, agradecemos el hecho de que se haya dado.
Desde la provincia de Entre Ríos vemos con beneplácito que se esté discutiendo en este Congreso una norma tan transcendental e importante para la economía argentina.
Venimos de una provincia que tiene 1.700.000 hectáreas en agricultura, que con el doble cultivo llega a los 2.000.000 de hectáreas, desde la cual sale alrededor del 7 por ciento de la producción nacional.
Si bien esto parece poco importante en cuanto a las toneladas producidas, debemos manifestar que la provincia de Entre Ríos es una de las que mejor transforma el maíz, ya que su cadena avícola, las producciones de cerdo y demás generan importantísimas fuentes de trabajo a los entrerrianos.
Por otra parte, hace pocos días se presentó un trabajo relacionado con la cadena de arroz. En este sentido, son más de 5.000 los entrerrianos que trabajan con ese cultivo, lo que equivale a decir que todo esto comienza con la semilla.
Desde la Bolsa de Cereales propiciamos que no se frene la producción de semilla agregando tecnología y que nos permitan seguir aumentando la productividad. Como saben, Entre Ríos no se encuentra en el centro de La Pampa húmeda. Por lo tanto, precisamos mejores tecnologías para mejorar la eficiencia y para que nuestros productores obtengan el rendimiento que necesitan para garantizar su sustento.
Nuestro presidente no nos ha podido acompañar, pero le voy a pasar la palabra al ingeniero Galizzi, que es miembro de la Bolsa de Cereales, para que haga un repaso de los puntos que se han debatido y les cuente qué es lo que nosotros pensamos que debe contener esta importante ley para la Argentina.
SR. GALIZZI Buenas tardes. Desde la Bolsa de Cereales, donde siempre hacemos el relevamiento del estado de los cultivos y de lo que se hace en Entre Ríos, vemos como una necesidad que se pueda seguir manteniendo esa iniciativa de investigación y desarrollo en nuevos cultivares y nuevas variedades, ya que nuestra provincia realmente es una provincia aparte. Digo esto porque tiene muchos problemas de enfermedades, suelos pesados, y realmente necesita el desarrollo de nuevas variedades.
Cabe mencionar que Entre Ríos es prácticamente la única provincia que produce lino, que hoy no se nombró acá; antes se dedicaba el INTA, básicamente. Como no hay hectáreas, tampoco hay una necesidad de las empresas de desarrollar eso.
Entonces, nosotros entendemos que realmente es necesario que se pague por la compra de la semilla para que pueda haber investigación y desarrollo; sobre todo en provincias como la nuestra, que realmente lo necesitan.
Obviamente, como ya lo hemos escuchado de otros expositores, solicitamos que queden exceptuados de este pago los pequeños productores. Acá hablan también del ReNAF. En Entre Ríos -en la granja, como la llaman- tenemos arroz y muchos cultivos particulares de la provincia -como el lino, que acabo de mencionar-, y hay pequeños productores, que tienen 100, 150 o 200 hectáreas, que deberían quedar excluidos.
También pedimos que los fitomejoradores estén contemplados en la ley y tengan libre acceso a todos estos cultivares para que ellos puedan introducir y generar nuevos cultivares; es decir, que puedan acceder a todo lo que esté en el mercado.
Por otro lado, no estamos de acuerdo con el cobro de regalías por tonelada producida. Creemos que de alguna forma esto se debería ir eliminando. Entendemos que solo se deberían cobrar cuando uno hace la compra de la semilla, para proteger la inversión y el desarrollo de los mejoradores.
Esta es la visión que tenemos desde la Bolsa de Cereales. (Aplausos.)
Cabe mencionar que Entre Ríos es prácticamente la única provincia que produce lino, que hoy no se nombró acá; antes se dedicaba el INTA, básicamente. Como no hay hectáreas, tampoco hay una necesidad de las empresas de desarrollar eso.
Entonces, nosotros entendemos que realmente es necesario que se pague por la compra de la semilla para que pueda haber investigación y desarrollo; sobre todo en provincias como la nuestra, que realmente lo necesitan.
Obviamente, como ya lo hemos escuchado de otros expositores, solicitamos que queden exceptuados de este pago los pequeños productores. Acá hablan también del ReNAF. En Entre Ríos -en la granja, como la llaman- tenemos arroz y muchos cultivos particulares de la provincia -como el lino, que acabo de mencionar-, y hay pequeños productores, que tienen 100, 150 o 200 hectáreas, que deberían quedar excluidos.
También pedimos que los fitomejoradores estén contemplados en la ley y tengan libre acceso a todos estos cultivares para que ellos puedan introducir y generar nuevos cultivares; es decir, que puedan acceder a todo lo que esté en el mercado.
Por otro lado, no estamos de acuerdo con el cobro de regalías por tonelada producida. Creemos que de alguna forma esto se debería ir eliminando. Entendemos que solo se deberían cobrar cuando uno hace la compra de la semilla, para proteger la inversión y el desarrollo de los mejoradores.
Esta es la visión que tenemos desde la Bolsa de Cereales. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación invitamos a exponer a los representantes del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del INTA: el señor Roberto Gabriel Delgado y el señor Carlos Vidal.
SR. DELGADO En primer lugar queremos agradecer al señor presidente y a todas las autoridades de la comisión por esta invitación. Yo soy el director del Centro de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del INTA, pero cabe aclarar que esta presentación la hago a título personal, como investigador.
El INTA es una institución que tiene un consejo directivo integrado por muchas instituciones, por lo que finalmente haré un comentario acerca de la opinión del INTA al respecto, pero esta presentación la hago a título personal.
La verdad es que me queda poco por agregar después de haber escuchado a todos los disertantes. Sí tengo un comentario para la gente de AFA: el conflicto se inició en 2015. Creo que ese fue el inicio de esta situación que comenzó a dinamizar la discusión sobre la ley de semillas. También creo que pone en carne viva un problema -que lo lidera la soja por su importancia económica pero es un problema que tienen todas las economías regionales del país-, que es la poca remuneración al mejoramiento genético que hay, sobre todo en las autógamas.
Obviamente, la existencia de ese sistema conflictivo de cobro generó un problema y heridas difíciles de sanar entre los distintos actores de la cadena de granos.
Además, pienso que también es bueno reconocer que el sector de las semillas ha sido un actor histórico que ha reclamado la adecuación de esta ley. Si bien eso disparó el debate, creo que debería ampliarse.
En primer lugar, es clave que, con una visión federal, miremos un poco más allá de la soja y lo que representa para la Argentina este negocio. Siempre digo que un grano de semilla vale 40 veces más que un grano de consumo. Habitualmente, con cierta tristeza y casi como con una responsabilidad generacional, me lamento de estar discutiendo muchas cosas que tienen que ver con el pasado y no con el futuro. Las disrupciones tecnológicas que tenemos en este momento nos dan la responsabilidad adicional de tratar de pensar un poco más allá de los problemas que acarreamos desde hace veinte o treinta años. Les puedo asegurar que hay documentos que indican que esta problemática de semillas tiene muchas décadas y, básicamente, estamos discutiendo los mismos problemas. Hace décadas que estamos diciendo lo mismo.
Creo que lo que debemos mirar cuidadosamente es qué es lo que realmente estamos discutiendo, ya que si bien en la mesa estamos todos de acuerdo y aparentemente todo el mundo está dispuesto a ceder un poco, finalmente, justo en el momento en que estamos a punto de lograr un acuerdo -creo que esta es la cuarta o quinta vez, y una de ellas me tocó en carne propia-, mágicamente se cae.
¿Qué estamos discutiendo realmente? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en un tema tan relevante para la Argentina?
Tenemos un agujero de entre 20 y 25 mil millones de dólares desde hace muchas décadas en la Argentina; como porcentaje del PBI, es muy parejo. Necesitaríamos tener una cosecha de 400 o 500 millones de toneladas para solucionar los problemas de dólares de la Argentina. Como creo que Pedro decía hoy, será muy difícil si no nos enfocamos en hacer cosas que tengan más valor y aporten más al desarrollo de la Argentina.
Pedro también decía que tenemos que llenar la cuenta de capital con esta fabulosa cuenca fotosintética, ya que esa cuenca nos permitirá desarrollar el resto de los sectores de la economía argentina. No es solamente un problema sectorial sino un problema de equilibrio general de toda la economía argentina.
Soy profesor de piano -aunque no parezca, por mis delicadas manos-, y me gusta hacer la siguiente analogía, que la teoría económica defiende: ¿hasta dónde tienen que llegar los derechos de propiedad en una invención?
Esta es una pregunta que ha generado muchísimas publicaciones e ideas de un montón de economistas que han estudiado el tema. Ustedes saben que, en la música, la melodía está en la mano derecha -por lo menos al tocar el piano- y los acordes en la izquierda. Los acordes siempre son los mismos; desde Freddy Mercury hasta Bach tienen más o menos los mismos acordes, ya que siempre son combinaciones de notas que, si bien pueden estar más o menos floreadas, son las mismas. Si uno patenta los acordes, probablemente no limite que alguien invente una melodía, pero si uno patenta la melodía, sí limitaría la generación de música.
Entonces, es necesario buscar el equilibrio que favorezca la investigación, pero que no la mate. No se puede patentar todo, o generar derechos de propiedad sobre todo, y tampoco se pueden dejar las cosas libradas a su propio albedrío, ya que no ponernos de acuerdo -como creo que expusieron Fernando y alguien más- tiene un costo para la sociedad argentina. No es un problema de equilibrio sectorial.
Otra pregunta relevante, que tiene que ver con la tecnología, es si el uso propio que hacemos los productores -porque también soy productor- es realmente una tecnología de cara al futuro. Quizá tendríamos que pensar en generar incentivos para que el uso propio sea cada vez menor en la Argentina. Me refiero, por ejemplo, a la tecnología del coating de semillas. Acá se habló de edición génica. También cabe mencionar los estudios y los materiales que estamos teniendo con la edición de genes -prendiendo y apagando genes-, el rol de los alelos en el mejoramiento genético, los mapas genéticos.
Hace poco me tocó hacerme un mapa genético para saber las posibles enfermedades que puedo tener. Es absolutamente impresionante, porque cambia el paradigma de la medicina. Y por supuesto que va a cambiar el paradigma de la agricultura.
No pensemos que Argentina se va a beneficiar en un futuro porque en la Tierra habrá 9.000 millones de habitantes, con la consiguiente escasez de alimentos, y entonces los alimentos estarán tan caros que seremos millonarios en Argentina. En primer lugar, esa es una mirada muy miserable porque implica enormes hambrunas en el mundo. En segundo lugar, la cantidad de innovaciones tecnológicas contenidas, en el desarrollo tecnológico mundial del agro en particular, va a generar aumentos muy importantes en la oferta de alimentos, con lo cual creo que los precios de los alimentos van a estar bien bajos, gracias a Dios. Debemos acomodarnos para tratar de aprovechar al máximo esta bendición que nos dio Dios de tener esta posibilidad de capturar luz solar y envasarla en plantas o en granos.
Quizás voy a ser un poco cruel, pero lo digo con muchísimo respeto: la legislación actual de semillas es funcional a muchos de los equilibrios que hay; no así para las empresas de germoplasma -que en su mayoría son locales, como dijo Raimundo- y, por supuesto, para el país. Hay otros sectores que también se ven perjudicados con esta situación. Pero para muchos actores que tienen una relevancia importante en la discusión de semillas hoy, este es un equilibrio funcional; permítanme describirlo así. Por eso es que no hay nueva legislación de semillas.
A menudo me toca participar de muchas reuniones, y lo que percibo es que se defienden barreras históricas, que no tienen que ver con lo que viene de cara al futuro en la agricultura ni en el país.
Otra vez, como nos gusta a los argentinos, hay intereses muy opuestos en términos del uso propio gratuito y del oneroso. No hay diagonales. Obviamente, yo soy un convencido de que hay que buscarlas, porque lo peor que nos puede pasar es que no tengamos una legislación aggiornada. Creo que a menudo también se discuten otras cosas que no vienen al caso.
¿Cuál es el corazón del no consenso? ¿El uso propio oneroso o gratuito? Para mí, no, porque absolutamente todas las organizaciones de productores con las que he tenido contacto, incluso organizaciones de la agricultura familiar -a las que la mayoría de los proyectos de ley dejan afuera de cualquier sistema de cobro-, están de acuerdo con que sea oneroso.
Por otra parte, los números son muy contundentes: el 80 por ciento de la soja la siembran pocos productores, que sería mucho más fácil controlar. Se dice que en realidad no se quiere pagar. Yo no opino eso. Casi todos los proyectos de ley ponen límites bastante generosos de gente que no estaría incluida en este esquema. Con lo cual, con respecto a que no se quiere pagar, por lo menos públicamente la mayoría de las organizaciones manifiestan que estarían dispuestas a pagar, con las excepciones que les acabo de comentar.
¿El problema es que algunas otras organizaciones quieren excluir a los pequeños productores? Todas esas cosas se pueden discutir para llegar a un consenso. ¿El problema es el registro del resto de los cultivos? Yo creo que no. ¿Es la institucionalidad? Tampoco. Mi opinión personal es que hay que analizar hacia adentro de la cadena de producción de semillas de soja, porque allí se pueden dar algunos problemas de poder de mercado que pueden condicionar fuertemente las partes.
Para mí hay zonas de confort de algunos propietarios de tecnología que es muy difícil que la cambien con una legislación nueva. ¿Cómo se hace para cambiar la zona de confort si estoy de alguna manera amparado en la ley de patentes? Es muy difícil cambiar la zona de confort, y para mí es el carozo de lo que hay que discutir. Si no discutimos eso, probablemente nos pongamos de acuerdo en todo el resto y dejemos eso para el final, pero todo va a volver a fojas cero si no discutimos eso desde el momento cero.
Vuelvo a repetir: para mí hay una situación de zona de confort respecto de este tema y la legislación actual es funcional a que no haya conflicto.
Para mí, los puntos clave son los siguientes: pensar en qué ley de semillas necesita la Argentina en su conjunto; aclarar el gris entre patentes y semillas; un campo adicional en el proyecto de integración de registros por ley. En este sentido, me parece tremendamente importante el proyecto del gobierno de integrar los registros del sector agropecuario, y creo que en ese registro se podrían incluir cuestiones que tengan que ver con el registro de semillas; creo que así se está haciendo, y me parece muy importante.
Otro punto clave es: reconocer la propiedad intelectual y quién siembra. En este sentido, creo que hay que mirar muy bien los sistemas que hoy existen y funcionan para los derechos de propiedad. No hay que dejar de mirar el caso de ArPOV con la soja; son cosas que funcionan y que tienen un track record.
Otros puntos clave son: fomentar la innovación más allá de la soja; incentivar la siembra de semilla fiscalizada; pensar en el futuro de la semilla: coating, edición génica, etcétera; los argumentos que defienden banderas pueden conducir a discusiones antiguas y mantener el statu quo; tratamiento particular de los productores pequeños, de la agricultura familiar; fortalecer los procesos de control y penalización; tratar de aprovechar las nuevas tecnologías existentes; que la tecnología se utilice exclusivamente para mejorar aspectos productivos y no me vendan un gen en Tres Arroyos para tener una tecnología que yo no voy a usar. Es lo mismo que cuando me venden un televisor con veintiocho funciones cuando solamente voy a utilizar tres: el encendido o apagado, el volumen y el cambio de canal. Entonces, que no sean los genes una forma de cobrar regalías por la ineficiencia de la ley de semillas actual.
Y otro punto clave es que la propiedad intelectual no sea un vehículo para que los productores paguen por lo que no utilizan. Hay que mirar la academia internacional. Esto está todo escrito.
En las siguientes filminas plasmé: una comparación de los costos en la Argentina y en los Estados Unidos; una serie de números relacionados con la opinión de los productores sobre el conocimiento de las regalías; los derechos del agricultor para hacer uso propio; la intervención del Estado en el tema de regalías; y lo que representa el negocio de las semillas para la Argentina.
Señor presidente: le pido solamente poder explicar esta filmina, ya que es un pedido especial del presidente del INTA.
El INTA es el mayor productor de germoplasma de la Argentina; si uno mira la historia, es el que más cantidad de variedades ha inscripto. De manera que el INTA es una institución absolutamente interesada en que haya una nueva legislación de semillas en la Argentina con una mirada federal y de economías regionales, y en generar un fuerte impacto en los incentivos de los investigadores. Necesitamos investigadores jóvenes que se involucren de lleno en este asunto. Creo que esto también es un incentivo para nuestros investigadores y para desarrollarlo. Lo miro al diputado Basterra, quien fue vicepresidente del INTA.
A su vez, debe generarse un fuerte impacto en las inversiones necesarias. No podemos estar corriendo una carrera de Fórmula 1 con un Ford T. Nosotros también necesitamos fuertes incentivos y equipamiento para estar a la altura global. Esta es una enorme oportunidad para equilibrar el desarrollo regional e integrar lo público y lo privado. (Aplausos.)
El INTA es una institución que tiene un consejo directivo integrado por muchas instituciones, por lo que finalmente haré un comentario acerca de la opinión del INTA al respecto, pero esta presentación la hago a título personal.
La verdad es que me queda poco por agregar después de haber escuchado a todos los disertantes. Sí tengo un comentario para la gente de AFA: el conflicto se inició en 2015. Creo que ese fue el inicio de esta situación que comenzó a dinamizar la discusión sobre la ley de semillas. También creo que pone en carne viva un problema -que lo lidera la soja por su importancia económica pero es un problema que tienen todas las economías regionales del país-, que es la poca remuneración al mejoramiento genético que hay, sobre todo en las autógamas.
Obviamente, la existencia de ese sistema conflictivo de cobro generó un problema y heridas difíciles de sanar entre los distintos actores de la cadena de granos.
Además, pienso que también es bueno reconocer que el sector de las semillas ha sido un actor histórico que ha reclamado la adecuación de esta ley. Si bien eso disparó el debate, creo que debería ampliarse.
En primer lugar, es clave que, con una visión federal, miremos un poco más allá de la soja y lo que representa para la Argentina este negocio. Siempre digo que un grano de semilla vale 40 veces más que un grano de consumo. Habitualmente, con cierta tristeza y casi como con una responsabilidad generacional, me lamento de estar discutiendo muchas cosas que tienen que ver con el pasado y no con el futuro. Las disrupciones tecnológicas que tenemos en este momento nos dan la responsabilidad adicional de tratar de pensar un poco más allá de los problemas que acarreamos desde hace veinte o treinta años. Les puedo asegurar que hay documentos que indican que esta problemática de semillas tiene muchas décadas y, básicamente, estamos discutiendo los mismos problemas. Hace décadas que estamos diciendo lo mismo.
Creo que lo que debemos mirar cuidadosamente es qué es lo que realmente estamos discutiendo, ya que si bien en la mesa estamos todos de acuerdo y aparentemente todo el mundo está dispuesto a ceder un poco, finalmente, justo en el momento en que estamos a punto de lograr un acuerdo -creo que esta es la cuarta o quinta vez, y una de ellas me tocó en carne propia-, mágicamente se cae.
¿Qué estamos discutiendo realmente? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en un tema tan relevante para la Argentina?
Tenemos un agujero de entre 20 y 25 mil millones de dólares desde hace muchas décadas en la Argentina; como porcentaje del PBI, es muy parejo. Necesitaríamos tener una cosecha de 400 o 500 millones de toneladas para solucionar los problemas de dólares de la Argentina. Como creo que Pedro decía hoy, será muy difícil si no nos enfocamos en hacer cosas que tengan más valor y aporten más al desarrollo de la Argentina.
Pedro también decía que tenemos que llenar la cuenta de capital con esta fabulosa cuenca fotosintética, ya que esa cuenca nos permitirá desarrollar el resto de los sectores de la economía argentina. No es solamente un problema sectorial sino un problema de equilibrio general de toda la economía argentina.
Soy profesor de piano -aunque no parezca, por mis delicadas manos-, y me gusta hacer la siguiente analogía, que la teoría económica defiende: ¿hasta dónde tienen que llegar los derechos de propiedad en una invención?
Esta es una pregunta que ha generado muchísimas publicaciones e ideas de un montón de economistas que han estudiado el tema. Ustedes saben que, en la música, la melodía está en la mano derecha -por lo menos al tocar el piano- y los acordes en la izquierda. Los acordes siempre son los mismos; desde Freddy Mercury hasta Bach tienen más o menos los mismos acordes, ya que siempre son combinaciones de notas que, si bien pueden estar más o menos floreadas, son las mismas. Si uno patenta los acordes, probablemente no limite que alguien invente una melodía, pero si uno patenta la melodía, sí limitaría la generación de música.
Entonces, es necesario buscar el equilibrio que favorezca la investigación, pero que no la mate. No se puede patentar todo, o generar derechos de propiedad sobre todo, y tampoco se pueden dejar las cosas libradas a su propio albedrío, ya que no ponernos de acuerdo -como creo que expusieron Fernando y alguien más- tiene un costo para la sociedad argentina. No es un problema de equilibrio sectorial.
Otra pregunta relevante, que tiene que ver con la tecnología, es si el uso propio que hacemos los productores -porque también soy productor- es realmente una tecnología de cara al futuro. Quizá tendríamos que pensar en generar incentivos para que el uso propio sea cada vez menor en la Argentina. Me refiero, por ejemplo, a la tecnología del coating de semillas. Acá se habló de edición génica. También cabe mencionar los estudios y los materiales que estamos teniendo con la edición de genes -prendiendo y apagando genes-, el rol de los alelos en el mejoramiento genético, los mapas genéticos.
Hace poco me tocó hacerme un mapa genético para saber las posibles enfermedades que puedo tener. Es absolutamente impresionante, porque cambia el paradigma de la medicina. Y por supuesto que va a cambiar el paradigma de la agricultura.
No pensemos que Argentina se va a beneficiar en un futuro porque en la Tierra habrá 9.000 millones de habitantes, con la consiguiente escasez de alimentos, y entonces los alimentos estarán tan caros que seremos millonarios en Argentina. En primer lugar, esa es una mirada muy miserable porque implica enormes hambrunas en el mundo. En segundo lugar, la cantidad de innovaciones tecnológicas contenidas, en el desarrollo tecnológico mundial del agro en particular, va a generar aumentos muy importantes en la oferta de alimentos, con lo cual creo que los precios de los alimentos van a estar bien bajos, gracias a Dios. Debemos acomodarnos para tratar de aprovechar al máximo esta bendición que nos dio Dios de tener esta posibilidad de capturar luz solar y envasarla en plantas o en granos.
Quizás voy a ser un poco cruel, pero lo digo con muchísimo respeto: la legislación actual de semillas es funcional a muchos de los equilibrios que hay; no así para las empresas de germoplasma -que en su mayoría son locales, como dijo Raimundo- y, por supuesto, para el país. Hay otros sectores que también se ven perjudicados con esta situación. Pero para muchos actores que tienen una relevancia importante en la discusión de semillas hoy, este es un equilibrio funcional; permítanme describirlo así. Por eso es que no hay nueva legislación de semillas.
A menudo me toca participar de muchas reuniones, y lo que percibo es que se defienden barreras históricas, que no tienen que ver con lo que viene de cara al futuro en la agricultura ni en el país.
Otra vez, como nos gusta a los argentinos, hay intereses muy opuestos en términos del uso propio gratuito y del oneroso. No hay diagonales. Obviamente, yo soy un convencido de que hay que buscarlas, porque lo peor que nos puede pasar es que no tengamos una legislación aggiornada. Creo que a menudo también se discuten otras cosas que no vienen al caso.
¿Cuál es el corazón del no consenso? ¿El uso propio oneroso o gratuito? Para mí, no, porque absolutamente todas las organizaciones de productores con las que he tenido contacto, incluso organizaciones de la agricultura familiar -a las que la mayoría de los proyectos de ley dejan afuera de cualquier sistema de cobro-, están de acuerdo con que sea oneroso.
Por otra parte, los números son muy contundentes: el 80 por ciento de la soja la siembran pocos productores, que sería mucho más fácil controlar. Se dice que en realidad no se quiere pagar. Yo no opino eso. Casi todos los proyectos de ley ponen límites bastante generosos de gente que no estaría incluida en este esquema. Con lo cual, con respecto a que no se quiere pagar, por lo menos públicamente la mayoría de las organizaciones manifiestan que estarían dispuestas a pagar, con las excepciones que les acabo de comentar.
¿El problema es que algunas otras organizaciones quieren excluir a los pequeños productores? Todas esas cosas se pueden discutir para llegar a un consenso. ¿El problema es el registro del resto de los cultivos? Yo creo que no. ¿Es la institucionalidad? Tampoco. Mi opinión personal es que hay que analizar hacia adentro de la cadena de producción de semillas de soja, porque allí se pueden dar algunos problemas de poder de mercado que pueden condicionar fuertemente las partes.
Para mí hay zonas de confort de algunos propietarios de tecnología que es muy difícil que la cambien con una legislación nueva. ¿Cómo se hace para cambiar la zona de confort si estoy de alguna manera amparado en la ley de patentes? Es muy difícil cambiar la zona de confort, y para mí es el carozo de lo que hay que discutir. Si no discutimos eso, probablemente nos pongamos de acuerdo en todo el resto y dejemos eso para el final, pero todo va a volver a fojas cero si no discutimos eso desde el momento cero.
Vuelvo a repetir: para mí hay una situación de zona de confort respecto de este tema y la legislación actual es funcional a que no haya conflicto.
Para mí, los puntos clave son los siguientes: pensar en qué ley de semillas necesita la Argentina en su conjunto; aclarar el gris entre patentes y semillas; un campo adicional en el proyecto de integración de registros por ley. En este sentido, me parece tremendamente importante el proyecto del gobierno de integrar los registros del sector agropecuario, y creo que en ese registro se podrían incluir cuestiones que tengan que ver con el registro de semillas; creo que así se está haciendo, y me parece muy importante.
Otro punto clave es: reconocer la propiedad intelectual y quién siembra. En este sentido, creo que hay que mirar muy bien los sistemas que hoy existen y funcionan para los derechos de propiedad. No hay que dejar de mirar el caso de ArPOV con la soja; son cosas que funcionan y que tienen un track record.
Otros puntos clave son: fomentar la innovación más allá de la soja; incentivar la siembra de semilla fiscalizada; pensar en el futuro de la semilla: coating, edición génica, etcétera; los argumentos que defienden banderas pueden conducir a discusiones antiguas y mantener el statu quo; tratamiento particular de los productores pequeños, de la agricultura familiar; fortalecer los procesos de control y penalización; tratar de aprovechar las nuevas tecnologías existentes; que la tecnología se utilice exclusivamente para mejorar aspectos productivos y no me vendan un gen en Tres Arroyos para tener una tecnología que yo no voy a usar. Es lo mismo que cuando me venden un televisor con veintiocho funciones cuando solamente voy a utilizar tres: el encendido o apagado, el volumen y el cambio de canal. Entonces, que no sean los genes una forma de cobrar regalías por la ineficiencia de la ley de semillas actual.
Y otro punto clave es que la propiedad intelectual no sea un vehículo para que los productores paguen por lo que no utilizan. Hay que mirar la academia internacional. Esto está todo escrito.
En las siguientes filminas plasmé: una comparación de los costos en la Argentina y en los Estados Unidos; una serie de números relacionados con la opinión de los productores sobre el conocimiento de las regalías; los derechos del agricultor para hacer uso propio; la intervención del Estado en el tema de regalías; y lo que representa el negocio de las semillas para la Argentina.
Señor presidente: le pido solamente poder explicar esta filmina, ya que es un pedido especial del presidente del INTA.
El INTA es el mayor productor de germoplasma de la Argentina; si uno mira la historia, es el que más cantidad de variedades ha inscripto. De manera que el INTA es una institución absolutamente interesada en que haya una nueva legislación de semillas en la Argentina con una mirada federal y de economías regionales, y en generar un fuerte impacto en los incentivos de los investigadores. Necesitamos investigadores jóvenes que se involucren de lleno en este asunto. Creo que esto también es un incentivo para nuestros investigadores y para desarrollarlo. Lo miro al diputado Basterra, quien fue vicepresidente del INTA.
A su vez, debe generarse un fuerte impacto en las inversiones necesarias. No podemos estar corriendo una carrera de Fórmula 1 con un Ford T. Nosotros también necesitamos fuertes incentivos y equipamiento para estar a la altura global. Esta es una enorme oportunidad para equilibrar el desarrollo regional e integrar lo público y lo privado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación, tiene la palabra el licenciado David Miazzo, representante de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).
SR. MIAZZO Agradezco a quienes todavía se encuentran presentes por su atención.
Yo trabajo en FADA, que es una fundación nacida en la ciudad de Río Cuarto y creada por productores agropecuarios, entre los cuales me acompañan Julio Boehler, uno de sus primeros presidentes; el actual vicepresidente, Carlos Schilling, y también Juan Schilling, socio fundador.
Como fundación nos dedicamos a elaborar, difundir y gestionar investigaciones, informes y políticas públicas con el objetivo de potenciar las cadenas agroalimentarias y generar empleo genuino.
Pasando a lo que nos compete el día de hoy, quiero señalar en primer lugar una serie de coincidencias entre nuestra visión y la gran parte de lo que se ha expuesto aquí, tanto hoy como en otras reuniones, que son las siguientes: que se mantenga el uso propio respecto de las semillas; que todos los productores deban pagar por la tecnología; que se prevean excepciones para los productores más chicos; que esto no esté atado a la producción y al esfuerzo del productor; que se incluya en el mismo pago toda innovación tecnológica, genética y de variedades; que se incentive la investigación y presentación de todas las variedades; que sobre el Estado recaiga el poder de policía y control del sistema, y que la ley de semillas sea la norma rectora de toda propiedad intelectual contenida en ellas.
A estas cuestiones, que creemos que son coincidentes con muchos de los aspectos que presentaron otros expositores, quiero sumar dos cosas. Por un lado, que el pago que se establezca sea razonable y equilibrado, lo cual es importante en situaciones de mercado no igualitarias. En segundo lugar, que el sistema que se establezca sea lo más simple y transparente posible.
En este sentido, queremos dejar cuatro aportes básicos que se vinculan con la instrumentación de algunos de estos aspectos: el quién debe pagar, el cómo se debe pagar, el cuánto se debe pagar y el cuándo se debe pagar.
Con respecto al "quién", proponemos una estratificación por superficie, donde el primer 5 por ciento de superficie cultivada correspondiente a los productores más chicos pague cero por ciento; el segundo 10 por ciento haga un pago con una reducción escalonada -tal como ocurre, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, que tiene escalas según las cuales se fijan las alícuotas- y el 85 por ciento restante de la superficie pague el canon completo.
Tomando datos que el presidente del INASE ya mostró para el caso específico de la soja, con este esquema tendríamos que el 15 por ciento de la superficie de dicho cultivo no pagaría o pagaría con reducción, lo cual se corresponde con el 60 por ciento de los productores. Esto es un ganar para los productores, ya que ese 60 por ciento -que incluye sobre todo a los pequeños y medianos- quedaría fuera del sistema, mientras que también es un ganar para los obtentores, ya que podrían cobrar sobre el 85 por ciento de la superficie el canon completo. Eso, sobre el "quién".
Pasando a la cuestión del "cómo", lo que proponemos a manera de aporte es un pago ponderado por la novedad de la semilla, de manera que el productor haga un pago único por bolsa con una tarifa plana que incluya germoplasma y eventos. Es decir, que pague lo mismo por cualquier variedad que utilice.
Lo que pague el productor se destinará a un fondo que se repartirá entre los obtentores, bajo dos variables: por un lado, por la participación en el mercado -que, como decían recién, actualmente se conoce con el SISA y el ex Registro de Usuarios de Semillas-, y por otro, por la novedad de la semilla. Esto último se refiere a cuán nueva es esa semilla presentada: cuanto más nueva sea, mayor será la ponderación. La participación en el mercado se calcula, como decíamos recién, sobre la base de la declaración jurada.
¿Cómo actúa esto de la ponderación por novedad? A igual cantidad de hectáreas entre dos variedades, cuanto más nueva sea, mayor será la ponderación que reciba; cuanto más vieja, menor será esa ponderación.
Esto significa introducir en el sistema un incentivo para quienes estén presentando semillas nuevas. En realidad, a lo largo del tiempo se termina recibiendo lo mismo en el promedio. Esto puede pensarse como una función lineal, que era la más fácil de expresar -y que es la que consignamos-, pero también con funciones de distinto tipo.
En relación con el "cuánto" debe pagarse, creemos que eso hay que estipularlo cada año para cada cultivo. Pensamos que es el INASE quien debe determinarlo, con un valor máximo equivalente al 1,2 por ciento del valor FAS por cada bolsa de 40 kilos de semilla. Para el caso de la soja -que es el que más hemos mencionado-, el valor es hoy cercano a 3 dólares por cada bolsa, es decir, de aproximadamente 4,5 dólares por hectárea.
Si lo comparamos con los datos que recién presentó ArPOV, advertimos lo siguiente. El gráfico que mostró ArPOV sobre la inversión en investigación y desarrollo que hacen las empresas en los distintos países indicaba que en Estados Unidos se invierten cinco dólares por hectárea, y en Brasil, dos dólares y medio. Es decir que si bien a primera vista esos 4,5 dólares por hectárea pueden parecer poco, es muy cercano a lo que se invierte en Estados Unidos, que es el país donde más se invierte.
Con respecto al "cuándo", proponemos un período de ecuación, es decir, empezar con un 30 por ciento del canon que se establezca en el primer año e ir aumentándolo gradualmente hasta llegar al 100 por ciento.
Este tipo de períodos de adecuación se ha utilizado en distintos esquemas de acuerdos internacionales de liberalización del comercio, donde se establece una serie de años para que entre en vigencia completamente el sistema, y también en patentes farmacéuticas, donde también hay un tiempo de adecuación. Esto, por un lado, disminuye las fricciones, sobre todo del lado de los productores, que empiezan pagando poco y luego ese pago se va incrementando.
Por otro lado, como plantearon algunos socios de FADA, producir en Argentina no es lo mismo que producir en otros países del mundo, con la soja con un 28 por ciento de derechos de exportación, y el trigo, con 10 por ciento. Entonces, este podría ser un esquema donde, a medida que vayan saliendo otras medidas impositivas, puedan ir entrando en ejecución este otro tipo de legislaciones relacionadas con lo tecnológico.
Creemos que con estos esquemas se logra alinear algunos incentivos. Por el lado del productor, como paga lo mismo por cualquier cosa que use, tiene incentivos: primero, a declarar la verdad, porque si usa la mejor semilla o la peor va a pagar lo mismo -con lo cual declarar la verdad es muy importante a la hora de los controles y de la complejidad del sistema de control-, y segundo, a usar la mejor tecnología.
Por el lado del obtentor, como recibe más mientras más superficie se usa y más nueva es la semilla, tiene dos incentivos centrales: a vender la mejor tecnología y que realmente sea necesaria para el productor, y a presentar nuevas tecnologías.
Y el Estado -del que por ahí nos olvidamos hablando de quién tiene que pagar y quién tiene que recibir- se queda con un sistema simple, barato y transparente que no requiere controles en todos los acopios, en todos los puertos, con sus costos involucrados y con potenciales judicializaciones de todo el esquema.
Por último, también en el sentido de alinear incentivos, quiero mencionar la obligatoriedad de todos los productores, incluidos los chicos, de adquirir anualmente al menos el 5 por ciento de semilla fiscalizada -esto puede ser un promedio plurianual-, y decir que el orden público es necesario para garantizar protección al usuario de semillas en una relación de poder bastante desigual, como dijeron, y para que el resultado de toda esta discusión después no se vaya a contratos privados. (Aplausos.)
Yo trabajo en FADA, que es una fundación nacida en la ciudad de Río Cuarto y creada por productores agropecuarios, entre los cuales me acompañan Julio Boehler, uno de sus primeros presidentes; el actual vicepresidente, Carlos Schilling, y también Juan Schilling, socio fundador.
Como fundación nos dedicamos a elaborar, difundir y gestionar investigaciones, informes y políticas públicas con el objetivo de potenciar las cadenas agroalimentarias y generar empleo genuino.
Pasando a lo que nos compete el día de hoy, quiero señalar en primer lugar una serie de coincidencias entre nuestra visión y la gran parte de lo que se ha expuesto aquí, tanto hoy como en otras reuniones, que son las siguientes: que se mantenga el uso propio respecto de las semillas; que todos los productores deban pagar por la tecnología; que se prevean excepciones para los productores más chicos; que esto no esté atado a la producción y al esfuerzo del productor; que se incluya en el mismo pago toda innovación tecnológica, genética y de variedades; que se incentive la investigación y presentación de todas las variedades; que sobre el Estado recaiga el poder de policía y control del sistema, y que la ley de semillas sea la norma rectora de toda propiedad intelectual contenida en ellas.
A estas cuestiones, que creemos que son coincidentes con muchos de los aspectos que presentaron otros expositores, quiero sumar dos cosas. Por un lado, que el pago que se establezca sea razonable y equilibrado, lo cual es importante en situaciones de mercado no igualitarias. En segundo lugar, que el sistema que se establezca sea lo más simple y transparente posible.
En este sentido, queremos dejar cuatro aportes básicos que se vinculan con la instrumentación de algunos de estos aspectos: el quién debe pagar, el cómo se debe pagar, el cuánto se debe pagar y el cuándo se debe pagar.
Con respecto al "quién", proponemos una estratificación por superficie, donde el primer 5 por ciento de superficie cultivada correspondiente a los productores más chicos pague cero por ciento; el segundo 10 por ciento haga un pago con una reducción escalonada -tal como ocurre, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias, que tiene escalas según las cuales se fijan las alícuotas- y el 85 por ciento restante de la superficie pague el canon completo.
Tomando datos que el presidente del INASE ya mostró para el caso específico de la soja, con este esquema tendríamos que el 15 por ciento de la superficie de dicho cultivo no pagaría o pagaría con reducción, lo cual se corresponde con el 60 por ciento de los productores. Esto es un ganar para los productores, ya que ese 60 por ciento -que incluye sobre todo a los pequeños y medianos- quedaría fuera del sistema, mientras que también es un ganar para los obtentores, ya que podrían cobrar sobre el 85 por ciento de la superficie el canon completo. Eso, sobre el "quién".
Pasando a la cuestión del "cómo", lo que proponemos a manera de aporte es un pago ponderado por la novedad de la semilla, de manera que el productor haga un pago único por bolsa con una tarifa plana que incluya germoplasma y eventos. Es decir, que pague lo mismo por cualquier variedad que utilice.
Lo que pague el productor se destinará a un fondo que se repartirá entre los obtentores, bajo dos variables: por un lado, por la participación en el mercado -que, como decían recién, actualmente se conoce con el SISA y el ex Registro de Usuarios de Semillas-, y por otro, por la novedad de la semilla. Esto último se refiere a cuán nueva es esa semilla presentada: cuanto más nueva sea, mayor será la ponderación. La participación en el mercado se calcula, como decíamos recién, sobre la base de la declaración jurada.
¿Cómo actúa esto de la ponderación por novedad? A igual cantidad de hectáreas entre dos variedades, cuanto más nueva sea, mayor será la ponderación que reciba; cuanto más vieja, menor será esa ponderación.
Esto significa introducir en el sistema un incentivo para quienes estén presentando semillas nuevas. En realidad, a lo largo del tiempo se termina recibiendo lo mismo en el promedio. Esto puede pensarse como una función lineal, que era la más fácil de expresar -y que es la que consignamos-, pero también con funciones de distinto tipo.
En relación con el "cuánto" debe pagarse, creemos que eso hay que estipularlo cada año para cada cultivo. Pensamos que es el INASE quien debe determinarlo, con un valor máximo equivalente al 1,2 por ciento del valor FAS por cada bolsa de 40 kilos de semilla. Para el caso de la soja -que es el que más hemos mencionado-, el valor es hoy cercano a 3 dólares por cada bolsa, es decir, de aproximadamente 4,5 dólares por hectárea.
Si lo comparamos con los datos que recién presentó ArPOV, advertimos lo siguiente. El gráfico que mostró ArPOV sobre la inversión en investigación y desarrollo que hacen las empresas en los distintos países indicaba que en Estados Unidos se invierten cinco dólares por hectárea, y en Brasil, dos dólares y medio. Es decir que si bien a primera vista esos 4,5 dólares por hectárea pueden parecer poco, es muy cercano a lo que se invierte en Estados Unidos, que es el país donde más se invierte.
Con respecto al "cuándo", proponemos un período de ecuación, es decir, empezar con un 30 por ciento del canon que se establezca en el primer año e ir aumentándolo gradualmente hasta llegar al 100 por ciento.
Este tipo de períodos de adecuación se ha utilizado en distintos esquemas de acuerdos internacionales de liberalización del comercio, donde se establece una serie de años para que entre en vigencia completamente el sistema, y también en patentes farmacéuticas, donde también hay un tiempo de adecuación. Esto, por un lado, disminuye las fricciones, sobre todo del lado de los productores, que empiezan pagando poco y luego ese pago se va incrementando.
Por otro lado, como plantearon algunos socios de FADA, producir en Argentina no es lo mismo que producir en otros países del mundo, con la soja con un 28 por ciento de derechos de exportación, y el trigo, con 10 por ciento. Entonces, este podría ser un esquema donde, a medida que vayan saliendo otras medidas impositivas, puedan ir entrando en ejecución este otro tipo de legislaciones relacionadas con lo tecnológico.
Creemos que con estos esquemas se logra alinear algunos incentivos. Por el lado del productor, como paga lo mismo por cualquier cosa que use, tiene incentivos: primero, a declarar la verdad, porque si usa la mejor semilla o la peor va a pagar lo mismo -con lo cual declarar la verdad es muy importante a la hora de los controles y de la complejidad del sistema de control-, y segundo, a usar la mejor tecnología.
Por el lado del obtentor, como recibe más mientras más superficie se usa y más nueva es la semilla, tiene dos incentivos centrales: a vender la mejor tecnología y que realmente sea necesaria para el productor, y a presentar nuevas tecnologías.
Y el Estado -del que por ahí nos olvidamos hablando de quién tiene que pagar y quién tiene que recibir- se queda con un sistema simple, barato y transparente que no requiere controles en todos los acopios, en todos los puertos, con sus costos involucrados y con potenciales judicializaciones de todo el esquema.
Por último, también en el sentido de alinear incentivos, quiero mencionar la obligatoriedad de todos los productores, incluidos los chicos, de adquirir anualmente al menos el 5 por ciento de semilla fiscalizada -esto puede ser un promedio plurianual-, y decir que el orden público es necesario para garantizar protección al usuario de semillas en una relación de poder bastante desigual, como dijeron, y para que el resultado de toda esta discusión después no se vaya a contratos privados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación escucharemos al ingeniero David Hughes, representante de ArgenTrigo. Como todos sabemos, el cultivo del trigo tiene un protagonismo importante en este año particular de la República Argentina.
Quiero informar que con la exposición del ingeniero Hughes cerramos las exposiciones del día de hoy. El próximo martes continuaremos con nuevas exposiciones. Con la importante cantidad de material que hemos recibido de las distintas exposiciones habilitaremos el trabajo de nuestros asesores para que, paralelamente a las exposiciones que se vayan haciendo, se avance en la intención que tenemos de poder firmar algún dictamen.
Hechas estas aclaraciones, tiene la palabra el ingeniero David Hughes.
Quiero informar que con la exposición del ingeniero Hughes cerramos las exposiciones del día de hoy. El próximo martes continuaremos con nuevas exposiciones. Con la importante cantidad de material que hemos recibido de las distintas exposiciones habilitaremos el trabajo de nuestros asesores para que, paralelamente a las exposiciones que se vayan haciendo, se avance en la intención que tenemos de poder firmar algún dictamen.
Hechas estas aclaraciones, tiene la palabra el ingeniero David Hughes.
SR. HUGHES Muchas gracias.
Lamentablemente, no es la primera vez que venimos; es una pena que este sea un tema no resuelto.
Represento a la cadena de valor del trigo, que no incluye solamente a la investigación y el desarrollo, a los semilleros y a los productores, sino también al resto de la industria. Pueden verlo bien en la filmina. Estos son los asociados que conforman ArgenTrigo.
Nosotros hablamos de la cadena de valor del trigo, pero es algo más complejo, ya que se trata de una red de actores cuya intención es responder a la demanda. Siempre pensamos qué necesita la demanda, es decir, el consumidor.
Este año la producción de trigo ha sido muy interesante. Pueden ver en la filmina dónde se ha sembrado. Todo esto se sembró con 118 variedades de trigo, que tienen germoplasma o genes, genética principalmente de Argentina, Brasil y Francia, y que se obtuvo de dieciséis obtentores.
Lamentablemente, estas variedades que van sacando los obtentores se siembran en todo el país. En el NOA se siembran casi las mismas variedades que en el sur de la provincia de Buenos Aires. Digo "lamentablemente" porque es una oportunidad que tenemos para poder generar genética adecuada a cada ecosistema.
Quiero comentarles cómo es el procedimiento cuando uno siembra una hectárea -aproximadamente una manzana- de trigo. Se utilizan 120 kilos de semilla, y el promedio de rinde en la Argentina es de aproximadamente 3.300 kilos. Entonces, el primer año, con 120 kilos se cosechan 3.300 kilos; con esos 3.300 kilos, el segundo año se pueden sembrar 26,5 hectáreas, y el tercero, 755. Es decir que hay un crecimiento exponencial del uso de la semilla, y es lo que ocurre con quienes utilizan la semilla y no pagan regalías.
En la actualidad, lo que en el mundo genera más valor económico es el conocimiento aplicado. Y es una ventaja competitiva de los países generar la mayor cantidad de conocimiento aplicado. Eso es lo que permite a los países tener más desarrollo y una mejor economía. La genética, en lugar de utilizar el sistema binario de ceros y unos -como ocurre en la computación-, usa un sistema cuaternario -ATGC, de cuatro genes. Esta ventaja competitiva la podemos llegar a tener nosotros.
Este conocimiento aplicado en la genética vegetal es uno de los puntales de la bioeconomía de la producción vegetal y de la agroindustria correspondiente. Es decir, es un puntal importantísimo para lo que puede ser el crecimiento de nuestro país.
Creemos que incentivar esta economía del conocimiento es tremendamente importante, y ello se logra retribuyendo el trabajo de los científicos argentinos que egresan de nuestras universidades.
Lo que estamos planteando acá es que creemos que la ley de semillas también implica un debate sobre la propiedad privada -que muchos creen que no se debe reconocer en este punto de la cadena- y, también, una retribución a la investigación, que es parte del trabajo.
En cuanto al pago de regalías, como se puede ver en el gráfico de torta, aproximadamente un 12 por ciento es semilla fiscalizada, es decir, semilla que se compra a los multiplicadores; un 23 por ciento de la superficie donde el productor está dispuesto a pagar una regalía, un reconocimiento o un uso propio oneroso -y lo está pagando hoy-, y un 65 por ciento que hace uso y abuso del uso propio.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Como pueden ver en el gráfico de líneas, desde 1961 hasta ahora el rinde promedio del trigo en la Argentina viene mejorando muy bien, pero los países europeos tienen una curva un poco mejor.
¿Qué nos dice eso? Que en la Argentina hay un promedio de mejora del rinde de más de 300 kilos por año. En Europa son 858 kilos por año. La diferencia es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer ni retribuir a la investigación. O sea que el 35 por ciento es la retribución hoy en trigo.
Aquí algunos hablaron de camionetas y demás. Pero a mí me suena más a cuando estaba en el colegio secundario -fue en el siglo pasado pero me acuerdo (Risas.)- y cada vez que hacíamos una fiesta de fin de año caía la gente de SADAIC. ¿Por qué? Porque era un tema comercial: cobrábamos entrada. Entonces venía la gente de SADAIC y nos hacía pagar. Si yo hacía una fiesta con mis amigos, no pasaba nada, pero si cobrábamos las entradas, aparecían. Acá estamos hablando netamente de un tema comercial. Se trata de un acto entre dos privados que quieren lucrar. Esto no tiene nada de malo y me parece bárbaro.
Entonces, una de nuestras consideraciones generales es que no debe ser de orden público pues no debe restringir acuerdos entre privados. Hoy existen acuerdos puntuales para lo que es el trigo candeal: para hacer fideos, para hacer pasta; son acuerdos privados entre los obtentores de trigo candeal, la fábrica de pastas y el que siembra. Son distintos acuerdos.
Eso es pensando en hoy. Pero nosotros creemos que hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, por los distintos tipos de contratos que van a aparecer. Algunos mercados que están apareciendo están requiriendo producciones distintas. Por lo tanto, nos parece que el orden público no debería estar en un tema netamente comercial.
Nuestras consideraciones generales son: el fortalecimiento del INASE como autoridad de aplicación y control de la ley, con funcionarios idóneos, concursados y con recursos; el establecimiento de mecanismos de control y de sanción ante incumplimientos, desalentando la ilegalidad. O sea que las multas deben ser pesadas. Así como se está llegando a controlar el tema de la velocidad en el tránsito con multas, esto debería ser con controles buenos.
La ley debe considerar tecnologías nuevas, conocidas y por conocer, y la importancia de ser líderes en el conocimiento aplicado a la genética vegetal. Pero también, además, debería generar opciones.
En el caso del trigo, estamos hablando de regalías equivalentes a tres o cuatro dólares por hectárea, y hay productores que no piensan dos veces en pagar más de 200 dólares para semilla de maíz. O sea, es un tema de negocio, y creemos que esto debe ser así.
Agradezco al presidente de la comisión la oportunidad de estar aquí. (Aplausos.)
Lamentablemente, no es la primera vez que venimos; es una pena que este sea un tema no resuelto.
Represento a la cadena de valor del trigo, que no incluye solamente a la investigación y el desarrollo, a los semilleros y a los productores, sino también al resto de la industria. Pueden verlo bien en la filmina. Estos son los asociados que conforman ArgenTrigo.
Nosotros hablamos de la cadena de valor del trigo, pero es algo más complejo, ya que se trata de una red de actores cuya intención es responder a la demanda. Siempre pensamos qué necesita la demanda, es decir, el consumidor.
Este año la producción de trigo ha sido muy interesante. Pueden ver en la filmina dónde se ha sembrado. Todo esto se sembró con 118 variedades de trigo, que tienen germoplasma o genes, genética principalmente de Argentina, Brasil y Francia, y que se obtuvo de dieciséis obtentores.
Lamentablemente, estas variedades que van sacando los obtentores se siembran en todo el país. En el NOA se siembran casi las mismas variedades que en el sur de la provincia de Buenos Aires. Digo "lamentablemente" porque es una oportunidad que tenemos para poder generar genética adecuada a cada ecosistema.
Quiero comentarles cómo es el procedimiento cuando uno siembra una hectárea -aproximadamente una manzana- de trigo. Se utilizan 120 kilos de semilla, y el promedio de rinde en la Argentina es de aproximadamente 3.300 kilos. Entonces, el primer año, con 120 kilos se cosechan 3.300 kilos; con esos 3.300 kilos, el segundo año se pueden sembrar 26,5 hectáreas, y el tercero, 755. Es decir que hay un crecimiento exponencial del uso de la semilla, y es lo que ocurre con quienes utilizan la semilla y no pagan regalías.
En la actualidad, lo que en el mundo genera más valor económico es el conocimiento aplicado. Y es una ventaja competitiva de los países generar la mayor cantidad de conocimiento aplicado. Eso es lo que permite a los países tener más desarrollo y una mejor economía. La genética, en lugar de utilizar el sistema binario de ceros y unos -como ocurre en la computación-, usa un sistema cuaternario -ATGC, de cuatro genes. Esta ventaja competitiva la podemos llegar a tener nosotros.
Este conocimiento aplicado en la genética vegetal es uno de los puntales de la bioeconomía de la producción vegetal y de la agroindustria correspondiente. Es decir, es un puntal importantísimo para lo que puede ser el crecimiento de nuestro país.
Creemos que incentivar esta economía del conocimiento es tremendamente importante, y ello se logra retribuyendo el trabajo de los científicos argentinos que egresan de nuestras universidades.
Lo que estamos planteando acá es que creemos que la ley de semillas también implica un debate sobre la propiedad privada -que muchos creen que no se debe reconocer en este punto de la cadena- y, también, una retribución a la investigación, que es parte del trabajo.
En cuanto al pago de regalías, como se puede ver en el gráfico de torta, aproximadamente un 12 por ciento es semilla fiscalizada, es decir, semilla que se compra a los multiplicadores; un 23 por ciento de la superficie donde el productor está dispuesto a pagar una regalía, un reconocimiento o un uso propio oneroso -y lo está pagando hoy-, y un 65 por ciento que hace uso y abuso del uso propio.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Como pueden ver en el gráfico de líneas, desde 1961 hasta ahora el rinde promedio del trigo en la Argentina viene mejorando muy bien, pero los países europeos tienen una curva un poco mejor.
¿Qué nos dice eso? Que en la Argentina hay un promedio de mejora del rinde de más de 300 kilos por año. En Europa son 858 kilos por año. La diferencia es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer ni retribuir a la investigación. O sea que el 35 por ciento es la retribución hoy en trigo.
Aquí algunos hablaron de camionetas y demás. Pero a mí me suena más a cuando estaba en el colegio secundario -fue en el siglo pasado pero me acuerdo (Risas.)- y cada vez que hacíamos una fiesta de fin de año caía la gente de SADAIC. ¿Por qué? Porque era un tema comercial: cobrábamos entrada. Entonces venía la gente de SADAIC y nos hacía pagar. Si yo hacía una fiesta con mis amigos, no pasaba nada, pero si cobrábamos las entradas, aparecían. Acá estamos hablando netamente de un tema comercial. Se trata de un acto entre dos privados que quieren lucrar. Esto no tiene nada de malo y me parece bárbaro.
Entonces, una de nuestras consideraciones generales es que no debe ser de orden público pues no debe restringir acuerdos entre privados. Hoy existen acuerdos puntuales para lo que es el trigo candeal: para hacer fideos, para hacer pasta; son acuerdos privados entre los obtentores de trigo candeal, la fábrica de pastas y el que siembra. Son distintos acuerdos.
Eso es pensando en hoy. Pero nosotros creemos que hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, por los distintos tipos de contratos que van a aparecer. Algunos mercados que están apareciendo están requiriendo producciones distintas. Por lo tanto, nos parece que el orden público no debería estar en un tema netamente comercial.
Nuestras consideraciones generales son: el fortalecimiento del INASE como autoridad de aplicación y control de la ley, con funcionarios idóneos, concursados y con recursos; el establecimiento de mecanismos de control y de sanción ante incumplimientos, desalentando la ilegalidad. O sea que las multas deben ser pesadas. Así como se está llegando a controlar el tema de la velocidad en el tránsito con multas, esto debería ser con controles buenos.
La ley debe considerar tecnologías nuevas, conocidas y por conocer, y la importancia de ser líderes en el conocimiento aplicado a la genética vegetal. Pero también, además, debería generar opciones.
En el caso del trigo, estamos hablando de regalías equivalentes a tres o cuatro dólares por hectárea, y hay productores que no piensan dos veces en pagar más de 200 dólares para semilla de maíz. O sea, es un tema de negocio, y creemos que esto debe ser así.
Agradezco al presidente de la comisión la oportunidad de estar aquí. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Agradecemos a todos por su presencia. De esta manera damos por cerrada la ronda de exposiciones prevista para el día de hoy y continuaremos el próximo martes.
-Es la hora 18 y 38.