Expresar su beneplácito por el reconocimiento y registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos alimentarios con identidad territorial y calidad vinculada al origen geográfico y la tradición productiva, realizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y actual Ministerio de Agroindustria, en el marco de la Ley 25.380 modificada por su similar 25.966, que a la fecha incluyen: las denominaciones de origen Chivito Criollo del Norte Neuquino y Salame de Tandil; las indicaciones geográficas Salame Típico de Colonia Caroya; Melón de Media Agua, San Juan; Cordero Patagónico; Alcauciles Platenses; Yerba Mate Argentina; y en particular, por la Denominación de Origen “Dulce de Membrillo Rubio de San Juan”, cuyo trámite de reconocimiento se encuentra próximo a concluir.

Señor presidente:

Mediante el presente proyecto de declaración se promueve expresar el beneplácito de esta Cámara del trabajo realizado por grupos de productores y elaboradores de productos alimentarios con identidad propia, resultado de una herencia histórica y cultural que, en distintas regiones del país, han promovido procesos de reconocimiento de la calidad particular derivada del origen geográfico –incluyendo factores naturales y humanos- en el marco de las Leyes 25.380 y 25.966.

La Ley 25380, sancionada el 30 de noviembre de 2000, instauró el Régimen legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios, proceso iniciado bajo un proyecto de mi autoría, como Senador Nacional de la Provincia de San Juan. Esta normativa era necesaria para proveer un régimen legal específico de protección para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el marco del Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC – o TRIPS en sus siglas en inglés), tratado que integra los 24 acuerdos que conforman la Organización Mundial del Comercio (OMC) organización que supervisa el sistema internacional que fija las condiciones de la competencia y el comercio mundial, bajo un sistema basado en reglas; y que fuera ratificado mediante la Ley 24.425. Pero, fundamentalmente, se pretendía promover la diferenciación y valorización de los muchos productos de calidad singular, fruto de una combinación entre el territorio, los saberes compartidos y las personas que los hacen, que se dan en las distintas regiones de nuestro país, como una herramienta que concretara el “agregado de valor en origen” y lo comunicara a los consumidores.

Por distintas razones, esta ley no fue operativa sino hasta su modificación, mediante la Ley N° 25.966 - la que también fuera de mi autoría como Senador Nacional- sancionada el 17 de noviembre de 2004, que ajustó algunas de sus disposiciones a los estándares establecidos por el ADPIC, en el convencimiento que esta herramienta era relevante para el desarrollo de distintas comunidades de productores, los que llevan en algunos casos, invirtiendo los esfuerzos de varias generaciones, en lograr alimentos con una calidad que debía ser reconocida oficialmente y por ende, protegida contra las usurpaciones; brindando a la vez una garantía a los consumidores sobre el origen y cualidades del producto.

Sin embargo, el sistema legal recién comienza a aplicarse a partir de la emisión del Decreto Reglamentario N° 556 en el año 2009; y con la implementación de programas de apoyo, como el PROCAL (actual Programa de asistencia integral para el agregado de valor en agroalimentos, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación – UCAR), de la FAO y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; y el desarrollo de las capacidades administrativas necesarias para su gestión.

El proceso de reconocimiento y registro de una indicación geográfica o una denominación de origen (dos tipos de sello para un único propósito: identificar una calidad derivada del origen geográfico) es trabajoso, ya que es necesario investigar el producto y su sistema de producción, así como determinar, con bases técnicas y científicas, el vínculo entre la calidad y el territorio; así como realizar colectivamente un protocolo de producción, que indica cómo se hace, y los parámetros de producto.

Tal vez por ello es que actualmente en nuestro país hay sólo siete reconocidos oficialmente: Chivito Criollo del Norte Neuquino y Salame de Tandil; Salame Típico de Colonia Caroya; Melón de Media Agua, San Juan; Cordero Patagónico; Alcauciles Platenses; Yerba Mate Argentina. Y algunos en avanzado estado de reconocimiento – casi concluyendo el trámite- como la Denominación de Origen del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan; otros en construcción, como Espárragos del Médano de Oro, San Juan; Cordero del Centro Mesopotámico, Salames de Mercedes y de Oncativo; Queso de Tafí del Valle, etc.

Cada uno de estos productos representan valores identitarios, culturales y económicos en sus respectivas comunidades; y es menester resaltar el esfuerzo de los productores, elaboradores y equipos técnicos de acompañamiento.

Y, en referencia a un caso concreto de mi provincia, quisiera destacar que el reconocimiento de laa “Indicación Geográfica Melón de Media Agua, San Juan” ( Resolución SAGyP 549-2014), no se agotó en obtener la etiqueta; sino que ese proceso de construcción colectivo y su reconocimiento como alimento identitario, generó una dinámica territorial promotora del desarrollo que continúa en la edificación de capital social, técnico y científico en torno a esta producción hortícola que tiene una historia de un siglo, pero que la ha hecho visible y logrado atraer instrumentos de políticas públicas y de herramientas de apoyo técnicas, sociales y comerciales involucradas en la producción de esta fruta en la zona, así como el control pos registro de la IG. Por su parte, la etiqueta colectiva de calidad que llevan los melones de un conjunto de unos cien agricultores familiares, en conjunto con apoyo crediticio y técnico, logró, en algunos casos, una mejora de rentabilidad cercana al 40 %, respecto de la venta en finca a intermediarios.

El beneplácito, entonces, refiere a que el proceso que se iniciara con el dictado de leyes nacionales que brindaran el marco legal necesario, ha podido a lo largo de 15 años, brindarnos casos concretos de aplicación de las normas, y resultados concretos en beneficio de las comunidades implicadas; lo que a los legisladores nos brinda la satisfacción de verificar que las leyes que sancionamos realmente son útiles para nuestra gente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el apoyo a la presente iniciativa.