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AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 22/11/2016
- SEGUNDA JORNADA DE CARÁCTER INFORMATIVO: MEJORAGENÉTICA, LOS DERECHOS Y EL COMERCIO DE SEMILLAS, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES REPRESENTANTES DE: BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES, ARPOV, CONINAGRO, MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA, CADIA, MULTISECTORIAL, ARGENTRIGO, UNIVERSIDAD DE BELGRANO, MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, BOLSA DE COMERCIO ROSARIO, MAIZAR, INTA, CAZENAVE Y ASOCIADOS, NIDERA, INASE, FEDIA, FEDERACIÓN AGRARIA, CREA, AACREA Y NODOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre de 2016, a la hora 14 y 12:
SR. PRESIDENTE ALEGRE Continúa la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería del martes pasado con la presencia de personas que, de algún modo, están involucradas en el tratamiento de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. No se trata de una reunión de debate sino de exposiciones en la que cada uno puede dar su opinión desde su ubicación en este proceso.
Agradezco a todos por su presencia en esta jornada. Al finalizar la ronda de opiniones se imprimirán las versiones taquigráficas de la reunión de la semana pasada y de la de hoy, a fin de hacerlas circular entre los legisladores y los expositores para que puedan tener un amplio conocimiento de lo que aquí hemos hablado.
Para dar inicio a la reunión, tiene la palabra el representante de Aapresid, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, ingeniero Edmundo Nolan.
Agradezco a todos por su presencia en esta jornada. Al finalizar la ronda de opiniones se imprimirán las versiones taquigráficas de la reunión de la semana pasada y de la de hoy, a fin de hacerlas circular entre los legisladores y los expositores para que puedan tener un amplio conocimiento de lo que aquí hemos hablado.
Para dar inicio a la reunión, tiene la palabra el representante de Aapresid, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, ingeniero Edmundo Nolan.
SR. NOLAN Señor presidente: en esta oportunidad estoy en representación de Aapresid, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.
En los doce minutos que me han asignado para hacer la exposición, voy a explicar quiénes somos, desde dónde hablamos, en qué nos basamos y cuáles son los requisitos en los que creemos que debe basarse esta ley.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa es una ONG que fue fundada en 1989, es decir que ya tiene varios años de existencia. Está compuesta por productores agropecuarios, profesionales y otros actores de la comunidad agroalimentaria de todo el país, como instituciones, periodistas, estudiantes, empresas, universidades y provincias, con la misión de impulsar sistemas de producción sustentable de alimentos, fibra y energía, a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Más adelante veremos que la innovación y la ciencia son fundamentales en este tratamiento.
Somos uno de los responsables de que el 90 por ciento de la producción de Argentina se realice de una forma sustentable a través de la siembra directa.
De los 2.900 socios que tenemos muchos son productores, personas interesadas en la materia, contratistas, estudiantes, productores de terceros países y empresas.
Esas empresas, que son 73 en total, abarcan todo el ámbito de los productores que venden insumos y también maquinarias agrícolas, fertilizantes, seguros exportadores, etcétera. De manera que representamos a una amplia paleta.
Trabajamos siempre a través de programas que son de representación nacional y tenemos regionales en todo el país.
También tenemos un programa muy interesante, que trabaja sobre la aparición de maleza resistente a la mayoría de los herbicidas, una certificación de buenas prácticas agrícolas y chacras de investigación con el INTA.
Las 36 regionales, que hoy en día están presentes en todo el país, van desde Salta a Bahía Blanca. Ellas nos dan una gran fortaleza institucional y, sobre todo, mucho federalismo. Crean una atmósfera de intercambio entre los socios, además de lograr su crecimiento humano, técnico y económico.
Por otro lado, publicamos una revista en forma mensual y realizamos un congreso en la ciudad de Rosario -aunque estamos viendo la posibilidad de cambiar el lugar- al que asisten más de 5.000 personas, se acreditan alrededor de 1.300 periodistas de todo el mundo y se transmite por Internet, alcanzando las 13.000 reproducciones.
El año que viene -aprovecho la ocasión para invitar a los miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería- vamos a ser organizadores del Congreso Mundial de la Agricultura de Conservación, a realizarse en Buenos Aires.
También tenemos chacras experimentarles a lo largo de todo el país junto con el INTA.
Esa fuerte presencia nacional y técnica, también nos hace generar el desafío de dejarles a nuestros hijos un mejor suelo y mejores recursos que los que estamos recibiendo. Luego voy a explicar en qué nos basamos para emitir nuestra opinión.
Aapresid tiene una larga historia de trabajo para facilitar el encuentro en la comunidad agroalimentaria. Muchos de los que estamos aquí nos conocemos desde hace ya más de seis o siete años cuando, entre todos, participamos de lo que fue el documento base de aplicaciones periurbanas del Minagri.
Hoy en día, uno de los factores que los productores más vemos con preocupación para desarrollar rotaciones y buenas prácticas agrícolas son las restricciones normativas. Ya vimos cómo afectan a las rotaciones las retenciones; ya vimos cómo afectan al cuidado del suelo los no manejos de las cuencas y que eso tiene implicancias.
Como productores responsables, en Aapresid creemos que trabajar en la generación de las leyes hace que seamos partícipes y que las sintamos como nuestras. En dicha oportunidad trabajamos con todas esas instituciones, con las que hoy tenemos una muy buena relación y seguimos trabajando.
Asimismo, creemos que el respeto a la ley es una de las buenas prácticas agrícolas y también forma parte de nuestro Protocolo de Agricultura Certificada. Desde Aapresid pensamos que debemos comprometernos a participar de vuelta para sentir esta nueva ley como nuestra.
Oportunamente, como nos caracteriza, y prospectivamente, en el último congreso que hemos realizado en la ciudad de Rosario tuvo lugar un taller al cual se asistía por invitación. Muchos de los que están aquí presentes han ido. En ese taller, además de exponer, pudimos debatir sobre los aspectos que debería contemplar una ley de semillas. Muchas de esas conclusiones son las que hoy traigo aquí, las que también fueron publicadas en nuestra última revista de la Red de Innovadores que está actualmente disponible.
A partir de ahora voy a comentar cuál es nuestra opinión acerca de lo que debe contener una ley de semillas. El motor que debe atender siempre esa norma es la sustentabilidad, que implica que las cosas se mantengan en el tiempo. El foco tiene que estar en defender la competitividad del sistema productivo argentino. Para ello, la incorporación de tecnología y conocimiento es esencial.
Hoy, la capacidad de generar un mejoramiento genético tiene importancia geopolítica y contribuye a la seguridad alimentaria de cada país. Es trascendental que se considere el mejoramiento sustentable, el cual debe ser económicamente viable.
La sustentabilidad de los mejoradores genéticos depende de su financiamiento; por eso hay que mejorar las condiciones de los obtentores, de los productores, y de todos aquellos involucrados en la producción y en la cadena. Ya vimos en las exposiciones de la semana pasada cómo la cantidad de semilleros nacionales va decreciendo año a año.
Hay que tener una visión sistémica, de manera tal de identificar las necesidades futuras para producir sustentablemente; tal es el caso de las malezas resistentes. Hoy los productores tenemos cada día menos herramientas para producir y la semilla es un vehículo para esa tecnología.
Para esta ley, hay que tener en cuenta que se trata no solo de un problema de la soja sino también de todas las especies cultivadas y del conjunto de las regiones productivas del país.
La ley es para la totalidad de las especies, muchas de las cuales tienen problemas similares, como en el caso de las forrajeras o del trigo. Recientemente hemos detectado en las forrajeras que una gran proporción de las semillas que se venden ni siquiera tienen autorizado el evento transgénico incorporado.
Otras especies tienen características diferentes, como por ejemplo los frutales, y luego están las que son importantes en las economías regionales, en las que hoy casi ya no existe mejoramiento.
No se trata de una ley para una empresa, un cultivo o un evento. Es una ley que debe ser pensada para veinte años, para doscientas especies y para dos mil eventos.
La ley debe ser un marco a completarse con su reglamentación, que debe ser bastante flexible, especialmente si tenemos en cuenta que la ley anterior es del año 1973. Estamos debatiendo esta nueva ley de semillas en 2016, por lo que si vamos a tener esta velocidad de respuesta quizás nos pase por arriba la tecnología.
Hay una necesidad de establecer un marco del uso propio, su organización, su observancia y los límites.
El uso propio, que es el gran tema, es una figura establecida en la ley anterior. Es un derecho ancestral del productor de reservar y usar su semilla. La discusión es sobre su gratuidad y, si no es gratuito, cómo, cuándo y cómo se paga.
La ley actual es obsoleta en un marco productivo y técnico completamente diferente al que existía al inicio de la década del 70, cuando se promulgó.
Hoy, la semilla es vehículo de mucha tecnología y de muchas patentes simultáneamente. Sería algo parecido a un teléfono celular.
En el derecho internacional existe y se impone la figura del uso propio, que es el derecho de guardar la semilla sin pedir autorización al obtentor. Eso no quiere decir que tiene que ser gratuito. A partir de qué tamaño de agricultor tiene que pagar, es una discusión que no nos corresponde a nosotros. Pero creemos que debe pagarse.
El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual, capítulo del derecho de la propiedad privada. Como tal debe ser reconocido siempre, en cada campaña y hasta el plazo en que expiran los derechos de propiedad intelectual, que en Argentina es de veinte años. No hay razón para que no se cobre en los primeros años. Eso es algo caprichoso y sin sentido. Si hay un derecho, debe pagarse todos los años, excepto que haya un acuerdo entre partes en otro sentido.
Hoy, la semilla es un vehículo de tecnología o tiene mecanismos patentados para incorporarla. Esto también tiene que ser reconocido; si no lo es, es materia judicializable incluso a nivel internacional.
El obtentor solo es sustentable si es económicamente viable y parte fundamental de la cadena. No hay futuro sin innovación y tecnología.
¿Cómo debe pagarse? La forma es muy importante. Si bien hay dos derechos a reconocer, la obtención y la patente, los dos vienen en algo único: la semilla. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo establece eso, que debe pagarse solamente en la semilla.
En pos de simplificar, ambos deben pagarse en la bolsa o en su equivalente, bolsa por hectárea o similar, para las campañas siguientes.
Pagar en función del grano cosechado, no lo vemos como algo justo, porque de esa manera el obtentor se beneficiaría con prácticas que son propias del productor, como la fertilización, el buen manejo, el cuidado, etcétera. Son cosas que no le corresponden ni al obtentor ni al que tenga la patente.
Sí debe poder inspeccionarse el grano o la producción cosechada para detectar infracciones a la ley. Pero solo el INASE debe tener el poder de policía. Esto es muy distinto a quién tiene derecho a denunciar. En ese sentido, creemos que cualquier persona interesada debería poder denunciar y seguir la denuncia a través de algún canal.
Deben existir registros de uso de semillas, declaraciones juradas donde se especifiquen el uso y la reserva.
¿Cuánto debe pagarse? Es algo complicado, pero creemos en el libre juego de oferta y demanda, y en que el precio debería ser el que acuerden las partes.
Por ello, es importante que no deba ser la ley de orden público. Siempre es mejor un acuerdo entre partes, que permite una adopción rápida de la tecnología que el productor argentino exige, necesita y adopta con rapidez, como lo muestra la historia.
Siempre debe pagarse en el comercio donde se adquirió la semilla originaria; esto no debería ser delegado, porque complica la cadena. El comercio local, además, siempre funciona como primer controller y hasta puede ser receptor de las denuncias. Un caso interesante para tener en cuenta es el de Uruguay.
¿Quién debe controlar el uso propio? El INASE se convierte en una figura clave ya que, a través de él, el Estado tiene la posibilidad de inspeccionar y sancionar.
Después de casi cuarenta años, hoy el directorio se encuentra conformado. De acuerdo con las últimas resoluciones promulgadas, el INASE tiene el poder de disponer de la información de lo que se sembró y el tipo de semilla usado. Pero, lamentablemente, solo fue declarada el 15 por ciento de la superficie -ahora se ha vuelto a abrir la posibilidad para la siembra del año siguiente, ya que mucha gente no declaró-, es decir, menos que el monto de la semilla fiscalizada vendida. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar.
El INASE debe tener un presupuesto acorde para que funcione en todo el país. Hoy tiene un presupuesto limitado, conformado por aportes del Tesoro y los pagos de aranceles y multas aplicadas. En este sentido, las multas también tienen que ser formales, como en la AFIP, que cuando uno presenta la declaración de IVA, enseguida le llega una multa formal. Creemos que no declarar la semilla que uno usa, también debería dar derecho a una multa formal.
Los inspectores del INASE tienen que ser gente profesional y capacitada, creemos que ingenieros agrónomos o técnicos matriculados y con conocimiento de la ley. Se deben poder inspeccionar lotes de producción de semilla, detectar si fueron inscriptos en el registro y, como decíamos, cobrar las multas formales.
Esta es nuestra opinión y hemos querido exponerla.
En los doce minutos que me han asignado para hacer la exposición, voy a explicar quiénes somos, desde dónde hablamos, en qué nos basamos y cuáles son los requisitos en los que creemos que debe basarse esta ley.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa es una ONG que fue fundada en 1989, es decir que ya tiene varios años de existencia. Está compuesta por productores agropecuarios, profesionales y otros actores de la comunidad agroalimentaria de todo el país, como instituciones, periodistas, estudiantes, empresas, universidades y provincias, con la misión de impulsar sistemas de producción sustentable de alimentos, fibra y energía, a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Más adelante veremos que la innovación y la ciencia son fundamentales en este tratamiento.
Somos uno de los responsables de que el 90 por ciento de la producción de Argentina se realice de una forma sustentable a través de la siembra directa.
De los 2.900 socios que tenemos muchos son productores, personas interesadas en la materia, contratistas, estudiantes, productores de terceros países y empresas.
Esas empresas, que son 73 en total, abarcan todo el ámbito de los productores que venden insumos y también maquinarias agrícolas, fertilizantes, seguros exportadores, etcétera. De manera que representamos a una amplia paleta.
Trabajamos siempre a través de programas que son de representación nacional y tenemos regionales en todo el país.
También tenemos un programa muy interesante, que trabaja sobre la aparición de maleza resistente a la mayoría de los herbicidas, una certificación de buenas prácticas agrícolas y chacras de investigación con el INTA.
Las 36 regionales, que hoy en día están presentes en todo el país, van desde Salta a Bahía Blanca. Ellas nos dan una gran fortaleza institucional y, sobre todo, mucho federalismo. Crean una atmósfera de intercambio entre los socios, además de lograr su crecimiento humano, técnico y económico.
Por otro lado, publicamos una revista en forma mensual y realizamos un congreso en la ciudad de Rosario -aunque estamos viendo la posibilidad de cambiar el lugar- al que asisten más de 5.000 personas, se acreditan alrededor de 1.300 periodistas de todo el mundo y se transmite por Internet, alcanzando las 13.000 reproducciones.
El año que viene -aprovecho la ocasión para invitar a los miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería- vamos a ser organizadores del Congreso Mundial de la Agricultura de Conservación, a realizarse en Buenos Aires.
También tenemos chacras experimentarles a lo largo de todo el país junto con el INTA.
Esa fuerte presencia nacional y técnica, también nos hace generar el desafío de dejarles a nuestros hijos un mejor suelo y mejores recursos que los que estamos recibiendo. Luego voy a explicar en qué nos basamos para emitir nuestra opinión.
Aapresid tiene una larga historia de trabajo para facilitar el encuentro en la comunidad agroalimentaria. Muchos de los que estamos aquí nos conocemos desde hace ya más de seis o siete años cuando, entre todos, participamos de lo que fue el documento base de aplicaciones periurbanas del Minagri.
Hoy en día, uno de los factores que los productores más vemos con preocupación para desarrollar rotaciones y buenas prácticas agrícolas son las restricciones normativas. Ya vimos cómo afectan a las rotaciones las retenciones; ya vimos cómo afectan al cuidado del suelo los no manejos de las cuencas y que eso tiene implicancias.
Como productores responsables, en Aapresid creemos que trabajar en la generación de las leyes hace que seamos partícipes y que las sintamos como nuestras. En dicha oportunidad trabajamos con todas esas instituciones, con las que hoy tenemos una muy buena relación y seguimos trabajando.
Asimismo, creemos que el respeto a la ley es una de las buenas prácticas agrícolas y también forma parte de nuestro Protocolo de Agricultura Certificada. Desde Aapresid pensamos que debemos comprometernos a participar de vuelta para sentir esta nueva ley como nuestra.
Oportunamente, como nos caracteriza, y prospectivamente, en el último congreso que hemos realizado en la ciudad de Rosario tuvo lugar un taller al cual se asistía por invitación. Muchos de los que están aquí presentes han ido. En ese taller, además de exponer, pudimos debatir sobre los aspectos que debería contemplar una ley de semillas. Muchas de esas conclusiones son las que hoy traigo aquí, las que también fueron publicadas en nuestra última revista de la Red de Innovadores que está actualmente disponible.
A partir de ahora voy a comentar cuál es nuestra opinión acerca de lo que debe contener una ley de semillas. El motor que debe atender siempre esa norma es la sustentabilidad, que implica que las cosas se mantengan en el tiempo. El foco tiene que estar en defender la competitividad del sistema productivo argentino. Para ello, la incorporación de tecnología y conocimiento es esencial.
Hoy, la capacidad de generar un mejoramiento genético tiene importancia geopolítica y contribuye a la seguridad alimentaria de cada país. Es trascendental que se considere el mejoramiento sustentable, el cual debe ser económicamente viable.
La sustentabilidad de los mejoradores genéticos depende de su financiamiento; por eso hay que mejorar las condiciones de los obtentores, de los productores, y de todos aquellos involucrados en la producción y en la cadena. Ya vimos en las exposiciones de la semana pasada cómo la cantidad de semilleros nacionales va decreciendo año a año.
Hay que tener una visión sistémica, de manera tal de identificar las necesidades futuras para producir sustentablemente; tal es el caso de las malezas resistentes. Hoy los productores tenemos cada día menos herramientas para producir y la semilla es un vehículo para esa tecnología.
Para esta ley, hay que tener en cuenta que se trata no solo de un problema de la soja sino también de todas las especies cultivadas y del conjunto de las regiones productivas del país.
La ley es para la totalidad de las especies, muchas de las cuales tienen problemas similares, como en el caso de las forrajeras o del trigo. Recientemente hemos detectado en las forrajeras que una gran proporción de las semillas que se venden ni siquiera tienen autorizado el evento transgénico incorporado.
Otras especies tienen características diferentes, como por ejemplo los frutales, y luego están las que son importantes en las economías regionales, en las que hoy casi ya no existe mejoramiento.
No se trata de una ley para una empresa, un cultivo o un evento. Es una ley que debe ser pensada para veinte años, para doscientas especies y para dos mil eventos.
La ley debe ser un marco a completarse con su reglamentación, que debe ser bastante flexible, especialmente si tenemos en cuenta que la ley anterior es del año 1973. Estamos debatiendo esta nueva ley de semillas en 2016, por lo que si vamos a tener esta velocidad de respuesta quizás nos pase por arriba la tecnología.
Hay una necesidad de establecer un marco del uso propio, su organización, su observancia y los límites.
El uso propio, que es el gran tema, es una figura establecida en la ley anterior. Es un derecho ancestral del productor de reservar y usar su semilla. La discusión es sobre su gratuidad y, si no es gratuito, cómo, cuándo y cómo se paga.
La ley actual es obsoleta en un marco productivo y técnico completamente diferente al que existía al inicio de la década del 70, cuando se promulgó.
Hoy, la semilla es vehículo de mucha tecnología y de muchas patentes simultáneamente. Sería algo parecido a un teléfono celular.
En el derecho internacional existe y se impone la figura del uso propio, que es el derecho de guardar la semilla sin pedir autorización al obtentor. Eso no quiere decir que tiene que ser gratuito. A partir de qué tamaño de agricultor tiene que pagar, es una discusión que no nos corresponde a nosotros. Pero creemos que debe pagarse.
El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual, capítulo del derecho de la propiedad privada. Como tal debe ser reconocido siempre, en cada campaña y hasta el plazo en que expiran los derechos de propiedad intelectual, que en Argentina es de veinte años. No hay razón para que no se cobre en los primeros años. Eso es algo caprichoso y sin sentido. Si hay un derecho, debe pagarse todos los años, excepto que haya un acuerdo entre partes en otro sentido.
Hoy, la semilla es un vehículo de tecnología o tiene mecanismos patentados para incorporarla. Esto también tiene que ser reconocido; si no lo es, es materia judicializable incluso a nivel internacional.
El obtentor solo es sustentable si es económicamente viable y parte fundamental de la cadena. No hay futuro sin innovación y tecnología.
¿Cómo debe pagarse? La forma es muy importante. Si bien hay dos derechos a reconocer, la obtención y la patente, los dos vienen en algo único: la semilla. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo establece eso, que debe pagarse solamente en la semilla.
En pos de simplificar, ambos deben pagarse en la bolsa o en su equivalente, bolsa por hectárea o similar, para las campañas siguientes.
Pagar en función del grano cosechado, no lo vemos como algo justo, porque de esa manera el obtentor se beneficiaría con prácticas que son propias del productor, como la fertilización, el buen manejo, el cuidado, etcétera. Son cosas que no le corresponden ni al obtentor ni al que tenga la patente.
Sí debe poder inspeccionarse el grano o la producción cosechada para detectar infracciones a la ley. Pero solo el INASE debe tener el poder de policía. Esto es muy distinto a quién tiene derecho a denunciar. En ese sentido, creemos que cualquier persona interesada debería poder denunciar y seguir la denuncia a través de algún canal.
Deben existir registros de uso de semillas, declaraciones juradas donde se especifiquen el uso y la reserva.
¿Cuánto debe pagarse? Es algo complicado, pero creemos en el libre juego de oferta y demanda, y en que el precio debería ser el que acuerden las partes.
Por ello, es importante que no deba ser la ley de orden público. Siempre es mejor un acuerdo entre partes, que permite una adopción rápida de la tecnología que el productor argentino exige, necesita y adopta con rapidez, como lo muestra la historia.
Siempre debe pagarse en el comercio donde se adquirió la semilla originaria; esto no debería ser delegado, porque complica la cadena. El comercio local, además, siempre funciona como primer controller y hasta puede ser receptor de las denuncias. Un caso interesante para tener en cuenta es el de Uruguay.
¿Quién debe controlar el uso propio? El INASE se convierte en una figura clave ya que, a través de él, el Estado tiene la posibilidad de inspeccionar y sancionar.
Después de casi cuarenta años, hoy el directorio se encuentra conformado. De acuerdo con las últimas resoluciones promulgadas, el INASE tiene el poder de disponer de la información de lo que se sembró y el tipo de semilla usado. Pero, lamentablemente, solo fue declarada el 15 por ciento de la superficie -ahora se ha vuelto a abrir la posibilidad para la siembra del año siguiente, ya que mucha gente no declaró-, es decir, menos que el monto de la semilla fiscalizada vendida. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar.
El INASE debe tener un presupuesto acorde para que funcione en todo el país. Hoy tiene un presupuesto limitado, conformado por aportes del Tesoro y los pagos de aranceles y multas aplicadas. En este sentido, las multas también tienen que ser formales, como en la AFIP, que cuando uno presenta la declaración de IVA, enseguida le llega una multa formal. Creemos que no declarar la semilla que uno usa, también debería dar derecho a una multa formal.
Los inspectores del INASE tienen que ser gente profesional y capacitada, creemos que ingenieros agrónomos o técnicos matriculados y con conocimiento de la ley. Se deben poder inspeccionar lotes de producción de semilla, detectar si fueron inscriptos en el registro y, como decíamos, cobrar las multas formales.
Esta es nuestra opinión y hemos querido exponerla.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Gustavo Schrauf, profesor universitario de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
SR. SCHRAUF Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la invitación a expresarme sobre lo que considero un tema polémico y con muchos intereses. Sin duda, de algunos aspectos podré hablar con mayor conocimiento que de otros.
En la Facultad hicimos el ejercicio de empezar a debatir la ley de semillas. Hubo muchas posiciones muy ricas, algunas de las cuales voy a plantear en mi exposición.
Por un lado, la producción de alimentos muchas veces está desvalorizada. Si uno analiza, los trabajadores rurales son los que reciben el peor salario de la Argentina. En algunos casos, ni siquiera gozan de algún tipo de derecho laboral. Sin embargo, para nosotros es muy importante la elaboración de alimentos principalmente para nuestro país. Entonces, todos estos derechos tienen que estar contemplados dentro de la ley.
También debemos pensar en los pueblos originarios, los agricultores, la investigación y el desarrollo de los cultivares. Un derecho poco reconocido es el de los pueblos originarios, que realmente son los que han domesticado nuestros cultivos, lo cual genera una gran biodiversidad que también está en peligro. Creo que ese sería un punto para pensar e incluir en la ley: de qué manera mantenemos esa biodiversidad que ya existe. La facultad tiene algunos proyectos que ha desarrollado. Por ejemplo, hace muy poco se han encontrado genotipos relativamente originales que, de alguna manera, han cambiado la mirada sobre el origen mismo del maíz en la Argentina.
Hemos subvalorizado esos desarrollos -pareciera que no existen- y empezamos de cero cuando, en realidad, se trata de una historia a la que tenemos que rendir algún tipo de culto.
Respecto de los agricultores, me parece que deben tener la libertad de decidir si guardan o no sus semillas y nosotros, los mejoradores, debemos seducirlos con nuevos materiales. De todos modos, esa libertad del productor debería tener un límite.
En primer lugar, las semillas que tienen deben ser legales; pero, por otro lado, hay una tendencia al monocultivo. No sé cómo le está yendo a Uruguay con su ley, pero me parece que es una iniciativa interesante para mirar que nos obliga a hacer rotaciones. El ingeniero agrónomo tiene que certificar esas rotaciones, lo que constituye una manera de hacer una producción realmente sustentable.
Por otra parte, creo que el agricultor debe tener un papel activo en el mejoramiento. Generalmente es pasivo, porque nosotros le damos el material desde el desarrollo de mejorador, y él prueba si vale o no vale. Quizás nos haría mejores mejoradores desde el inicio si tomamos sus problemáticas.
Con respecto a qué sucede sobre el comercio mundial de semillas, me sorprende que cada vez sean menos las empresas que monopolizan el comercio mundial de semillas. Entonces, el mejoramiento de los cultivos y la seguridad alimentaria quedan en muy pocas manos. Desde el país, la decisión es cada vez menor.
Muchos semilleros, tal como comentó la gente de Aapresid, han cerrado. Tal es el caso de muchos extranjeros, que cerraron e hicieron su mejoramiento afuera. Entonces, creo que tenemos que replantearnos la situación a fin de que el motor del mejoramiento sea el bien común de todos: de los productores, de los consumidores y de la Argentina toda. Si eso va detrás del beneficio de una empresa, a veces tenemos contradicciones que no sé cómo las vamos a superar.
Los desarrollos tecnológicos en investigación han sido muy interesantes. A veces, uno pregunta qué hubiera pasado con los genes de Borlaug y la disputa que se generó. Fueron públicos, todos los usaron, generaron un gran cambio y, de alguna manera, una revolución. Sin embargo, la transgénesis tuvo un impacto enorme en la Argentina.
Creo que se trata de una tecnología con posibilidades mayores; entonces, ahí viene la pregunta de por qué no es utilizada para resolver otro tipo de problemas. Quizás, al unirla a un herbicida no solamente la hemos desprestigiado sino que, a lo mejor, monopolizamos esa facilidad de control de maleza en un solo tipo de producto y de allí viene la problemática de malezas resistentes. No tenemos una visión muy amplia y pienso que debemos cambiarla radicalmente. Esa tendencia a reducir la biodiversidad es problemática.
Un ejemplo de tecnología que es interesante es el Bt, que sí redujo el uso de insecticidas y es muy saludable para el ambiente. Creo que, de algún modo, habría que fomentar ese tipo de tecnología.
¿Qué podemos proponer entonces para investigación y desarrollo? Un programa de mejoramiento propio de Argentina que tome los temas estratégicos y reciba el producido por impuestos aplicados a las semillas, y que la decisión de mejorar y para qué hacerlo sea colectiva y discutida democráticamente -sin duda el Parlamento es el lugar indicado para ello- entre todos los actores de la producción.
Muchas veces, el anteponer la rentabilidad hace que muchos productos sean no saludables; es decir, que no sean los mejores para nuestro pueblo. Yo trabajo en mejoramiento de forrajeras y generalmente luchamos contra el feedlot. Siempre nos encontramos con que la calidad de la carne argentina es muy valorizada en todo el mundo; tan así es que he visto trabajos donde se comparan las carnes provenientes de distintos países y la número uno es la Argentina. Sin embargo, por cuestiones económicas, el feedlot termina desplazándola y comemos más grasa, o más carne de chancho que de vaca. Aclaro que digo esto sin despreciar la carne de chancho. Quizás no sea el gusto lo más importante -aunque lo es-, sino que perdemos mucho de lo saludable de esa carne. Entonces, si queremos generar algo competitivo, tenemos que apoyarlo. Por eso, parte de ese programa estratégico es apoyar programas que hagan más productivas a nuestras forrajeras, por ejemplo.
Un aspecto del proyecto de ley que me genera dudas, que es ambiguo y tendría que estar más claro, es aquel que dispone que los mejoradores podemos usar todo lo que está disponible pero que debemos contar con una especie de autorización o consentimiento del dueño de la patente.
No tengo claridad sobre qué pasa con las patentes de plantas. Si la Argentina desconoce esas patentes, me parece que sería una manera de que uno pueda usar esa variabilidad genética. Pero si las reconoce, lo que se mejora no podrá usarse y sería un problema.
Quizás tenga que haber una comisión para que, en caso de que no haya acuerdo, pueda fijar un precio justo al uso de esa tecnología o esa patente.
Como conclusión, creo que se necesita un poco más de tiempo para discutir este proyecto de ley. Por lo menos, yo lo necesito.
He visto muchas posiciones diferentes y obviamente hay que armonizarlas. Pero me parece que, dada la relevancia del tema, es muy difícil hacerlo o resolverlo en forma no participativa. Quizás esta es una manera de hacerlo participativo, pero seguramente no se puede resolver en un día. Esta es una discusión que merece ser alargada un poco más.
Me parece además que, acompañando esto, tenemos que generar el mantenimiento de la biodiversidad que existe en la Argentina de todos los materiales nativos.
Por otro lado, es importante la creación de un fondo de promoción, de programas estratégicos y de mejoramiento que tenga como objetivo de mejoramiento los problemas de los productores. Deberá ser un mejoramiento participativo, del que también formen parte los consumidores para que podamos saber qué quieren comer, una posibilidad que no tienen muchas veces.
Agradezco este tiempo para exponer y espero que la información sea útil. Desde la Facultad de Agronomía quedamos a disposición para cualquier consulta. Tiene trayectoria en mejoramiento y ha generado muchas alternativas, como por ejemplo la edición génica, que es una tecnología muy novedosa y pone en discusión qué y cómo entra en la ley. Esto también es algo para analizar. Por ello creo que se necesita tiempo.
En la Facultad hicimos el ejercicio de empezar a debatir la ley de semillas. Hubo muchas posiciones muy ricas, algunas de las cuales voy a plantear en mi exposición.
Por un lado, la producción de alimentos muchas veces está desvalorizada. Si uno analiza, los trabajadores rurales son los que reciben el peor salario de la Argentina. En algunos casos, ni siquiera gozan de algún tipo de derecho laboral. Sin embargo, para nosotros es muy importante la elaboración de alimentos principalmente para nuestro país. Entonces, todos estos derechos tienen que estar contemplados dentro de la ley.
También debemos pensar en los pueblos originarios, los agricultores, la investigación y el desarrollo de los cultivares. Un derecho poco reconocido es el de los pueblos originarios, que realmente son los que han domesticado nuestros cultivos, lo cual genera una gran biodiversidad que también está en peligro. Creo que ese sería un punto para pensar e incluir en la ley: de qué manera mantenemos esa biodiversidad que ya existe. La facultad tiene algunos proyectos que ha desarrollado. Por ejemplo, hace muy poco se han encontrado genotipos relativamente originales que, de alguna manera, han cambiado la mirada sobre el origen mismo del maíz en la Argentina.
Hemos subvalorizado esos desarrollos -pareciera que no existen- y empezamos de cero cuando, en realidad, se trata de una historia a la que tenemos que rendir algún tipo de culto.
Respecto de los agricultores, me parece que deben tener la libertad de decidir si guardan o no sus semillas y nosotros, los mejoradores, debemos seducirlos con nuevos materiales. De todos modos, esa libertad del productor debería tener un límite.
En primer lugar, las semillas que tienen deben ser legales; pero, por otro lado, hay una tendencia al monocultivo. No sé cómo le está yendo a Uruguay con su ley, pero me parece que es una iniciativa interesante para mirar que nos obliga a hacer rotaciones. El ingeniero agrónomo tiene que certificar esas rotaciones, lo que constituye una manera de hacer una producción realmente sustentable.
Por otra parte, creo que el agricultor debe tener un papel activo en el mejoramiento. Generalmente es pasivo, porque nosotros le damos el material desde el desarrollo de mejorador, y él prueba si vale o no vale. Quizás nos haría mejores mejoradores desde el inicio si tomamos sus problemáticas.
Con respecto a qué sucede sobre el comercio mundial de semillas, me sorprende que cada vez sean menos las empresas que monopolizan el comercio mundial de semillas. Entonces, el mejoramiento de los cultivos y la seguridad alimentaria quedan en muy pocas manos. Desde el país, la decisión es cada vez menor.
Muchos semilleros, tal como comentó la gente de Aapresid, han cerrado. Tal es el caso de muchos extranjeros, que cerraron e hicieron su mejoramiento afuera. Entonces, creo que tenemos que replantearnos la situación a fin de que el motor del mejoramiento sea el bien común de todos: de los productores, de los consumidores y de la Argentina toda. Si eso va detrás del beneficio de una empresa, a veces tenemos contradicciones que no sé cómo las vamos a superar.
Los desarrollos tecnológicos en investigación han sido muy interesantes. A veces, uno pregunta qué hubiera pasado con los genes de Borlaug y la disputa que se generó. Fueron públicos, todos los usaron, generaron un gran cambio y, de alguna manera, una revolución. Sin embargo, la transgénesis tuvo un impacto enorme en la Argentina.
Creo que se trata de una tecnología con posibilidades mayores; entonces, ahí viene la pregunta de por qué no es utilizada para resolver otro tipo de problemas. Quizás, al unirla a un herbicida no solamente la hemos desprestigiado sino que, a lo mejor, monopolizamos esa facilidad de control de maleza en un solo tipo de producto y de allí viene la problemática de malezas resistentes. No tenemos una visión muy amplia y pienso que debemos cambiarla radicalmente. Esa tendencia a reducir la biodiversidad es problemática.
Un ejemplo de tecnología que es interesante es el Bt, que sí redujo el uso de insecticidas y es muy saludable para el ambiente. Creo que, de algún modo, habría que fomentar ese tipo de tecnología.
¿Qué podemos proponer entonces para investigación y desarrollo? Un programa de mejoramiento propio de Argentina que tome los temas estratégicos y reciba el producido por impuestos aplicados a las semillas, y que la decisión de mejorar y para qué hacerlo sea colectiva y discutida democráticamente -sin duda el Parlamento es el lugar indicado para ello- entre todos los actores de la producción.
Muchas veces, el anteponer la rentabilidad hace que muchos productos sean no saludables; es decir, que no sean los mejores para nuestro pueblo. Yo trabajo en mejoramiento de forrajeras y generalmente luchamos contra el feedlot. Siempre nos encontramos con que la calidad de la carne argentina es muy valorizada en todo el mundo; tan así es que he visto trabajos donde se comparan las carnes provenientes de distintos países y la número uno es la Argentina. Sin embargo, por cuestiones económicas, el feedlot termina desplazándola y comemos más grasa, o más carne de chancho que de vaca. Aclaro que digo esto sin despreciar la carne de chancho. Quizás no sea el gusto lo más importante -aunque lo es-, sino que perdemos mucho de lo saludable de esa carne. Entonces, si queremos generar algo competitivo, tenemos que apoyarlo. Por eso, parte de ese programa estratégico es apoyar programas que hagan más productivas a nuestras forrajeras, por ejemplo.
Un aspecto del proyecto de ley que me genera dudas, que es ambiguo y tendría que estar más claro, es aquel que dispone que los mejoradores podemos usar todo lo que está disponible pero que debemos contar con una especie de autorización o consentimiento del dueño de la patente.
No tengo claridad sobre qué pasa con las patentes de plantas. Si la Argentina desconoce esas patentes, me parece que sería una manera de que uno pueda usar esa variabilidad genética. Pero si las reconoce, lo que se mejora no podrá usarse y sería un problema.
Quizás tenga que haber una comisión para que, en caso de que no haya acuerdo, pueda fijar un precio justo al uso de esa tecnología o esa patente.
Como conclusión, creo que se necesita un poco más de tiempo para discutir este proyecto de ley. Por lo menos, yo lo necesito.
He visto muchas posiciones diferentes y obviamente hay que armonizarlas. Pero me parece que, dada la relevancia del tema, es muy difícil hacerlo o resolverlo en forma no participativa. Quizás esta es una manera de hacerlo participativo, pero seguramente no se puede resolver en un día. Esta es una discusión que merece ser alargada un poco más.
Me parece además que, acompañando esto, tenemos que generar el mantenimiento de la biodiversidad que existe en la Argentina de todos los materiales nativos.
Por otro lado, es importante la creación de un fondo de promoción, de programas estratégicos y de mejoramiento que tenga como objetivo de mejoramiento los problemas de los productores. Deberá ser un mejoramiento participativo, del que también formen parte los consumidores para que podamos saber qué quieren comer, una posibilidad que no tienen muchas veces.
Agradezco este tiempo para exponer y espero que la información sea útil. Desde la Facultad de Agronomía quedamos a disposición para cualquier consulta. Tiene trayectoria en mejoramiento y ha generado muchas alternativas, como por ejemplo la edición génica, que es una tecnología muy novedosa y pone en discusión qué y cómo entra en la ley. Esto también es algo para analizar. Por ello creo que se necesita tiempo.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Juan Iglesias Pérez, consultor privado.
SR. IGLESIAS PÉREZ Señor presidente: agradezco la invitación para participar en esta reunión, que me parece muy importante porque creo que hay algunos puntos clave que, hasta ahora, no han sido considerados y deben ser aclarados.
Tengo una larga historia en lo que es la propiedad intelectual. Mi primer juicio de patentes se lo gané a Ciba en el año 1970.
También participé activamente en la elaboración de la ley 24.766, de información confidencial; concretamente en su artículo 7° y también en su artículo 8° -del que soy autor-, que fue fundamental para acotar los tiempos de las patentes.
La tendencia que existía era que no se podían empezar a preparar la investigación y la información para hacer un registro hasta una vez vencida la patente. Con la redacción del nuevo artículo, quedó claro que, al día siguiente de vencer la patente, se podía tener todo listo y pedir la autorización para comercializarla. Inclusive podía estar dentro del sistema de registro, cosa que faltara la firma y nada más. De esta manera, si una patente dura veinte años, el plazo es ese y no veintitrés, veinticuatro o veinticinco, como eran los objetivos en ese momento.
Diseñé el sistema de registros de agroquímicos por equivalencia adoptado por la FAO en el año 1999. Esto generó un mercado absolutamente competitivo y eliminó la posibilidad de que cuatro o cinco firmas monopolizaran el mercado mundial.
Por eso estamos hoy acá. Las compañías que ahora se dedican a semillas y genética son compañías químicas. El hecho de que exista el registro por equivalencia terminó con el negocio que ellas tenían y que se basaba en que no era posible el registro de genéricos, con lo cual las semillas iban a ser solamente un medio de márketing.
Ese tema concluyó en noviembre del año 2002 cuando se trató de impedir el uso de los data para el registro. En una excelente negociación -o amistosa conversación- con la embajadora de los Estados Unidos, cuyo voto seguía el 80 por ciento de los votantes en la Asamblea de la FAO, llegamos a la conclusión de que realmente los data no podían sobrevivir a las patentes. Es por ello que en la norma de la FAO no se incluyó que los data eran reservados. Eso ha generado que hoy por lo menos 600 millones de personas en el mundo coman un poquito más todos los días.
La cuestión que estamos hoy debatiendo no tiene solución si nos limitamos a hablar de semillas, porque el problema es Monsanto y éste no vende semillas sino licencias. Como las licencias son un tema de patentes, si no se soluciona el problema de las patentes no hay solución alguna para el de las semillas.
La solución del tema de las patentes es extremadamente simple. En las demandas que realiza Monsanto hace referencia a una patente: AR 026994B1. Es como si yo fuera a patentar el auto y no coinciden los números del motor o del chasis. En esas condiciones no me van a dar la patente del auto.
Las patentes tienen normas muy estrictas aquí y en el mundo entero, no es que nuestra ley sea xenófoba o algo por el estilo. El problema es que en el mundo hay un manejo muy laxo. De todas formas, lo real es que todas las patentes y los sistemas de registro exigen reivindicaciones y la descripción de cada una de ellas, de tal forma que cualquier persona entendida en el tema pueda reproducirlas.
La patente argentina de Monsanto, con la cual persigue a todos los agricultores y les hace firmar estos contratos, no describe el gen objetivo sino meramente el promotor.
El promotor es un beneficio para Monsanto. Sería como si alguien en la industria automotriz utilizara un robot 2015 para montar un Falcon del año 1976 y nos dijera que está vendiendo un auto moderno; pero, en realidad, no es así. El promotor no tiene nada que ver con la eficacia del gen.
Hablan del gen RR2 pero es el RR1, el EPSPS de la soja 40-3-2 que liberó Felipe Solá en el año 1996. No hay otro gen nuevo, ese es el único gen resistente de la soja que tiene Monsanto, aunque después lo disfraza cambiándole el promotor, lo que está muy calado en el mundo entero.
La discusión básica con la embajadora de los Estados Unidos fue en relación con un discurso de George Bush. Un representante de CASAFE me dijo, respecto de ese discurso y antes de saber quién lo había escrito: "Otro comunista igual que vos." (Risas.) ¿Qué dice Bush en ese discurso?
Está perfectamente claro lo que la ley exige y lo que no se cumple. Esa patente fue mal dada por un organismo administrativo -el INPI- por circunstancias que desconozco, aunque puedo suponerlas. Como dice la propia ley de patentes y la Ley de Procedimiento Administrativo, el órgano administrativo -en este caso es el INPI- es el que deberá darla de baja. No hay ninguna necesidad de ir a la Justicia.
Lo que sabemos es que cuando se haga la presentación ante el INPI para darla de baja, éste seguramente va a hacer mutis por el foro. De todas formas, lógicamente será muy distinto ir a la Justicia federal con un mutis total que sin éste. En efecto, si me presento en la Justicia sin este mutis, me van a decir que es materia de derecho administrativo y que tengo que solicitarlo primero en el INPI, lo que sería perder tiempo.
Entonces, yo voy a ir a la Justicia federal con una no respuesta del INPI, lo cual implica una aceptación. Esto, porque mi pregunta al INPI es por qué la reivindicación 1 -es decir, la secuencia 2 de la reivindicación- no está descripta. Si se queda callado, es porque no lo está y es responsable.
El discurso del amigo Bush tiene unas partes muy interesantes. No voy a leerlo todo...
Tengo una larga historia en lo que es la propiedad intelectual. Mi primer juicio de patentes se lo gané a Ciba en el año 1970.
También participé activamente en la elaboración de la ley 24.766, de información confidencial; concretamente en su artículo 7° y también en su artículo 8° -del que soy autor-, que fue fundamental para acotar los tiempos de las patentes.
La tendencia que existía era que no se podían empezar a preparar la investigación y la información para hacer un registro hasta una vez vencida la patente. Con la redacción del nuevo artículo, quedó claro que, al día siguiente de vencer la patente, se podía tener todo listo y pedir la autorización para comercializarla. Inclusive podía estar dentro del sistema de registro, cosa que faltara la firma y nada más. De esta manera, si una patente dura veinte años, el plazo es ese y no veintitrés, veinticuatro o veinticinco, como eran los objetivos en ese momento.
Diseñé el sistema de registros de agroquímicos por equivalencia adoptado por la FAO en el año 1999. Esto generó un mercado absolutamente competitivo y eliminó la posibilidad de que cuatro o cinco firmas monopolizaran el mercado mundial.
Por eso estamos hoy acá. Las compañías que ahora se dedican a semillas y genética son compañías químicas. El hecho de que exista el registro por equivalencia terminó con el negocio que ellas tenían y que se basaba en que no era posible el registro de genéricos, con lo cual las semillas iban a ser solamente un medio de márketing.
Ese tema concluyó en noviembre del año 2002 cuando se trató de impedir el uso de los data para el registro. En una excelente negociación -o amistosa conversación- con la embajadora de los Estados Unidos, cuyo voto seguía el 80 por ciento de los votantes en la Asamblea de la FAO, llegamos a la conclusión de que realmente los data no podían sobrevivir a las patentes. Es por ello que en la norma de la FAO no se incluyó que los data eran reservados. Eso ha generado que hoy por lo menos 600 millones de personas en el mundo coman un poquito más todos los días.
La cuestión que estamos hoy debatiendo no tiene solución si nos limitamos a hablar de semillas, porque el problema es Monsanto y éste no vende semillas sino licencias. Como las licencias son un tema de patentes, si no se soluciona el problema de las patentes no hay solución alguna para el de las semillas.
La solución del tema de las patentes es extremadamente simple. En las demandas que realiza Monsanto hace referencia a una patente: AR 026994B1. Es como si yo fuera a patentar el auto y no coinciden los números del motor o del chasis. En esas condiciones no me van a dar la patente del auto.
Las patentes tienen normas muy estrictas aquí y en el mundo entero, no es que nuestra ley sea xenófoba o algo por el estilo. El problema es que en el mundo hay un manejo muy laxo. De todas formas, lo real es que todas las patentes y los sistemas de registro exigen reivindicaciones y la descripción de cada una de ellas, de tal forma que cualquier persona entendida en el tema pueda reproducirlas.
La patente argentina de Monsanto, con la cual persigue a todos los agricultores y les hace firmar estos contratos, no describe el gen objetivo sino meramente el promotor.
El promotor es un beneficio para Monsanto. Sería como si alguien en la industria automotriz utilizara un robot 2015 para montar un Falcon del año 1976 y nos dijera que está vendiendo un auto moderno; pero, en realidad, no es así. El promotor no tiene nada que ver con la eficacia del gen.
Hablan del gen RR2 pero es el RR1, el EPSPS de la soja 40-3-2 que liberó Felipe Solá en el año 1996. No hay otro gen nuevo, ese es el único gen resistente de la soja que tiene Monsanto, aunque después lo disfraza cambiándole el promotor, lo que está muy calado en el mundo entero.
La discusión básica con la embajadora de los Estados Unidos fue en relación con un discurso de George Bush. Un representante de CASAFE me dijo, respecto de ese discurso y antes de saber quién lo había escrito: "Otro comunista igual que vos." (Risas.) ¿Qué dice Bush en ese discurso?
Está perfectamente claro lo que la ley exige y lo que no se cumple. Esa patente fue mal dada por un organismo administrativo -el INPI- por circunstancias que desconozco, aunque puedo suponerlas. Como dice la propia ley de patentes y la Ley de Procedimiento Administrativo, el órgano administrativo -en este caso es el INPI- es el que deberá darla de baja. No hay ninguna necesidad de ir a la Justicia.
Lo que sabemos es que cuando se haga la presentación ante el INPI para darla de baja, éste seguramente va a hacer mutis por el foro. De todas formas, lógicamente será muy distinto ir a la Justicia federal con un mutis total que sin éste. En efecto, si me presento en la Justicia sin este mutis, me van a decir que es materia de derecho administrativo y que tengo que solicitarlo primero en el INPI, lo que sería perder tiempo.
Entonces, yo voy a ir a la Justicia federal con una no respuesta del INPI, lo cual implica una aceptación. Esto, porque mi pregunta al INPI es por qué la reivindicación 1 -es decir, la secuencia 2 de la reivindicación- no está descripta. Si se queda callado, es porque no lo está y es responsable.
El discurso del amigo Bush tiene unas partes muy interesantes. No voy a leerlo todo...
SR. PRESIDENTE ALEGRE De todos modos, la documentación completa va a estar colgada en la página de la secretaría.
SR. IGLESIAS PÉREZ Perfecto, señor presidente.
En el segundo párrafo, Bush dice: "Lamentablemente, ese cuidadoso balance de la ley está siendo minado." Hoy podríamos aplicar esas palabras al cuidadoso balance de la ley de patentes argentinas que, además, son ultramodernas.
Nueve años después de sancionada la ley, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Myriad dice lo mismo que nuestra presunta ley antigua. Nosotros tuvimos una gran ventaja; no es que fuéramos unos genios, pero sabíamos algo de genética. Entonces, cuando se modificó la ley, el Title 35, que es la ley de Estados Unidos sancionada en el año 1952, no se conocía.
Bush decía: "Lamentablemente, este cuidadoso balance de la ley está siendo minado. Una investigación de la Comisión Federal de Comercio ha descubierto que algunos fabricantes de drogas de marca, han manipulado la ley para demorar la aprobación de dos drogas genéricas. Cuando una patente de droga de marca está por expirar, uno de los métodos que algunas compañías utilizan es aplicar una nueva patente con un detalle menor de diferencia, tal como el color de la botella de píldoras o una combinación específica de ingredientes no relacionada con la efectividad de la droga...". Esto no lo digo yo. Lo dice el ex presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo.
Eso es lo que hizo Monsanto en Estados Unidos en el año 1999 cuando presentó la patente, que es la que precedió a la que presentó luego en nuestro país en 2000.
Básicamente, lo que hizo fue cambiar el promotor; pero el promotor no tiene nada que ver porque es como el robot que arma el auto. Lo importante es el gen, que no está descripto.
Entonces, pido a las autoridades que resolvamos esto porque Monsanto va a seguir por el camino actual. ¡Si están absolutamente chochos! Van a ir con estos contratos a la Justicia federal y todo aquel que los firmó tendrá que pagar lo que Monsanto quiera porque, además, ni siquiera determina el valor. O sea que todos los años, Monsanto va a decir cuál es el valor. (Aplausos).
En el segundo párrafo, Bush dice: "Lamentablemente, ese cuidadoso balance de la ley está siendo minado." Hoy podríamos aplicar esas palabras al cuidadoso balance de la ley de patentes argentinas que, además, son ultramodernas.
Nueve años después de sancionada la ley, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Myriad dice lo mismo que nuestra presunta ley antigua. Nosotros tuvimos una gran ventaja; no es que fuéramos unos genios, pero sabíamos algo de genética. Entonces, cuando se modificó la ley, el Title 35, que es la ley de Estados Unidos sancionada en el año 1952, no se conocía.
Bush decía: "Lamentablemente, este cuidadoso balance de la ley está siendo minado. Una investigación de la Comisión Federal de Comercio ha descubierto que algunos fabricantes de drogas de marca, han manipulado la ley para demorar la aprobación de dos drogas genéricas. Cuando una patente de droga de marca está por expirar, uno de los métodos que algunas compañías utilizan es aplicar una nueva patente con un detalle menor de diferencia, tal como el color de la botella de píldoras o una combinación específica de ingredientes no relacionada con la efectividad de la droga...". Esto no lo digo yo. Lo dice el ex presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo.
Eso es lo que hizo Monsanto en Estados Unidos en el año 1999 cuando presentó la patente, que es la que precedió a la que presentó luego en nuestro país en 2000.
Básicamente, lo que hizo fue cambiar el promotor; pero el promotor no tiene nada que ver porque es como el robot que arma el auto. Lo importante es el gen, que no está descripto.
Entonces, pido a las autoridades que resolvamos esto porque Monsanto va a seguir por el camino actual. ¡Si están absolutamente chochos! Van a ir con estos contratos a la Justicia federal y todo aquel que los firmó tendrá que pagar lo que Monsanto quiera porque, además, ni siquiera determina el valor. O sea que todos los años, Monsanto va a decir cuál es el valor. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Raimundo Lavignolle, en representación del INASE.
SR. LAVIGNOLLE Señor presidente: agradezco a los diputados haberme invitado en mi carácter de presidente del INASE. Como tal represento a la Argentina en organismos internacionales y llevo la voz del país a la UPOV, cuyo consejo tengo el honor de presidir.
La modificación de la ley de semillas es un tema muy importante, sobre todo para nosotros que somos el órgano de aplicación de la ley 20.247, que es la que rige desde 1973. En su primer artículo establece claramente cuáles son los objetivos: promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas; asegurar a los productores agrarios la identidad y la calidad de la simiente que adquieren y proteger las propiedades de las creaciones fitogenéticas. Esos objetivos siguen siendo válidos.
¿Qué ha pasado en los más de cuarenta años de vigencia de la ley? Se han inscripto 11.465 variedades de 167 especies diferentes para su comercialización.
Es realmente innegable el aporte que la genética ha hecho a la agricultura nacional, siendo el mejoramiento vegetal uno de los más sustantivos para el constante incremento del volumen de la cosecha en nuestro país.
¿Qué ha pasado en estos cuarenta años con los rindes, por ejemplo? En maíz, en el año 1973 el promedio nacional era de 2.800 kilos. Hoy es de 7.745. En trigo, se pasó de 1.600 a 2.800 o 3.000 kilos por hectárea. En soja, se cosechaban 500.000 toneladas y ahora se cosechan 58 millones; se sembraban 376.000 hectáreas y hoy se siembran 20 millones. De manera que el rendimiento pasó de 1.440 kilos a 3.000 kilos. Es indudable que el mejoramiento genético ha tenido un impacto y que es fundamental para el desarrollo de la agricultura.
¿Qué ha pasado con el mercado de semillas? Hoy tenemos un mercado de 1.000 millones de dólares, que exporta entre 250 millones y 300 millones, con picos mucho más altos en otros momentos.
Contamos con un registro que tiene anotados a más de 2.500 operadores en las diferentes categorías, desde criaderos hasta el comerciante expendedor.
En cultivos como el maíz, el sorgo y el girasol podríamos decir que el ciento por ciento de la semilla que se siembra pertenece a variedades híbridas, que son fiscalizadas. Diferente es el caso de la semilla de variedades autógamas, que son aquellas que se autofecundan, en las cuales el grano que se produce al cosechar el cultivo puede ser empleado como semilla en la campaña siguiente por los productores.
Por ejemplo, solo una parte de la superficie sembrada con trigo, el 20 o el 25 por ciento -y el 15 por ciento en el caso de la soja- se hace con semillas fiscalizadas, producidas por empresas semilleras. El resto pertenece a uso propio, que es legal dentro de nuestra ley 20.247, y al mercado ilegal de semillas. Luego hablaré del mercado ilegal.
Hoy en día, desde el momento en que la semilla de una variedad es puesta al mercado por primera vez, la proporción de semilla fiscalizada, adquirida en relación a la superficie que se siembra, va disminuyendo en favor de la semilla de uso propio, de acuerdo a la información que nos declaran los productores en el registro de usuarios.
Al cabo del séptimo u octavo año se llega a una especie de equilibrio donde el 80 u 85 por ciento de lo sembrado de una variedad es uso propio y el 15 a 20 por ciento es semilla fiscalizada.
Hoy también podemos decir que hace veinte años se registró la primera variedad transgénica, la A6001 RG, iniciando la era de la biotecnología en Argentina. La biotecnología ha aportado características y tecnología que han hecho aún más útiles y más eficientes las variedades vegetales.
¿Qué ha pasado con las empresas dedicadas al mejoramiento vegetal? Conociendo la importancia del mejoramiento vegetal, la ley 20.247 crea un sistema de propiedad de títulos de variedad vegetal. ¿Cuál es el objetivo? "Garantizar al fitomejorador derechos de propiedad por su creación o descubrimiento, en forma tal que ninguna otra persona pueda producir o vender la misma sin su autorización." Esto es lo que dice parte del texto de presentación de la ley, que cito para que tengamos idea de su objetivo, porque si no lo conocemos claramente será muy difícil poder interpretarla.
Veamos qué ha pasado, porque en los diferentes cultivos el resultado no fue el mismo. ¿Tuvo éxito o no la ley 20.247? ¿Qué ha pasado en las autógamas de gran cultivo? En soja tenemos 932 variedades; en los últimos cuatro años fueron inscriptas 173 por ocho empresas, de las cuales cuatro dominan el mercado.
En trigo tenemos 352 variedades y en los últimos años se inscribieron 51, pero fueron presentadas por quince empresas; o sea, casi el doble que en el mercado de la soja. Cabe preguntarse: ¿dónde está la diferencia? La única que encontramos es que en soja hay biotecnología, en trigo no y que en trigo hay mayor uso de semillas fiscalizadas, un 10 por ciento más en comparación con la soja.
En el caso de híbridos no hay problema de uso propio; en general, casi todo es semilla porque no se pueden guardar. Se inscribieron en maíz 1.849 variedades, de las cuales 252 fueron presentadas por 32 empresas diferentes en los últimos cuatro años.
Si tomamos un cultivo análogo al maíz, el sorgo, hay 1.094 a 1.100 variedades -un poquito más de la mitad que en el caso del maíz- y en los últimos cuatro años se inscribieron 178 que fueron presentadas por 64 empresas, el doble de las que presentaron más variedades en maíz. Aquí otra vez podríamos entrar a ver cuál es la diferencia y vamos a encontrar que en maíz hay biotecnología y en sorgo no.
Quedan otros cultivos. Acabo de mencionar cuatro, pero dije que hay 167; es decir que quedan 163. No voy a hablar de todos, pero sí daré algunos ejemplos aislados.
Uno de ellos es la semilla de garbanzo, un cultivo importante en la Argentina. Tenemos siete variedades y en los últimos cuatro años solo se presentaron dos por un solo obtentor: la Estación Experimental Obispo Colombres. En maní hay 37 cultivares, y en los últimos cuatro años se presentaron solamente cuatro por dos obtentores: el INTA y el ingeniero Soave, de Córdoba.
De lentejas hay cuatro cultivares y el último fue presentado hace veinte años, en el año 1996. En porotos tenemos 208 cultivares y en los últimos cuatro años se presentaron solamente diez por cuatro empresas.
Vemos el impacto del mejoramiento. El objetivo que tuvo la ley con la creación del sistema de títulos de propiedad no ha sido acabadamente cumplido, si consideramos que la ley -como tal- se aplica a todos ellos. En algunos casos hay un mayor número de empresas y en otros una cantidad menor, lo que genera concentración. Es importante tratar de pensar cuáles pueden ser las causas de esa concentración, porque no fue ése el objetivo de la ley. En algunas otras empresas, realmente la ley no pudo brindar el incentivo perseguido con el fitomejoramiento privado para que el Estado pudiera designar los recursos a la investigación básica.
Hoy, veinte años después de la liberación de la primera soja transgénica, estamos discutiendo bioteconología y propiedad intelectual, y todavía no tenemos ninguna variedad que contenga un evento transgénico de desarrollo nacional. Hay algunos en camino, es cierto; pero veinte años después, en el mercado no hay absolutamente ninguno.
Entonces, tenemos desarrollos tecnológicos en el campo vegetal que se encuentran protegidos por diferentes formas de propiedad intelectual; o sea, patentes. El campo de la ciencia no es solamente la variedad vegetal; en el campo vegetal hay muchas formas de invención, mucha tecnología y están cubiertos por diversas formas de propiedad intelectual.
La ley de semillas se rige solo por las variedades y no regula los demás eventos. Entonces, resulta necesario legislar sobre la coexistencia de estas diferentes formas de propiedad intelectual, que se encuentran dentro de una misma cosa -la variedad vegetal-, a fin de dar seguridad jurídica tanto a los titulares de derechos sobre dichas tecnologías vegetales -en este caso hablamos de la biotecnología-, como a los fitomejoradores que han generado el germoplasma al cual se incorporan -porque si no hubiera un germoplasma, la biotecnología tampoco per se tiene demasiado valor- y a los productores usuarios de semillas, que también son objeto de protección de la ley. De manera tal que todos ellos se encontrarán con reglas claras para el uso de dichas tecnologías y del germoplasma; asimismo, los productores podrán comercializar su producción y su cosecha sin más inconvenientes, luego de haber pagado lo que corresponde por la semilla que están utilizando. Esto es lo que todos queremos y para eso estamos acá sentados.
Queda también claro que no puede dejarse librado al establecimiento de contratos, porque sería un desorden y conllevaría inseguridad sobre su legalidad. Hoy se encuentra así planteada esta posible ilegalidad de los contratos.
Es necesario buscar una forma clara y simple de reconocimiento de las diferentes formas de propiedad intelectual. De la misma manera, es preciso establecer una mecánica de pago que permita a los creadores de tecnología y de germoplasma cobrar por su uso, así como a los usuarios saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos al momento de adquirir la semilla.
Asimismo, hablando de propiedad intelectual, debemos tener una idea de qué es y para qué la tenemos, y también saber cuál es el verdadero objetivo de los sistemas de propiedad intelectual en forma amplia. Deben ser un incentivo para el desarrollo -en nuestro caso, de semillas y de germoplasma- y coincidir con la propiedad intelectual de las invenciones en el campo vegetal, con un alcance de forma tal que ambos representen un incentivo real para el desarrollo, tanto de variedad como de biotecnología.
Pero no se agota allí el objetivo de los sistemas de propiedad intelectual. Si se limitara solo a ello, los sistemas carecerían de sentido. En última instancia, el desarrollo tanto del germoplasma como de la biotecnología debe representar un beneficio para la sociedad en su conjunto. Es en este punto donde las excepciones al alcance al derecho juegan un papel importante, pues son las que dan forma a la propiedad intelectual, junto con el alcance, para cumplir este último objetivo del sistema, que es el beneficio de toda la sociedad.
Tenemos que tratar de ver ese conjunto y no librar una pelea sin sentido sobre si vale o no vale la propiedad intelectual.
Cabe al legislador -me tomo el atrevimiento de plantearlo- el desafío de encontrar el justo balance que debe haber entre el alcance del derecho de las variedades vegetales, las excepciones para lograr que el incentivo exista, y que la sociedad en su conjunto resulte beneficiada.
A esto hay que sumar una adecuada coexistencia de las diferentes formas de propiedad intelectual contenidas en las variedades modernas que necesita la agricultura nacional, a fin de seguir experimentando el incremento en el rendimiento que se viene registrando hasta ahora, algo que también nos demanda la sociedad: más agricultura, más rendimiento, cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas. No son requisitos nuevos. Los que trabajamos en agronomía los conocemos desde siempre. Sabemos, y pido perdón por la expresión, cuándo cagamos a palos al campo o cuándo lo estamos cuidando. Los agricultores entienden de qué estoy hablando. Debemos lograr un ejercicio que no cause distorsiones a lo largo de la cadena al momento de realizar los cobros y el ejercicio de la propiedad intelectual, porque todo el país necesita que los granos fluyan.
Asimismo, debemos procurar que las reglas establecidas por la ley no puedan cambiarse, porque el hecho de que se lo pueda hacer no generaría la seguridad jurídica que necesitan los actores de la cadena de producción agrícola.
A continuación, me voy a referir al proyecto del Poder Ejecutivo, que ha presentado una propuesta que cubre estas condiciones que acabamos de mencionar y que desde el Instituto Nacional de Semillas creemos que debe cumplir un sistema. Nosotros, como órgano de aplicación, sufrimos todos los días el hecho de tener que estar lidiando con la aplicación de la norma. Es nuestro trabajo, nuestra obligación, y lo hacemos porque es nuestra vocación hacer cumplir la ley de semillas.
Proponemos para el artículo 24 bis de la ley una forma de retribución clara al momento de la compra de la semilla o de los pagos que posteriormente se deban hacer por el uso propio.
Asimismo, pensamos que se debería modificar el artículo 27 haciéndose referencia al universo de productores usuarios de semilla que estarán obligados al pago; si bien en cantidad no son superiores al 30 por ciento del total de los productores, representan el 80 por ciento del total. De esta forma, el sistema podría brindar un real incentivo al mejoramiento y al desarrollo de biotecnologías, dejando libre y accesible la tecnología para el resto -el 70 por ciento de los productores-, logrando así que la sociedad en su conjunto se beneficie con ella pero, al mismo tiempo, no se vea menoscabado el alcance del incentivo buscado.
Ahora voy a referirme a la excepción al fitomejorador. Esta excepción es la piedra angular del sistema de propiedad de las variedades vegetales o del derecho del obtentor, como se lo llama internacionalmente. Las variedades que tenemos hoy son la cúspide, el resultado final de la historia del mejoramiento de las especies. Entonces, no podemos prohibir que esto que tenemos hoy, que es algo moderno, siga utilizándose para un posterior mejoramiento; es de vital importancia mantenerlo.
En el proyecto que propone el Poder Ejecutivo, mediante la modificación del artículo 25 de la ley esto queda asegurado para el germoplasma de variedades aun en el caso de que contenga biotecnología con propiedad intelectual, sin menoscabar el alcance de la propiedad intelectual en la biotecnología, llámese patente.
Finalmente, se debe fortalecer el Instituto Nacional de Semillas, organismo que tengo el honor de presidir. Toda ley requiere de un Estado que la implemente, y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional da al Instituto Nacional de Semillas mayores incumbencias a los fines de poder ejercer un mejor control sobre el mercado legal de semillas.
Hoy en día, el mercado legal de semillas se ha sofisticado. No encontramos más la llamada "bolsa blanca" ni siquiera en bolsas, porque no se comercializa de esa forma sino a granel y en tiempo real. Es muy difícil poder llegar a encontrarlas en proceso o en entrega a manos de productores.
Esta extensión de las incumbencias establecidas en el artículo 15 bis y en el nuevo artículo 39, cortando la capacidad sancionatoria por incumplimiento de las nuevas incumbencias, brindará una herramienta más al INASE para hacer cumplir la nueva ley que todos queremos.
Existe una modificación propuesta en cuanto a la composición del directorio, que es el órgano rector del INASE. Pensemos que ese instituto no es un organismo independiente sino un órgano descentralizado del Ministerio de Agroindustria y, por lo tanto, ejecutor de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional. No lo podemos ver de otra manera porque sinceramente es eso.
Necesitamos un directorio del INASE que tenga un balance entre representantes del sector público y del sector privado. Ese balance hoy no está dado; por lo tanto, es difícil poder tener un órgano que ejecute políticas públicas donde no existe un adecuado balance de representantes del sector público. En este sentido, el artículo 48 bis propuesto por el Poder Ejecutivo trata de enmendar este error.
Para hacer un resumen, quiero dejar aclaradas las siguientes ideas: la ley 20.247, en su momento fue sinceramente de avanzada y constituyó un cambio sustantivo si la comparamos con la legislación a la cual reemplazaba. El avance de la tecnología y la experiencia de cuarenta años en la aplicación de la ley 20.247 indican la necesidad de efectuarle ajustes a fin de, por un lado, adaptar los cambios de la realidad y de la tecnología que la agricultura necesita y, por otra parte, poder corregirla a fin de que aquellos objetivos iniciales que en ella se han planteado, que aún son válidos, puedan cumplirse acabadamente.
Por último, el Poder Ejecutivo fortalece el órgano de aplicación de manera tal que pueda darse una ley que efectivamente se cumpla.
Quiero hacer una aclaración final. El proyecto del Poder Ejecutivo cumple con todos los tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra adherido.
La modificación de la ley de semillas es un tema muy importante, sobre todo para nosotros que somos el órgano de aplicación de la ley 20.247, que es la que rige desde 1973. En su primer artículo establece claramente cuáles son los objetivos: promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas; asegurar a los productores agrarios la identidad y la calidad de la simiente que adquieren y proteger las propiedades de las creaciones fitogenéticas. Esos objetivos siguen siendo válidos.
¿Qué ha pasado en los más de cuarenta años de vigencia de la ley? Se han inscripto 11.465 variedades de 167 especies diferentes para su comercialización.
Es realmente innegable el aporte que la genética ha hecho a la agricultura nacional, siendo el mejoramiento vegetal uno de los más sustantivos para el constante incremento del volumen de la cosecha en nuestro país.
¿Qué ha pasado en estos cuarenta años con los rindes, por ejemplo? En maíz, en el año 1973 el promedio nacional era de 2.800 kilos. Hoy es de 7.745. En trigo, se pasó de 1.600 a 2.800 o 3.000 kilos por hectárea. En soja, se cosechaban 500.000 toneladas y ahora se cosechan 58 millones; se sembraban 376.000 hectáreas y hoy se siembran 20 millones. De manera que el rendimiento pasó de 1.440 kilos a 3.000 kilos. Es indudable que el mejoramiento genético ha tenido un impacto y que es fundamental para el desarrollo de la agricultura.
¿Qué ha pasado con el mercado de semillas? Hoy tenemos un mercado de 1.000 millones de dólares, que exporta entre 250 millones y 300 millones, con picos mucho más altos en otros momentos.
Contamos con un registro que tiene anotados a más de 2.500 operadores en las diferentes categorías, desde criaderos hasta el comerciante expendedor.
En cultivos como el maíz, el sorgo y el girasol podríamos decir que el ciento por ciento de la semilla que se siembra pertenece a variedades híbridas, que son fiscalizadas. Diferente es el caso de la semilla de variedades autógamas, que son aquellas que se autofecundan, en las cuales el grano que se produce al cosechar el cultivo puede ser empleado como semilla en la campaña siguiente por los productores.
Por ejemplo, solo una parte de la superficie sembrada con trigo, el 20 o el 25 por ciento -y el 15 por ciento en el caso de la soja- se hace con semillas fiscalizadas, producidas por empresas semilleras. El resto pertenece a uso propio, que es legal dentro de nuestra ley 20.247, y al mercado ilegal de semillas. Luego hablaré del mercado ilegal.
Hoy en día, desde el momento en que la semilla de una variedad es puesta al mercado por primera vez, la proporción de semilla fiscalizada, adquirida en relación a la superficie que se siembra, va disminuyendo en favor de la semilla de uso propio, de acuerdo a la información que nos declaran los productores en el registro de usuarios.
Al cabo del séptimo u octavo año se llega a una especie de equilibrio donde el 80 u 85 por ciento de lo sembrado de una variedad es uso propio y el 15 a 20 por ciento es semilla fiscalizada.
Hoy también podemos decir que hace veinte años se registró la primera variedad transgénica, la A6001 RG, iniciando la era de la biotecnología en Argentina. La biotecnología ha aportado características y tecnología que han hecho aún más útiles y más eficientes las variedades vegetales.
¿Qué ha pasado con las empresas dedicadas al mejoramiento vegetal? Conociendo la importancia del mejoramiento vegetal, la ley 20.247 crea un sistema de propiedad de títulos de variedad vegetal. ¿Cuál es el objetivo? "Garantizar al fitomejorador derechos de propiedad por su creación o descubrimiento, en forma tal que ninguna otra persona pueda producir o vender la misma sin su autorización." Esto es lo que dice parte del texto de presentación de la ley, que cito para que tengamos idea de su objetivo, porque si no lo conocemos claramente será muy difícil poder interpretarla.
Veamos qué ha pasado, porque en los diferentes cultivos el resultado no fue el mismo. ¿Tuvo éxito o no la ley 20.247? ¿Qué ha pasado en las autógamas de gran cultivo? En soja tenemos 932 variedades; en los últimos cuatro años fueron inscriptas 173 por ocho empresas, de las cuales cuatro dominan el mercado.
En trigo tenemos 352 variedades y en los últimos años se inscribieron 51, pero fueron presentadas por quince empresas; o sea, casi el doble que en el mercado de la soja. Cabe preguntarse: ¿dónde está la diferencia? La única que encontramos es que en soja hay biotecnología, en trigo no y que en trigo hay mayor uso de semillas fiscalizadas, un 10 por ciento más en comparación con la soja.
En el caso de híbridos no hay problema de uso propio; en general, casi todo es semilla porque no se pueden guardar. Se inscribieron en maíz 1.849 variedades, de las cuales 252 fueron presentadas por 32 empresas diferentes en los últimos cuatro años.
Si tomamos un cultivo análogo al maíz, el sorgo, hay 1.094 a 1.100 variedades -un poquito más de la mitad que en el caso del maíz- y en los últimos cuatro años se inscribieron 178 que fueron presentadas por 64 empresas, el doble de las que presentaron más variedades en maíz. Aquí otra vez podríamos entrar a ver cuál es la diferencia y vamos a encontrar que en maíz hay biotecnología y en sorgo no.
Quedan otros cultivos. Acabo de mencionar cuatro, pero dije que hay 167; es decir que quedan 163. No voy a hablar de todos, pero sí daré algunos ejemplos aislados.
Uno de ellos es la semilla de garbanzo, un cultivo importante en la Argentina. Tenemos siete variedades y en los últimos cuatro años solo se presentaron dos por un solo obtentor: la Estación Experimental Obispo Colombres. En maní hay 37 cultivares, y en los últimos cuatro años se presentaron solamente cuatro por dos obtentores: el INTA y el ingeniero Soave, de Córdoba.
De lentejas hay cuatro cultivares y el último fue presentado hace veinte años, en el año 1996. En porotos tenemos 208 cultivares y en los últimos cuatro años se presentaron solamente diez por cuatro empresas.
Vemos el impacto del mejoramiento. El objetivo que tuvo la ley con la creación del sistema de títulos de propiedad no ha sido acabadamente cumplido, si consideramos que la ley -como tal- se aplica a todos ellos. En algunos casos hay un mayor número de empresas y en otros una cantidad menor, lo que genera concentración. Es importante tratar de pensar cuáles pueden ser las causas de esa concentración, porque no fue ése el objetivo de la ley. En algunas otras empresas, realmente la ley no pudo brindar el incentivo perseguido con el fitomejoramiento privado para que el Estado pudiera designar los recursos a la investigación básica.
Hoy, veinte años después de la liberación de la primera soja transgénica, estamos discutiendo bioteconología y propiedad intelectual, y todavía no tenemos ninguna variedad que contenga un evento transgénico de desarrollo nacional. Hay algunos en camino, es cierto; pero veinte años después, en el mercado no hay absolutamente ninguno.
Entonces, tenemos desarrollos tecnológicos en el campo vegetal que se encuentran protegidos por diferentes formas de propiedad intelectual; o sea, patentes. El campo de la ciencia no es solamente la variedad vegetal; en el campo vegetal hay muchas formas de invención, mucha tecnología y están cubiertos por diversas formas de propiedad intelectual.
La ley de semillas se rige solo por las variedades y no regula los demás eventos. Entonces, resulta necesario legislar sobre la coexistencia de estas diferentes formas de propiedad intelectual, que se encuentran dentro de una misma cosa -la variedad vegetal-, a fin de dar seguridad jurídica tanto a los titulares de derechos sobre dichas tecnologías vegetales -en este caso hablamos de la biotecnología-, como a los fitomejoradores que han generado el germoplasma al cual se incorporan -porque si no hubiera un germoplasma, la biotecnología tampoco per se tiene demasiado valor- y a los productores usuarios de semillas, que también son objeto de protección de la ley. De manera tal que todos ellos se encontrarán con reglas claras para el uso de dichas tecnologías y del germoplasma; asimismo, los productores podrán comercializar su producción y su cosecha sin más inconvenientes, luego de haber pagado lo que corresponde por la semilla que están utilizando. Esto es lo que todos queremos y para eso estamos acá sentados.
Queda también claro que no puede dejarse librado al establecimiento de contratos, porque sería un desorden y conllevaría inseguridad sobre su legalidad. Hoy se encuentra así planteada esta posible ilegalidad de los contratos.
Es necesario buscar una forma clara y simple de reconocimiento de las diferentes formas de propiedad intelectual. De la misma manera, es preciso establecer una mecánica de pago que permita a los creadores de tecnología y de germoplasma cobrar por su uso, así como a los usuarios saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos al momento de adquirir la semilla.
Asimismo, hablando de propiedad intelectual, debemos tener una idea de qué es y para qué la tenemos, y también saber cuál es el verdadero objetivo de los sistemas de propiedad intelectual en forma amplia. Deben ser un incentivo para el desarrollo -en nuestro caso, de semillas y de germoplasma- y coincidir con la propiedad intelectual de las invenciones en el campo vegetal, con un alcance de forma tal que ambos representen un incentivo real para el desarrollo, tanto de variedad como de biotecnología.
Pero no se agota allí el objetivo de los sistemas de propiedad intelectual. Si se limitara solo a ello, los sistemas carecerían de sentido. En última instancia, el desarrollo tanto del germoplasma como de la biotecnología debe representar un beneficio para la sociedad en su conjunto. Es en este punto donde las excepciones al alcance al derecho juegan un papel importante, pues son las que dan forma a la propiedad intelectual, junto con el alcance, para cumplir este último objetivo del sistema, que es el beneficio de toda la sociedad.
Tenemos que tratar de ver ese conjunto y no librar una pelea sin sentido sobre si vale o no vale la propiedad intelectual.
Cabe al legislador -me tomo el atrevimiento de plantearlo- el desafío de encontrar el justo balance que debe haber entre el alcance del derecho de las variedades vegetales, las excepciones para lograr que el incentivo exista, y que la sociedad en su conjunto resulte beneficiada.
A esto hay que sumar una adecuada coexistencia de las diferentes formas de propiedad intelectual contenidas en las variedades modernas que necesita la agricultura nacional, a fin de seguir experimentando el incremento en el rendimiento que se viene registrando hasta ahora, algo que también nos demanda la sociedad: más agricultura, más rendimiento, cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas. No son requisitos nuevos. Los que trabajamos en agronomía los conocemos desde siempre. Sabemos, y pido perdón por la expresión, cuándo cagamos a palos al campo o cuándo lo estamos cuidando. Los agricultores entienden de qué estoy hablando. Debemos lograr un ejercicio que no cause distorsiones a lo largo de la cadena al momento de realizar los cobros y el ejercicio de la propiedad intelectual, porque todo el país necesita que los granos fluyan.
Asimismo, debemos procurar que las reglas establecidas por la ley no puedan cambiarse, porque el hecho de que se lo pueda hacer no generaría la seguridad jurídica que necesitan los actores de la cadena de producción agrícola.
A continuación, me voy a referir al proyecto del Poder Ejecutivo, que ha presentado una propuesta que cubre estas condiciones que acabamos de mencionar y que desde el Instituto Nacional de Semillas creemos que debe cumplir un sistema. Nosotros, como órgano de aplicación, sufrimos todos los días el hecho de tener que estar lidiando con la aplicación de la norma. Es nuestro trabajo, nuestra obligación, y lo hacemos porque es nuestra vocación hacer cumplir la ley de semillas.
Proponemos para el artículo 24 bis de la ley una forma de retribución clara al momento de la compra de la semilla o de los pagos que posteriormente se deban hacer por el uso propio.
Asimismo, pensamos que se debería modificar el artículo 27 haciéndose referencia al universo de productores usuarios de semilla que estarán obligados al pago; si bien en cantidad no son superiores al 30 por ciento del total de los productores, representan el 80 por ciento del total. De esta forma, el sistema podría brindar un real incentivo al mejoramiento y al desarrollo de biotecnologías, dejando libre y accesible la tecnología para el resto -el 70 por ciento de los productores-, logrando así que la sociedad en su conjunto se beneficie con ella pero, al mismo tiempo, no se vea menoscabado el alcance del incentivo buscado.
Ahora voy a referirme a la excepción al fitomejorador. Esta excepción es la piedra angular del sistema de propiedad de las variedades vegetales o del derecho del obtentor, como se lo llama internacionalmente. Las variedades que tenemos hoy son la cúspide, el resultado final de la historia del mejoramiento de las especies. Entonces, no podemos prohibir que esto que tenemos hoy, que es algo moderno, siga utilizándose para un posterior mejoramiento; es de vital importancia mantenerlo.
En el proyecto que propone el Poder Ejecutivo, mediante la modificación del artículo 25 de la ley esto queda asegurado para el germoplasma de variedades aun en el caso de que contenga biotecnología con propiedad intelectual, sin menoscabar el alcance de la propiedad intelectual en la biotecnología, llámese patente.
Finalmente, se debe fortalecer el Instituto Nacional de Semillas, organismo que tengo el honor de presidir. Toda ley requiere de un Estado que la implemente, y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional da al Instituto Nacional de Semillas mayores incumbencias a los fines de poder ejercer un mejor control sobre el mercado legal de semillas.
Hoy en día, el mercado legal de semillas se ha sofisticado. No encontramos más la llamada "bolsa blanca" ni siquiera en bolsas, porque no se comercializa de esa forma sino a granel y en tiempo real. Es muy difícil poder llegar a encontrarlas en proceso o en entrega a manos de productores.
Esta extensión de las incumbencias establecidas en el artículo 15 bis y en el nuevo artículo 39, cortando la capacidad sancionatoria por incumplimiento de las nuevas incumbencias, brindará una herramienta más al INASE para hacer cumplir la nueva ley que todos queremos.
Existe una modificación propuesta en cuanto a la composición del directorio, que es el órgano rector del INASE. Pensemos que ese instituto no es un organismo independiente sino un órgano descentralizado del Ministerio de Agroindustria y, por lo tanto, ejecutor de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional. No lo podemos ver de otra manera porque sinceramente es eso.
Necesitamos un directorio del INASE que tenga un balance entre representantes del sector público y del sector privado. Ese balance hoy no está dado; por lo tanto, es difícil poder tener un órgano que ejecute políticas públicas donde no existe un adecuado balance de representantes del sector público. En este sentido, el artículo 48 bis propuesto por el Poder Ejecutivo trata de enmendar este error.
Para hacer un resumen, quiero dejar aclaradas las siguientes ideas: la ley 20.247, en su momento fue sinceramente de avanzada y constituyó un cambio sustantivo si la comparamos con la legislación a la cual reemplazaba. El avance de la tecnología y la experiencia de cuarenta años en la aplicación de la ley 20.247 indican la necesidad de efectuarle ajustes a fin de, por un lado, adaptar los cambios de la realidad y de la tecnología que la agricultura necesita y, por otra parte, poder corregirla a fin de que aquellos objetivos iniciales que en ella se han planteado, que aún son válidos, puedan cumplirse acabadamente.
Por último, el Poder Ejecutivo fortalece el órgano de aplicación de manera tal que pueda darse una ley que efectivamente se cumpla.
Quiero hacer una aclaración final. El proyecto del Poder Ejecutivo cumple con todos los tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra adherido.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Invito a hacer uso de la palabra al ingeniero Dámaso Pardo, representante del INPI.
SR. PARDO Agradezco al señor diputado Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la invitación para exponer en esta reunión.
Soy el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico dentro del Ministerio de Producción que se ocupa de administrar y otorgar derechos de propiedad industrial; entre ellos, las patentes.
No me referiré a la importancia de la industria semillera ni a la relevancia de la biotecnología, ya que el tema fue ampliamente tratado por las distintas cámaras y agrupaciones gremiales que expusieron en esta sala el martes pasado de manera clara y contundente. Por lo tanto, asumo que todos entendemos que la Argentina, por su situación estratégica en la materia, está ante una oportunidad histórica que no debemos desperdiciar.
Sí me interesa resaltar el rol de la propiedad intelectual en relación con la innovación y el desarrollo económico. La Argentina debe aprovechar la capacidad innovadora de sus ciudadanos especialmente en el área de las variedades vegetales de semillas, patentes y biotecnología, que representa un claro ejemplo del potencial que tenemos.
Por lo tanto, el gobierno deber crear políticas y dictar leyes que impulsen y fortalezcan la innovación tecnológica en el campo de la agroindustria. El Honorable Congreso de la Nación, y esta comisión en particular, se encuentran abocados a la importante tarea de actualizar la normativa relativa a las semillas y la biotecnología, con el propósito de ajustarla a los recientes avances en la materia.
Coincido con los demás oradores que expusieron la semana pasada en cuanto a la necesidad de contemplar en la nueva norma los intereses de todos los actores de la cadena productiva, ya sean agricultores grandes y pequeños, semilleros, multiplicadores y titulares de derechos de patentes sobre los genes incorporados a las semillas y variedades vegetales.
Atento a la cantidad de proyectos de ley presentados, no haré un análisis detallado de cada proyecto en particular, sino que me limitaré a señalar algunos principios y criterios que, entiendo, todo proyecto de ley debería contemplar.
El desafío consiste en armonizar la protección del derecho del obtentor con la del titular de una patente, ya que existen dos sistemas de protección para las nuevas biotecnologías referidas a la materia viva: el derecho de patentes y el derecho del obtentor. Estos dos sistemas se ven, a su vez, reflejados en dos tratados internacionales, de los cuales la Argentina forma parte. Me refiero al acuerdo de comercio de los derechos de propiedad intelectual, TRIPS por su sigla en inglés, y el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales -UPOV-, de la cual Argentina es signataria de la versión 1978.
De lo expuesto anteriormente, se desprende que deben convivir distintos derechos, el del obtentor y el del titular de la patente, con sus respectivas excepciones.
Durante muchos años, la ley de semillas y la ley de patentes no tenían puntos conflictivos. El problema se planteó con la aparición de semillas genéticamente modificadas donde coexisten ambos sistemas de protección.
Ahora bien, la solución a la cual se arribe, no debería generar conflictos con el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Nacional, ni con los mencionados tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, como así tampoco con la ley de patentes de invención.
No debe dejarse de lado que la seguridad jurídica juega un papel determinante a la hora de decidir una inversión, tanto para las empresas de capital nacional como para los inversores extranjeros.
Un primer punto a señalar es que el Instituto Nacional de Semillas -INASE-, tanto en el proyecto de ley oficial como en aquellos presentados por el señor diputado Alegre y la Federación Agraria Argentina es reconocido como autoridad de aplicación y organismo de control de la ley de semillas. Resulta esencial que el INASE ejerza el poder de policía con todo el rigor y eficacia posible, a fin de evitar la utilización de semillas protegidas sin el pago correspondiente al titular de la variedad vegetal.
En cuanto al esquema de pago, por lo que se dijo la semana pasada en distintas exposiciones, existe consenso entre los actores para aplicar la modalidad propuesta de pago unificado de todos los derechos de propiedad intelectual contenidos en la semilla. Ello simplificaría mucho el sistema de pago.
Tal circunstancia torna necesario que el texto de la norma que se apruebe sea claro y no dé lugar a interpretaciones en cuanto a la forma de pago -pago unificado- y a la cantidad de pagos que deben realizarse. Caso contrario, se originaría una cantidad de litigios que entorpecería tanto la inversión en el sector como la comercialización.
En cuanto a la fijación del monto de la regalía, consideramos que no es aconsejable que la autoridad de aplicación esté facultada para fijarlo porque ello afectaría, a nuestro modo de ver, el derecho de propiedad y la libertad de contratación prevista en la Constitución Nacional.
En cuanto a la excepción en beneficio del agricultor, el tratado de la UPOV de 1978 determina que los países podrán establecer esta excepción que permite al agricultor utilizar con fines de propagación en su propia explotación el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo de una variedad protegida y adquirida lícitamente.
Sin embargo, cabe señalar que la ley de patentes no prevé tal excepción. En consecuencia, podría darse el caso de que el titular de una patente tenga protegido un gen modificado que le brinda una característica adicional a la semilla y que, por lo tanto, pueda impedir su uso por parte de un tercero, aunque éste invoque la llamada "excepción del agricultor".
Conforme a lo expresado, recomendamos que cualquier proyecto de ley que se apruebe contemple de forma clara el punto recién mencionado. Caso contrario, estaríamos en la misma situación litigiosa expresada anteriormente, generando más inseguridad jurídica.
En cuanto a la excepción del fitomejorador, se trata de una excepción al derecho de propiedad del titular de una variedad vegetal o de un gen patentado en virtud del cual un tercero puede usar libremente cualquier variedad para experimentar y/o intentar la obtención de una nueva variedad sin fines comerciales.
Apoyamos la introducción de esta excepción que tendría por objeto poner en un pie de igualdad al titular del derecho del obtentor con el titular de la patente, ya que establece que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra la utilización del material biológico a los fines del fitomejoramiento y del descubrimiento de nuevas variedades vegetales.
En lo que se refiere a la teoría del agotamiento del derecho, establece que el derecho exclusivo del titular de la patente sobre su invento se agota en la primera venta del producto patentado. En este sentido, si el titular pone lícitamente en el comercio el producto patentado, su derecho se encuentra agotado y no podrá ejercerlo nuevamente en operaciones comerciales posteriores. Sin embargo, el problema se plantea respecto de los inventos que son autoreproducibles, como las semillas autógamas.
En estos casos estamos ante un tipo especial de tecnología en el cual el derecho no se agota con la primera venta lícita. En otras palabras, el agotamiento del derecho no se produce sobre las futuras reproducciones de las semillas ya que las siguientes generaciones también van a contener el invento cuyo titular no recibiría contraprestación alguna.
En consecuencia, consideramos que es imperioso actualizar la ley de semillas para dar respuesta a los avances de la industria semillera y de la biotecnología. Un adecuado marco normativo es fundamental para el desarrollo agroindustrial del país porque generará inversiones que, a su vez, generarán empleo en dicho sector.
La ley que finalmente se sancione debería contemplar los intereses y las necesidades de todos los actores de la cadena productiva: agricultores, semilleros y titulares de los derechos de patentes.
Por último, la ley a sancionarse debería otorgar seguridad jurídica a los inventores y respetar los derechos de propiedad establecidos en la Constitución Nacional, en las leyes vigentes y de acuerdo a las obligaciones contraídas por la Argentina en los tratados internacionales.
Soy el titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico dentro del Ministerio de Producción que se ocupa de administrar y otorgar derechos de propiedad industrial; entre ellos, las patentes.
No me referiré a la importancia de la industria semillera ni a la relevancia de la biotecnología, ya que el tema fue ampliamente tratado por las distintas cámaras y agrupaciones gremiales que expusieron en esta sala el martes pasado de manera clara y contundente. Por lo tanto, asumo que todos entendemos que la Argentina, por su situación estratégica en la materia, está ante una oportunidad histórica que no debemos desperdiciar.
Sí me interesa resaltar el rol de la propiedad intelectual en relación con la innovación y el desarrollo económico. La Argentina debe aprovechar la capacidad innovadora de sus ciudadanos especialmente en el área de las variedades vegetales de semillas, patentes y biotecnología, que representa un claro ejemplo del potencial que tenemos.
Por lo tanto, el gobierno deber crear políticas y dictar leyes que impulsen y fortalezcan la innovación tecnológica en el campo de la agroindustria. El Honorable Congreso de la Nación, y esta comisión en particular, se encuentran abocados a la importante tarea de actualizar la normativa relativa a las semillas y la biotecnología, con el propósito de ajustarla a los recientes avances en la materia.
Coincido con los demás oradores que expusieron la semana pasada en cuanto a la necesidad de contemplar en la nueva norma los intereses de todos los actores de la cadena productiva, ya sean agricultores grandes y pequeños, semilleros, multiplicadores y titulares de derechos de patentes sobre los genes incorporados a las semillas y variedades vegetales.
Atento a la cantidad de proyectos de ley presentados, no haré un análisis detallado de cada proyecto en particular, sino que me limitaré a señalar algunos principios y criterios que, entiendo, todo proyecto de ley debería contemplar.
El desafío consiste en armonizar la protección del derecho del obtentor con la del titular de una patente, ya que existen dos sistemas de protección para las nuevas biotecnologías referidas a la materia viva: el derecho de patentes y el derecho del obtentor. Estos dos sistemas se ven, a su vez, reflejados en dos tratados internacionales, de los cuales la Argentina forma parte. Me refiero al acuerdo de comercio de los derechos de propiedad intelectual, TRIPS por su sigla en inglés, y el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales -UPOV-, de la cual Argentina es signataria de la versión 1978.
De lo expuesto anteriormente, se desprende que deben convivir distintos derechos, el del obtentor y el del titular de la patente, con sus respectivas excepciones.
Durante muchos años, la ley de semillas y la ley de patentes no tenían puntos conflictivos. El problema se planteó con la aparición de semillas genéticamente modificadas donde coexisten ambos sistemas de protección.
Ahora bien, la solución a la cual se arribe, no debería generar conflictos con el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Nacional, ni con los mencionados tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, como así tampoco con la ley de patentes de invención.
No debe dejarse de lado que la seguridad jurídica juega un papel determinante a la hora de decidir una inversión, tanto para las empresas de capital nacional como para los inversores extranjeros.
Un primer punto a señalar es que el Instituto Nacional de Semillas -INASE-, tanto en el proyecto de ley oficial como en aquellos presentados por el señor diputado Alegre y la Federación Agraria Argentina es reconocido como autoridad de aplicación y organismo de control de la ley de semillas. Resulta esencial que el INASE ejerza el poder de policía con todo el rigor y eficacia posible, a fin de evitar la utilización de semillas protegidas sin el pago correspondiente al titular de la variedad vegetal.
En cuanto al esquema de pago, por lo que se dijo la semana pasada en distintas exposiciones, existe consenso entre los actores para aplicar la modalidad propuesta de pago unificado de todos los derechos de propiedad intelectual contenidos en la semilla. Ello simplificaría mucho el sistema de pago.
Tal circunstancia torna necesario que el texto de la norma que se apruebe sea claro y no dé lugar a interpretaciones en cuanto a la forma de pago -pago unificado- y a la cantidad de pagos que deben realizarse. Caso contrario, se originaría una cantidad de litigios que entorpecería tanto la inversión en el sector como la comercialización.
En cuanto a la fijación del monto de la regalía, consideramos que no es aconsejable que la autoridad de aplicación esté facultada para fijarlo porque ello afectaría, a nuestro modo de ver, el derecho de propiedad y la libertad de contratación prevista en la Constitución Nacional.
En cuanto a la excepción en beneficio del agricultor, el tratado de la UPOV de 1978 determina que los países podrán establecer esta excepción que permite al agricultor utilizar con fines de propagación en su propia explotación el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo de una variedad protegida y adquirida lícitamente.
Sin embargo, cabe señalar que la ley de patentes no prevé tal excepción. En consecuencia, podría darse el caso de que el titular de una patente tenga protegido un gen modificado que le brinda una característica adicional a la semilla y que, por lo tanto, pueda impedir su uso por parte de un tercero, aunque éste invoque la llamada "excepción del agricultor".
Conforme a lo expresado, recomendamos que cualquier proyecto de ley que se apruebe contemple de forma clara el punto recién mencionado. Caso contrario, estaríamos en la misma situación litigiosa expresada anteriormente, generando más inseguridad jurídica.
En cuanto a la excepción del fitomejorador, se trata de una excepción al derecho de propiedad del titular de una variedad vegetal o de un gen patentado en virtud del cual un tercero puede usar libremente cualquier variedad para experimentar y/o intentar la obtención de una nueva variedad sin fines comerciales.
Apoyamos la introducción de esta excepción que tendría por objeto poner en un pie de igualdad al titular del derecho del obtentor con el titular de la patente, ya que establece que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra la utilización del material biológico a los fines del fitomejoramiento y del descubrimiento de nuevas variedades vegetales.
En lo que se refiere a la teoría del agotamiento del derecho, establece que el derecho exclusivo del titular de la patente sobre su invento se agota en la primera venta del producto patentado. En este sentido, si el titular pone lícitamente en el comercio el producto patentado, su derecho se encuentra agotado y no podrá ejercerlo nuevamente en operaciones comerciales posteriores. Sin embargo, el problema se plantea respecto de los inventos que son autoreproducibles, como las semillas autógamas.
En estos casos estamos ante un tipo especial de tecnología en el cual el derecho no se agota con la primera venta lícita. En otras palabras, el agotamiento del derecho no se produce sobre las futuras reproducciones de las semillas ya que las siguientes generaciones también van a contener el invento cuyo titular no recibiría contraprestación alguna.
En consecuencia, consideramos que es imperioso actualizar la ley de semillas para dar respuesta a los avances de la industria semillera y de la biotecnología. Un adecuado marco normativo es fundamental para el desarrollo agroindustrial del país porque generará inversiones que, a su vez, generarán empleo en dicho sector.
La ley que finalmente se sancione debería contemplar los intereses y las necesidades de todos los actores de la cadena productiva: agricultores, semilleros y titulares de los derechos de patentes.
Por último, la ley a sancionarse debería otorgar seguridad jurídica a los inventores y respetar los derechos de propiedad establecidos en la Constitución Nacional, en las leyes vigentes y de acuerdo a las obligaciones contraídas por la Argentina en los tratados internacionales.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Gabriel Delgado, representante del INTA.
SR. DELGADO Señor presidente: en pantalla se exhibirá una pequeña presentación que hice en PowerPoint para ordenar las ideas.
En primer lugar, aclararé algunas definiciones.
La diferencia entre grano y grano de semilla es que un grano es un producto para procesar y consumir, mientras que un grano de semilla se siembra y se planta.
"Bolsa blanca" es la forma en la que se denomina en la jerga a la semilla ilegal.
El germoplasma son aquellas variedades o los híbridos obtenidos, una actividad que el hombre viene haciendo desde hace muchos años.
Los genes son características particulares que se otorgan al germoplasma cuando se le introgresa un determinado gen. De manera que un gen puede estar en varios germoplasmas. Me parece importante aclarar esto para homogeneizar la discusión y algunos criterios que quiero compartir.
En primer lugar, la importancia del negocio de las semillas en la Argentina. Una semilla vale cuarenta veces más que un grano, sobre todo en el caso de los híbridos. Hay mucho conocimiento envasado. De hecho, hay quienes comparan este valor agregado con la cantidad de conocimiento que tiene un chip de computación.
Como dijo recién el señor Lavignolle, se trata de un negocio de 1.000 millones de dólares, 100.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y 200 millones de dólares de exportaciones en promedio. El año pasado fue un poco más, aproximadamente 400 millones.
Reunimos condiciones inmejorables respecto al mundo por la enorme posibilidad que tenemos con la contraestación y por estar en el hemisferio sur. Además, hay un gran know how para producir semillas, no solamente en Buenos Aires. Quienes leemos un poco sobre agricultura de nuestro país sabemos que un polo enorme de producción de semillas estaba en la provincia de San Juan. Si miramos del otro lado de la cordillera, podemos ver lo que ha hecho Chile con el desarrollo del negocio de las semillas, que es absolutamente impresionante.
Además, este es un sector que, sin muchas rispideces políticas, tiene un enorme potencial para continuar generando y envasando conocimiento para exportar. Es uno de los sectores con mayor potencial.
Desde mi punto de vista, y porque desde el año 1993 estudio temas vinculados con la economía agropecuaria, creo que debemos hacer hincapié en el motivo por el cual se comenzó a discutir una ley de semillas. Recordemos que, en la década del 90, Felipe Solá liberó el primer gen, que ahora ha sido introgresado en otro lugar del cromosoma. Como decía, la discusión entre híbridos y variedades se dio porque las variedades estuvieron mucho más relacionadas a lo que uno puede entender como bien público. Es decir que uno no puede excluir del consumo a otros.
Las variedades -trigo, soja y todas las autógamas- tienen características de bien público. Cuando uno analiza las bases del INASE, como decía Raimundo Lavignolle, se da cuenta de que mayoritariamente, los obtentores de las variedades son organismos públicos. En tanto que generalmente son empresas privadas las que inscriben los híbridos. ¿Por qué? Porque los híbridos tienen la posibilidad de excluir del consumo, porque no se puede sembrar el grano cosechado de maíz o de sorgo.
Esto me parece muy importante, porque es la razón por la cual ninguna empresa se va a ir del país por no estar cómoda con una legislación que no genera todas las seguridades, ya que el negocio de las semillas de los híbridos en Argentina es muy importante. Por esta razón, tengo ciertas dudas respecto de algunas amenazas.
Además, se empieza a discutir este tema porque hay un exceso de semilla no fiscalizada de soja. No puede ser que tengamos un 15 o un 20 por ciento de semilla fiscalizada más un 15 por ciento de regalía extendida, algo que no se dice. Entonces, habría que hablar de un 65 por ciento de uso de semilla no fiscalizada, que no sabemos si es ilegal o legal de uso propio.
Muchos dicen que ese 65 por ciento de la semilla es ilegal. ¡Un momento! Puede haber una gran cantidad de ese porcentaje que sea semilla de uso propio. No lo sabemos. Gracias a Dios, ahí también Lavignolle presentó los registros de uso propio que, de alguna manera, van a poner un poco de luz sobre la discusión respecto de ese porcentaje que existe desde hace mucho tiempo en la Argentina.
También se comienza a discutir la ley por la irrupción de patentar estos procesos de introgresión de genes que el INPI dio en el 2012 a una empresa, que desató un sistema de cobro muy conflictivo a partir de los grises que existen entre las legislaciones de patentes y de semillas, que es necesario abordar de alguna manera.
Además, yo creo que la legislación actual resulta antigua para las nuevas técnicas de mejoramiento genético, no solamente para los materiales que están en el mercado sino también para los que vienen.
Asimismo, soy un convencido de que cualquier problema que haya de jurisprudencia en esta materia puede generar un conflicto muy grande en términos de desarrollo de innovaciones en la Argentina. Por supuesto que también ha sido un reclamo histórico el tratamiento de una ley de semillas.
Creo que habría que ampliar el debate. Ahora surge por esta cuestión, pero debería ser más amplio. Para mí, las primeras preguntas que debemos hacernos son: ¿cuál es el potencial del negocio para toda la Nación Argentina? ¿Cuál es el rol que este sector puede cumplir para el desarrollo de nuestro país?
Otra pregunta que nadie se hace es: el uso propio, ¿es bueno tecnológicamente hablando? Cuando yo era chico, en el campo de mi viejo se sembraban de 90 a 100 kilos de soja por hectárea. El año pasado yo sembré 25; por supuesto, yo no puedo hacer uso propio.
Reitero la pregunta: tecnológicamente, el uso propio, ¿es superador de los paquetes tecnológicos? ¿Cómo se estructura hacia adentro el negocio de las semillas? La posición que tienen los productores de germoplasma, ¿es la misma que la que tienen los dueños de los genes? ¿Hay una relación de fuerza entre los dueños de los genes y los productores de germoplasma?
Estos son los interrogantes que, yo creo, sirven para ampliar el debate de lo que debería contener el articulado de una nueva ley de semillas o de creaciones fitogenéticas.
¿Cómo se puede mejorar la integración pública y privada para lograr innovaciones en otras cadenas que quizá no son tan dinámicas como las que conocemos del maíz y la soja?
Pensemos un poco en el futuro. ¿Tenemos en cuenta el coating? ¿Cuál va a ser su rol en el uso propio? ¿Cuál es el papel de la biotecnología y de la edición génica en el mejoramiento genético? ¿Qué va a pasar con estos grandes temas que van a transformar de una manera brutal el negocio de las semillas de cara al futuro? ¿No estaremos discutiendo algo viejo?
¿Qué sistema de música queremos? Hago esta pregunta, aprovechando que hoy es el Día de la Música -a propósito, saludo a todos los que les gusta escucharla-, para dar el siguiente ejemplo. ¿Queremos Spotify, sistema donde se paga por mes para escuchar toda la música que uno quiera, u otro donde se paga por cada tema que se escucha, como Apple? ¿Queremos Spotify o Apple?
Soy un ferviente defensor del pago de los derechos de propiedad porque creo en ellos. Es más; trabajo en la institución que más inscripciones y obtenciones vegetales tiene a lo largo y a lo ancho del país en todas las cadenas, que es el INTA. Según afirma la literatura más prolífica del mundo en el tema, los derechos de propiedad intelectual hay que pagarlos. Pero ¡cuidado! porque hay un trade-off.
Haciendo otro paralelismo con la música, quizá se podría patentar una melodía; pero no los acordes, porque los acordes son usados por todos los temas. La melodía, en cambio, sí es algo propio.
Entonces, los derechos de propiedad tienen que existir; pero ¡cuidado! que cuando los derechos de propiedad están reconocidos en un extremo limitan los procesos de innovación. Esto no lo digo yo; lo afirma gente que estudió mucho más que yo y que se especializa en el tema de propiedad intelectual más que en el de creaciones fitogenéticas.
Respecto a la posición y situación de los diferentes actores, yo creo que obviamente esta mesa es muy importante porque es la que le corresponde pensar en el país. La legislación vigente, yo creo que es funcional para alguna de las partes. En particular, a las empresas que producen biotecnología les resulta muy cómodo este estatus legal porque hay dos leyes: la de semillas, que resulta inocua, y la de patentes, por la cual se rige el actual cobro de la propiedad intelectual.
Entonces, desde el punto de vista de las empresas de biotecnología, no hay una necesidad de cambiar la ley porque la actual no contiene la palabra "patentes". No la contiene porque es una norma muy vieja y cuando se sancionó no existía la biotecnología.
A su vez, para los productores la ley actual consagra el uso propio; por lo tanto, no hay voluntad de cambiar el uso propio gratuito porque también resulta cómodo para la pelea sobre los intereses. Entonces, yo no sé si en estos dos sectores, que muchas veces son los que más escuchamos o sobre los cuales más leemos en los diarios o en la crónica periodística, hay incentivos para cambiar esta ley.
Es diferente el caso de otros, como por ejemplo los productores de germoplasma. Yo creo que allí sí hay un interés genuino y fuerte -además, muchas son empresas nacionales- en que se modifique la ley y el uso propio deje de ser gratuito. Pero también hay relaciones de fuerza entre los dueños de los genes y los productores de germoplasma. No les resulta tan fácil a los productores de germoplasma tener una posición propia respecto de la legislación vigente.
Además, creo que los significados políticos de este conflicto no ayudan a discutir profundamente los contenidos de una nueva ley de creaciones fitogenéticas. Hay algunas marcas y ciertas empresas que son mala palabra; entonces, uno se pone a hablar de derechos de propiedad y se lo vincula con una marca que puede no ser reconocida por su buena imagen en el mundo.
Creo que este es el lugar específico para discutir estos temas y también -esta es una opinión personal- que hay intereses muy fuertes respecto del uso propio, gratuito y oneroso que van más allá de los intereses de los productores y de las empresas. Me refiero a los intereses académicos, donde se han estructurado militancias académicas que defienden banderas que no siempre pueden conducir de la mejor manera las discusiones que, a mi entender, tienen que existir.
¿A qué podría aspirar la Argentina a partir de una nueva legislación? En primer lugar, a fomentar procesos de innovación para aumentar la torta de la riqueza en la Argentina; a generar mayores incentivos en la inversión pública y privada; a dinamizar la inversión más allá de los cultivos tradicionales, como por ejemplo horticultura y forrajeras y, finalmente, a generar equilibrios de poder de mercado entre sectores e "intrasector" semillas, porque el sector de las semillas también es una cadena y hay relaciones de fuerza que también hay que analizar.
De acuerdo con documentos que he investigado, el sector considera que con una nueva legislación se pueden crear 50.000 puestos de trabajo y 500 millones de dólares en exportaciones, y generar financiamiento para promover la investigación en cadenas más pequeñas, propuesta que yo he visto en algunos de los cuatro proyectos de ley que analicé para esta presentación.
¿Cuáles son, a mi entender, los puntos clave a discutir en una nueva legislación sobre este tema? Pensar en cuál es la ley de semillas que necesita la Argentina en su conjunto; aclarar los grises sobre derecho de propiedad que hay entre las leyes de patentes y de semillas mediante el dictado de una única legislación; procurar que el registro de uso propio no se base en una resolución de la Secretaría de Agricultura sino que se incluya como parte del articulado de la futura ley; reconocer la propiedad intelectual y a quien siembra, y mirar sistemas que ya funcionan; porque esos sistemas existen, señores diputados. Serán voluntarios, pero funcionan.
Por otro lado, fomentar la innovación más allá de la soja; la discusión la dio la soja, pero pensemos en todas las cadenas que podemos desarrollar en materia de semillas en la Argentina.
Asimismo, debemos pensar en el futuro, el coating, la edición génica y todo lo que viene en materia de mejoramiento. Los argumentos que defienden banderas nos pueden conducir a discusiones antiguas que no tienen que ver con el futuro.
También es importante el tratamiento de los pequeños productores, y fortalecer controles y penalizaciones. Me hago cargo de la parte que me toca, porque no puede ser que el INASE todavía no tenga posibilidades de controlar la reproducción primaria y que las tecnologías de geoposicionamiento no sean aprovechadas cabalmente para controlar aquello que en el terreno es casi imposible de controlar. Como es sabido, el dicho de que el ojo del amo engorda al ganado es exclusivo del sector agropecuario; no es un dicho de algún otro sector de la economía y aplica solo al agropecuario porque este resulta casi imposible de controlar. No obstante, hay muchas tecnologías que han avanzado y que permiten caminar en ese sentido.
Otro aspecto es que el gen se utilice solamente para la tecnología. Si yo compro un gen, que sea porque a mí, como productor, me conviene ese gen. No vaya a ser cosa que yo no tenga oportunidad de comprar un gen por el solo hecho de que después puedan meterme en el cepo en el puerto. Lo que no puede ocurrir es que nosotros tengamos introgresados genes en grupos bajos de soja, que no son operativos para los insectos que hay, por ejemplo, en Tres Arroyos, y que los materiales originales deba comprarlos con el gen porque hay una cuestión que va más allá de la tecnología y que tiene que ver con la propiedad intelectual.
Esto lo está estudiando también la academia y no solamente en la Argentina. Si bien la verdad es que aquí lo he visto poco, en otros lugares del mundo se estudia la posibilidad de que no sea la propiedad intelectual un vehículo para vender tecnología que no sirve.
Se trata de trasvasar el valor de la tierra a las empresas que producen biotecnología, lo que sería muy perjudicial para todo el sistema productivo argentino.
En la filmina se observan algunos valores de referencia de cuánto se cobra por la soja en el mundo. Solamente se trata de una aproximación y por eso quiero dar algunos datos de la realidad.
Una encuesta hecha el año pasado a productores de la pampa húmeda hace referencia a este conflicto. Se preguntó a los productores por qué hacían uso propio y el 80 por ciento de ellos contestó que era por una cuestión de costos. Además, se les consultó si estaban de acuerdo con el derecho del agricultor a reservar parte de su producción para utilizarla como semilla en campañas subsiguientes. Con algunas diferencias, también el 80 por ciento de los productores dijo estar de acuerdo con reservar semillas para uso propio. También se les preguntó si estaban de acuerdo con un sistema de cobro muy conflictivo que se había establecido y casi la mitad ni siquiera lo conocía.
Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con el test que se hacía a toda la producción para detectar su presencia y retener las regalías, el 66 por ciento de los que lo conocían dijeron estar en desacuerdo con el sistema. También se les preguntó si estaban de acuerdo con que el Estado intervenga en el tema de las regalías, y un poco más del 50 por ciento contestó que no.
Simplemente creo que la propiedad intelectual argentina tiene que ser reconocida con sistemas que contribuyan a la paz social y no generen conflictos; pero, sobre todo, no debe convertirse en un vehículo para comer renta de la tierra.
En primer lugar, aclararé algunas definiciones.
La diferencia entre grano y grano de semilla es que un grano es un producto para procesar y consumir, mientras que un grano de semilla se siembra y se planta.
"Bolsa blanca" es la forma en la que se denomina en la jerga a la semilla ilegal.
El germoplasma son aquellas variedades o los híbridos obtenidos, una actividad que el hombre viene haciendo desde hace muchos años.
Los genes son características particulares que se otorgan al germoplasma cuando se le introgresa un determinado gen. De manera que un gen puede estar en varios germoplasmas. Me parece importante aclarar esto para homogeneizar la discusión y algunos criterios que quiero compartir.
En primer lugar, la importancia del negocio de las semillas en la Argentina. Una semilla vale cuarenta veces más que un grano, sobre todo en el caso de los híbridos. Hay mucho conocimiento envasado. De hecho, hay quienes comparan este valor agregado con la cantidad de conocimiento que tiene un chip de computación.
Como dijo recién el señor Lavignolle, se trata de un negocio de 1.000 millones de dólares, 100.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y 200 millones de dólares de exportaciones en promedio. El año pasado fue un poco más, aproximadamente 400 millones.
Reunimos condiciones inmejorables respecto al mundo por la enorme posibilidad que tenemos con la contraestación y por estar en el hemisferio sur. Además, hay un gran know how para producir semillas, no solamente en Buenos Aires. Quienes leemos un poco sobre agricultura de nuestro país sabemos que un polo enorme de producción de semillas estaba en la provincia de San Juan. Si miramos del otro lado de la cordillera, podemos ver lo que ha hecho Chile con el desarrollo del negocio de las semillas, que es absolutamente impresionante.
Además, este es un sector que, sin muchas rispideces políticas, tiene un enorme potencial para continuar generando y envasando conocimiento para exportar. Es uno de los sectores con mayor potencial.
Desde mi punto de vista, y porque desde el año 1993 estudio temas vinculados con la economía agropecuaria, creo que debemos hacer hincapié en el motivo por el cual se comenzó a discutir una ley de semillas. Recordemos que, en la década del 90, Felipe Solá liberó el primer gen, que ahora ha sido introgresado en otro lugar del cromosoma. Como decía, la discusión entre híbridos y variedades se dio porque las variedades estuvieron mucho más relacionadas a lo que uno puede entender como bien público. Es decir que uno no puede excluir del consumo a otros.
Las variedades -trigo, soja y todas las autógamas- tienen características de bien público. Cuando uno analiza las bases del INASE, como decía Raimundo Lavignolle, se da cuenta de que mayoritariamente, los obtentores de las variedades son organismos públicos. En tanto que generalmente son empresas privadas las que inscriben los híbridos. ¿Por qué? Porque los híbridos tienen la posibilidad de excluir del consumo, porque no se puede sembrar el grano cosechado de maíz o de sorgo.
Esto me parece muy importante, porque es la razón por la cual ninguna empresa se va a ir del país por no estar cómoda con una legislación que no genera todas las seguridades, ya que el negocio de las semillas de los híbridos en Argentina es muy importante. Por esta razón, tengo ciertas dudas respecto de algunas amenazas.
Además, se empieza a discutir este tema porque hay un exceso de semilla no fiscalizada de soja. No puede ser que tengamos un 15 o un 20 por ciento de semilla fiscalizada más un 15 por ciento de regalía extendida, algo que no se dice. Entonces, habría que hablar de un 65 por ciento de uso de semilla no fiscalizada, que no sabemos si es ilegal o legal de uso propio.
Muchos dicen que ese 65 por ciento de la semilla es ilegal. ¡Un momento! Puede haber una gran cantidad de ese porcentaje que sea semilla de uso propio. No lo sabemos. Gracias a Dios, ahí también Lavignolle presentó los registros de uso propio que, de alguna manera, van a poner un poco de luz sobre la discusión respecto de ese porcentaje que existe desde hace mucho tiempo en la Argentina.
También se comienza a discutir la ley por la irrupción de patentar estos procesos de introgresión de genes que el INPI dio en el 2012 a una empresa, que desató un sistema de cobro muy conflictivo a partir de los grises que existen entre las legislaciones de patentes y de semillas, que es necesario abordar de alguna manera.
Además, yo creo que la legislación actual resulta antigua para las nuevas técnicas de mejoramiento genético, no solamente para los materiales que están en el mercado sino también para los que vienen.
Asimismo, soy un convencido de que cualquier problema que haya de jurisprudencia en esta materia puede generar un conflicto muy grande en términos de desarrollo de innovaciones en la Argentina. Por supuesto que también ha sido un reclamo histórico el tratamiento de una ley de semillas.
Creo que habría que ampliar el debate. Ahora surge por esta cuestión, pero debería ser más amplio. Para mí, las primeras preguntas que debemos hacernos son: ¿cuál es el potencial del negocio para toda la Nación Argentina? ¿Cuál es el rol que este sector puede cumplir para el desarrollo de nuestro país?
Otra pregunta que nadie se hace es: el uso propio, ¿es bueno tecnológicamente hablando? Cuando yo era chico, en el campo de mi viejo se sembraban de 90 a 100 kilos de soja por hectárea. El año pasado yo sembré 25; por supuesto, yo no puedo hacer uso propio.
Reitero la pregunta: tecnológicamente, el uso propio, ¿es superador de los paquetes tecnológicos? ¿Cómo se estructura hacia adentro el negocio de las semillas? La posición que tienen los productores de germoplasma, ¿es la misma que la que tienen los dueños de los genes? ¿Hay una relación de fuerza entre los dueños de los genes y los productores de germoplasma?
Estos son los interrogantes que, yo creo, sirven para ampliar el debate de lo que debería contener el articulado de una nueva ley de semillas o de creaciones fitogenéticas.
¿Cómo se puede mejorar la integración pública y privada para lograr innovaciones en otras cadenas que quizá no son tan dinámicas como las que conocemos del maíz y la soja?
Pensemos un poco en el futuro. ¿Tenemos en cuenta el coating? ¿Cuál va a ser su rol en el uso propio? ¿Cuál es el papel de la biotecnología y de la edición génica en el mejoramiento genético? ¿Qué va a pasar con estos grandes temas que van a transformar de una manera brutal el negocio de las semillas de cara al futuro? ¿No estaremos discutiendo algo viejo?
¿Qué sistema de música queremos? Hago esta pregunta, aprovechando que hoy es el Día de la Música -a propósito, saludo a todos los que les gusta escucharla-, para dar el siguiente ejemplo. ¿Queremos Spotify, sistema donde se paga por mes para escuchar toda la música que uno quiera, u otro donde se paga por cada tema que se escucha, como Apple? ¿Queremos Spotify o Apple?
Soy un ferviente defensor del pago de los derechos de propiedad porque creo en ellos. Es más; trabajo en la institución que más inscripciones y obtenciones vegetales tiene a lo largo y a lo ancho del país en todas las cadenas, que es el INTA. Según afirma la literatura más prolífica del mundo en el tema, los derechos de propiedad intelectual hay que pagarlos. Pero ¡cuidado! porque hay un trade-off.
Haciendo otro paralelismo con la música, quizá se podría patentar una melodía; pero no los acordes, porque los acordes son usados por todos los temas. La melodía, en cambio, sí es algo propio.
Entonces, los derechos de propiedad tienen que existir; pero ¡cuidado! que cuando los derechos de propiedad están reconocidos en un extremo limitan los procesos de innovación. Esto no lo digo yo; lo afirma gente que estudió mucho más que yo y que se especializa en el tema de propiedad intelectual más que en el de creaciones fitogenéticas.
Respecto a la posición y situación de los diferentes actores, yo creo que obviamente esta mesa es muy importante porque es la que le corresponde pensar en el país. La legislación vigente, yo creo que es funcional para alguna de las partes. En particular, a las empresas que producen biotecnología les resulta muy cómodo este estatus legal porque hay dos leyes: la de semillas, que resulta inocua, y la de patentes, por la cual se rige el actual cobro de la propiedad intelectual.
Entonces, desde el punto de vista de las empresas de biotecnología, no hay una necesidad de cambiar la ley porque la actual no contiene la palabra "patentes". No la contiene porque es una norma muy vieja y cuando se sancionó no existía la biotecnología.
A su vez, para los productores la ley actual consagra el uso propio; por lo tanto, no hay voluntad de cambiar el uso propio gratuito porque también resulta cómodo para la pelea sobre los intereses. Entonces, yo no sé si en estos dos sectores, que muchas veces son los que más escuchamos o sobre los cuales más leemos en los diarios o en la crónica periodística, hay incentivos para cambiar esta ley.
Es diferente el caso de otros, como por ejemplo los productores de germoplasma. Yo creo que allí sí hay un interés genuino y fuerte -además, muchas son empresas nacionales- en que se modifique la ley y el uso propio deje de ser gratuito. Pero también hay relaciones de fuerza entre los dueños de los genes y los productores de germoplasma. No les resulta tan fácil a los productores de germoplasma tener una posición propia respecto de la legislación vigente.
Además, creo que los significados políticos de este conflicto no ayudan a discutir profundamente los contenidos de una nueva ley de creaciones fitogenéticas. Hay algunas marcas y ciertas empresas que son mala palabra; entonces, uno se pone a hablar de derechos de propiedad y se lo vincula con una marca que puede no ser reconocida por su buena imagen en el mundo.
Creo que este es el lugar específico para discutir estos temas y también -esta es una opinión personal- que hay intereses muy fuertes respecto del uso propio, gratuito y oneroso que van más allá de los intereses de los productores y de las empresas. Me refiero a los intereses académicos, donde se han estructurado militancias académicas que defienden banderas que no siempre pueden conducir de la mejor manera las discusiones que, a mi entender, tienen que existir.
¿A qué podría aspirar la Argentina a partir de una nueva legislación? En primer lugar, a fomentar procesos de innovación para aumentar la torta de la riqueza en la Argentina; a generar mayores incentivos en la inversión pública y privada; a dinamizar la inversión más allá de los cultivos tradicionales, como por ejemplo horticultura y forrajeras y, finalmente, a generar equilibrios de poder de mercado entre sectores e "intrasector" semillas, porque el sector de las semillas también es una cadena y hay relaciones de fuerza que también hay que analizar.
De acuerdo con documentos que he investigado, el sector considera que con una nueva legislación se pueden crear 50.000 puestos de trabajo y 500 millones de dólares en exportaciones, y generar financiamiento para promover la investigación en cadenas más pequeñas, propuesta que yo he visto en algunos de los cuatro proyectos de ley que analicé para esta presentación.
¿Cuáles son, a mi entender, los puntos clave a discutir en una nueva legislación sobre este tema? Pensar en cuál es la ley de semillas que necesita la Argentina en su conjunto; aclarar los grises sobre derecho de propiedad que hay entre las leyes de patentes y de semillas mediante el dictado de una única legislación; procurar que el registro de uso propio no se base en una resolución de la Secretaría de Agricultura sino que se incluya como parte del articulado de la futura ley; reconocer la propiedad intelectual y a quien siembra, y mirar sistemas que ya funcionan; porque esos sistemas existen, señores diputados. Serán voluntarios, pero funcionan.
Por otro lado, fomentar la innovación más allá de la soja; la discusión la dio la soja, pero pensemos en todas las cadenas que podemos desarrollar en materia de semillas en la Argentina.
Asimismo, debemos pensar en el futuro, el coating, la edición génica y todo lo que viene en materia de mejoramiento. Los argumentos que defienden banderas nos pueden conducir a discusiones antiguas que no tienen que ver con el futuro.
También es importante el tratamiento de los pequeños productores, y fortalecer controles y penalizaciones. Me hago cargo de la parte que me toca, porque no puede ser que el INASE todavía no tenga posibilidades de controlar la reproducción primaria y que las tecnologías de geoposicionamiento no sean aprovechadas cabalmente para controlar aquello que en el terreno es casi imposible de controlar. Como es sabido, el dicho de que el ojo del amo engorda al ganado es exclusivo del sector agropecuario; no es un dicho de algún otro sector de la economía y aplica solo al agropecuario porque este resulta casi imposible de controlar. No obstante, hay muchas tecnologías que han avanzado y que permiten caminar en ese sentido.
Otro aspecto es que el gen se utilice solamente para la tecnología. Si yo compro un gen, que sea porque a mí, como productor, me conviene ese gen. No vaya a ser cosa que yo no tenga oportunidad de comprar un gen por el solo hecho de que después puedan meterme en el cepo en el puerto. Lo que no puede ocurrir es que nosotros tengamos introgresados genes en grupos bajos de soja, que no son operativos para los insectos que hay, por ejemplo, en Tres Arroyos, y que los materiales originales deba comprarlos con el gen porque hay una cuestión que va más allá de la tecnología y que tiene que ver con la propiedad intelectual.
Esto lo está estudiando también la academia y no solamente en la Argentina. Si bien la verdad es que aquí lo he visto poco, en otros lugares del mundo se estudia la posibilidad de que no sea la propiedad intelectual un vehículo para vender tecnología que no sirve.
Se trata de trasvasar el valor de la tierra a las empresas que producen biotecnología, lo que sería muy perjudicial para todo el sistema productivo argentino.
En la filmina se observan algunos valores de referencia de cuánto se cobra por la soja en el mundo. Solamente se trata de una aproximación y por eso quiero dar algunos datos de la realidad.
Una encuesta hecha el año pasado a productores de la pampa húmeda hace referencia a este conflicto. Se preguntó a los productores por qué hacían uso propio y el 80 por ciento de ellos contestó que era por una cuestión de costos. Además, se les consultó si estaban de acuerdo con el derecho del agricultor a reservar parte de su producción para utilizarla como semilla en campañas subsiguientes. Con algunas diferencias, también el 80 por ciento de los productores dijo estar de acuerdo con reservar semillas para uso propio. También se les preguntó si estaban de acuerdo con un sistema de cobro muy conflictivo que se había establecido y casi la mitad ni siquiera lo conocía.
Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con el test que se hacía a toda la producción para detectar su presencia y retener las regalías, el 66 por ciento de los que lo conocían dijeron estar en desacuerdo con el sistema. También se les preguntó si estaban de acuerdo con que el Estado intervenga en el tema de las regalías, y un poco más del 50 por ciento contestó que no.
Simplemente creo que la propiedad intelectual argentina tiene que ser reconocida con sistemas que contribuyan a la paz social y no generen conflictos; pero, sobre todo, no debe convertirse en un vehículo para comer renta de la tierra.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Invito a hacer uso de la palabra al señor Gustavo Grobocopatel, representante de usuarios independientes.
SR. GROBOCOPATEL Agradezco la oportunidad de estar aquí, en esta experiencia de democracia viva, y a usted, señor presidente, por conducir este debate que me parece histórico.
Haré una breve presentación, que no llevará más de diez minutos, que titulé: Una ley de semillas justa y viable. Me parece que esas son las dos características que debe tener cualquier proyecto que se apruebe: que sea justo, para que todos los grupos de interés tengan la percepción de que se ha perdido o ganado parejo, y que sea viable; es decir, aplicable. Para que sea viable tiene que ser simple. No podemos hacer algo complejo que después cueste controlar, que deje dudas sobre su implementación, que sea poco transparente y demás.
Doy estas opiniones desde mi lugar de productor: consumo y vendo semillas, poseo un semillero, tengo clientes pequeños y grandes, y también intereses en una empresa que produce eventos biotecnológicos de la cual soy socio fundador y fui su primer presidente. Es decir, tengo intereses en todos lados; pero no son intereses difusos sino muy concretos en cada una de las partes. Por eso creo que puedo entender los intereses de cada una de ellas.
Antes que nada, quiero decir que estamos en el principio de una profunda revolución tecnológica donde las plantas van a producir más que alimentos: medicina, bioplásticos, textiles, energía, materiales para la construcción, enzimas, etcétera. Estas plantas, que transforman la luz y el agua en ese tipo de productos, serán lo más parecido a fábricas en el futuro.
Esta semana estuve en un evento de biotecnología en Boston y allí no se habla más de transgénicos sino de cisgenes. Es decir, de transformaciones de plantas con los mismos genes que ellas tienen.
Esto abre oportunidades nuevas para empresas de biotecnología, porque se podrá acceder a nuevas transformaciones de la biotecnología con empresas mucho más pequeñas. No va a ser necesario tener mucha plata o ser una empresa muy grande para hacer este tipo de desarrollos. Con lo cual, de alguna manera, se va a democratizar la posibilidad de hacer investigación y desarrollo en el mundo que viene.
Para producir se necesitan algunos paquetes tecnológicos, como la agricultura de precisión, la siembra directa, la semilla lista para usar y la protección. A partir de eso, convergen una cantidad enorme de tecnologías.
Esa es la base de la revolución industrial verde, que es algo que estudia la bioeconomía y que son conceptos de los que vamos a tener que empezar a hablar si queremos ser un país competitivo.
La Argentina es uno de los países que mejores condiciones tiene para que se produzca esta revolución industrial. Que esto suceda o no estará relacionado con nuestra capacidad de organizarnos, lo cual tiene que ver con las leyes que estamos discutiendo. Si nos organizamos bien, entiendo que vamos a poder ser la Inglaterra del siglo XVIII o China. Si nos organizamos mal, seguramente vamos a dejar pasar alguna oportunidad.
Desde mi punto de vista, el primer requisito para contar con una ley de semillas justa y viable es que todos los derechos -germoplasma y eventos- se paguen en la bolsa. El valor será el del mercado y reflejará el interés que haya por cada una de las variedades. La cuestión es que haya muchas empresas compitiendo; es decir, abrir la puerta para que muchas empresas ofrezcan opciones a los productores.
El segundo, que se estimule la compra de semilla certificada a través de créditos u otros beneficios, además de los beneficios naturales que ella tiene. Es fundamental la lucha por tratar de que haya más interés por la semilla certificada.
¿Por qué la semilla certificada es importante? Porque hay un ahorro en kilos de semilla por diferencia de calidad, como decía acá el amigo Delgado, que es bastante pijotero con los 25 kilos... (Risas.)
Otras ventajas de la semilla certificada es la posibilidad de comprar semilla premium lista para usar con tecnología y que se pueden elegir varios grupos de madurez. De esta manera, uno puede cambiar los grupos y las variedades todos los años y no es esclavo de su misma variedad. No tiene la complejidad de la trilla ni el desarrollo de lotes asignados a semilla, y las ventajas son mayores para los productores pequeños. El proceso suele complicarse para un productor pequeño porque, por ejemplo, es más difícil conseguir una limpiadora para pequeñas cantidades.
Al productor, naturalmente, le debería convenir sembrar semilla certificada, salvo por el hecho de que es más cara, como reflejaba la estadística que mostraba Gabriel Delgado.
¿Cuál es la clave? Incentivar el uso de la semilla certificada y desestimular el uso de la semilla propia.
Para eso, habría que desestimular el uso propio, con el cobro de una tasa que debe ser lo suficientemente alta como para que la gente trate de elegir y, ante la opción, compre la semilla certificada.
Según los cálculos que tengo yo, tanto para la soja como para el trigo, entre 6 y 10 dólares por hectárea es una tasa que haría que el productor decida usar semilla certificada. Eso se basa en algunos cálculos -que después les voy a dejar- que se han hecho tanto en trigo como en soja.
La propuesta es que con esa recaudación se cree un fideicomiso, cuyo propósito, por un lado, es sostener y mejorar la calidad y la eficiencia de los organismos de control y, por el otro, redistribuir entre obtentores o hacer algún tipo de política de incentivo para la creación de nuevas startup, empresas jóvenes y nuevas de biotecnología, dentro del sistema cooperativo o de los productores grandes, pequeños o medianos con ganas de arriesgar o innovar.
De esta manera, se libera de la obligación del pago por el uso propio a los pequeños productores o se generan otro tipo de beneficios compensatorios.
Sería mucho más cómodo para mí decir que los productores pequeños no paguen, pero si calculamos 10 u 8 dólares por hectárea, el beneficio para un productor de cien hectáreas sería de 800 dólares. A lo mejor, si yo fuera un pequeño productor, el gerente de una cooperativa o el líder de un grupo de pequeños productores pelearía por algo que me genere más guita que estos 800 dólares.
Además, se simplificaría muchísimo el sistema si toda la gente estuviera dentro.
Simplemente es una reflexión, no quiero ser provocador. Sólo pienso de qué manera podemos lograr los beneficios que todos queremos.
Haré una breve presentación, que no llevará más de diez minutos, que titulé: Una ley de semillas justa y viable. Me parece que esas son las dos características que debe tener cualquier proyecto que se apruebe: que sea justo, para que todos los grupos de interés tengan la percepción de que se ha perdido o ganado parejo, y que sea viable; es decir, aplicable. Para que sea viable tiene que ser simple. No podemos hacer algo complejo que después cueste controlar, que deje dudas sobre su implementación, que sea poco transparente y demás.
Doy estas opiniones desde mi lugar de productor: consumo y vendo semillas, poseo un semillero, tengo clientes pequeños y grandes, y también intereses en una empresa que produce eventos biotecnológicos de la cual soy socio fundador y fui su primer presidente. Es decir, tengo intereses en todos lados; pero no son intereses difusos sino muy concretos en cada una de las partes. Por eso creo que puedo entender los intereses de cada una de ellas.
Antes que nada, quiero decir que estamos en el principio de una profunda revolución tecnológica donde las plantas van a producir más que alimentos: medicina, bioplásticos, textiles, energía, materiales para la construcción, enzimas, etcétera. Estas plantas, que transforman la luz y el agua en ese tipo de productos, serán lo más parecido a fábricas en el futuro.
Esta semana estuve en un evento de biotecnología en Boston y allí no se habla más de transgénicos sino de cisgenes. Es decir, de transformaciones de plantas con los mismos genes que ellas tienen.
Esto abre oportunidades nuevas para empresas de biotecnología, porque se podrá acceder a nuevas transformaciones de la biotecnología con empresas mucho más pequeñas. No va a ser necesario tener mucha plata o ser una empresa muy grande para hacer este tipo de desarrollos. Con lo cual, de alguna manera, se va a democratizar la posibilidad de hacer investigación y desarrollo en el mundo que viene.
Para producir se necesitan algunos paquetes tecnológicos, como la agricultura de precisión, la siembra directa, la semilla lista para usar y la protección. A partir de eso, convergen una cantidad enorme de tecnologías.
Esa es la base de la revolución industrial verde, que es algo que estudia la bioeconomía y que son conceptos de los que vamos a tener que empezar a hablar si queremos ser un país competitivo.
La Argentina es uno de los países que mejores condiciones tiene para que se produzca esta revolución industrial. Que esto suceda o no estará relacionado con nuestra capacidad de organizarnos, lo cual tiene que ver con las leyes que estamos discutiendo. Si nos organizamos bien, entiendo que vamos a poder ser la Inglaterra del siglo XVIII o China. Si nos organizamos mal, seguramente vamos a dejar pasar alguna oportunidad.
Desde mi punto de vista, el primer requisito para contar con una ley de semillas justa y viable es que todos los derechos -germoplasma y eventos- se paguen en la bolsa. El valor será el del mercado y reflejará el interés que haya por cada una de las variedades. La cuestión es que haya muchas empresas compitiendo; es decir, abrir la puerta para que muchas empresas ofrezcan opciones a los productores.
El segundo, que se estimule la compra de semilla certificada a través de créditos u otros beneficios, además de los beneficios naturales que ella tiene. Es fundamental la lucha por tratar de que haya más interés por la semilla certificada.
¿Por qué la semilla certificada es importante? Porque hay un ahorro en kilos de semilla por diferencia de calidad, como decía acá el amigo Delgado, que es bastante pijotero con los 25 kilos... (Risas.)
Otras ventajas de la semilla certificada es la posibilidad de comprar semilla premium lista para usar con tecnología y que se pueden elegir varios grupos de madurez. De esta manera, uno puede cambiar los grupos y las variedades todos los años y no es esclavo de su misma variedad. No tiene la complejidad de la trilla ni el desarrollo de lotes asignados a semilla, y las ventajas son mayores para los productores pequeños. El proceso suele complicarse para un productor pequeño porque, por ejemplo, es más difícil conseguir una limpiadora para pequeñas cantidades.
Al productor, naturalmente, le debería convenir sembrar semilla certificada, salvo por el hecho de que es más cara, como reflejaba la estadística que mostraba Gabriel Delgado.
¿Cuál es la clave? Incentivar el uso de la semilla certificada y desestimular el uso de la semilla propia.
Para eso, habría que desestimular el uso propio, con el cobro de una tasa que debe ser lo suficientemente alta como para que la gente trate de elegir y, ante la opción, compre la semilla certificada.
Según los cálculos que tengo yo, tanto para la soja como para el trigo, entre 6 y 10 dólares por hectárea es una tasa que haría que el productor decida usar semilla certificada. Eso se basa en algunos cálculos -que después les voy a dejar- que se han hecho tanto en trigo como en soja.
La propuesta es que con esa recaudación se cree un fideicomiso, cuyo propósito, por un lado, es sostener y mejorar la calidad y la eficiencia de los organismos de control y, por el otro, redistribuir entre obtentores o hacer algún tipo de política de incentivo para la creación de nuevas startup, empresas jóvenes y nuevas de biotecnología, dentro del sistema cooperativo o de los productores grandes, pequeños o medianos con ganas de arriesgar o innovar.
De esta manera, se libera de la obligación del pago por el uso propio a los pequeños productores o se generan otro tipo de beneficios compensatorios.
Sería mucho más cómodo para mí decir que los productores pequeños no paguen, pero si calculamos 10 u 8 dólares por hectárea, el beneficio para un productor de cien hectáreas sería de 800 dólares. A lo mejor, si yo fuera un pequeño productor, el gerente de una cooperativa o el líder de un grupo de pequeños productores pelearía por algo que me genere más guita que estos 800 dólares.
Además, se simplificaría muchísimo el sistema si toda la gente estuviera dentro.
Simplemente es una reflexión, no quiero ser provocador. Sólo pienso de qué manera podemos lograr los beneficios que todos queremos.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el ingeniero Patricio Watson.
SR. WATSON Señor presidente: en primer lugar, agradezco la convocatoria.
La verdad es que los expositores han brindado el marco y todos los antecedentes para que nosotros pongamos el reglamento. Creo que nadie expuso concretamente sobre el reglamento.
Hoy soy mi propio representante, pero voy a hablar en plural porque tengo explícito apoyo para este sistema que vamos a proponer de parte de los cuatro ex presidentes de Aapresid y también, como provengo de actividad gremial, de algunos sectores del gremio. Creo que encontraremos bastante más apoyo si esto prospera.
El sistema que nosotros proponemos es el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores de semillas, tratando que brinde un marco legal en el que todos puedan obtener lo mejor y, por consiguiente, que el beneficio sea para el Estado.
No es un invento nuestro; no es algo original sino que lo hemos tomado de Sudáfrica -donde ya está vigente-, país que a su vez lo tomó de Australia y le introdujo algunas mejoras. Nosotros creemos que también podemos mejorarlo, básicamente porque estamos pensando en algunas vías alternativas al sistema.
Nuestra propuesta no colisiona con ningún acuerdo o norma que se haya suscripto anteriormente ni tampoco surge de la presión de ningún sector. Nace de discusiones en ámbitos en los que se encontraban representados todos los sectores -incluso gremiales- y, luego de haber evaluado un montón de sistemas, creemos que éste es el mejor.
Concretamente decimos que la propiedad intelectual debe reconocerse en cada uso de la semilla. El uso propio es libre sin autorización, pero siempre es oneroso. La cuestión de la onerosidad -el valor- no la tocamos porque no nos corresponde ya que es un tema comercial. Sólo se exceptúa de esta obligación a quienes figuren en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.
La captura del valor tecnológico se realiza al momento de la primera venta, pero se piensa como un sistema de riesgo compartido. En ese sentido, el sistema tiene una singularidad ya que se comparte el riesgo entre el productor y el proveedor de la tecnología o de la semilla. Aquellos productores que no quieran asumir esta posibilidad, podrán hacer un pago anticipado con un beneficio por, justamente, pagar anticipadamente.
El pago es único, como aparentemente lo han delineado todos los que han presentado propuestas. En ese pago único se incluye el reconocimiento por el germoplasma y por la tecnología.
En relación con el germoplasma, proponemos una tarifa plana, ya que si bien existe la tecnología para diferenciar variedades, es algo muy costoso y engorroso y, como dijo Delgado, hay mil variedades. Además, el valor de la tecnología es una cuestión comercial de su dueño.
¿Cómo se establece el control en este sistema? Se hace mediante una declaración jurada de las semillas que se utilizan, la cual es respaldada por la factura o por el origen. Luego, durante la venta de la producción se toman muestras estratégicas que van a arrojar un valor estadístico que debiera ajustarse con las declaraciones juradas.
Para el caso de detección de inconsistencias se proponen sanciones fuertes.
El fondo que se conformaría con las retenciones se repartiría de la siguiente forma: el 80 por ciento se distribuiría entre los semilleros y el 20 por ciento restante financiaría el sistema, así como también proyectos de investigación y de mejoramiento. Esto lo tomamos de los sistemas que ya están funcionando.
La responsabilidad del productor termina con una correcta declaración. La única obligación que tiene es declarar. Si lo hace bien, no tiene ningún problema.
Como sabemos, ningún reglamento funciona sin su debido control. Por eso es necesario que el organismo de aplicación y control tenga la suficiente autonomía para cumplir con la ley, independientemente de si es de gestión pública, privada o mixta. Puede llamarse INASE o lo que fuere, pero tiene que estar conformado por una parte pública y representantes privados.
Es fundamental para el comercio internacional confiar en los sistemas de control para evitar costosas sanciones.
El sistema no es perfecto, pero tiene muchos atributos: es sencillo, económico, efectivo y fácilmente controlable. Estimula la inversión y la competencia. Todos cobran, haciendo atractivo el desarrollo de cualquier nicho de mercado. Justamente, lo que se pensó con este sistema, es que todas las empresas cobren, independientemente de su potencial económico. Eso hace que todas ellas sean viables.
Propusimos un camino alternativo para los que no quieren asumir el riesgo de producir mucho. Como se criticó el hecho de que, si uno produce mucho o invierte para producir más, en el fondo estaría beneficiando a quien va a cobrar una parte de la producción, dejamos la alternativa de que quien quiera pagar anticipadamente, lo haga de acuerdo a un aforo o la ventaja que obtenga en su negociación. Eso genera un comprobante, que después lo menciona la carta de porte, y queda exento de su retención.
Por último, creemos que la dinámica de agricultura hace que constantemente estemos demandando productos nuevos, diferentes y efectivos para aumentar nuestra producción y mejorar la calidad, sin dañar el ambiente ni la salud de los operarios.
Para lograrlo, son necesarias las inversiones gigantescas de los proveedores de insumos, que están dispuestos a realizarlas solo en los países que le aseguren la posibilidad de recuperarlas.
Sabemos que el contexto de retenciones a la soja, no es el mejor para encontrar consensos. Pero reconocer y pagar la propiedad intelectual, nos abre el camino para acceder a las mejores tecnologías.
La verdad es que los expositores han brindado el marco y todos los antecedentes para que nosotros pongamos el reglamento. Creo que nadie expuso concretamente sobre el reglamento.
Hoy soy mi propio representante, pero voy a hablar en plural porque tengo explícito apoyo para este sistema que vamos a proponer de parte de los cuatro ex presidentes de Aapresid y también, como provengo de actividad gremial, de algunos sectores del gremio. Creo que encontraremos bastante más apoyo si esto prospera.
El sistema que nosotros proponemos es el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores de semillas, tratando que brinde un marco legal en el que todos puedan obtener lo mejor y, por consiguiente, que el beneficio sea para el Estado.
No es un invento nuestro; no es algo original sino que lo hemos tomado de Sudáfrica -donde ya está vigente-, país que a su vez lo tomó de Australia y le introdujo algunas mejoras. Nosotros creemos que también podemos mejorarlo, básicamente porque estamos pensando en algunas vías alternativas al sistema.
Nuestra propuesta no colisiona con ningún acuerdo o norma que se haya suscripto anteriormente ni tampoco surge de la presión de ningún sector. Nace de discusiones en ámbitos en los que se encontraban representados todos los sectores -incluso gremiales- y, luego de haber evaluado un montón de sistemas, creemos que éste es el mejor.
Concretamente decimos que la propiedad intelectual debe reconocerse en cada uso de la semilla. El uso propio es libre sin autorización, pero siempre es oneroso. La cuestión de la onerosidad -el valor- no la tocamos porque no nos corresponde ya que es un tema comercial. Sólo se exceptúa de esta obligación a quienes figuren en el Registro Nacional de Agricultura Familiar.
La captura del valor tecnológico se realiza al momento de la primera venta, pero se piensa como un sistema de riesgo compartido. En ese sentido, el sistema tiene una singularidad ya que se comparte el riesgo entre el productor y el proveedor de la tecnología o de la semilla. Aquellos productores que no quieran asumir esta posibilidad, podrán hacer un pago anticipado con un beneficio por, justamente, pagar anticipadamente.
El pago es único, como aparentemente lo han delineado todos los que han presentado propuestas. En ese pago único se incluye el reconocimiento por el germoplasma y por la tecnología.
En relación con el germoplasma, proponemos una tarifa plana, ya que si bien existe la tecnología para diferenciar variedades, es algo muy costoso y engorroso y, como dijo Delgado, hay mil variedades. Además, el valor de la tecnología es una cuestión comercial de su dueño.
¿Cómo se establece el control en este sistema? Se hace mediante una declaración jurada de las semillas que se utilizan, la cual es respaldada por la factura o por el origen. Luego, durante la venta de la producción se toman muestras estratégicas que van a arrojar un valor estadístico que debiera ajustarse con las declaraciones juradas.
Para el caso de detección de inconsistencias se proponen sanciones fuertes.
El fondo que se conformaría con las retenciones se repartiría de la siguiente forma: el 80 por ciento se distribuiría entre los semilleros y el 20 por ciento restante financiaría el sistema, así como también proyectos de investigación y de mejoramiento. Esto lo tomamos de los sistemas que ya están funcionando.
La responsabilidad del productor termina con una correcta declaración. La única obligación que tiene es declarar. Si lo hace bien, no tiene ningún problema.
Como sabemos, ningún reglamento funciona sin su debido control. Por eso es necesario que el organismo de aplicación y control tenga la suficiente autonomía para cumplir con la ley, independientemente de si es de gestión pública, privada o mixta. Puede llamarse INASE o lo que fuere, pero tiene que estar conformado por una parte pública y representantes privados.
Es fundamental para el comercio internacional confiar en los sistemas de control para evitar costosas sanciones.
El sistema no es perfecto, pero tiene muchos atributos: es sencillo, económico, efectivo y fácilmente controlable. Estimula la inversión y la competencia. Todos cobran, haciendo atractivo el desarrollo de cualquier nicho de mercado. Justamente, lo que se pensó con este sistema, es que todas las empresas cobren, independientemente de su potencial económico. Eso hace que todas ellas sean viables.
Propusimos un camino alternativo para los que no quieren asumir el riesgo de producir mucho. Como se criticó el hecho de que, si uno produce mucho o invierte para producir más, en el fondo estaría beneficiando a quien va a cobrar una parte de la producción, dejamos la alternativa de que quien quiera pagar anticipadamente, lo haga de acuerdo a un aforo o la ventaja que obtenga en su negociación. Eso genera un comprobante, que después lo menciona la carta de porte, y queda exento de su retención.
Por último, creemos que la dinámica de agricultura hace que constantemente estemos demandando productos nuevos, diferentes y efectivos para aumentar nuestra producción y mejorar la calidad, sin dañar el ambiente ni la salud de los operarios.
Para lograrlo, son necesarias las inversiones gigantescas de los proveedores de insumos, que están dispuestos a realizarlas solo en los países que le aseguren la posibilidad de recuperarlas.
Sabemos que el contexto de retenciones a la soja, no es el mejor para encontrar consensos. Pero reconocer y pagar la propiedad intelectual, nos abre el camino para acceder a las mejores tecnologías.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el representante de ARPOV, señor Roberto Enríquez.
SR. ENRÍQUEZ Señor presidente: agradezco a la Comisión y de Agricultura y Ganadería la invitación a ARPOV para presentar su opinión respecto de una potencial ley de semillas, la visión de la problemática actual y cuáles pueden llegar a ser los caminos de resolución.
Afortunadamente, quienes me precedieron la semana anterior y hoy mismo, me han ahorrado algunas palabras. De manera que voy a tratar de avanzar más rápido para ser más eficiente.
Queremos hablar de las oportunidades que tenemos al estar en este ámbito, discutiendo lo que tiene que ser la definición de un nuevo marco normativo que permita acelerar el crecimiento de la productividad del sector agrícola, incentivando todo lo que tiene que ver con innovación y creatividad en el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Ello nos va a permitir ser cada día más competitivos y productivos.
Para charlar un poco acerca de dónde venimos -algo ya anticiparon quienes me precedieron-, veamos cuál era la situación de producción que teníamos en el año 1973 cuando se sancionó la actual ley de semillas. Tomé la información del sector de estadísticas del Minagri, aproveché un quinquenio y el resultado es que la matriz productiva, principalmente tomando los cultivos de autógamas -en los cuales tenemos el mayor freno de mano a esta explosión de la creatividad y la productividad-, tenía una situación completamente distinta.
En el quinquenio 1970-1975, en promedio el cultivo de soja estaba en 200.000 hectáreas y la producción y productividad de cada uno de estos cultivos varió considerablemente. Podemos ver cuál es la situación actual y tratar de hacer una comparación.
En esa situación surgió la ley 20.247 que, como bien dijeron acá, vino a reemplazar exitosamente el marco legal anterior en el cual había demasiados problemas y que, en algún sentido, hasta son parecidos a los que tenemos hoy. Principalmente, la ley de 1973 sirvió a ordenar el sistema de propiedad y las bases del Registro Nacional de Cultivares.
Particularmente, gran parte de lo que tenemos que debatir y de lo que nuestros legisladores deberán tener en mente a la hora de definir el nuevo marco normativo tiene que ver con la propiedad.
He traído conmigo copias de dos títulos de propiedad de dos especies presentados por el INTA. Esto es lo que el Estado, en el marco de la ley actual, entrega a cualquier obtentor, a cualquier persona que haya conseguido dar con una variedad homogénea, estable, diferenciable y distinguible. Esto es, en definitiva, lo que al creador le permitirá ejercer la propiedad que el Estado le está confiriendo; pero para ello necesita reglas claras.
Hoy, cuando cualquiera de las empresas que forma parte de nuestra organización llega a conseguir este tan preciado título de propiedad, es porque estuvo muchos años trabajando y desarrollando una nueva variedad que es competitiva y superadora de variedades anteriores.
Nadie en el mercado lanza una variedad que no sea superadora de la situación anterior porque sabe que comercialmente su destino es el fracaso. Entonces, este es el primer punto central de lo que queremos transmitir desde nuestra posición.
Cada creación genética es superadora de lo que había anteriormente y genera más productividad. Esa mayor productividad es, en definitiva, más riqueza para todo el sector y más bienestar para toda la sociedad.
¿Qué pasa cuando intentamos revisar cómo podemos hacer uso de este título de propiedad? Hemos elaborado dos gráficos de uso de semilla fiscalizada en los mercados de trigo y de soja con los datos que venimos recabando desde hace unos cuantos años.
Si uno revisa los últimos años, menos del 15 por ciento del área fue sembrada con semilla fiscalizada. Estos gráficos están expresados como porcentaje del área sembrada con la cantidad de semilla fiscalizada vendida. Esto significa que en la proporción restante de mercado -si bien hoy se está echando un poco de luz a partir de las últimas resoluciones del INASE y, por otro lado, nosotros también tenemos información propia-, el 85 por ciento se reparte en uso propio y semilla ilegal o "bolsa blanca".
En el medio está lo que nosotros consideramos que una nueva ley tiene que definir claramente, que es correr el velo de este uso propio abusivo que se da en el marco de una legislación que actualmente es de muy difícil ejecución y control.
En ese 85 por ciento del que habló el representante del INASE durante su exposición, hay una parte que es de uso propio, pero tenemos entre un 55 y un 65 por ciento de semilla que no sabemos qué es. Eso es informalidad, ilegalidad y un montón de cosas que particularmente esta nueva ley debería subsanar: dar un marco legal a las posibilidades de ejecución para que atrás del uso propio no quede mimetizado un uso propio abusivo que conduce a trabar este círculo virtuoso de innovación que pretendemos tener de acá en adelante con una nueva normativa.
Nosotros queremos compartir lo que pensamos debería contemplar esta nueva ley que tenemos la posibilidad de generar pensando hacia adelante en una Argentina diferente desde el punto de vista productivo, una Argentina que se integre a la sociedad del conocimiento y continúe liderando los procesos de productividad, y en un sector agropecuario que consiga responder a las demandas internacionales de provisión produciendo cada vez más, de manera sustentable. Todo eso se consigue solamente con productividad.
Para eso necesitamos una ley que fomente el uso de semilla fiscalizada, que defina un uso propio oneroso para todos y cada uno de los usos de semilla que el agricultor haga -este uso propio oneroso debería permanecer durante todo el período de protección de la variedad, porque justamente ese es el período para el cual el Estado confirió a los obtentores el título de propiedad-, que favorezca la implementación de sistemas simples de ejecución y control, y que apunte fuertemente en contra del comercio ilegal de semillas.
Para lograrlo, acompañamos una nueva visión de la autoridad de aplicación. Creemos que debemos tener un INASE fortalecido, un INASE 2.0 que, además de la ampliación de las incumbencias para hacer un excelente control, posea más herramientas de información, de inteligencia de datos, de identificación de variedades y de geoposicionamiento. Tiene que ser un INASE de 360 grados, es decir, un INASE que se integre mucho más a los otros organismos de control del Estado y a las organizaciones privadas, con el objetivo de poder tener un mercado de semillas cada vez más transparente y legal.
Esta nueva ley no debe restringir ningún tipo de acuerdo entre los diferentes actores de la cadena para evitar poner freno de mano a cualquier innovación que se pueda alcanzar.
En este caso nosotros, desde ARPOV, estamos representando a cincuenta y seis obtentores entre los cuales existe todo tipo de organización, de cultura empresarial y de formación. Hay desde instituciones oficiales como el INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y la Chacra Experimental Integrada Barrow, hasta facultades, universidades, empresas nacionales, multinacionales e incluso locales que se regionalizaron, y todas tienen exactamente el mismo inconveniente: un esfuerzo enorme a la hora de lanzar una variedad. Cada variedad que se lanza y que es exitosa, inmediatamente comienza a competir consigo misma porque el mercado ilegal le pasa por arriba. Lo que nosotros queremos es, justamente, un marco de contención legal para que todas estas empresas tengan previsibilidad a la hora de invertir sus recursos.
Desarrollar una variedad lleva muchísimo tiempo. Si bien históricamente se habla de diez años, con inversión en programas de cámara de cría, de doble generación, etcétera, hoy es posible achicar ese tiempo. Un breeder está pensando lo que va a estar demandando el productor para hacer que esa variedad sea exitosa de acá a seis o siete años y tiene que dar respuestas muy rápidas a los cambios de los entornos productivos.
Queremos que conozcan la situación de muchas de nuestras empresas, como las del maní que, como aquí se dijo, tienen desarrollos espectaculares. Hay maní alto oleico que podría estar abriendo mercados en el mundo pero que hoy sigue trancado porque no se puede invertir más, ya que las condiciones de repago de sus inversiones son muy lábiles. Tenemos programas centenarios de mejoramiento en trigo, empresas nacionales que nos enorgullecen por el desarrollo que han experimentado, tanto en la región como en el mundo, y también instituciones oficiales.
Desde ARPOV pretendemos que nuestros legisladores tengan en cuenta todo esto, porque hace quince o veinte años que venimos hablando de esta problemática y que el sector en general entendió que la ley necesitaba una nueva versión, una adecuación a los tiempos. Pasó mucho tiempo, y hoy es el momento y la oportunidad para concretar esa adecuación.
Necesitamos que la ley permita muchas más iniciativas y la existencia de mayor cantidad de emprendedores en el sector de semillas. Hace algunos años, grupos de estudiantes de la facultad empezaban a soñar y formaban compañías que hoy se hicieron internacionales; pero hace muchísimo tiempo que esto no lo tenemos más porque no es negocio el cultivo o el desarrollo de variedades de semillas autógamas en la Argentina.
Estimados legisladores: desde ya estamos agradecidos por esta oportunidad, pero les pedimos que piensen en lo que puede llegar a ser la Argentina de aquí en adelante, intentando transformar el poder de creatividad e innovación que tenemos en una nueva productividad y convirtiendo en legalidad la marginalidad de que existe en el mercado. Podemos transformar esa informalidad, que afecta a toda la cadena, en empleo genuino y de calidad. Esto lo va a conseguir una ley de semillas que permita incentivar la creatividad y la innovación dando un marco normativo que dé previsibilidad.
Afortunadamente, quienes me precedieron la semana anterior y hoy mismo, me han ahorrado algunas palabras. De manera que voy a tratar de avanzar más rápido para ser más eficiente.
Queremos hablar de las oportunidades que tenemos al estar en este ámbito, discutiendo lo que tiene que ser la definición de un nuevo marco normativo que permita acelerar el crecimiento de la productividad del sector agrícola, incentivando todo lo que tiene que ver con innovación y creatividad en el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Ello nos va a permitir ser cada día más competitivos y productivos.
Para charlar un poco acerca de dónde venimos -algo ya anticiparon quienes me precedieron-, veamos cuál era la situación de producción que teníamos en el año 1973 cuando se sancionó la actual ley de semillas. Tomé la información del sector de estadísticas del Minagri, aproveché un quinquenio y el resultado es que la matriz productiva, principalmente tomando los cultivos de autógamas -en los cuales tenemos el mayor freno de mano a esta explosión de la creatividad y la productividad-, tenía una situación completamente distinta.
En el quinquenio 1970-1975, en promedio el cultivo de soja estaba en 200.000 hectáreas y la producción y productividad de cada uno de estos cultivos varió considerablemente. Podemos ver cuál es la situación actual y tratar de hacer una comparación.
En esa situación surgió la ley 20.247 que, como bien dijeron acá, vino a reemplazar exitosamente el marco legal anterior en el cual había demasiados problemas y que, en algún sentido, hasta son parecidos a los que tenemos hoy. Principalmente, la ley de 1973 sirvió a ordenar el sistema de propiedad y las bases del Registro Nacional de Cultivares.
Particularmente, gran parte de lo que tenemos que debatir y de lo que nuestros legisladores deberán tener en mente a la hora de definir el nuevo marco normativo tiene que ver con la propiedad.
He traído conmigo copias de dos títulos de propiedad de dos especies presentados por el INTA. Esto es lo que el Estado, en el marco de la ley actual, entrega a cualquier obtentor, a cualquier persona que haya conseguido dar con una variedad homogénea, estable, diferenciable y distinguible. Esto es, en definitiva, lo que al creador le permitirá ejercer la propiedad que el Estado le está confiriendo; pero para ello necesita reglas claras.
Hoy, cuando cualquiera de las empresas que forma parte de nuestra organización llega a conseguir este tan preciado título de propiedad, es porque estuvo muchos años trabajando y desarrollando una nueva variedad que es competitiva y superadora de variedades anteriores.
Nadie en el mercado lanza una variedad que no sea superadora de la situación anterior porque sabe que comercialmente su destino es el fracaso. Entonces, este es el primer punto central de lo que queremos transmitir desde nuestra posición.
Cada creación genética es superadora de lo que había anteriormente y genera más productividad. Esa mayor productividad es, en definitiva, más riqueza para todo el sector y más bienestar para toda la sociedad.
¿Qué pasa cuando intentamos revisar cómo podemos hacer uso de este título de propiedad? Hemos elaborado dos gráficos de uso de semilla fiscalizada en los mercados de trigo y de soja con los datos que venimos recabando desde hace unos cuantos años.
Si uno revisa los últimos años, menos del 15 por ciento del área fue sembrada con semilla fiscalizada. Estos gráficos están expresados como porcentaje del área sembrada con la cantidad de semilla fiscalizada vendida. Esto significa que en la proporción restante de mercado -si bien hoy se está echando un poco de luz a partir de las últimas resoluciones del INASE y, por otro lado, nosotros también tenemos información propia-, el 85 por ciento se reparte en uso propio y semilla ilegal o "bolsa blanca".
En el medio está lo que nosotros consideramos que una nueva ley tiene que definir claramente, que es correr el velo de este uso propio abusivo que se da en el marco de una legislación que actualmente es de muy difícil ejecución y control.
En ese 85 por ciento del que habló el representante del INASE durante su exposición, hay una parte que es de uso propio, pero tenemos entre un 55 y un 65 por ciento de semilla que no sabemos qué es. Eso es informalidad, ilegalidad y un montón de cosas que particularmente esta nueva ley debería subsanar: dar un marco legal a las posibilidades de ejecución para que atrás del uso propio no quede mimetizado un uso propio abusivo que conduce a trabar este círculo virtuoso de innovación que pretendemos tener de acá en adelante con una nueva normativa.
Nosotros queremos compartir lo que pensamos debería contemplar esta nueva ley que tenemos la posibilidad de generar pensando hacia adelante en una Argentina diferente desde el punto de vista productivo, una Argentina que se integre a la sociedad del conocimiento y continúe liderando los procesos de productividad, y en un sector agropecuario que consiga responder a las demandas internacionales de provisión produciendo cada vez más, de manera sustentable. Todo eso se consigue solamente con productividad.
Para eso necesitamos una ley que fomente el uso de semilla fiscalizada, que defina un uso propio oneroso para todos y cada uno de los usos de semilla que el agricultor haga -este uso propio oneroso debería permanecer durante todo el período de protección de la variedad, porque justamente ese es el período para el cual el Estado confirió a los obtentores el título de propiedad-, que favorezca la implementación de sistemas simples de ejecución y control, y que apunte fuertemente en contra del comercio ilegal de semillas.
Para lograrlo, acompañamos una nueva visión de la autoridad de aplicación. Creemos que debemos tener un INASE fortalecido, un INASE 2.0 que, además de la ampliación de las incumbencias para hacer un excelente control, posea más herramientas de información, de inteligencia de datos, de identificación de variedades y de geoposicionamiento. Tiene que ser un INASE de 360 grados, es decir, un INASE que se integre mucho más a los otros organismos de control del Estado y a las organizaciones privadas, con el objetivo de poder tener un mercado de semillas cada vez más transparente y legal.
Esta nueva ley no debe restringir ningún tipo de acuerdo entre los diferentes actores de la cadena para evitar poner freno de mano a cualquier innovación que se pueda alcanzar.
En este caso nosotros, desde ARPOV, estamos representando a cincuenta y seis obtentores entre los cuales existe todo tipo de organización, de cultura empresarial y de formación. Hay desde instituciones oficiales como el INTA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y la Chacra Experimental Integrada Barrow, hasta facultades, universidades, empresas nacionales, multinacionales e incluso locales que se regionalizaron, y todas tienen exactamente el mismo inconveniente: un esfuerzo enorme a la hora de lanzar una variedad. Cada variedad que se lanza y que es exitosa, inmediatamente comienza a competir consigo misma porque el mercado ilegal le pasa por arriba. Lo que nosotros queremos es, justamente, un marco de contención legal para que todas estas empresas tengan previsibilidad a la hora de invertir sus recursos.
Desarrollar una variedad lleva muchísimo tiempo. Si bien históricamente se habla de diez años, con inversión en programas de cámara de cría, de doble generación, etcétera, hoy es posible achicar ese tiempo. Un breeder está pensando lo que va a estar demandando el productor para hacer que esa variedad sea exitosa de acá a seis o siete años y tiene que dar respuestas muy rápidas a los cambios de los entornos productivos.
Queremos que conozcan la situación de muchas de nuestras empresas, como las del maní que, como aquí se dijo, tienen desarrollos espectaculares. Hay maní alto oleico que podría estar abriendo mercados en el mundo pero que hoy sigue trancado porque no se puede invertir más, ya que las condiciones de repago de sus inversiones son muy lábiles. Tenemos programas centenarios de mejoramiento en trigo, empresas nacionales que nos enorgullecen por el desarrollo que han experimentado, tanto en la región como en el mundo, y también instituciones oficiales.
Desde ARPOV pretendemos que nuestros legisladores tengan en cuenta todo esto, porque hace quince o veinte años que venimos hablando de esta problemática y que el sector en general entendió que la ley necesitaba una nueva versión, una adecuación a los tiempos. Pasó mucho tiempo, y hoy es el momento y la oportunidad para concretar esa adecuación.
Necesitamos que la ley permita muchas más iniciativas y la existencia de mayor cantidad de emprendedores en el sector de semillas. Hace algunos años, grupos de estudiantes de la facultad empezaban a soñar y formaban compañías que hoy se hicieron internacionales; pero hace muchísimo tiempo que esto no lo tenemos más porque no es negocio el cultivo o el desarrollo de variedades de semillas autógamas en la Argentina.
Estimados legisladores: desde ya estamos agradecidos por esta oportunidad, pero les pedimos que piensen en lo que puede llegar a ser la Argentina de aquí en adelante, intentando transformar el poder de creatividad e innovación que tenemos en una nueva productividad y convirtiendo en legalidad la marginalidad de que existe en el mercado. Podemos transformar esa informalidad, que afecta a toda la cadena, en empleo genuino y de calidad. Esto lo va a conseguir una ley de semillas que permita incentivar la creatividad y la innovación dando un marco normativo que dé previsibilidad.
SR. PRESIDENTE ALEGRE A continuación harán uso de la palabra las representantes de la Multisectorial contra la Ley "Monsanto" de Semillas, integrada por Carla Poth, Margarita Petrona Gómez y Tamara Perelmuter.
Tiene la palabra la señora Poth.
Tiene la palabra la señora Poth.
SRA. POTH Señor presidente: como se dijo, soy parte de la Multisectorial contra la Ley "Monsanto" de Semillas en la Argentina, un espacio que conglomera más de cincuenta organizaciones sociales, movimientos campesino-indígenas, asambleas socioambientales, organizaciones políticas y partidos políticos de la Argentina.
Discutimos colectivamente sobre nuestras intervenciones y decidimos que fuéramos mujeres quienes presentásemos el tema. Traemos la voz de nuestro espacio porque entendemos que las mujeres somos sujetos centrales en la producción agrícola, en la reproducción de semillas y en la producción de conocimiento.
Realmente, en el marco de la reunión de la semana pasada y en el de la de hoy hemos estado bastante subrepresentadas, de modo que la decisión colectiva fue que las mujeres presentemos nuestros posicionamientos.
Agradecemos poder participar; de hecho, también estuvimos la semana pasada y pudimos escuchar todas las exposiciones que se llevaron adelante.
De alguna manera, podríamos centralizar todas las intervenciones que fueron parte de estas reuniones en algunas frases que nos llamaron la atención. Por ejemplo, se habló de: "sumar valor a la cadena" o "generar crecimiento en las cadenas de valor". Y se hizo referencia a la semilla como: "una tecnología portadora de conocimientos".
Para nosotros, esa concepción de las semillas resulta un serio problema.
En el fondo de estas concepciones, nos damos cuenta de que la semilla ha sido considerada como una mera mercancía en todos estos debates. Se la ha considerado como la posibilidad de acceso a las ganancias y como posibilidad de negocios y de comercio.
En ese sentido, tenemos una gran diferencia de cómo entendemos la semilla. Para nosotros, la semilla es el corazón, el centro y el inicio de la cadena alimentaria. Es el punto central de nuestros alimentos.
Por esa razón, nos parece que los debates que se estuvieron dando hasta ahora han estado seriamente acotados. Entendemos que justamente porque la semilla es el centro de la cadena alimentaria, debemos pensarla como algo que debe disparar debates asociados a la producción suficiente, sana y sustentable de alimentos para los pueblos. A lo largo de todos estos años estas cadenas de valor han mostrado que no pueden y que no quieren producir.
Por eso, para nosotros es fundamental generar un debate integral para discutir la ley de semillas.
La ley de semillas no discute tecnologías o biotecnologías, discute un montón de semillas que ni siquiera están cercanas a eso. Por ello, se requiere de un debate asociado al ambiente, a la salud humana y a todo lo que refieran nuestros alimentos.
Desde la multisectorial planteamos que un debate serio respecto a este tema no puede agotarse en pocas reuniones de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Debe pasar por otras comisiones del Congreso, como por ejemplo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Pero aun así, también entendemos que pasando por todas esas comisiones, el debate no es suficiente.
El debate integral requiere de la participación de muchísimas voces, que no estuvieron representadas en ninguna de las reuniones de esta comisión. Son voces que no hay que filtrar y que desde hace muchísimo tiempo, desde 2002, estamos exigiendo que estén presentes en los debates de cada uno de los proyecto de ley. Sin embargo, este reclamo de participación en estos debates se ha ignorado sistemáticamente.
Creemos que esas voces tienen que estar. Por eso, desde la multisectorial planteamos que se llame a audiencias públicas, ya que la ley de ambiente así lo requiere en términos procedimentales. De manera que debe realizarse el proceso de consultas previas, dado que las comunidades campesinas e indígenas están directamente implicadas.
Además, los acuerdos internacionales, particularmente el artículo 169 del Convenio de la OIT, exigen estas consultas previas.
En este sentido, desestimamos estas reuniones como un debate legítimo. Entendemos que el debate legítimo debe estar en esas audiencias públicas y debe estar en esas consultas previas, donde las múltiples voces se van a escuchar.
En ese sentido, hay una responsabilidad legal por parte de los representantes de este Congreso, que tiene que ver con hacer cumplir la ley de medioambiente y hacer cumplir los convenios internacionales como el de la OIT. Pero también hay una responsabilidad moral que tiene que ver con esto de hacer partícipes, efectivamente, a estas voces que hasta ahora no se hicieron partícipes.
Finalmente, el planteo político de la multisectorial es rechazar de plano cualquier modificación a la ley de semillas.
Entendemos que este debate y este intento de reforma a la ley de semillas vienen de la mano de presiones de empresas trasnacionales, que efectivamente se están jugando la posibilidad de lucrar con mucha más ganancia en el proceso de apropiación de la semilla. Esto no es una suposición. Es una realidad, que nos queda bien clara en todos los tratados de libre comercio que han obligado a firmar a muchos países hermanos, como Colombia, Perú y Chile.
También, viene de la mano de las presiones comerciales y de los chantajes que estas transnacionales hacen a los agricultores y de informaciones como, por ejemplo, los Wikileaks, que han mostrado las presiones que ejerce Monsanto para que esta ley sea modificada.
Por eso, rechazamos la modificación de la ley y tomamos como faro las resistencias de los países hermanos -como Colombia, Perú y Chile- que se han organizado y han rechazado la aprobación de una ley similar a la que aquí se plantea. Ellos han conseguido no solo doblegar el brazo de las grandes multinacionales que han presionado, sino que también se han enfrentado a sus propios legisladores que han querido avasallar sus derechos a una semilla que sea patrimonio de los pueblos para el consumo de la humanidad. (Aplausos.)
Discutimos colectivamente sobre nuestras intervenciones y decidimos que fuéramos mujeres quienes presentásemos el tema. Traemos la voz de nuestro espacio porque entendemos que las mujeres somos sujetos centrales en la producción agrícola, en la reproducción de semillas y en la producción de conocimiento.
Realmente, en el marco de la reunión de la semana pasada y en el de la de hoy hemos estado bastante subrepresentadas, de modo que la decisión colectiva fue que las mujeres presentemos nuestros posicionamientos.
Agradecemos poder participar; de hecho, también estuvimos la semana pasada y pudimos escuchar todas las exposiciones que se llevaron adelante.
De alguna manera, podríamos centralizar todas las intervenciones que fueron parte de estas reuniones en algunas frases que nos llamaron la atención. Por ejemplo, se habló de: "sumar valor a la cadena" o "generar crecimiento en las cadenas de valor". Y se hizo referencia a la semilla como: "una tecnología portadora de conocimientos".
Para nosotros, esa concepción de las semillas resulta un serio problema.
En el fondo de estas concepciones, nos damos cuenta de que la semilla ha sido considerada como una mera mercancía en todos estos debates. Se la ha considerado como la posibilidad de acceso a las ganancias y como posibilidad de negocios y de comercio.
En ese sentido, tenemos una gran diferencia de cómo entendemos la semilla. Para nosotros, la semilla es el corazón, el centro y el inicio de la cadena alimentaria. Es el punto central de nuestros alimentos.
Por esa razón, nos parece que los debates que se estuvieron dando hasta ahora han estado seriamente acotados. Entendemos que justamente porque la semilla es el centro de la cadena alimentaria, debemos pensarla como algo que debe disparar debates asociados a la producción suficiente, sana y sustentable de alimentos para los pueblos. A lo largo de todos estos años estas cadenas de valor han mostrado que no pueden y que no quieren producir.
Por eso, para nosotros es fundamental generar un debate integral para discutir la ley de semillas.
La ley de semillas no discute tecnologías o biotecnologías, discute un montón de semillas que ni siquiera están cercanas a eso. Por ello, se requiere de un debate asociado al ambiente, a la salud humana y a todo lo que refieran nuestros alimentos.
Desde la multisectorial planteamos que un debate serio respecto a este tema no puede agotarse en pocas reuniones de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Debe pasar por otras comisiones del Congreso, como por ejemplo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Pero aun así, también entendemos que pasando por todas esas comisiones, el debate no es suficiente.
El debate integral requiere de la participación de muchísimas voces, que no estuvieron representadas en ninguna de las reuniones de esta comisión. Son voces que no hay que filtrar y que desde hace muchísimo tiempo, desde 2002, estamos exigiendo que estén presentes en los debates de cada uno de los proyecto de ley. Sin embargo, este reclamo de participación en estos debates se ha ignorado sistemáticamente.
Creemos que esas voces tienen que estar. Por eso, desde la multisectorial planteamos que se llame a audiencias públicas, ya que la ley de ambiente así lo requiere en términos procedimentales. De manera que debe realizarse el proceso de consultas previas, dado que las comunidades campesinas e indígenas están directamente implicadas.
Además, los acuerdos internacionales, particularmente el artículo 169 del Convenio de la OIT, exigen estas consultas previas.
En este sentido, desestimamos estas reuniones como un debate legítimo. Entendemos que el debate legítimo debe estar en esas audiencias públicas y debe estar en esas consultas previas, donde las múltiples voces se van a escuchar.
En ese sentido, hay una responsabilidad legal por parte de los representantes de este Congreso, que tiene que ver con hacer cumplir la ley de medioambiente y hacer cumplir los convenios internacionales como el de la OIT. Pero también hay una responsabilidad moral que tiene que ver con esto de hacer partícipes, efectivamente, a estas voces que hasta ahora no se hicieron partícipes.
Finalmente, el planteo político de la multisectorial es rechazar de plano cualquier modificación a la ley de semillas.
Entendemos que este debate y este intento de reforma a la ley de semillas vienen de la mano de presiones de empresas trasnacionales, que efectivamente se están jugando la posibilidad de lucrar con mucha más ganancia en el proceso de apropiación de la semilla. Esto no es una suposición. Es una realidad, que nos queda bien clara en todos los tratados de libre comercio que han obligado a firmar a muchos países hermanos, como Colombia, Perú y Chile.
También, viene de la mano de las presiones comerciales y de los chantajes que estas transnacionales hacen a los agricultores y de informaciones como, por ejemplo, los Wikileaks, que han mostrado las presiones que ejerce Monsanto para que esta ley sea modificada.
Por eso, rechazamos la modificación de la ley y tomamos como faro las resistencias de los países hermanos -como Colombia, Perú y Chile- que se han organizado y han rechazado la aprobación de una ley similar a la que aquí se plantea. Ellos han conseguido no solo doblegar el brazo de las grandes multinacionales que han presionado, sino que también se han enfrentado a sus propios legisladores que han querido avasallar sus derechos a una semilla que sea patrimonio de los pueblos para el consumo de la humanidad. (Aplausos.)
SRA. PERELMUTER Mi nombre es Tamara Perelmuter. También pertenezco a la multisectorial y, como mencionaba mi compañera, vinimos hoy acá para traer la voz de las múltiples organizaciones que forman parte de esta multisectorial.
En primer lugar, voy a repetir algo que ya dijo Carla porque me parece que es importante. Nosotros entendemos que el debate de una ley de semillas es mucho más que la discusión de un mero cambio legal o una disyuntiva técnico productiva. En efecto, tiene que ver con discutir el modelo agrario y, por lo tanto, el proyecto de país.
En ese sentido, entendemos que el debate de la ley de semillas es profundamente político, por lo que deben ser parte todas las voces. No me refiero sólo a los actores del campo -como mencionaba Carla-, muchos de los cuales son invisibilizados y no participan de este debate, sino también, y fundamentalmente, a quienes vivimos en las ciudades y consumimos alimentos.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y, por lo tanto, todo lo que pase con ellas repercute directamente sobre los alimentos que consumimos, sobre sus precios y su calidad, pero también sobre la soberanía de esos alimentos y sobre quién decide qué se produce y qué se consume en nuestro país.
Asimismo, entendemos que las semillas son fuente de vida y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos discutiendo es la propiedad intelectual sobre la vida, es decir, la apropiación sobre formas de vida. No podemos soslayar eso al momento de discutir una ley de semillas o cualquier otro tema que ataña a las semillas en general y a su propiedad intelectual en particular.
La semilla es base de la biodiversidad. La diversidad genética de todos los cultivos conocidos es el producto de un trabajo milenario de nuestros pueblos. El avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no ha demostrado haber contribuido al aumento de esta diversidad sino todo lo contrario. La mayor pérdida de biodiversidad genética agrícola se ha producido luego de la implementación de este tipo de lógicas de apropiación privada del trabajo colectivo histórico que los pueblos han realizado.
En ese sentido, voy a mencionar simplemente algunos de los puntos que para nosotros son críticos a la hora de discutir una ley de semillas. En un volante que haremos circular está un poco más explayada nuestra posición.
El primer punto tiene que ver con el corazón del debate: el uso propio. Entendemos que desde el comienzo de la agricultura, los productores y las productoras han seleccionado, guardado, intercambiado, producido y reproducido sus semillas de manera libre, sin que hubiese restricción alguna y manteniendo el control de éstas. Por lo tanto, entendemos que este debate del uso propio tiene que ver con una práctica milenaria de los productores, que es constitutiva del ser agricultor.
En consecuencia, entendemos claramente que esto se trata de un derecho de los agricultores y nos parece inadmisible que deje de ser un derecho para pasar a ser una excepción.
Entonces, para nosotros el derecho de los agricultores debe ser gratuito y libre. No se trata solamente de un debate económico, es decir, si se gana más o menos plata con el uso propio oneroso o no; por el contrario, tiene que ver con el resguardo de esta práctica milenaria de los agricultores.
Además, entendemos que esta discusión del uso propio en los términos en los que se está planteando viola tratados y acuerdos internacionales de los que Argentina es signataria, como por ejempl, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio sobre la Diversidad Biológica e, incluso, el tratado de la UPOV 78.
Por lo tanto, entendemos que lo que se está discutiendo es meter a la Argentina -sin debatirlo en esos términos- a UPOV 91.
La discusión de la restricción del uso propio aumenta la dependencia de los productores con las grandes empresas, lo que conlleva la pérdida de autonomía de dichos productores. Además, los saca del lugar que históricamente han tenido, como productores y reproductores de semillas, y los pone en el lugar de meros usuarios de semillas.
Además, con el aumento de la propiedad intelectual, de las patentes y el derecho del obtentor, los pone como simples arrendatarios del germoplasma que las empresas desarrollan y los limita a ser productores que simplemente alquilan.
Esto además me lleva al segundo elemento, que tiene que ver con que esta discusión legaliza e ilegaliza prácticas.
Entre las prácticas que ilegaliza están, por ejemplo, las ferias de intercambio de semillas que se realizan en gran parte de nuestro país.Por supuesto, estamos hablando de una ley que no es solamente -como se mencionaba el martes pasado- para la soja. Es un proyecto de ley que tiene que ver con todas las semillas de nuestro país. Es decir, con las semillas transgénicas, las híbridas y también con las nativas, las criollas y aquellas que tienen otras formas de producción, que no necesariamente tienen que ver con lo que en gran parte y hegemónicamente se estuvo discutiendo aquí, tanto el martes pasado como hoy.
Esta ilegalización de prácticas aumenta la criminalización y la penalización de los productores. Los que más van a sufrir estos embates de la penalización son por supuesto los campesinos indígenas y los productores de la agricultura familiar. Para saber que esto ocurre, basta con ver ejemplos de otros países. Por ejemplo, el caso colombiano, con la aplicación de la resolución 970, que llevó al decomiso de campos y lugares de acopio, la criminalización e incluso el encarcelamiento de productores. Pero también hubo situaciones en otros países, como Canadá y Estados Unidos, donde productores han sido juzgados por utilizar semillas que fueron contaminadas por semillas transgénicas y los obligaron a pagar.
Por último, entendemos que no hay demostración fehaciente de que el desarrollo y la innovación tecnológica dependan de la garantía de retornos económicos por parte de las empresas. La mayor parte de las experiencias de mejoramiento se realiza in situ, por parte de los agricultores y en la producción de conocimiento público.
Por eso entendemos que la única vía real de independencia en materia de semillas es el fortalecimiento de la investigación pública. Pero también es necesario debatir qué tipo de investigación pública queremos producir.
Desde nuestra concepción, deber ser una investigación pública que se enfoque en la aplicación de medidas de resguardo y fomento de las comunidades y los agricultores que realizan día a día el mejoramiento de nuestras variedades. Sin agricultores y sin familias campesinas indígenas en el territorio no habrá diversidad ni mejoramiento.
Por lo tanto, entendemos que el rol de nuestro Estado, debe ser la promoción y protección de este sector. En ese sentido, debe establecer los controles debidos para evitar la concentración productiva de la que tanto se habló pero también la biopiratería, que tiene que ver con el robo de saberes.
El rol de Estado debe estar a favor de este tipo de protección y no a favor de la preservación de los intereses económicos corporativos. (Aplausos).
En primer lugar, voy a repetir algo que ya dijo Carla porque me parece que es importante. Nosotros entendemos que el debate de una ley de semillas es mucho más que la discusión de un mero cambio legal o una disyuntiva técnico productiva. En efecto, tiene que ver con discutir el modelo agrario y, por lo tanto, el proyecto de país.
En ese sentido, entendemos que el debate de la ley de semillas es profundamente político, por lo que deben ser parte todas las voces. No me refiero sólo a los actores del campo -como mencionaba Carla-, muchos de los cuales son invisibilizados y no participan de este debate, sino también, y fundamentalmente, a quienes vivimos en las ciudades y consumimos alimentos.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y, por lo tanto, todo lo que pase con ellas repercute directamente sobre los alimentos que consumimos, sobre sus precios y su calidad, pero también sobre la soberanía de esos alimentos y sobre quién decide qué se produce y qué se consume en nuestro país.
Asimismo, entendemos que las semillas son fuente de vida y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos discutiendo es la propiedad intelectual sobre la vida, es decir, la apropiación sobre formas de vida. No podemos soslayar eso al momento de discutir una ley de semillas o cualquier otro tema que ataña a las semillas en general y a su propiedad intelectual en particular.
La semilla es base de la biodiversidad. La diversidad genética de todos los cultivos conocidos es el producto de un trabajo milenario de nuestros pueblos. El avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no ha demostrado haber contribuido al aumento de esta diversidad sino todo lo contrario. La mayor pérdida de biodiversidad genética agrícola se ha producido luego de la implementación de este tipo de lógicas de apropiación privada del trabajo colectivo histórico que los pueblos han realizado.
En ese sentido, voy a mencionar simplemente algunos de los puntos que para nosotros son críticos a la hora de discutir una ley de semillas. En un volante que haremos circular está un poco más explayada nuestra posición.
El primer punto tiene que ver con el corazón del debate: el uso propio. Entendemos que desde el comienzo de la agricultura, los productores y las productoras han seleccionado, guardado, intercambiado, producido y reproducido sus semillas de manera libre, sin que hubiese restricción alguna y manteniendo el control de éstas. Por lo tanto, entendemos que este debate del uso propio tiene que ver con una práctica milenaria de los productores, que es constitutiva del ser agricultor.
En consecuencia, entendemos claramente que esto se trata de un derecho de los agricultores y nos parece inadmisible que deje de ser un derecho para pasar a ser una excepción.
Entonces, para nosotros el derecho de los agricultores debe ser gratuito y libre. No se trata solamente de un debate económico, es decir, si se gana más o menos plata con el uso propio oneroso o no; por el contrario, tiene que ver con el resguardo de esta práctica milenaria de los agricultores.
Además, entendemos que esta discusión del uso propio en los términos en los que se está planteando viola tratados y acuerdos internacionales de los que Argentina es signataria, como por ejempl, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio sobre la Diversidad Biológica e, incluso, el tratado de la UPOV 78.
Por lo tanto, entendemos que lo que se está discutiendo es meter a la Argentina -sin debatirlo en esos términos- a UPOV 91.
La discusión de la restricción del uso propio aumenta la dependencia de los productores con las grandes empresas, lo que conlleva la pérdida de autonomía de dichos productores. Además, los saca del lugar que históricamente han tenido, como productores y reproductores de semillas, y los pone en el lugar de meros usuarios de semillas.
Además, con el aumento de la propiedad intelectual, de las patentes y el derecho del obtentor, los pone como simples arrendatarios del germoplasma que las empresas desarrollan y los limita a ser productores que simplemente alquilan.
Esto además me lleva al segundo elemento, que tiene que ver con que esta discusión legaliza e ilegaliza prácticas.
Entre las prácticas que ilegaliza están, por ejemplo, las ferias de intercambio de semillas que se realizan en gran parte de nuestro país.Por supuesto, estamos hablando de una ley que no es solamente -como se mencionaba el martes pasado- para la soja. Es un proyecto de ley que tiene que ver con todas las semillas de nuestro país. Es decir, con las semillas transgénicas, las híbridas y también con las nativas, las criollas y aquellas que tienen otras formas de producción, que no necesariamente tienen que ver con lo que en gran parte y hegemónicamente se estuvo discutiendo aquí, tanto el martes pasado como hoy.
Esta ilegalización de prácticas aumenta la criminalización y la penalización de los productores. Los que más van a sufrir estos embates de la penalización son por supuesto los campesinos indígenas y los productores de la agricultura familiar. Para saber que esto ocurre, basta con ver ejemplos de otros países. Por ejemplo, el caso colombiano, con la aplicación de la resolución 970, que llevó al decomiso de campos y lugares de acopio, la criminalización e incluso el encarcelamiento de productores. Pero también hubo situaciones en otros países, como Canadá y Estados Unidos, donde productores han sido juzgados por utilizar semillas que fueron contaminadas por semillas transgénicas y los obligaron a pagar.
Por último, entendemos que no hay demostración fehaciente de que el desarrollo y la innovación tecnológica dependan de la garantía de retornos económicos por parte de las empresas. La mayor parte de las experiencias de mejoramiento se realiza in situ, por parte de los agricultores y en la producción de conocimiento público.
Por eso entendemos que la única vía real de independencia en materia de semillas es el fortalecimiento de la investigación pública. Pero también es necesario debatir qué tipo de investigación pública queremos producir.
Desde nuestra concepción, deber ser una investigación pública que se enfoque en la aplicación de medidas de resguardo y fomento de las comunidades y los agricultores que realizan día a día el mejoramiento de nuestras variedades. Sin agricultores y sin familias campesinas indígenas en el territorio no habrá diversidad ni mejoramiento.
Por lo tanto, entendemos que el rol de nuestro Estado, debe ser la promoción y protección de este sector. En ese sentido, debe establecer los controles debidos para evitar la concentración productiva de la que tanto se habló pero también la biopiratería, que tiene que ver con el robo de saberes.
El rol de Estado debe estar a favor de este tipo de protección y no a favor de la preservación de los intereses económicos corporativos. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra la señora Margarita Gómez.
SRA. GÓMEZ Señor presidente: buenas tardes a todas y todos.
Mi nombre es Margarita Gómez, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y vengo en representación de las organizaciones.
En primer lugar quiero decir que, lamentablemente vemos muy pocas organizaciones sentadas a la mesa. Todos son empresarios. Pero tampoco vemos a muchas empresarias mujeres, como expresaba mi compañera. Por eso, nosotras hemos decidido ser la voz de esas mujeres a las que no se les da la oportunidad.
¿Qué son las semillas para nosotros? En mi mano tengo una semilla que se ha venido mejorando en los territorios y no entre cuatro paredes.
Estamos discutiendo una ley de semillas y solamente se habla de plata. No estamos hablando de la alimentación de nuestros pueblos, cuando no todos los argentinos pueden comer un plato de comida todos los días.
Pero, lamentablemente, en lugar de estar discutiendo cómo vamos a hacer para que se acabe el hambre en Argentina, estamos discutiendo si vamos a hacer más plata o no.
¿Qué son las semillas para nosotros? El otro día hemos tenido una actividad en la cual participaron más de cien jóvenes de la agricultura campesina y familiar. Entre muchas otras cosas, dijimos que para nosotros las semillas son el encuentro con nuestros antepasados, con el futuro y el presente. Para nosotros eso es lo que representan las semillas. Esto les tiene que quedar bien claro al Estado argentino, a los legisladores y legisladoras; porque siempre se habla del hombre y nunca de la mujer.
Entonces nosotros nos vamos a referir a esa mujer. Hace alrededor de 10.000 años nuestras mujeres, nuestras antepasadas fueron las que descubrieron estas semillas de las que hoy, hace diez días están hablando.
Hace diez días fuimos convocados algunos, no todos, a hablar de una ley de semillas. La ley de semillas tiene que ser discutida en las bases, en la comunidad y en el territorio. Les aseguro que la mayoría de los que están aquí, lo único que hacen es hablar por teléfono al que está en el campo y decirles qué tienen que hacer. (Aplausos.)
Según la FAO, están tirando 500 millones de litros de glifosato en los campos. ¡Ahí vivimos nosotros, ahí! Hoy, en vez de llover agua llueve veneno. ¿Eso es lo que queremos para nuestro futuro? ¿Enfermedades? En la FAO y en la CELAC la Argentina habla de la agroecología. ¿De qué agroecología habla? ¿De una agroecología llena de veneno? ¿De eso estamos hablando?
El otro día la Argentina firmó un convenio en donde decía que las semillas tienen que ser nativas, que tiene que ser una casa de semillas. Pero hoy en este lugar nos encontramos hablando de cuánta platas vamos a hacer. No estamos pensando en nuestro futuro ni en el de nuestros hijos y nietos. No, estamos pensando el hoy.
Toda la tecnología está sacada de nuestras universidades públicas, del conocimiento de nuestros ancestros. ¿De qué cosa privada me están hablando si la mayoría de nuestros investigadores son de nuestras universidades? Van a nuestro territorio con mentiras y nos sacan la semilla.
El 75 por ciento de las semillas nativas y miles de otras -que no son alimento para ustedes, pero que sí son alimento para nosotros- se han perdido durante 60 años, cuando hemos venido mejorando durante 10.000 años nuestras semillas en nuestro territorio. ¡Miles y millones de variedades de las cuales en 60 años se ha perdido el 70 por ciento! Señoras legisladoras y señores legisladores del Congreso: ¡estamos hablando de 10.000 años! Y queremos agarrar y tirar al tacho de la basura.
Nosotras y nosotros proponemos, decimos y exigimos que las semillas tienen que estar en manos de las comunidades campesinas, de nuestras campesinas, porque de esa forma vamos a poder hablar que en la Argentina no va a haber más hambrientos.
El 75 por ciento de los alimentos producidos en el mundo son de las comunidades, son de nosotras y nosotros, principalmente de las mujeres. Nosotros vamos a ser los guardianes de las semillas. Que les quede muy en claro. Nosotras vamos a dar la vida por nuestras semillas. Estamos hablando de una ley de semillas y no estamos hablando de la ley histórica de la agricultura familiar campesino-indígena, que se ha presentado y que está aprobada.
Pero no, claro que lo que les importa son las transnacionales, lo que les importa es un puñado de empresarios que lo único que hacen es envenenarnos todos los días.
¿Qué futuro necesitamos? ¿Qué más quieren que hagamos las comunidades indígenas, que siempre hemos sido ignoradas? ¿Que nos pongamos de rodillas frente a la Casa Rosada? ¿Que nos pongamos de rodillas aquí, frente a ustedes? No, señoras y señores. ¡Nosotras y nosotros, como desde hace diez mil años, vamos a defender el territorio y vayan sabiendo que en nuestros territorios las semillas van a ser defendidas, que ninguna ley nos va a decir que sigamos mejorando como hace diez mil años, porque no se crean que ustedes comen únicamente soja o trigo! Miles de variedades de alimentos comemos en el mundo y aquí, en la Argentina.
Entonces les vamos a decir a los legisladores, a las mujeres legisladoras, que sus ancestros son las que mejoraron estas semillas de las cuales hoy un puñado de empresas transnacionales se quiere adueñar. No lo vamos a permitir. Por eso les decimos que vayan a los territorios. No estamos en contra del desarrollo, como afirman algunos que podrán decir que seguimos en el pasado. Pero ese pasado nos va a permitir que en la Argentina y en el mundo sigamos comiendo alimentos sanos. (Aplausos.) Sr. Presidente (Alegre).- Tienen la palabra el representante de la Federación Agraria.
Mi nombre es Margarita Gómez, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y vengo en representación de las organizaciones.
En primer lugar quiero decir que, lamentablemente vemos muy pocas organizaciones sentadas a la mesa. Todos son empresarios. Pero tampoco vemos a muchas empresarias mujeres, como expresaba mi compañera. Por eso, nosotras hemos decidido ser la voz de esas mujeres a las que no se les da la oportunidad.
¿Qué son las semillas para nosotros? En mi mano tengo una semilla que se ha venido mejorando en los territorios y no entre cuatro paredes.
Estamos discutiendo una ley de semillas y solamente se habla de plata. No estamos hablando de la alimentación de nuestros pueblos, cuando no todos los argentinos pueden comer un plato de comida todos los días.
Pero, lamentablemente, en lugar de estar discutiendo cómo vamos a hacer para que se acabe el hambre en Argentina, estamos discutiendo si vamos a hacer más plata o no.
¿Qué son las semillas para nosotros? El otro día hemos tenido una actividad en la cual participaron más de cien jóvenes de la agricultura campesina y familiar. Entre muchas otras cosas, dijimos que para nosotros las semillas son el encuentro con nuestros antepasados, con el futuro y el presente. Para nosotros eso es lo que representan las semillas. Esto les tiene que quedar bien claro al Estado argentino, a los legisladores y legisladoras; porque siempre se habla del hombre y nunca de la mujer.
Entonces nosotros nos vamos a referir a esa mujer. Hace alrededor de 10.000 años nuestras mujeres, nuestras antepasadas fueron las que descubrieron estas semillas de las que hoy, hace diez días están hablando.
Hace diez días fuimos convocados algunos, no todos, a hablar de una ley de semillas. La ley de semillas tiene que ser discutida en las bases, en la comunidad y en el territorio. Les aseguro que la mayoría de los que están aquí, lo único que hacen es hablar por teléfono al que está en el campo y decirles qué tienen que hacer. (Aplausos.)
Según la FAO, están tirando 500 millones de litros de glifosato en los campos. ¡Ahí vivimos nosotros, ahí! Hoy, en vez de llover agua llueve veneno. ¿Eso es lo que queremos para nuestro futuro? ¿Enfermedades? En la FAO y en la CELAC la Argentina habla de la agroecología. ¿De qué agroecología habla? ¿De una agroecología llena de veneno? ¿De eso estamos hablando?
El otro día la Argentina firmó un convenio en donde decía que las semillas tienen que ser nativas, que tiene que ser una casa de semillas. Pero hoy en este lugar nos encontramos hablando de cuánta platas vamos a hacer. No estamos pensando en nuestro futuro ni en el de nuestros hijos y nietos. No, estamos pensando el hoy.
Toda la tecnología está sacada de nuestras universidades públicas, del conocimiento de nuestros ancestros. ¿De qué cosa privada me están hablando si la mayoría de nuestros investigadores son de nuestras universidades? Van a nuestro territorio con mentiras y nos sacan la semilla.
El 75 por ciento de las semillas nativas y miles de otras -que no son alimento para ustedes, pero que sí son alimento para nosotros- se han perdido durante 60 años, cuando hemos venido mejorando durante 10.000 años nuestras semillas en nuestro territorio. ¡Miles y millones de variedades de las cuales en 60 años se ha perdido el 70 por ciento! Señoras legisladoras y señores legisladores del Congreso: ¡estamos hablando de 10.000 años! Y queremos agarrar y tirar al tacho de la basura.
Nosotras y nosotros proponemos, decimos y exigimos que las semillas tienen que estar en manos de las comunidades campesinas, de nuestras campesinas, porque de esa forma vamos a poder hablar que en la Argentina no va a haber más hambrientos.
El 75 por ciento de los alimentos producidos en el mundo son de las comunidades, son de nosotras y nosotros, principalmente de las mujeres. Nosotros vamos a ser los guardianes de las semillas. Que les quede muy en claro. Nosotras vamos a dar la vida por nuestras semillas. Estamos hablando de una ley de semillas y no estamos hablando de la ley histórica de la agricultura familiar campesino-indígena, que se ha presentado y que está aprobada.
Pero no, claro que lo que les importa son las transnacionales, lo que les importa es un puñado de empresarios que lo único que hacen es envenenarnos todos los días.
¿Qué futuro necesitamos? ¿Qué más quieren que hagamos las comunidades indígenas, que siempre hemos sido ignoradas? ¿Que nos pongamos de rodillas frente a la Casa Rosada? ¿Que nos pongamos de rodillas aquí, frente a ustedes? No, señoras y señores. ¡Nosotras y nosotros, como desde hace diez mil años, vamos a defender el territorio y vayan sabiendo que en nuestros territorios las semillas van a ser defendidas, que ninguna ley nos va a decir que sigamos mejorando como hace diez mil años, porque no se crean que ustedes comen únicamente soja o trigo! Miles de variedades de alimentos comemos en el mundo y aquí, en la Argentina.
Entonces les vamos a decir a los legisladores, a las mujeres legisladoras, que sus ancestros son las que mejoraron estas semillas de las cuales hoy un puñado de empresas transnacionales se quiere adueñar. No lo vamos a permitir. Por eso les decimos que vayan a los territorios. No estamos en contra del desarrollo, como afirman algunos que podrán decir que seguimos en el pasado. Pero ese pasado nos va a permitir que en la Argentina y en el mundo sigamos comiendo alimentos sanos. (Aplausos.) Sr. Presidente (Alegre).- Tienen la palabra el representante de la Federación Agraria.
SR. SOLMI. Buenas tardes. Soy Jorge Solmi, director de la Federación Agraria y coordinador de la Comisión de Semillas de la Federación Agraria. Me acompaña el ingeniero Garzia, también compañero de dicha comisión.
Nuestra entidad tiene 103 años. Nació en 1912, producto del Grito de Alcorta. La integran alrededor de 600 entidades de base, entre cooperativas, filiales, centros juveniles y grupos de mujeres.
Es un poco complicado resumir en doce minutos quince años de discusión en materia de semillas y un año muy traumático, como el actual. Nosotros llegamos por fin al Congreso de la Nación luego de todas estas discusiones y hoy vemos acá muchas caras conocidas. Desde mi pasada experiencia como legislador en la provincia de Buenos Aires, llamo a la reflexión a los legisladores presentes, porque estamos discutiendo una futura ley y cuando le toca a uno componer un proyecto de ley siempre mira a sus orígenes, que no son solamente políticos. Por eso estas reflexiones son de alguien que, sin ninguna duda, representa las tradiciones argentinas.
La primera premisa de nuestra exposición es explicar la situación en la que estamos y luego el ingeniero Garzia brindará la explicación de nuestra propuesta. La cuestión de semillas es primordial. Nosotros estamos ya en una situación en la cual se está haciendo agricultura prácticamente sin tierra. Con la hidroponia se está haciendo agricultura casi sin agricultores; de hecho, no hablamos de los agricultores en ninguna de las exposiciones que se hicieron. Pero no se puede hacer agricultura sin semillas.
Mi primer abordaje para explicar la situación en la que estamos es desde nuestro Código Civil y Comercial, que establece a partir de cuándo entran en vigencia las leyes.
Se habla del octavo día a partir de su publicación.
En la resolución 140 de este año, un poco después de la cosecha, el 13 abril, el Ministerio de Agroindustria consideraba que era absolutamente ilegal cualquier sistema de análisis que no hubiese estado autorizado por el gobierno. Esto en el marco de una medida de la empresa Monsanto que había obtenido la conformidad por parte de los exportadores para que se analice toda la soja que pasaba por sus instalaciones, a cambio de poder recibir de la empresa el certificado de bioinocuidad que necesita todo exportador para exportar a China.
Esta situación provocó que en 2014 nosotros hiciéramos una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia, en la que nos acompañaron varias entidades y luego, en 2016, se nos unió la Sociedad Rural Argentina. Poco después, el día 22 de ese mismo mes, el ministerio firma esta resolución por la cual se forma una comisión para aprobar un sistema que tiene un comité evaluador, justamente del sistema de detección en grano de secuencias de ADN o proteínas específicas. Este comité está integrado por el INTA, el INASE y el SENASA pero también prevé que se pueda invitar a otras entidades -a los productores no nos han invitado- y que se pueda convocar a expertos adicionales -tampoco nos convocaron para aportar nuestros expertos. Finalmente, la última resolución, la 207, crea un poco más de confusión a la situación del INASE.
La resolución 207 del INASE se refiere a la resolución 187, que había sido aprobada el 15 junio del año pasado. Para mejorar el control de uso propio en el marco de la ley 20.247, sobre semillas, el INASE podía tener la posibilidad de hacer convenios con entidades públicas y, además, la información sería de uso exclusivo por parte del instituto. Esto entraría en vigencia no a los ocho días sino al día siguiente de su publicación. Nos damos cuenta de ello cuando entramos a la página de Monsanto. Esta empresa a nosotros nos reclamaba una patente, protegida por ley de patentes.
Monsanto nos dice que es parte de la resolución 207 -esta resolución se refiere a uso propio en materia de semillas-, que había hecho un acuerdo con el gobierno, que éste se había comprometido a que debían respetarse los acuerdos privados que nosotros habíamos denunciado en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Además, el gobierno se comprometía a hacer dos cosas para fortalecer al INASE: nombrar el directorio y aportar los recursos, lo que hasta el momento no ha sucedido.
Allí hay una larga explicación y una interpretación de Monsanto sobre qué es la resolución 207 y lo que podemos destacar es que Monsanto dice que, en primer lugar, va a seguir emitiendo facturas de 15 dólares por tonelada por sus patentes, en virtud de la resolución 207. Además, que todo lo realizado por Monsanto hasta el momento tiene plena validez, plantea su información oficial, y que van a ser analizados todos los camiones que entren de la campaña 2015 y 2016, no ya con vistas hacia adelante sino de manera retroactiva.
También nos informa Monsanto que había hecho un convenio con Biotech, que es un una institución integrada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Biotech transformó esa resolución 207, de siete artículos, en un complejo manual de procedimientos de 18 páginas. Imaginen ustedes el procedimiento para manejar una carta de porte de 55 millones de toneladas de soja, cada una en camiones de 30 toneladas, o sea 55 millones dividido 30; cada una de las cartas de porte va a tener ese procedimiento.
Cuando nos preguntamos cómo lo sabía Biotech, vimos un video explicativo del test. Esto está en la página, si ustedes hacen clic en el video aparece esto que ven aquí. Es para identificar el gen intacta RR2PRO y no tiene nada que ver con el uso propio de semillas de la ley 20.247. Siempre Monsanto nos dijo que se regía por la ley de patentes, por lo tanto, no se aplicaba la ley de semillas. Entonces, no entendemos esta situación. Recomiendo que vean el video, que es bastante largo y que plantea cómo se hace el análisis.
Allí, se explica que el análisis de cada uno de los camiones tarda diez minutos en realizarse. Imaginen entonces, lo que implica realizar el análisis de 40 millones de toneladas. Se tardaría unos 227 mil días de trabajo para hacer esos test.
¿Qué planteamos con esto? Lo que se señalaba aquí. Es decir, que debemos tener un marco legal adecuado donde no solamente esté en discusión si la tecnología se paga o no se paga, porque ya se dijo muy claramente que un kilo de maíz vale cuarenta veces menos que un kilo de semilla de maíz, y que un kilo de soja vale cuatro veces menos que un kilo de semilla de soja.
La situación es cómo nos damos una normativa que nos permita pensar de aquí a veinte años hacia adelante para poder salir de este problema.
Hoy bromeábamos con el presidente de la comisión, Gilberto Alegre, y le decía que no mi iba a afeitar hasta que saliera la ley de semillas. Él me dijo que iba a parecer uno de los dirigentes de las organizaciones sociales, que tienen una barba copiosa.
Para nosotros es importantísimo dar fin a esta situación, porque en la próxima campaña nos vamos a ver con este mismo problema. Vamos a tener 40 o 50 millones de toneladas escaneadas, con un costo adicional enorme, que vamos a pagar los productores -que somos tomadores de costos- y nuevamente, no vamos a saber cómo salir de ese brete.
Desde 2014 que presentamos la denuncia, no se ha resuelto.
Nuestra entidad es una de las que ha presentado uno de los nueve proyectos de ley que están hoy en discusión.
El ingeniero Garzia va a hacer un resumen de los considerandos.
Nuestra entidad tiene 103 años. Nació en 1912, producto del Grito de Alcorta. La integran alrededor de 600 entidades de base, entre cooperativas, filiales, centros juveniles y grupos de mujeres.
Es un poco complicado resumir en doce minutos quince años de discusión en materia de semillas y un año muy traumático, como el actual. Nosotros llegamos por fin al Congreso de la Nación luego de todas estas discusiones y hoy vemos acá muchas caras conocidas. Desde mi pasada experiencia como legislador en la provincia de Buenos Aires, llamo a la reflexión a los legisladores presentes, porque estamos discutiendo una futura ley y cuando le toca a uno componer un proyecto de ley siempre mira a sus orígenes, que no son solamente políticos. Por eso estas reflexiones son de alguien que, sin ninguna duda, representa las tradiciones argentinas.
La primera premisa de nuestra exposición es explicar la situación en la que estamos y luego el ingeniero Garzia brindará la explicación de nuestra propuesta. La cuestión de semillas es primordial. Nosotros estamos ya en una situación en la cual se está haciendo agricultura prácticamente sin tierra. Con la hidroponia se está haciendo agricultura casi sin agricultores; de hecho, no hablamos de los agricultores en ninguna de las exposiciones que se hicieron. Pero no se puede hacer agricultura sin semillas.
Mi primer abordaje para explicar la situación en la que estamos es desde nuestro Código Civil y Comercial, que establece a partir de cuándo entran en vigencia las leyes.
Se habla del octavo día a partir de su publicación.
En la resolución 140 de este año, un poco después de la cosecha, el 13 abril, el Ministerio de Agroindustria consideraba que era absolutamente ilegal cualquier sistema de análisis que no hubiese estado autorizado por el gobierno. Esto en el marco de una medida de la empresa Monsanto que había obtenido la conformidad por parte de los exportadores para que se analice toda la soja que pasaba por sus instalaciones, a cambio de poder recibir de la empresa el certificado de bioinocuidad que necesita todo exportador para exportar a China.
Esta situación provocó que en 2014 nosotros hiciéramos una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia, en la que nos acompañaron varias entidades y luego, en 2016, se nos unió la Sociedad Rural Argentina. Poco después, el día 22 de ese mismo mes, el ministerio firma esta resolución por la cual se forma una comisión para aprobar un sistema que tiene un comité evaluador, justamente del sistema de detección en grano de secuencias de ADN o proteínas específicas. Este comité está integrado por el INTA, el INASE y el SENASA pero también prevé que se pueda invitar a otras entidades -a los productores no nos han invitado- y que se pueda convocar a expertos adicionales -tampoco nos convocaron para aportar nuestros expertos. Finalmente, la última resolución, la 207, crea un poco más de confusión a la situación del INASE.
La resolución 207 del INASE se refiere a la resolución 187, que había sido aprobada el 15 junio del año pasado. Para mejorar el control de uso propio en el marco de la ley 20.247, sobre semillas, el INASE podía tener la posibilidad de hacer convenios con entidades públicas y, además, la información sería de uso exclusivo por parte del instituto. Esto entraría en vigencia no a los ocho días sino al día siguiente de su publicación. Nos damos cuenta de ello cuando entramos a la página de Monsanto. Esta empresa a nosotros nos reclamaba una patente, protegida por ley de patentes.
Monsanto nos dice que es parte de la resolución 207 -esta resolución se refiere a uso propio en materia de semillas-, que había hecho un acuerdo con el gobierno, que éste se había comprometido a que debían respetarse los acuerdos privados que nosotros habíamos denunciado en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Además, el gobierno se comprometía a hacer dos cosas para fortalecer al INASE: nombrar el directorio y aportar los recursos, lo que hasta el momento no ha sucedido.
Allí hay una larga explicación y una interpretación de Monsanto sobre qué es la resolución 207 y lo que podemos destacar es que Monsanto dice que, en primer lugar, va a seguir emitiendo facturas de 15 dólares por tonelada por sus patentes, en virtud de la resolución 207. Además, que todo lo realizado por Monsanto hasta el momento tiene plena validez, plantea su información oficial, y que van a ser analizados todos los camiones que entren de la campaña 2015 y 2016, no ya con vistas hacia adelante sino de manera retroactiva.
También nos informa Monsanto que había hecho un convenio con Biotech, que es un una institución integrada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Biotech transformó esa resolución 207, de siete artículos, en un complejo manual de procedimientos de 18 páginas. Imaginen ustedes el procedimiento para manejar una carta de porte de 55 millones de toneladas de soja, cada una en camiones de 30 toneladas, o sea 55 millones dividido 30; cada una de las cartas de porte va a tener ese procedimiento.
Cuando nos preguntamos cómo lo sabía Biotech, vimos un video explicativo del test. Esto está en la página, si ustedes hacen clic en el video aparece esto que ven aquí. Es para identificar el gen intacta RR2PRO y no tiene nada que ver con el uso propio de semillas de la ley 20.247. Siempre Monsanto nos dijo que se regía por la ley de patentes, por lo tanto, no se aplicaba la ley de semillas. Entonces, no entendemos esta situación. Recomiendo que vean el video, que es bastante largo y que plantea cómo se hace el análisis.
Allí, se explica que el análisis de cada uno de los camiones tarda diez minutos en realizarse. Imaginen entonces, lo que implica realizar el análisis de 40 millones de toneladas. Se tardaría unos 227 mil días de trabajo para hacer esos test.
¿Qué planteamos con esto? Lo que se señalaba aquí. Es decir, que debemos tener un marco legal adecuado donde no solamente esté en discusión si la tecnología se paga o no se paga, porque ya se dijo muy claramente que un kilo de maíz vale cuarenta veces menos que un kilo de semilla de maíz, y que un kilo de soja vale cuatro veces menos que un kilo de semilla de soja.
La situación es cómo nos damos una normativa que nos permita pensar de aquí a veinte años hacia adelante para poder salir de este problema.
Hoy bromeábamos con el presidente de la comisión, Gilberto Alegre, y le decía que no mi iba a afeitar hasta que saliera la ley de semillas. Él me dijo que iba a parecer uno de los dirigentes de las organizaciones sociales, que tienen una barba copiosa.
Para nosotros es importantísimo dar fin a esta situación, porque en la próxima campaña nos vamos a ver con este mismo problema. Vamos a tener 40 o 50 millones de toneladas escaneadas, con un costo adicional enorme, que vamos a pagar los productores -que somos tomadores de costos- y nuevamente, no vamos a saber cómo salir de ese brete.
Desde 2014 que presentamos la denuncia, no se ha resuelto.
Nuestra entidad es una de las que ha presentado uno de los nueve proyectos de ley que están hoy en discusión.
El ingeniero Garzia va a hacer un resumen de los considerandos.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el ingeniero Ricardo Garzia.
SR. GARZIA Señor presidente: soy director de Federación Agraria Argentina, dirigente cooperativo y miembro de la Comisión de Semillas de la Federación Agraria.
Como tengo poco tiempo para exponer, solo voy a enumerar los puntos del proyecto que hemos presentado.
Sin embargo, antes quiero decir que el proyecto que presentó Federación Agraria fue redactado con organizaciones de ingenieros agrónomos, con cooperativas, con cámaras de semilleros y se nutrió de la letra de muchos referentes legales en agrobiotecnología, como el doctor Casella, el doctor Pérez Miranda y el doctor Salvador Darío Bergel, a quienes consideramos autoridades en la materia.
Los principales puntos del proyecto presentado por nosotros son: propiciar que la nueva ley que rija los destinos de los próximos 20 o 30 años en la Argentina, esté adscripta a UPOV 78; que tenga una aclaración suficiente entre la interfaz del derecho de patentes y el derecho de obtentor; que pueda modernizar las definiciones de la ley, acorde al desarrollo agrícola regional y al marco internacional; que pueda de una vez por todas -ya que hoy el INASE todavía no tiene conformado su directorio- redefinir el rol del INASE y le dé la importancia que tiene.
Dentro de los principales puntos también está la declaración de invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas. Por eso hemos ido a la comisión de defensa de la competencia y seguimos esperando la definición negativa o positiva, pero definición al fin.
También proponemos que se incorporen las normas antimonopólicas, como las licencias obligatorias Y que se mejore la estructura institucional de la CONASE y el Consejo.
Por otro lado, nuestro proyecto es el único que crea el Consejo Federal de Semillas, algo muy importante porque le da un marco nacional y federal. De esta manera la ley de semillas sale de la lógica del trigo y la soja y tiene un sentido más amplio que el que nos trajo y nos puso en esta silla hoy.
Por supuesto, tiene la parte de definiciones, como la definición de obtención vegetal, usuario, uso propio, variedad vegetal y agricultura familiar.
Propone un marco regulatorio eficaz, nuevamente con el rol del INASE; la delimitación clara de funciones; la creación del Consejo Federal de Semillas y la debida alineación con los marcos internacionales del CDB -Convenio sobre Diversidad Biológica-, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA.
Por supuesto, deben delimitarse claramente las funciones y el rol del INASE en el control de la semilla. Debe determinarse su poder de policía; establecer claramente cuáles son los elementos para determinar y otorgar títulos, y el marco de oposiciones al otorgamiento.
En relación con el rol de la CONASE, proponemos una modificación a la actual conformación respecto de su carácter de asesor. Sugerimos un cambio en sus miembros para mejorar las mayorías públicas y de las entidades sectoriales, incorporando semilleros multiplicadores. Creo que éstos son actores hoy ignorados.
Asimismo, proponemos la creación del Consejo Federal de Semillas que estará conformado por mesas. Así como hay mesas por la Ley Ovina Nacional, debe haber mesas de discusión sobre el tema de las semillas en cada capital de provincia, en la que participen todas las organizaciones de campesinos, el INTA, las universidades, las legislaturas y las entidades de productores existentes en cada lugar de la República Argentina.
El inciso j) del artículo 5° del estatuto de la Federación Agraria Argentina modificado en el año 2011 dice que esta federación promueve y defiende el uso propio de la semilla como vehículo para afianzar la soberanía alimentaria. Se los puedo recitar porque estuve involucrado en su redacción. Nuestra postura es la de mantener el uso propio gratuito.
Hay una modificación que hemos introducido en ese sentido. Nosotros proponemos que se mantenga el derecho del uso propio y que haya una excepción para productores que superan una determinada cantidad de tonelaje. Eso lo hacemos para, de alguna manera, diferenciar a los pequeños y medianos productores en la cuestión del uso propio gratuito de la semilla.
También creemos que es indispensable que se incluya en el texto de la ley la declaración de orden público y la inderogabilidad e invalidez de cláusulas contrarias.
Lo que nos ha traído a esta reunión es que creemos que, repito, un sistema de encadenamiento contractual ilegal ha forzado a toda la cadena comercial de la República Argentina a pagar un canon de producción por un insumo que solamente participa en el 9 por ciento del costo de la hectárea.
En cuanto a la excepción del fitomejorador, pensamos que es muy válido que se mantenga como está en la ley 20.247. Luego viene toda la parte de sanciones.
Voy a repetir lo siguiente ya que para nosotros es central: el uso propio de la semilla en los casos donde exista patente; el agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla; las licencias obligatorias también como forma de contrarrestar el enorme proceso de concentración que hay en el mercado de semillas de la República Argentina y licencias obligatorias para obtentores y titulares de patentes en casos como falta de explotación o de negativa a negociar por licencias.
Una reflexión final: desde la Federación Agraria Argentina queremos decir que cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, arruina la sociedad, condena al hombre y lo convierte en esclavo.
Respecto al tema que estamos discutiendo aquí, para nosotros es central que la ley de semillas contenga a los productores.
Aquí, muchos oradores han hablado de la cantidad de hectáreas, de la cantidad de producto y de la productividad por hectárea. Pero yo les puedo decir que la cantidad de semilleros que había hace veinte años era el quíntuple de la que hay ahora y que había 400.000 o 450.000 productores y hoy hay 200.000.
Entonces, nosotros nos preguntamos para quién es toda esta marea de propender a la inversión.
Por último, si estamos pensando en que debemos tener un marco jurídico para que vengan las inversiones a la República Argentina, no podemos estar como Estado siendo funcionales a los que están contraviniendo el marco jurídico de la Nación. (Aplausos).
Como tengo poco tiempo para exponer, solo voy a enumerar los puntos del proyecto que hemos presentado.
Sin embargo, antes quiero decir que el proyecto que presentó Federación Agraria fue redactado con organizaciones de ingenieros agrónomos, con cooperativas, con cámaras de semilleros y se nutrió de la letra de muchos referentes legales en agrobiotecnología, como el doctor Casella, el doctor Pérez Miranda y el doctor Salvador Darío Bergel, a quienes consideramos autoridades en la materia.
Los principales puntos del proyecto presentado por nosotros son: propiciar que la nueva ley que rija los destinos de los próximos 20 o 30 años en la Argentina, esté adscripta a UPOV 78; que tenga una aclaración suficiente entre la interfaz del derecho de patentes y el derecho de obtentor; que pueda modernizar las definiciones de la ley, acorde al desarrollo agrícola regional y al marco internacional; que pueda de una vez por todas -ya que hoy el INASE todavía no tiene conformado su directorio- redefinir el rol del INASE y le dé la importancia que tiene.
Dentro de los principales puntos también está la declaración de invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas. Por eso hemos ido a la comisión de defensa de la competencia y seguimos esperando la definición negativa o positiva, pero definición al fin.
También proponemos que se incorporen las normas antimonopólicas, como las licencias obligatorias Y que se mejore la estructura institucional de la CONASE y el Consejo.
Por otro lado, nuestro proyecto es el único que crea el Consejo Federal de Semillas, algo muy importante porque le da un marco nacional y federal. De esta manera la ley de semillas sale de la lógica del trigo y la soja y tiene un sentido más amplio que el que nos trajo y nos puso en esta silla hoy.
Por supuesto, tiene la parte de definiciones, como la definición de obtención vegetal, usuario, uso propio, variedad vegetal y agricultura familiar.
Propone un marco regulatorio eficaz, nuevamente con el rol del INASE; la delimitación clara de funciones; la creación del Consejo Federal de Semillas y la debida alineación con los marcos internacionales del CDB -Convenio sobre Diversidad Biológica-, el Protocolo de Nagoya y el TIRFAA.
Por supuesto, deben delimitarse claramente las funciones y el rol del INASE en el control de la semilla. Debe determinarse su poder de policía; establecer claramente cuáles son los elementos para determinar y otorgar títulos, y el marco de oposiciones al otorgamiento.
En relación con el rol de la CONASE, proponemos una modificación a la actual conformación respecto de su carácter de asesor. Sugerimos un cambio en sus miembros para mejorar las mayorías públicas y de las entidades sectoriales, incorporando semilleros multiplicadores. Creo que éstos son actores hoy ignorados.
Asimismo, proponemos la creación del Consejo Federal de Semillas que estará conformado por mesas. Así como hay mesas por la Ley Ovina Nacional, debe haber mesas de discusión sobre el tema de las semillas en cada capital de provincia, en la que participen todas las organizaciones de campesinos, el INTA, las universidades, las legislaturas y las entidades de productores existentes en cada lugar de la República Argentina.
El inciso j) del artículo 5° del estatuto de la Federación Agraria Argentina modificado en el año 2011 dice que esta federación promueve y defiende el uso propio de la semilla como vehículo para afianzar la soberanía alimentaria. Se los puedo recitar porque estuve involucrado en su redacción. Nuestra postura es la de mantener el uso propio gratuito.
Hay una modificación que hemos introducido en ese sentido. Nosotros proponemos que se mantenga el derecho del uso propio y que haya una excepción para productores que superan una determinada cantidad de tonelaje. Eso lo hacemos para, de alguna manera, diferenciar a los pequeños y medianos productores en la cuestión del uso propio gratuito de la semilla.
También creemos que es indispensable que se incluya en el texto de la ley la declaración de orden público y la inderogabilidad e invalidez de cláusulas contrarias.
Lo que nos ha traído a esta reunión es que creemos que, repito, un sistema de encadenamiento contractual ilegal ha forzado a toda la cadena comercial de la República Argentina a pagar un canon de producción por un insumo que solamente participa en el 9 por ciento del costo de la hectárea.
En cuanto a la excepción del fitomejorador, pensamos que es muy válido que se mantenga como está en la ley 20.247. Luego viene toda la parte de sanciones.
Voy a repetir lo siguiente ya que para nosotros es central: el uso propio de la semilla en los casos donde exista patente; el agotamiento de todos los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla; las licencias obligatorias también como forma de contrarrestar el enorme proceso de concentración que hay en el mercado de semillas de la República Argentina y licencias obligatorias para obtentores y titulares de patentes en casos como falta de explotación o de negativa a negociar por licencias.
Una reflexión final: desde la Federación Agraria Argentina queremos decir que cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, arruina la sociedad, condena al hombre y lo convierte en esclavo.
Respecto al tema que estamos discutiendo aquí, para nosotros es central que la ley de semillas contenga a los productores.
Aquí, muchos oradores han hablado de la cantidad de hectáreas, de la cantidad de producto y de la productividad por hectárea. Pero yo les puedo decir que la cantidad de semilleros que había hace veinte años era el quíntuple de la que hay ahora y que había 400.000 o 450.000 productores y hoy hay 200.000.
Entonces, nosotros nos preguntamos para quién es toda esta marea de propender a la inversión.
Por último, si estamos pensando en que debemos tener un marco jurídico para que vengan las inversiones a la República Argentina, no podemos estar como Estado siendo funcionales a los que están contraviniendo el marco jurídico de la Nación. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Iannizzoto.
SR. IANNIZZOTO Señor presidente: agradezco a los señores legisladores, al diputado Alegre y a la Comisión de Agricultura y Ganadería el haberme invitado como presidente del Coninagro para poder expresar nuestra posición en un tema tan importante como el que estamos tratando.
Coninagro es una entidad de tercer grado. Es una cooperativa de un conjunto de nueve federaciones, más cinco federaciones adherentes. Agrupamos a 800 cooperativas que están extendidas a lo largo y a lo ancho de todo el país y constituyen nuestra confederación aproximadamente 120.000 productores.
Lo particular y fundamental es que estamos integrados en toda la cadena. Es decir que en nuestras federaciones y en nuestra institución podemos analizar la producción, la exportación, el acopio, las multiplicaciones y los insumos.
Ese es el contexto en el cual vamos a basar nuestra breve, concreta y sintética posición frente a este proyecto de ley, entendiendo que hay muchos puntos técnicos para discutir. Pero la mirada es justamente desde la producción.
Para nuestra institución, uno de los puntos importantes es que mantenemos la misma posición que generamos desde hace más de 15 años.
Según la ley vigente, la propiedad intelectual se paga a través de la bolsa certificada.
Para las autógamas, consideramos que se debe modificar el sistema de pago.
Respecto del uso de la tecnología, todos sabemos que la mayoría de los productores cambia de variedad cada tres o cuatro años por la velocidad de la innovación. Esto nos da un parámetro y un contexto del cambio y de la periodicidad que se pueda tener en cuenta en la ley. Como entidad gremial buscamos una solución que no coarte la posibilidad que un productor tenga la tecnología de punta.
Defendemos el uso propio, para nosotros es un punto que no es negociable. La pregunta que nos hacemos acá es de dónde venimos. Les leeré lo que dice el artículo 27 de la ley 20.247 para comprender bien hacia dónde tenemos que ir para lograr un equilibrio que muchas veces es tan difícil en nuestro país.
Este artículo nos dice: "No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética."
Nuestra postura es que el uso propio no es negociable. Es un derecho del productor y no queremos que desaparezca.,El valor sí importa. Apoyamos un canon tecnológico único que incluya transgénicos y germoplasma.
El pago también importa. Para nosotros el pago es en la semilla y no en el grano y debemos pagar todos en un único sistema previsible -por supuesto lo menos posible- y que exista la excepción al pequeño productor.
El control es esencial, a través de un sistema sencillo donde el poder de fiscalización debe permanecer en el Estado, en el INASE, a través de registros y controles. Por supuesto, modernizado y a la altura de las circunstancias.
Señores legisladores: la tecnología es indispensable, necesitamos la última tecnología accesible para todos los productores porque contribuye a una producción sustentable.
Por último, expresamos la urgencia de la sanción de esta ley, ya que nos preocupa la comercialización de la campaña 2016-2017, porque vamos a vivir lo mismo que en 2015. Por lo tanto, la seriedad de la discusión y el hecho de tener en cuenta todos los elementos que se han vertido para dictar la ley previsible, moderna y sustentable que necesita nuestro país, deben combinarse con la urgencia del momento que se vive.
Coninagro es una entidad de tercer grado. Es una cooperativa de un conjunto de nueve federaciones, más cinco federaciones adherentes. Agrupamos a 800 cooperativas que están extendidas a lo largo y a lo ancho de todo el país y constituyen nuestra confederación aproximadamente 120.000 productores.
Lo particular y fundamental es que estamos integrados en toda la cadena. Es decir que en nuestras federaciones y en nuestra institución podemos analizar la producción, la exportación, el acopio, las multiplicaciones y los insumos.
Ese es el contexto en el cual vamos a basar nuestra breve, concreta y sintética posición frente a este proyecto de ley, entendiendo que hay muchos puntos técnicos para discutir. Pero la mirada es justamente desde la producción.
Para nuestra institución, uno de los puntos importantes es que mantenemos la misma posición que generamos desde hace más de 15 años.
Según la ley vigente, la propiedad intelectual se paga a través de la bolsa certificada.
Para las autógamas, consideramos que se debe modificar el sistema de pago.
Respecto del uso de la tecnología, todos sabemos que la mayoría de los productores cambia de variedad cada tres o cuatro años por la velocidad de la innovación. Esto nos da un parámetro y un contexto del cambio y de la periodicidad que se pueda tener en cuenta en la ley. Como entidad gremial buscamos una solución que no coarte la posibilidad que un productor tenga la tecnología de punta.
Defendemos el uso propio, para nosotros es un punto que no es negociable. La pregunta que nos hacemos acá es de dónde venimos. Les leeré lo que dice el artículo 27 de la ley 20.247 para comprender bien hacia dónde tenemos que ir para lograr un equilibrio que muchas veces es tan difícil en nuestro país.
Este artículo nos dice: "No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética."
Nuestra postura es que el uso propio no es negociable. Es un derecho del productor y no queremos que desaparezca.,El valor sí importa. Apoyamos un canon tecnológico único que incluya transgénicos y germoplasma.
El pago también importa. Para nosotros el pago es en la semilla y no en el grano y debemos pagar todos en un único sistema previsible -por supuesto lo menos posible- y que exista la excepción al pequeño productor.
El control es esencial, a través de un sistema sencillo donde el poder de fiscalización debe permanecer en el Estado, en el INASE, a través de registros y controles. Por supuesto, modernizado y a la altura de las circunstancias.
Señores legisladores: la tecnología es indispensable, necesitamos la última tecnología accesible para todos los productores porque contribuye a una producción sustentable.
Por último, expresamos la urgencia de la sanción de esta ley, ya que nos preocupa la comercialización de la campaña 2016-2017, porque vamos a vivir lo mismo que en 2015. Por lo tanto, la seriedad de la discusión y el hecho de tener en cuenta todos los elementos que se han vertido para dictar la ley previsible, moderna y sustentable que necesita nuestro país, deben combinarse con la urgencia del momento que se vive.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Quiero aclarar que hay dos entidades, que son CASEM y CADIA, cuya participación no fue posible, pero nos enviaron sus documentos para que los incluyamos en la versión taquigráfica.
Ahora vamos a invitar al ingeniero Santiago Casares por el caso del algodón.
Ahora vamos a invitar al ingeniero Santiago Casares por el caso del algodón.
SR. CASARES Buenas tardes, muchas gracias por esta posibilidad de presentar nuestro caso y dar nuestra opinión sobre la ley de semillas. Como dijeron varios, es un gran ejercicio de la democracia el poder expresar nuestras ideas, y creo que más importante aún es poder escuchar las de los demás.
Creo que a veces tenemos más facilidad de hablar que de escuchar y eso dificulta el diálogo. El diálogo es expresar, oír, metabolizar y a partir de ahí sacar una nueva idea.
Para nosotros, la ley de semillas es muy importante y entendemos que es fundamental para el país, para el bien común, y requiere de un muy serio análisis. Creo que este ejercicio de escuchar distintas posturas es altamente positivo.
El algodón ni se nombró y es una autógama también, por lo cual tiene las mismas características reproductivas que el trigo, la soja, la avena, la cebada, la alfalfa y muchos otros cultivos. Es un cultivo sumamente importante que ha llegado a cubrir más de un millón de hectáreas en la Argentina. Es muy importante regionalmente porque se ubica en el Norte y es muy importante culturalmente porque es propio de los pueblos del norte de nuestro país, del Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero y está expandiéndose en algunos nichos específicos. Nuestro algodón le da de comer a la industria textil argentina, con lo cual también tiene su importancia en el sector agroindustrial.
Somos un bicho raro acá porque pertenecemos a ese grupo de empresarios, emprendedores, profesionales que decidieron arriesgar y hace dos meses cerramos la compra de un semillero, el semillero Genética Mandiyú, comprado a través de Gensus S.A., que es una pyme argentina integrada por pequeños inversores argentinos liderados por la empresa de servicios Cazenave y Asociados. Lo hicimos porque estamos convencidos de que habrá una buena ley; confiamos en que se va a lograr una buena ley y por eso decidimos tomar el riesgo de participar y de tratar de agregar valor a los productores y a la industria y así agregar valor a la nación.
En la Argentina el único que realiza mejoramiento genético es el INTA. El único que genera germoplasma nuevo es el INTA. El único semillero activo de la Argentina es Gensus, el nuestro; no hay otro. Con todo esto y siendo el único podríamos tener una participación de mercado muy interesante, pero la participación en la superficie está entre el diez y el quince por ciento; quiere decir que hay un 85 a 90 por ciento de siembra que se realiza con semilla informal o de uso propio o alguna de estas categorías. Ingresamos variedades del exterior, tomamos las variedades del INTA, introducimos los genes, los multiplicamos y los ofrecemos al mercado. Tenemos una planta de última generación, una planta de procesamiento con ácido en la localidad de Avia Terai, en el noroeste del Chaco.
Nuestro objetivo como empresa es colaborar con el crecimiento del cultivo del algodón, que está pasando por muy malos momentos, y colaborar a través de la mejora del rendimiento, la reducción de costos y la mejora en la calidad de la fibra.
Se trata de un cultivo con un alto contenido social ya que hay aproximadamente entre 12.000 y 15.000 productores pequeños, minifundistas, que tienen entre 5 y 12 hectáreas. Muchos se han unido para trabajar superficies en conjunto. Es un cultivo que tiene una enorme raigambre en el Norte. En el escudo de las provincias de esa zona hay un capullo de algodón, lo cual nos habla de lo que este cultivo significa allí.
Por ese motivo queremos desarrollar acuerdos con el INTA, ya estamos conversando para trabajar en forma conjunta, mejorar lo que ellos tienen y lo que nosotros podemos traer. El 85 por ciento es semilla de diferentes orígenes, quizás no todos sepan que la semilla de algodón no se puede sembrar tal como sale de la planta porque pasa por dos procesos. Primero, se separa la fibra con la cual se hacen los hilados y luego se produce el deslindado, el subproducto, que es como una semilla llena de pelos, se le sacan esos pelos lo cual hace que sea una semilla sembrable. Eso se lleva adelante solamente en cinco plantas, es decir que el INASE no tiene problema en realizar un control como en soja y en trigo.
¿Qué pasó con el algodón? En la diapositiva estamos viendo que llegó a picos de 1.000.000 o 1.200.000 hectáreas en el año 1997 y hoy estamos en una de las más bajas campañas; se está estimando que habrá 300.000 hectáreas, siendo optimistas. Esto tiene que ver con varias razones. La primera es el estancamiento en la tecnología, luego la baja de precios de la fibra, la liberación a los otros competidores de la tierra en el Norte, porque el girasol, el maíz y la soja han eliminado o reducido las retenciones, con lo cual aumentó su competitividad. Esto obviamente produce la automática reducción de superficie para el algodón.
Hablábamos del estancamiento tecnológico. Hoy en el mundo hay dos generaciones más de eventos tecnológicos en algodón que en la Argentina. Nosotros utilizamos lo que se denomina el Bolgar, que es el Bt. Ya hay BtII y BtIII en Brasil y en Australia, que obviamente son una mejora muy importante porque reduce los costos y aumenta la productividad. Es un lujo que nos damos los argentinos permitir que nuestros competidores tengan mejores condiciones que las que nosotros tenemos. Considero que esto es un desperdicio.
Por otro lado, Argentina es el único país que no tiene un instrumento que permita que los obtentores de creaciones fitogenéticas logren un reconocimiento adecuado. Todos los países los tienen, pero la Argentina no. No sé cuán especiales somos. ¿Por qué es importante para nosotros? Primero, porque como pymes no tenemos espaldas para resistir cambios en las reglas a las cuales estamos acostumbrados en nuestro país. Nos encantaría que esto cambie y que podamos tener reglas previsibles.
El segundo punto se refiere al respeto a la propiedad intelectual, que implica innovación y requiere contratos con empresas biotecnológicas argentinas y extranjeras.
¿Qué produce la innovación? Mejoras en la sustentabilidad global de la agricultura. Es decir, en la sustentabilidad social, ambiental y económica. Las tres patas son necesarias.
Creo que todos hemos aprendido que ya no se piensa más solamente en la sustentabilidad económica. Obviamente que sin ella no se puede vivir. Sin embargo, requiere también de las otras dos sustentabilidades.
Por eso, Gensus es genética sustentable. Nuestro objetivo es colaborar con la sustentabilidad de todo el sistema agrícola del norte argentino.
Entendemos que el INASE es central en lo que hace al control, no solo de la legalidad de la semillas, sino también en el control de la calidad de los productos que los semilleros ofrecemos a los productores.
Por otro lado, creemos que los contratos entre privados son entre privados y no son de orden público. Los temas que son de orden público son aquellos relacionados con los derechos laborales, pero no las relaciones y cuestiones económicas.
Hay muchas leyes que podrían ser consideradas de orden público, pero entendemos que el hacer de orden público una ley, obstruye en forma importante la aparición de nuevos jugadores en la industria.
Por último, si los semilleros ganan plata, lo cual está bien -no está mal ganar plata- hay más competencia. Si hay más competencia, hay más oferta. Si hay más oferta, los productores pueden elegir más y se benefician más. Y no me refiero solo a la biotecnología, tiene más que ver con los temas de germoplasma.
El INTA, para darle cada vez más valor a su excelente trabajo de mejoramiento en el germoplasma, requiere lograr acuerdos con compañías internacionales que tienen desarrollos biotecnológicos. Eso se puede lograr con una adecuada ley.
Creo que a veces tenemos más facilidad de hablar que de escuchar y eso dificulta el diálogo. El diálogo es expresar, oír, metabolizar y a partir de ahí sacar una nueva idea.
Para nosotros, la ley de semillas es muy importante y entendemos que es fundamental para el país, para el bien común, y requiere de un muy serio análisis. Creo que este ejercicio de escuchar distintas posturas es altamente positivo.
El algodón ni se nombró y es una autógama también, por lo cual tiene las mismas características reproductivas que el trigo, la soja, la avena, la cebada, la alfalfa y muchos otros cultivos. Es un cultivo sumamente importante que ha llegado a cubrir más de un millón de hectáreas en la Argentina. Es muy importante regionalmente porque se ubica en el Norte y es muy importante culturalmente porque es propio de los pueblos del norte de nuestro país, del Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero y está expandiéndose en algunos nichos específicos. Nuestro algodón le da de comer a la industria textil argentina, con lo cual también tiene su importancia en el sector agroindustrial.
Somos un bicho raro acá porque pertenecemos a ese grupo de empresarios, emprendedores, profesionales que decidieron arriesgar y hace dos meses cerramos la compra de un semillero, el semillero Genética Mandiyú, comprado a través de Gensus S.A., que es una pyme argentina integrada por pequeños inversores argentinos liderados por la empresa de servicios Cazenave y Asociados. Lo hicimos porque estamos convencidos de que habrá una buena ley; confiamos en que se va a lograr una buena ley y por eso decidimos tomar el riesgo de participar y de tratar de agregar valor a los productores y a la industria y así agregar valor a la nación.
En la Argentina el único que realiza mejoramiento genético es el INTA. El único que genera germoplasma nuevo es el INTA. El único semillero activo de la Argentina es Gensus, el nuestro; no hay otro. Con todo esto y siendo el único podríamos tener una participación de mercado muy interesante, pero la participación en la superficie está entre el diez y el quince por ciento; quiere decir que hay un 85 a 90 por ciento de siembra que se realiza con semilla informal o de uso propio o alguna de estas categorías. Ingresamos variedades del exterior, tomamos las variedades del INTA, introducimos los genes, los multiplicamos y los ofrecemos al mercado. Tenemos una planta de última generación, una planta de procesamiento con ácido en la localidad de Avia Terai, en el noroeste del Chaco.
Nuestro objetivo como empresa es colaborar con el crecimiento del cultivo del algodón, que está pasando por muy malos momentos, y colaborar a través de la mejora del rendimiento, la reducción de costos y la mejora en la calidad de la fibra.
Se trata de un cultivo con un alto contenido social ya que hay aproximadamente entre 12.000 y 15.000 productores pequeños, minifundistas, que tienen entre 5 y 12 hectáreas. Muchos se han unido para trabajar superficies en conjunto. Es un cultivo que tiene una enorme raigambre en el Norte. En el escudo de las provincias de esa zona hay un capullo de algodón, lo cual nos habla de lo que este cultivo significa allí.
Por ese motivo queremos desarrollar acuerdos con el INTA, ya estamos conversando para trabajar en forma conjunta, mejorar lo que ellos tienen y lo que nosotros podemos traer. El 85 por ciento es semilla de diferentes orígenes, quizás no todos sepan que la semilla de algodón no se puede sembrar tal como sale de la planta porque pasa por dos procesos. Primero, se separa la fibra con la cual se hacen los hilados y luego se produce el deslindado, el subproducto, que es como una semilla llena de pelos, se le sacan esos pelos lo cual hace que sea una semilla sembrable. Eso se lleva adelante solamente en cinco plantas, es decir que el INASE no tiene problema en realizar un control como en soja y en trigo.
¿Qué pasó con el algodón? En la diapositiva estamos viendo que llegó a picos de 1.000.000 o 1.200.000 hectáreas en el año 1997 y hoy estamos en una de las más bajas campañas; se está estimando que habrá 300.000 hectáreas, siendo optimistas. Esto tiene que ver con varias razones. La primera es el estancamiento en la tecnología, luego la baja de precios de la fibra, la liberación a los otros competidores de la tierra en el Norte, porque el girasol, el maíz y la soja han eliminado o reducido las retenciones, con lo cual aumentó su competitividad. Esto obviamente produce la automática reducción de superficie para el algodón.
Hablábamos del estancamiento tecnológico. Hoy en el mundo hay dos generaciones más de eventos tecnológicos en algodón que en la Argentina. Nosotros utilizamos lo que se denomina el Bolgar, que es el Bt. Ya hay BtII y BtIII en Brasil y en Australia, que obviamente son una mejora muy importante porque reduce los costos y aumenta la productividad. Es un lujo que nos damos los argentinos permitir que nuestros competidores tengan mejores condiciones que las que nosotros tenemos. Considero que esto es un desperdicio.
Por otro lado, Argentina es el único país que no tiene un instrumento que permita que los obtentores de creaciones fitogenéticas logren un reconocimiento adecuado. Todos los países los tienen, pero la Argentina no. No sé cuán especiales somos. ¿Por qué es importante para nosotros? Primero, porque como pymes no tenemos espaldas para resistir cambios en las reglas a las cuales estamos acostumbrados en nuestro país. Nos encantaría que esto cambie y que podamos tener reglas previsibles.
El segundo punto se refiere al respeto a la propiedad intelectual, que implica innovación y requiere contratos con empresas biotecnológicas argentinas y extranjeras.
¿Qué produce la innovación? Mejoras en la sustentabilidad global de la agricultura. Es decir, en la sustentabilidad social, ambiental y económica. Las tres patas son necesarias.
Creo que todos hemos aprendido que ya no se piensa más solamente en la sustentabilidad económica. Obviamente que sin ella no se puede vivir. Sin embargo, requiere también de las otras dos sustentabilidades.
Por eso, Gensus es genética sustentable. Nuestro objetivo es colaborar con la sustentabilidad de todo el sistema agrícola del norte argentino.
Entendemos que el INASE es central en lo que hace al control, no solo de la legalidad de la semillas, sino también en el control de la calidad de los productos que los semilleros ofrecemos a los productores.
Por otro lado, creemos que los contratos entre privados son entre privados y no son de orden público. Los temas que son de orden público son aquellos relacionados con los derechos laborales, pero no las relaciones y cuestiones económicas.
Hay muchas leyes que podrían ser consideradas de orden público, pero entendemos que el hacer de orden público una ley, obstruye en forma importante la aparición de nuevos jugadores en la industria.
Por último, si los semilleros ganan plata, lo cual está bien -no está mal ganar plata- hay más competencia. Si hay más competencia, hay más oferta. Si hay más oferta, los productores pueden elegir más y se benefician más. Y no me refiero solo a la biotecnología, tiene más que ver con los temas de germoplasma.
El INTA, para darle cada vez más valor a su excelente trabajo de mejoramiento en el germoplasma, requiere lograr acuerdos con compañías internacionales que tienen desarrollos biotecnológicos. Eso se puede lograr con una adecuada ley.
SR. PRESIDENTE DELGADO Tiene la palabra el señor Marcelo Senatore, del sector de los multiplicadores.
SR. SENATORE Señor presidente: en primer lugar agradezco al señor presidente y a toda la comisión la oportunidad de poder dirigirnos a todos los señores diputados presentes.
Lo que nosotros pretendemos con esta presentación es que se conozca un poco cuál es la actividad que venimos desarrollando desde el sector de la multiplicación.
FeDIA es una Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y representa a cinco cámaras provinciales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Tucumán.
Dentro de las actividades que realiza, por supuesto está la de distribuir insumos agropecuarios. Pero además, una de las actividades más fuertes, es la multiplicación de semilla a través de sus semilleros.
Estos semilleros han estado desarrollando su actividad durante muchos años y han celebrado contratos con distintos criaderos nacionales, con los cuales han logrado establecer una transferencia de esa tecnología y ese conocimiento desde la industria semillera hasta el productor.
Por lo tanto, también estamos en permanente contacto con el productor y en los últimos años hemos visto avances no solamente en materia de semillas sino en otras cuestiones que tienen que ver con tecnología de producción.
Cuando hablamos de semillero es importante resaltar que se trata de una categoría que está contemplada dentro de la normativa actual de semillas y dentro del INASE como "Categoría D - Semillero". Esta categoría comprende a todas las personas físicas o jurídicas que producen semilla de primera multiplicación u otras multiplicaciones bajo el régimen de fiscalización, es decir, bajo los controles estrictos del Estado. Están habilitados para comercializar su producción.
Otros de nuestros asociados también se corresponden con otras categorías, como por ejemplo el identificador, el comerciante expendedor y el procesador. Me refiero a todas categorías que son contempladas por la ley.
Nuestra actividad es de amplio raigambre federal ya que ustedes pueden ver que hay semilleros multiplicadores distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, influyendo en el desarrollo local de cada una de las ciudades y de los pueblos del interior del país.
Nuestra preocupación por el tema de la ley de semillas comenzó hace muchos años y desde entonces venimos pregonando que debe actualizarse. Nuestra ley ya tiene unos cuantos años y hemos sido testigos de cómo ha ido cambiando la forma de producir. Alguien utilizó aquí la expresión de "agricultura sin agricultores". Quizás lo que está cambiando es la forma porque hoy hay una concentración mayor, los agricultores que podemos llamar genuinos no son tantos y se ha dado lugar a otro tipo de participación.
Si tomamos los últimos cinco años podemos ver cómo se ha ido deteriorando nuestra actividad a partir de la falta de actualización de la ley, lo que consideramos es la principal responsable así como también los controles por parte de la Estado.
De acuerdo a cifras oficiales, nuestra actividad ha caído de 762 semilleros multiplicadores inscriptos en el año 2011 a un poco más de 500. Esto significa una disminución de más del 30 por ciento en cuatro o cinco años, lo que produce una caída en la mano de obra -tanto personal directo como indirecto- y también en la producción que se fue realizando. En la imagen en pantalla está reflejado lo que sucedió con las bolsas de trigo y soja.
Indudablemente todo esto genera una gran preocupación porque, como decíamos recién, la mayoría de los semilleros de los que estamos hablando son pymes y son realmente movilizadores en cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan.
Por supuesto que cuando hablamos acerca de cuál es el motivo de todo esto nadie deja de observar que es el crecimiento de la bolsa ilegal. Nadie habla del uso propio en sí como un derecho que puede existir pero, en realidad, lo que se ha ido incrementado también es el comercio indiscriminado de la bolsa blanca, que es la ilegal.
Si bien algo se ha dicho al respecto en estas reuniones, quiero contar lo que es la semilla fiscalizada. Alguien hoy acá habló de que se podía sembrar menos kilos, esa es una realidad, ¿pero por qué?
La semilla fiscalizada parte de una semilla original que nosotros como semilleros compramos a los criaderos y tiene un valor significativamente superior a una semilla fiscalizada de primera multiplicación, mientras que la bolsa blanca parte de una multiplicación que muchas veces no se sabe cuál es.
Por todo esto, la calidad certificada de la semilla fiscalizada está cumpliendo uno de los objetivos básicos de cualquier ley de semillas, que consiste en garantizar al productor una semilla de calidad.
Del mismo modo, esa semilla paga regalías. Es decir que en cierta medida está financiando la investigación y el desarrollo que merece la industria semillera y, sobre todo, retribuye el esfuerzo de los fitomejoradores.
Por otro lado, la bolsa blanca, no paga absolutamente nada. Eso repercute directamente en todo el futuro de nuestra agricultura.
Los procesos que se realizan habitualmente en nuestras plantas son procesos industriales controlados, muchas veces acordes a normas y procedimientos que se van realizando y que se han ido mejorando cada vez más a través del tiempo.
Hoy es innumerable la cantidad de cosas que se pueden decir, porque hoy no basta simplemente con pasar las semillas por una zaranda.
En un proceso industrial se toman en cuenta parámetros como forma, tamaño y peso específico de la semilla.
El tratamiento profesional de las semillas se viene incorporando día a día. Hoy la semilla viene lista para usar y lleva todos los componentes protectores, llámense insecticidas, fungicidas o inoculantes.
Todo esto significa -además de la precisión en el tratamiento y la seguridad en cuanto al resultado- la seguridad ambiental, porque esos procesos se realizan con las normas de seguridad para las cuales somos habilitados.
Esto no sucede muchas veces con los tratamientos que se hacen en el campo, por ejemplo, en condiciones riesgosas para el personal y para el medio ambiente.
Por todo esto, también creemos que la trazabilidad es un tema que debemos resaltar, ya que tenemos certeza de cuáles son todos los pasos que sigue esa semilla, desde el momento de la elección del lote hasta la entrega de la bolsa al productor. Por lo tanto, también estamos hablando de que la mano de obra tiene que estar preparada y capacitada. Ese es el esfuerzo que habitualmente estamos haciendo.
Para redondear, la bolsa fiscalizada es una bolsa que paga todos los impuestos, nacionales, provinciales y municipales y todos sabemos muy bien que detrás de la bolsa blanca hay todo un mercado informal que generalmente no tributa ningún tipo de impuestos. Por eso es mal llamada "bolsa blanca".
¿Cómo es un ciclo completo de producción de un semillero multiplicador? El semillero multiplicador compra la semilla original en el año cero. Luego realiza la contratación de los lotes que va a destinar a semilla, eligiendo los antecesores, para evitar contaminación, cosa que puede realizar muchas veces en lotes propios o a través de convenios con productores que ayudan a multiplicar.
Luego, se realizan distintos tipos de inversiones, que tienen que ver con la implantación, la protección y el seguimiento de los cultivos y se inscriben los lotes ante el INASE también.
Este es un requisito que se hace todos los años y donde se georeferencia cada uno de los lotes y las variedades que se están sembrando.
A continuación, en el año uno, es decir al año siguiente, se realiza la cosecha de los lotes de semilla. Se informa ante el INASE el ingreso de los kilos en la planta, mediante certificados o anexos que se van informando y se van cargando al sistema. De esta manera, se va registrando cuánto es lo que va ingresando de cada variedad, de cada semillero.
Después se realiza la clasificación en las plantas de procesamiento y el posterior tratamiento de semillas y, paso siguiente, con los análisis de laboratorios correspondientes, que garanticen la calidad, se procede a la comercialización y al posterior pago de regaláis al obtentor.
Al año dos, se procede al cierre del ejercicio y es cuando el multiplicador termina de cobrar todas las bolsas vendidas.
Como se puede observar, todo este proceso abarca aproximadamente unos veinte meses. De modo que esta actividad no es un ciclo que demora de dos o tres meses.
Esto evidentemente hace que nuestra actividad tenga varios ejes. Nosotros la podemos reflejar como una actividad productiva teniendo en cuenta que desarrollamos toda la actividad, desde el inicio hasta que se cosecha y se pone a la venta.
La actividad comercial es directamente la transferencia al productor, con todo el asesoramiento acerca del manejo de las variedades. También llevamos a cabo una actividad financiera -que no es menor- que tiene que ver con poder sustentar y ser un auxilio para la producción cuando a veces las entidades financieras no alcanzan, o no son suficientes para avalar esta actividad.
Por lo tanto, creo que estamos aportando al sistema inversión tanto en la planta como en los cultivos, en los procesos, en el capital de trabajo -porque hay que sostener toda esta actividad durante todo ese lapso- y también en mano de obra.
En cuanto a la mano de obra, quiero dar simplemente el ejemplo de los recursos humanos con los que habitualmente se trabaja. Ustedes pueden ver que tenemos mano de obra directa, como puede ser el gerente de planta o el director técnico, que es un ingeniero agrónomo responsable ante el semillero; jefes de turno; personal de clasificación; también laboratoristas, que generalmente hacen un análisis del ingreso de la mercadería; ingenieros en seguridad, ya que con la normativa vigente en cada una de nuestras jurisdicciones muchas veces nos los exigen. Asimismo, hay actividades técnico-comerciales, ya que hoy cualquier comercial que esté en contacto con el productor tiene que brindar un asesoramiento y todo el soporte administrativo.
En cuanto a la mano de obra indirecta, hablamos de transportistas, tanto en la cosecha como en la distribución de las bolsas y todo lo que tiene que ver con el movimiento; personal contratado en cosecha en la carga o descarga de bolsas; fabricantes de insumos, tanto en la producción a campo como en los insumos para la planta de clasificación; los fabricantes de maquinaria, que es gente bastante vinculada con todo lo que significa para los procesos industriales que estamos desarrollando; mantenimiento y por supuesto contratistas.
Para redondear y explicar un poco cuál es nuestra postura, nosotros estamos hoy presentes y queremos dejar en claro que realmente estamos necesitando un cambio como sector porque tal como estamos realmente la situación es muy crítica.
Creemos que una ley de semillas debe contemplar varios aspectos, pero en lo que respecta al comercio ilegal, creemos que un punto sobresaliente es qué hacemos con el uso propio. Vuelvo a repetir que la figura del agricultor fue cambiando y creo que hoy hay que estar acorde a todas estas cosas.
Cuando hablamos de uso propio nosotros creemos que debería estar limitado únicamente a la misma cantidad de bolsas fiscalizadas, compradas originalmente. O sea, creemos que un agricultor compra para una determinada cantidad de hectáreas de su establecimiento y tiene el derecho de poder hacer ese uso propio sobre esa misma cantidad de bolsas.
En cuanto al uso propio oneroso -del cual aquí ya se habló- creemos que es importante que incluya a todo tipo de tecnología, entre lo que es genética y tecnología, y los años que se deberían pagar por ese uso propio tendrían que ser determinados por este proyecto de ley. Indudablemente, eso tendría que ser algo razonable para todas las partes y debería ser objeto de discusión.
En cuanto al uso propio gratuito, estamos hablando de aquello que se determinaría con posterioridad a la caducidad del uso propio oneroso, o sea, con posterioridad a la cantidad de años de uso propio oneroso. También sería de carácter gratuito, pero por la misma cantidad de bolsas. Aquí volvemos a recalcar el tema de la no incrementalidad.
En relación con la excepción, todos hablaron aquí de eso, por supuesto hay agricultores pequeños que quedarían al margen de todo esto.
Respecto de la semilla original o básica, creemos que debe ser comercializada a los semilleros multiplicadores y no a otro tipo de actores.
En cuanto al sistema, estamos proponiendo que el productor pueda realizar el trámite de pago de uso propio ante los semilleros multiplicadores, a los cuales adquirió la semilla fiscalizada que dio origen al mismo.
De esta manera, nosotros tenemos el contacto directo con el productor y luego de revisar el trámite realizado por el productor ante el INASE, con la reserva de la semilla presentada, debe poder actuar ante el multiplicador que actuaría como un recaudador para el sistema.
Esa es la propuesta que estamos haciendo y creemos que podemos ser partícipes de este sistema.
Con respecto al INASE, compartimos la visión de muchos de los que aquí opinaron de que la normalización del directorio es algo fundamental, así como darle su real jerarquía, fortalecer al instituto para que pueda ejercer un mayor control y otorgarle un mayor presupuesto para poder fiscalizar de manera eficiente.
Por último, creemos que las sanciones deben ser realmente ejemplificadoras. O sea, creemos que aquel que está dentro de la ley no debe temer nada; ahora, aquel que está fuera de la ley, evidentemente, como ocurre con otros estamentos del Estado, debe ser castigado con todo el rigor de la ley, porque indudablemente nosotros venimos sufriendo de una manera muy grave el tema de la competencia desleal.
Por otro lado, existe la posibilidad de generar nuevos registros. Por ejemplo, registrar las máquinas clasificadoras, porque muchos de los que estamos en la actividad tenemos registradas nuestras plantas como procesadores y hoy en día hay muchísimas máquinas clasificadoras dando vueltas por el país que no sabemos qué hacen y a qué se dedican.
Desde ya, hago votos para que esta comisión pueda recoger nuestra opinión y la de todos los que se han podido expresarse y lograr obtener un dictamen que sea lo más esclarecedor y positivo para el futuro de la agricultura argentina.
Lo que nosotros pretendemos con esta presentación es que se conozca un poco cuál es la actividad que venimos desarrollando desde el sector de la multiplicación.
FeDIA es una Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y representa a cinco cámaras provinciales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Tucumán.
Dentro de las actividades que realiza, por supuesto está la de distribuir insumos agropecuarios. Pero además, una de las actividades más fuertes, es la multiplicación de semilla a través de sus semilleros.
Estos semilleros han estado desarrollando su actividad durante muchos años y han celebrado contratos con distintos criaderos nacionales, con los cuales han logrado establecer una transferencia de esa tecnología y ese conocimiento desde la industria semillera hasta el productor.
Por lo tanto, también estamos en permanente contacto con el productor y en los últimos años hemos visto avances no solamente en materia de semillas sino en otras cuestiones que tienen que ver con tecnología de producción.
Cuando hablamos de semillero es importante resaltar que se trata de una categoría que está contemplada dentro de la normativa actual de semillas y dentro del INASE como "Categoría D - Semillero". Esta categoría comprende a todas las personas físicas o jurídicas que producen semilla de primera multiplicación u otras multiplicaciones bajo el régimen de fiscalización, es decir, bajo los controles estrictos del Estado. Están habilitados para comercializar su producción.
Otros de nuestros asociados también se corresponden con otras categorías, como por ejemplo el identificador, el comerciante expendedor y el procesador. Me refiero a todas categorías que son contempladas por la ley.
Nuestra actividad es de amplio raigambre federal ya que ustedes pueden ver que hay semilleros multiplicadores distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, influyendo en el desarrollo local de cada una de las ciudades y de los pueblos del interior del país.
Nuestra preocupación por el tema de la ley de semillas comenzó hace muchos años y desde entonces venimos pregonando que debe actualizarse. Nuestra ley ya tiene unos cuantos años y hemos sido testigos de cómo ha ido cambiando la forma de producir. Alguien utilizó aquí la expresión de "agricultura sin agricultores". Quizás lo que está cambiando es la forma porque hoy hay una concentración mayor, los agricultores que podemos llamar genuinos no son tantos y se ha dado lugar a otro tipo de participación.
Si tomamos los últimos cinco años podemos ver cómo se ha ido deteriorando nuestra actividad a partir de la falta de actualización de la ley, lo que consideramos es la principal responsable así como también los controles por parte de la Estado.
De acuerdo a cifras oficiales, nuestra actividad ha caído de 762 semilleros multiplicadores inscriptos en el año 2011 a un poco más de 500. Esto significa una disminución de más del 30 por ciento en cuatro o cinco años, lo que produce una caída en la mano de obra -tanto personal directo como indirecto- y también en la producción que se fue realizando. En la imagen en pantalla está reflejado lo que sucedió con las bolsas de trigo y soja.
Indudablemente todo esto genera una gran preocupación porque, como decíamos recién, la mayoría de los semilleros de los que estamos hablando son pymes y son realmente movilizadores en cada uno de los ámbitos en los que se desarrollan.
Por supuesto que cuando hablamos acerca de cuál es el motivo de todo esto nadie deja de observar que es el crecimiento de la bolsa ilegal. Nadie habla del uso propio en sí como un derecho que puede existir pero, en realidad, lo que se ha ido incrementado también es el comercio indiscriminado de la bolsa blanca, que es la ilegal.
Si bien algo se ha dicho al respecto en estas reuniones, quiero contar lo que es la semilla fiscalizada. Alguien hoy acá habló de que se podía sembrar menos kilos, esa es una realidad, ¿pero por qué?
La semilla fiscalizada parte de una semilla original que nosotros como semilleros compramos a los criaderos y tiene un valor significativamente superior a una semilla fiscalizada de primera multiplicación, mientras que la bolsa blanca parte de una multiplicación que muchas veces no se sabe cuál es.
Por todo esto, la calidad certificada de la semilla fiscalizada está cumpliendo uno de los objetivos básicos de cualquier ley de semillas, que consiste en garantizar al productor una semilla de calidad.
Del mismo modo, esa semilla paga regalías. Es decir que en cierta medida está financiando la investigación y el desarrollo que merece la industria semillera y, sobre todo, retribuye el esfuerzo de los fitomejoradores.
Por otro lado, la bolsa blanca, no paga absolutamente nada. Eso repercute directamente en todo el futuro de nuestra agricultura.
Los procesos que se realizan habitualmente en nuestras plantas son procesos industriales controlados, muchas veces acordes a normas y procedimientos que se van realizando y que se han ido mejorando cada vez más a través del tiempo.
Hoy es innumerable la cantidad de cosas que se pueden decir, porque hoy no basta simplemente con pasar las semillas por una zaranda.
En un proceso industrial se toman en cuenta parámetros como forma, tamaño y peso específico de la semilla.
El tratamiento profesional de las semillas se viene incorporando día a día. Hoy la semilla viene lista para usar y lleva todos los componentes protectores, llámense insecticidas, fungicidas o inoculantes.
Todo esto significa -además de la precisión en el tratamiento y la seguridad en cuanto al resultado- la seguridad ambiental, porque esos procesos se realizan con las normas de seguridad para las cuales somos habilitados.
Esto no sucede muchas veces con los tratamientos que se hacen en el campo, por ejemplo, en condiciones riesgosas para el personal y para el medio ambiente.
Por todo esto, también creemos que la trazabilidad es un tema que debemos resaltar, ya que tenemos certeza de cuáles son todos los pasos que sigue esa semilla, desde el momento de la elección del lote hasta la entrega de la bolsa al productor. Por lo tanto, también estamos hablando de que la mano de obra tiene que estar preparada y capacitada. Ese es el esfuerzo que habitualmente estamos haciendo.
Para redondear, la bolsa fiscalizada es una bolsa que paga todos los impuestos, nacionales, provinciales y municipales y todos sabemos muy bien que detrás de la bolsa blanca hay todo un mercado informal que generalmente no tributa ningún tipo de impuestos. Por eso es mal llamada "bolsa blanca".
¿Cómo es un ciclo completo de producción de un semillero multiplicador? El semillero multiplicador compra la semilla original en el año cero. Luego realiza la contratación de los lotes que va a destinar a semilla, eligiendo los antecesores, para evitar contaminación, cosa que puede realizar muchas veces en lotes propios o a través de convenios con productores que ayudan a multiplicar.
Luego, se realizan distintos tipos de inversiones, que tienen que ver con la implantación, la protección y el seguimiento de los cultivos y se inscriben los lotes ante el INASE también.
Este es un requisito que se hace todos los años y donde se georeferencia cada uno de los lotes y las variedades que se están sembrando.
A continuación, en el año uno, es decir al año siguiente, se realiza la cosecha de los lotes de semilla. Se informa ante el INASE el ingreso de los kilos en la planta, mediante certificados o anexos que se van informando y se van cargando al sistema. De esta manera, se va registrando cuánto es lo que va ingresando de cada variedad, de cada semillero.
Después se realiza la clasificación en las plantas de procesamiento y el posterior tratamiento de semillas y, paso siguiente, con los análisis de laboratorios correspondientes, que garanticen la calidad, se procede a la comercialización y al posterior pago de regaláis al obtentor.
Al año dos, se procede al cierre del ejercicio y es cuando el multiplicador termina de cobrar todas las bolsas vendidas.
Como se puede observar, todo este proceso abarca aproximadamente unos veinte meses. De modo que esta actividad no es un ciclo que demora de dos o tres meses.
Esto evidentemente hace que nuestra actividad tenga varios ejes. Nosotros la podemos reflejar como una actividad productiva teniendo en cuenta que desarrollamos toda la actividad, desde el inicio hasta que se cosecha y se pone a la venta.
La actividad comercial es directamente la transferencia al productor, con todo el asesoramiento acerca del manejo de las variedades. También llevamos a cabo una actividad financiera -que no es menor- que tiene que ver con poder sustentar y ser un auxilio para la producción cuando a veces las entidades financieras no alcanzan, o no son suficientes para avalar esta actividad.
Por lo tanto, creo que estamos aportando al sistema inversión tanto en la planta como en los cultivos, en los procesos, en el capital de trabajo -porque hay que sostener toda esta actividad durante todo ese lapso- y también en mano de obra.
En cuanto a la mano de obra, quiero dar simplemente el ejemplo de los recursos humanos con los que habitualmente se trabaja. Ustedes pueden ver que tenemos mano de obra directa, como puede ser el gerente de planta o el director técnico, que es un ingeniero agrónomo responsable ante el semillero; jefes de turno; personal de clasificación; también laboratoristas, que generalmente hacen un análisis del ingreso de la mercadería; ingenieros en seguridad, ya que con la normativa vigente en cada una de nuestras jurisdicciones muchas veces nos los exigen. Asimismo, hay actividades técnico-comerciales, ya que hoy cualquier comercial que esté en contacto con el productor tiene que brindar un asesoramiento y todo el soporte administrativo.
En cuanto a la mano de obra indirecta, hablamos de transportistas, tanto en la cosecha como en la distribución de las bolsas y todo lo que tiene que ver con el movimiento; personal contratado en cosecha en la carga o descarga de bolsas; fabricantes de insumos, tanto en la producción a campo como en los insumos para la planta de clasificación; los fabricantes de maquinaria, que es gente bastante vinculada con todo lo que significa para los procesos industriales que estamos desarrollando; mantenimiento y por supuesto contratistas.
Para redondear y explicar un poco cuál es nuestra postura, nosotros estamos hoy presentes y queremos dejar en claro que realmente estamos necesitando un cambio como sector porque tal como estamos realmente la situación es muy crítica.
Creemos que una ley de semillas debe contemplar varios aspectos, pero en lo que respecta al comercio ilegal, creemos que un punto sobresaliente es qué hacemos con el uso propio. Vuelvo a repetir que la figura del agricultor fue cambiando y creo que hoy hay que estar acorde a todas estas cosas.
Cuando hablamos de uso propio nosotros creemos que debería estar limitado únicamente a la misma cantidad de bolsas fiscalizadas, compradas originalmente. O sea, creemos que un agricultor compra para una determinada cantidad de hectáreas de su establecimiento y tiene el derecho de poder hacer ese uso propio sobre esa misma cantidad de bolsas.
En cuanto al uso propio oneroso -del cual aquí ya se habló- creemos que es importante que incluya a todo tipo de tecnología, entre lo que es genética y tecnología, y los años que se deberían pagar por ese uso propio tendrían que ser determinados por este proyecto de ley. Indudablemente, eso tendría que ser algo razonable para todas las partes y debería ser objeto de discusión.
En cuanto al uso propio gratuito, estamos hablando de aquello que se determinaría con posterioridad a la caducidad del uso propio oneroso, o sea, con posterioridad a la cantidad de años de uso propio oneroso. También sería de carácter gratuito, pero por la misma cantidad de bolsas. Aquí volvemos a recalcar el tema de la no incrementalidad.
En relación con la excepción, todos hablaron aquí de eso, por supuesto hay agricultores pequeños que quedarían al margen de todo esto.
Respecto de la semilla original o básica, creemos que debe ser comercializada a los semilleros multiplicadores y no a otro tipo de actores.
En cuanto al sistema, estamos proponiendo que el productor pueda realizar el trámite de pago de uso propio ante los semilleros multiplicadores, a los cuales adquirió la semilla fiscalizada que dio origen al mismo.
De esta manera, nosotros tenemos el contacto directo con el productor y luego de revisar el trámite realizado por el productor ante el INASE, con la reserva de la semilla presentada, debe poder actuar ante el multiplicador que actuaría como un recaudador para el sistema.
Esa es la propuesta que estamos haciendo y creemos que podemos ser partícipes de este sistema.
Con respecto al INASE, compartimos la visión de muchos de los que aquí opinaron de que la normalización del directorio es algo fundamental, así como darle su real jerarquía, fortalecer al instituto para que pueda ejercer un mayor control y otorgarle un mayor presupuesto para poder fiscalizar de manera eficiente.
Por último, creemos que las sanciones deben ser realmente ejemplificadoras. O sea, creemos que aquel que está dentro de la ley no debe temer nada; ahora, aquel que está fuera de la ley, evidentemente, como ocurre con otros estamentos del Estado, debe ser castigado con todo el rigor de la ley, porque indudablemente nosotros venimos sufriendo de una manera muy grave el tema de la competencia desleal.
Por otro lado, existe la posibilidad de generar nuevos registros. Por ejemplo, registrar las máquinas clasificadoras, porque muchos de los que estamos en la actividad tenemos registradas nuestras plantas como procesadores y hoy en día hay muchísimas máquinas clasificadoras dando vueltas por el país que no sabemos qué hacen y a qué se dedican.
Desde ya, hago votos para que esta comisión pueda recoger nuestra opinión y la de todos los que se han podido expresarse y lograr obtener un dictamen que sea lo más esclarecedor y positivo para el futuro de la agricultura argentina.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el representante de la empresa SYNGENTA, Esteban Mazzucco.
SR. MAZZUCCO Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la Comisión de Agricultura de esta Honorable Cámara por recibirnos. Mi nombre es Esteban Mazzucco y represento a SYNGENTA, una empresa de biotecnología. Básicamente nosotros desarrollamos productos y tecnología para la protección de los cultivos.
Para evitar ser reiterativo, porque ya es mucho lo que se ha hablado, quiero enfocarme en los puntos en coincidencia que he escuchado durante todo el día de hoy y la reunión anterior y en los varios proyectos que han sido presentados. El primero es la necesidad clara de reformular la ley de semillas existente. Esto es una necesidad que viene desde hace muchos años, porque se han desarrollado nuevas tecnologías y nuevas metodologías de comercialización de los productos asociados y ello hace que estemos a esta altura.
El otro punto de coincidencia en la mayor parte de todos los proyectos es el reconocimiento de la propiedad intelectual. Y es acá donde nosotros tenemos que ser muy eficientes, muy claros y muy transparentes, a los efectos de que este reconocimiento sea el adecuado para que no estemos de alguna manera limitando el desarrollo de nuevas tecnologías.
El tercer punto, que lo he escuchado varias veces, es el tema de tener un INASE robusto y con los recursos adecuados para que la ley que salga sea realmente aplicable y no devenga meramente en un tema académico y que después no tengamos recursos para que aquellos que están en el no cumplimiento de la ley sean correctamente penalizados.
El último punto, también de coincidencia, es la necesidad de inversión, que debe ser adecuada para que esta nueva tecnología que estará ingresando en el país se desarrolle a fin de que podamos exportar, se creen nuevos trabajos, nuevas inversiones y nuevas tecnologías.
Un punto que a nosotros nos preocupa y que es clave se refiere a la previsibilidad jurídica. Para que se entienda, uno de los proyectos que estamos hoy discutiendo también habla de una reducción o limitación de la propiedad intelectual. Esa reducción o sistema de mecanismo de captura de valor que tiene que ser creado, lo limita en el ámbito temporal, por ejemplo, a tres años. Esto claramente entra en conflicto con derechos que otras leyes otorgan, hoy escuchábamos decir claramente al presidente del INPI que nos dan 20 años de protección.
En 1994, cuando la Argentina decidió reformar su Constitución, se refirió a la igualdad de los tratados internacionales que tengan carácter constitucional. ¿Por qué lo hizo? Porque básicamente había una coherencia legislativa y de país para la apertura de la Argentina a los mercados. Hoy nosotros debemos tener en claro que no podemos llegar a tener un conflicto con los tratados que existen. No los voy a enumerar porque ya han sido mencionados por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Son los tratados TRIPS, ADPIC, etcétera.
Quiero referirme a otro punto que tiene que ver con generar un marco de transparencia y seguridad jurídica que permita las inversiones. La previsibilidad jurídica es clave para que puedan venir las inversiones a la Argentina. Hago un paréntesis aquí porque quiero hablar de la parte práctica que nosotros hacemos como empresa de desarrollo de biotecnología.
Cualquiera sea el sistema que nosotros discutamos quiero que los señores legisladores tengan a bien considerar la viabilidad económica, para que se puedan recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Básicamente somos una empresa de investigación y desarrollo, entonces queremos generar nuevas tecnologías aplicadas a la Argentina. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un evento biotecnológico, hoy tenemos un costo de entre 150 y 250 millones de dólares. A su vez, previo a liberar este evento biotecnológico al mercado, tenemos un trabajo de entre 15 y 20 años de coordinación, ensayos, etcétera. Todo eso hay que llevarlo a estaciones experimentales, a la generación de nuevos puestos de trabajo, técnicos, licenciados y demás. Esto es clave para que ustedes tengan en cuenta lo que lleva tener un evento biotecnológico hoy en el mercado.
También quiero destacar que para el germoplasma, en nuestro caso, invertimos por variedad entre 1 y 3 millones de dólares y eso nos lleva a ensayos que van de seis a siete años previos a liberar un germoplasma al mercado. Cuando hablamos de tecnología aplicada a la semilla quiero que tengan en cuenta este sentido práctico, que es lo que nosotros, las empresas de investigación y desarrollo, consideramos al momento de desarrollar la nueva tecnología. Esto nos permite tener competitividad.
También se habló mucho de la soja y claramente la ley tiene que ir a los diferentes cultivos. La cuestión de que si nosotros no aplicamos la tecnología argentina, nuestro país pierde competitividad, no es que la tecnología no va a ser utilizada en la Argentina y por ende no se va a desarrollar. Esto no es así. Esta tecnología va a desembarcar en otros lugares y tal como figura en esta filmina existen países como Estados Unidos, Brasil, incluso Paraguay, que permiten tener un sistema de captura de valor en donde el área fiscalizada llega al ciento por ciento. Recién escuchaba a mi predecesor refiriéndose a la fiscalización y al área fiscalizada, que en Brasil llega al 80 por ciento.
También escuché aquí que se hablaba de tomar las experiencias positivas de otros países. Es un buen momento para hacerlo, porque esto no es nuevo. Los sistemas que hoy estamos discutiendo, ya están siendo aplicados en otros países.
Por eso hago un llamado al sentido meramente práctico de ver qué se está haciendo en otros países para poder aplicar en Argentina.
Tenemos que hacer un debate profundo para ver cuáles son las opciones que están disponibles para el productor argentino.
Hoy hay un mercado en Argentina donde existen variedades que no tienen patentes, donde existen variedades que desde hace muchos años se vienen comercializando, donde hay un potencial enorme para el ingreso de nuevas tecnologías que permitan a Argentina estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico en el agro.
No es que hoy estemos discutiendo un tema que meramente habla de la comercialización. No es así. Lo que estamos discutiendo es la opción que tenemos. Y hay opciones que, a lo mejor, no han sido consideradas. Hay opciones superadoras. Hay ejemplos prácticos en otros países donde podemos recabar información y analizar en qué contextos fue aplicado y utilizarlos acá. Pero además, hoy hay una variedad de productos en el mercado, que permiten opciones para todo el mundo.
No limitemos, a través de la protección de la propiedad intelectual o del uso de los derechos de propiedad intelectual, el ingreso de nuevas tecnologías, porque básicamente lo que vamos a estar haciendo -y no quiero ser reiterativo, es limitar a nuestros productores el acceso a nueva tecnología.
Esa limitación de acceso a nueva tecnología, por consecuencia directa, hace que Argentina pierda competitividad y que esa tecnología desembarque en otros países.
Creo que está claro que en la actualidad, Argentina está abierta a las inversiones, está abierta al desarrollo tecnológico y que Argentina es agro. Entonces, como es agro, tenemos que tener la tecnología de punta que nos permita un desarrollo razonable.
Para evitar ser reiterativo, porque ya es mucho lo que se ha hablado, quiero enfocarme en los puntos en coincidencia que he escuchado durante todo el día de hoy y la reunión anterior y en los varios proyectos que han sido presentados. El primero es la necesidad clara de reformular la ley de semillas existente. Esto es una necesidad que viene desde hace muchos años, porque se han desarrollado nuevas tecnologías y nuevas metodologías de comercialización de los productos asociados y ello hace que estemos a esta altura.
El otro punto de coincidencia en la mayor parte de todos los proyectos es el reconocimiento de la propiedad intelectual. Y es acá donde nosotros tenemos que ser muy eficientes, muy claros y muy transparentes, a los efectos de que este reconocimiento sea el adecuado para que no estemos de alguna manera limitando el desarrollo de nuevas tecnologías.
El tercer punto, que lo he escuchado varias veces, es el tema de tener un INASE robusto y con los recursos adecuados para que la ley que salga sea realmente aplicable y no devenga meramente en un tema académico y que después no tengamos recursos para que aquellos que están en el no cumplimiento de la ley sean correctamente penalizados.
El último punto, también de coincidencia, es la necesidad de inversión, que debe ser adecuada para que esta nueva tecnología que estará ingresando en el país se desarrolle a fin de que podamos exportar, se creen nuevos trabajos, nuevas inversiones y nuevas tecnologías.
Un punto que a nosotros nos preocupa y que es clave se refiere a la previsibilidad jurídica. Para que se entienda, uno de los proyectos que estamos hoy discutiendo también habla de una reducción o limitación de la propiedad intelectual. Esa reducción o sistema de mecanismo de captura de valor que tiene que ser creado, lo limita en el ámbito temporal, por ejemplo, a tres años. Esto claramente entra en conflicto con derechos que otras leyes otorgan, hoy escuchábamos decir claramente al presidente del INPI que nos dan 20 años de protección.
En 1994, cuando la Argentina decidió reformar su Constitución, se refirió a la igualdad de los tratados internacionales que tengan carácter constitucional. ¿Por qué lo hizo? Porque básicamente había una coherencia legislativa y de país para la apertura de la Argentina a los mercados. Hoy nosotros debemos tener en claro que no podemos llegar a tener un conflicto con los tratados que existen. No los voy a enumerar porque ya han sido mencionados por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Son los tratados TRIPS, ADPIC, etcétera.
Quiero referirme a otro punto que tiene que ver con generar un marco de transparencia y seguridad jurídica que permita las inversiones. La previsibilidad jurídica es clave para que puedan venir las inversiones a la Argentina. Hago un paréntesis aquí porque quiero hablar de la parte práctica que nosotros hacemos como empresa de desarrollo de biotecnología.
Cualquiera sea el sistema que nosotros discutamos quiero que los señores legisladores tengan a bien considerar la viabilidad económica, para que se puedan recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Básicamente somos una empresa de investigación y desarrollo, entonces queremos generar nuevas tecnologías aplicadas a la Argentina. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un evento biotecnológico, hoy tenemos un costo de entre 150 y 250 millones de dólares. A su vez, previo a liberar este evento biotecnológico al mercado, tenemos un trabajo de entre 15 y 20 años de coordinación, ensayos, etcétera. Todo eso hay que llevarlo a estaciones experimentales, a la generación de nuevos puestos de trabajo, técnicos, licenciados y demás. Esto es clave para que ustedes tengan en cuenta lo que lleva tener un evento biotecnológico hoy en el mercado.
También quiero destacar que para el germoplasma, en nuestro caso, invertimos por variedad entre 1 y 3 millones de dólares y eso nos lleva a ensayos que van de seis a siete años previos a liberar un germoplasma al mercado. Cuando hablamos de tecnología aplicada a la semilla quiero que tengan en cuenta este sentido práctico, que es lo que nosotros, las empresas de investigación y desarrollo, consideramos al momento de desarrollar la nueva tecnología. Esto nos permite tener competitividad.
También se habló mucho de la soja y claramente la ley tiene que ir a los diferentes cultivos. La cuestión de que si nosotros no aplicamos la tecnología argentina, nuestro país pierde competitividad, no es que la tecnología no va a ser utilizada en la Argentina y por ende no se va a desarrollar. Esto no es así. Esta tecnología va a desembarcar en otros lugares y tal como figura en esta filmina existen países como Estados Unidos, Brasil, incluso Paraguay, que permiten tener un sistema de captura de valor en donde el área fiscalizada llega al ciento por ciento. Recién escuchaba a mi predecesor refiriéndose a la fiscalización y al área fiscalizada, que en Brasil llega al 80 por ciento.
También escuché aquí que se hablaba de tomar las experiencias positivas de otros países. Es un buen momento para hacerlo, porque esto no es nuevo. Los sistemas que hoy estamos discutiendo, ya están siendo aplicados en otros países.
Por eso hago un llamado al sentido meramente práctico de ver qué se está haciendo en otros países para poder aplicar en Argentina.
Tenemos que hacer un debate profundo para ver cuáles son las opciones que están disponibles para el productor argentino.
Hoy hay un mercado en Argentina donde existen variedades que no tienen patentes, donde existen variedades que desde hace muchos años se vienen comercializando, donde hay un potencial enorme para el ingreso de nuevas tecnologías que permitan a Argentina estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico en el agro.
No es que hoy estemos discutiendo un tema que meramente habla de la comercialización. No es así. Lo que estamos discutiendo es la opción que tenemos. Y hay opciones que, a lo mejor, no han sido consideradas. Hay opciones superadoras. Hay ejemplos prácticos en otros países donde podemos recabar información y analizar en qué contextos fue aplicado y utilizarlos acá. Pero además, hoy hay una variedad de productos en el mercado, que permiten opciones para todo el mundo.
No limitemos, a través de la protección de la propiedad intelectual o del uso de los derechos de propiedad intelectual, el ingreso de nuevas tecnologías, porque básicamente lo que vamos a estar haciendo -y no quiero ser reiterativo, es limitar a nuestros productores el acceso a nueva tecnología.
Esa limitación de acceso a nueva tecnología, por consecuencia directa, hace que Argentina pierda competitividad y que esa tecnología desembarque en otros países.
Creo que está claro que en la actualidad, Argentina está abierta a las inversiones, está abierta al desarrollo tecnológico y que Argentina es agro. Entonces, como es agro, tenemos que tener la tecnología de punta que nos permita un desarrollo razonable.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Tiene la palabra el señor Fernández Palma.
SR. FERNÁNDEZ PALMA Señor presidente: soy productor agropecuario, fundador y expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, expresidente de Maizar, la asociación de maíz y sorgo argentino y soy médico cirujano, especialista en vías áreas superiores, específicamente en cirugía oncológica, que tiene una profunda relación con lo que estamos hablando de genética, genómica, medicamentos biotecnológicos y todo lo moderno. En este sentido, pueden entrar a a mygenome.com y van a ver la diferencia entre los viejos conceptos del desarrollo de las enfermedades oncopáticas y lo que existe hoy en día.
Pero aquí vengo a hablar como productor. Desde que me retiré, soy un tigre con dientes de papel. Entonces, he vuelto a las bases, estoy trabajando en el campo y represento a todos esos productores que no mandamos las órdenes por teléfono.
Estamos en el campo todo el día, a la par de nuestros compañeros trabajadores rurales, poniendo los pies en el barro y peleando con todos los inconvenientes que forman parte de un desarrollo tecnológico que cada vez nos supera más.
Está de más decirles que el problema histórico de la producción argentina son las malezas. Es uno de los mayores problemas que tenemos, y así como nuestro país está beneficiado con una enorme cantidad de ambientes agrícolas, no todos son extremadamente favorables para la producción ya que algunos son extremadamente complicados para producir, también las malezas tienen un efecto fantástico con los diferentes ambientes.
Entonces hay que levantarse todas las mañanas y encontrarse con un campo, con un lote, que tiene el noventa por ciento de infestación de una maleza que nos está acosando. Dicha maleza se llama amarantus y su nombre común es yuyo colorado. Ustedes habrán escuchado en televisión algo muy divertido, que es "aleja la rama negra y el yuyo colorado". Bueno, ese famoso yuyo colorado es el que nos está liquidando muchos de nuestros conceptos de producción.
Yo también desarrollo una actividad en un pequeño campo en la provincia de Tucumán, producción de caña de azúcar. Ustedes se imaginan lo que es una maleza resistente en medio de un cultivo carbono 4 de semejante volumen. Si no disponemos de la tecnología adecuada, por supuesto que en dos o tres años más tendremos todos los campos infestados con una merma importantísima de la producción.
El nivel de infestación de los cultivos determina pérdida de rendimiento, como se puede ver claramente en este trabajo de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Agronegocios, de hasta un 35 por ciento, con un 90 por ciento de infestación. Acá hemos tenido una enorme cantidad de presentaciones brillantes, volcando conceptos técnicos, conceptos políticos, conceptos de ley que yo desconozco completamente e incluso conceptos ideológicos, y esta amplia gama nos permite decir que estamos bastante informados acerca de esto. Ustedes no tienen por qué ser técnicos, pero yo quiero que sepan cómo es cotidianamente el problema que los productores argentinos tenemos que enfrentar en el campo, y esto no es menor, porque una cosa es producir desde un escritorio en Buenos Aires y otra cosa es hacerlo todos los días en el campo argentino.
Con un ritmo de crecimiento exponencial, estas malezas han crecido en los últimos ocho años al extremo de tener hoy veinticuatro malezas resistentes que han superado la etapa de la tolerancia. Dentro de esas malezas resistentes que han superado la etapa de la tolerancia tenemos subtipos, como es el caso que les comentaba del yuyo colorado de las amarantasias, que con veinticinco subtipos, en este momento dejó de ser el amaranthus clásico, que era el amaranthus quitensis, para transformarse en una entelequia que no podemos describir y que es el amaranthus híbridus, de muy difícil diagnóstico entre todos ellos, extremadamente complejo y que avanza notablemente sobre el sector de la producción.
Ya no hay cómo resolver este problema simplemente con la tecnología. Disponemos de una enorme cantidad de medicamentos, tenemos distintos medios y formas en que los herbicidas actúan sobre las malezas, ya que actúan en diferentes puntos de acción y estamos combinando diferentes conceptos.
No nos saquemos la culpa que tenemos: el 80 por ciento de sojización, de falta de rotación de cultivos y de reposición de nutrientes también forman parte de nuestra culpa. Sin embargo, estamos enfrentando un problema grave que es este avance poderoso de las malezas. Esto no se soluciona ya volviendo a las viejas técnicas mecánicas. Las técnicas mecánicas no solucionan el problema; aparte de hacernos perder los enormes beneficios biológicos, químicos y físicos de la estructura del suelo que nos colocan como líderes en producción mundial, también nos traen como consecuencia la remoción de un banco de semillas y, por supuesto, la reaparición mucho más virulenta de las malezas de las que estoy hablando.
Hoy tenemos un costo para combatir estas malezas de aproximadamente 7.000 millones de dólares de pérdida de la producción argentina. Estoy hablando de 7.000 millones de dólares. Los productores estamos enterrando -ese es el término literal- en el suelo 3.000 millones de dólares por año en agroquímicos y en diferentes combinaciones para tratar de combatir estas malezas. Esto significa 10.000 millones de dólares.
Hablo con toda sinceridad, ya que no represento a ninguna empresa de biotecnología -desafortunadamente no tengo ese ingreso-, no soy socio de una transnacional ni de una nacional ni represento a ningún grupo poderoso de siembra. Soy un productor mediano que hizo su producción, como decía Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. La sangre y las lágrimas las ponía el paciente, yo ponía el sudor.
Entonces, en este momento tenemos que entender que frente a este problema no hay medida de los costos. Ciento cincuenta dólares frente a 10.000 millones de dólares me parece que es poco prudente. Creo que estamos dimensionando erróneamente todas estas medidas.
Pero, además, tenemos otros problemas. Fíjense los potenciales de rendimiento de pérdida que tienen cada una de las provincias, la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Santa Fe. Los señores diputados que están acá representando a esas provincias saben lo que significan en esta vorágine económica los 7.000 millones de dólares que perdemos.
¿Pero qué pasa si nosotros estamos estancados tecnológicamente, por una pérdida de competitividad con esos 10.000 millones de dólares?
Lo que me preocupa son las nuevas tecnologías que tenemos en el mundo.Hay una enorme cantidad de nuevas tecnologías y de eventos biotecnológicos que están en funcionamiento o que están en la gatera.
¿Qué significa eso? Que no solamente vamos a tener biotecnología con los eventos que tenemos actualmente, sino todos los que están por salir en el futuro.
Eso ya se está notando y forma parte de este apagón tecnológico que tanto se menciona y que ya es real.
Monsanto está retirando un evento que está conformado por un herbicida que se llama Dicamba, que nos permitiría agregar al arsenal tecnológico para combatir las malezas que nos están generando problemas. Y, por otro lado, Dow AgroSciences, lanzó el herbicida Enlist Colex-D, que ya está aprobado y que contiene una semilla resistente a un herbicida, a una usina clásica, el 2,4-D, que es un herbicida del año 1944 y que, sin embargo, en este momento está dando resultado para combatir ese tipo de malezas.
Por otro lado, no hay que olvidarse que la biotecnología no tiene ideología. Yo estuve en Cuba, hace tres años, viendo eventos biotecnológicos de caña de azúcar.
Entonces, no podemos hablar de que esto es solo patrimonio de empresas multinacionales perversas que nos vienen a imponer una tecnología. Yo creo que si la tecnología es buena, el productor la va a aceptar. Si la tecnología le resulta cara -ahí estará la inteligencia de las empresas de ahora en adelante-, le sirva o no le sirva, la va a usar o la va a dejar de usar de acuerdo a los beneficios que tenga.
Para redondear, porque esto se ha hecho demasiado largo, ustedes están cansados y este plomo los viene a cansar. Traté de moverlos un poco, porque a mí no me gusta que los pacientes se duerman antes de que llegue el anestesista. (Risas.)
Soy uno de los ex cuatro presidentes de Aapresid que firmamos esta carta en apoyo a la defensa de la biotecnología y del pago de la propiedad intelectual. No hemos hecho firmar a los dos restantes porque una es funcionaria y no la queremos poner en compromisos, y otro porque está en función y no queremos pasar por los mecanismos institucionales.
Nosotros estamos preocupados por progresar y por aumentar la producción de manera sostenible. ¿Qué implica sostenible? No solamente un evento de biotecnología. Significa un paquete de buenas prácticas agrícolas. Significa siembra directa y rotación de cultivo. Asignatura pendiente que tenemos y que la asumimos en plenitud. Será por culpa nuestra o por culpa ajena, pero somos culpables. Pero también significa reposición de nutrientes y uso adecuado de los agroquímicos. Es decir, toda la tecnología que las leyes, las reglamentaciones y las ordenanzas municipales nos exigen.
Nos seguimos esforzando por tener producción, independientemente de la condición política que haya regido al país. A mí me tocó ser presidente de dos entidades muy conflictivas, en momentos muy conflictivos. Es algo que no le deseo a nadie, pero logramos pasar y hemos sobrevivido.
Tenemos que contribuir al crecimiento del país y a la llegada de divisas, que llegan con el agro y con el valor agregado, del cual todos nos prendemos. Pero no vamos a tener valor agregado si no tenemos maíces modificados biotecnológicamente que contengan alto contenido de amilasa para poder generar una industria del etanol competitiva y fuertemente desarrollada.
Señores legisladores: tienen todas las opiniones, han recibido amplísima información; legislen con sabiduría. No frenen la tecnología. El futuro es hoy.
Pero aquí vengo a hablar como productor. Desde que me retiré, soy un tigre con dientes de papel. Entonces, he vuelto a las bases, estoy trabajando en el campo y represento a todos esos productores que no mandamos las órdenes por teléfono.
Estamos en el campo todo el día, a la par de nuestros compañeros trabajadores rurales, poniendo los pies en el barro y peleando con todos los inconvenientes que forman parte de un desarrollo tecnológico que cada vez nos supera más.
Está de más decirles que el problema histórico de la producción argentina son las malezas. Es uno de los mayores problemas que tenemos, y así como nuestro país está beneficiado con una enorme cantidad de ambientes agrícolas, no todos son extremadamente favorables para la producción ya que algunos son extremadamente complicados para producir, también las malezas tienen un efecto fantástico con los diferentes ambientes.
Entonces hay que levantarse todas las mañanas y encontrarse con un campo, con un lote, que tiene el noventa por ciento de infestación de una maleza que nos está acosando. Dicha maleza se llama amarantus y su nombre común es yuyo colorado. Ustedes habrán escuchado en televisión algo muy divertido, que es "aleja la rama negra y el yuyo colorado". Bueno, ese famoso yuyo colorado es el que nos está liquidando muchos de nuestros conceptos de producción.
Yo también desarrollo una actividad en un pequeño campo en la provincia de Tucumán, producción de caña de azúcar. Ustedes se imaginan lo que es una maleza resistente en medio de un cultivo carbono 4 de semejante volumen. Si no disponemos de la tecnología adecuada, por supuesto que en dos o tres años más tendremos todos los campos infestados con una merma importantísima de la producción.
El nivel de infestación de los cultivos determina pérdida de rendimiento, como se puede ver claramente en este trabajo de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Agronegocios, de hasta un 35 por ciento, con un 90 por ciento de infestación. Acá hemos tenido una enorme cantidad de presentaciones brillantes, volcando conceptos técnicos, conceptos políticos, conceptos de ley que yo desconozco completamente e incluso conceptos ideológicos, y esta amplia gama nos permite decir que estamos bastante informados acerca de esto. Ustedes no tienen por qué ser técnicos, pero yo quiero que sepan cómo es cotidianamente el problema que los productores argentinos tenemos que enfrentar en el campo, y esto no es menor, porque una cosa es producir desde un escritorio en Buenos Aires y otra cosa es hacerlo todos los días en el campo argentino.
Con un ritmo de crecimiento exponencial, estas malezas han crecido en los últimos ocho años al extremo de tener hoy veinticuatro malezas resistentes que han superado la etapa de la tolerancia. Dentro de esas malezas resistentes que han superado la etapa de la tolerancia tenemos subtipos, como es el caso que les comentaba del yuyo colorado de las amarantasias, que con veinticinco subtipos, en este momento dejó de ser el amaranthus clásico, que era el amaranthus quitensis, para transformarse en una entelequia que no podemos describir y que es el amaranthus híbridus, de muy difícil diagnóstico entre todos ellos, extremadamente complejo y que avanza notablemente sobre el sector de la producción.
Ya no hay cómo resolver este problema simplemente con la tecnología. Disponemos de una enorme cantidad de medicamentos, tenemos distintos medios y formas en que los herbicidas actúan sobre las malezas, ya que actúan en diferentes puntos de acción y estamos combinando diferentes conceptos.
No nos saquemos la culpa que tenemos: el 80 por ciento de sojización, de falta de rotación de cultivos y de reposición de nutrientes también forman parte de nuestra culpa. Sin embargo, estamos enfrentando un problema grave que es este avance poderoso de las malezas. Esto no se soluciona ya volviendo a las viejas técnicas mecánicas. Las técnicas mecánicas no solucionan el problema; aparte de hacernos perder los enormes beneficios biológicos, químicos y físicos de la estructura del suelo que nos colocan como líderes en producción mundial, también nos traen como consecuencia la remoción de un banco de semillas y, por supuesto, la reaparición mucho más virulenta de las malezas de las que estoy hablando.
Hoy tenemos un costo para combatir estas malezas de aproximadamente 7.000 millones de dólares de pérdida de la producción argentina. Estoy hablando de 7.000 millones de dólares. Los productores estamos enterrando -ese es el término literal- en el suelo 3.000 millones de dólares por año en agroquímicos y en diferentes combinaciones para tratar de combatir estas malezas. Esto significa 10.000 millones de dólares.
Hablo con toda sinceridad, ya que no represento a ninguna empresa de biotecnología -desafortunadamente no tengo ese ingreso-, no soy socio de una transnacional ni de una nacional ni represento a ningún grupo poderoso de siembra. Soy un productor mediano que hizo su producción, como decía Winston Churchill, con sangre, sudor y lágrimas. La sangre y las lágrimas las ponía el paciente, yo ponía el sudor.
Entonces, en este momento tenemos que entender que frente a este problema no hay medida de los costos. Ciento cincuenta dólares frente a 10.000 millones de dólares me parece que es poco prudente. Creo que estamos dimensionando erróneamente todas estas medidas.
Pero, además, tenemos otros problemas. Fíjense los potenciales de rendimiento de pérdida que tienen cada una de las provincias, la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Santa Fe. Los señores diputados que están acá representando a esas provincias saben lo que significan en esta vorágine económica los 7.000 millones de dólares que perdemos.
¿Pero qué pasa si nosotros estamos estancados tecnológicamente, por una pérdida de competitividad con esos 10.000 millones de dólares?
Lo que me preocupa son las nuevas tecnologías que tenemos en el mundo.Hay una enorme cantidad de nuevas tecnologías y de eventos biotecnológicos que están en funcionamiento o que están en la gatera.
¿Qué significa eso? Que no solamente vamos a tener biotecnología con los eventos que tenemos actualmente, sino todos los que están por salir en el futuro.
Eso ya se está notando y forma parte de este apagón tecnológico que tanto se menciona y que ya es real.
Monsanto está retirando un evento que está conformado por un herbicida que se llama Dicamba, que nos permitiría agregar al arsenal tecnológico para combatir las malezas que nos están generando problemas. Y, por otro lado, Dow AgroSciences, lanzó el herbicida Enlist Colex-D, que ya está aprobado y que contiene una semilla resistente a un herbicida, a una usina clásica, el 2,4-D, que es un herbicida del año 1944 y que, sin embargo, en este momento está dando resultado para combatir ese tipo de malezas.
Por otro lado, no hay que olvidarse que la biotecnología no tiene ideología. Yo estuve en Cuba, hace tres años, viendo eventos biotecnológicos de caña de azúcar.
Entonces, no podemos hablar de que esto es solo patrimonio de empresas multinacionales perversas que nos vienen a imponer una tecnología. Yo creo que si la tecnología es buena, el productor la va a aceptar. Si la tecnología le resulta cara -ahí estará la inteligencia de las empresas de ahora en adelante-, le sirva o no le sirva, la va a usar o la va a dejar de usar de acuerdo a los beneficios que tenga.
Para redondear, porque esto se ha hecho demasiado largo, ustedes están cansados y este plomo los viene a cansar. Traté de moverlos un poco, porque a mí no me gusta que los pacientes se duerman antes de que llegue el anestesista. (Risas.)
Soy uno de los ex cuatro presidentes de Aapresid que firmamos esta carta en apoyo a la defensa de la biotecnología y del pago de la propiedad intelectual. No hemos hecho firmar a los dos restantes porque una es funcionaria y no la queremos poner en compromisos, y otro porque está en función y no queremos pasar por los mecanismos institucionales.
Nosotros estamos preocupados por progresar y por aumentar la producción de manera sostenible. ¿Qué implica sostenible? No solamente un evento de biotecnología. Significa un paquete de buenas prácticas agrícolas. Significa siembra directa y rotación de cultivo. Asignatura pendiente que tenemos y que la asumimos en plenitud. Será por culpa nuestra o por culpa ajena, pero somos culpables. Pero también significa reposición de nutrientes y uso adecuado de los agroquímicos. Es decir, toda la tecnología que las leyes, las reglamentaciones y las ordenanzas municipales nos exigen.
Nos seguimos esforzando por tener producción, independientemente de la condición política que haya regido al país. A mí me tocó ser presidente de dos entidades muy conflictivas, en momentos muy conflictivos. Es algo que no le deseo a nadie, pero logramos pasar y hemos sobrevivido.
Tenemos que contribuir al crecimiento del país y a la llegada de divisas, que llegan con el agro y con el valor agregado, del cual todos nos prendemos. Pero no vamos a tener valor agregado si no tenemos maíces modificados biotecnológicamente que contengan alto contenido de amilasa para poder generar una industria del etanol competitiva y fuertemente desarrollada.
Señores legisladores: tienen todas las opiniones, han recibido amplísima información; legislen con sabiduría. No frenen la tecnología. El futuro es hoy.
SR. PRESIDENTE ALEGRE Muchas gracias a todos por la paciencia, reitero que la versión taquigráfica la vamos a hacer circular a todos los integrantes que han participado en las reuniones y a todos los legisladores, para que se hagan una composición de lugar.
Eso va a ser cuando los taquígrafos dispongan de tiempo para hacerla. Tengan un poquito de paciencia pero todo va a llegar. Muchas gracias y felicitaciones por participar, han sido todos de una ayuda muy grande.
Eso va a ser cuando los taquígrafos dispongan de tiempo para hacerla. Tengan un poquito de paciencia pero todo va a llegar. Muchas gracias y felicitaciones por participar, han sido todos de una ayuda muy grande.
Ese la hora 17 y 55.