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ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 445
Jefe DRA. ALVAREZ CLARA BEATRIZ
Martes 13.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2434 Internos 2434/35
casyspublica@hcdn.gob.ar
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de junio de 2021, a la hora 10 y 39, se da comienzo a la reunión virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública a los efectos de dar tratamiento al proyecto venido en revisión del Honorable Senado.
Por Secretaría se dará lectura de la carátula del proyecto en consideración.
Por Secretaría se dará lectura de la carátula del proyecto en consideración.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Expediente
0023-s-2021: "Proyecto de ley sobre marco normativo destinado a la protección de la salud pública, estableciendo las medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos por COVID-19."
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Gracias, señor secretario.
Por una cuestión de orden, las presidencias y vicepresidencias de cada una de las comisiones actuantes hemos recabado las listas de oradores. Como aún no hemos estipulado el tiempo que se asignará a cada orador -cosa que jamás hemos hecho en las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, les pedimos prudencia. No obstante, estimo que 7 minutos es un tiempo apropiado, si están de acuerdo.
Por una cuestión de orden, las presidencias y vicepresidencias de cada una de las comisiones actuantes hemos recabado las listas de oradores. Como aún no hemos estipulado el tiempo que se asignará a cada orador -cosa que jamás hemos hecho en las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, les pedimos prudencia. No obstante, estimo que 7 minutos es un tiempo apropiado, si están de acuerdo.
Una señora diputada sin identificar realiza un comentario fuera de micrófono.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Estamos proponiendo un acuerdo, señora diputada. Quédese tranquila, usted podrá hablar todo lo que quiera, como siempre lo ha hecho en la comisión que presido.
Daremos la palabra, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el señor diputado Yedlin.
Daremos la palabra, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el señor diputado Yedlin.
SR. YEDLIN Gracias, señor presidente. Agradezco también a todos los diputados y diputadas que hoy se encuentran presentes para dar tratamiento a un proyecto de ley que viene con media sanción del Senado, respecto del cual me permitiré hablar unos minutos acerca de la importancia que tiene para nosotros.
A lo largo de esta pandemia, tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos provinciales y municipales, hemos tenido que tomar distintos tipos de decisiones con el objetivo de atender a la salud pública e intentar evitar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de contagios y formas graves de la enfermedad, atender a las formas que requieren tratamiento específico en internación, además de aquellos que se complicaban y terminaban en terapia intensiva. Inclusive, como todos sabemos, debimos asistir a un lamentable número de argentinos y argentinas que murieron por esto, cuestión que, desde ya, fue inesperada para todos y que de alguna manera puso a la Argentina y al mundo en una situación muy compleja.
No está de más decir que el sistema de salud de la Argentina se encontraba en una situación debilitada y que entre todos tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para aumentar la cantidad de camas críticas, destinar la mayor cantidad posible de recurso humano específico para esta tarea e intentar conseguir más vacunas -para lo cual el martes pasado tuvimos una reunión con los laboratorios-, a fin de poder así tener una salida definitiva a esto.
Pero en realidad en el mundo solamente tres cosas demostraron utilidad para poder reducir el número de infectados y muertes: una de ellas son las vacunas, que no son el tema que hoy específicamente nos convoca; la otra son los testeos, para poder aislar a las personas que tienen la enfermedad y de esa manera intentar cortar el circuito de contagio, y la tercera es la restricción de la circulación del virus. Como el virus circula solamente en humanos, lamentablemente debemos restringir también la circulación de personas.
Esto se ha hecho por medio de decisiones que el Poder Ejecutivo nacional fue tomando por decretos de necesidad y urgencia a lo largo de la pandemia, asuntos que también fueron tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Con algunos de ustedes -y veo que se encuentra presente el presidente de la bicameral, quien nos acompaña-, hasta el momento hemos dado tratamiento a todos los DNU en este sentido. Todos han sido considerados en la bicameral, todos han tenido dictamen favorable y todos han pasado a ambas Cámaras para su aprobación definitiva.
Dicho esto, también quiero señalar que en forma permanente la oposición pidió en la bicameral que esto no se tratara por decreto de necesidad y urgencia, sino que, dado que el Parlamento estaba activo, hiciéramos un proyecto de ley que permitiera la discusión de este tema, de manera que las restricciones quedaran establecidas en una ley.
Atendiendo a esta situación y también a la judicialización de algunos de los últimos DNU -no me refiero al último, sino al penúltimo- por parte de algunas jurisdicciones, y teniendo en cuenta, además, la decisión de la Corte Suprema de dar respuesta a este trámite, el Poder Ejecutivo nacional, a partir del Ministerio de Salud de la Nación, envía este proyecto de ley al Senado, que es el que hoy llega a nosotros.
Puntualmente, y a pesar de lo que se haya dicho de esta iniciativa -seguramente hoy escucharemos la opinión de algunos diputados-, a mi manera de ver es un proyecto virtuoso, por varias razones; en primer lugar, por el hecho de que sea un proyecto de ley, que podamos discutirlo en esta Cámara y que entre todos podamos ver si esta es la mejor norma o si puede haber alguna modificación. Es más, el proyecto del Poder Ejecutivo ha tenido varias modificaciones en el Senado, que de alguna manera han mejorado esta iniciativa, y hoy viene a la Cámara de Diputados y a esta comisión con ese mismo objetivo.
Lo que básicamente establece el proyecto es la definición de un semáforo epidemiológico -por decirlo así- de gravedad creciente para que las restricciones a la circulación de la población tengan una lógica sanitaria. Los indicadores que se usan son muy sencillos, son los utilizados en todo el mundo y son fácilmente entendibles a mi manera de ver. Uno de ellos tiene que ver con la tasa de incidencia acumulada, o sea, es la suma de los casos registrados en los últimos catorce días. En otras palabras, se suman los casos de los últimos catorce días y se los lleva a una tasa cada 100.000 habitantes para poder comparar poblaciones de distinto tamaño. Esto se estableció así porque, si no, uno estaría comparando ciudades muy grandes con otras más chiquitas.
Entonces, como decía, se lleva todo a una tasa cada 100.000 habitantes, eso se suma y nos da la tasa de incidencia acumulada, que se define en valores de menos de 50; de 50 a 150; de 150 a 250; 250 o más y, además, fija un valor de alerta grave, que es más de 500.
Estos valores no son azarosos. En todo el mundo se usan valores similares. Quiero decirles que en líneas generales, comparando internacionalmente, se trata de un valor alto. Si tenemos en cuenta cuánto usa Alemania o cuánto se usa en otros países, verán que los valores suelen ser más bajos. De todas maneras, estos indicadores nos dan una idea clara a todos, tanto a la población como a los gobernadores e intendentes, para tomar las decisiones de restricción.
A mi manera de ver, la norma es muy respetuosa de los gobiernos locales. Todas las decisiones que se tomen a partir de la sanción de esta ley serán tomadas por los gobernadores y los intendentes. No hay en la delegación de facultades, pedida en esta ley en un artículo, al gobierno nacional, un intento de saltear la autoridad real, sino todo lo contrario: es poner blanco sobre negro o negro sobre blanco la claridad de cuáles son los indicadores en las provincias.
Cuando nosotros vemos cómo está hoy en la Argentina este semáforo epidemiológico -y no voy a hablar de todas las provincias, sino solamente de algunas-, la provincia que presenta el peor indicador es Córdoba, con una tasa acumulada de 1.800. Estamos diciendo que por encima de 250 es muchísimo, y que por arriba de 500 es alerta. Córdoba tiene 1.800; CABA tiene 1.323 -que viene en descenso-; Santa Fe, 1.200; Entre Ríos, 1.150; Tucumán, 1.117; Buenos Aires, 953, y Mendoza, 660, también mejorando.
Además de estos valores -todos por encima de 500, como ustedes verán-, la norma tiene otro indicador, que es la razón. Es decir, este valor que hoy tenemos, ¿viene subiendo, está estable o está en descenso? En algunas de las provincias que mencioné está estable; en otras está subiendo, por ejemplo en Tucumán, y en otras está en descenso, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con estos dos valores, es decir, tasa acumulada y la razón de descenso, ascenso o estabilidad, se genera una tabla que nos pone en distinta situación.
La ley establece que si hay valores bajos, estables o en descenso, las restricciones son las mínimas. Si esto empieza a aumentar, van aumentando las restricciones, y si el valor llega a más de 500, las medidas deben ser extremas. Solo en ese caso el proyecto dice que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los gobernadores e intendentes, va a tener la facultad, si es que no se toman las medidas en estas jurisdicciones, protegiendo la salud y tutelando la vida de los argentinos, de tomar las decisiones desde el nivel nacional como facultad delegada. Solo en ese momento.
Inclusive aclara que los parámetros que definan ese momento pueden ser modificados en el marco del Consejo Federal de Salud, y atendiendo a lo que la Corte Suprema dijo en su fallo, que debe ser por razones válidas epidemiológicas y sanitarias.
Finalmente, lo que tenemos que intentar entre todos es tener la menor cantidad posible de enfermos y muertos por esta enfermedad. El objetivo de esta ley va en ese sentido. Cuando uno ve la mortalidad acumulada de esta enfermedad en los distintos lugares del mundo ve valores muy disímiles. La Argentina está en un promedio de 170 muertos por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, es un valor alto. Perú está peor, tiene 264, e Inglaterra tiene 190, pero Inglaterra ya pasó la segunda ola y nosotros estamos en plena ola, con lo cual, posiblemente terminemos superando ese valor. Hay países que están muy bien, como Canadá, que tiene 70.
También dentro de la Argentina las provincias tienen distintos valores de mortalidad. Ese número de 170 se construye por un promedio. La peor provincia argentina en cuanto a mortalidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un promedio de 302 muertos por cada 100.000 habitantes. Está muy por arriba de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la otra.
Cuando vemos estos números y escuchamos algunas opiniones acerca de esto -seguramente enseguida las vamos a escuchar- pareciera que no sintonizamos el mismo concepto.
A mi manera de ver -y con esto finalizo, señor presidente-, este es un proyecto de ley virtuoso que pone claridad sobre las restricciones necesarias, que hará que no necesitemos permanentes DNU y que otorgará lo que la oposición nos pedía en el sentido de tener una ley clara que no delegue facultades o superpoderes a nadie, sino que ponga en la decisión de cada uno de los gobernadores y los intendentes la responsabilidad sobre la vida y la salud de los argentinos.
Por supuesto, adelanto mi voto a favor del dictamen.
A lo largo de esta pandemia, tanto desde el gobierno nacional como desde los gobiernos provinciales y municipales, hemos tenido que tomar distintos tipos de decisiones con el objetivo de atender a la salud pública e intentar evitar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de contagios y formas graves de la enfermedad, atender a las formas que requieren tratamiento específico en internación, además de aquellos que se complicaban y terminaban en terapia intensiva. Inclusive, como todos sabemos, debimos asistir a un lamentable número de argentinos y argentinas que murieron por esto, cuestión que, desde ya, fue inesperada para todos y que de alguna manera puso a la Argentina y al mundo en una situación muy compleja.
No está de más decir que el sistema de salud de la Argentina se encontraba en una situación debilitada y que entre todos tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para aumentar la cantidad de camas críticas, destinar la mayor cantidad posible de recurso humano específico para esta tarea e intentar conseguir más vacunas -para lo cual el martes pasado tuvimos una reunión con los laboratorios-, a fin de poder así tener una salida definitiva a esto.
Pero en realidad en el mundo solamente tres cosas demostraron utilidad para poder reducir el número de infectados y muertes: una de ellas son las vacunas, que no son el tema que hoy específicamente nos convoca; la otra son los testeos, para poder aislar a las personas que tienen la enfermedad y de esa manera intentar cortar el circuito de contagio, y la tercera es la restricción de la circulación del virus. Como el virus circula solamente en humanos, lamentablemente debemos restringir también la circulación de personas.
Esto se ha hecho por medio de decisiones que el Poder Ejecutivo nacional fue tomando por decretos de necesidad y urgencia a lo largo de la pandemia, asuntos que también fueron tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Con algunos de ustedes -y veo que se encuentra presente el presidente de la bicameral, quien nos acompaña-, hasta el momento hemos dado tratamiento a todos los DNU en este sentido. Todos han sido considerados en la bicameral, todos han tenido dictamen favorable y todos han pasado a ambas Cámaras para su aprobación definitiva.
Dicho esto, también quiero señalar que en forma permanente la oposición pidió en la bicameral que esto no se tratara por decreto de necesidad y urgencia, sino que, dado que el Parlamento estaba activo, hiciéramos un proyecto de ley que permitiera la discusión de este tema, de manera que las restricciones quedaran establecidas en una ley.
Atendiendo a esta situación y también a la judicialización de algunos de los últimos DNU -no me refiero al último, sino al penúltimo- por parte de algunas jurisdicciones, y teniendo en cuenta, además, la decisión de la Corte Suprema de dar respuesta a este trámite, el Poder Ejecutivo nacional, a partir del Ministerio de Salud de la Nación, envía este proyecto de ley al Senado, que es el que hoy llega a nosotros.
Puntualmente, y a pesar de lo que se haya dicho de esta iniciativa -seguramente hoy escucharemos la opinión de algunos diputados-, a mi manera de ver es un proyecto virtuoso, por varias razones; en primer lugar, por el hecho de que sea un proyecto de ley, que podamos discutirlo en esta Cámara y que entre todos podamos ver si esta es la mejor norma o si puede haber alguna modificación. Es más, el proyecto del Poder Ejecutivo ha tenido varias modificaciones en el Senado, que de alguna manera han mejorado esta iniciativa, y hoy viene a la Cámara de Diputados y a esta comisión con ese mismo objetivo.
Lo que básicamente establece el proyecto es la definición de un semáforo epidemiológico -por decirlo así- de gravedad creciente para que las restricciones a la circulación de la población tengan una lógica sanitaria. Los indicadores que se usan son muy sencillos, son los utilizados en todo el mundo y son fácilmente entendibles a mi manera de ver. Uno de ellos tiene que ver con la tasa de incidencia acumulada, o sea, es la suma de los casos registrados en los últimos catorce días. En otras palabras, se suman los casos de los últimos catorce días y se los lleva a una tasa cada 100.000 habitantes para poder comparar poblaciones de distinto tamaño. Esto se estableció así porque, si no, uno estaría comparando ciudades muy grandes con otras más chiquitas.
Entonces, como decía, se lleva todo a una tasa cada 100.000 habitantes, eso se suma y nos da la tasa de incidencia acumulada, que se define en valores de menos de 50; de 50 a 150; de 150 a 250; 250 o más y, además, fija un valor de alerta grave, que es más de 500.
Estos valores no son azarosos. En todo el mundo se usan valores similares. Quiero decirles que en líneas generales, comparando internacionalmente, se trata de un valor alto. Si tenemos en cuenta cuánto usa Alemania o cuánto se usa en otros países, verán que los valores suelen ser más bajos. De todas maneras, estos indicadores nos dan una idea clara a todos, tanto a la población como a los gobernadores e intendentes, para tomar las decisiones de restricción.
A mi manera de ver, la norma es muy respetuosa de los gobiernos locales. Todas las decisiones que se tomen a partir de la sanción de esta ley serán tomadas por los gobernadores y los intendentes. No hay en la delegación de facultades, pedida en esta ley en un artículo, al gobierno nacional, un intento de saltear la autoridad real, sino todo lo contrario: es poner blanco sobre negro o negro sobre blanco la claridad de cuáles son los indicadores en las provincias.
Cuando nosotros vemos cómo está hoy en la Argentina este semáforo epidemiológico -y no voy a hablar de todas las provincias, sino solamente de algunas-, la provincia que presenta el peor indicador es Córdoba, con una tasa acumulada de 1.800. Estamos diciendo que por encima de 250 es muchísimo, y que por arriba de 500 es alerta. Córdoba tiene 1.800; CABA tiene 1.323 -que viene en descenso-; Santa Fe, 1.200; Entre Ríos, 1.150; Tucumán, 1.117; Buenos Aires, 953, y Mendoza, 660, también mejorando.
Además de estos valores -todos por encima de 500, como ustedes verán-, la norma tiene otro indicador, que es la razón. Es decir, este valor que hoy tenemos, ¿viene subiendo, está estable o está en descenso? En algunas de las provincias que mencioné está estable; en otras está subiendo, por ejemplo en Tucumán, y en otras está en descenso, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con estos dos valores, es decir, tasa acumulada y la razón de descenso, ascenso o estabilidad, se genera una tabla que nos pone en distinta situación.
La ley establece que si hay valores bajos, estables o en descenso, las restricciones son las mínimas. Si esto empieza a aumentar, van aumentando las restricciones, y si el valor llega a más de 500, las medidas deben ser extremas. Solo en ese caso el proyecto dice que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los gobernadores e intendentes, va a tener la facultad, si es que no se toman las medidas en estas jurisdicciones, protegiendo la salud y tutelando la vida de los argentinos, de tomar las decisiones desde el nivel nacional como facultad delegada. Solo en ese momento.
Inclusive aclara que los parámetros que definan ese momento pueden ser modificados en el marco del Consejo Federal de Salud, y atendiendo a lo que la Corte Suprema dijo en su fallo, que debe ser por razones válidas epidemiológicas y sanitarias.
Finalmente, lo que tenemos que intentar entre todos es tener la menor cantidad posible de enfermos y muertos por esta enfermedad. El objetivo de esta ley va en ese sentido. Cuando uno ve la mortalidad acumulada de esta enfermedad en los distintos lugares del mundo ve valores muy disímiles. La Argentina está en un promedio de 170 muertos por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, es un valor alto. Perú está peor, tiene 264, e Inglaterra tiene 190, pero Inglaterra ya pasó la segunda ola y nosotros estamos en plena ola, con lo cual, posiblemente terminemos superando ese valor. Hay países que están muy bien, como Canadá, que tiene 70.
También dentro de la Argentina las provincias tienen distintos valores de mortalidad. Ese número de 170 se construye por un promedio. La peor provincia argentina en cuanto a mortalidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un promedio de 302 muertos por cada 100.000 habitantes. Está muy por arriba de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la otra.
Cuando vemos estos números y escuchamos algunas opiniones acerca de esto -seguramente enseguida las vamos a escuchar- pareciera que no sintonizamos el mismo concepto.
A mi manera de ver -y con esto finalizo, señor presidente-, este es un proyecto de ley virtuoso que pone claridad sobre las restricciones necesarias, que hará que no necesitemos permanentes DNU y que otorgará lo que la oposición nos pedía en el sentido de tener una ley clara que no delegue facultades o superpoderes a nadie, sino que ponga en la decisión de cada uno de los gobernadores y los intendentes la responsabilidad sobre la vida y la salud de los argentinos.
Por supuesto, adelanto mi voto a favor del dictamen.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Señor presidente: en primer lugar, manifiesto una cuestión de orden preliminar.
El tratamiento de esta cuestión es sensible e involucra aspectos relativos a restricciones de derechos esenciales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. Especialmente, involucra el derecho a la educación, ya que una de las disposiciones de este proyecto de ley, en su artículo 21, manda cerrar escuelas y suspender las clases presenciales en determinados distritos de nuestro país, con lo cual, priva del derecho a la educación a miles de niños y niñas de nuestro país.
En este sentido, un colectivo importante y federal, que se ha desplegado a lo largo y ancho del país, que es Padres Organizados, nos había transmitido su inquietud de participar de esta deliberación.
Nuestro interbloque había pedido que se los convocara y lamentamos que no haya sido considerada esa petición, a diferencia de otros poderes del Estado que sí les dieron participación en la toma de decisiones. Me refiero a la Corte, que admitió el carácter de amicus curiae en el fallo que todos conocemos -y sobre el cual vamos a volver en el tratamiento de esta cuestión-, del 24 de mayo de este año, "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado nacional", donde les reconoció un carácter prominente y tuvo en cuenta su opinión y su parecer sobre esta cuestión, que es similar a la de este proyecto de ley que, en definitiva, lo que pretende es legalizar la solución de esos dos decretos que, por ese fallo de la Corte, fueron declarados inconstitucionales.
En este sentido y previamente a manifestar nuestra opinión sobre este proyecto de ley, quisiera saber si, como solicitamos por nota ingresada hace prácticamente un mes, hay alguna posibilidad de que este grupo de padres representantes a nivel federal pero también de las distintas provincias, puedan expresar su parecer en el marco de esta deliberación.
El tratamiento de esta cuestión es sensible e involucra aspectos relativos a restricciones de derechos esenciales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. Especialmente, involucra el derecho a la educación, ya que una de las disposiciones de este proyecto de ley, en su artículo 21, manda cerrar escuelas y suspender las clases presenciales en determinados distritos de nuestro país, con lo cual, priva del derecho a la educación a miles de niños y niñas de nuestro país.
En este sentido, un colectivo importante y federal, que se ha desplegado a lo largo y ancho del país, que es Padres Organizados, nos había transmitido su inquietud de participar de esta deliberación.
Nuestro interbloque había pedido que se los convocara y lamentamos que no haya sido considerada esa petición, a diferencia de otros poderes del Estado que sí les dieron participación en la toma de decisiones. Me refiero a la Corte, que admitió el carácter de amicus curiae en el fallo que todos conocemos -y sobre el cual vamos a volver en el tratamiento de esta cuestión-, del 24 de mayo de este año, "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado nacional", donde les reconoció un carácter prominente y tuvo en cuenta su opinión y su parecer sobre esta cuestión, que es similar a la de este proyecto de ley que, en definitiva, lo que pretende es legalizar la solución de esos dos decretos que, por ese fallo de la Corte, fueron declarados inconstitucionales.
En este sentido y previamente a manifestar nuestra opinión sobre este proyecto de ley, quisiera saber si, como solicitamos por nota ingresada hace prácticamente un mes, hay alguna posibilidad de que este grupo de padres representantes a nivel federal pero también de las distintas provincias, puedan expresar su parecer en el marco de esta deliberación.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO La nota fue recibida el día lunes de la semana pasada, es decir, hace diez días. Además, debo admitir que, previamente, usted me lo comunicó de manera telefónica.
Esto no tiene que ver con una cuestión que se personalice con Padres Organizados ni mucho menos. Tiene que ver con una cuestión de organización.
Es un criterio adoptado que las reuniones informativas se realizaron en la Cámara de Senadores y esta reunión ha sido convocada a los efectos de dictaminar y no con carácter informativo.
Es todo lo que tengo para decir al respecto, sin que tenga que ver, insisto, con la organización de este colectivo.
Esto no tiene que ver con una cuestión que se personalice con Padres Organizados ni mucho menos. Tiene que ver con una cuestión de organización.
Es un criterio adoptado que las reuniones informativas se realizaron en la Cámara de Senadores y esta reunión ha sido convocada a los efectos de dictaminar y no con carácter informativo.
Es todo lo que tengo para decir al respecto, sin que tenga que ver, insisto, con la organización de este colectivo.
SRA. LOSPENNATO Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO No es la idea hacer un debate de este tema, señora diputada.
Está en uso de la palabra el señor diputado Menna.
Está en uso de la palabra el señor diputado Menna.
SRA. LOSPENNATO ¿Me permite una interrupción, diputado Menna, con la venia de la presidencia?
SR. MENNA Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada Lospennato.
SRA. LOSPENNATO Muchas gracias, diputado Mena, por concederme la interrupción.
Señor presidente: en primer lugar, es un criterio extrañísimo que los debates que se den en el Senado no se den en la Cámara de Diputados, como si no fuéramos en la Constitución Nacional un bicameralismo simétrico.
La verdad que es la primera vez que escucho que porque debaten los senadores, y nosotros no estamos presentes -porque además, no sé si saben que no podemos ingresar a los debates en comisión en el Senado, sólo podemos hacerlo en esta Cámara-, no podemos debatir un tema en esta Cámara de Diputados.
Esta ha sido una decisión unilateral y arbitraria del oficialismo, con lo cual, deberán hacerse cargo de que no quisieron escuchar a los Padres Organizados. Pero esta idea de que se debatió en un lado, debo decir que tampoco los invitaron a participar.
Lamentablemente, los menores no tienen voz y los padres, muchas veces, la mayoría o todas las veces, tenemos la obligación de hablar por nuestros hijos.
Los Padres Organizados, que reciben este rechazo, lamentan muchísimo que la institución más importante de representación del pueblo no los escuche y por ello nos han enviado una carta.
Quiero saber si el presidente me va a permitir leer la carta de los Padres Organizados o tampoco nos van permitir leer la carta de este grupo de padres que quieren tener voz. La carta tiene cuatro párrafos, así que le voy a pedir que me autorice a leerla, señor presidente.
Señor presidente: en primer lugar, es un criterio extrañísimo que los debates que se den en el Senado no se den en la Cámara de Diputados, como si no fuéramos en la Constitución Nacional un bicameralismo simétrico.
La verdad que es la primera vez que escucho que porque debaten los senadores, y nosotros no estamos presentes -porque además, no sé si saben que no podemos ingresar a los debates en comisión en el Senado, sólo podemos hacerlo en esta Cámara-, no podemos debatir un tema en esta Cámara de Diputados.
Esta ha sido una decisión unilateral y arbitraria del oficialismo, con lo cual, deberán hacerse cargo de que no quisieron escuchar a los Padres Organizados. Pero esta idea de que se debatió en un lado, debo decir que tampoco los invitaron a participar.
Lamentablemente, los menores no tienen voz y los padres, muchas veces, la mayoría o todas las veces, tenemos la obligación de hablar por nuestros hijos.
Los Padres Organizados, que reciben este rechazo, lamentan muchísimo que la institución más importante de representación del pueblo no los escuche y por ello nos han enviado una carta.
Quiero saber si el presidente me va a permitir leer la carta de los Padres Organizados o tampoco nos van permitir leer la carta de este grupo de padres que quieren tener voz. La carta tiene cuatro párrafos, así que le voy a pedir que me autorice a leerla, señor presidente.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Está en uso de la palabra, señora diputada, así que puede leer.
SRA. LOSPENNATO Muchas gracias, señor presidente.
Dice así: "Señores diputados: somos madres y padres que venimos luchando desde hace meses para que las escuelas estén abiertas. Algo tan básico y que considerábamos indiscutible en nuestro país quedó en suspenso por la pandemia: el acceso a la educación para niños y adolescentes.
"La pandemia o, más bien, la respuesta que el gobierno ofreció ante una situación que afectó a toda la humanidad, se llevó puesto los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque el cierre de las escuelas no solo afectó su derecho a los aprendizajes académicos, sino que desarticuló un entorno de socialización elemental para su constitución como sujetos autónomos y significó la desaparición de un ámbito clave de contención ante situaciones de violencia familiar y de abusos de todo tipo.
"Imaginamos que nuestros representantes no desconocen esta situación.
"Queremos creer que no la desconocían en marzo del año pasado, cuando entró en vigencia el primer decreto presidencial que resolvió la suspensión de clases presenciales.
"En ese momento, ciertamente, se sabía poco del virus y en gran parte del mundo se tomó la decisión del cierre de escuelas bajo la presunción de que los niños eran vectores de contagio, los superpropagadores. Entonces, para preservar a los mayores se decidió encerrar a los niños.
"Esa presunción no se constató de manera fehaciente y múltiples estudios mostraron que los niños no representan un papel relevante en la transmisión de COVID-19. Ese es el consenso hoy, y establecido hace varios meses. Un consenso proclamado por la OMS, las distintas agencias de salud europeas y los CDC, y recogido por organismos internacionales como UNICEF.
"Hay quienes objetan ese consenso y siguen mostrando estudios para justificar el cierre de escuelas como estrategia eficaz para frenar los contagios. Por supuesto, quienes sostienen ese argumento eluden por completo el impacto que esa decisión tiene sobre los más vulnerables, sobre niños y adolescentes que no tienen ninguna voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres.
"Pero en un país en donde seis de cada diez niños están bajo la línea de la pobreza, esa voz debería ser la de toda nuestra sociedad. Esa voz que trasciende cualquier grieta y que reconoce que no podemos seguir ignorando el daño causado y el costo que están pagando aquellos que deberían contar con nuestra protección absoluta y permanente."
Esta es la carta que nos ha enviado un grupo de padres organizados para defender el derecho a la educación de los niños, que se encuentra garantizado en nuestra Constitución. Lamentamos que hoy no puedan estar aquí presentes. Gracias, señor presidente.
Dice así: "Señores diputados: somos madres y padres que venimos luchando desde hace meses para que las escuelas estén abiertas. Algo tan básico y que considerábamos indiscutible en nuestro país quedó en suspenso por la pandemia: el acceso a la educación para niños y adolescentes.
"La pandemia o, más bien, la respuesta que el gobierno ofreció ante una situación que afectó a toda la humanidad, se llevó puesto los derechos fundamentales de nuestros hijos, porque el cierre de las escuelas no solo afectó su derecho a los aprendizajes académicos, sino que desarticuló un entorno de socialización elemental para su constitución como sujetos autónomos y significó la desaparición de un ámbito clave de contención ante situaciones de violencia familiar y de abusos de todo tipo.
"Imaginamos que nuestros representantes no desconocen esta situación.
"Queremos creer que no la desconocían en marzo del año pasado, cuando entró en vigencia el primer decreto presidencial que resolvió la suspensión de clases presenciales.
"En ese momento, ciertamente, se sabía poco del virus y en gran parte del mundo se tomó la decisión del cierre de escuelas bajo la presunción de que los niños eran vectores de contagio, los superpropagadores. Entonces, para preservar a los mayores se decidió encerrar a los niños.
"Esa presunción no se constató de manera fehaciente y múltiples estudios mostraron que los niños no representan un papel relevante en la transmisión de COVID-19. Ese es el consenso hoy, y establecido hace varios meses. Un consenso proclamado por la OMS, las distintas agencias de salud europeas y los CDC, y recogido por organismos internacionales como UNICEF.
"Hay quienes objetan ese consenso y siguen mostrando estudios para justificar el cierre de escuelas como estrategia eficaz para frenar los contagios. Por supuesto, quienes sostienen ese argumento eluden por completo el impacto que esa decisión tiene sobre los más vulnerables, sobre niños y adolescentes que no tienen ninguna voz en esta discusión, tan solo la voz de sus padres.
"Pero en un país en donde seis de cada diez niños están bajo la línea de la pobreza, esa voz debería ser la de toda nuestra sociedad. Esa voz que trasciende cualquier grieta y que reconoce que no podemos seguir ignorando el daño causado y el costo que están pagando aquellos que deberían contar con nuestra protección absoluta y permanente."
Esta es la carta que nos ha enviado un grupo de padres organizados para defender el derecho a la educación de los niños, que se encuentra garantizado en nuestra Constitución. Lamentamos que hoy no puedan estar aquí presentes. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Menna.
SR. MENNA Señor presidente: aquí se ha dicho que este es un proyecto de ley virtuoso porque pretende devolverle al Congreso el rol que le otorga la Constitución Nacional y, de esta forma, que no se gobierne por decreto. Sin embargo, luego de analizar este proyecto de ley puedo decir tajantemente que eso no es cierto.
No se trata de un proyecto virtuoso ni de una ley que le devuelve al Parlamento el rol que le corresponde sino todo lo contrario. Se trata de una norma delegativa, en la que tal vez la única pauta objetivamente aceptable de determinación de parámetros se encuentra en el artículo 3º al que se hace referencia, con el cual se puede acordar o discrepar, como cualquier otra solución legislativa.
Pero, teniendo en cuenta lo demás -especialmente el artículo 4º-, más que una delegación se trata de la entrega de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que, invocando la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia de COVID-19, quede habilitado para adoptar cualquier tipo de medida que se le ocurra.
En realidad, esto constituye la ratificación de la senda que este gobierno ha elegido seguir desde el 10 de diciembre de 2019, incluso antes de que existiera el COVID-19. En efecto, no nos podemos olvidar que esta administración debutó con la ley de las nueve emergencias, número 27.541. Esa declaración de emergencia en nueve materias implicó una monumental delegación de atribuciones legislativas hacia el Poder Ejecutivo. Esto dio lugar al ejercicio del gobierno por decreto.
Desde ese entonces, y en virtud de esa ley, se dictaron 41 decretos delegados hasta la fecha. Además, como si esto fuera poco, hasta el día de hoy se han dictado 99 decretos de necesidad y urgencia, antes y durante el COVID-19.
No podemos dejar de tener presente que la Constitución concibe ambas herramientas como excepcionales. Es decir, no es totalmente cierto que son potestades previstas en la Constitución, como escuchamos decir en la comisión bicameral.
Si bien es cierto que estas facultades se encuentran previstas en la Constitución Nacional, al analizar y leer su artículo 99, inciso 3º, advertimos que ese no es el artículo de los DNU sino todo lo contrario. Ese artículo comienza diciendo que por ningún motivo y bajo pena de nulidad absoluta e insanable el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo.
En lo que respecta a la delegación sucede lo mismo; el artículo 76 la tolera pero no la auspicia. Esa norma también comienza diciendo que está prohibida la delegación legislativa en cabeza del Poder Ejecutivo y luego la habilita en situaciones de excepcionalidad y de emergencia respecto de materias muy acotadas.
Esta excepcionalidad se ha hecho norma. Se han dictado 140 decretos que, si bien tienen la forma de un decreto, son leyes en su contenido. En lugar de terminar con esto, este proyecto de ley lo potencia ya que franquea la puerta para que esta práctica se consolide y se verifique como una cuestión de normalidad.
A su vez, debemos añadir a este escenario el hecho de que los resortes de control previstos en la Constitución Nacional tampoco han funcionado.
Recién escuché al diputado que informó este dictamen decir que todos los decretos de necesidad y urgencia dictados hasta ahora habían sido dictaminados y validados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esto no es cierto. De esas 140 disposiciones de contenido legislativo por las dos vertientes -DNU y decretos delegados- solo se han tratado 47: 40 DNU y 7 decretos delegados. Entonces, prácticamente solo un tercio de toda esta exorbitancia de gobierno por decreto ha pasado por el tamiz de la comisión bicameral.
Este proyecto de ley nos pone de cabeza en esa normalidad por la cual se pretende romper un principio basal del sistema republicano. No podemos dejar de tener presente que desde 1853 la Constitución Nacional ha definido y adoptado el sistema republicano que, entre otras cosas, implica división de poderes. Esto significa que cada poder solo puede ejercer las competencias que le atribuye la Constitución.
Con esta iniciativa se concentra todo el poder en el presidente de la Nación, generando de este modo un cesarismo. Justamente esto se quería prevenir con la reforma constitucional de 1994, conforme surge de los debates.
Este es el camino que se ha tomado pero, además, -y también debemos decirlo- se ha incorporado una categoría jurídica nueva a esta realidad paralela o por fuera de la Constitución. Me refiero a la autodelegación.
El Poder Ejecutivo se ha permitido dictar decretos ampliando material y temporalmente las delegaciones que le dio este Congreso. Sin ir más lejos, el decreto madre -que es el número 260/2020- amplió la emergencia sanitaria dictada por el Congreso como si el órgano delegado pudiera ir más allá de lo que dispone el delegante; como si el abogado pusiera en el poder más atribuciones que las que le dio el comitente.
En función de ese decreto 260 se ampliaron subjetivamente los poderes en materia de policía sanitaria y, además, se extendió esa emergencia por un año. El decreto fue dictado el 11 de marzo de 2020 por lo que se extendió la emergencia hasta el 11 de marzo de 2021, si bien la ley delegante establecía que la delegación era hasta el 31 de diciembre de 2020.
Además, como si esto fuera poco, el 11 de marzo de este año se dictó el decreto 167/21 ampliando esa emergencia y delegación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo mismo ha pasado en otras materias como, por ejemplo, las intervenciones de organismos de control -como el Enargas o el ENRE- que han sido prorrogadas más allá del mandato de un año establecido en la ley 27.541. Es decir, han sido prorrogadas más allá de lo que autoriza la ley.
Entonces, en este escenario de exageración de decretos de contenido legislativo por cualquiera de las dos vertientes, sumados a los de esta categoría que se ha creado y que es contraria a la Constitución -me refiero a los decretos de autodelegación- y al escaso rol de control que lleva adelante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, irrumpe este proyecto de ley que pretende más de lo mismo.
No serán DNU; esto es cierto. Ya no habrá DNU. ¿Para qué va a haber DNU si este proyecto de ley intenta poner en manos del Poder Ejecutivo una habilitación para que haga lo que quiera con la sola invocación de que tiene el objetivo de proteger la vida y la salud pública? Es una renuncia al ejercicio de las atribuciones que nos da la Constitución. Es la deserción más absoluta de las competencias de este Congreso.
Este proyecto de ley además tiene definiciones llamativas, y hasta groseras, como esa disposición que califica a los gobernadores de delegados del gobierno federal. Al someterse a los poderes federales, los gobernadores son concebidos como empleados, como si no fueran funcionarios resultantes del voto popular. Los gobernadores son delegados del pueblo de sus provincias, no del poder central. Se trata en todo caso de una suerte de lapsus, de una confesión del verdadero propósito de este proyecto de ley. Digo esto más allá de que el Senado haya subsanado el problema cuando dio la media sanción, ya que ahora se adopta el giro "agentes del gobierno federal", tal como establece el artículo 128 de la Constitución. Pero eso se establece para hacer cumplir la legislación federal, no para que se reciban órdenes o dictados del presidente de la Nación o de burócratas de segundo o tercer orden.
Más allá de esa corrección, lo cierto es que el proyecto de ley sigue imbuido de un sentido antifederalista, porque continúa dándole directivas a los gobernadores. Esto aparece en distintas cláusulas. El propio artículo 4º establece una suerte de delegación de poderes a los gobernadores, como si el Congreso de la Nación pudiera hacerlo.
Lo cierto es que no tiene esa facultad porque se supone que somos un Estado federal integrado por provincias preexistentes. Los poderes que han delegado las provincias a los poderes públicos federales son los que están contemplados por la Constitución, y no otros que son indelegables porque no les corresponden al Congreso de la Nación. ¿Cómo se podría delegar lo que no se tiene? Además, reitero, se desconoce lo que es el federalismo.
La otra cuestión que no ha sido subsanada en el Senado es que la delegación a todo evento requiere de bases ciertas, concretas y precisas, no fórmulas genéricas y abiertas como las del artículo 4º. Se requiere de temporalidad. Ninguna delegación de atribuciones legislativas puede hacerse sin plazo.
Llama la atención que hayan concebido un proyecto de ley con delegación, sin plazo y calificando a los gobernadores como delegados del gobierno federal. Como dije, esa delegación no tenía plazo hasta que el Senado fijo uno. No obstante, lo que el Senado no ha subsanado es la concreción de las bases de esa delegación legislativa.
Este proyecto de ley sigue huérfano de bases, por lo cual es absolutamente contrario a la Constitución y a la función de este Congreso. Seguramente, pasará por los mismos tropiezos judiciales que pasaron los decretos que esta iniciativa pretende consolidar y blanquear, como si fuera suficiente que una normativa tenga forma de ley para ser válida.
Para pasar el test constitucional tiene que tener un contenido compatible con la Constitución, y en este caso claramente no lo tiene. No lo tiene porque vulnera las instituciones republicanas, destruye lo que se puede concebir como división de poderes y quebranta la dimensión federal. Ejerce una especie de tutelaje de las provincias a través de una delegación al Poder Ejecutivo, diciéndoles qué tienen que hacer y qué no y hasta dónde pueden llegar.
Además, establece disposiciones como las del artículo 21, que, como ya se ha dicho, incursiona en lo que la doctrina constitucional llama "legislación contrajurisprudencial", porque no es que la Corte se ha pronunciado sobre este tema hace diez o quince años; el máximo tribunal de la República lo ha dicho hace exactamente treinta días, cuando estableció que el Congreso no puede decidir en materia educativa porque esa es una competencia reservada a las provincias.
De manera que esta suspensión de clases que dispone el artículo 21 confronta con el criterio de distribución de competencias de la Constitución, así como confronta con un mandato expreso contenido en un fallo del máximo tribunal de la República. Allí, de un modo quizá premonitorio, se afirma que no importa la fuente normativa de esta vulneración. Así lo establece el considerando 26 del voto de los jueces Maqueda y Rosatti.
El tema no es si es un decreto o una ley. Ese considerando lo dice claramente: una ley del Congreso que dispusiera esto sería igualmente inconstitucional, porque no importa cuál es la fuente normativa. El problema es que estamos en un Estado federal que está conformado por veinticuatro Estados preexistentes.
Se trata de una unión indestructible de Estados indestructibles, como dijo la Corte de Estados Unidos en el siglo XIX, haciendo alusión al esquema que nosotros también adoptamos.
Entonces, ¿cómo es que se pretende insistir en algo que ya está testeado? Es probable que si una norma de este tipo se aprueba, corra la misma suerte y no resista un planteo judicial. Porque por una cuestión de mayorías acá quizá ser pueda negar arbitrariamente la voz de los padres, de los colectivos y de la sociedad civil. Pero no van a poder evitar que se impugne judicialmente en los distintos órganos judiciales del resto del país.
Hay una cuestión concreta: se vulnera el derecho a la educación de las personas y existe una norma dictada por un órgano que es manifiestamente incompetente.
Además, en el marco de esta megadelegación de atribuciones, el proyecto de ley también se permite avanzar sobre normas que protegen la intimidad de las personas. Hay cuestiones que no pueden estar sujetas a la intromisión estatal porque hacen a la esfera de reserva de los individuos. Esto es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, y el proyecto de ley incursiona en eso.
Puede parecer una cuestión anecdótica o menor, pero este proyecto nos dice dónde nos tenemos que parar, cuántas veces nos tenemos que lavar las manos y cómo tenemos que toser o estornudar. Está muy bien que existan tales recomendaciones sanitarias.
Ahora bien, el problema es que acá las estamos fijando como norma jurídica. Y no solo eso: estamos diciendo que el presidente puede agregar otras cuestiones vinculadas con este tipo de comportamientos. Pero, además, "juridiza" el tema, esto es, le da carácter de norma jurídica, ya que el artículo 29 incrimina cualquier tipo de quebrantamiento de las disposiciones de este proyecto de ley. No hace la salvedad de que algunas tienen que ver con la intimidad personal y acontecen al interior del hogar o del ámbito de las relaciones personales. No hace ninguna diferencia. Todo lo manda al derecho penal. Promete causa penal para absolutamente todo.
Se podría pensar que nuestra visión es exagerada o tremendista, pero lo cierto es que en este tiempo de pandemia nosotros hemos visto ejercer, sobre todo en las provincias, la violencia institucional y el abuso de poder. Hay personas que han muerto en comisarias en situaciones que aún al día de hoy no se han esclarecido. También hubo aperturas de causas penales por opiniones vertidas en redes sociales y en medios de comunicación. Ha habido persecución a periodistas por el mismo motivo.
Por tanto, con este proyecto de ley estamos abriendo una puerta peligrosa: la de la juridización de la vida privada. Y no solo eso: también se intenta la penalización de todos esos aspectos.
Considero que debería reflexionarse seriamente antes de convalidar un proyecto de ley como el que está en consideración. Debemos animarnos a que sea el Congreso el que establezca por medio de una ley no solo los parámetros, que ya están contemplados en el artículo 3º, sino también las consecuencias que siguen a esos parámetros.
Este proyecto de ley claramente renuncia a ello. Deserta en lo relativo a las competencias del Congreso, ya que se las otorga al Poder Ejecutivo nacional. Así, prácticamente estamos bajando las persianas en esta emergencia sanitaria que, como se ha visto, involucra aspectos que no solamente tienen que ver con cuestiones de salud y médicas, sino también con la libertad de las personas, el derecho a la educación, el derecho a visitar a un familiar enfermo, el derecho a asistir a un familiar o a un amigo en estado terminal y el derecho a cruzar lo que de ninguna manera podemos llamar fronteras provinciales, porque en la Argentina no hay fronteras interiores sino, en todo caso, límites. Acá se ha impedido cruzar los límites provinciales, y no solo eso, ya que ese impedimento también se aplicó para la vuelta al propio hogar.
Todo eso que no debería volver a ocurrir lo estamos convalidando y habilitando con este proyecto de ley, transfiriendo todo ese poder omnímodo a una sola persona.
Por los motivos expuestos, adelanto el rechazo de nuestro interbloque. (Aplausos.)
No se trata de un proyecto virtuoso ni de una ley que le devuelve al Parlamento el rol que le corresponde sino todo lo contrario. Se trata de una norma delegativa, en la que tal vez la única pauta objetivamente aceptable de determinación de parámetros se encuentra en el artículo 3º al que se hace referencia, con el cual se puede acordar o discrepar, como cualquier otra solución legislativa.
Pero, teniendo en cuenta lo demás -especialmente el artículo 4º-, más que una delegación se trata de la entrega de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que, invocando la protección de la vida y de la salud pública en el marco de la pandemia de COVID-19, quede habilitado para adoptar cualquier tipo de medida que se le ocurra.
En realidad, esto constituye la ratificación de la senda que este gobierno ha elegido seguir desde el 10 de diciembre de 2019, incluso antes de que existiera el COVID-19. En efecto, no nos podemos olvidar que esta administración debutó con la ley de las nueve emergencias, número 27.541. Esa declaración de emergencia en nueve materias implicó una monumental delegación de atribuciones legislativas hacia el Poder Ejecutivo. Esto dio lugar al ejercicio del gobierno por decreto.
Desde ese entonces, y en virtud de esa ley, se dictaron 41 decretos delegados hasta la fecha. Además, como si esto fuera poco, hasta el día de hoy se han dictado 99 decretos de necesidad y urgencia, antes y durante el COVID-19.
No podemos dejar de tener presente que la Constitución concibe ambas herramientas como excepcionales. Es decir, no es totalmente cierto que son potestades previstas en la Constitución, como escuchamos decir en la comisión bicameral.
Si bien es cierto que estas facultades se encuentran previstas en la Constitución Nacional, al analizar y leer su artículo 99, inciso 3º, advertimos que ese no es el artículo de los DNU sino todo lo contrario. Ese artículo comienza diciendo que por ningún motivo y bajo pena de nulidad absoluta e insanable el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo.
En lo que respecta a la delegación sucede lo mismo; el artículo 76 la tolera pero no la auspicia. Esa norma también comienza diciendo que está prohibida la delegación legislativa en cabeza del Poder Ejecutivo y luego la habilita en situaciones de excepcionalidad y de emergencia respecto de materias muy acotadas.
Esta excepcionalidad se ha hecho norma. Se han dictado 140 decretos que, si bien tienen la forma de un decreto, son leyes en su contenido. En lugar de terminar con esto, este proyecto de ley lo potencia ya que franquea la puerta para que esta práctica se consolide y se verifique como una cuestión de normalidad.
A su vez, debemos añadir a este escenario el hecho de que los resortes de control previstos en la Constitución Nacional tampoco han funcionado.
Recién escuché al diputado que informó este dictamen decir que todos los decretos de necesidad y urgencia dictados hasta ahora habían sido dictaminados y validados en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esto no es cierto. De esas 140 disposiciones de contenido legislativo por las dos vertientes -DNU y decretos delegados- solo se han tratado 47: 40 DNU y 7 decretos delegados. Entonces, prácticamente solo un tercio de toda esta exorbitancia de gobierno por decreto ha pasado por el tamiz de la comisión bicameral.
Este proyecto de ley nos pone de cabeza en esa normalidad por la cual se pretende romper un principio basal del sistema republicano. No podemos dejar de tener presente que desde 1853 la Constitución Nacional ha definido y adoptado el sistema republicano que, entre otras cosas, implica división de poderes. Esto significa que cada poder solo puede ejercer las competencias que le atribuye la Constitución.
Con esta iniciativa se concentra todo el poder en el presidente de la Nación, generando de este modo un cesarismo. Justamente esto se quería prevenir con la reforma constitucional de 1994, conforme surge de los debates.
Este es el camino que se ha tomado pero, además, -y también debemos decirlo- se ha incorporado una categoría jurídica nueva a esta realidad paralela o por fuera de la Constitución. Me refiero a la autodelegación.
El Poder Ejecutivo se ha permitido dictar decretos ampliando material y temporalmente las delegaciones que le dio este Congreso. Sin ir más lejos, el decreto madre -que es el número 260/2020- amplió la emergencia sanitaria dictada por el Congreso como si el órgano delegado pudiera ir más allá de lo que dispone el delegante; como si el abogado pusiera en el poder más atribuciones que las que le dio el comitente.
En función de ese decreto 260 se ampliaron subjetivamente los poderes en materia de policía sanitaria y, además, se extendió esa emergencia por un año. El decreto fue dictado el 11 de marzo de 2020 por lo que se extendió la emergencia hasta el 11 de marzo de 2021, si bien la ley delegante establecía que la delegación era hasta el 31 de diciembre de 2020.
Además, como si esto fuera poco, el 11 de marzo de este año se dictó el decreto 167/21 ampliando esa emergencia y delegación hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo mismo ha pasado en otras materias como, por ejemplo, las intervenciones de organismos de control -como el Enargas o el ENRE- que han sido prorrogadas más allá del mandato de un año establecido en la ley 27.541. Es decir, han sido prorrogadas más allá de lo que autoriza la ley.
Entonces, en este escenario de exageración de decretos de contenido legislativo por cualquiera de las dos vertientes, sumados a los de esta categoría que se ha creado y que es contraria a la Constitución -me refiero a los decretos de autodelegación- y al escaso rol de control que lleva adelante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, irrumpe este proyecto de ley que pretende más de lo mismo.
No serán DNU; esto es cierto. Ya no habrá DNU. ¿Para qué va a haber DNU si este proyecto de ley intenta poner en manos del Poder Ejecutivo una habilitación para que haga lo que quiera con la sola invocación de que tiene el objetivo de proteger la vida y la salud pública? Es una renuncia al ejercicio de las atribuciones que nos da la Constitución. Es la deserción más absoluta de las competencias de este Congreso.
Este proyecto de ley además tiene definiciones llamativas, y hasta groseras, como esa disposición que califica a los gobernadores de delegados del gobierno federal. Al someterse a los poderes federales, los gobernadores son concebidos como empleados, como si no fueran funcionarios resultantes del voto popular. Los gobernadores son delegados del pueblo de sus provincias, no del poder central. Se trata en todo caso de una suerte de lapsus, de una confesión del verdadero propósito de este proyecto de ley. Digo esto más allá de que el Senado haya subsanado el problema cuando dio la media sanción, ya que ahora se adopta el giro "agentes del gobierno federal", tal como establece el artículo 128 de la Constitución. Pero eso se establece para hacer cumplir la legislación federal, no para que se reciban órdenes o dictados del presidente de la Nación o de burócratas de segundo o tercer orden.
Más allá de esa corrección, lo cierto es que el proyecto de ley sigue imbuido de un sentido antifederalista, porque continúa dándole directivas a los gobernadores. Esto aparece en distintas cláusulas. El propio artículo 4º establece una suerte de delegación de poderes a los gobernadores, como si el Congreso de la Nación pudiera hacerlo.
Lo cierto es que no tiene esa facultad porque se supone que somos un Estado federal integrado por provincias preexistentes. Los poderes que han delegado las provincias a los poderes públicos federales son los que están contemplados por la Constitución, y no otros que son indelegables porque no les corresponden al Congreso de la Nación. ¿Cómo se podría delegar lo que no se tiene? Además, reitero, se desconoce lo que es el federalismo.
La otra cuestión que no ha sido subsanada en el Senado es que la delegación a todo evento requiere de bases ciertas, concretas y precisas, no fórmulas genéricas y abiertas como las del artículo 4º. Se requiere de temporalidad. Ninguna delegación de atribuciones legislativas puede hacerse sin plazo.
Llama la atención que hayan concebido un proyecto de ley con delegación, sin plazo y calificando a los gobernadores como delegados del gobierno federal. Como dije, esa delegación no tenía plazo hasta que el Senado fijo uno. No obstante, lo que el Senado no ha subsanado es la concreción de las bases de esa delegación legislativa.
Este proyecto de ley sigue huérfano de bases, por lo cual es absolutamente contrario a la Constitución y a la función de este Congreso. Seguramente, pasará por los mismos tropiezos judiciales que pasaron los decretos que esta iniciativa pretende consolidar y blanquear, como si fuera suficiente que una normativa tenga forma de ley para ser válida.
Para pasar el test constitucional tiene que tener un contenido compatible con la Constitución, y en este caso claramente no lo tiene. No lo tiene porque vulnera las instituciones republicanas, destruye lo que se puede concebir como división de poderes y quebranta la dimensión federal. Ejerce una especie de tutelaje de las provincias a través de una delegación al Poder Ejecutivo, diciéndoles qué tienen que hacer y qué no y hasta dónde pueden llegar.
Además, establece disposiciones como las del artículo 21, que, como ya se ha dicho, incursiona en lo que la doctrina constitucional llama "legislación contrajurisprudencial", porque no es que la Corte se ha pronunciado sobre este tema hace diez o quince años; el máximo tribunal de la República lo ha dicho hace exactamente treinta días, cuando estableció que el Congreso no puede decidir en materia educativa porque esa es una competencia reservada a las provincias.
De manera que esta suspensión de clases que dispone el artículo 21 confronta con el criterio de distribución de competencias de la Constitución, así como confronta con un mandato expreso contenido en un fallo del máximo tribunal de la República. Allí, de un modo quizá premonitorio, se afirma que no importa la fuente normativa de esta vulneración. Así lo establece el considerando 26 del voto de los jueces Maqueda y Rosatti.
El tema no es si es un decreto o una ley. Ese considerando lo dice claramente: una ley del Congreso que dispusiera esto sería igualmente inconstitucional, porque no importa cuál es la fuente normativa. El problema es que estamos en un Estado federal que está conformado por veinticuatro Estados preexistentes.
Se trata de una unión indestructible de Estados indestructibles, como dijo la Corte de Estados Unidos en el siglo XIX, haciendo alusión al esquema que nosotros también adoptamos.
Entonces, ¿cómo es que se pretende insistir en algo que ya está testeado? Es probable que si una norma de este tipo se aprueba, corra la misma suerte y no resista un planteo judicial. Porque por una cuestión de mayorías acá quizá ser pueda negar arbitrariamente la voz de los padres, de los colectivos y de la sociedad civil. Pero no van a poder evitar que se impugne judicialmente en los distintos órganos judiciales del resto del país.
Hay una cuestión concreta: se vulnera el derecho a la educación de las personas y existe una norma dictada por un órgano que es manifiestamente incompetente.
Además, en el marco de esta megadelegación de atribuciones, el proyecto de ley también se permite avanzar sobre normas que protegen la intimidad de las personas. Hay cuestiones que no pueden estar sujetas a la intromisión estatal porque hacen a la esfera de reserva de los individuos. Esto es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, y el proyecto de ley incursiona en eso.
Puede parecer una cuestión anecdótica o menor, pero este proyecto nos dice dónde nos tenemos que parar, cuántas veces nos tenemos que lavar las manos y cómo tenemos que toser o estornudar. Está muy bien que existan tales recomendaciones sanitarias.
Ahora bien, el problema es que acá las estamos fijando como norma jurídica. Y no solo eso: estamos diciendo que el presidente puede agregar otras cuestiones vinculadas con este tipo de comportamientos. Pero, además, "juridiza" el tema, esto es, le da carácter de norma jurídica, ya que el artículo 29 incrimina cualquier tipo de quebrantamiento de las disposiciones de este proyecto de ley. No hace la salvedad de que algunas tienen que ver con la intimidad personal y acontecen al interior del hogar o del ámbito de las relaciones personales. No hace ninguna diferencia. Todo lo manda al derecho penal. Promete causa penal para absolutamente todo.
Se podría pensar que nuestra visión es exagerada o tremendista, pero lo cierto es que en este tiempo de pandemia nosotros hemos visto ejercer, sobre todo en las provincias, la violencia institucional y el abuso de poder. Hay personas que han muerto en comisarias en situaciones que aún al día de hoy no se han esclarecido. También hubo aperturas de causas penales por opiniones vertidas en redes sociales y en medios de comunicación. Ha habido persecución a periodistas por el mismo motivo.
Por tanto, con este proyecto de ley estamos abriendo una puerta peligrosa: la de la juridización de la vida privada. Y no solo eso: también se intenta la penalización de todos esos aspectos.
Considero que debería reflexionarse seriamente antes de convalidar un proyecto de ley como el que está en consideración. Debemos animarnos a que sea el Congreso el que establezca por medio de una ley no solo los parámetros, que ya están contemplados en el artículo 3º, sino también las consecuencias que siguen a esos parámetros.
Este proyecto de ley claramente renuncia a ello. Deserta en lo relativo a las competencias del Congreso, ya que se las otorga al Poder Ejecutivo nacional. Así, prácticamente estamos bajando las persianas en esta emergencia sanitaria que, como se ha visto, involucra aspectos que no solamente tienen que ver con cuestiones de salud y médicas, sino también con la libertad de las personas, el derecho a la educación, el derecho a visitar a un familiar enfermo, el derecho a asistir a un familiar o a un amigo en estado terminal y el derecho a cruzar lo que de ninguna manera podemos llamar fronteras provinciales, porque en la Argentina no hay fronteras interiores sino, en todo caso, límites. Acá se ha impedido cruzar los límites provinciales, y no solo eso, ya que ese impedimento también se aplicó para la vuelta al propio hogar.
Todo eso que no debería volver a ocurrir lo estamos convalidando y habilitando con este proyecto de ley, transfiriendo todo ese poder omnímodo a una sola persona.
Por los motivos expuestos, adelanto el rechazo de nuestro interbloque. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra la señora diputada Gaillard.
SRA. GAILLARD Buenos días, señores presidentes de ambas comisiones.
Creo que este proyecto es muy necesario y urgente. Desde que comenzó la pandemia que azota al mundo, tal como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, es público y notorio que estamos en emergencia. El gobierno nacional tuvo que gobernar y administrar ante la dificultad de la pandemia para fortalecer el sistema de salud, para que no colapse y para bajar el número de casos.
El gobierno ha tomado las medidas a partir de una herramienta que tiene el presidente de la Nación, que es el DNU, en función de lo establecido en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Justamente, dicho inciso señala que cuando el Congreso no puede reunirse, el presidente puede asumir la potestad legislativa.
Todos los aquí presentes sabemos que nuestro presidente no puede legislar; sino que de acuerdo con la establecido en la Constitución, quien puede hacerlo es el Congreso. Pero ante una emergencia, hay dos institutos que plantea la Constitución Nacional para ejercer la potestad legislativa en el Ejecutivo. Uno, los decretos de necesidad y urgencia; el otro, las facultades delegadas. El Congreso es el que tiene la potestad originaria de legislar y otorga esa facultad al Ejecutivo y eso es lo que estamos haciendo hoy.
¿Por qué es importante contar con esta ley? Porque cuando empezó la pandemia nuestro presidente, a través de los decretos de necesidad y urgencia, fue tomando las medidas para preservar la vida y la salud de los argentinos.
La oposición de Juntos por el Cambio, que hoy se opone a este proyecto de ley, el año pasado avaló cada uno de los decretos de necesidad y urgencia en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esos decretos establecían medidas sanitarias que en la mayoría de los casos, aunque no nos guste, nuestro gobierno debía tomar aunque restringieran algunos derechos que en épocas normales se ejercen en plenitud, pero que en pandemia tenemos que limitar justamente para bajar los casos y que no se sature el sistema de salud. Así fue que se avalaron todos esos DNU.
Sin embargo, a comienzos de año, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que controla los DNU que dicta nuestro presidente, porque ese es el control que efectúa el Congreso, nos encontramos con que no querían posibilitar que sesionara porque no estaban de acuerdo con los decretos.
Ustedes saben que cuando el presidente dicta un DNU, a los diez días llega al Congreso y debemos considerarlo. Debido a un acuerdo con la oposición, diputado Menna, habiendo vencido las fechas para las cuales habían sido dictadas las medidas en el DNU, no se iban a tratar. La comisión intentó sesionar este año sin el acuerdo de la oposición que no quería venir a discutir los DNU, por supuesto, debilitando al Congreso. Porque ¿qué más empodera al Congreso que controlar las facultades de nuestro presidente y el dictado de estas medidas?
Ahora bien, hay un montón de incoherencias de la oposición, no solamente porque no quisieron prestar acuerdo para que funcionara la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, sino también porque no quieren más DNU y hoy se oponen a otra herramienta que propone nuestro presidente y nuestro gobierno para llevar adelante las medidas sanitarias necesarias en esta pandemia.
Me refiero a la sanción de una ley por la cual el Congreso delega facultades y establece parámetros claros para tomar determinadas medidas en función de la cantidad de habitantes de los departamentos y de la situación epidemiológica.
Nosotros estamos legislando, pero el Congreso no puede juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar. Necesitamos previsibilidad. Nuestros intendentes, nuestros gobernadores y nuestro presidente necesitan previsibilidad. En pandemia, ante la misma situación epidemiológica, no puede un gobernador tomar una medida y otro, una distinta. Necesitamos un órgano nacional rector de las medidas que se toman en pandemia.
Soy entrerriana y también defiendo el federalismo. Pero ese federalismo no se ve afectado por una ley que delega facultades al Ejecutivo para que nuestro presidente, los gobernadores y los intendentes tomen medidas y tengan las herramientas necesarias para restringir de forma adecuada con el fin de salvar vidas en función del riesgo epidemiológico.
Entiendo que lo más razonable para defender al federalismo es otorgar a los gobernadores las herramientas necesarias para preservar la vida de los entrerrianos. Ustedes no quieren DNU, pero tampoco la delegación legislativa que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, debe tener base y plazo. Las dos medidas están contenidas en la ley porque se cumple con todo lo que establece la Constitución.
Por otro lado, ustedes plantean el tema de las clases. Está contemplado en el proyecto de ley la suspensión solamente en casos de alarma y alerta epidemiológica, que es el más excepcional. Podemos tener aglomerados con riesgo epidemiológico bajo, medio, alto y alarma. Solamente en situaciones de alarma se establece que se deben suspender las clases y, ante la morigeración de los casos, puede revaluarse la medida. Es decir que siempre se plantea revaluar y revisar, dando un marco de intervención al COFESA. ¿Qué hay más federal que el COFESA para tomar las medidas?
Entonces, acá estamos dando herramientas al Ejecutivo para que tome medidas en función del riesgo epidemiológico, resguardando todos los aspectos constitucionales.
La verdad es que me molesta cuando hablan de superpoderes ante los medios de comunicación. ¿Qué superpoderes si la gente se está muriendo en las terapias intensivas? Tenemos que tomar medidas y muchas provincias que no las tomaron a tiempo están sufriendo la pérdida de familiares, amigos y mucha otra gente.
El Estado nacional tiene la obligación de preservar la vida y la salud de los argentinos. Esa es una obligación de nuestro Estado nacional, cuya máxima referencia es nuestro presidente. Entonces, en vez de asustarnos y defender el republicanismo y la división de poderes, respetamos lo establecido en la Constitución. Aclaro que no es una medida inconstitucional porque se cumple lo establecido en el artículo 76 ya que el Estado nacional tiene la obligación de preservar la vida y la salud y no atenta contra las provincias ni contra sus facultades, ya que se ocupa de aclarar que hay facultades propias y concurrentes.
Entonces, el proyecto respeta esas facultades al señalar que se delegan al presidente determinadas cuestiones y a los gobernadores otras y que se evaluarán. O sea que hay un montón de mecanismos de control.
La verdad es que hoy la población argentina necesita que la cuidemos y no que estemos preocupados por el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo? Por eso, llamo a la reflexión de la oposición para que nos dé las herramientas ya que ellos mismos el año pasado estuvieron pidiendo una ley y querían discutir los parámetros epidemiológicos. Bueno, ahora lo estamos haciendo y no solo lo discutimos en nuestro país, sino que también se hizo en el mundo. La pandemia azota al mundo y se fue extendiendo en el tiempo.
Entendemos que, al principio, lo que servía al para tomar las medidas eran los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, hoy entendemos que lo más razonable es contar con una ley que fije parámetros claros para dar previsibilidad no solo a nuestro gobierno para manejar la pandemia, para que no se sature el sistema de salud y para bajar los casos, sino también para el beneficio de la población, para que sepa lo que puede hacer en función de la situación epidemiológica y así tener una vida más organizada ante este lío que nos genera la pandemia. La gente la está pasando mal y necesita que nosotros como legisladores nos pongamos de acuerdo para hacerles la vida un poco más llevadera en un momento complejo en el que todos perdimos algún familiar, amigo o tenemos a alguien internado.
También debo decir que hay mucha gente que se ha vacunado y que la vacuna trae vida y esperanza. Y celebro la reunión que llevamos a cabo hace unos días con representantes de los laboratorios. Personalmente, sentía que se estaba empañando una campaña de vacunación exitosa, generando dudas e instalando suspicacias acerca de los laboratorios. Tal como lo expresó la señora diputada Brawer, nosotros no podemos hacer una ley a medida de los laboratorios. Por eso, a partir de la ley vigente de vacunas se pudo acordar con un montón de laboratorios y se está llevando adelante con éxito la campaña de vacunación.
Me parece, y para finalizar...
Creo que este proyecto es muy necesario y urgente. Desde que comenzó la pandemia que azota al mundo, tal como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, es público y notorio que estamos en emergencia. El gobierno nacional tuvo que gobernar y administrar ante la dificultad de la pandemia para fortalecer el sistema de salud, para que no colapse y para bajar el número de casos.
El gobierno ha tomado las medidas a partir de una herramienta que tiene el presidente de la Nación, que es el DNU, en función de lo establecido en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Justamente, dicho inciso señala que cuando el Congreso no puede reunirse, el presidente puede asumir la potestad legislativa.
Todos los aquí presentes sabemos que nuestro presidente no puede legislar; sino que de acuerdo con la establecido en la Constitución, quien puede hacerlo es el Congreso. Pero ante una emergencia, hay dos institutos que plantea la Constitución Nacional para ejercer la potestad legislativa en el Ejecutivo. Uno, los decretos de necesidad y urgencia; el otro, las facultades delegadas. El Congreso es el que tiene la potestad originaria de legislar y otorga esa facultad al Ejecutivo y eso es lo que estamos haciendo hoy.
¿Por qué es importante contar con esta ley? Porque cuando empezó la pandemia nuestro presidente, a través de los decretos de necesidad y urgencia, fue tomando las medidas para preservar la vida y la salud de los argentinos.
La oposición de Juntos por el Cambio, que hoy se opone a este proyecto de ley, el año pasado avaló cada uno de los decretos de necesidad y urgencia en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Esos decretos establecían medidas sanitarias que en la mayoría de los casos, aunque no nos guste, nuestro gobierno debía tomar aunque restringieran algunos derechos que en épocas normales se ejercen en plenitud, pero que en pandemia tenemos que limitar justamente para bajar los casos y que no se sature el sistema de salud. Así fue que se avalaron todos esos DNU.
Sin embargo, a comienzos de año, en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que controla los DNU que dicta nuestro presidente, porque ese es el control que efectúa el Congreso, nos encontramos con que no querían posibilitar que sesionara porque no estaban de acuerdo con los decretos.
Ustedes saben que cuando el presidente dicta un DNU, a los diez días llega al Congreso y debemos considerarlo. Debido a un acuerdo con la oposición, diputado Menna, habiendo vencido las fechas para las cuales habían sido dictadas las medidas en el DNU, no se iban a tratar. La comisión intentó sesionar este año sin el acuerdo de la oposición que no quería venir a discutir los DNU, por supuesto, debilitando al Congreso. Porque ¿qué más empodera al Congreso que controlar las facultades de nuestro presidente y el dictado de estas medidas?
Ahora bien, hay un montón de incoherencias de la oposición, no solamente porque no quisieron prestar acuerdo para que funcionara la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, sino también porque no quieren más DNU y hoy se oponen a otra herramienta que propone nuestro presidente y nuestro gobierno para llevar adelante las medidas sanitarias necesarias en esta pandemia.
Me refiero a la sanción de una ley por la cual el Congreso delega facultades y establece parámetros claros para tomar determinadas medidas en función de la cantidad de habitantes de los departamentos y de la situación epidemiológica.
Nosotros estamos legislando, pero el Congreso no puede juntarse todos los días para tomar medidas diferentes en función del riesgo epidemiológico o de la situación de cada lugar. Necesitamos previsibilidad. Nuestros intendentes, nuestros gobernadores y nuestro presidente necesitan previsibilidad. En pandemia, ante la misma situación epidemiológica, no puede un gobernador tomar una medida y otro, una distinta. Necesitamos un órgano nacional rector de las medidas que se toman en pandemia.
Soy entrerriana y también defiendo el federalismo. Pero ese federalismo no se ve afectado por una ley que delega facultades al Ejecutivo para que nuestro presidente, los gobernadores y los intendentes tomen medidas y tengan las herramientas necesarias para restringir de forma adecuada con el fin de salvar vidas en función del riesgo epidemiológico.
Entiendo que lo más razonable para defender al federalismo es otorgar a los gobernadores las herramientas necesarias para preservar la vida de los entrerrianos. Ustedes no quieren DNU, pero tampoco la delegación legislativa que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, debe tener base y plazo. Las dos medidas están contenidas en la ley porque se cumple con todo lo que establece la Constitución.
Por otro lado, ustedes plantean el tema de las clases. Está contemplado en el proyecto de ley la suspensión solamente en casos de alarma y alerta epidemiológica, que es el más excepcional. Podemos tener aglomerados con riesgo epidemiológico bajo, medio, alto y alarma. Solamente en situaciones de alarma se establece que se deben suspender las clases y, ante la morigeración de los casos, puede revaluarse la medida. Es decir que siempre se plantea revaluar y revisar, dando un marco de intervención al COFESA. ¿Qué hay más federal que el COFESA para tomar las medidas?
Entonces, acá estamos dando herramientas al Ejecutivo para que tome medidas en función del riesgo epidemiológico, resguardando todos los aspectos constitucionales.
La verdad es que me molesta cuando hablan de superpoderes ante los medios de comunicación. ¿Qué superpoderes si la gente se está muriendo en las terapias intensivas? Tenemos que tomar medidas y muchas provincias que no las tomaron a tiempo están sufriendo la pérdida de familiares, amigos y mucha otra gente.
El Estado nacional tiene la obligación de preservar la vida y la salud de los argentinos. Esa es una obligación de nuestro Estado nacional, cuya máxima referencia es nuestro presidente. Entonces, en vez de asustarnos y defender el republicanismo y la división de poderes, respetamos lo establecido en la Constitución. Aclaro que no es una medida inconstitucional porque se cumple lo establecido en el artículo 76 ya que el Estado nacional tiene la obligación de preservar la vida y la salud y no atenta contra las provincias ni contra sus facultades, ya que se ocupa de aclarar que hay facultades propias y concurrentes.
Entonces, el proyecto respeta esas facultades al señalar que se delegan al presidente determinadas cuestiones y a los gobernadores otras y que se evaluarán. O sea que hay un montón de mecanismos de control.
La verdad es que hoy la población argentina necesita que la cuidemos y no que estemos preocupados por el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo? Por eso, llamo a la reflexión de la oposición para que nos dé las herramientas ya que ellos mismos el año pasado estuvieron pidiendo una ley y querían discutir los parámetros epidemiológicos. Bueno, ahora lo estamos haciendo y no solo lo discutimos en nuestro país, sino que también se hizo en el mundo. La pandemia azota al mundo y se fue extendiendo en el tiempo.
Entendemos que, al principio, lo que servía al para tomar las medidas eran los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, hoy entendemos que lo más razonable es contar con una ley que fije parámetros claros para dar previsibilidad no solo a nuestro gobierno para manejar la pandemia, para que no se sature el sistema de salud y para bajar los casos, sino también para el beneficio de la población, para que sepa lo que puede hacer en función de la situación epidemiológica y así tener una vida más organizada ante este lío que nos genera la pandemia. La gente la está pasando mal y necesita que nosotros como legisladores nos pongamos de acuerdo para hacerles la vida un poco más llevadera en un momento complejo en el que todos perdimos algún familiar, amigo o tenemos a alguien internado.
También debo decir que hay mucha gente que se ha vacunado y que la vacuna trae vida y esperanza. Y celebro la reunión que llevamos a cabo hace unos días con representantes de los laboratorios. Personalmente, sentía que se estaba empañando una campaña de vacunación exitosa, generando dudas e instalando suspicacias acerca de los laboratorios. Tal como lo expresó la señora diputada Brawer, nosotros no podemos hacer una ley a medida de los laboratorios. Por eso, a partir de la ley vigente de vacunas se pudo acordar con un montón de laboratorios y se está llevando adelante con éxito la campaña de vacunación.
Me parece, y para finalizar...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. GAILLARD ...que nosotros tenemos que ser razonables y coherentes. Nadie está más preocupado que nuestro presidente Alberto Fernández y nuestros gobernadores por cuidar la vida y la salud de los argentinos. Entonces, les hago un llamado a la reflexión para que colaboren a fin de que los distintos gobiernos puedan tener las herramientas para cuidar a nuestra población.
Ustedes se refieren al republicanismo y a la división de poderes de la boca para afuera, porque cuando tuvieron que nombrar jueces de la Corte por decreto no tuvieron ningún prurito. La verdad es que ustedes también dictaron un montón de decretos de necesidad y urgencia y delegaron facultades. Y todo eso es constitucional. ¡No le mientan a la gente!
¡Dejen de engañar a la población sembrando dudas y suspicacias sobre una gran cantidad de cuestiones que no son! ¡Dejen de hablar de superpoderes! ¡Estamos hablando de herramientas para cuidar a la gente! ¡Y dejen de mentir con el tema de las clases presenciales!
Ustedes se refieren al republicanismo y a la división de poderes de la boca para afuera, porque cuando tuvieron que nombrar jueces de la Corte por decreto no tuvieron ningún prurito. La verdad es que ustedes también dictaron un montón de decretos de necesidad y urgencia y delegaron facultades. Y todo eso es constitucional. ¡No le mientan a la gente!
¡Dejen de engañar a la población sembrando dudas y suspicacias sobre una gran cantidad de cuestiones que no son! ¡Dejen de hablar de superpoderes! ¡Estamos hablando de herramientas para cuidar a la gente! ¡Y dejen de mentir con el tema de las clases presenciales!
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Por favor, señores diputados, les pido silencio.
SRA. GAILLARD Acá no está en discusión la presencialidad. Nosotros siempre estamos a favor de la educación, salvo cuando esté en riesgo la vida de la población. Ahí es la última ratio donde vamos a suspender las clases.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Señora diputada...
SRA. GAILLARD Siembran dudas sobre la presencialidad o no. Acá no se establece la suspensión de las clases, salvo en una ocasión particular y en caso de alarma. Que quede claro. Dejen de mentirle a la gente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Pido a los diputados y diputadas -en realidad, a algunos, porque generalmente son los mismos de siempre- que tengan el debido respeto hacia los oradores. ¿Puede ser, diputada Banfi? Se lo pido encarecidamente. Les pido un poco de respeto.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
SRA. POLLEDO Lo primero que quiero decir es que lamento el tono de barricada con el que habló la diputada preopinante. Así no ayuda, señora diputada. Acá no estamos para agredirnos sino para respetarnos y hablar como corresponde, en la búsqueda de acuerdos. (Aplausos.)
No se alcanzan a percibir las palabras de una señora diputada.
SRA. POLLEDO Yo estoy en el uso de la palabra y quiero empezar así.
No se alcanzan a percibir las palabras de una señora diputada.
SRA. POLLEDO Señora diputada: le pido que me deje terminar. Luego le tocará su turno; no se preocupe.
No se alcanzan a percibir las palabras de una señora diputada.
SRA. POLLEDO Señora diputada: yo estoy en el uso de la palabra y digo lo que quiero. Si no le gusta, cuando le toque su turno, usted dirá que el tono no le pareció de barricada. A mí me pareció de barricada.
El proyecto que el oficialismo quiere aprobar hoy no es un tema de salud ni de educación ni de trabajo. Es un tema de poder. Tampoco es un proyecto virtuoso. Es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como respuesta al fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad, increíblemente desconocida por el gobierno nacional, que tanto dice defender el federalismo pero no lo practica.
La intención del gobierno nacional es avasallar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgándose el derecho a resolver desde la Casa Rosada sobre toda clase de cuestiones que no son competencia del Estado nacional, tratando de vaciar de poder al jefe de gobierno porteño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió sobre el tema y fue contundente en su fallo. Su presidente dijo: "...la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente". Lo voy a repetir por si alguien todavía no lo terminó de escuchar: "...la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente".
Los poderes de las provincias son la regla, mientras que los de la Nación son restringidos, ya que aquellas conservan todas las atribuciones no delegadas del artículo 121 de nuestra Constitución Nacional.
Pero más allá del fallo de la Corte, ni hace falta analizar si la vía elegida -es decir, el DNU- es o no constitucional, porque el avasallamiento de la autonomía porteña tampoco se habría podido haber hecho por ley.
Lo que no logró el gobierno con un DNU inconstitucional ahora pretende obtenerlo a través del Congreso con una ley inconstitucional que, cuando se judicialice, no podrá tener un destino diferente al que tuvo el DNU.
Una ley sancionada por el Congreso no puede modificar el sistema federal de gobierno que establece nuestra Constitución. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo pretende que esta vez sea el propio Congreso -o sea, todos nosotros- el que viole la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; quiere disimular este último objetivo extendiendo ese avasallamiento a todas las provincias, aunque sabemos que el conflicto con las provincias tampoco es real, por la dependencia de los gobernadores que le responden.
El fallo de la Corte Suprema que reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy importante y claro. De modo que, si se insiste con las mismas irregularidades que ya tenía el DNU, se van a encontrar las mismas respuestas que ha dado la Corte Suprema en forma clara y contundente. La falta de racionalidad de volver a insistir con este planteo solo es entendible como una maniobra del oficialismo y es parte del relato en el que se sustenta la conducción política de este conglomerado oficialista.
Sin perjuicio de lo expresado, debo recordarle al oficialismo que, si realmente quiere morigerar los efectos de la pandemia que asola a nuestra humanidad y también al país, existe siempre una posibilidad, que es la de consensuar y buscar un diálogo.
Los parámetros para definir el riesgo epidemiológico y sanitario en un país lógico debieran ser consecuencia de un análisis científico y tomados por consenso, tal como fue al inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Qué circunstancias le impiden al señor presidente de la Nación retomar la mesa de diálogo en la que las jurisdicciones y la Nación acordaban las medidas y los pasos a seguir?
Eso es lo que tenemos que intentar hacer entre nosotros, y no de esta manera. Lamento que el presidente haya decidido el camino de la confrontación, enviando este proyecto que solo busca avanzar sobre las competencias de las provincias y de la ciudad -destruyendo con ello el concepto de federalismo establecido en la Constitución Nacional-, invocando una delegación de facultades que no posee y estableciendo una serie de consultas, que no son vinculantes, con las que se pretende mostrar como razonable y consensuar lo que en realidad no es más que el clásico autoritarismo de los que vienen por todo.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto en contra de este proyecto y voy a acompañar el dictamen de rechazo que va a presentar el doctor Gustavo Menna. (Aplausos.)
El proyecto que el oficialismo quiere aprobar hoy no es un tema de salud ni de educación ni de trabajo. Es un tema de poder. Tampoco es un proyecto virtuoso. Es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como respuesta al fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad, increíblemente desconocida por el gobierno nacional, que tanto dice defender el federalismo pero no lo practica.
La intención del gobierno nacional es avasallar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgándose el derecho a resolver desde la Casa Rosada sobre toda clase de cuestiones que no son competencia del Estado nacional, tratando de vaciar de poder al jefe de gobierno porteño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió sobre el tema y fue contundente en su fallo. Su presidente dijo: "...la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente". Lo voy a repetir por si alguien todavía no lo terminó de escuchar: "...la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente".
Los poderes de las provincias son la regla, mientras que los de la Nación son restringidos, ya que aquellas conservan todas las atribuciones no delegadas del artículo 121 de nuestra Constitución Nacional.
Pero más allá del fallo de la Corte, ni hace falta analizar si la vía elegida -es decir, el DNU- es o no constitucional, porque el avasallamiento de la autonomía porteña tampoco se habría podido haber hecho por ley.
Lo que no logró el gobierno con un DNU inconstitucional ahora pretende obtenerlo a través del Congreso con una ley inconstitucional que, cuando se judicialice, no podrá tener un destino diferente al que tuvo el DNU.
Una ley sancionada por el Congreso no puede modificar el sistema federal de gobierno que establece nuestra Constitución. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo pretende que esta vez sea el propio Congreso -o sea, todos nosotros- el que viole la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; quiere disimular este último objetivo extendiendo ese avasallamiento a todas las provincias, aunque sabemos que el conflicto con las provincias tampoco es real, por la dependencia de los gobernadores que le responden.
El fallo de la Corte Suprema que reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy importante y claro. De modo que, si se insiste con las mismas irregularidades que ya tenía el DNU, se van a encontrar las mismas respuestas que ha dado la Corte Suprema en forma clara y contundente. La falta de racionalidad de volver a insistir con este planteo solo es entendible como una maniobra del oficialismo y es parte del relato en el que se sustenta la conducción política de este conglomerado oficialista.
Sin perjuicio de lo expresado, debo recordarle al oficialismo que, si realmente quiere morigerar los efectos de la pandemia que asola a nuestra humanidad y también al país, existe siempre una posibilidad, que es la de consensuar y buscar un diálogo.
Los parámetros para definir el riesgo epidemiológico y sanitario en un país lógico debieran ser consecuencia de un análisis científico y tomados por consenso, tal como fue al inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Qué circunstancias le impiden al señor presidente de la Nación retomar la mesa de diálogo en la que las jurisdicciones y la Nación acordaban las medidas y los pasos a seguir?
Eso es lo que tenemos que intentar hacer entre nosotros, y no de esta manera. Lamento que el presidente haya decidido el camino de la confrontación, enviando este proyecto que solo busca avanzar sobre las competencias de las provincias y de la ciudad -destruyendo con ello el concepto de federalismo establecido en la Constitución Nacional-, invocando una delegación de facultades que no posee y estableciendo una serie de consultas, que no son vinculantes, con las que se pretende mostrar como razonable y consensuar lo que en realidad no es más que el clásico autoritarismo de los que vienen por todo.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto en contra de este proyecto y voy a acompañar el dictamen de rechazo que va a presentar el doctor Gustavo Menna. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra la señora diputada Camaño, que está participando de esta reunión de manera remota.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: voy a tratar de expresar lo que no tiene que ver con ninguno de los dos discursos de la grieta en la que está envuelta la política argentina y que pequeño favor le hace a los cientos de miles de argentinos que hoy están en esta situación de enorme temor, de desesperanza económica y de falta de perspectivas claras respecto a sus vidas.
La pieza legislativa que tenemos en examen tiene dos vertientes: la vinculada con el tema de la salud y la vinculada con el tema que nos convoca a quienes integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene que ver con el irrestricto respeto que en cualquier situación extrema -pandemia, guerra u otra- debemos tener, como "común unidad", como Nación, de nuestra Constitución, porque es el puntal sobre el que debemos pilotear las relaciones entre toda esta comunidad argentina.
Lamento que no se le haya dado la palabra a un grupo de gente que sufre de otra manera la pandemia, porque no todos vivimos o sufrimos la pandemia de la misma manera. No todos tenemos mucho valor o poco valor. Y si hay algo que hoy necesita la sociedad es una dirigencia política que tenga la capacidad de ver que estamos en el mismo barco pero no todos tenemos las mismas posibilidades ni los mismos sufrimientos. Si hay un colectivo de ciudadanos que piden por la educación, ¿cuál era el problema de otorgarles diez minutos para que nos digan mínimamente qué es lo que piensan?
Trascartón quiero decir, señor presidente, que este proyecto de ley, que tenía un rumbo constitucional nefasto, de alguna manera fue arreglado en el Senado, aunque no totalmente. Quiero señalar las cuestiones en las que el Senado corrigió el desatino legislativo en el que incurrió el Poder Ejecutivo Nacional.
El artículo 4° hacía referencia a esa barbaridad de suponer que podía tomarse el artículo 128 de la Constitución Nacional para decir a los gobernadores y gobernadoras que eran delegados y delegadas del Poder Ejecutivo Nacional, haciendo una interpretación aviesa de lo que quiso Alberdi con ese artículo, que tan profusamente trató la doctrina y la jurisprudencia constitucional a lo largo de nuestra historia constitucional. No obstante, el Senado dejó allí algo así como "agentes naturales". Luego analizaré esto a la luz del fallo de la Corte.
Por otro lado, el Senado eliminó el artículo que hablaba del teletrabajo en el sector público nacional y agregó un nuevo artículo -el número 12- sobre principio de clases presenciales, solicitado por constitucionalistas que opinaron en el Senado. Ese nuevo artículo dice que las clases presenciales podrán ser suspendidas "excepcionalmente" por los gobernadores -o sea que se otorgó mayor facultad a los gobernadores para la suspensión-, y se estableció la posibilidad, como bien dijo la diputada preopinante, de que en un caso de alarma extrema lo pudiera hacer el Poder Ejecutivo Nacional. También corrigió la terrible gaffe de establecer una vigencia a esta emergencia, lo cual no es un tema menor.
Ahora bien, señor presidente, he leído la sanción del Senado. Lamento que quienes vienen a llevar adelante la sanción de este proyecto de ley, que deberían velar por la defensa de las autonomías locales, no hayan leído claramente el fallo de la Corte Suprema, que de alguna manera -por el tipo de proyecto y por lo que el Ejecutivo nos pide- tiene que ser la directriz que debemos tener en cuenta, por lo menos aquellos diputados que integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales, para mirar este proyecto de ley.
Queda claro que en el proyecto sancionado por el Senado no se está actuando conforme a derecho. Esto surge del análisis que se hace del proyecto original. Entonces, es muy difícil corregir esa falencia originaria del proyecto.
El proyecto original tiene el error de base de ser una suerte de reacción destemplada e ilegítima a lo que la Corte decidió en el fallo "Gobierno de la Ciudad contra Estado Nacional".
Creo que hay un análisis que intenta poner allí la cuestión como algo reaccionario hacia el gobierno de la Ciudad. Pero la Nación Argentina es mucho más importante que el gobierno de la Ciudad.
Ese fallo es directriz, y en ese sentido lo quiero analizar, señor presidente. De ese fallo surge claramente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2° del decreto 241 por entender que invadía una competencia local.
Ahora bien, ¿cómo se estaría violentando la autonomía de todas las provincias y de la Ciudad? Hay que leer con atención los considerandos del fallo para ahorrarse el desatino de reeditar ahora, bajo el formato de ley, lo que antes se intentó con un decreto de necesidad y urgencia.
Lo que queda absolutamente claro en el análisis del fallo es que el nivel nacional de ningún modo puede transgredir la autonomía provincial, aun en situación de pandemia.
Tal como se dijo anteriormente, el considerando 25 del fallo de la Corte Suprema expresa: "En efecto, la naturaleza de la fuente normativa no altera lo expresado precedentemente en relación a la distribución de las potestades en el diseño federal argentino. Es más, aun en el supuesto hipotético en que el contenido material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a que arriba el Tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se mantendría incólume."
¿Esto qué quiere decir, señor presidente? A buen entendedor, pocas palabras. Por más que ahora escojamos como fuente normativa una ley del Congreso, no estamos saneando el vicio o la irregularidad que presenta el decreto con anterioridad. Es más, diría que estamos agravando seriamente el cuadro, porque ahora ya no se trata de una decisión que adopta una persona con el concurso de su Gabinete, sino que intervienen representantes de las provincias y del pueblo, y justamente son las propias provincias y el pueblo quienes se verán seriamente perjudicados, en sus respectivas competencias y en sus derechos.
Esto hace que todo sea mucho más grave, sobre todo de cara a un juramento que creo que es el único que homogeniza cada vez que hay una ceremonia de juramento. Porque nos hemos tomado la costumbre de jurar por cualquier cosa que creemos conveniente de modo personal e individual, pero hay una cosa por la que juramos todos, y es por nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, en el caso concreto del fallo, la Corte también dice cosas muy interesantes. Los invito a que lean el considerando 15, en el que claramente expresa: "...que la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación en el artículo 10, último párrafo, del decreto 235/2021, de disponer la suspensión de las clases en la Ciudad de Buenos Aires (...) de manera unilateral y directa configura una intromisión, durante ese período, en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar y resulta, por ello, contrario a la Constitución Nacional."
No hay tutía. En ninguna instancia nosotros podemos delegar por la sencilla razón de que, en cualquier situación del país, nuestra obligación primigenia es el respeto a la Constitución.
Ahora bien, la consideración de la Corte se detenía en este tópico a la luz de todos los demás considerandos que resultan válidos para con todos los demás poderes no delegados por la provincia a la Nación por medio de la Constitución y el ejercicio de poder de policía que le asiste, según se explaya en los considerandos 15 y 16 del fallo.
Anteriormente, en este mismo fallo, la Corte Suprema había dejado sentado en el considerando 12 lo siguiente: "Y el hecho de que exista una norma nacional que regula determinada materia sanitaria..." -escuchen bien, por favor, señores- "...no implica que, por su sola condición de norma nacional, deba siempre prevalecer y desplazar la posibilidad del ejercicio de potestades locales sobre el mismo asunto. Este Tribunal ha sostenido que 'el principio establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional no significa que todas las leyes dictadas por el Congreso tengan el carácter de supremas, cualesquiera sean las disposiciones en contrario de las leyes provinciales: lo serán si han sido sancionadas en consecuencia de los poderes que la Constitución ha conferido al Congreso expresa o implícitamente'. Y menciona el fallo.
Continúa diciendo: "Sobre esta manera de coordinar las competencias concurrentes, ha resuelto esta Corte que el concepto de facultades o atribuciones concurrentes alude a una regla de distribución que otorga al Congreso competencia para tomar decisiones concernientes a los intereses del país como un todo (...) y a las provincias para dictar leyes con imperio exclusivamente dentro de su territorio. De esta manera, el ejercicio de las facultades concurrentes, manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permite la coexistencia legislativa, lo cual está de conformidad con la doctrina de este Tribunal, que ha establecido el siguiente principio: el gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo."
El artículo 128 dice: "Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación." Pero con el sentido de que esos jefes locales deban cumplir, en el ámbito de las provincias bajo su mandato, con el bloque constitucional, que incluye las normas dictadas por el Congreso y, en consecuencia, la Constitución y los tratados internacionales. Pero de ningún modo para que acaten y hagan cumplir normas contrarias a la Constitución -por el contrario, es en función del sistema federal adoptado y el reparto de competencias resultante-, porque en ese caso no solamente estarían traicionando a la provincia que representan sino también a la propia Constitución, que impone a los gobernadores preservar sus competencias no delegadas.
¿Saben por qué esto es así? Porque somos una Nación, porque catorce provincias en 1853 así lo decidieron. Además, en 1860, cuando la provincia de Buenos Aires -a la que represento- adhirió al pacto constitucional, fue la que llevó la temática de la educación como una cuestión inclaudicable para las provincias.
Por lo tanto, señor presidente, los delegados -hoy representantes- de la provincia que llevó ese imperativo a la Constitución no pueden dejar de tenerlo en cuenta.
Por algunos aspectos que "no salvó" el Senado, esta sería una ley contraria a la Constitución. Por lo tanto, los gobernadores no están obligados a cumplirla.
El fallo ratifica esta idea en el considerando 16, que dice: "...si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema pues se disociaría a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la responsabilidad que les cabe por ellas.
"Nunca es sobreabundante recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige.
"De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen de excepción ajeno a nuestra Constitución."
Esto es lo que hace muy pocos días nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón podemos llegar a suponer que no lo va a repetir? Y lo que es más grave, señor presidente, es que ya no es el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, sino que entra el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema.
Me pregunto entonces adónde queremos llevar este barco en medio de la pandemia, tan solo por cuestiones personales, individuales y partidistas.
Nuestro bloque ha sido sumamente cauto, señor presidente. No hemos estado de acuerdo con muchas cosas que se hicieron, pero jamás salimos a hacer política partidaria con la pandemia. No lo hicimos por el gobierno nacional sino por nuestros ciudadanos, porque sabemos que es una hora sumamente difícil. También sabemos que no ha terminado el conflicto que tenemos en materia de salud y que vamos hacia horas aún más oscuras.
Nosotros tenemos la suerte de que el presidente de nuestro bloque es médico, y por eso en el análisis constitucional y de legalidad siempre está presente la mirada de alguien que aborda el tema desde ese lugar. Ahora bien, al principio de la pandemia, yo miraba con mucha envidia la acción activa que tenían los congresos de distintos países del mundo respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Miraba también con mucho beneplácito y ponderación -en el registro de los twitters no llegué al extremo de tratar de comandante a nadie- aquella foto de los representantes de todas las vertientes políticas de la Argentina sentados a una mesa para intentar que la pandemia no destruyera vidas en nuestro país.
Señores: todos los dirigentes políticos debemos hacer un mea culpa. Cuando empezamos a enfrentarnos para ver qué provecho personal sacábamos de la situación, el tema se nos fue de las manos. Vienen días más oscuros para la pandemia en la Argentina. No podemos seguir mirándonos el ombligo, no podemos seguir agraviándonos en forma personal y presentando proyectos que sabemos que confrontan con nuestra Constitución. Debemos poder tener la inteligencia necesaria para transitar lo que viene cooperativa y coordinadamente.
Al mundo le faltaron esos dos términos: coordinación y cooperación. Uno de los graves problemas de la pandemia fue que, si bien pensábamos que teníamos todo resuelto porque había organismos multilaterales, nos faltó coordinación y cooperación.
En la Argentina somos 45 millones, y muy pocos somos dirigentes políticos -en esta Cámara, 257 personas-, ¿cómo es posible que no podamos buscar los acuerdos mínimos para que nuestra sociedad, dolorida y doliente, deje de ver el triste espectáculo de la política, en la que, como se dice vulgarmente, estamos viendo quién la tiene más larga? Les pido que, por favor, tengamos la capacidad de rever lo que se está haciendo mal, por parte del Poder Ejecutivo y de la oposición.
Este proyecto tiene falencias constitucionales y no estoy dispuesta a apoyarlas, por lo que voy a presentar un dictamen propio. Incluiré prácticamente todo el contenido sanitario, pero no lo que prevé, bajo ningún punto de vista, el artículo 4°.
Dicho artículo hace propias las facultades que ya tienen las provincias en base a delegaciones laxas que propone sin un patrón objetivo. Eso es contrario a la Constitución, y no estoy dispuesta a proporcionar mi voto a ningún proyecto de ley que venga a contrariar aquello por lo cual juré el día que comencé a ejercer mi función de representante del pueblo.
La pieza legislativa que tenemos en examen tiene dos vertientes: la vinculada con el tema de la salud y la vinculada con el tema que nos convoca a quienes integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene que ver con el irrestricto respeto que en cualquier situación extrema -pandemia, guerra u otra- debemos tener, como "común unidad", como Nación, de nuestra Constitución, porque es el puntal sobre el que debemos pilotear las relaciones entre toda esta comunidad argentina.
Lamento que no se le haya dado la palabra a un grupo de gente que sufre de otra manera la pandemia, porque no todos vivimos o sufrimos la pandemia de la misma manera. No todos tenemos mucho valor o poco valor. Y si hay algo que hoy necesita la sociedad es una dirigencia política que tenga la capacidad de ver que estamos en el mismo barco pero no todos tenemos las mismas posibilidades ni los mismos sufrimientos. Si hay un colectivo de ciudadanos que piden por la educación, ¿cuál era el problema de otorgarles diez minutos para que nos digan mínimamente qué es lo que piensan?
Trascartón quiero decir, señor presidente, que este proyecto de ley, que tenía un rumbo constitucional nefasto, de alguna manera fue arreglado en el Senado, aunque no totalmente. Quiero señalar las cuestiones en las que el Senado corrigió el desatino legislativo en el que incurrió el Poder Ejecutivo Nacional.
El artículo 4° hacía referencia a esa barbaridad de suponer que podía tomarse el artículo 128 de la Constitución Nacional para decir a los gobernadores y gobernadoras que eran delegados y delegadas del Poder Ejecutivo Nacional, haciendo una interpretación aviesa de lo que quiso Alberdi con ese artículo, que tan profusamente trató la doctrina y la jurisprudencia constitucional a lo largo de nuestra historia constitucional. No obstante, el Senado dejó allí algo así como "agentes naturales". Luego analizaré esto a la luz del fallo de la Corte.
Por otro lado, el Senado eliminó el artículo que hablaba del teletrabajo en el sector público nacional y agregó un nuevo artículo -el número 12- sobre principio de clases presenciales, solicitado por constitucionalistas que opinaron en el Senado. Ese nuevo artículo dice que las clases presenciales podrán ser suspendidas "excepcionalmente" por los gobernadores -o sea que se otorgó mayor facultad a los gobernadores para la suspensión-, y se estableció la posibilidad, como bien dijo la diputada preopinante, de que en un caso de alarma extrema lo pudiera hacer el Poder Ejecutivo Nacional. También corrigió la terrible gaffe de establecer una vigencia a esta emergencia, lo cual no es un tema menor.
Ahora bien, señor presidente, he leído la sanción del Senado. Lamento que quienes vienen a llevar adelante la sanción de este proyecto de ley, que deberían velar por la defensa de las autonomías locales, no hayan leído claramente el fallo de la Corte Suprema, que de alguna manera -por el tipo de proyecto y por lo que el Ejecutivo nos pide- tiene que ser la directriz que debemos tener en cuenta, por lo menos aquellos diputados que integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales, para mirar este proyecto de ley.
Queda claro que en el proyecto sancionado por el Senado no se está actuando conforme a derecho. Esto surge del análisis que se hace del proyecto original. Entonces, es muy difícil corregir esa falencia originaria del proyecto.
El proyecto original tiene el error de base de ser una suerte de reacción destemplada e ilegítima a lo que la Corte decidió en el fallo "Gobierno de la Ciudad contra Estado Nacional".
Creo que hay un análisis que intenta poner allí la cuestión como algo reaccionario hacia el gobierno de la Ciudad. Pero la Nación Argentina es mucho más importante que el gobierno de la Ciudad.
Ese fallo es directriz, y en ese sentido lo quiero analizar, señor presidente. De ese fallo surge claramente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2° del decreto 241 por entender que invadía una competencia local.
Ahora bien, ¿cómo se estaría violentando la autonomía de todas las provincias y de la Ciudad? Hay que leer con atención los considerandos del fallo para ahorrarse el desatino de reeditar ahora, bajo el formato de ley, lo que antes se intentó con un decreto de necesidad y urgencia.
Lo que queda absolutamente claro en el análisis del fallo es que el nivel nacional de ningún modo puede transgredir la autonomía provincial, aun en situación de pandemia.
Tal como se dijo anteriormente, el considerando 25 del fallo de la Corte Suprema expresa: "En efecto, la naturaleza de la fuente normativa no altera lo expresado precedentemente en relación a la distribución de las potestades en el diseño federal argentino. Es más, aun en el supuesto hipotético en que el contenido material de la regulación en estudio se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a que arriba el Tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se mantendría incólume."
¿Esto qué quiere decir, señor presidente? A buen entendedor, pocas palabras. Por más que ahora escojamos como fuente normativa una ley del Congreso, no estamos saneando el vicio o la irregularidad que presenta el decreto con anterioridad. Es más, diría que estamos agravando seriamente el cuadro, porque ahora ya no se trata de una decisión que adopta una persona con el concurso de su Gabinete, sino que intervienen representantes de las provincias y del pueblo, y justamente son las propias provincias y el pueblo quienes se verán seriamente perjudicados, en sus respectivas competencias y en sus derechos.
Esto hace que todo sea mucho más grave, sobre todo de cara a un juramento que creo que es el único que homogeniza cada vez que hay una ceremonia de juramento. Porque nos hemos tomado la costumbre de jurar por cualquier cosa que creemos conveniente de modo personal e individual, pero hay una cosa por la que juramos todos, y es por nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, en el caso concreto del fallo, la Corte también dice cosas muy interesantes. Los invito a que lean el considerando 15, en el que claramente expresa: "...que la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación en el artículo 10, último párrafo, del decreto 235/2021, de disponer la suspensión de las clases en la Ciudad de Buenos Aires (...) de manera unilateral y directa configura una intromisión, durante ese período, en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar y resulta, por ello, contrario a la Constitución Nacional."
No hay tutía. En ninguna instancia nosotros podemos delegar por la sencilla razón de que, en cualquier situación del país, nuestra obligación primigenia es el respeto a la Constitución.
Ahora bien, la consideración de la Corte se detenía en este tópico a la luz de todos los demás considerandos que resultan válidos para con todos los demás poderes no delegados por la provincia a la Nación por medio de la Constitución y el ejercicio de poder de policía que le asiste, según se explaya en los considerandos 15 y 16 del fallo.
Anteriormente, en este mismo fallo, la Corte Suprema había dejado sentado en el considerando 12 lo siguiente: "Y el hecho de que exista una norma nacional que regula determinada materia sanitaria..." -escuchen bien, por favor, señores- "...no implica que, por su sola condición de norma nacional, deba siempre prevalecer y desplazar la posibilidad del ejercicio de potestades locales sobre el mismo asunto. Este Tribunal ha sostenido que 'el principio establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional no significa que todas las leyes dictadas por el Congreso tengan el carácter de supremas, cualesquiera sean las disposiciones en contrario de las leyes provinciales: lo serán si han sido sancionadas en consecuencia de los poderes que la Constitución ha conferido al Congreso expresa o implícitamente'. Y menciona el fallo.
Continúa diciendo: "Sobre esta manera de coordinar las competencias concurrentes, ha resuelto esta Corte que el concepto de facultades o atribuciones concurrentes alude a una regla de distribución que otorga al Congreso competencia para tomar decisiones concernientes a los intereses del país como un todo (...) y a las provincias para dictar leyes con imperio exclusivamente dentro de su territorio. De esta manera, el ejercicio de las facultades concurrentes, manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permite la coexistencia legislativa, lo cual está de conformidad con la doctrina de este Tribunal, que ha establecido el siguiente principio: el gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo."
El artículo 128 dice: "Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación." Pero con el sentido de que esos jefes locales deban cumplir, en el ámbito de las provincias bajo su mandato, con el bloque constitucional, que incluye las normas dictadas por el Congreso y, en consecuencia, la Constitución y los tratados internacionales. Pero de ningún modo para que acaten y hagan cumplir normas contrarias a la Constitución -por el contrario, es en función del sistema federal adoptado y el reparto de competencias resultante-, porque en ese caso no solamente estarían traicionando a la provincia que representan sino también a la propia Constitución, que impone a los gobernadores preservar sus competencias no delegadas.
¿Saben por qué esto es así? Porque somos una Nación, porque catorce provincias en 1853 así lo decidieron. Además, en 1860, cuando la provincia de Buenos Aires -a la que represento- adhirió al pacto constitucional, fue la que llevó la temática de la educación como una cuestión inclaudicable para las provincias.
Por lo tanto, señor presidente, los delegados -hoy representantes- de la provincia que llevó ese imperativo a la Constitución no pueden dejar de tenerlo en cuenta.
Por algunos aspectos que "no salvó" el Senado, esta sería una ley contraria a la Constitución. Por lo tanto, los gobernadores no están obligados a cumplirla.
El fallo ratifica esta idea en el considerando 16, que dice: "...si se usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema pues se disociaría a los gobiernos locales de las políticas que rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la responsabilidad que les cabe por ellas.
"Nunca es sobreabundante recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige.
"De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un régimen de excepción ajeno a nuestra Constitución."
Esto es lo que hace muy pocos días nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón podemos llegar a suponer que no lo va a repetir? Y lo que es más grave, señor presidente, es que ya no es el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, sino que entra el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema.
Me pregunto entonces adónde queremos llevar este barco en medio de la pandemia, tan solo por cuestiones personales, individuales y partidistas.
Nuestro bloque ha sido sumamente cauto, señor presidente. No hemos estado de acuerdo con muchas cosas que se hicieron, pero jamás salimos a hacer política partidaria con la pandemia. No lo hicimos por el gobierno nacional sino por nuestros ciudadanos, porque sabemos que es una hora sumamente difícil. También sabemos que no ha terminado el conflicto que tenemos en materia de salud y que vamos hacia horas aún más oscuras.
Nosotros tenemos la suerte de que el presidente de nuestro bloque es médico, y por eso en el análisis constitucional y de legalidad siempre está presente la mirada de alguien que aborda el tema desde ese lugar. Ahora bien, al principio de la pandemia, yo miraba con mucha envidia la acción activa que tenían los congresos de distintos países del mundo respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Miraba también con mucho beneplácito y ponderación -en el registro de los twitters no llegué al extremo de tratar de comandante a nadie- aquella foto de los representantes de todas las vertientes políticas de la Argentina sentados a una mesa para intentar que la pandemia no destruyera vidas en nuestro país.
Señores: todos los dirigentes políticos debemos hacer un mea culpa. Cuando empezamos a enfrentarnos para ver qué provecho personal sacábamos de la situación, el tema se nos fue de las manos. Vienen días más oscuros para la pandemia en la Argentina. No podemos seguir mirándonos el ombligo, no podemos seguir agraviándonos en forma personal y presentando proyectos que sabemos que confrontan con nuestra Constitución. Debemos poder tener la inteligencia necesaria para transitar lo que viene cooperativa y coordinadamente.
Al mundo le faltaron esos dos términos: coordinación y cooperación. Uno de los graves problemas de la pandemia fue que, si bien pensábamos que teníamos todo resuelto porque había organismos multilaterales, nos faltó coordinación y cooperación.
En la Argentina somos 45 millones, y muy pocos somos dirigentes políticos -en esta Cámara, 257 personas-, ¿cómo es posible que no podamos buscar los acuerdos mínimos para que nuestra sociedad, dolorida y doliente, deje de ver el triste espectáculo de la política, en la que, como se dice vulgarmente, estamos viendo quién la tiene más larga? Les pido que, por favor, tengamos la capacidad de rever lo que se está haciendo mal, por parte del Poder Ejecutivo y de la oposición.
Este proyecto tiene falencias constitucionales y no estoy dispuesta a apoyarlas, por lo que voy a presentar un dictamen propio. Incluiré prácticamente todo el contenido sanitario, pero no lo que prevé, bajo ningún punto de vista, el artículo 4°.
Dicho artículo hace propias las facultades que ya tienen las provincias en base a delegaciones laxas que propone sin un patrón objetivo. Eso es contrario a la Constitución, y no estoy dispuesta a proporcionar mi voto a ningún proyecto de ley que venga a contrariar aquello por lo cual juré el día que comencé a ejercer mi función de representante del pueblo.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARGÜELLO Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente: suscribo íntegramente lo que han dicho los diputados Mena y Polledo, por lo que solo pondré énfasis en algunos aspectos del proyecto, en los más relevantes y en los que más nos preocupan.
Por supuesto, como ellos anticiparon, nuestro dictamen será de rechazo.
Según entiendo, las normas que contiene este proyecto se pueden dividir en dos categorías: las que son inconstitucionales y las que son innecesarias, y ahí se acaba el proyecto. No hay ninguna norma verdaderamente conducente o propicia para ayudar a solucionar el problema de la pandemia.
Empieza mal el proyecto en el artículo 1° cuando enuncia el marco normativo porque cita tres artículos de la Constitución que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia.
Cita el artículo 41, que refiere al cuidado del ambiente -¿qué tendrá que ver cuidado del ambiente con la pandemia?-; el artículo 42, que refiere a los consumidores y usuarios y a su protección -ninguna relación con la pandemia-; y el artículo 75, inciso 22), que refiere a los tratados internacionales y a la facultad del Congreso de aprobarlos. De aquí que el marco normativo que el proyecto fija en su artículo 1° carece de relación alguna con el problema de la pandemia y su manejo.
Tampoco el proyecto mejora en su artículo 2°, ya que allí expresa que el objeto es que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso, adopten medidas sanitarias.
Para esto no hace falta dictar ninguna ley. Tanto el Poder Ejecutivo como los gobernadores tienen las atribuciones y competencias que les asignan la Constitución Nacional y las constituciones provinciales.
Los gobernadores no necesitan que ninguna ley los autorice a tomar medidas sanitarias en el ámbito de sus respectivas provincias. La materia sanitaria es, en principio, una de las materias no delegadas por las provincias a la Nación. Lo reiteró y lo reafirmó la Corte Suprema en el fallo del 4 de mayo de 2021, que varias veces ha sido citado en esta discusión. De modo que el objeto enunciado en el artículo 2° de la iniciativa es absolutamente innecesario, nada agrega.
Las facultades de los gobernadores y del presidente surgen de la Constitución Nacional y no se requiere una ley para que ejerzan esas atribuciones, cada uno en el ámbito de su propia competencia. Desde el vamos se advierte entonces que el proyecto no tiene un fin útil, un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia.
Luego, a poco de andar, en el artículo 4° nos encontramos con la gran inconstitucionalidad de este proyecto: una delegación amplísima, ilimitada al Poder Ejecutivo.
Es cierto que el Senado corrigió el error de la falta de plazo de esa delegación, por lo cual pareciera que quisieran encuadrarse en el artículo 76 de la Constitución, pero falta cumplir con el otro recaudo que establece el artículo 76 de la Constitución, es decir, fijar las bases de la delegación.
El artículo 4° carece de bases porque, tal como está redactado, faculta al Poder Ejecutivo a hacer casi lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Esas no son bases, sino una autorización o una delegación definitivamente ilimitada, que es precisamente lo que es inconstitucional, no solo de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Nacional, sino con la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema referida a las delegaciones que el Congreso puede hacer en favor del Poder Ejecutivo. Esa delegación amplísima sin bases y sin límites viola el artículo 76 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Todo lo demás es innecesario. En los artículos 14, 15, 18 y 20 se insiste en autorizar a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas, y ni siquiera se explica cuáles serían esas medidas.
Reitero que esto es absolutamente innecesario; los gobernadores no necesitan que una ley los autorice, ya que lo hacen sus propias constituciones. Además, recordemos -como también se ha dicho- que los poderes de las provincias son originarios y amplios, a diferencia de los de la Nación. La Nación solo tiene los poderes que expresa y específicamente le atribuyeron las provincias. Las provincias se reservaron para sí todos los demás poderes y lo atinente a la sanidad o a la salud pública y a la educación -que es otro de los temas a los que alude la normativa-. Se trata de una materia originaria de competencia de las provincias, por cuanto -insisto- no es necesario que la norma les permita hacer a los gobernadores lo que ya sus constituciones autorizan.
¿Cómo es posible que el artículo 23 del Título VII de la iniciativa regule lo concerniente a las disposiciones locales? Las disposiciones locales solo las pueden dictar las provincias y la ciudad de Buenos Aires que, en definitiva, es una provincia más. El Congreso no puede adoptar disposiciones locales, y tampoco el Poder Ejecutivo, ni siquiera con esa ilimitada e inconstitucional delegación que se pretende hacer en el artículo 4°.
De modo que todo esto es innecesario; además, hay contradicciones. El artículo 12 de la norma dispone que son los gobernadores los que deciden acerca de la presencialidad o no en las escuelas, lo que -reitero- es definitivamente innecesario, ya que esa atribución la tienen los gobernadores por imperio de las constituciones locales. Así lo ha dicho y reafirmado la Corte Suprema en el tantas veces citado fallo de comienzos de mayo. Por su parte, el artículo 21 dispone lo contrario, y pretende suspender las clases en ciertos distritos. ¿En qué quedamos? ¿La atribución la tienen los gobernadores o la atribución la tiene el Congreso o el Poder Ejecutivo nacional?
Lo cierto es que la atribución la tienen los gobernadores, por eso el artículo 12 es innecesario y el artículo 21 -tan contradictorio con el 12- es inconstitucional.
En definitiva, nada útil ni provechoso encontramos en la norma para afrontar la pandemia y mejorar la situación de los argentinos; esto, con el agravante de que, además, en buena medida y por esto que he explicado, el proyecto de ley puede también leerse como una suerte de respuesta y alzamiento al fallo de la Corte Suprema de hace pocas semanas, ya que se pretende hacer lo contrario de lo que dispuso la Corte Suprema.
La Corte Suprema recordó los límites que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso con relación a las atribuciones de las provincias. Sin embargo, con este proyecto se pretende pasar por encima del fallo de la Corte.
Entonces, lo cierto es que el proyecto -por inconstitucional, debido a buena parte de sus cláusulas, o por innecesario, debido al resto de las cláusulas- no merece ser aprobado por el Congreso. De aquí nuestro dictamen de rechazo.
Quiero terminar con una reflexión final. La experiencia no solo de nuestro país, sino la experiencia universal, nos muestra y nos enseña que, en esencia, hay dos métodos eficaces para luchar contra la pandemia: el aislamiento o la cuarentena y la vacunación.
El aislamiento y la cuarentena ya no pueden ser sostenidos en la Argentina, salvo en muy pocas y delimitadas actividades. Esto lo muestra la realidad; ya no existe más la cuarentena ni el aislamiento en la Argentina. Las disposiciones de los decretos de necesidad y urgencia que viene dictando el presidente, más allá de que en buena medida son inconstitucionales, no son cumplidas por la población. Nadie respeta las limitaciones establecidas en esos decretos porque ya no hay margen para el aislamiento y la cuarentena. Esta es la realidad, y no es posible ir contra la realidad. De modo que, salvo muy pocas y contadas actividades que sí pueden ser objeto de restricciones, debemos descartar la cuarentena como método de lucha contra la pandemia. Nos quedan las vacunas.
Eso es lo que debemos hacer: concentrar todos los esfuerzos en las vacunas y en vacunar a toda la población argentina, no solo a la de riesgo. En este sentido, la gestión del gobierno es muy deficiente, altamente deficiente. Seguimos sin aprobar las vacunas que utiliza el mundo desarrollado y que han demostrado una alta eficiencia en el control de la enfermedad.
¿Por qué no hemos aprobado la vacuna de Pfizer ni la de Janssen ni la de Moderna si con tanta diligencia y rapidez aprobamos otras? Creo que hemos aprobado las que le caen simpáticas al gobierno. Y ahora nos vamos a quedar afuera de la inmensa donación de 500 millones de dosis de vacunas que anuncia el presidente Biden porque no queremos y tenemos problemas con la vacuna de Pfizer.
Estos son los problemas que tenemos que resolver, los de las vacunas. En ese sentido, nuestro bloque ha presentado un proyecto de ley para modificar la ley 27.573 -sancionada el año pasado y referida a las vacunas- y eliminar del texto el término "negligencia", que parece generarnos trabas para acceder, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer.
Tratemos hoy mismo ese proyecto en la sesión prevista para esta tarde. Modifiquemos la ley, aprobemos las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen, traigamos esas vacunas, vacunemos a toda la población y olvidémonos de este proyecto de ley que es claramente inconstitucional e innecesario y que solo generará más conflictos de los que ya ha habido.
Es la única forma de luchar de manera eficiente, verdadera y sin engaños contra la pandemia y de protegernos entre todos los argentinos.
Por supuesto, como ellos anticiparon, nuestro dictamen será de rechazo.
Según entiendo, las normas que contiene este proyecto se pueden dividir en dos categorías: las que son inconstitucionales y las que son innecesarias, y ahí se acaba el proyecto. No hay ninguna norma verdaderamente conducente o propicia para ayudar a solucionar el problema de la pandemia.
Empieza mal el proyecto en el artículo 1° cuando enuncia el marco normativo porque cita tres artículos de la Constitución que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia.
Cita el artículo 41, que refiere al cuidado del ambiente -¿qué tendrá que ver cuidado del ambiente con la pandemia?-; el artículo 42, que refiere a los consumidores y usuarios y a su protección -ninguna relación con la pandemia-; y el artículo 75, inciso 22), que refiere a los tratados internacionales y a la facultad del Congreso de aprobarlos. De aquí que el marco normativo que el proyecto fija en su artículo 1° carece de relación alguna con el problema de la pandemia y su manejo.
Tampoco el proyecto mejora en su artículo 2°, ya que allí expresa que el objeto es que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el caso, adopten medidas sanitarias.
Para esto no hace falta dictar ninguna ley. Tanto el Poder Ejecutivo como los gobernadores tienen las atribuciones y competencias que les asignan la Constitución Nacional y las constituciones provinciales.
Los gobernadores no necesitan que ninguna ley los autorice a tomar medidas sanitarias en el ámbito de sus respectivas provincias. La materia sanitaria es, en principio, una de las materias no delegadas por las provincias a la Nación. Lo reiteró y lo reafirmó la Corte Suprema en el fallo del 4 de mayo de 2021, que varias veces ha sido citado en esta discusión. De modo que el objeto enunciado en el artículo 2° de la iniciativa es absolutamente innecesario, nada agrega.
Las facultades de los gobernadores y del presidente surgen de la Constitución Nacional y no se requiere una ley para que ejerzan esas atribuciones, cada uno en el ámbito de su propia competencia. Desde el vamos se advierte entonces que el proyecto no tiene un fin útil, un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia.
Luego, a poco de andar, en el artículo 4° nos encontramos con la gran inconstitucionalidad de este proyecto: una delegación amplísima, ilimitada al Poder Ejecutivo.
Es cierto que el Senado corrigió el error de la falta de plazo de esa delegación, por lo cual pareciera que quisieran encuadrarse en el artículo 76 de la Constitución, pero falta cumplir con el otro recaudo que establece el artículo 76 de la Constitución, es decir, fijar las bases de la delegación.
El artículo 4° carece de bases porque, tal como está redactado, faculta al Poder Ejecutivo a hacer casi lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Esas no son bases, sino una autorización o una delegación definitivamente ilimitada, que es precisamente lo que es inconstitucional, no solo de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Nacional, sino con la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema referida a las delegaciones que el Congreso puede hacer en favor del Poder Ejecutivo. Esa delegación amplísima sin bases y sin límites viola el artículo 76 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Todo lo demás es innecesario. En los artículos 14, 15, 18 y 20 se insiste en autorizar a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas, y ni siquiera se explica cuáles serían esas medidas.
Reitero que esto es absolutamente innecesario; los gobernadores no necesitan que una ley los autorice, ya que lo hacen sus propias constituciones. Además, recordemos -como también se ha dicho- que los poderes de las provincias son originarios y amplios, a diferencia de los de la Nación. La Nación solo tiene los poderes que expresa y específicamente le atribuyeron las provincias. Las provincias se reservaron para sí todos los demás poderes y lo atinente a la sanidad o a la salud pública y a la educación -que es otro de los temas a los que alude la normativa-. Se trata de una materia originaria de competencia de las provincias, por cuanto -insisto- no es necesario que la norma les permita hacer a los gobernadores lo que ya sus constituciones autorizan.
¿Cómo es posible que el artículo 23 del Título VII de la iniciativa regule lo concerniente a las disposiciones locales? Las disposiciones locales solo las pueden dictar las provincias y la ciudad de Buenos Aires que, en definitiva, es una provincia más. El Congreso no puede adoptar disposiciones locales, y tampoco el Poder Ejecutivo, ni siquiera con esa ilimitada e inconstitucional delegación que se pretende hacer en el artículo 4°.
De modo que todo esto es innecesario; además, hay contradicciones. El artículo 12 de la norma dispone que son los gobernadores los que deciden acerca de la presencialidad o no en las escuelas, lo que -reitero- es definitivamente innecesario, ya que esa atribución la tienen los gobernadores por imperio de las constituciones locales. Así lo ha dicho y reafirmado la Corte Suprema en el tantas veces citado fallo de comienzos de mayo. Por su parte, el artículo 21 dispone lo contrario, y pretende suspender las clases en ciertos distritos. ¿En qué quedamos? ¿La atribución la tienen los gobernadores o la atribución la tiene el Congreso o el Poder Ejecutivo nacional?
Lo cierto es que la atribución la tienen los gobernadores, por eso el artículo 12 es innecesario y el artículo 21 -tan contradictorio con el 12- es inconstitucional.
En definitiva, nada útil ni provechoso encontramos en la norma para afrontar la pandemia y mejorar la situación de los argentinos; esto, con el agravante de que, además, en buena medida y por esto que he explicado, el proyecto de ley puede también leerse como una suerte de respuesta y alzamiento al fallo de la Corte Suprema de hace pocas semanas, ya que se pretende hacer lo contrario de lo que dispuso la Corte Suprema.
La Corte Suprema recordó los límites que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso con relación a las atribuciones de las provincias. Sin embargo, con este proyecto se pretende pasar por encima del fallo de la Corte.
Entonces, lo cierto es que el proyecto -por inconstitucional, debido a buena parte de sus cláusulas, o por innecesario, debido al resto de las cláusulas- no merece ser aprobado por el Congreso. De aquí nuestro dictamen de rechazo.
Quiero terminar con una reflexión final. La experiencia no solo de nuestro país, sino la experiencia universal, nos muestra y nos enseña que, en esencia, hay dos métodos eficaces para luchar contra la pandemia: el aislamiento o la cuarentena y la vacunación.
El aislamiento y la cuarentena ya no pueden ser sostenidos en la Argentina, salvo en muy pocas y delimitadas actividades. Esto lo muestra la realidad; ya no existe más la cuarentena ni el aislamiento en la Argentina. Las disposiciones de los decretos de necesidad y urgencia que viene dictando el presidente, más allá de que en buena medida son inconstitucionales, no son cumplidas por la población. Nadie respeta las limitaciones establecidas en esos decretos porque ya no hay margen para el aislamiento y la cuarentena. Esta es la realidad, y no es posible ir contra la realidad. De modo que, salvo muy pocas y contadas actividades que sí pueden ser objeto de restricciones, debemos descartar la cuarentena como método de lucha contra la pandemia. Nos quedan las vacunas.
Eso es lo que debemos hacer: concentrar todos los esfuerzos en las vacunas y en vacunar a toda la población argentina, no solo a la de riesgo. En este sentido, la gestión del gobierno es muy deficiente, altamente deficiente. Seguimos sin aprobar las vacunas que utiliza el mundo desarrollado y que han demostrado una alta eficiencia en el control de la enfermedad.
¿Por qué no hemos aprobado la vacuna de Pfizer ni la de Janssen ni la de Moderna si con tanta diligencia y rapidez aprobamos otras? Creo que hemos aprobado las que le caen simpáticas al gobierno. Y ahora nos vamos a quedar afuera de la inmensa donación de 500 millones de dosis de vacunas que anuncia el presidente Biden porque no queremos y tenemos problemas con la vacuna de Pfizer.
Estos son los problemas que tenemos que resolver, los de las vacunas. En ese sentido, nuestro bloque ha presentado un proyecto de ley para modificar la ley 27.573 -sancionada el año pasado y referida a las vacunas- y eliminar del texto el término "negligencia", que parece generarnos trabas para acceder, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer.
Tratemos hoy mismo ese proyecto en la sesión prevista para esta tarde. Modifiquemos la ley, aprobemos las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen, traigamos esas vacunas, vacunemos a toda la población y olvidémonos de este proyecto de ley que es claramente inconstitucional e innecesario y que solo generará más conflictos de los que ya ha habido.
Es la única forma de luchar de manera eficiente, verdadera y sin engaños contra la pandemia y de protegernos entre todos los argentinos.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Quiero transmitir una observación que me hacen. Si bien todos tenemos un resultado de PCR negativo, solicito que mantengamos una distancia adecuada y prudente, sin que sea una imposición sino una recomendación.
Atento a lo avanzado de la hora y como todos los presentes ya hemos suscrito los dictámenes, por Secretaría se requerirá a cada integrante de las comisiones que participa de manera remota que exprese de viva voz cuál dictamen suscriben.
Atento a lo avanzado de la hora y como todos los presentes ya hemos suscrito los dictámenes, por Secretaría se requerirá a cada integrante de las comisiones que participa de manera remota que exprese de viva voz cuál dictamen suscriben.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Buenos días.
Diputado Tonelli, Pablo Gabriel: ¿acompaña el dictamen del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
Diputado Tonelli, Pablo Gabriel: ¿acompaña el dictamen del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. TONELLI Firmo el dictamen de rechazo de Juntos por el Cambio, secretario. Gracias.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Gracias, diputado.
Diputado Alume Sbodio, Karim: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
Diputado Alume Sbodio, Karim: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. ALUME SBODIO Acompaño el dictamen del Frente de Todos. Gracias, secretario.
SR. SECRETARIO (URIONDO) De nada.
Diputada Britez, María Cristina: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
Diputada Britez, María Cristina: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SRA. BRITEZ Acompaño el del Frente de Todos. Muchas gracias.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Gracias, diputada.
La señora diputada Camaño dijo que iba a presentar un dictamen. ¿Acompaña uno u otro?
La señora diputada Camaño dijo que iba a presentar un dictamen. ¿Acompaña uno u otro?
No se alcanzan a percibir las palabras de la oradora.
SR. SECRETARIO (URIONDO) ¿Diputada Camaño? Continúo.
Diputado Daives, Ricardo: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
Diputado Daives, Ricardo: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. DAIVES Acompaño el dictamen del Frente de Todos, señor secretario.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Muchas gracias, diputado.
Diputado Tailhade, Rodolfo: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
Diputado Tailhade, Rodolfo: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. TAILHADE Acompaño el dictamen del Frente de Todos, secretario. Gracias.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Diputado Valdés, Eduardo Félix:
¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. VALDÉS Acompaño el proyecto del Frente de Todos.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Ya terminamos de registrar los votos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Paso la palabra a la secretaria de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: pido disculpas al secretario. Estaba con el micrófono y la imagen apagados al momento de votar.
Tal como dije en mi intervención, voy a presentar un dictamen propio.
Tal como dije en mi intervención, voy a presentar un dictamen propio.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Muy bien, diputada.
SRA. CAMAÑO Gracias.
SRA. SECRETARIA (DIANE) Diputada Montoto: ¿cuál de los dictámenes acompaña?
SRA. MONTOTO Acompaño el dictamen del Frente de Todos.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Neder?
SRA. NEDER Acompaño el proyecto del Frente de Todos.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputado Alderete?
SR. ALDERETE Acompaño el proyecto del Frente de Todos.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Ascárate?
SRA. ASCÁRATE Acompaño el dictamen de Juntos por el Cambio.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Ávila?
SRA. ÁVILA Gracias, secretaria.
Había pedido el uso de la palabra como representante del Partido por la Justicia Social. Lamento no haber podido hablar.
Creo que la política con mayúscula es la política del consenso, del no enfrentamiento. Todos los diputados estamos a favor de la salud.
Había pedido el uso de la palabra como representante del Partido por la Justicia Social. Lamento no haber podido hablar.
Creo que la política con mayúscula es la política del consenso, del no enfrentamiento. Todos los diputados estamos a favor de la salud.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Diputada Ávila: ¿me escucha?
SRA. ÁVILA Sí, presidente.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO No tengo su pedido de palabra anotado. Si quiere, la agrego al final de la lista.
SRA. ÁVILA Sí, lo había puesto en el chat para hablar de este tema.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Ahora, si puede ser, limítese a emitir su firma por vía remota, y luego le doy la palabra.
SRA. ÁVILA Muchas gracias, presidente.
Voto por el rechazo de este proyecto.
Voto por el rechazo de este proyecto.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputado Berisso?
SR. BERISSO Estoy por el dictamen de rechazo de Juntos por el Cambio.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Crescimbeni?
SRA. CRESCIMBENI Buenos días.
Acompaño el dictamen de rechazo del diputado Menna de Juntos por el Cambio.
Acompaño el dictamen de rechazo del diputado Menna de Juntos por el Cambio.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputado Del Cerro?
SR. DEL CERRO Acompaño el dictamen de rechazo de Juntos por el Cambio.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputado Ferreyra?
SR. FERREYRA Apoyo el dictamen del Frente de Todos.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Martínez Villada?
SRA. MARTÍNEZ VILLADA Acompaño el dictamen de rechazo de Juntos por el Cambio.
SRA. SECRETARIA (DIANE) ¿Diputada Martínez, María Rosa?
SRA. MARTÍNEZ (M. R.) Acompaño el dictamen del Frente de Todos. Gracias.
SRA. SECRETARIA (DIANE) Terminamos, diputado.
SR. NANNI Perdón, presidente. No emití mi voto, no me nombraron.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Diputado Nanni, Miguel: ¿acompaña el del Frente de Todos o el de Juntos por el Cambio?
SR. NANNI Acompaño el dictamen del diputado Gustavo Menna, de Juntos por el Cambio. Gracias.
SR. SECRETARIO (URIONDO) Gracias.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Continuamos con el orden de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Manzi.
Tiene la palabra el señor diputado Manzi.
SR. MANZI Gracias, presidente.
Primero, quiero hacer algunas consideraciones estrictamente sanitarias. Coincido básicamente con el diputado Yedlin cuando dijo que había tres pilares o tres herramientas para el control de la pandemia, pero no coincido exactamente con la interpretación o la valorización que ha hecho de estas herramientas.
Evidentemente, el pilar fundamental son las vacunas. Una diputada preopinante dijo que era exitoso el plan de vacunación. Claramente, un plan de vacunación que en el tiempo perdió la carrera con la expansión de la segunda ola no es exitoso; puede ser prolijo y organizado, pero no significa que sea exitoso. Exitoso en términos epidemiológicos hubiese sido un plan de vacunación que avanzara más rápido que la segunda ola, y desgraciadamente la segunda ola nos ganó.
El segundo pilar fue el de testeos. Este siempre fue un déficit que fuimos marcando desde el comienzo de la pandemia. Sin testeos no puede haber inteligencia ni estrategia epidemiológicas, porque los testeos han sido insuficientes.
El tercer pilar de las restricciones, en realidad, lo cambiaría, sería más amplio y diría "cuidados personales" porque ya las restricciones de circulación han quedado relativizadas -no digo anuladas- en el mundo, y han adquirido más importancia los cuidados personales, como el de la calidad de los barbijos que utilizamos o la ventilación de los ambientes.
El premio Nobel Michael Levitt de la Universidad de Stanford, que viene estudiando la pandemia junto con su equipo, afirmó que la evidencia apunta a que las cuarentenas no han ayudado y que responden a una lógica medieval.
Una de las principales infectólogas del mundo, la doctora Gupta de la Universidad de Oxford dice: "No podemos deshacernos del virus..." -y agrega- "...El problema fundamental es que no podemos pagar el precio de estar encerrados. Con 'pagar' no me refiero solo a que no hay suficiente dinero en las arcas. El daño causado es demasiado profundo, es solo un simple análisis de costo-beneficio."
La otra consideración sanitaria que quiero hacer es sobre la fórmula propuesta por este proyecto de ley, donde uno de los ejes claros es la tasa de incidencia acumulada, y a partir de esa tasa de casos que se suman -tal cual lo explicó el diputado Yedlin- se establece el nivel de alerta. Sin embargo, resulta que esa tasa de incidencia acumulada se basa en el número de casos confirmados, pero este número se basa en el número de testeos, y realmente los testeos -repito- en la Argentina han sido deficientes.
En un momento determinado, en mi provincia, en Catamarca, había una positividad de los testeos del 60 por ciento, una locura; significa que estábamos pescando en la pecera, estábamos testeado solamente a la gente con síntomas y a los contactos estrechos. No se estaban tomando mediciones en la población en general.
En términos generales, la Argentina está en alrededor de un 20 por ciento de positividad en los testeos, cuando en el mundo se está valorando que los testeos son considerados lo suficientemente numerosos cuando la positividad no supera el diez por ciento. O sea que si nosotros vamos a aplicar una fórmula donde uno de los datos base ya viene fallando, la fórmula seguramente va a fallar.
Independientemente de las cuestiones sanitarias, quiero hacer consideraciones políticas: qué país queremos y a qué país apuntamos. Como ya dijeron algunos compañeros de mi interbloque, Juntos por el Cambio, este proyecto tiene un sesgo de concentración de poder que atropella la Constitución y que yo llamaría autoritario.
Quiero decirles que traigo a colación este tema porque el autoritarismo no es un peligro a futuro, sino que es un peligro concreto, actual y presente en nuestro país. Muchos de los gobernadores que son apoyo político de este gobierno y que pertenecen al mismo espacio político que nuestro presidente, se caracterizaron por su autoritarismo, por trabajar por la hegemonía y por constituirse en verdaderas autocracias. Muchas de las democracias subnacionales argentinas son democracias plebiscitarias: no son democracias plenas, no son democracias donde haya una oposición que sea escuchada ni son democracias donde haya una Justicia independiente.
Con mi equipo nos alertamos al comienzo de la pandemia por el aumento de la incidencia de casos de violencia institucional. A partir de esta alerta comenzamos a hacer una recopilación no cuantitativa, pero sí cualitativa y analítica de casos de violencia institucional durante la pandemia, durante las restricciones en sus diversas variantes en el ámbito del NOA. No nos daba la capacidad para hacerlo en el ámbito de la Nación, por lo que nos restringimos al NOA, que es mi región de referencia.
Analizamos 322 casos de violencia institucional, que se desagregan en: 69 casos de persecución, 52 de hostigamiento, 49 de represión ilegal, 97 de lesiones graves, 50 de tormentos o torturas y 5 casos de muerte. Estos datos están restringidos al NOA y en este listado no se reflejan situaciones altamente dramáticas derivadas de las restricciones, a veces altamente inhumanas a la circulación, como fue el caso de Abigail.
Señores, caminamos peligrosamente hacia un país donde la autocracia, el autoritarismo y la no escucha a las instituciones republicanas y democráticas puede poner en juego el futuro de los argentinos y el futuro de esta República.
Hoy nos preocupa la salud a todos, pero la República no es incompatible con la salud. La salud no puede ser el argumento para llevarse por delante ni las libertades individuales ni los derechos constitucionales ni el funcionamiento de las instituciones; no podemos seguir viendo esto como una guerra.
En el Medioevo se veía a las pestes como un castigo de Dios; hoy las vemos como una guerra. Señores, no es una guerra, es un desajuste ambiental provocado por el hombre; es un desajuste que viene por la ruptura del equilibrio ecológico. En lugar de entender eso, creemos que los virus nos están atacando intencionalmente y que debemos actuar en consecuencia. Además, los que no se alinean como nosotros queremos pasan a ser colaboracionistas con el virus. Dejemos esa mirada porque empobrece; necesitamos una mirada más sistémica, más holística y más comprensiva de la situación.
Dicho esto, tal como lo expresé en la firma, adelanto mi apoyo al dictamen del diputado Menna.
Primero, quiero hacer algunas consideraciones estrictamente sanitarias. Coincido básicamente con el diputado Yedlin cuando dijo que había tres pilares o tres herramientas para el control de la pandemia, pero no coincido exactamente con la interpretación o la valorización que ha hecho de estas herramientas.
Evidentemente, el pilar fundamental son las vacunas. Una diputada preopinante dijo que era exitoso el plan de vacunación. Claramente, un plan de vacunación que en el tiempo perdió la carrera con la expansión de la segunda ola no es exitoso; puede ser prolijo y organizado, pero no significa que sea exitoso. Exitoso en términos epidemiológicos hubiese sido un plan de vacunación que avanzara más rápido que la segunda ola, y desgraciadamente la segunda ola nos ganó.
El segundo pilar fue el de testeos. Este siempre fue un déficit que fuimos marcando desde el comienzo de la pandemia. Sin testeos no puede haber inteligencia ni estrategia epidemiológicas, porque los testeos han sido insuficientes.
El tercer pilar de las restricciones, en realidad, lo cambiaría, sería más amplio y diría "cuidados personales" porque ya las restricciones de circulación han quedado relativizadas -no digo anuladas- en el mundo, y han adquirido más importancia los cuidados personales, como el de la calidad de los barbijos que utilizamos o la ventilación de los ambientes.
El premio Nobel Michael Levitt de la Universidad de Stanford, que viene estudiando la pandemia junto con su equipo, afirmó que la evidencia apunta a que las cuarentenas no han ayudado y que responden a una lógica medieval.
Una de las principales infectólogas del mundo, la doctora Gupta de la Universidad de Oxford dice: "No podemos deshacernos del virus..." -y agrega- "...El problema fundamental es que no podemos pagar el precio de estar encerrados. Con 'pagar' no me refiero solo a que no hay suficiente dinero en las arcas. El daño causado es demasiado profundo, es solo un simple análisis de costo-beneficio."
La otra consideración sanitaria que quiero hacer es sobre la fórmula propuesta por este proyecto de ley, donde uno de los ejes claros es la tasa de incidencia acumulada, y a partir de esa tasa de casos que se suman -tal cual lo explicó el diputado Yedlin- se establece el nivel de alerta. Sin embargo, resulta que esa tasa de incidencia acumulada se basa en el número de casos confirmados, pero este número se basa en el número de testeos, y realmente los testeos -repito- en la Argentina han sido deficientes.
En un momento determinado, en mi provincia, en Catamarca, había una positividad de los testeos del 60 por ciento, una locura; significa que estábamos pescando en la pecera, estábamos testeado solamente a la gente con síntomas y a los contactos estrechos. No se estaban tomando mediciones en la población en general.
En términos generales, la Argentina está en alrededor de un 20 por ciento de positividad en los testeos, cuando en el mundo se está valorando que los testeos son considerados lo suficientemente numerosos cuando la positividad no supera el diez por ciento. O sea que si nosotros vamos a aplicar una fórmula donde uno de los datos base ya viene fallando, la fórmula seguramente va a fallar.
Independientemente de las cuestiones sanitarias, quiero hacer consideraciones políticas: qué país queremos y a qué país apuntamos. Como ya dijeron algunos compañeros de mi interbloque, Juntos por el Cambio, este proyecto tiene un sesgo de concentración de poder que atropella la Constitución y que yo llamaría autoritario.
Quiero decirles que traigo a colación este tema porque el autoritarismo no es un peligro a futuro, sino que es un peligro concreto, actual y presente en nuestro país. Muchos de los gobernadores que son apoyo político de este gobierno y que pertenecen al mismo espacio político que nuestro presidente, se caracterizaron por su autoritarismo, por trabajar por la hegemonía y por constituirse en verdaderas autocracias. Muchas de las democracias subnacionales argentinas son democracias plebiscitarias: no son democracias plenas, no son democracias donde haya una oposición que sea escuchada ni son democracias donde haya una Justicia independiente.
Con mi equipo nos alertamos al comienzo de la pandemia por el aumento de la incidencia de casos de violencia institucional. A partir de esta alerta comenzamos a hacer una recopilación no cuantitativa, pero sí cualitativa y analítica de casos de violencia institucional durante la pandemia, durante las restricciones en sus diversas variantes en el ámbito del NOA. No nos daba la capacidad para hacerlo en el ámbito de la Nación, por lo que nos restringimos al NOA, que es mi región de referencia.
Analizamos 322 casos de violencia institucional, que se desagregan en: 69 casos de persecución, 52 de hostigamiento, 49 de represión ilegal, 97 de lesiones graves, 50 de tormentos o torturas y 5 casos de muerte. Estos datos están restringidos al NOA y en este listado no se reflejan situaciones altamente dramáticas derivadas de las restricciones, a veces altamente inhumanas a la circulación, como fue el caso de Abigail.
Señores, caminamos peligrosamente hacia un país donde la autocracia, el autoritarismo y la no escucha a las instituciones republicanas y democráticas puede poner en juego el futuro de los argentinos y el futuro de esta República.
Hoy nos preocupa la salud a todos, pero la República no es incompatible con la salud. La salud no puede ser el argumento para llevarse por delante ni las libertades individuales ni los derechos constitucionales ni el funcionamiento de las instituciones; no podemos seguir viendo esto como una guerra.
En el Medioevo se veía a las pestes como un castigo de Dios; hoy las vemos como una guerra. Señores, no es una guerra, es un desajuste ambiental provocado por el hombre; es un desajuste que viene por la ruptura del equilibrio ecológico. En lugar de entender eso, creemos que los virus nos están atacando intencionalmente y que debemos actuar en consecuencia. Además, los que no se alinean como nosotros queremos pasan a ser colaboracionistas con el virus. Dejemos esa mirada porque empobrece; necesitamos una mirada más sistémica, más holística y más comprensiva de la situación.
Dicho esto, tal como lo expresé en la firma, adelanto mi apoyo al dictamen del diputado Menna.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra la señora diputada Lospennato.
SRA. LOSPENNATO Señor presidente: vuelvo a lamentar que estemos dando este debate sin escuchar las voces de muchos involucrados. No solamente me hubiera gustado escuchar las voces de los padres organizados y de otros padres que quieren que sus hijos vuelvan a la escuela presencial, sino principalmente de muchas madres que son las que cargan sobre sus hombros la mayor responsabilidad de asumir estas tareas extras que significan acompañar en el proceso de escolaridad a los hijos.
Hay muchas madres que dejaron de trabajar para poder hacer esto y que hacen malabares para poder conservar sus trabajos a la par que acompañan a sus hijos en el proceso de escolarización. Hay muchas madres que están frustradas porque no tienen los conocimientos para poder acompañarlos como desearían. Eso las frustra y les agrega más angustia a la que ya tienen. Hay muchas madres que tienen que compartir el único celular de la familia entre tres y cuatro hijos para recibir una tarea que tienen que realizar y muchas veces no tienen la plata para ponerle crédito o para imprimir esos trabajos que les mandan.
Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela, sufriendo en serio. Los que tienen más posibilidades sufren un poco menos, pero sufren igual: están desconectados de sus amigos, de sus docentes, de ese lugar donde los chicos van a encontrar mucho más que la educación académica porque van a formarse como miembros de esta sociedad; van a aprender valores y a compartir, porque la escuela es el primer ámbito por fuera de la familia de socialización grande, de la pertenencia a una comunidad.
En la provincia de Buenos Aires, hace un año y medio que estos chicos están en esa situación. Estos chicos están esperando de nosotros una respuesta absolutamente diferente a sancionar una ley inconstitucional.
Este es un proyecto de ley cuya única certeza -porque la verdad es que esta norma no da muchas certezas, porque habilita una delegación muy amplia, que no establece ni máximos ni mínimos y que permite aumentar o disminuir las restricciones sin ningún otro condicionamiento que pretender que van a ser buenas para proteger la salud y la vida- es la incluida en el artículo que dice que, a partir de su sanción, los pocos chicos que hoy asisten a las clases presenciales en algunas jurisdicciones, se van a quedar sin ellas.
Para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires no hay dudas, y para los chicos de otros distritos del país, si se sanciona esta ley se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y está escrito en este proyecto de ley; no se necesita ninguna interpretación para saber que este es un proyecto para cerrar escuelas.
La gran ausente en este debate también es la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Argentina. Me duele especialmente porque, junto a las diputadas Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Samanta Acerenza -mandato cumplido- y Carmen Polledo, fui una de las personas que más trabajamos en esta Cámara para lograr tener una defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estuvo vacante por catorce años en la Argentina. En efecto, durante catorce años, este Congreso les debió a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país una persona que los defendiera.
Seguí personalmente ese proceso que nos llevó más de un año. Hicimos un concurso público extraordinario, tomamos exámenes; cosas que nunca suceden en la Argentina las hicimos posible las mujeres que queríamos que nuestros niños tuvieran una voz.
En las entrevistas personales que tuve con todos los candidatos que habían pasado la primera etapa, hice la misma pregunta. Pueden consultar con la actual defensora, Marisa Graham, si no se la hice a ella también. La pregunta era: "¿Por qué creés que en la Argentina tenemos una proporción muchísimo más grande de niños pobres que de adultos mayores pobres?" Porque es desproporcionalmente más grande. Marisa Graham me respondió: "Probablemente, por dos motivos. Porque todos vamos a ser viejos, pero nadie va a volver a ser niño y, en segundo lugar, porque los niños no tienen quién los defienda." Le dije que esperaba que honrara ese compromiso de ser esa voz que millones y millones de niños no tienen en las instituciones argentinas.
Sin embargo, dicho compromiso fue deshonrado durante este proceso. ¿Por qué no está la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes litigando en todos los tribunales del país por el regreso a la presencialidad? ¿Por qué no lo está haciendo, como lo hicieron los padres organizados? ¿Por qué no lo está haciendo, como lo hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue a defender a los tribunales el derecho de los niños a educarse presencialmente?
Además, se trata del derecho a educarse en general, porque en la Argentina la educación virtual es para una minoría. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación virtual en un país donde siete de cada diez niños son pobres? Se trata de niños que no tienen computadora; no tienen conectividad; no tienen una casa con las comodidades necesarias para hacer las tareas; no tienen padres, en muchísimos y muchísimos casos, que hayan terminado el secundario para poder acompañarlos y asistirlos; no tienen una maestra del otro lado de la computadora y de la pantalla, aunque sea a la distancia, para que los ayude.
Se trata de niños que están solos. No sabemos si están sufriendo situaciones de violencia, de abuso o de acoso porque estos casos siempre se detectan en la escuela. No sabemos si están pasando hambre, porque una maestra se da cuenta de si su alumno está pasando hambre ni bien lo ve llegar a la escuela. Sabe si comió o si no comió, aunque el nene no se lo quiera decir. No tiene ni que preguntarle.
El docente va a acompañar y asistir al niño, porque eso hacen los docentes argentinos también. Eso hacen los docentes en un país con los niveles de pobreza que nosotros tenemos. Esa es la escuela también. Esa es la escuela que estamos cerrando hace un año y medio.
La defensora es otra gran ausente y lo lamento mucho. ¡Catorce años tardó el Congreso! ¡Una deuda que en el gobierno anterior nadie pudo justificar por qué no se había resuelto! En nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Macri, pusimos a una persona proveniente de las filas de la oposición. Tenía una oportunidad enorme de hacer bien su trabajo y, lamentablemente, no lo ha hecho.
Espero que sea una de las personas que, en defensa de los niños, se presente como amicus a la Corte Suprema cuando esta norma llegue a esa instancia para ser declarada inconstitucional.
Pareciera que ya está resultando una costumbre traernos a este recinto con la intención de convalidar normas institucionales. Es evidente que en el oficialismo debe haber alguien que cree -tal vez lo aprendió mal en la facultad- que cuando uno emite un decreto inconstitucional, si luego se transforma en ley, automáticamente se convierte en constitucional. Lo que sucede es que cuando la inconstitucionalidad no surge de la forma de la ley, sino de su contenido, como diría mi madre en una vieja frase: "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Si la norma es inconstitucional por su contenido, no importa si es decreto o es ley; sigue siendo inconstitucional.
Así lo hicieron cuando decidieron unilateralmente detraer la coparticipación federal de un distrito. Después, vinieron por decreto. De la noche a la mañana, tomaron la decisión y creyeron que subsanaban eso trayéndolo a este Congreso; eso no sucede. Por eso está esa otra ley, producto de ese otro decreto inconstitucional, resolviéndose en la Corte, y lo mismo va a pasar con esta norma.
Nuestro compañero de interbloque, quien nos honra siempre con la calidad técnica con la que presenta los dictámenes que nosotros acompañamos, ya dio para todos nosotros una verdadera lección de derecho constitucional. No tengo dudas de que va a ser una pieza que muchísimos padres podrán utilizar para ir a la Justicia a defender los derechos que no estamos defendiendo los legisladores acá. No lo hacemos porque no podemos, no nos da el número; los otros sabrán por qué.
Este proyecto de ley es para cerrar escuelas. Se trata de una norma que le dice fuerte y claramente a la Corte Suprema que el gobierno no está dispuesto a acatar sus fallos, que al gobierno le importa poco o nada lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación o que se trate del último intérprete de la Constitución Nacional. A decir verdad, al gobierno le importa poco lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que le va a importar lo que diga la Corte Suprema?
Por eso, este proyecto de ley para cerrar escuelas es una afrenta a la Constitución, al federalismo y a la República. No respeta nuestra Carta Magna, no respeta a las provincias y, por supuesto, tampoco respeta a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
Este proyecto de ley para cerrar escuelas es contrario a la Constitución en tantos sentidos que le llevó más de veinte páginas a nuestro miembro informante poder explicarlo. Por lo tanto, yo simplemente voy a recordar muy brevemente los puntos más claros y más evidentes.
En primer lugar, este proyecto viola lo prescripto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es decir, se trata de una norma para delegar funciones del Congreso que viola todos los requisitos que la Constitución establece para delegar funciones del Congreso.
Ya se dijo que tiene una base muy difusa de la delegación. Tiene una enumeración genérica de lo que significa esta delegación, pero lo más grave es que, además, establece que el Poder Ejecutivo puede aumentar o disminuir esas restricciones. Con lo cual, no están delimitados los términos de la delegación.
Asimismo, la norma tampoco cumple con el requisito de delegar en cabeza del Poder Ejecutivo, en el presidente, ya que se delega hasta en el jefe de Gabinete de Ministros y, además, establece subdelegaciones, otro invento que este gobierno ha utilizado.
A este gobierno le delegamos funciones en una ley y se las prorrogó durante un año seguido. No solo se prorrogó dichas delegaciones, sino que las aumentó. El decreto 260 -citado en este proyecto de ley- es absolutamente inconstitucional. No existe esa posibilidad del gobierno de extenderse la delegación. De lo contrario, ¿para qué la delegación pondría un plazo? La Constitución dice que para ser válida la delegación, se debe establecer un plazo. Ahora, si quien recibe esa delegación extiende hasta el infinito dicho plazo, ¿para qué existe ese requisito constitucional?
No hace falta ser ni estudiante de derecho. Solo hace falta saber leer y escribir para poder leer la Constitución y darse cuenta de que esto no tiene ningún sentido, de que no están admitidas estas prórrogas de delegación ni subdelegaciones.
En segundo término, permítanme repetir algo que también se ha dicho. Desde nuestras bancas, nosotros, los diputados nacionales, no podemos avasallar las competencias de las provincias. Hay que decirlo claramente. La Constitución Nacional también es taxativa. Parece que no han leído los artículos 5º ni 121. Es una facultad no delegada la educación primaria. Respecto de la educación en general, la Corte ha dicho que es una facultad concurrente. No nos corresponde a nosotros delegar facultades que no son propias.
Por otra parte, quería detenerme en algo que nuestro miembro informante mencionó -y que también me parece tremendamente grave-, en cuanto a que el objetivo de esta iniciativa es el de cerrar escuelas. En ese objetivo, además, avanza enormemente contra lo prescripto en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Ese artículo es uno de los más sagrados de nuestra Constitución. Todos los artículos son sagrados, pero generalmente cuando te piden que elijas un artículo de la Constitución, muchos de nosotros elegimos el 19 porque es el artículo de nuestras garantías, de nuestras libertades individuales y de la protección frente al autoritarismo.
Me pregunto si existirán quienes pretendan hacer cumplir la distancia de dos metros al interior de una vivienda precaria donde cuatro o cinco personas conviven en una habitación. Me pregunto si esa es una norma para nuestro país. No sé qué dimensión de casa pretenden que haya, pero ni aun en casas grandes van a poder estar sentados con dos metros de distancia todos los miembros de una familia. La mayoría no debe entrar.
Alguno puede pensar que eso se puede hacer cumplir porque, como bien lo dijo el diputado Menna, no es una sugerencia ni es un cartelito que pegamos al frente de una oficina pública que dice: "mantenga los dos metros de distancia"; es una ley a la que además le asignamos, en caso de incumplimiento, responsabilidades penales.
¿Y quién va a hacer cumplir esa norma? Ni siquiera determina si es en el ámbito público o no lo es; entonces es en todos lados. ¿Van a andar controlando los dos metros de distancia en las casas de las personas o si alguien estornudó en el codo? ¿Le van a preguntar a la gente: "Usted, ¿cuántas veces se lavó las manos en el día de hoy? Porque quiero saber si está incumpliendo y corresponde que le aplique una pena del Código Penal"? Esto es lo que dice este mamarracho que nos han traído hoy; no quisiera llamarlo así, pero no me sale una palabra mejor.
Una norma de tan mala factura -para no decir la palabra "mamarracho"- solamente puede ser fuente de excesos, de autoritarismo y de violencia institucional. Me refiero a la violencia institucional como la que hemos visto recrudecer en esta Argentina desde el inicio de la pandemia; y lo hemos visto en muchísimas provincias de nuestro país.
Hemos visto, hace pocos días, que por segunda vez en la Argentina es detenido un menor de edad en una comisaría por no llevar barbijo. Parece que a la policía de Santiago del Estero no le alcanzó con haber detenido el año pasado a una nena de nueve años, ya que hace pocos días detuvo a un nene de 14 años en una comisaría por no llevar barbijo.
Para quienes digan que exageramos, los invito a leer el último informe de Amnistía Internacional, porque estos hechos que nosotros prevemos que ahora pueden ocurrir, o que van a ocurrir, ya sucedieron, ya se metieron en la casa de las personas.
Tal como lo explica el informe de Amnistía Internacional, en la provincia de Chaco, en la madrugada del 31 de mayo del año 2020, ingresaron en una casa de miembros de la comunidad qom. Mediante forcejeos, empujones y golpes de puño se llevaron detenidos a la Comisaría Tercera de Fontana a Alejandro Saravia, Daiana Celeste Fernández, Cristian Fernández y Rebeca Garay.
El 8 de julio la jueza de Garantías número 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados. Estuvieron allí del 31 de mayo al 8 de julio.
Se metieron adentro de la casa de estos argentinos, miembros de la comunidad originaria de los qom. ¿Saben cómo recaratuló la jueza esta causa? Allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones.
Esto pasó en pandemia y puede volver a pasar porque estamos sancionando una norma que dice que se puede amenazar con aplicar el Código Penal a quien no mantenga dos metros de distancia, no estornude en el codo o no se lave suficientemente las manos.
El informe también dice que, en la provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo ocho agentes de la policía de la provincia detuvieron a siete hombres en el barrio San Alberto, en Isidro Casanova. En el informe está el video y violenta verlo. Nos hace mal ver ese video, donde los hacen arrodillar y hacer flexiones mientras que les controlan los papeles para circulación en la pandemia.
Ninguno de nosotros se olvida de Facundo Astudillo Castro -no es propio de una fuerza política-, quien también fue detenido por, supuestamente, estar violando las normas de la cuarentena.
Y no nos olvidamos de Luis Espinoza, quien estaba cabalgando en una zona en la cual tampoco se podía estar durante la cuarentena, cuando recibió ese disparo que le quitó la vida. No nos olvidamos de cada uno de los casos, que son muchísimos, lamentablemente.
Con esta experiencia que pasamos, en lugar de reflexionar y de pensar bien lo que escribimos en las normas y de ver cómo hacemos para mejorar esas redacciones -de las cuales se agarraban algunos para cometer estas vejaciones y violaciones a los derechos humanos-, agravamos la situación haciendo una ley del Congreso que no establece con claridad cómo tratar esos casos.
Podría decir muchas cosas más, pero ya es tarde y hay varios compañeros que todavía quieren seguir opinando sobre este proyecto de ley.
Simplemente quiero señalar el punto que para mí es más contrario a la Constitución Nacional que ningún otro punto que contenga esta iniciativa ni ninguna otra que hayamos votado durante esta pandemia. Esta norma viola abiertamente, contra jurisprudencia, contra la Constitución, contra los tratados de derechos humanos de rango constitucional, el derecho de los niños a recibir educación. Como ya dije, la educación virtual en la Argentina es para una minoría; es un privilegio de clase, y creo que no me equivoco.
Estamos incrementando cada día más la inequidad educativa. Cada día que pasa, un niño o un adolescente corre el riesgo de no volver a clases nunca más.
Queremos esas estadísticas. ¡Queremos saber cuántos niños dejaron la escuela durante 2020! Necesitamos que el ministro de Educación nos dé esos datos, provincia por provincia.
Además, queremos saber cómo vamos a hacer para ir a buscar a esos niños y que vuelvan a la escuela. Nos preocupan los niños que abandonaron la escuela, los que sufren en sus casas y los que desesperadamente quieren volver. Nos preocupan los que más lo necesitan, los que menos lo necesitan y el abandono que sienten. No tenemos derecho a hacer eso.
Siempre nos decimos que los únicos privilegiados son los niños, pero no se ve en las decisiones que tomamos. Claramente, no hay un privilegio que ponga a los niños por sobre otras decisiones, que por ejemplo diga: "primero la escuela", "primero nuestros niños", "primero su salud integral" por sobre otros intereses.
La única evidencia científica es la que convalida que la escuela no es un foco de contagio y que es irreparable el daño que sufren los niños que hace un año y medio no tienen clases.
¡La única evidencia que importa es la que hoy señala que, si se miden dos distritos, uno con escuelas cerradas y otro con escuelas abiertas, está mejor y reduce los casos el que tiene las escuelas abiertas porque -ya lo decíamos- las escuelas no son el problema! ¡Dejen de culpar a la escuela y a los niños! ¡Las ineficiencias están en otro lugar! Háganse cargo de las otras cosas que no han hecho para controlar los contagios, pero no culpen ni condenen a nuestros hijos.
¡Hemos perdido muchas cosas en estos meses, pero hay un límite que no estamos dispuestos a pasar! Esta ley consagra ese único robo que los argentinos no vamos a tolerar pasivamente. ¡Hemos perdido miles de pymes, miles de empleos, miles de alumnos en las escuelas, muchas libertades y nuestra confianza en un gobierno que prometió cuidar la vida y nos descuidó! Y, sin duda, lo más triste es que hemos perdido muchos amigos y familiares. Pero este es el límite. No vamos a perder el futuro de una generación, no vamos a permitir que les roben el futuro a nuestros hijos. ¡Vamos a defender la escuela, vamos a defender la presencialidad! Porque cuando se meten con nuestros hijos, se meten con lo más sagrado que tenemos, y créanme que contra eso no van a poder.
Hay muchas madres que dejaron de trabajar para poder hacer esto y que hacen malabares para poder conservar sus trabajos a la par que acompañan a sus hijos en el proceso de escolarización. Hay muchas madres que están frustradas porque no tienen los conocimientos para poder acompañarlos como desearían. Eso las frustra y les agrega más angustia a la que ya tienen. Hay muchas madres que tienen que compartir el único celular de la familia entre tres y cuatro hijos para recibir una tarea que tienen que realizar y muchas veces no tienen la plata para ponerle crédito o para imprimir esos trabajos que les mandan.
Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela, sufriendo en serio. Los que tienen más posibilidades sufren un poco menos, pero sufren igual: están desconectados de sus amigos, de sus docentes, de ese lugar donde los chicos van a encontrar mucho más que la educación académica porque van a formarse como miembros de esta sociedad; van a aprender valores y a compartir, porque la escuela es el primer ámbito por fuera de la familia de socialización grande, de la pertenencia a una comunidad.
En la provincia de Buenos Aires, hace un año y medio que estos chicos están en esa situación. Estos chicos están esperando de nosotros una respuesta absolutamente diferente a sancionar una ley inconstitucional.
Este es un proyecto de ley cuya única certeza -porque la verdad es que esta norma no da muchas certezas, porque habilita una delegación muy amplia, que no establece ni máximos ni mínimos y que permite aumentar o disminuir las restricciones sin ningún otro condicionamiento que pretender que van a ser buenas para proteger la salud y la vida- es la incluida en el artículo que dice que, a partir de su sanción, los pocos chicos que hoy asisten a las clases presenciales en algunas jurisdicciones, se van a quedar sin ellas.
Para los chicos de la Ciudad de Buenos Aires no hay dudas, y para los chicos de otros distritos del país, si se sanciona esta ley se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y está escrito en este proyecto de ley; no se necesita ninguna interpretación para saber que este es un proyecto para cerrar escuelas.
La gran ausente en este debate también es la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Argentina. Me duele especialmente porque, junto a las diputadas Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Samanta Acerenza -mandato cumplido- y Carmen Polledo, fui una de las personas que más trabajamos en esta Cámara para lograr tener una defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estuvo vacante por catorce años en la Argentina. En efecto, durante catorce años, este Congreso les debió a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país una persona que los defendiera.
Seguí personalmente ese proceso que nos llevó más de un año. Hicimos un concurso público extraordinario, tomamos exámenes; cosas que nunca suceden en la Argentina las hicimos posible las mujeres que queríamos que nuestros niños tuvieran una voz.
En las entrevistas personales que tuve con todos los candidatos que habían pasado la primera etapa, hice la misma pregunta. Pueden consultar con la actual defensora, Marisa Graham, si no se la hice a ella también. La pregunta era: "¿Por qué creés que en la Argentina tenemos una proporción muchísimo más grande de niños pobres que de adultos mayores pobres?" Porque es desproporcionalmente más grande. Marisa Graham me respondió: "Probablemente, por dos motivos. Porque todos vamos a ser viejos, pero nadie va a volver a ser niño y, en segundo lugar, porque los niños no tienen quién los defienda." Le dije que esperaba que honrara ese compromiso de ser esa voz que millones y millones de niños no tienen en las instituciones argentinas.
Sin embargo, dicho compromiso fue deshonrado durante este proceso. ¿Por qué no está la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes litigando en todos los tribunales del país por el regreso a la presencialidad? ¿Por qué no lo está haciendo, como lo hicieron los padres organizados? ¿Por qué no lo está haciendo, como lo hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue a defender a los tribunales el derecho de los niños a educarse presencialmente?
Además, se trata del derecho a educarse en general, porque en la Argentina la educación virtual es para una minoría. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación virtual en un país donde siete de cada diez niños son pobres? Se trata de niños que no tienen computadora; no tienen conectividad; no tienen una casa con las comodidades necesarias para hacer las tareas; no tienen padres, en muchísimos y muchísimos casos, que hayan terminado el secundario para poder acompañarlos y asistirlos; no tienen una maestra del otro lado de la computadora y de la pantalla, aunque sea a la distancia, para que los ayude.
Se trata de niños que están solos. No sabemos si están sufriendo situaciones de violencia, de abuso o de acoso porque estos casos siempre se detectan en la escuela. No sabemos si están pasando hambre, porque una maestra se da cuenta de si su alumno está pasando hambre ni bien lo ve llegar a la escuela. Sabe si comió o si no comió, aunque el nene no se lo quiera decir. No tiene ni que preguntarle.
El docente va a acompañar y asistir al niño, porque eso hacen los docentes argentinos también. Eso hacen los docentes en un país con los niveles de pobreza que nosotros tenemos. Esa es la escuela también. Esa es la escuela que estamos cerrando hace un año y medio.
La defensora es otra gran ausente y lo lamento mucho. ¡Catorce años tardó el Congreso! ¡Una deuda que en el gobierno anterior nadie pudo justificar por qué no se había resuelto! En nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Macri, pusimos a una persona proveniente de las filas de la oposición. Tenía una oportunidad enorme de hacer bien su trabajo y, lamentablemente, no lo ha hecho.
Espero que sea una de las personas que, en defensa de los niños, se presente como amicus a la Corte Suprema cuando esta norma llegue a esa instancia para ser declarada inconstitucional.
Pareciera que ya está resultando una costumbre traernos a este recinto con la intención de convalidar normas institucionales. Es evidente que en el oficialismo debe haber alguien que cree -tal vez lo aprendió mal en la facultad- que cuando uno emite un decreto inconstitucional, si luego se transforma en ley, automáticamente se convierte en constitucional. Lo que sucede es que cuando la inconstitucionalidad no surge de la forma de la ley, sino de su contenido, como diría mi madre en una vieja frase: "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Si la norma es inconstitucional por su contenido, no importa si es decreto o es ley; sigue siendo inconstitucional.
Así lo hicieron cuando decidieron unilateralmente detraer la coparticipación federal de un distrito. Después, vinieron por decreto. De la noche a la mañana, tomaron la decisión y creyeron que subsanaban eso trayéndolo a este Congreso; eso no sucede. Por eso está esa otra ley, producto de ese otro decreto inconstitucional, resolviéndose en la Corte, y lo mismo va a pasar con esta norma.
Nuestro compañero de interbloque, quien nos honra siempre con la calidad técnica con la que presenta los dictámenes que nosotros acompañamos, ya dio para todos nosotros una verdadera lección de derecho constitucional. No tengo dudas de que va a ser una pieza que muchísimos padres podrán utilizar para ir a la Justicia a defender los derechos que no estamos defendiendo los legisladores acá. No lo hacemos porque no podemos, no nos da el número; los otros sabrán por qué.
Este proyecto de ley es para cerrar escuelas. Se trata de una norma que le dice fuerte y claramente a la Corte Suprema que el gobierno no está dispuesto a acatar sus fallos, que al gobierno le importa poco o nada lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación o que se trate del último intérprete de la Constitución Nacional. A decir verdad, al gobierno le importa poco lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que le va a importar lo que diga la Corte Suprema?
Por eso, este proyecto de ley para cerrar escuelas es una afrenta a la Constitución, al federalismo y a la República. No respeta nuestra Carta Magna, no respeta a las provincias y, por supuesto, tampoco respeta a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
Este proyecto de ley para cerrar escuelas es contrario a la Constitución en tantos sentidos que le llevó más de veinte páginas a nuestro miembro informante poder explicarlo. Por lo tanto, yo simplemente voy a recordar muy brevemente los puntos más claros y más evidentes.
En primer lugar, este proyecto viola lo prescripto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es decir, se trata de una norma para delegar funciones del Congreso que viola todos los requisitos que la Constitución establece para delegar funciones del Congreso.
Ya se dijo que tiene una base muy difusa de la delegación. Tiene una enumeración genérica de lo que significa esta delegación, pero lo más grave es que, además, establece que el Poder Ejecutivo puede aumentar o disminuir esas restricciones. Con lo cual, no están delimitados los términos de la delegación.
Asimismo, la norma tampoco cumple con el requisito de delegar en cabeza del Poder Ejecutivo, en el presidente, ya que se delega hasta en el jefe de Gabinete de Ministros y, además, establece subdelegaciones, otro invento que este gobierno ha utilizado.
A este gobierno le delegamos funciones en una ley y se las prorrogó durante un año seguido. No solo se prorrogó dichas delegaciones, sino que las aumentó. El decreto 260 -citado en este proyecto de ley- es absolutamente inconstitucional. No existe esa posibilidad del gobierno de extenderse la delegación. De lo contrario, ¿para qué la delegación pondría un plazo? La Constitución dice que para ser válida la delegación, se debe establecer un plazo. Ahora, si quien recibe esa delegación extiende hasta el infinito dicho plazo, ¿para qué existe ese requisito constitucional?
No hace falta ser ni estudiante de derecho. Solo hace falta saber leer y escribir para poder leer la Constitución y darse cuenta de que esto no tiene ningún sentido, de que no están admitidas estas prórrogas de delegación ni subdelegaciones.
En segundo término, permítanme repetir algo que también se ha dicho. Desde nuestras bancas, nosotros, los diputados nacionales, no podemos avasallar las competencias de las provincias. Hay que decirlo claramente. La Constitución Nacional también es taxativa. Parece que no han leído los artículos 5º ni 121. Es una facultad no delegada la educación primaria. Respecto de la educación en general, la Corte ha dicho que es una facultad concurrente. No nos corresponde a nosotros delegar facultades que no son propias.
Por otra parte, quería detenerme en algo que nuestro miembro informante mencionó -y que también me parece tremendamente grave-, en cuanto a que el objetivo de esta iniciativa es el de cerrar escuelas. En ese objetivo, además, avanza enormemente contra lo prescripto en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Ese artículo es uno de los más sagrados de nuestra Constitución. Todos los artículos son sagrados, pero generalmente cuando te piden que elijas un artículo de la Constitución, muchos de nosotros elegimos el 19 porque es el artículo de nuestras garantías, de nuestras libertades individuales y de la protección frente al autoritarismo.
Me pregunto si existirán quienes pretendan hacer cumplir la distancia de dos metros al interior de una vivienda precaria donde cuatro o cinco personas conviven en una habitación. Me pregunto si esa es una norma para nuestro país. No sé qué dimensión de casa pretenden que haya, pero ni aun en casas grandes van a poder estar sentados con dos metros de distancia todos los miembros de una familia. La mayoría no debe entrar.
Alguno puede pensar que eso se puede hacer cumplir porque, como bien lo dijo el diputado Menna, no es una sugerencia ni es un cartelito que pegamos al frente de una oficina pública que dice: "mantenga los dos metros de distancia"; es una ley a la que además le asignamos, en caso de incumplimiento, responsabilidades penales.
¿Y quién va a hacer cumplir esa norma? Ni siquiera determina si es en el ámbito público o no lo es; entonces es en todos lados. ¿Van a andar controlando los dos metros de distancia en las casas de las personas o si alguien estornudó en el codo? ¿Le van a preguntar a la gente: "Usted, ¿cuántas veces se lavó las manos en el día de hoy? Porque quiero saber si está incumpliendo y corresponde que le aplique una pena del Código Penal"? Esto es lo que dice este mamarracho que nos han traído hoy; no quisiera llamarlo así, pero no me sale una palabra mejor.
Una norma de tan mala factura -para no decir la palabra "mamarracho"- solamente puede ser fuente de excesos, de autoritarismo y de violencia institucional. Me refiero a la violencia institucional como la que hemos visto recrudecer en esta Argentina desde el inicio de la pandemia; y lo hemos visto en muchísimas provincias de nuestro país.
Hemos visto, hace pocos días, que por segunda vez en la Argentina es detenido un menor de edad en una comisaría por no llevar barbijo. Parece que a la policía de Santiago del Estero no le alcanzó con haber detenido el año pasado a una nena de nueve años, ya que hace pocos días detuvo a un nene de 14 años en una comisaría por no llevar barbijo.
Para quienes digan que exageramos, los invito a leer el último informe de Amnistía Internacional, porque estos hechos que nosotros prevemos que ahora pueden ocurrir, o que van a ocurrir, ya sucedieron, ya se metieron en la casa de las personas.
Tal como lo explica el informe de Amnistía Internacional, en la provincia de Chaco, en la madrugada del 31 de mayo del año 2020, ingresaron en una casa de miembros de la comunidad qom. Mediante forcejeos, empujones y golpes de puño se llevaron detenidos a la Comisaría Tercera de Fontana a Alejandro Saravia, Daiana Celeste Fernández, Cristian Fernández y Rebeca Garay.
El 8 de julio la jueza de Garantías número 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados. Estuvieron allí del 31 de mayo al 8 de julio.
Se metieron adentro de la casa de estos argentinos, miembros de la comunidad originaria de los qom. ¿Saben cómo recaratuló la jueza esta causa? Allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones.
Esto pasó en pandemia y puede volver a pasar porque estamos sancionando una norma que dice que se puede amenazar con aplicar el Código Penal a quien no mantenga dos metros de distancia, no estornude en el codo o no se lave suficientemente las manos.
El informe también dice que, en la provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo ocho agentes de la policía de la provincia detuvieron a siete hombres en el barrio San Alberto, en Isidro Casanova. En el informe está el video y violenta verlo. Nos hace mal ver ese video, donde los hacen arrodillar y hacer flexiones mientras que les controlan los papeles para circulación en la pandemia.
Ninguno de nosotros se olvida de Facundo Astudillo Castro -no es propio de una fuerza política-, quien también fue detenido por, supuestamente, estar violando las normas de la cuarentena.
Y no nos olvidamos de Luis Espinoza, quien estaba cabalgando en una zona en la cual tampoco se podía estar durante la cuarentena, cuando recibió ese disparo que le quitó la vida. No nos olvidamos de cada uno de los casos, que son muchísimos, lamentablemente.
Con esta experiencia que pasamos, en lugar de reflexionar y de pensar bien lo que escribimos en las normas y de ver cómo hacemos para mejorar esas redacciones -de las cuales se agarraban algunos para cometer estas vejaciones y violaciones a los derechos humanos-, agravamos la situación haciendo una ley del Congreso que no establece con claridad cómo tratar esos casos.
Podría decir muchas cosas más, pero ya es tarde y hay varios compañeros que todavía quieren seguir opinando sobre este proyecto de ley.
Simplemente quiero señalar el punto que para mí es más contrario a la Constitución Nacional que ningún otro punto que contenga esta iniciativa ni ninguna otra que hayamos votado durante esta pandemia. Esta norma viola abiertamente, contra jurisprudencia, contra la Constitución, contra los tratados de derechos humanos de rango constitucional, el derecho de los niños a recibir educación. Como ya dije, la educación virtual en la Argentina es para una minoría; es un privilegio de clase, y creo que no me equivoco.
Estamos incrementando cada día más la inequidad educativa. Cada día que pasa, un niño o un adolescente corre el riesgo de no volver a clases nunca más.
Queremos esas estadísticas. ¡Queremos saber cuántos niños dejaron la escuela durante 2020! Necesitamos que el ministro de Educación nos dé esos datos, provincia por provincia.
Además, queremos saber cómo vamos a hacer para ir a buscar a esos niños y que vuelvan a la escuela. Nos preocupan los niños que abandonaron la escuela, los que sufren en sus casas y los que desesperadamente quieren volver. Nos preocupan los que más lo necesitan, los que menos lo necesitan y el abandono que sienten. No tenemos derecho a hacer eso.
Siempre nos decimos que los únicos privilegiados son los niños, pero no se ve en las decisiones que tomamos. Claramente, no hay un privilegio que ponga a los niños por sobre otras decisiones, que por ejemplo diga: "primero la escuela", "primero nuestros niños", "primero su salud integral" por sobre otros intereses.
La única evidencia científica es la que convalida que la escuela no es un foco de contagio y que es irreparable el daño que sufren los niños que hace un año y medio no tienen clases.
¡La única evidencia que importa es la que hoy señala que, si se miden dos distritos, uno con escuelas cerradas y otro con escuelas abiertas, está mejor y reduce los casos el que tiene las escuelas abiertas porque -ya lo decíamos- las escuelas no son el problema! ¡Dejen de culpar a la escuela y a los niños! ¡Las ineficiencias están en otro lugar! Háganse cargo de las otras cosas que no han hecho para controlar los contagios, pero no culpen ni condenen a nuestros hijos.
¡Hemos perdido muchas cosas en estos meses, pero hay un límite que no estamos dispuestos a pasar! Esta ley consagra ese único robo que los argentinos no vamos a tolerar pasivamente. ¡Hemos perdido miles de pymes, miles de empleos, miles de alumnos en las escuelas, muchas libertades y nuestra confianza en un gobierno que prometió cuidar la vida y nos descuidó! Y, sin duda, lo más triste es que hemos perdido muchos amigos y familiares. Pero este es el límite. No vamos a perder el futuro de una generación, no vamos a permitir que les roben el futuro a nuestros hijos. ¡Vamos a defender la escuela, vamos a defender la presencialidad! Porque cuando se meten con nuestros hijos, se meten con lo más sagrado que tenemos, y créanme que contra eso no van a poder.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada Montoto.
SRA. MONTOTO Señor presidente: estaba escuchando que hay que respetar a los jueces y a las leyes, y festejo que estemos respetando también a nuestra Cámara de Diputados, que tantas veces se dijo que no se había respetado.
Si estamos aquí reunidos escuchándonos durante tantas horas, es porque hay un respeto a todo lo que signifique la normativa de un gobierno que prioriza a todos y cada uno de sus habitantes. Aquí se dice que somos un conglomerado de oficialistas y también se habla de diálogo y consenso, pero es muy difícil porque solamente se marcan los detalles de todas aquellas cosas que creen que pueden ser negativas para un gobierno que está tratando de dar salud a un país entero en un momento tan difícil. La oposición -que teóricamente quiere el consenso y el diálogo- en algún momento siembra dudas en el sentido de que no había vacunas y de que no había distribución en todas las provincias.
Hablo desde una provincia de la que me enorgullezco, porque en Santiago del Estero se han respetado las edades y las enfermedades prevalentes, y ya se están vacunando aquellas personas con enfermedades de base a partir de los dieciocho años. El gobierno nacional ha respetado las vacunas y cada una de las cosas que se marcaron desde la oposición.
Este es un gobierno de consenso al cual siento orgullo de pertenecer. ¿A quién se le ocurre que un gobierno quiera cerrar las escuelas? ¿A quién se le ocurre que un gobierno quiera legislar para algo que no sea en favor de la salud, cuando en el mundo ese el gran problema, es decir, bajar las tasas de enfermedad y de mortalidad? ¿De qué estamos hablando, compañeros diputados?
Tenemos que buscar el aporte positivo, ya que hablamos de diálogo y de consenso, no solamente citar cuál es el artículo que va a favor y en contra de unos y de otros. Estamos hablando de la vida, de la salud y del progreso económico, y esto depende de que nosotros nos pongamos de acuerdo. Así como estamos planteando las cosas, solamente desde la oratoria y desde los distintos artículos, no vamos a llegar a un consenso para mejorar las pymes, que ahora dicen que este gobierno abandonó.
En cuanto a los estudiantes, se habla de las diferencias, de que algunos pueden tener una computadora, cuando, gracias al gobierno, todos los estudiantes pobres en todas las provincias -incluso en la mía- habían accedido a la educación on line aun cuando había clases presenciales.
Entonces, no hablemos de cosas que no son reales. Por favor, es un momento donde cada uno de nosotros ha perdido a un ser querido. Creo que debemos dejar lo discursivo y ponernos de acuerdo con un proyecto de ley, porque hay un respeto entre diputados. Tenemos que estar a la altura y ponernos en positivo para ver cómo mejorarlo, en vez de buscarle la quinta pata al gato.
Se está demostrando que este es un gobierno que escucha a la oposición; de lo contrario, no estaríamos aquí juntos. Se está poniendo en valor cada uno de los estamentos de nuestra nación. La República está muy bien cuidada, gracias a un gobierno que no la usa como una palabra, sino que lo demuestra con acciones.
Si estamos aquí reunidos escuchándonos durante tantas horas, es porque hay un respeto a todo lo que signifique la normativa de un gobierno que prioriza a todos y cada uno de sus habitantes. Aquí se dice que somos un conglomerado de oficialistas y también se habla de diálogo y consenso, pero es muy difícil porque solamente se marcan los detalles de todas aquellas cosas que creen que pueden ser negativas para un gobierno que está tratando de dar salud a un país entero en un momento tan difícil. La oposición -que teóricamente quiere el consenso y el diálogo- en algún momento siembra dudas en el sentido de que no había vacunas y de que no había distribución en todas las provincias.
Hablo desde una provincia de la que me enorgullezco, porque en Santiago del Estero se han respetado las edades y las enfermedades prevalentes, y ya se están vacunando aquellas personas con enfermedades de base a partir de los dieciocho años. El gobierno nacional ha respetado las vacunas y cada una de las cosas que se marcaron desde la oposición.
Este es un gobierno de consenso al cual siento orgullo de pertenecer. ¿A quién se le ocurre que un gobierno quiera cerrar las escuelas? ¿A quién se le ocurre que un gobierno quiera legislar para algo que no sea en favor de la salud, cuando en el mundo ese el gran problema, es decir, bajar las tasas de enfermedad y de mortalidad? ¿De qué estamos hablando, compañeros diputados?
Tenemos que buscar el aporte positivo, ya que hablamos de diálogo y de consenso, no solamente citar cuál es el artículo que va a favor y en contra de unos y de otros. Estamos hablando de la vida, de la salud y del progreso económico, y esto depende de que nosotros nos pongamos de acuerdo. Así como estamos planteando las cosas, solamente desde la oratoria y desde los distintos artículos, no vamos a llegar a un consenso para mejorar las pymes, que ahora dicen que este gobierno abandonó.
En cuanto a los estudiantes, se habla de las diferencias, de que algunos pueden tener una computadora, cuando, gracias al gobierno, todos los estudiantes pobres en todas las provincias -incluso en la mía- habían accedido a la educación on line aun cuando había clases presenciales.
Entonces, no hablemos de cosas que no son reales. Por favor, es un momento donde cada uno de nosotros ha perdido a un ser querido. Creo que debemos dejar lo discursivo y ponernos de acuerdo con un proyecto de ley, porque hay un respeto entre diputados. Tenemos que estar a la altura y ponernos en positivo para ver cómo mejorarlo, en vez de buscarle la quinta pata al gato.
Se está demostrando que este es un gobierno que escucha a la oposición; de lo contrario, no estaríamos aquí juntos. Se está poniendo en valor cada uno de los estamentos de nuestra nación. La República está muy bien cuidada, gracias a un gobierno que no la usa como una palabra, sino que lo demuestra con acciones.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada Soledad Carrizo.
SRA. CARRIZO (M.S.) Señor presidente, representantes de ambas comisiones: al tratar este proyecto tengo sensaciones contradictorias porque considero que, efectivamente, el Congreso debería haber tratado un marco jurídico, pero no era este el momento. Después de más de setenta DNU, llegamos a un plenario de dos o tres horas para tratar de dictaminar sobre un proyecto claramente inconstitucional. Así, sentimos que se nos está burlando a todos los argentinos.
Los miembros del oficialismo dijeron que había tres pilares sobre los que un gobierno toma decisiones para cuidar la salud de los habitantes: vacunas, testeos y restricciones. Claramente, sentimos que la improvisación que este gobierno lleva en materia sanitaria se refleja no solamente en que no han cumplido absolutamente en nada sino también en la tardanza con que se ha trabajado sobre el tema de la vacuna, en la falta de transparencia, en los adelantos en la fila que lamentablemente tuvimos que vivir, en la falta de testeos, con un ministro que nos dijo no nos preocupáramos porque a la Argentina no iba a llegar la pandemia. El único camino que queda es seguir restringiendo la libertad de los argentinos.
Además, tomaron la decisión nefasta de suspender las clases, y los padres y madres estamos preocupados porque sabemos que los colegios no son el lugar de contagio. Por eso, hay una sensación de impotencia.
Esta ley que se intenta sancionar, con buenas intenciones, no puede desoír ni ir en contra de los valores y de las reglas constitucionales. Por más esfuerzo que han querido hacer algunos senadores, a pedido de sus gobernadores, claramente esta iniciativa atenta contra las facultades reservadas.
No me voy a explayar sobre lo que han apuntado otros miembros de mi bloque -los diputados Menna, Lospennato y Manzi-, porque es evidente que esta ley busca generar un maquillaje para seguir otorgándole superpoderes, poder absoluto y nepotismo al Poder Ejecutivo nacional. Desde este lado, no van a encontrar ese acompañamiento, porque soy provinciana y defiendo a rajatabla el federalismo.
No sé cómo algunos colegas van a poder volver a sus provincias luego de aprobar esta norma, porque créanme, diputados, que esto deja una situación de debilidad y de destrucción, y un antecedente que no podemos convalidar. Nuevamente será planteado el análisis constitucional, y creo que merece recordarse ese fallo pedagógico de la Corte Suprema de Justicia, que decía que no se pueden avasallar las facultades de las provincias, de las ciudades ni las autonomías plasmadas por la Carta Magna que nos rige y nos cuida.
Por eso, es muy preocupante escuchar en este recinto que la ciudadanía no debe estar preocupada por el republicanismo, que lo tenemos que defender de forma rigurosa. Repito: en aquel febrero nos dijeron que los argentinos no debíamos preocuparnos por la pandemia, porque nunca iba a llegar. No solamente llegó, sino que arrasó con más de ochenta mil argentinos, con los niños y los adolescentes que gravemente están sufriendo la falta de socialización y de educación y, sobre todo, profundizó las desigualdades, las inequidades y la pobreza.
Por favor, señores diputados, no podemos acompañar este proyecto de ley, que claramente viola todos los derechos constitucionales y pone una alarma -que no podemos dejar de advertir- sobre la violación del derecho a la intimidad.
Suscribo absolutamente todo el dictamen de rechazo que ha presentado mi bloque, y pido que -si queda algo de dignidad- nos tomemos el tiempo suficiente para disponer un marco jurídico como corresponde, y no le mintamos más a los argentinos diciendo que esto es un tratado de buenas intenciones, ocultando el fin último, que es generar más poder al Poder Ejecutivo nacional. (Aplausos.)
Los miembros del oficialismo dijeron que había tres pilares sobre los que un gobierno toma decisiones para cuidar la salud de los habitantes: vacunas, testeos y restricciones. Claramente, sentimos que la improvisación que este gobierno lleva en materia sanitaria se refleja no solamente en que no han cumplido absolutamente en nada sino también en la tardanza con que se ha trabajado sobre el tema de la vacuna, en la falta de transparencia, en los adelantos en la fila que lamentablemente tuvimos que vivir, en la falta de testeos, con un ministro que nos dijo no nos preocupáramos porque a la Argentina no iba a llegar la pandemia. El único camino que queda es seguir restringiendo la libertad de los argentinos.
Además, tomaron la decisión nefasta de suspender las clases, y los padres y madres estamos preocupados porque sabemos que los colegios no son el lugar de contagio. Por eso, hay una sensación de impotencia.
Esta ley que se intenta sancionar, con buenas intenciones, no puede desoír ni ir en contra de los valores y de las reglas constitucionales. Por más esfuerzo que han querido hacer algunos senadores, a pedido de sus gobernadores, claramente esta iniciativa atenta contra las facultades reservadas.
No me voy a explayar sobre lo que han apuntado otros miembros de mi bloque -los diputados Menna, Lospennato y Manzi-, porque es evidente que esta ley busca generar un maquillaje para seguir otorgándole superpoderes, poder absoluto y nepotismo al Poder Ejecutivo nacional. Desde este lado, no van a encontrar ese acompañamiento, porque soy provinciana y defiendo a rajatabla el federalismo.
No sé cómo algunos colegas van a poder volver a sus provincias luego de aprobar esta norma, porque créanme, diputados, que esto deja una situación de debilidad y de destrucción, y un antecedente que no podemos convalidar. Nuevamente será planteado el análisis constitucional, y creo que merece recordarse ese fallo pedagógico de la Corte Suprema de Justicia, que decía que no se pueden avasallar las facultades de las provincias, de las ciudades ni las autonomías plasmadas por la Carta Magna que nos rige y nos cuida.
Por eso, es muy preocupante escuchar en este recinto que la ciudadanía no debe estar preocupada por el republicanismo, que lo tenemos que defender de forma rigurosa. Repito: en aquel febrero nos dijeron que los argentinos no debíamos preocuparnos por la pandemia, porque nunca iba a llegar. No solamente llegó, sino que arrasó con más de ochenta mil argentinos, con los niños y los adolescentes que gravemente están sufriendo la falta de socialización y de educación y, sobre todo, profundizó las desigualdades, las inequidades y la pobreza.
Por favor, señores diputados, no podemos acompañar este proyecto de ley, que claramente viola todos los derechos constitucionales y pone una alarma -que no podemos dejar de advertir- sobre la violación del derecho a la intimidad.
Suscribo absolutamente todo el dictamen de rechazo que ha presentado mi bloque, y pido que -si queda algo de dignidad- nos tomemos el tiempo suficiente para disponer un marco jurídico como corresponde, y no le mintamos más a los argentinos diciendo que esto es un tratado de buenas intenciones, ocultando el fin último, que es generar más poder al Poder Ejecutivo nacional. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada Ávila.
SRA. ÁVILA Señor presidente: quiero dar mi punto de vista sobre un tema tan importante. En primer lugar, es muy positivo que este proyecto haya llegado al Congreso, que es el lugar natural, para que no sigamos legislando emergencia a través de DNU. El Congreso ha estado a la altura de las circunstancias y ha trabajado arduamente todos estos meses brindando las herramientas que se necesitaba para salir de esta crisis. Es el ámbito natural.
Estamos tratando un tema sumamente delicado relacionado con las restricciones de los derechos de nuestros habitantes, que tiene un impacto directo en materia social, educativa y económica. Me quiero detener en el tema educación, porque soy una de las diputadas que ha recibido a la red de padres de mi provincia, Tucumán, que muy angustiados nos contaron lo que están pasando sus hijos, con múltiples problemas a partir de este confinamiento que ya lleva más de un año y medio en la Argentina, uno de los más largos del mundo.
Es cierto que la salud es importante, pero la economía y el vivir el día a día del ciudadano también es sumamente importante. Muchos argentinos la están pasando muy pero muy mal, y nosotros no podemos hacer oídos sordos a esa situación, sin empatía y sin ponernos en lugar de ese ciudadano que la está pasando mal.
La política con mayúsculas es buscar el consenso, la mejor ley y el mejor acuerdo. Absolutamente todos los diputados queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Por eso me gustaría que el bloque oficialista y mayoritario tuviera la intención de escuchar a la oposición y a distintas voces. Teníamos preguntas para hacer a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, pero también hay profesionales, médicos, psicólogos, padres y docentes que quieren participar y que, sin embargo, hoy no son oídos porque estamos haciendo un tratamiento express de una ley central para todos los argentinos. Es un tratamiento que prácticamente se hará a libro cerrado porque no podemos cambiar ni una coma en todo lo que estamos discuiendo.
No voy a ahondar sobre temas constitucionales respecto de los artículos 4°, 5°, 12 y 21, pues ya han sido expuestos por otros legisladores. Simplemente, recalco que este tema debería tener muchas más horas de análisis y de trabajo. Se debía escuchar a quienes querían exponer su punto de vista, y no aprobarse a libro cerrado.
Soy consciente de que la sociedad no está buscando enfrentamientos, sino que quiere que todos nos pongamos de acuerdo y miremos para adelante. Pero ningún criterio sanitario en emergencia está por encima de la Constitución Nacional, y esto es lo que está pasando con este proyecto. Creo que, lamentablemente, el oficialismo quiere darle un ropaje de supuesta legalidad a una decisión soberana de un poder por encima del otro.
No se trata de una ley de superpoderes, como algunos han dicho, pero sí creo que se quiere dotar al presidente de poderes inconstitucionales, y eso no lo podemos permitir.
Debemos recordar que, en la década del 90, la Nación decidió el traspaso de todas las escuelas a las provincias. El gobierno nacional no tiene ninguna escuela a cargo, y hoy se está involucrando con un tema que tiene que ver con la presencialidad o no de nuestros niños en las escuelas.
Nuestros niños y adolescentes, y los papás y mamás, la están pasando muy mal. En el interior profundo de mi Tucumán, hay escuelas que no tienen conectividad, hay niños que no conocen los celulares ni las notebooks. Lamentablemente, esos chicos ya no van a la escuela, y cuando manejen los números oficiales se van a dar cuenta de la cantidad de niños y adolescentes que desertaron de las escuelas por esta situación que estamos pasando. Nuestra responsabilidad es dar respuestas a los padres y a los niños y adolescentes, que son los sectores más vulnerables.
Para finalizar, quiero decir que hoy el federalismo es una fórmula vacía, y está presente en este proyecto. Lamentablemente es así, y lo vivimos también en el Norte, donde hay mayores niveles de pobreza, con problemas graves entre nuestros niños y adolescentes. Muchos de ellos han dejado las escuelas y hoy están en la calle, consumiendo drogas, que es otro flagelo social que va a venir y que hay que tener en cuenta.
Señor presidente: no debemos tirarle la responsabilidad de la crisis sanitaria, económica y social a nuestros ciudadanos. Somos nosotros los que tenemos que dar respuestas y los que tenemos que escuchar. Para eso es el Congreso, y para esto está formada la comisión. Lamento profundamente que no se haya invitado a ninguno de aquellos que han solicitado ser escuchados.
Por todo lo expuesto, manifiesto mi rechazo a este proyecto de ley.
Estamos tratando un tema sumamente delicado relacionado con las restricciones de los derechos de nuestros habitantes, que tiene un impacto directo en materia social, educativa y económica. Me quiero detener en el tema educación, porque soy una de las diputadas que ha recibido a la red de padres de mi provincia, Tucumán, que muy angustiados nos contaron lo que están pasando sus hijos, con múltiples problemas a partir de este confinamiento que ya lleva más de un año y medio en la Argentina, uno de los más largos del mundo.
Es cierto que la salud es importante, pero la economía y el vivir el día a día del ciudadano también es sumamente importante. Muchos argentinos la están pasando muy pero muy mal, y nosotros no podemos hacer oídos sordos a esa situación, sin empatía y sin ponernos en lugar de ese ciudadano que la está pasando mal.
La política con mayúsculas es buscar el consenso, la mejor ley y el mejor acuerdo. Absolutamente todos los diputados queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Por eso me gustaría que el bloque oficialista y mayoritario tuviera la intención de escuchar a la oposición y a distintas voces. Teníamos preguntas para hacer a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, pero también hay profesionales, médicos, psicólogos, padres y docentes que quieren participar y que, sin embargo, hoy no son oídos porque estamos haciendo un tratamiento express de una ley central para todos los argentinos. Es un tratamiento que prácticamente se hará a libro cerrado porque no podemos cambiar ni una coma en todo lo que estamos discuiendo.
No voy a ahondar sobre temas constitucionales respecto de los artículos 4°, 5°, 12 y 21, pues ya han sido expuestos por otros legisladores. Simplemente, recalco que este tema debería tener muchas más horas de análisis y de trabajo. Se debía escuchar a quienes querían exponer su punto de vista, y no aprobarse a libro cerrado.
Soy consciente de que la sociedad no está buscando enfrentamientos, sino que quiere que todos nos pongamos de acuerdo y miremos para adelante. Pero ningún criterio sanitario en emergencia está por encima de la Constitución Nacional, y esto es lo que está pasando con este proyecto. Creo que, lamentablemente, el oficialismo quiere darle un ropaje de supuesta legalidad a una decisión soberana de un poder por encima del otro.
No se trata de una ley de superpoderes, como algunos han dicho, pero sí creo que se quiere dotar al presidente de poderes inconstitucionales, y eso no lo podemos permitir.
Debemos recordar que, en la década del 90, la Nación decidió el traspaso de todas las escuelas a las provincias. El gobierno nacional no tiene ninguna escuela a cargo, y hoy se está involucrando con un tema que tiene que ver con la presencialidad o no de nuestros niños en las escuelas.
Nuestros niños y adolescentes, y los papás y mamás, la están pasando muy mal. En el interior profundo de mi Tucumán, hay escuelas que no tienen conectividad, hay niños que no conocen los celulares ni las notebooks. Lamentablemente, esos chicos ya no van a la escuela, y cuando manejen los números oficiales se van a dar cuenta de la cantidad de niños y adolescentes que desertaron de las escuelas por esta situación que estamos pasando. Nuestra responsabilidad es dar respuestas a los padres y a los niños y adolescentes, que son los sectores más vulnerables.
Para finalizar, quiero decir que hoy el federalismo es una fórmula vacía, y está presente en este proyecto. Lamentablemente es así, y lo vivimos también en el Norte, donde hay mayores niveles de pobreza, con problemas graves entre nuestros niños y adolescentes. Muchos de ellos han dejado las escuelas y hoy están en la calle, consumiendo drogas, que es otro flagelo social que va a venir y que hay que tener en cuenta.
Señor presidente: no debemos tirarle la responsabilidad de la crisis sanitaria, económica y social a nuestros ciudadanos. Somos nosotros los que tenemos que dar respuestas y los que tenemos que escuchar. Para eso es el Congreso, y para esto está formada la comisión. Lamento profundamente que no se haya invitado a ninguno de aquellos que han solicitado ser escuchados.
Por todo lo expuesto, manifiesto mi rechazo a este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada López.
SRA. LÓPEZ Buenas tardes a todos y a todas. Estoy escuchando desde hace un par de horas, y me llaman la atención algunas apreciaciones que se hacen sobre la ley.
No soy legista ni abogada, pero entiendo el criterio de la excepcionalidad de la pandemia. Las cuestiones que me llaman la atención, por ejemplo, es que la República no es incompatible con la salud. Hay algunas cuestiones que no son conceptos a unir aleatoriamente. La República es compatible con todo, y lo entendemos.
Ahora, hay una situación de excepcionalidad, y ustedes están planteando que particularmente nosotros y nosotras generamos un proyecto de ley que atentaría contra la Constitución.
Vamos a ser claros. El último dato de muertes es de 83.272 personas, o sea hay 83.000 familias que están pasando por una situación de duelo. Me parece que se olvidan de que lo que tiene la pandemia es que estamos en un marco profundamente emocional, donde debemos ser muy responsables con lo que vamos a comunicar.
He estado en todas las reuniones y siempre hay algún problema con la vacuna, con el plan de vacunación y ahora con las escuelas. Se eligen temas para ver dónde se puede filtrar y hacer utilización política del horror que estamos viviendo como ciudadanía.
Dijeron que este era un proyecto de ley para cerrar escuelas. El gobierno anterior, que duró cuatro años, no solamente no abrió ningún jardín de infantes, no tenía vacantes y no sostuvo el sistema educativo, sino que dejó al 50 por ciento de las infancias de la Argentina por debajo de la línea de la pobreza.
Me interesa muchísimo que la infancia se transforme en sujeto político en un Congreso que no habla de ellas, pero de ninguna manera quiero que utilicemos a las infancias para hacer una política demagógica. Vamos a discutir infancias, pero vamos a discutir vacunación también.
Dicen todo el tiempo: "Estamos preocupados"; deben haber nombrado la palabra "preocupación" no menos de cincuenta veces en lo que va de la mañana. Entiendo que es la lógica imperante de pre-ocupados, que es la antesala de la ocupación. Nunca se llega a la tarea, siempre estamos en la fase de calentamiento, podemos decir, en la introducción. Sin embargo, la tarea, que es básicamente operar en políticas públicas, cuando fueron gobierno no la pudieron hacer.
De hecho, hablando del tema de salud y de la vacunación, les recuerdo que el sarampión reingresa al país por responsabilidad de las políticas sanitarias que aplicó el gobierno de Cambiemos. ¿Saben a quién le pegó el sarampión? Porque también hablan de sectores vulnerables. Es sumamente interesante que ahora se acuerden de los pobres. Me parece realmente importante que se acuerden de los más vulnerables. El sarampión enfermó a los pibes más pobres de la Argentina porque eran los que no se podían vacunar y, obviamente, los que tenían factores de riesgo, es decir, mayor probabilidad de contagio. Pero, probablemente, en ese momento el sujeto político "infancia" no estaba en el discurso de quienes hoy son oposición. Preocuparse es anticiparse, es estar en la fase previa, pero no ocuparse.
Básicamente, quiero hacer un llamado a la reflexión. En primer lugar, seamos responsables. Se han comportado -y perdonen si ofendo a alguien- como los visitadores médicos de Pfizer. Hemos estado escuchando todo el tiempo las cuestiones de la vacunación y de la angustia de la segunda dosis. Yo no sé de dónde sacan los criterios científicos en los que se fundamentan, pero la primera y la segunda dosis son dos vacunas diferentes, con código de genoma distinto y, sin embargo, hemos escuchado barbaridades en relación al faltante de segunda dosis.
En cuanto al tema de los criterios epidemiológicos que tiene este proyecto de ley, la Constitución tiene que ser entendida en sentido práctico. Me parece que se hace una lectura como si estuviéramos en un escenario de normalidad, pero la Argentina está en pandemia: No estamos transitando la segunda ola porque quisimos que entrara, sino que a nivel mundial estamos sometidos a un bicho que no podemos controlar. No sé si se puede dar esa lectura.
Entonces, la Constitución tiene que tener un sentido práctico. Citaron varios artículos de la Constitución Nacional, pero nadie habló del artículo 99 inciso 1, que particularmente habla de las facultades presidenciales, que es lo que tenemos en la Argentina: un gobierno presidencialista. Por lo tanto, entiendo que acomodan la realidad acorde a lo que quieren comunicar.
Quien habla de una interpretación práctica de la Constitución Nacional es un jurista llamado Gabino Ziulu -seguramente los radicales lo conocen-. Acá nadie quiere atropellar la Constitución; lo que estamos buscando es una salida a lo que está pasando, al aumento de casos y de fallecimientos, y a la edad de las personas fallecidas, que es la población joven. Tenemos las terapias intensivas llenas de gente de entre 35 y 50 años sin comorbilidades. Algo hay que hacer; pido un poco de responsabilidad en las declaraciones.
El plan de vacunación funciona. La Argentina es productora de vacunas, es el octavo productor mundial de dos vacunas. Sería bueno que reconociéramos el enorme capital cultural e intelectual que tenemos como país, en vez de estar diciendo todo el tiempo lo que no podemos hacer y que este Congreso no recibió a los padres organizados. Me interesaría que, aparte de a los padres organizados, recibiéramos también a los padres que van a buscar a la ministra Acuña y le piden explicaciones por las docentes fallecidas en la Ciudad de Buenos Aires. Si escuchamos a uno, debemos escuchar a todos, ese es, básicamente, el principio de igualdad.
Hablan de algunos contextos, que la escuela reconoce obviamente, por ejemplo, situaciones de abuso, de acoso, de hambre, de violación, de violencia, etcétera; comparto que la institución escolar es prioritaria en la protección de las infancias, lo comparto plenamente. Lo que me parece que hay que entender es que, en principio, el proyecto de ley no dice que no va haber clases en forma presencial. Sería bueno que lean el artículo 21 del proyecto de ley que aclara específicamente qué es lo que va a pasar.
Dejen la demagogia. Me parece que es importante que si vamos a hacer uso de la palabra, hablemos de todo el proyecto. Reitero: no utilicemos a las infancias con fines políticos porque a la hora de pensar políticas públicas tendríamos que refundar un contrato social -que es algo que quizás la pandemia nos permite-, en donde los niños y las niñas sean realmente sujetos de derechos y no de declamación discursiva. Si tenemos siete de cada diez niños pobres, todos los bloques nos tendríamos que preguntar qué estuvimos haciendo mal, y no solamente en este momento. Me parece que sería interesante una discusión seria sobre las infancias. Quiero llamar a la reflexión y a que contemos realmente cómo es todo el proyecto.
Otra cosa que por ahí escuchaba en la reflexión de mis compañeras que han tenido la posibilidad de ser gobernadores o gobernadoras, que han sido elegidas y elegidos por el pueblo -por suerte tenemos diputados y diputadas que han ocupado ese cargo-, es que los gobernadores siguen teniendo la posibilidad de definir cómo va a ser aplicado el semáforo epidemiológico. Y el proyecto lo dice también porque se respetan las cuestiones diferenciales que puede haber en cada distrito.
Por otro lado, en cuanto al poder policía y con la denominación de meterse violentamente dentro de la casa donde vive una familia, les comento que la ley no habla de domicilio, sino de ambientes laborales, particularmente.
No tomemos la excepción como norma. ¿Es terrible la violencia policial? Sí. ¿Que allanen una casa de familia por un tema de pandemia? Sí. ¿Hay que denunciarlo? También. Quiero ver si hay denuncias de quienes hablaron de esos temas ante organismos de derechos humanos. Ahora, esto es una excepción también.
Me parece que tenemos que lograr apaciguar, pacificar la cuestión emocional de nuestro pueblo. La pandemia es complicada, solamente deja muertos y hay muchísima gente que la está pasando muy, muy mal.
Entonces, si hay algo que creo que tengo que hacer como legisladora es hablar responsablemente. El coach con la remera lo pueden dejar en otro lado. Acá estamos hablando de vidas humanas. (Aplausos.)
No soy legista ni abogada, pero entiendo el criterio de la excepcionalidad de la pandemia. Las cuestiones que me llaman la atención, por ejemplo, es que la República no es incompatible con la salud. Hay algunas cuestiones que no son conceptos a unir aleatoriamente. La República es compatible con todo, y lo entendemos.
Ahora, hay una situación de excepcionalidad, y ustedes están planteando que particularmente nosotros y nosotras generamos un proyecto de ley que atentaría contra la Constitución.
Vamos a ser claros. El último dato de muertes es de 83.272 personas, o sea hay 83.000 familias que están pasando por una situación de duelo. Me parece que se olvidan de que lo que tiene la pandemia es que estamos en un marco profundamente emocional, donde debemos ser muy responsables con lo que vamos a comunicar.
He estado en todas las reuniones y siempre hay algún problema con la vacuna, con el plan de vacunación y ahora con las escuelas. Se eligen temas para ver dónde se puede filtrar y hacer utilización política del horror que estamos viviendo como ciudadanía.
Dijeron que este era un proyecto de ley para cerrar escuelas. El gobierno anterior, que duró cuatro años, no solamente no abrió ningún jardín de infantes, no tenía vacantes y no sostuvo el sistema educativo, sino que dejó al 50 por ciento de las infancias de la Argentina por debajo de la línea de la pobreza.
Me interesa muchísimo que la infancia se transforme en sujeto político en un Congreso que no habla de ellas, pero de ninguna manera quiero que utilicemos a las infancias para hacer una política demagógica. Vamos a discutir infancias, pero vamos a discutir vacunación también.
Dicen todo el tiempo: "Estamos preocupados"; deben haber nombrado la palabra "preocupación" no menos de cincuenta veces en lo que va de la mañana. Entiendo que es la lógica imperante de pre-ocupados, que es la antesala de la ocupación. Nunca se llega a la tarea, siempre estamos en la fase de calentamiento, podemos decir, en la introducción. Sin embargo, la tarea, que es básicamente operar en políticas públicas, cuando fueron gobierno no la pudieron hacer.
De hecho, hablando del tema de salud y de la vacunación, les recuerdo que el sarampión reingresa al país por responsabilidad de las políticas sanitarias que aplicó el gobierno de Cambiemos. ¿Saben a quién le pegó el sarampión? Porque también hablan de sectores vulnerables. Es sumamente interesante que ahora se acuerden de los pobres. Me parece realmente importante que se acuerden de los más vulnerables. El sarampión enfermó a los pibes más pobres de la Argentina porque eran los que no se podían vacunar y, obviamente, los que tenían factores de riesgo, es decir, mayor probabilidad de contagio. Pero, probablemente, en ese momento el sujeto político "infancia" no estaba en el discurso de quienes hoy son oposición. Preocuparse es anticiparse, es estar en la fase previa, pero no ocuparse.
Básicamente, quiero hacer un llamado a la reflexión. En primer lugar, seamos responsables. Se han comportado -y perdonen si ofendo a alguien- como los visitadores médicos de Pfizer. Hemos estado escuchando todo el tiempo las cuestiones de la vacunación y de la angustia de la segunda dosis. Yo no sé de dónde sacan los criterios científicos en los que se fundamentan, pero la primera y la segunda dosis son dos vacunas diferentes, con código de genoma distinto y, sin embargo, hemos escuchado barbaridades en relación al faltante de segunda dosis.
En cuanto al tema de los criterios epidemiológicos que tiene este proyecto de ley, la Constitución tiene que ser entendida en sentido práctico. Me parece que se hace una lectura como si estuviéramos en un escenario de normalidad, pero la Argentina está en pandemia: No estamos transitando la segunda ola porque quisimos que entrara, sino que a nivel mundial estamos sometidos a un bicho que no podemos controlar. No sé si se puede dar esa lectura.
Entonces, la Constitución tiene que tener un sentido práctico. Citaron varios artículos de la Constitución Nacional, pero nadie habló del artículo 99 inciso 1, que particularmente habla de las facultades presidenciales, que es lo que tenemos en la Argentina: un gobierno presidencialista. Por lo tanto, entiendo que acomodan la realidad acorde a lo que quieren comunicar.
Quien habla de una interpretación práctica de la Constitución Nacional es un jurista llamado Gabino Ziulu -seguramente los radicales lo conocen-. Acá nadie quiere atropellar la Constitución; lo que estamos buscando es una salida a lo que está pasando, al aumento de casos y de fallecimientos, y a la edad de las personas fallecidas, que es la población joven. Tenemos las terapias intensivas llenas de gente de entre 35 y 50 años sin comorbilidades. Algo hay que hacer; pido un poco de responsabilidad en las declaraciones.
El plan de vacunación funciona. La Argentina es productora de vacunas, es el octavo productor mundial de dos vacunas. Sería bueno que reconociéramos el enorme capital cultural e intelectual que tenemos como país, en vez de estar diciendo todo el tiempo lo que no podemos hacer y que este Congreso no recibió a los padres organizados. Me interesaría que, aparte de a los padres organizados, recibiéramos también a los padres que van a buscar a la ministra Acuña y le piden explicaciones por las docentes fallecidas en la Ciudad de Buenos Aires. Si escuchamos a uno, debemos escuchar a todos, ese es, básicamente, el principio de igualdad.
Hablan de algunos contextos, que la escuela reconoce obviamente, por ejemplo, situaciones de abuso, de acoso, de hambre, de violación, de violencia, etcétera; comparto que la institución escolar es prioritaria en la protección de las infancias, lo comparto plenamente. Lo que me parece que hay que entender es que, en principio, el proyecto de ley no dice que no va haber clases en forma presencial. Sería bueno que lean el artículo 21 del proyecto de ley que aclara específicamente qué es lo que va a pasar.
Dejen la demagogia. Me parece que es importante que si vamos a hacer uso de la palabra, hablemos de todo el proyecto. Reitero: no utilicemos a las infancias con fines políticos porque a la hora de pensar políticas públicas tendríamos que refundar un contrato social -que es algo que quizás la pandemia nos permite-, en donde los niños y las niñas sean realmente sujetos de derechos y no de declamación discursiva. Si tenemos siete de cada diez niños pobres, todos los bloques nos tendríamos que preguntar qué estuvimos haciendo mal, y no solamente en este momento. Me parece que sería interesante una discusión seria sobre las infancias. Quiero llamar a la reflexión y a que contemos realmente cómo es todo el proyecto.
Otra cosa que por ahí escuchaba en la reflexión de mis compañeras que han tenido la posibilidad de ser gobernadores o gobernadoras, que han sido elegidas y elegidos por el pueblo -por suerte tenemos diputados y diputadas que han ocupado ese cargo-, es que los gobernadores siguen teniendo la posibilidad de definir cómo va a ser aplicado el semáforo epidemiológico. Y el proyecto lo dice también porque se respetan las cuestiones diferenciales que puede haber en cada distrito.
Por otro lado, en cuanto al poder policía y con la denominación de meterse violentamente dentro de la casa donde vive una familia, les comento que la ley no habla de domicilio, sino de ambientes laborales, particularmente.
No tomemos la excepción como norma. ¿Es terrible la violencia policial? Sí. ¿Que allanen una casa de familia por un tema de pandemia? Sí. ¿Hay que denunciarlo? También. Quiero ver si hay denuncias de quienes hablaron de esos temas ante organismos de derechos humanos. Ahora, esto es una excepción también.
Me parece que tenemos que lograr apaciguar, pacificar la cuestión emocional de nuestro pueblo. La pandemia es complicada, solamente deja muertos y hay muchísima gente que la está pasando muy, muy mal.
Entonces, si hay algo que creo que tengo que hacer como legisladora es hablar responsablemente. El coach con la remera lo pueden dejar en otro lado. Acá estamos hablando de vidas humanas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra la diputada Brenda Austin.
SRA. AUSTIN Agradezco a los presidentes y a las autoridades de las dos comisiones.
La verdad es que este debate se está extendiendo bastante. Se han dicho muchas cosas, pero indudablemente después de escuchar la intervención que me precedió no me quedan dudas de que hace falta seguir repitiéndolas.
Quizás, cuando miramos las estadísticas educativas y se hace mención a la dificultad en la comprensión de textos, deberíamos preocuparnos por la gravedad del hecho de que quienes tienen la responsabilidad de sancionar leyes también tengan dificultades para comprender el alcance de las normas que están dictando. Claro que no hace falta ser constitucionalista, abogado ni nada para ser legislador, pero sí es preciso saber qué estamos aprobando.
Recién nos mandaron a leer un artículo. Nos dijeron que el proyecto de ley no plantea la suspensión de las clases. Se mencionó el artículo 21, cuyo título es "Suspensión de clases presenciales", dado que justamente establece que queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.
Se dijo que nosotros hacemos un llamado de atención. La señora diputada Lospennato señaló con mucha claridad lo relativo a la situación de violencia institucional, y también lo mencionó el señor diputado Menna al inicio del tratamiento de esta norma tan ambigua.
El artículo 5º establece que en todos los ámbitos se deberán atender determinadas reglas de conducta. Por su parte, la parte final del artículo 29 se refiere a las infracciones y la intervención de las autoridades competentes y se hace mención efectivamente a los artículos 205 y 239 del Código Penal.
Si alguien pretende que eso se interprete de otra manera, frente a la realidad que hemos visto en muchas provincias gobernadas por sus compañeros -por ejemplo, Formosa-, deberíamos dar a los ciudadanos la tranquilidad de que la norma lo establezca, porque sucede todo lo contrario, dado que no lo indica.
No quiero repetir algunas cuestiones, pero voy a insistir en dos argumentos. En primer lugar, el argumento constitucional. Va de suyo que este proyecto de ley fue elaborado como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá hubiese sido para tratar de dar cuenta respecto de lo que dijo dicho tribunal, tal como lo manifestó uno de los presidentes de estas comisiones cuando comenzó su alocución. Es decir, receptar que efectivamente tiene que haber criterios objetivos, de razonabilidad y de respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el sentido de que debe haber un equilibrio entre los derechos a la salud y a la educación y los demás derechos.
Sin embargo, esta iniciativa es algo así como la revancha de lo que no pudieron lograr, primero, por la vía de la fuerza, con el amedrentamiento que significó el decreto y todo lo que vino posteriormente, y después, por la vía judicial.
No quiero faltar el respeto a nadie. Bienvenida la sanción de normas como la Ley Yolanda y la Ley Micaela, pero considero que también deberíamos formar al funcionario público en una perspectiva de respeto de los derechos constitucionales. Me refiero a entender lo que representa que la Corte Suprema de Justicia es el máximo intérprete de la Constitución Nacional.
En su fallo dicho tribunal señaló con mucha claridad que ni siquiera a través de una ley del Congreso de la Nación es posible socavar las autonomías, los derechos, las competencias y las facultades que corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires. Esto lo manifestó el voto de la mayoría de los magistrados de manera expresa, anticipándose a lo que podía llegar a ocurrir aquí. Entonces, mucho menos se puede considerar una iniciativa que, encima, pretende delegarlas, porque es algo así como pretender delegar un poder que no se tiene.
Días atrás yo simplificaba la cuestión diciendo que es como pretender dar no solo las llaves del Congreso de la Nación diciéndole al presidente que tome todas las decisiones que crea convenientes según su criterio, sino también las de todas las legislaturas provinciales. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Entonces, cuando la señora diputada María Soledad Carrizo dice: "Yo defiendo los intereses de mi provincia y no entiendo cómo algunos diputados que incluso representan bloques provinciales pueden acompañar una norma como esta" es porque justamente se está vulnerando y avasallando el derecho a tomar decisiones de los gobiernos locales, de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entonces, claramente no han leído el fallo, no han escuchado ni entendido la interpretación que la Corte Suprema de Justicia señaló respecto de cómo deben conjugarse las distintas cuestiones que están en juego.
En los fundamentos de su voto, el doctor Lorenzetti, además de suscribir y acompañar los argumentos anteriores, incorpora un concepto más. En este sentido, señala que los gobiernos provinciales tampoco pueden tomar medidas que impliquen -por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación, por las restricciones o la extensión temporal de las medidas- el cierre de las escuelas durante más un año y medio en algunos lugares. Eso no puede quedar en manos de un gobierno provincial porque prácticamente implica pulverizar un derecho que garantiza la Constitución Nacional.
Entonces, tampoco es cuestión de que alguien pretenda poner esto en manos de una autoridad local para nuevamente desconocer un derecho tan básico. Una señora diputada recién decía: "Déjense de hablar de republicanismo o de la división de poderes". Cuando la escuchamos, realmente nos quedamos atónitos. ¿Cómo una legisladora, una diputada de la Nación integrante de uno de los poderes del Estado, va a decir que no nos tenemos que preocupar por la República? ¿Cuál es la base de la República? ¿Cuál es la base del respeto por la Constitución Nacional, que es donde están todos nuestros derechos como ciudadanos? ¿Cuál es la idea de la Constitución Nacional como un límite al poder absoluto del Estado? Ustedes quieren, creen y buscan que nosotros deleguemos nuestros derechos en las manos de una persona.
Me pregunto si eso no es avasallar la República, además de ponernos en riesgo, porque no se están tomando buenas decisiones. Mientras estoy hablando me viene a la mente, una y otra vez, la intervención que tuvo ayer el presidente de la Nación. No quiero poner mis derechos constitucionales en manos de una persona que no está tomando las mejores decisiones en cuanto al rumbo del país.
Por ello, justamente, nuestro sistema crea este mecanismo de pesos y contrapesos; entonces, crea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siendo este último el máximo garante del cumplimiento de la Constitución. Asimismo, se reconocen niveles de gobierno, es decir que cada uno tiene sus facultades, que son preexistentes a la conformación del Estado nacional.
No quiero abundar en esto, pero claramente este proyecto y los cambios que le introdujeron en el Senado no subsanan el hecho de que pretenden, a través de una ley, quedarse con facultades que son de las provincias. Además, como bien explicó el señor diputado Menna, también se violenta la Constitución Nacional cuando una delegación tiene una base que no es clara. Esto quiere decir que no se dice qué facultad se le está delegando, sino que a través del artículo 4º se establece que puede tomar todas aquellas medidas que considere necesarias para proteger la salud o la vida de las personas. ¿Todas? ¿Las que tomaron el año pasado? ¿Gran parte de las leyes que sancionó el Congreso de la Nación? ¿Cuáles? ¿Con qué límites? ¿Hasta dónde?
No quiero darle mis derechos a una persona, que es el presidente de la Nación, para que con su sano juicio decida por todos. No quiero hacerlo como ciudadana y tampoco como representante de los ciudadanos en el Congreso de la Nación.
El segundo argumento tiene que ver con el cierre de las escuelas. Claramente este proyecto es para cerrar escuelas, porque parece un ensañamiento del gobierno, del oficialismo, en la búsqueda de esta decisión.
Si analizamos toda la iniciativa, parece bastante laxa en algunos criterios. Por ejemplo, el artículo 7º se refiere a las distintas actividades -económicas, industriales, comerciales, deportivas, recreativas-, que podrán funcionar si tienen protocolos, pero las escuelas están excluidas de esa mención. Las escuelas caen en una situación de riesgo epidemiológico, según lo establece el artículo que mencioné al comienzo de mi exposición.
A continuación, me referiré al último argumento. ¿Por qué decimos que la evidencia ha demostrado que las escuelas no son los focos de contagio? Primero, porque miramos el recorrido que transitó el mundo entero y lo que se aprendió a lo largo del último año. En un principio se creía que de alguna manera los niños actuaban como supercontagiadores y que las escuelas eran un motor de propagación, como en algunas otras enfermedades infecciosas.
¿Qué fue quedando en claro a lo largo del año pasado? Que los niños y las niñas menores de edad no eran los vectores que propagaban y producían los contagios. Esta cuestión fue parte, entre otras tantas, de un estudio que realizó la UNICEF sobre 191 países. La conclusión fue que no había evidencia para sostener que la apertura o el cierre de escuelas provocaban un impacto determinante en el aumento o la disminución de los casos.
Lo mismo dijo el Comité Europeo, encargado de un análisis sobre enfermedades infeccionas realizado en más de treinta países europeos, en el que se estudiaba lo que había ocurrido con la apertura o el cierre de las escuelas. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido; hay publicaciones de The Lancet al respecto.
Pero alguien podría decir que no nos tenemos que ir tan lejos y mirar lo que pasó en la Argentina. Quizás esos parámetros o estándares no se pueden aplicar a nuestro país y los 191 países sobre los cuales la UNICEF realizó un estudio no arrojan información suficiente para la Argentina.
De todos modos, la verdad es que en la Argentina, ocurrió lo mismo: durante los dos meses de apertura de clases, entre el 14 de marzo y el 22 de mayo, solo se contagiaron el 0,9 por ciento de los estudiantes y el 4,6 por ciento de los docentes.
Podrán preguntarse cómo pueden ser estas cifras. Si observamos el promedio del aumento de los contagios en esas fechas podemos apreciar que los contagios en las escuelas fueron menores que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Además, cuando con responsabilidad se adoptó la decisión de rastrear los contagios como hizo la ciudad de Buenos Aires, se pudo ver que el 89 por ciento de los casos -es decir, casi nueve de cada diez- no ocurrieron en las escuelas. Entonces, dejemos de afirmar que la escuela es el lugar donde se producen los contagios, cuando todo nos demuestra que no es así.
Hace unos días se conoció una noticia que comparaba el aumento y la disminución de los casos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires entre el 21 de mayo y el 2 de junio, en un caso con las escuelas cerradas y en el otro con las escuelas abiertas. ¿Saben dónde se redujo más la cantidad de casos? En la ciudad de Buenos Aires, concretamente, un 22 por ciento contra un 8 por ciento.
Es decir, los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires se quedaron en sus casas, perdiendo la posibilidad de conectarse con sus pares, asistir al comedor escolar y denunciar una posible situación de violencia. Enfrentaron nuevamente la depresión o la angustia, no pudieron conectarse porque en sus casas no tienen conectividad o porque comparten el teléfono con sus papás, que tuvieron que salir a trabajar, por lo que se quedaron solos. A esos chicos les hicieron pagar un costo enorme que va a amputar su futuro y además eso no contribuyó a disminuir los casos.
Entonces, dejemos de construir un escenario en el que parecería que, como afirmó la diputada que me precedió en el uso de la palabra, todo lo que están haciendo es para salvar la salud, cuando en realidad no están tomando decisiones rigurosas, estudiadas, meditadas y basadas en evidencia científica.
Como dijo la Corte Suprema de Justicia, si van a tomar decisiones que afectan derechos, que sea en el menor tiempo y en la menor unidad geográfica posible, diferenciando, segmentando y utilizando el criterio que la inteligencia nos permite usar cuando desarrollamos políticas públicas eficaces y teniendo en cuenta el aprendizaje que el mundo entero ha tenido en esta materia.
Además, esta norma no establece parámetros objetivos claros, porque no es cierto que solo establece los estándares. Por el contrario, una vez que determina los estándares y las actividades le dice al presidente que si quiere y le parece que las medidas han sido ineficaces o insuficientes, puede tomar más, o también menos. Pero esas mismas facultades se les quitan a los gobiernos provinciales.
Entonces, es claramente una norma arbitraria, de superpoderes, que busca poner en manos del presidente la llave de las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación. Es un proyecto de ley cuyo objetivo central es provocar el cierre de las escuelas, contra todos los aportes de la evidencia científica.
Ojalá recapaciten sobre las decisiones que están tomando. Algunos lo empezaron a hacer, por ejemplo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que empezó a recoger el barrilete y argumentar en favor de la presencialidad, cuando se dio cuenta de que más de un millón y medio de chicos abandonaron la escuela en un año y que eso implica amputar el futuro de la Argentina.
Espero que cuando ustedes también se den esa instancia de reflexión y el presidente los escuche, no sea demasiado tarde y no se haya consolidado lo que las Naciones Unidas vienen advirtiendo desde el año pasado, que es la catástrofe generacional. De esto sí van a ser responsables que den su voto para lograr la aprobación de esta iniciativa.
No van a poder seguir culpando al pasado, sino que tendrán que hacerse cargo de haber producido la mayor afectación al derecho de la educación en la historia de la Argentina. Además, esto irá de la mano con la profundización exponencial de la desigualdad en nuestro país.
Ese va a ser el legado que el gobierno de ustedes le va a dejar a nuestro país. (Aplausos.)
La verdad es que este debate se está extendiendo bastante. Se han dicho muchas cosas, pero indudablemente después de escuchar la intervención que me precedió no me quedan dudas de que hace falta seguir repitiéndolas.
Quizás, cuando miramos las estadísticas educativas y se hace mención a la dificultad en la comprensión de textos, deberíamos preocuparnos por la gravedad del hecho de que quienes tienen la responsabilidad de sancionar leyes también tengan dificultades para comprender el alcance de las normas que están dictando. Claro que no hace falta ser constitucionalista, abogado ni nada para ser legislador, pero sí es preciso saber qué estamos aprobando.
Recién nos mandaron a leer un artículo. Nos dijeron que el proyecto de ley no plantea la suspensión de las clases. Se mencionó el artículo 21, cuyo título es "Suspensión de clases presenciales", dado que justamente establece que queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades.
Se dijo que nosotros hacemos un llamado de atención. La señora diputada Lospennato señaló con mucha claridad lo relativo a la situación de violencia institucional, y también lo mencionó el señor diputado Menna al inicio del tratamiento de esta norma tan ambigua.
El artículo 5º establece que en todos los ámbitos se deberán atender determinadas reglas de conducta. Por su parte, la parte final del artículo 29 se refiere a las infracciones y la intervención de las autoridades competentes y se hace mención efectivamente a los artículos 205 y 239 del Código Penal.
Si alguien pretende que eso se interprete de otra manera, frente a la realidad que hemos visto en muchas provincias gobernadas por sus compañeros -por ejemplo, Formosa-, deberíamos dar a los ciudadanos la tranquilidad de que la norma lo establezca, porque sucede todo lo contrario, dado que no lo indica.
No quiero repetir algunas cuestiones, pero voy a insistir en dos argumentos. En primer lugar, el argumento constitucional. Va de suyo que este proyecto de ley fue elaborado como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá hubiese sido para tratar de dar cuenta respecto de lo que dijo dicho tribunal, tal como lo manifestó uno de los presidentes de estas comisiones cuando comenzó su alocución. Es decir, receptar que efectivamente tiene que haber criterios objetivos, de razonabilidad y de respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el sentido de que debe haber un equilibrio entre los derechos a la salud y a la educación y los demás derechos.
Sin embargo, esta iniciativa es algo así como la revancha de lo que no pudieron lograr, primero, por la vía de la fuerza, con el amedrentamiento que significó el decreto y todo lo que vino posteriormente, y después, por la vía judicial.
No quiero faltar el respeto a nadie. Bienvenida la sanción de normas como la Ley Yolanda y la Ley Micaela, pero considero que también deberíamos formar al funcionario público en una perspectiva de respeto de los derechos constitucionales. Me refiero a entender lo que representa que la Corte Suprema de Justicia es el máximo intérprete de la Constitución Nacional.
En su fallo dicho tribunal señaló con mucha claridad que ni siquiera a través de una ley del Congreso de la Nación es posible socavar las autonomías, los derechos, las competencias y las facultades que corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de la Buenos Aires. Esto lo manifestó el voto de la mayoría de los magistrados de manera expresa, anticipándose a lo que podía llegar a ocurrir aquí. Entonces, mucho menos se puede considerar una iniciativa que, encima, pretende delegarlas, porque es algo así como pretender delegar un poder que no se tiene.
Días atrás yo simplificaba la cuestión diciendo que es como pretender dar no solo las llaves del Congreso de la Nación diciéndole al presidente que tome todas las decisiones que crea convenientes según su criterio, sino también las de todas las legislaturas provinciales. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Entonces, cuando la señora diputada María Soledad Carrizo dice: "Yo defiendo los intereses de mi provincia y no entiendo cómo algunos diputados que incluso representan bloques provinciales pueden acompañar una norma como esta" es porque justamente se está vulnerando y avasallando el derecho a tomar decisiones de los gobiernos locales, de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entonces, claramente no han leído el fallo, no han escuchado ni entendido la interpretación que la Corte Suprema de Justicia señaló respecto de cómo deben conjugarse las distintas cuestiones que están en juego.
En los fundamentos de su voto, el doctor Lorenzetti, además de suscribir y acompañar los argumentos anteriores, incorpora un concepto más. En este sentido, señala que los gobiernos provinciales tampoco pueden tomar medidas que impliquen -por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación, por las restricciones o la extensión temporal de las medidas- el cierre de las escuelas durante más un año y medio en algunos lugares. Eso no puede quedar en manos de un gobierno provincial porque prácticamente implica pulverizar un derecho que garantiza la Constitución Nacional.
Entonces, tampoco es cuestión de que alguien pretenda poner esto en manos de una autoridad local para nuevamente desconocer un derecho tan básico. Una señora diputada recién decía: "Déjense de hablar de republicanismo o de la división de poderes". Cuando la escuchamos, realmente nos quedamos atónitos. ¿Cómo una legisladora, una diputada de la Nación integrante de uno de los poderes del Estado, va a decir que no nos tenemos que preocupar por la República? ¿Cuál es la base de la República? ¿Cuál es la base del respeto por la Constitución Nacional, que es donde están todos nuestros derechos como ciudadanos? ¿Cuál es la idea de la Constitución Nacional como un límite al poder absoluto del Estado? Ustedes quieren, creen y buscan que nosotros deleguemos nuestros derechos en las manos de una persona.
Me pregunto si eso no es avasallar la República, además de ponernos en riesgo, porque no se están tomando buenas decisiones. Mientras estoy hablando me viene a la mente, una y otra vez, la intervención que tuvo ayer el presidente de la Nación. No quiero poner mis derechos constitucionales en manos de una persona que no está tomando las mejores decisiones en cuanto al rumbo del país.
Por ello, justamente, nuestro sistema crea este mecanismo de pesos y contrapesos; entonces, crea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siendo este último el máximo garante del cumplimiento de la Constitución. Asimismo, se reconocen niveles de gobierno, es decir que cada uno tiene sus facultades, que son preexistentes a la conformación del Estado nacional.
No quiero abundar en esto, pero claramente este proyecto y los cambios que le introdujeron en el Senado no subsanan el hecho de que pretenden, a través de una ley, quedarse con facultades que son de las provincias. Además, como bien explicó el señor diputado Menna, también se violenta la Constitución Nacional cuando una delegación tiene una base que no es clara. Esto quiere decir que no se dice qué facultad se le está delegando, sino que a través del artículo 4º se establece que puede tomar todas aquellas medidas que considere necesarias para proteger la salud o la vida de las personas. ¿Todas? ¿Las que tomaron el año pasado? ¿Gran parte de las leyes que sancionó el Congreso de la Nación? ¿Cuáles? ¿Con qué límites? ¿Hasta dónde?
No quiero darle mis derechos a una persona, que es el presidente de la Nación, para que con su sano juicio decida por todos. No quiero hacerlo como ciudadana y tampoco como representante de los ciudadanos en el Congreso de la Nación.
El segundo argumento tiene que ver con el cierre de las escuelas. Claramente este proyecto es para cerrar escuelas, porque parece un ensañamiento del gobierno, del oficialismo, en la búsqueda de esta decisión.
Si analizamos toda la iniciativa, parece bastante laxa en algunos criterios. Por ejemplo, el artículo 7º se refiere a las distintas actividades -económicas, industriales, comerciales, deportivas, recreativas-, que podrán funcionar si tienen protocolos, pero las escuelas están excluidas de esa mención. Las escuelas caen en una situación de riesgo epidemiológico, según lo establece el artículo que mencioné al comienzo de mi exposición.
A continuación, me referiré al último argumento. ¿Por qué decimos que la evidencia ha demostrado que las escuelas no son los focos de contagio? Primero, porque miramos el recorrido que transitó el mundo entero y lo que se aprendió a lo largo del último año. En un principio se creía que de alguna manera los niños actuaban como supercontagiadores y que las escuelas eran un motor de propagación, como en algunas otras enfermedades infecciosas.
¿Qué fue quedando en claro a lo largo del año pasado? Que los niños y las niñas menores de edad no eran los vectores que propagaban y producían los contagios. Esta cuestión fue parte, entre otras tantas, de un estudio que realizó la UNICEF sobre 191 países. La conclusión fue que no había evidencia para sostener que la apertura o el cierre de escuelas provocaban un impacto determinante en el aumento o la disminución de los casos.
Lo mismo dijo el Comité Europeo, encargado de un análisis sobre enfermedades infeccionas realizado en más de treinta países europeos, en el que se estudiaba lo que había ocurrido con la apertura o el cierre de las escuelas. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido; hay publicaciones de The Lancet al respecto.
Pero alguien podría decir que no nos tenemos que ir tan lejos y mirar lo que pasó en la Argentina. Quizás esos parámetros o estándares no se pueden aplicar a nuestro país y los 191 países sobre los cuales la UNICEF realizó un estudio no arrojan información suficiente para la Argentina.
De todos modos, la verdad es que en la Argentina, ocurrió lo mismo: durante los dos meses de apertura de clases, entre el 14 de marzo y el 22 de mayo, solo se contagiaron el 0,9 por ciento de los estudiantes y el 4,6 por ciento de los docentes.
Podrán preguntarse cómo pueden ser estas cifras. Si observamos el promedio del aumento de los contagios en esas fechas podemos apreciar que los contagios en las escuelas fueron menores que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Además, cuando con responsabilidad se adoptó la decisión de rastrear los contagios como hizo la ciudad de Buenos Aires, se pudo ver que el 89 por ciento de los casos -es decir, casi nueve de cada diez- no ocurrieron en las escuelas. Entonces, dejemos de afirmar que la escuela es el lugar donde se producen los contagios, cuando todo nos demuestra que no es así.
Hace unos días se conoció una noticia que comparaba el aumento y la disminución de los casos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires entre el 21 de mayo y el 2 de junio, en un caso con las escuelas cerradas y en el otro con las escuelas abiertas. ¿Saben dónde se redujo más la cantidad de casos? En la ciudad de Buenos Aires, concretamente, un 22 por ciento contra un 8 por ciento.
Es decir, los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires se quedaron en sus casas, perdiendo la posibilidad de conectarse con sus pares, asistir al comedor escolar y denunciar una posible situación de violencia. Enfrentaron nuevamente la depresión o la angustia, no pudieron conectarse porque en sus casas no tienen conectividad o porque comparten el teléfono con sus papás, que tuvieron que salir a trabajar, por lo que se quedaron solos. A esos chicos les hicieron pagar un costo enorme que va a amputar su futuro y además eso no contribuyó a disminuir los casos.
Entonces, dejemos de construir un escenario en el que parecería que, como afirmó la diputada que me precedió en el uso de la palabra, todo lo que están haciendo es para salvar la salud, cuando en realidad no están tomando decisiones rigurosas, estudiadas, meditadas y basadas en evidencia científica.
Como dijo la Corte Suprema de Justicia, si van a tomar decisiones que afectan derechos, que sea en el menor tiempo y en la menor unidad geográfica posible, diferenciando, segmentando y utilizando el criterio que la inteligencia nos permite usar cuando desarrollamos políticas públicas eficaces y teniendo en cuenta el aprendizaje que el mundo entero ha tenido en esta materia.
Además, esta norma no establece parámetros objetivos claros, porque no es cierto que solo establece los estándares. Por el contrario, una vez que determina los estándares y las actividades le dice al presidente que si quiere y le parece que las medidas han sido ineficaces o insuficientes, puede tomar más, o también menos. Pero esas mismas facultades se les quitan a los gobiernos provinciales.
Entonces, es claramente una norma arbitraria, de superpoderes, que busca poner en manos del presidente la llave de las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación. Es un proyecto de ley cuyo objetivo central es provocar el cierre de las escuelas, contra todos los aportes de la evidencia científica.
Ojalá recapaciten sobre las decisiones que están tomando. Algunos lo empezaron a hacer, por ejemplo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que empezó a recoger el barrilete y argumentar en favor de la presencialidad, cuando se dio cuenta de que más de un millón y medio de chicos abandonaron la escuela en un año y que eso implica amputar el futuro de la Argentina.
Espero que cuando ustedes también se den esa instancia de reflexión y el presidente los escuche, no sea demasiado tarde y no se haya consolidado lo que las Naciones Unidas vienen advirtiendo desde el año pasado, que es la catástrofe generacional. De esto sí van a ser responsables que den su voto para lograr la aprobación de esta iniciativa.
No van a poder seguir culpando al pasado, sino que tendrán que hacerse cargo de haber producido la mayor afectación al derecho de la educación en la historia de la Argentina. Además, esto irá de la mano con la profundización exponencial de la desigualdad en nuestro país.
Ese va a ser el legado que el gobierno de ustedes le va a dejar a nuestro país. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO A continuación hará uso de la palabra la última oradora del bloque del Frente de Todos, que es la señora diputada Uceda. Posteriormente lo harán quedan seis oradores del bloque de Juntos por el Cambio.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
SRA. UCEDA Señor presidente: le agradezco a usted y al señor presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Se produce una interferencia en el audio.
SRA. UCEDA Vamos a ordenarnos. Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales estamos aquí para hacer una evaluación. No nos corresponde el control constitucional, pero si estamos dentro de los marcos de la Constitución Nacional debemos efectuar ese análisis.
¿El proyecto de ley se encuadra en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional? La verdad es que sí lo hace. Ese artículo hace referencia a la delegación autorizada constitucionalmente. ¿Por qué? Porque es una excepción; en esto estamos de acuerdo. Por eso nuestra Carta Magna establece requisitos concretos para autorizarlos.
¿Cuáles son los requisitos concretos que menciona el artículo 76 de la Constitución Nacional? Las materias. No es el análisis que vamos a hacer ahora, pero la Constitución Nacional establece que deben ser materias administrativas o de emergencia pública.
Creo que esta es la primera vez en que todos los que estamos viviendo esta pandemia vamos a poder conceptualizar desde lo jurídico lo que es una emergencia pública. Si en este contexto no hay una situación de emergencia pública, entonces no sé cuándo vamos a poder graficar esto tan concretamente.
Además se exige un plazo. El proyecto en consideración establece claramente un plazo, que es el 31 de diciembre.
Por otra parte, se exige que esto sea dentro de las bases de la delegación del Congreso de la Nación. La tabulación es muy clara. Por medio de la ley estamos efectuando una delegación al Poder Ejecutivo. Esa delegación es autorizada por la Constitución Nacional, dentro de determinadas bases y de un marco de tabulación concreto y siempre con criterios epidemiológicos y sanitarios.
Sé que a ustedes les gusta mucho la Corte Suprema de Justicia, pero ella no solo tiene fallos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decirles que la Argentina es mucho más grande que esta ciudad y una gran cantidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia que hacen referencia a la emergencia, reconocen la doctrina de ella y establecen los mismos parámetros: que sea una situación que atente contra el orden público -en este caso la pandemia del COVID-19 no solo atenta contra el orden público jurídico, sino también el sanitario- y que sea limitado y razonable, lo que es así en función del proyecto.
Me preocupa una cuestión: ¿por qué mienten? ¿Por qué dicen que es un proyecto para cerrar las escuelas? El artículo 12 establece: "Clases presenciales: se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley". Esto último ser vincula con el artículo 21, respecto del cual ninguno dijo cuándo se aplica. Concretamente, se aplica cuando hay una alarma epidemiológica en un conglomerado, partido o municipio de más de 300.000 habitantes. ¿Por qué no lo dicen? Porque es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parece que ustedes -todes- están legislando para un solo distrito.
Además, parece que no confían ni en sus gobernadores ni en el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confiemos en que los casos empezarán a bajar, como dijeron. Parece que estamos encaminados. Lo mismo ocurre en Mendoza. Tal vez, se debe a los nueve días de confinamiento que dispuso el gobernador.
Entonces, si el plan de vacunación avanza y nuestros gobernadores, gobernadoras y el jefe de Gobierno gestionan la pandemia bien como hasta ahora -vamos a darles la derecha a todos- los casos irán bajando y las clases no se suspenderán. De todos modos, lean el artículo completo.
Lo mismo ocurre con las cuestiones penales. ¿Por qué mienten?
Hay algo en lo que les voy a dar la razón: el artículo 29 está de más, porque los artículos 205, 232 -o 234, no recuerdo- y 239 se aplicarían igual, más allá de que este proyecto de ley se apruebe o no.
Entonces, no mientan. Justamente, la conducta ya está tipificada y en realidad la ley está legislando de más. En este sentido, coincido con ustedes.
Por otra parte, los veo preocupados por la educación. Menos mal, porque durante su gobierno le redujeron el presupuesto educativo en un 35 por ciento y el 29 por ciento de los estudiantes secundarios no egresaron. Además, se preocupan por las mujeres que tenían un único celular en el hogar, pero son las mismas a las que les quitaron la jubilación de amas de casa y a las que sus funcionarios les dijeron que no tenían derecho a tener un celular por tener ingresos mínimos. Hagan memoria, porque si no parece que ustedes recién llegaron y que no pasó nada entre 2015 y 2019.
En cuanto a los superpoderes, quiero decir que superpoderes fueron los que se otorgaron a de la Rúa y no les quiero contar cómo terminó la historia porque no se pueden olvidar de eso.
Los superpoderes se pueden pedir en el Congreso de la Nación o ejercer con ellos...
¿El proyecto de ley se encuadra en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Nacional? La verdad es que sí lo hace. Ese artículo hace referencia a la delegación autorizada constitucionalmente. ¿Por qué? Porque es una excepción; en esto estamos de acuerdo. Por eso nuestra Carta Magna establece requisitos concretos para autorizarlos.
¿Cuáles son los requisitos concretos que menciona el artículo 76 de la Constitución Nacional? Las materias. No es el análisis que vamos a hacer ahora, pero la Constitución Nacional establece que deben ser materias administrativas o de emergencia pública.
Creo que esta es la primera vez en que todos los que estamos viviendo esta pandemia vamos a poder conceptualizar desde lo jurídico lo que es una emergencia pública. Si en este contexto no hay una situación de emergencia pública, entonces no sé cuándo vamos a poder graficar esto tan concretamente.
Además se exige un plazo. El proyecto en consideración establece claramente un plazo, que es el 31 de diciembre.
Por otra parte, se exige que esto sea dentro de las bases de la delegación del Congreso de la Nación. La tabulación es muy clara. Por medio de la ley estamos efectuando una delegación al Poder Ejecutivo. Esa delegación es autorizada por la Constitución Nacional, dentro de determinadas bases y de un marco de tabulación concreto y siempre con criterios epidemiológicos y sanitarios.
Sé que a ustedes les gusta mucho la Corte Suprema de Justicia, pero ella no solo tiene fallos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decirles que la Argentina es mucho más grande que esta ciudad y una gran cantidad de fallos de la Corte Suprema de Justicia que hacen referencia a la emergencia, reconocen la doctrina de ella y establecen los mismos parámetros: que sea una situación que atente contra el orden público -en este caso la pandemia del COVID-19 no solo atenta contra el orden público jurídico, sino también el sanitario- y que sea limitado y razonable, lo que es así en función del proyecto.
Me preocupa una cuestión: ¿por qué mienten? ¿Por qué dicen que es un proyecto para cerrar las escuelas? El artículo 12 establece: "Clases presenciales: se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley". Esto último ser vincula con el artículo 21, respecto del cual ninguno dijo cuándo se aplica. Concretamente, se aplica cuando hay una alarma epidemiológica en un conglomerado, partido o municipio de más de 300.000 habitantes. ¿Por qué no lo dicen? Porque es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parece que ustedes -todes- están legislando para un solo distrito.
Además, parece que no confían ni en sus gobernadores ni en el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Confiemos en que los casos empezarán a bajar, como dijeron. Parece que estamos encaminados. Lo mismo ocurre en Mendoza. Tal vez, se debe a los nueve días de confinamiento que dispuso el gobernador.
Entonces, si el plan de vacunación avanza y nuestros gobernadores, gobernadoras y el jefe de Gobierno gestionan la pandemia bien como hasta ahora -vamos a darles la derecha a todos- los casos irán bajando y las clases no se suspenderán. De todos modos, lean el artículo completo.
Lo mismo ocurre con las cuestiones penales. ¿Por qué mienten?
Hay algo en lo que les voy a dar la razón: el artículo 29 está de más, porque los artículos 205, 232 -o 234, no recuerdo- y 239 se aplicarían igual, más allá de que este proyecto de ley se apruebe o no.
Entonces, no mientan. Justamente, la conducta ya está tipificada y en realidad la ley está legislando de más. En este sentido, coincido con ustedes.
Por otra parte, los veo preocupados por la educación. Menos mal, porque durante su gobierno le redujeron el presupuesto educativo en un 35 por ciento y el 29 por ciento de los estudiantes secundarios no egresaron. Además, se preocupan por las mujeres que tenían un único celular en el hogar, pero son las mismas a las que les quitaron la jubilación de amas de casa y a las que sus funcionarios les dijeron que no tenían derecho a tener un celular por tener ingresos mínimos. Hagan memoria, porque si no parece que ustedes recién llegaron y que no pasó nada entre 2015 y 2019.
En cuanto a los superpoderes, quiero decir que superpoderes fueron los que se otorgaron a de la Rúa y no les quiero contar cómo terminó la historia porque no se pueden olvidar de eso.
Los superpoderes se pueden pedir en el Congreso de la Nación o ejercer con ellos...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. UCEDA Señor presidente: pido respeto porque no interrumpí a nadie.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Por favor, no dialoguen, señores diputados.
SRA. UCEDA Se pueden pedir superpoderes, como se hizo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, o bien, se puede ejercer con superpoderes. Me encanta recordarles esto porque no nos podemos olvidar.
Quisieron nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia y modificar la Ley de Riesgos del Trabajo por decreto. Como dijo una señora diputada preopinante, no se puede hacer un decreto malo y después una ley buena. En enero quisieron cambiar por decreto la Ley de Riesgos del Trabajo, pero como se dieron cuenta presentaron un proyecto de ley tan malo como el decreto. Lo mismo han hecho con la Ley de Medios, que había nacido en el Congreso Nacional y que derogaron por decreto. Debe haber sido "Pepín".
No solamente me gusta el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino muchos otros de ella. Debe ser por mi fascinación por lo colectivo. Me gustan mucho el artículo 14 bis y el artículo 75, cuyo inciso 22 recepta los tratados internacionales y nos obliga a defender la salud y la vida de nuestros ciudadanos.
Pero lo que más me gustaría es que saliéramos del barro. Como no estamos legislando sobre cualquier tema y en condiciones normales, no nos damos cuenta que cuando hablamos de cifras no son solo eso. Me espanta que en mi provincia haya un promedio de treinta muertos diarios porque entre ellos siempre hay un compañero, una compañera, un familiar, un amigo, que está esperando las vacunas. Están llegando. Sé que les gusta la Pfizer, pero ya les dijeron que estamos negociando.
Quisieron nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia y modificar la Ley de Riesgos del Trabajo por decreto. Como dijo una señora diputada preopinante, no se puede hacer un decreto malo y después una ley buena. En enero quisieron cambiar por decreto la Ley de Riesgos del Trabajo, pero como se dieron cuenta presentaron un proyecto de ley tan malo como el decreto. Lo mismo han hecho con la Ley de Medios, que había nacido en el Congreso Nacional y que derogaron por decreto. Debe haber sido "Pepín".
No solamente me gusta el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino muchos otros de ella. Debe ser por mi fascinación por lo colectivo. Me gustan mucho el artículo 14 bis y el artículo 75, cuyo inciso 22 recepta los tratados internacionales y nos obliga a defender la salud y la vida de nuestros ciudadanos.
Pero lo que más me gustaría es que saliéramos del barro. Como no estamos legislando sobre cualquier tema y en condiciones normales, no nos damos cuenta que cuando hablamos de cifras no son solo eso. Me espanta que en mi provincia haya un promedio de treinta muertos diarios porque entre ellos siempre hay un compañero, una compañera, un familiar, un amigo, que está esperando las vacunas. Están llegando. Sé que les gusta la Pfizer, pero ya les dijeron que estamos negociando.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. UCEDA No me interrumpan, por favor.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO No dialoguemos, señores diputados y señoras diputadas.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Está en uso de la palabra la señora diputada Uceda. Respetémonos, por favor. Nos estamos respetando todos.
SRA. UCEDA Señor presidente: sé que el tema de que sean superpoderes o no los preocupa mucho el tema.
El 30 de diciembre de 2015 los medios de Mendoza alertaban. Esos medios no son muy afines a nosotros, pero estaban muy preocupados. Mire los titulares: "Cornejo..." -presidente de la Unión Cívica Radical- "...busca superpoderes para modificar las partidas presupuestarias". Estos son superpoderes. Negociar a espaldas del Congreso de la Nación y del pueblo con el Fondo Monetario Internacional es tener superpoderes.
La historia los puede hacer ocupar un lugar grande, de responsabilidad, o un lugar chiquito, de mezquindades. Dependerá de ustedes el lugar que quieran ocupar. Confío en cada uno de los gobernadores y las gobernadoras, como así también en el jefe de Gobierno porteño, que seguirán haciendo todo el esfuerzo para que los casos sigan bajando y estas medidas únicas que este proyecto de ley propone en casos en que se registre una cantidad poblacional o un número demográfico excepcional, no se tenga que aplicar. Confío en nuestro pueblo, porque no creo que no se estén cumpliendo las normas sanitarias, como dijo algún señor diputado preopinante. Por el contrario, nuestro pueblo está haciendo un esfuerzo muy grande.
La verdad es que resulta muy feo escuchar a los diputados decir que al pueblo no le importa y que no están cumpliendo las normas. Las está cumpliendo y le está costando un montón. Pero si algo nos enseña el pueblo argentino es que hay que tener responsabilidad y solidaridad. Los invito a tener la misma conducta. (Aplausos.)
El 30 de diciembre de 2015 los medios de Mendoza alertaban. Esos medios no son muy afines a nosotros, pero estaban muy preocupados. Mire los titulares: "Cornejo..." -presidente de la Unión Cívica Radical- "...busca superpoderes para modificar las partidas presupuestarias". Estos son superpoderes. Negociar a espaldas del Congreso de la Nación y del pueblo con el Fondo Monetario Internacional es tener superpoderes.
La historia los puede hacer ocupar un lugar grande, de responsabilidad, o un lugar chiquito, de mezquindades. Dependerá de ustedes el lugar que quieran ocupar. Confío en cada uno de los gobernadores y las gobernadoras, como así también en el jefe de Gobierno porteño, que seguirán haciendo todo el esfuerzo para que los casos sigan bajando y estas medidas únicas que este proyecto de ley propone en casos en que se registre una cantidad poblacional o un número demográfico excepcional, no se tenga que aplicar. Confío en nuestro pueblo, porque no creo que no se estén cumpliendo las normas sanitarias, como dijo algún señor diputado preopinante. Por el contrario, nuestro pueblo está haciendo un esfuerzo muy grande.
La verdad es que resulta muy feo escuchar a los diputados decir que al pueblo no le importa y que no están cumpliendo las normas. Las está cumpliendo y le está costando un montón. Pero si algo nos enseña el pueblo argentino es que hay que tener responsabilidad y solidaridad. Los invito a tener la misma conducta. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel López.
SR. LÓPEZ (J. M.) Señor presidente: más allá de que el tema lo merece, seré breve porque no solo es larga la jornada de esta reunión y la semana que propusieron las comisiones y la organización del trabajo en la Cámara, sino también porque en breve comenzará la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y algunos tenemos que asistir a ella.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Si me permite, señor diputado, quiero aclarar que las reuniones de las comisiones se realizan de esta manera y no en forma remota por falta de acuerdo de su bloque, no por imposición de la bancada del Frente de Todos.
SR. LÓPEZ (J. M.) Por supuesto. Además, se modificó varias veces el horario, el día y la reunión de esta comisión no se iba a realizar esta semana. Lo tengo bastante claro, pero hay una decisión política de hacerlo y de forzar algunas cosas. La entendemos, pero no la compartimos.
Creo que esta es una discusión sobre el federalismo, el derecho a estudiar, a trabajar y a ejercer el comercio y sobre cómo lo hacemos durante la pandemia. Pero también es una discusión sobre el conflicto. Ustedes conciben el conflicto como forma de acumulación política. Plantean conflicto tras conflicto desde hace rato y lo lamentamos.
Varias veces intentamos dar las oportunidades que creemos que merece la Argentina, no ustedes. Me refiero a las oportunidades que merecen los argentinos para atravesar esta pandemia de la mejor manera posible. Sin embargo, ustedes deciden esto. Son una máquina de proponer conflictos, porque de lo contrario no tienen poder. Diría que a ustedes, sin conflicto, no les teme ni los respeta nadie, y los votaría mucha menos gente.
De todos modos, estamos aquí, con todos los riesgos que implica esta discusión y llevarla adelante durante lo que quede de la pandemia, que lamentablemente es bastante larga y nos tiene a todos muy cansados.
Creo que debemos introducir dos discusiones más acerca de los derechos, del federalismo, de la pelea con los gobernadores -sean los que sean, como agentes del gobierno federal-, para hacer respetar la Constitución Nacional. Esta última es, básicamente, una carta de derechos. Los gobernadores deben ayudar a que esos derechos se respeten. Pero ustedes los tienen como empleados, tensándolos, secuestrados de algo respecto de lo cual todavía ni siquiera sé por qué lo están. Ojalá se liberen pronto. Parece que si no les alcanzan los votos es porque algunos se están liberando.
Hay dos conflictos, dos peligros que veo que tendrían que ser discutidos por la política, la intelectualidad argentina y la clase dirigente: cómo nos vamos a manejar dentro del estado de excepción y qué cosas quedarán después de la anomia y los estados de excepción que estamos viviendo.
La verdad es que hablar del presidente hoy sería casi sacar ventaja de alguien de quien no queremos sacar ventaja con las digresiones que hace. La anomia sobre el presidente no me preocupa. Me preocupa la anomia sobre el resto de las autoridades públicas de este país, es decir, sobre los gobernadores, la vicepresidenta y nosotros mismos. Entiendo que esta no es una discusión ni un tema fácil. Cuando empezó la pandemia sabíamos que había que tomar medidas. Algunos de nosotros -porque nos tocaba vivir un momento histórico inédito- empezamos a pensar cómo se iban a tomar esas medidas y qué instrumentos jurídicos eran válidos para llevarlas a cabo.
Debido a esa situación, el 20 de marzo del año pasado el presidente dictó un decreto de necesidad y urgencia. Probablemente, dicho decreto fue para esa fecha uno de los más legales, ya que había necesidad, había urgencia, había desconocimiento; no sabíamos si podíamos reunirnos en comisión, porque no sabíamos qué riesgos implicaba. Por eso lo avalamos y lo sostuvimos.
Asimismo, algunos diputados nos preguntamos: ¿cuál debe ser la norma? Yo entiendo que sea difícil; les concedo que sea complicado elegir el modo de regulación en este contexto, jurídicamente hablando, en un país federal.
¿Debe ser un DNU? No sé. ¿Tendría que seguir siendo un DNU? Seguro que no. Esos DNU, ¿podrían haber sido remitidos al Congreso -no a la comisión bicameral, sino al recinto- por más que vencieran? Alguien dijo anteriormente: bueno, no los trajimos porque hubo un acuerdo, y como vencían... Yo los hubiese traído, porque generaron relaciones jurídicas, porque afectaron derechos.
Entonces, aún hoy habría que votarlos por sí o por no. Además, para que participemos todos de ese debate. Sinceramente, el tratamiento les hubiese dado mayor legitimidad.
¿Debería tratarse de una ley, de una delegación legislativa? Si nos ponemos a pensar, en materia de emergencia, la delegación legislativa es una de las posibilidades. Pero, como se dijo antes, ¿podemos delegar lo que no nos pertenece? No, no podemos. No podemos entregar al Poder Ejecutivo algo que no nos pertenece. A pesar -insisto- de que estamos hablando de vivir de estado de excepción en estado de excepción. ¿Era el estado de sitio otro instrumento? Tampoco estamos seguros. Con lo cual, yo entiendo la dificultad que ustedes tienen para resolverlo.
Alguien dijo que estamos enamorados de la Corte Suprema; yo, en lo más mínimo. Hay una Corte Suprema de Justicia y la respetamos. La Corte habló del "federalismo de concertación", que pareciera ser el modo, no solo jurídico sino también político, en el que el oficialismo podrá sostener esta situación. Hay dos federalistas que dijeron esto, dos jueces: Maqueda y Rosatti. Ellos son dos jueces que conocen de política, de derecho y que defienden el federalismo. Otro juez -quien no sé si es federalista, ya que lo designaron ustedes en el Senado-, en su voto en particular también habló de "federalismo concertado". Algunos dirán que ese juez es un oportunista; no tiene importancia.
Lo que quiero destacar es que, en el derecho constitucional, delimitar la competencia de los distintos estamentos del Estado probablemente sea una de las materias más complejas. Esto es así, ya que se trata de un federalismo que no sé si está tan bien diseñado en la letra de la Constitución. Hay distintos tipos de competencias: exclusivas del Estado federal; exclusivas de las provincias; concurrentes; excepcionales del Estado federal; excepcionales de las provincias; compartidas. Insisto, yo les quiero conceder que no es fácil la regulación en esta materia. Pero, a través del conflicto, no lo podrán hacer.
Anteriormente -lo expresó la diputada Lospennato y creo que merece ser resaltado- se dijo que nuestra Constitución tiene un espíritu, una filosofía. Se encuentra en el artículo 19 de la Constitución. No importa si nos gusta más o menos, pero esa filosofía dice que el principio, la regla, es la libertad. Esto es así incluso en un estado de excepción.
Otra cuestión de la cual habla ese artículo es del principio de legalidad. Pero -no nos confundamos-, que el principio de legalidad sea ley no significa que se cumpla. Debe ser dictado por el órgano competente dentro del estamento federal bajo las facultades que le hayan sido concedidas por la Constitución Nacional o las constituciones provinciales.
Quien manifestó que la filosofía de nuestra Constitución está contemplada en su artículo 19 y es la libertad, no fui yo; lo dijo Sampay hace muchos años. Él fue un hombre peronista y el ideólogo de la Constitución del 49. Léanlo. No importa si lo comparten o no, pero lean ese artículo, ese principio que no se modificó nunca. Esa Constitución -mejor dicho, esta Constitución- se encuentra vigente. Entonces, la tenemos que respetar.
Yo no me permitiré realizar las digresiones que se permite el presidente de la Nación. Incluso había pensado en incorporar alguna frivolidad a este discurso mediante algunas comparaciones. Hay un Perón para todo: uno que dice que el hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor, y otro más grande, que dijo que conducir es persuadir. Ustedes, señores del oficialismo, deberían persuadir; no imponer. Deberían persuadir a los gobernadores, a los intendentes, a la oposición en el Congreso y también a la sociedad. En cambio, el conflicto que generan para acumular poder o para sostenerlo, ya no lo hacen solo con la política, sino también con toda la ciudadanía argentina.
Por eso, vuelvo a lo que decía al principio: discutamos sobre la anomia, porque probablemente esa anomia esté cerca -nadie sabe si está a cinco minutos, a dos meses o a dos años- y también sobre el estado de excepción.
En el mundo hubo un estado de excepción después del atentado a las Torres Gemelas, y muchos ciudadanos cedieron derechos. Es probable que los hayan cedido con razón, ya que el miedo se apoderó de todos, de Occidente y de gran parte del mundo. En ese momento, aceptamos ese estado de excepción porque había un riesgo, porque al terrorismo, por supuesto, había que combatirlo. Ahora, ¿cuántos resabios quedan aún por haber cedido derechos y habernos retrasado después de aquel estado de excepción? ¿Cuánto de eso queda todavía que no hemos recuperado? Pensémoslo.
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto actual, ¿cuánto nos quedará por recuperar ahora, en lo inmediato, y cuánto a futuro a quienes creemos que el principio de la democracia republicana y deliberativa en la que vivimos, la que -creo- todos compartimos, es la libertad? Empecemos ahora a recuperar las libertades, porque del estado de excepción no vamos a salir fácilmente. Quedarán muchos resabios, y ustedes y nosotros nos tendremos que hacer cargo de poder vivir en ese país que todos valoramos y ansiamos recuperar. Muchas gracias. (Aplausos.)
Creo que esta es una discusión sobre el federalismo, el derecho a estudiar, a trabajar y a ejercer el comercio y sobre cómo lo hacemos durante la pandemia. Pero también es una discusión sobre el conflicto. Ustedes conciben el conflicto como forma de acumulación política. Plantean conflicto tras conflicto desde hace rato y lo lamentamos.
Varias veces intentamos dar las oportunidades que creemos que merece la Argentina, no ustedes. Me refiero a las oportunidades que merecen los argentinos para atravesar esta pandemia de la mejor manera posible. Sin embargo, ustedes deciden esto. Son una máquina de proponer conflictos, porque de lo contrario no tienen poder. Diría que a ustedes, sin conflicto, no les teme ni los respeta nadie, y los votaría mucha menos gente.
De todos modos, estamos aquí, con todos los riesgos que implica esta discusión y llevarla adelante durante lo que quede de la pandemia, que lamentablemente es bastante larga y nos tiene a todos muy cansados.
Creo que debemos introducir dos discusiones más acerca de los derechos, del federalismo, de la pelea con los gobernadores -sean los que sean, como agentes del gobierno federal-, para hacer respetar la Constitución Nacional. Esta última es, básicamente, una carta de derechos. Los gobernadores deben ayudar a que esos derechos se respeten. Pero ustedes los tienen como empleados, tensándolos, secuestrados de algo respecto de lo cual todavía ni siquiera sé por qué lo están. Ojalá se liberen pronto. Parece que si no les alcanzan los votos es porque algunos se están liberando.
Hay dos conflictos, dos peligros que veo que tendrían que ser discutidos por la política, la intelectualidad argentina y la clase dirigente: cómo nos vamos a manejar dentro del estado de excepción y qué cosas quedarán después de la anomia y los estados de excepción que estamos viviendo.
La verdad es que hablar del presidente hoy sería casi sacar ventaja de alguien de quien no queremos sacar ventaja con las digresiones que hace. La anomia sobre el presidente no me preocupa. Me preocupa la anomia sobre el resto de las autoridades públicas de este país, es decir, sobre los gobernadores, la vicepresidenta y nosotros mismos. Entiendo que esta no es una discusión ni un tema fácil. Cuando empezó la pandemia sabíamos que había que tomar medidas. Algunos de nosotros -porque nos tocaba vivir un momento histórico inédito- empezamos a pensar cómo se iban a tomar esas medidas y qué instrumentos jurídicos eran válidos para llevarlas a cabo.
Debido a esa situación, el 20 de marzo del año pasado el presidente dictó un decreto de necesidad y urgencia. Probablemente, dicho decreto fue para esa fecha uno de los más legales, ya que había necesidad, había urgencia, había desconocimiento; no sabíamos si podíamos reunirnos en comisión, porque no sabíamos qué riesgos implicaba. Por eso lo avalamos y lo sostuvimos.
Asimismo, algunos diputados nos preguntamos: ¿cuál debe ser la norma? Yo entiendo que sea difícil; les concedo que sea complicado elegir el modo de regulación en este contexto, jurídicamente hablando, en un país federal.
¿Debe ser un DNU? No sé. ¿Tendría que seguir siendo un DNU? Seguro que no. Esos DNU, ¿podrían haber sido remitidos al Congreso -no a la comisión bicameral, sino al recinto- por más que vencieran? Alguien dijo anteriormente: bueno, no los trajimos porque hubo un acuerdo, y como vencían... Yo los hubiese traído, porque generaron relaciones jurídicas, porque afectaron derechos.
Entonces, aún hoy habría que votarlos por sí o por no. Además, para que participemos todos de ese debate. Sinceramente, el tratamiento les hubiese dado mayor legitimidad.
¿Debería tratarse de una ley, de una delegación legislativa? Si nos ponemos a pensar, en materia de emergencia, la delegación legislativa es una de las posibilidades. Pero, como se dijo antes, ¿podemos delegar lo que no nos pertenece? No, no podemos. No podemos entregar al Poder Ejecutivo algo que no nos pertenece. A pesar -insisto- de que estamos hablando de vivir de estado de excepción en estado de excepción. ¿Era el estado de sitio otro instrumento? Tampoco estamos seguros. Con lo cual, yo entiendo la dificultad que ustedes tienen para resolverlo.
Alguien dijo que estamos enamorados de la Corte Suprema; yo, en lo más mínimo. Hay una Corte Suprema de Justicia y la respetamos. La Corte habló del "federalismo de concertación", que pareciera ser el modo, no solo jurídico sino también político, en el que el oficialismo podrá sostener esta situación. Hay dos federalistas que dijeron esto, dos jueces: Maqueda y Rosatti. Ellos son dos jueces que conocen de política, de derecho y que defienden el federalismo. Otro juez -quien no sé si es federalista, ya que lo designaron ustedes en el Senado-, en su voto en particular también habló de "federalismo concertado". Algunos dirán que ese juez es un oportunista; no tiene importancia.
Lo que quiero destacar es que, en el derecho constitucional, delimitar la competencia de los distintos estamentos del Estado probablemente sea una de las materias más complejas. Esto es así, ya que se trata de un federalismo que no sé si está tan bien diseñado en la letra de la Constitución. Hay distintos tipos de competencias: exclusivas del Estado federal; exclusivas de las provincias; concurrentes; excepcionales del Estado federal; excepcionales de las provincias; compartidas. Insisto, yo les quiero conceder que no es fácil la regulación en esta materia. Pero, a través del conflicto, no lo podrán hacer.
Anteriormente -lo expresó la diputada Lospennato y creo que merece ser resaltado- se dijo que nuestra Constitución tiene un espíritu, una filosofía. Se encuentra en el artículo 19 de la Constitución. No importa si nos gusta más o menos, pero esa filosofía dice que el principio, la regla, es la libertad. Esto es así incluso en un estado de excepción.
Otra cuestión de la cual habla ese artículo es del principio de legalidad. Pero -no nos confundamos-, que el principio de legalidad sea ley no significa que se cumpla. Debe ser dictado por el órgano competente dentro del estamento federal bajo las facultades que le hayan sido concedidas por la Constitución Nacional o las constituciones provinciales.
Quien manifestó que la filosofía de nuestra Constitución está contemplada en su artículo 19 y es la libertad, no fui yo; lo dijo Sampay hace muchos años. Él fue un hombre peronista y el ideólogo de la Constitución del 49. Léanlo. No importa si lo comparten o no, pero lean ese artículo, ese principio que no se modificó nunca. Esa Constitución -mejor dicho, esta Constitución- se encuentra vigente. Entonces, la tenemos que respetar.
Yo no me permitiré realizar las digresiones que se permite el presidente de la Nación. Incluso había pensado en incorporar alguna frivolidad a este discurso mediante algunas comparaciones. Hay un Perón para todo: uno que dice que el hombre es bueno, pero si se lo vigila, es mejor, y otro más grande, que dijo que conducir es persuadir. Ustedes, señores del oficialismo, deberían persuadir; no imponer. Deberían persuadir a los gobernadores, a los intendentes, a la oposición en el Congreso y también a la sociedad. En cambio, el conflicto que generan para acumular poder o para sostenerlo, ya no lo hacen solo con la política, sino también con toda la ciudadanía argentina.
Por eso, vuelvo a lo que decía al principio: discutamos sobre la anomia, porque probablemente esa anomia esté cerca -nadie sabe si está a cinco minutos, a dos meses o a dos años- y también sobre el estado de excepción.
En el mundo hubo un estado de excepción después del atentado a las Torres Gemelas, y muchos ciudadanos cedieron derechos. Es probable que los hayan cedido con razón, ya que el miedo se apoderó de todos, de Occidente y de gran parte del mundo. En ese momento, aceptamos ese estado de excepción porque había un riesgo, porque al terrorismo, por supuesto, había que combatirlo. Ahora, ¿cuántos resabios quedan aún por haber cedido derechos y habernos retrasado después de aquel estado de excepción? ¿Cuánto de eso queda todavía que no hemos recuperado? Pensémoslo.
Asimismo, teniendo en cuenta el contexto actual, ¿cuánto nos quedará por recuperar ahora, en lo inmediato, y cuánto a futuro a quienes creemos que el principio de la democracia republicana y deliberativa en la que vivimos, la que -creo- todos compartimos, es la libertad? Empecemos ahora a recuperar las libertades, porque del estado de excepción no vamos a salir fácilmente. Quedarán muchos resabios, y ustedes y nosotros nos tendremos que hacer cargo de poder vivir en ese país que todos valoramos y ansiamos recuperar. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Enríquez.
Tiene la palabra el señor diputado Enríquez.
SR. ENRÍQUEZ Gracias, señor presidente.
Tomo las palabras de mi colega Juan Manuel López para decir que el kirchnerismo siempre se caracteriza por, en envases edulcorados, en envases perfumados, mostrarnos su peor rostro. Cuando estaba vivo Néstor Kirchner hablaban de "concertación plural", cuando, en realidad, lo que querían era concentración singular; hablaron de "democratización de la Justicia", cuando lo que querían era cooptación de la Justicia; hablaron, por ejemplo, de "sintonía fina", pero era ajuste salvaje.
Hoy, bajo el edulcorado nombre de "parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19", lo que hay detrás son superpoderes, la suma del poder público. Esto se compadece con la necesidad de dar una pátina de ley a los decretos de necesidad y urgencia, de los que, aunque al presidente no le guste que lo digamos, él se enamoró. Se enamoró de ese artículo 99, inciso 3, y aún estando en período de sesiones ordinarias, legislaba a espaldas del Congreso.
¿Saben cuál es la única ideología que tiene el oficialismo frente a la pandemia? La ideología del encierro. Esa es la única solución que tienen. Claro, porque son un gobierno desorientado, un gobierno que no tiene planes. ¡No hay planes económicos! Los organismos multilaterales de crédito se los están pidiendo y no pueden mostrarlos porque no tienen ideas claras, porque evidentemente son un gobierno desquiciado; un gobierno que ha salido de quicio.
Además, es un gobierno que muestra su peor cara con las vacunas. ¡Muestra su peor cara con la degradación que algunos de sus integrantes han cometido al robar las vacunas a aquellos que realmente las necesitan!
Cinco diputados son la vergüenza de este cuerpo. Todavía estoy esperando que presenten su renuncia.
El procurador del Tesoro de la Nación, el abogado de los abogados se hace pasar por personal de sanidad y no les da vergüenza. No les da vergüenza que él mismo diga, justificando al periodista Verbitsky: nosotros somos una casta privilegiada. Nosotros tenemos derecho a la vacuna.
El feudalismo, por más que no quiera reconocerse en algunas provincias, y siga vivito y coleando en la Formosa de Insfrán, la Santa Cruz de los Kirchner o el Santiago del Estero de los Zamora, terminó en el siglo XV.
Más allá de lo que se trate hoy, voy a centrarme en dos aspectos fundamentales. Por un lado, no quiero repetir algunos conceptos que elaboró nuestro compañero de bancada Gustavo Menna en un dictamen luminoso; pero, el proyecto que votaremos hoy es absolutamente inconstitucional, y lo peor es que implica un abierto alzamiento contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me pueden gustar o no los fallos de la Justicia, pero debo acatarlos; cuando me ha salido alguno en contra, no fui por los pasillos gritando: ¡lawfare, lawfare, lawfare! Ese es un nuevo neologismo que acuñaron porque no pueden revertir en los juicios las pruebas contundentes que tienen frente al mayor latrocinio cometido en la República Argentina: el negociado de la obra pública. Entonces, se alzan contra este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es impecable desde todo punto de vista, tanto para constitucionalistas de derecha como de izquierda o del sector político que busquen. Nadie puede criticarlo.
Tres pilares son fundamentales en este fallo. Uno es el federalismo de concertación, del que ya se habló. Por otro lado, no hace falta que repitamos lo relativo a la defensa de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque lo expresado en el artículo 129 es clarísimo; la Corte de Suprema de Justicia lo estableció reiteradamente en muchos pronunciamientos, como en el caso "Corrales" y el fallo "Nisman", entre otros. La sentencia comienza por destacar justamente el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ciudad-estado; tenemos el ejemplo de las ciudades de Bremen y Hamburgo. Se refiere a una ciudad constitucional federada; pero, luego hace hincapié en lo que se llama "el interés vital" de la educación. El convencional Antonio María Hernández, en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe de 1994, señala que la principal obligación del Estado es atender la educación. No me gusta leer, pero en esta ocasión voy a hacerlo; también dice: "...debemos darle a la educación todo lo que ella se merece; después vendrá lo económico, después vendrá el progreso; porque el progreso y la economía -todos los bienes materiales que podamos obtener como personas- nos van a llegar a través de la educación de nuestro pueblo".
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la competencia y la organización escolar como organización sanitaria son el exclusivo resorte de cada una de las provincias. Ustedes, como representantes de esas provincias, y también yo como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos ofrendando al presidente de la República facultades que -como bien se dijo aquí- no podemos delegar porque no las tenemos, no son nuestras. El artículo 121 de la Constitución Nacional es clarísimo; son facultades y poderes que no fueron delegados. Entonces, no podemos dar este cheque en blanco, incluso sobre atribuciones que nosotros no tenemos. Los poderes de las provincias son las reglas, mientras que los de la Nación son los restringidos. El fallo dice: "El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora." O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, pretenden regular un territorio llamado AMBA que han inventado ustedes, sujeto federal que no existe en la Constitución Nacional. Si bien habla de regiones en su artículo 124, estas deben ser creadas por acuerdo entre las provincias respectivas; por ejemplo, Mendoza, San Juan y San Luis conforman la región de Cuyo. Esto me parece que es de Perogrullo.
Además, el fallo les está diciendo a ustedes que cualquiera sea la fuente normativa que encaren estará absolutamente anatematizada, porque están violando principios fundamentales de nuestro ordenamiento federal que se sustancian, por un lado, en esa fenomenal fórmula plasmada por Alberdi -que anteriormente citó muy bien el diputado Juan Manuel López con el artículo 19, en donde está la raíz, el corazón y el núcleo duro de lo que son las libertades individuales- y, por el otro, en la organización federal. Este es un país federal.
Un día escuché a Ginés González García decir: la mala suerte que tenemos es que este es un país federal. Fíjense, esto lo dijo un ministro de la República; acá lo he escuchado varias veces. ¡Qué horror, hablar de la república! Claro, parecería que para ustedes la república y la democracia son prejuicios burgueses. Pero, no son prejuicios burgueses; son prejuicios sobre las libertades individuales, las que no estamos dispuestos a enterrar hoy acá.
Ya que hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero detenerme un minuto sobre algo que se dijo y que, con todo respeto, debo corregir al señor presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Usted es un sanitarista, tengo entendido; yo no, soy un simple abogado de aldea. No puede desconocer que la mortalidad no se puede comparar. Dijo que la mortalidad de la ciudad de Buenos Aires era la más alta del país cada cien mil habitantes, dato que hay que ajustar a una ciencia fundamental como es la demografía. Entonces, hay que compararlo con la estructura poblacional de cada ciudad o jurisdicción. No se puede comparar la mortalidad de una ciudad como Buenos Aires, cuyo grupo etario es el de una población añosa de más de 60 años, con otra provincia donde la pirámide poblacional es mucho más joven. Consulté a varios sanitaristas y -según me dijeron- parece que es el capítulo I del Manual de Salud Pública y de Epidemiología. No lo sé porque no soy médico ni epidemiólogo, pero el sentido común me indica que están estos decenios que son de 0 a 9 y de 10 a 19 años.
Entonces, hay que tener honestidad intelectual y no decir alegremente ciertas cosas. Parecería que se hiciera esto con un propósito político; pero, debemos ser honestos y reconocer que, si bien la letalidad es alta, tiene que ser comparada con la población; en este caso, la de mayor riesgo por su componente etario y sus comorbilidades. Creo que es así el tema; aquí mi colega, el diputado y médico Manzi, asiente.
En términos de testeos, también hay que decir que enseguida empiezan a comparar con la provincia de Buenos Aires. Dicho sea de paso, si uno va por la Matanza, Tres de Febrero, San Isidro o por distintos municipios, está todo abierto. Kicillof dice que hay cerrar, hacer de esto un encierro, un confinamiento medieval, pero está todo abierto. Los intendentes del Frente de Todos no acatan la norma del presidente. El estado de anomia está funcionando a full. Recuerdo que la anomia es aquello que el genial filósofo argentino, Carlos Nino, plasmó en una obra fenomenal llamada Un país al margen de la ley. No se trata de una carencia de normas -porque acá tenemos superabundancia de ellas-, sino de la escasa voluntad de cumplirlas, como sucede en estos momentos en el Congreso.
Entonces, señor presidente, le pediría que corrija ese error técnico en el que ha incurrido. No podemos hacer comentarios livianamente. Me enseñaron hace muchos años en el colegio -tuve la suerte de concurrir al Colegio Nacional de Buenos Aires- la necesidad de tener el pensamiento crítico; es decir, ser honesto intelectualmente respecto de lo que se dice, y no arrojar cifras que después sean titulares, como en estos momentos lo están haciendo en algunos portales con el objeto de ganar un centimil más en los medios. Digamos la verdad: la letalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la más alta, pero porque tiene la población más añosa. Me parece que corresponde aclarar esto. Además, en la ciudad de Buenos Aires se hicieron trescientos noventa mil testeos, la misma cantidad que en la provincia de Buenos Aires con una población 5,7 veces mayor.
Asimismo, nosotros testeamos a ciudadanos bonaerenses. Muchas de las personas que forman esa siniestra estadística de letalidad que usted leyó, a lo mejor han contraído el virus y tenían su residencia en otro lado, a pesar de haber fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Con relación a esto, tengo para contar ejemplos a montones. En estos casos, se está poniendo -eso dicen- el domicilio de residencia; pero, hay muchos que tienen domicilio de residencia en un lado y vienen a atenderse a la ciudad de Buenos Aires.
Ustedes saben bien que más del 40 por ciento de las personas que atendemos en nuestros treinta y tres centros asistenciales provienen del conurbano bonaerense, así como también el 25 por ciento de la matrícula que atendemos proviene de allí.
En consecuencia, en muchos casos los intendentes se preguntan para qué generar escuelas u hospitales si ahí está la "opulenta" o, como dijo ella, la "ciudad de los helechos". En esa misma ciudad, más precisamente en Recoleta -en Juncal y Uruguay- es donde ella vive. Asimismo, en Puerto Madero es donde hasta hace muy poco tiempo vivió el presidente. Ahora se fue a otro lugar muy carenciado, como es la Quinta de Olivos. ¡Y lo peor es que cree que es el dueño y no el inquilino!
Respecto de los testeos, también debemos decir que en esos testeos que se están haciendo al mismo nivel, pero con una población mucho menor, siempre tenemos 10 o 15 puntos menos de positividad que lo que declara la provincia. Esto lo quiero dejar asentado porque no me gustaría que la gente -o quien esté escuchando- se lleve una opinión equivocada sobre el excelente trabajo que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un ministro -también sanitarista- de excelencia, como el doctor Fernán Quirós.
Por último, quiero remarcar algo que fue muy bien señalado por Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte, en su voto. Señaló que la pandemia no es una franquicia que autorice a vulnerar derechos individuales, sino que la Constitución es la carta de navegación que debe tener todo gobernante. Esa carta de navegación es la que exige que nos aferremos a ella durante los tiempos de tormenta más aún que durante los tiempos de calma. Solamente de esa manera la democracia saldrá fortalecida para poder gobernar la emergencia y no se verá debilitada por el empleo de un régimen ajeno al dispuesto por nuestra Constitución.
Concluyo diciendo que estamos avasallando derechos fundamentales; yo los invito a que reflexionemos sobre esto. Una delegación de la índole de la que acá queremos aprobar traspasa los límites del artículo 76 de la Constitución y nos hace caer en la norma del artículo 29 -que desde 1853 nunca fue modificada-, la cual señala que los responsables del otorgamiento de la suma del poder público incurrirán en la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Esto no es una declaración lírica porque, para estos casos, el artículo 227 del Código Penal establece la pena de prisión o reclusión perpetua.
Los quiero llamar a esa reflexión porque, insisto, van a incurrir en ese delito. Además, piensen que hoy estamos enterrando a la república; sin república no habrá Justicia y nuestras libertades individuales estarán en poder de una sola persona. Se va a configurar la suma del poder público. Gracias, presidentes. (Aplausos).
Tomo las palabras de mi colega Juan Manuel López para decir que el kirchnerismo siempre se caracteriza por, en envases edulcorados, en envases perfumados, mostrarnos su peor rostro. Cuando estaba vivo Néstor Kirchner hablaban de "concertación plural", cuando, en realidad, lo que querían era concentración singular; hablaron de "democratización de la Justicia", cuando lo que querían era cooptación de la Justicia; hablaron, por ejemplo, de "sintonía fina", pero era ajuste salvaje.
Hoy, bajo el edulcorado nombre de "parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19", lo que hay detrás son superpoderes, la suma del poder público. Esto se compadece con la necesidad de dar una pátina de ley a los decretos de necesidad y urgencia, de los que, aunque al presidente no le guste que lo digamos, él se enamoró. Se enamoró de ese artículo 99, inciso 3, y aún estando en período de sesiones ordinarias, legislaba a espaldas del Congreso.
¿Saben cuál es la única ideología que tiene el oficialismo frente a la pandemia? La ideología del encierro. Esa es la única solución que tienen. Claro, porque son un gobierno desorientado, un gobierno que no tiene planes. ¡No hay planes económicos! Los organismos multilaterales de crédito se los están pidiendo y no pueden mostrarlos porque no tienen ideas claras, porque evidentemente son un gobierno desquiciado; un gobierno que ha salido de quicio.
Además, es un gobierno que muestra su peor cara con las vacunas. ¡Muestra su peor cara con la degradación que algunos de sus integrantes han cometido al robar las vacunas a aquellos que realmente las necesitan!
Cinco diputados son la vergüenza de este cuerpo. Todavía estoy esperando que presenten su renuncia.
El procurador del Tesoro de la Nación, el abogado de los abogados se hace pasar por personal de sanidad y no les da vergüenza. No les da vergüenza que él mismo diga, justificando al periodista Verbitsky: nosotros somos una casta privilegiada. Nosotros tenemos derecho a la vacuna.
El feudalismo, por más que no quiera reconocerse en algunas provincias, y siga vivito y coleando en la Formosa de Insfrán, la Santa Cruz de los Kirchner o el Santiago del Estero de los Zamora, terminó en el siglo XV.
Más allá de lo que se trate hoy, voy a centrarme en dos aspectos fundamentales. Por un lado, no quiero repetir algunos conceptos que elaboró nuestro compañero de bancada Gustavo Menna en un dictamen luminoso; pero, el proyecto que votaremos hoy es absolutamente inconstitucional, y lo peor es que implica un abierto alzamiento contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me pueden gustar o no los fallos de la Justicia, pero debo acatarlos; cuando me ha salido alguno en contra, no fui por los pasillos gritando: ¡lawfare, lawfare, lawfare! Ese es un nuevo neologismo que acuñaron porque no pueden revertir en los juicios las pruebas contundentes que tienen frente al mayor latrocinio cometido en la República Argentina: el negociado de la obra pública. Entonces, se alzan contra este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es impecable desde todo punto de vista, tanto para constitucionalistas de derecha como de izquierda o del sector político que busquen. Nadie puede criticarlo.
Tres pilares son fundamentales en este fallo. Uno es el federalismo de concertación, del que ya se habló. Por otro lado, no hace falta que repitamos lo relativo a la defensa de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque lo expresado en el artículo 129 es clarísimo; la Corte de Suprema de Justicia lo estableció reiteradamente en muchos pronunciamientos, como en el caso "Corrales" y el fallo "Nisman", entre otros. La sentencia comienza por destacar justamente el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ciudad-estado; tenemos el ejemplo de las ciudades de Bremen y Hamburgo. Se refiere a una ciudad constitucional federada; pero, luego hace hincapié en lo que se llama "el interés vital" de la educación. El convencional Antonio María Hernández, en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe de 1994, señala que la principal obligación del Estado es atender la educación. No me gusta leer, pero en esta ocasión voy a hacerlo; también dice: "...debemos darle a la educación todo lo que ella se merece; después vendrá lo económico, después vendrá el progreso; porque el progreso y la economía -todos los bienes materiales que podamos obtener como personas- nos van a llegar a través de la educación de nuestro pueblo".
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la competencia y la organización escolar como organización sanitaria son el exclusivo resorte de cada una de las provincias. Ustedes, como representantes de esas provincias, y también yo como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos ofrendando al presidente de la República facultades que -como bien se dijo aquí- no podemos delegar porque no las tenemos, no son nuestras. El artículo 121 de la Constitución Nacional es clarísimo; son facultades y poderes que no fueron delegados. Entonces, no podemos dar este cheque en blanco, incluso sobre atribuciones que nosotros no tenemos. Los poderes de las provincias son las reglas, mientras que los de la Nación son los restringidos. El fallo dice: "El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora." O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, pretenden regular un territorio llamado AMBA que han inventado ustedes, sujeto federal que no existe en la Constitución Nacional. Si bien habla de regiones en su artículo 124, estas deben ser creadas por acuerdo entre las provincias respectivas; por ejemplo, Mendoza, San Juan y San Luis conforman la región de Cuyo. Esto me parece que es de Perogrullo.
Además, el fallo les está diciendo a ustedes que cualquiera sea la fuente normativa que encaren estará absolutamente anatematizada, porque están violando principios fundamentales de nuestro ordenamiento federal que se sustancian, por un lado, en esa fenomenal fórmula plasmada por Alberdi -que anteriormente citó muy bien el diputado Juan Manuel López con el artículo 19, en donde está la raíz, el corazón y el núcleo duro de lo que son las libertades individuales- y, por el otro, en la organización federal. Este es un país federal.
Un día escuché a Ginés González García decir: la mala suerte que tenemos es que este es un país federal. Fíjense, esto lo dijo un ministro de la República; acá lo he escuchado varias veces. ¡Qué horror, hablar de la república! Claro, parecería que para ustedes la república y la democracia son prejuicios burgueses. Pero, no son prejuicios burgueses; son prejuicios sobre las libertades individuales, las que no estamos dispuestos a enterrar hoy acá.
Ya que hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero detenerme un minuto sobre algo que se dijo y que, con todo respeto, debo corregir al señor presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Usted es un sanitarista, tengo entendido; yo no, soy un simple abogado de aldea. No puede desconocer que la mortalidad no se puede comparar. Dijo que la mortalidad de la ciudad de Buenos Aires era la más alta del país cada cien mil habitantes, dato que hay que ajustar a una ciencia fundamental como es la demografía. Entonces, hay que compararlo con la estructura poblacional de cada ciudad o jurisdicción. No se puede comparar la mortalidad de una ciudad como Buenos Aires, cuyo grupo etario es el de una población añosa de más de 60 años, con otra provincia donde la pirámide poblacional es mucho más joven. Consulté a varios sanitaristas y -según me dijeron- parece que es el capítulo I del Manual de Salud Pública y de Epidemiología. No lo sé porque no soy médico ni epidemiólogo, pero el sentido común me indica que están estos decenios que son de 0 a 9 y de 10 a 19 años.
Entonces, hay que tener honestidad intelectual y no decir alegremente ciertas cosas. Parecería que se hiciera esto con un propósito político; pero, debemos ser honestos y reconocer que, si bien la letalidad es alta, tiene que ser comparada con la población; en este caso, la de mayor riesgo por su componente etario y sus comorbilidades. Creo que es así el tema; aquí mi colega, el diputado y médico Manzi, asiente.
En términos de testeos, también hay que decir que enseguida empiezan a comparar con la provincia de Buenos Aires. Dicho sea de paso, si uno va por la Matanza, Tres de Febrero, San Isidro o por distintos municipios, está todo abierto. Kicillof dice que hay cerrar, hacer de esto un encierro, un confinamiento medieval, pero está todo abierto. Los intendentes del Frente de Todos no acatan la norma del presidente. El estado de anomia está funcionando a full. Recuerdo que la anomia es aquello que el genial filósofo argentino, Carlos Nino, plasmó en una obra fenomenal llamada Un país al margen de la ley. No se trata de una carencia de normas -porque acá tenemos superabundancia de ellas-, sino de la escasa voluntad de cumplirlas, como sucede en estos momentos en el Congreso.
Entonces, señor presidente, le pediría que corrija ese error técnico en el que ha incurrido. No podemos hacer comentarios livianamente. Me enseñaron hace muchos años en el colegio -tuve la suerte de concurrir al Colegio Nacional de Buenos Aires- la necesidad de tener el pensamiento crítico; es decir, ser honesto intelectualmente respecto de lo que se dice, y no arrojar cifras que después sean titulares, como en estos momentos lo están haciendo en algunos portales con el objeto de ganar un centimil más en los medios. Digamos la verdad: la letalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la más alta, pero porque tiene la población más añosa. Me parece que corresponde aclarar esto. Además, en la ciudad de Buenos Aires se hicieron trescientos noventa mil testeos, la misma cantidad que en la provincia de Buenos Aires con una población 5,7 veces mayor.
Asimismo, nosotros testeamos a ciudadanos bonaerenses. Muchas de las personas que forman esa siniestra estadística de letalidad que usted leyó, a lo mejor han contraído el virus y tenían su residencia en otro lado, a pesar de haber fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Con relación a esto, tengo para contar ejemplos a montones. En estos casos, se está poniendo -eso dicen- el domicilio de residencia; pero, hay muchos que tienen domicilio de residencia en un lado y vienen a atenderse a la ciudad de Buenos Aires.
Ustedes saben bien que más del 40 por ciento de las personas que atendemos en nuestros treinta y tres centros asistenciales provienen del conurbano bonaerense, así como también el 25 por ciento de la matrícula que atendemos proviene de allí.
En consecuencia, en muchos casos los intendentes se preguntan para qué generar escuelas u hospitales si ahí está la "opulenta" o, como dijo ella, la "ciudad de los helechos". En esa misma ciudad, más precisamente en Recoleta -en Juncal y Uruguay- es donde ella vive. Asimismo, en Puerto Madero es donde hasta hace muy poco tiempo vivió el presidente. Ahora se fue a otro lugar muy carenciado, como es la Quinta de Olivos. ¡Y lo peor es que cree que es el dueño y no el inquilino!
Respecto de los testeos, también debemos decir que en esos testeos que se están haciendo al mismo nivel, pero con una población mucho menor, siempre tenemos 10 o 15 puntos menos de positividad que lo que declara la provincia. Esto lo quiero dejar asentado porque no me gustaría que la gente -o quien esté escuchando- se lleve una opinión equivocada sobre el excelente trabajo que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un ministro -también sanitarista- de excelencia, como el doctor Fernán Quirós.
Por último, quiero remarcar algo que fue muy bien señalado por Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte, en su voto. Señaló que la pandemia no es una franquicia que autorice a vulnerar derechos individuales, sino que la Constitución es la carta de navegación que debe tener todo gobernante. Esa carta de navegación es la que exige que nos aferremos a ella durante los tiempos de tormenta más aún que durante los tiempos de calma. Solamente de esa manera la democracia saldrá fortalecida para poder gobernar la emergencia y no se verá debilitada por el empleo de un régimen ajeno al dispuesto por nuestra Constitución.
Concluyo diciendo que estamos avasallando derechos fundamentales; yo los invito a que reflexionemos sobre esto. Una delegación de la índole de la que acá queremos aprobar traspasa los límites del artículo 76 de la Constitución y nos hace caer en la norma del artículo 29 -que desde 1853 nunca fue modificada-, la cual señala que los responsables del otorgamiento de la suma del poder público incurrirán en la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Esto no es una declaración lírica porque, para estos casos, el artículo 227 del Código Penal establece la pena de prisión o reclusión perpetua.
Los quiero llamar a esa reflexión porque, insisto, van a incurrir en ese delito. Además, piensen que hoy estamos enterrando a la república; sin república no habrá Justicia y nuestras libertades individuales estarán en poder de una sola persona. Se va a configurar la suma del poder público. Gracias, presidentes. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Quetglas.
Tiene la palabra el señor diputado Quetglas.
SR. QUETGLAS Señor presidente: me siento muy identificado con algunas de las expresiones que tuvieron miembros de mi interbloque antes que yo. Me refiero, especialmente, a las intervenciones de Gustavo Menna y también a las de Carmen Polledo, Silvia Lospennato, Juan Manuel López, etcétera.
Hemos revisado esta norma con diferentes criterios técnicos y sensibilidades diversas. Hemos analizado si es constitucional o no, si es oportuna o no y también si se puede enmendar por ley algo que tiene mal carácter constitucional en su materia.
Esta también es una oportunidad para ver cómo hemos gestionado la pandemia porque ya han pasado quince meses desde su comienzo. Más allá de las sensibilidades que nos mueven y del dolor, me gustaría que nos tomemos un minuto para reflexionar sobre las decisiones y los criterios que el Parlamento, el Poder Ejecutivo y la sociedad argentina han adoptado. Tenemos muchos meses por delante y solo una evaluación responsable nos permitirá tomar mejores decisiones.
En ese sentido, hay dos fuentes importantes en las que nosotros debemos abrevar al momento de juzgar si acompañamos o no este conjunto de facultades que transferiremos al Ejecutivo: lo que hemos hecho nosotros -y cómo nos fue- y la experiencia internacional. En este caso, hay una comparabilidad que, si es pertinente, se podría buscar puesto que se trata de una amenaza que sufrió la humanidad en su conjunto. La amenaza es la misma porque el virus es el mismo. Sin embargo, las naciones adoptaron sistemas sanitarios, culturas, estructuras jurídicas y, particularmente, culturas políticas distintas.
Por ejemplo, acá se dijo que había tres elementos para enfrentar a la pandemia: se habló de los testeos, de los cuidados personales y de la vacuna. Yo abriría un poco más este trípode. Dado que de ahora en adelante la convergencia nos será imprescindible, la única manera en que personas que piensan de manera tan diferente sobre tantas cosas puedan converger es teniendo buena reflexión y buenos datos.
Por ejemplo, yo me pararía en la capacidad anticipatoria. Cuando empezó la pandemia, el ministro de Salud -el máximo responsable de la salud de la Argentina-, en una frase que es recurrente -y que yo no uso como chicana- adelantó que acá el virus no iba a llegar. Nosotros tuvimos alguna ventana de tiempo, por estar en el hemisferio sur y en verano, en relación con lo que pasó en aquel momento en China primero y en Italia después, y que fue asombroso para nosotros por una cuestión de proximidad cultural.
Esa afirmación del ministro nos hizo perder esa ventana de tiempo; es decir, hubo una suficiencia. Nos podía haber pasado a nosotros y a cualquiera. No quiero sacar ventaja, pero sí preguntarme qué hubiera pasado, y para ello voy a tomar un ejemplo: Australia cerró su sistema aeroportuario de manera estricta durante un mes no solo hasta preparar el sistema sanitario, sino también para entender qué era lo que venía, para entender la forma de contagio y para estudiar cómo volverían a abrir. Se ocuparon con mucha estrictez durante un mes. Luego abrieron porque la economía debía volver a funcionar y había que tratar de volver a la normalidad. Son los mismos dilemas que tienen todas las naciones. Australia tiene 25 millones de habitantes. La comparabilidad no es buena porque Australia es una isla, no es pari passu. No voy a chicanear, pero Australia tiene menos de mil muertos.
Señor presidente: en el parámetro comparativo, estoy hablando de que Australia tiene cuarenta veces menos muertes que la Argentina. ¡No 40 por ciento! ¡Cuarenta veces! En el equivalente, nosotros tendríamos cuarenta mil muertes. No tuvimos anticipación. Llenamos estadios de camas y luego los desarmamos.
Puse el ejemplo de Australia para mostrar que no tuvimos anticipación, pero también puedo citar el del oxígeno medicinal. No tuvimos anticipación; hicimos lo que pudimos con el Estado que tenemos el cual, como todos sabemos, anda mal. Salimos con la bandera de "el Estado te salva", que es hipócrita porque sabemos que si los ministros y los secretarios bajan las palancas el Estado no funciona.
Tenemos un Estado corroído por la desjerarquización y por la desprofesionalización. Lo padecimos nosotros antes, lo padecen ustedes ahora y lo vamos a volver a padecer nosotros si no lo profesionalizamos. Siempre puede haber una pandemia, un shock, un cambio de ciclo económico o una caída de los precios.
Voy a abrir otro elemento importante, que es la comunicación pública. La sociedad se disciplina en torno a la comunicación. Acá se puso el ejemplo de Fernán Quirós. Si yo mal no recuerdo -durante estos días traté de ser exhaustivo en la búsqueda-, el ministro de Salud de la Ciudad no se desdijo ni una sola vez en quince meses. No puedo pensar que sea una casualidad; tengo que pensar que antes de anunciar algo lo chequea mucho. Antes de hacer un anuncio, habla con directores de hospitales, con su equipo, espera hasta la tarde, lo revisa y luego, finalmente, lo anuncia. Esa es la única manera de no desdecirse.
Hagamos comparaciones: anteriormente mencioné que el ministro de Salud dijo que el virus no iba a venir, pero también se dijo que se curaba con té caliente y que "saltarse la cola" no era un delito. Lógicamente, "saltarse la cola" no será un delito, ¡pero sí es una inmoralidad tremenda! En términos de disciplina social, el mensaje referente a "saltarse la cola no es un delito", ¿contribuye o no? No contribuye, pues no ordena la disciplina social. ¿Cómo le digo a una persona que debe cerrar si el presidente ha dicho que "saltarse la cola no es un delito"? La comunicación tiene un principio ordenatriz; por ello, la comunicación pública en una crisis de esta naturaleza es clave, señor presidente; es clave.
Aquí se habló de violencia institucional. Pero ¿qué es lo primero que pensamos? El secretario de Derechos Humanos de la Nación refirió que tienen récord de denuncias, eso es oficial y habla bien del Estado en términos de receptividad, lo dice Amnistía Internacional, y hay casos que se adueñaron de la tapa de los diarios. Primeramente, nuestra cabeza se dirige hacia un policía que no pudo manejar una situación o una circunstancia en una comisaría; todo eso que nos duele. Pero acá hubo límites provinciales con acampe masivo, no un episodio aislado. De hecho, fue registrado por las cámaras de televisión: llegaron los periodistas y había cientos de personas acampando o días de largas filas de camiones en el límite de San Luis. No es un hecho aislado, es una decisión política. No es que tenemos que perseguir al estigmatizado policía con el afán de ubicarlo en un contexto violento y en una situación excepcional; se trata de que hubo violencia institucional en decisiones en la cúpula del poder público.
Se dieron datos de UNICEF respecto del modelo de gestión educativa, aunque se pudieron haber dado los datos del estudio realizado por Oxford. Hace muy pocos días, la OCDE concluyó que América Latina tuvo el 40 por ciento menos de clases que los países promedio integrantes de este organismo. Así, junto con Costa Rica y México, la Argentina está situada entre los tres países que menos clases tuvieron. Según el indicador de Oxford de confinamiento -quiero dar el dato-, la Argentina es el país que más confinó en el mundo. Y estos son datos objetivos, Oxford no integra Juntos por el Cambio; son objetivos, puesto que se midieron parámetros y demás.
En relación con los testeos ni hablemos: testeamos a un tercio respecto de los países del área, y con un doble argumento. Al inicio de la pandemia, representaba un problema económico: no había que testear porque los casos eran muy pocos. ¿Por qué vamos a testear tanto y gastar en test si hay muy pocos casos? Recientemente, el ministro Gollán ha dicho: "¿Para qué vamos a testear tanto si tenemos una positividad muy alta?" Entonces, si para perseguir el problema contamos con un solo instrumento, pero cuando es poco, "no, porque es poco" y cuando es mucho, "no, porque es mucho", hay que ser un sabio para saber cuándo es el medio. Al no ser sabios, deberíamos haber testeado siempre.
Respecto del plan de vacunación voy a brindar datos objetivos. Siempre se ha dicho que al alcanzar el 40 por ciento de la población vacunada se comenzaría a disminuir sustancialmente la presión sobre la terapia intensiva, pues al respetarse cierto orden, en general, el 40 por ciento representaba a las personas que ocuparían la terapia intensiva. Ahora bien, al pasado 15 de abril, la Argentina revelaba un 11 por ciento de vacunados con una dosis, mientras que nuestro país vecino y hermano de Chile exhibía el 40 por ciento. Reitero: 15 de abril. ¿Qué pasó en mayo? En mayo, Chile tuvo 2.500 muertos y la Argentina 13.000: cinco veces en números absolutos, pero el doble -un poco más del doble- en números relativos porque en Chile hay 19 millones de habitantes. ¿Por qué nos pasó todo esto? Primero, porque tenemos una pulsión a gestionar "tribuneramente". El mal que recorre el continente no es el populismo, es el "anuncismo". Es un gobernador anunciando una vacuna india de un país que no puede exportar vacunas, porque debe anunciar; ese es el mal.
Tenemos un solo dilema que enfrentar en el futuro, inclusive desde el punto de vista de la sensibilidad de mi espacio político: si queremos vivir en una República en serio, debemos crear un Estado en serio. No hay democracia de calidad sin burocracia de calidad. El Estado militante es el fraude de cualquier República. Nosotros todavía precisamos enfrentar esta pandemia. Tengo todos los temores de "Juanma" López en relación con el día después, el Estado de excepción y la nómina, pero debemos resolver esta pandemia y hacerlo juntos. Para ello, es necesario salir de la improvisación, de la baja articulación y de la estructura "tribunera", así como también tenemos que compartir datos y visiones. Aún estamos a tiempo. Nosotros no lo hacemos por ustedes, y ustedes no lo deben hacer por nosotros; se lo debemos a los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
Hemos revisado esta norma con diferentes criterios técnicos y sensibilidades diversas. Hemos analizado si es constitucional o no, si es oportuna o no y también si se puede enmendar por ley algo que tiene mal carácter constitucional en su materia.
Esta también es una oportunidad para ver cómo hemos gestionado la pandemia porque ya han pasado quince meses desde su comienzo. Más allá de las sensibilidades que nos mueven y del dolor, me gustaría que nos tomemos un minuto para reflexionar sobre las decisiones y los criterios que el Parlamento, el Poder Ejecutivo y la sociedad argentina han adoptado. Tenemos muchos meses por delante y solo una evaluación responsable nos permitirá tomar mejores decisiones.
En ese sentido, hay dos fuentes importantes en las que nosotros debemos abrevar al momento de juzgar si acompañamos o no este conjunto de facultades que transferiremos al Ejecutivo: lo que hemos hecho nosotros -y cómo nos fue- y la experiencia internacional. En este caso, hay una comparabilidad que, si es pertinente, se podría buscar puesto que se trata de una amenaza que sufrió la humanidad en su conjunto. La amenaza es la misma porque el virus es el mismo. Sin embargo, las naciones adoptaron sistemas sanitarios, culturas, estructuras jurídicas y, particularmente, culturas políticas distintas.
Por ejemplo, acá se dijo que había tres elementos para enfrentar a la pandemia: se habló de los testeos, de los cuidados personales y de la vacuna. Yo abriría un poco más este trípode. Dado que de ahora en adelante la convergencia nos será imprescindible, la única manera en que personas que piensan de manera tan diferente sobre tantas cosas puedan converger es teniendo buena reflexión y buenos datos.
Por ejemplo, yo me pararía en la capacidad anticipatoria. Cuando empezó la pandemia, el ministro de Salud -el máximo responsable de la salud de la Argentina-, en una frase que es recurrente -y que yo no uso como chicana- adelantó que acá el virus no iba a llegar. Nosotros tuvimos alguna ventana de tiempo, por estar en el hemisferio sur y en verano, en relación con lo que pasó en aquel momento en China primero y en Italia después, y que fue asombroso para nosotros por una cuestión de proximidad cultural.
Esa afirmación del ministro nos hizo perder esa ventana de tiempo; es decir, hubo una suficiencia. Nos podía haber pasado a nosotros y a cualquiera. No quiero sacar ventaja, pero sí preguntarme qué hubiera pasado, y para ello voy a tomar un ejemplo: Australia cerró su sistema aeroportuario de manera estricta durante un mes no solo hasta preparar el sistema sanitario, sino también para entender qué era lo que venía, para entender la forma de contagio y para estudiar cómo volverían a abrir. Se ocuparon con mucha estrictez durante un mes. Luego abrieron porque la economía debía volver a funcionar y había que tratar de volver a la normalidad. Son los mismos dilemas que tienen todas las naciones. Australia tiene 25 millones de habitantes. La comparabilidad no es buena porque Australia es una isla, no es pari passu. No voy a chicanear, pero Australia tiene menos de mil muertos.
Señor presidente: en el parámetro comparativo, estoy hablando de que Australia tiene cuarenta veces menos muertes que la Argentina. ¡No 40 por ciento! ¡Cuarenta veces! En el equivalente, nosotros tendríamos cuarenta mil muertes. No tuvimos anticipación. Llenamos estadios de camas y luego los desarmamos.
Puse el ejemplo de Australia para mostrar que no tuvimos anticipación, pero también puedo citar el del oxígeno medicinal. No tuvimos anticipación; hicimos lo que pudimos con el Estado que tenemos el cual, como todos sabemos, anda mal. Salimos con la bandera de "el Estado te salva", que es hipócrita porque sabemos que si los ministros y los secretarios bajan las palancas el Estado no funciona.
Tenemos un Estado corroído por la desjerarquización y por la desprofesionalización. Lo padecimos nosotros antes, lo padecen ustedes ahora y lo vamos a volver a padecer nosotros si no lo profesionalizamos. Siempre puede haber una pandemia, un shock, un cambio de ciclo económico o una caída de los precios.
Voy a abrir otro elemento importante, que es la comunicación pública. La sociedad se disciplina en torno a la comunicación. Acá se puso el ejemplo de Fernán Quirós. Si yo mal no recuerdo -durante estos días traté de ser exhaustivo en la búsqueda-, el ministro de Salud de la Ciudad no se desdijo ni una sola vez en quince meses. No puedo pensar que sea una casualidad; tengo que pensar que antes de anunciar algo lo chequea mucho. Antes de hacer un anuncio, habla con directores de hospitales, con su equipo, espera hasta la tarde, lo revisa y luego, finalmente, lo anuncia. Esa es la única manera de no desdecirse.
Hagamos comparaciones: anteriormente mencioné que el ministro de Salud dijo que el virus no iba a venir, pero también se dijo que se curaba con té caliente y que "saltarse la cola" no era un delito. Lógicamente, "saltarse la cola" no será un delito, ¡pero sí es una inmoralidad tremenda! En términos de disciplina social, el mensaje referente a "saltarse la cola no es un delito", ¿contribuye o no? No contribuye, pues no ordena la disciplina social. ¿Cómo le digo a una persona que debe cerrar si el presidente ha dicho que "saltarse la cola no es un delito"? La comunicación tiene un principio ordenatriz; por ello, la comunicación pública en una crisis de esta naturaleza es clave, señor presidente; es clave.
Aquí se habló de violencia institucional. Pero ¿qué es lo primero que pensamos? El secretario de Derechos Humanos de la Nación refirió que tienen récord de denuncias, eso es oficial y habla bien del Estado en términos de receptividad, lo dice Amnistía Internacional, y hay casos que se adueñaron de la tapa de los diarios. Primeramente, nuestra cabeza se dirige hacia un policía que no pudo manejar una situación o una circunstancia en una comisaría; todo eso que nos duele. Pero acá hubo límites provinciales con acampe masivo, no un episodio aislado. De hecho, fue registrado por las cámaras de televisión: llegaron los periodistas y había cientos de personas acampando o días de largas filas de camiones en el límite de San Luis. No es un hecho aislado, es una decisión política. No es que tenemos que perseguir al estigmatizado policía con el afán de ubicarlo en un contexto violento y en una situación excepcional; se trata de que hubo violencia institucional en decisiones en la cúpula del poder público.
Se dieron datos de UNICEF respecto del modelo de gestión educativa, aunque se pudieron haber dado los datos del estudio realizado por Oxford. Hace muy pocos días, la OCDE concluyó que América Latina tuvo el 40 por ciento menos de clases que los países promedio integrantes de este organismo. Así, junto con Costa Rica y México, la Argentina está situada entre los tres países que menos clases tuvieron. Según el indicador de Oxford de confinamiento -quiero dar el dato-, la Argentina es el país que más confinó en el mundo. Y estos son datos objetivos, Oxford no integra Juntos por el Cambio; son objetivos, puesto que se midieron parámetros y demás.
En relación con los testeos ni hablemos: testeamos a un tercio respecto de los países del área, y con un doble argumento. Al inicio de la pandemia, representaba un problema económico: no había que testear porque los casos eran muy pocos. ¿Por qué vamos a testear tanto y gastar en test si hay muy pocos casos? Recientemente, el ministro Gollán ha dicho: "¿Para qué vamos a testear tanto si tenemos una positividad muy alta?" Entonces, si para perseguir el problema contamos con un solo instrumento, pero cuando es poco, "no, porque es poco" y cuando es mucho, "no, porque es mucho", hay que ser un sabio para saber cuándo es el medio. Al no ser sabios, deberíamos haber testeado siempre.
Respecto del plan de vacunación voy a brindar datos objetivos. Siempre se ha dicho que al alcanzar el 40 por ciento de la población vacunada se comenzaría a disminuir sustancialmente la presión sobre la terapia intensiva, pues al respetarse cierto orden, en general, el 40 por ciento representaba a las personas que ocuparían la terapia intensiva. Ahora bien, al pasado 15 de abril, la Argentina revelaba un 11 por ciento de vacunados con una dosis, mientras que nuestro país vecino y hermano de Chile exhibía el 40 por ciento. Reitero: 15 de abril. ¿Qué pasó en mayo? En mayo, Chile tuvo 2.500 muertos y la Argentina 13.000: cinco veces en números absolutos, pero el doble -un poco más del doble- en números relativos porque en Chile hay 19 millones de habitantes. ¿Por qué nos pasó todo esto? Primero, porque tenemos una pulsión a gestionar "tribuneramente". El mal que recorre el continente no es el populismo, es el "anuncismo". Es un gobernador anunciando una vacuna india de un país que no puede exportar vacunas, porque debe anunciar; ese es el mal.
Tenemos un solo dilema que enfrentar en el futuro, inclusive desde el punto de vista de la sensibilidad de mi espacio político: si queremos vivir en una República en serio, debemos crear un Estado en serio. No hay democracia de calidad sin burocracia de calidad. El Estado militante es el fraude de cualquier República. Nosotros todavía precisamos enfrentar esta pandemia. Tengo todos los temores de "Juanma" López en relación con el día después, el Estado de excepción y la nómina, pero debemos resolver esta pandemia y hacerlo juntos. Para ello, es necesario salir de la improvisación, de la baja articulación y de la estructura "tribunera", así como también tenemos que compartir datos y visiones. Aún estamos a tiempo. Nosotros no lo hacemos por ustedes, y ustedes no lo deben hacer por nosotros; se lo debemos a los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el último orador de esta extensa jornada, el señor diputado Alejandro Cacace.
Tiene la palabra el último orador de esta extensa jornada, el señor diputado Alejandro Cacace.
SR. CACACE Señor presidente: seré breve en vistas de que pronto comenzará la sesión que ha sido convocada para el día de la fecha.
En virtud de los argumentos que se han expuesto sobre la discusión constitucional, adhiero plenamente a lo que dijera el diputado Menna.
En particular, quería llamar la atención sobre la construcción que se hace en la ley respecto de los parámetros y el artículo 3°. Sobre esto, algo refirió el diputado Manzi cuando mencionó la utilización de los test como indicador para esa construcción y la situación vinculada con la positividad en nuestro país. También el diputado Quetglas recientemente lo mencionaba al hacer referencia a la utilización de los datos. En el artículo 3°, cuando establecemos las restricciones -mejor dicho, los parámetros para determinar las restricciones-, hacemos uso de la herramienta de los testeos y, a partir de ella, la determinación de los casos; esto no solo para imponer las restricciones en nuestro país, sino también para determinar el nivel, la graduación y la gravedad de las restricciones y discriminar la aplicación de esas medidas, según cada una de las provincias. No obstante, este indicador se encuentra lejano a ser objetivo para ponderar esas restricciones.
Si lo vemos a nivel país, sabemos de las falencias que tenemos respecto de los testeos. Actualmente, a nivel mundial, la Argentina se encuentra posicionada en el número 98 respecto de los testeos por millón de habitantes. A su vez, está muy lejos de cumplir la meta de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la positividad de los testeos. La recomendación de dicho organismo para el mes de mayo era de no superar el umbral del 5 por ciento de positividad, puesto que al superarlo se incurre en la pérdida del control de la pandemia, a partir de no detectar o no poder determinar la cantidad real de casos que tenemos. En los últimos siete días, la Argentina exhibe un promedio por encima del 30 por ciento de positividad, lo cual significa que hemos perdido la capacidad de detección y determinación del número de casos totales que tenemos.
Hasta acá, creo que es algo que todos más o menos lo sabemos y lo estimamos. Pero avanzamos hacia un estadio adicional de esta situación cuando ya no lo consideramos a nivel país, sino que pretendemos hacer comparaciones entre las provincias argentinas -en base a variables que no son fiables- con algo que no es comparable.
La dispersión que hay entre las provincias argentinas en términos de la positividad de los testeos es enorme. Señor presidente: tenemos distritos cercanos al 20 por ciento de positividad en los testeos en la última semana y, por otro lado, tenemos la mitad de las provincias argentinas que superan el 50 por ciento de positividad. La dispersión a partir de esto resulta muy grande, lo vemos en la positividad y en los casos reportados. Una cosa es hablar de los casos por cada 100.000 habitantes y los fallecimientos cada 100.000 habitantes, pero ahora resulta que al analizar la fatalidad o la letalidad -es decir, no cuántas personas fallecen respecto de la cantidad de habitantes, sino de los casos confirmados- advertimos que la Argentina registra un 2,14 por ciento, y en los países vecinos se da una medida similar porque, en definitiva, hablamos de la letalidad del virus; sin embargo, en las provincias argentinas se presenta una dispersión muy severa.
Hay provincias que reportan letalidades cinco veces superior a otras, ¿es porque el virus es más letal en una provincia que en otra? No, claramente no. Esto es porque la capacidad para detectar, determinar e informar los casos de las provincias es muy dispar, lo cual conduce a que aquella provincia con menor capacidad para detectar, testear y reportar los casos concluya -no deliberadamente, sino a partir de esta falencia- en una subdeclaración de casos informados. Por consiguiente, no es consignada en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y presenta menos restricciones, independientemente de toda la cuestión constitucional expresada íntegramente por el diputado Menna y los integrantes de mi bloque.
Así, este punto que buscamos marcar como objetivo para graduar las restricciones de la ley, claramente no representa el objetivo perseguido por el de aquellas provincias que con menos capacidad de detección y de reporte de casos quedan fuera del foco de riesgo epidemiológico porque simplemente no fueron capaces de confirmar sus casos.
Señor presidente: esta entera construcción -los demás artículos de la ley, las restricciones, sus graduaciones, las diferencias de las zonas entre riesgo bajo, medio o alto, etcétera- se realiza en función de esos datos; hoy, datos imposibles de comparar entre las provincias argentinas.
Nada más, señor presidente. Gracias.
En virtud de los argumentos que se han expuesto sobre la discusión constitucional, adhiero plenamente a lo que dijera el diputado Menna.
En particular, quería llamar la atención sobre la construcción que se hace en la ley respecto de los parámetros y el artículo 3°. Sobre esto, algo refirió el diputado Manzi cuando mencionó la utilización de los test como indicador para esa construcción y la situación vinculada con la positividad en nuestro país. También el diputado Quetglas recientemente lo mencionaba al hacer referencia a la utilización de los datos. En el artículo 3°, cuando establecemos las restricciones -mejor dicho, los parámetros para determinar las restricciones-, hacemos uso de la herramienta de los testeos y, a partir de ella, la determinación de los casos; esto no solo para imponer las restricciones en nuestro país, sino también para determinar el nivel, la graduación y la gravedad de las restricciones y discriminar la aplicación de esas medidas, según cada una de las provincias. No obstante, este indicador se encuentra lejano a ser objetivo para ponderar esas restricciones.
Si lo vemos a nivel país, sabemos de las falencias que tenemos respecto de los testeos. Actualmente, a nivel mundial, la Argentina se encuentra posicionada en el número 98 respecto de los testeos por millón de habitantes. A su vez, está muy lejos de cumplir la meta de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la positividad de los testeos. La recomendación de dicho organismo para el mes de mayo era de no superar el umbral del 5 por ciento de positividad, puesto que al superarlo se incurre en la pérdida del control de la pandemia, a partir de no detectar o no poder determinar la cantidad real de casos que tenemos. En los últimos siete días, la Argentina exhibe un promedio por encima del 30 por ciento de positividad, lo cual significa que hemos perdido la capacidad de detección y determinación del número de casos totales que tenemos.
Hasta acá, creo que es algo que todos más o menos lo sabemos y lo estimamos. Pero avanzamos hacia un estadio adicional de esta situación cuando ya no lo consideramos a nivel país, sino que pretendemos hacer comparaciones entre las provincias argentinas -en base a variables que no son fiables- con algo que no es comparable.
La dispersión que hay entre las provincias argentinas en términos de la positividad de los testeos es enorme. Señor presidente: tenemos distritos cercanos al 20 por ciento de positividad en los testeos en la última semana y, por otro lado, tenemos la mitad de las provincias argentinas que superan el 50 por ciento de positividad. La dispersión a partir de esto resulta muy grande, lo vemos en la positividad y en los casos reportados. Una cosa es hablar de los casos por cada 100.000 habitantes y los fallecimientos cada 100.000 habitantes, pero ahora resulta que al analizar la fatalidad o la letalidad -es decir, no cuántas personas fallecen respecto de la cantidad de habitantes, sino de los casos confirmados- advertimos que la Argentina registra un 2,14 por ciento, y en los países vecinos se da una medida similar porque, en definitiva, hablamos de la letalidad del virus; sin embargo, en las provincias argentinas se presenta una dispersión muy severa.
Hay provincias que reportan letalidades cinco veces superior a otras, ¿es porque el virus es más letal en una provincia que en otra? No, claramente no. Esto es porque la capacidad para detectar, determinar e informar los casos de las provincias es muy dispar, lo cual conduce a que aquella provincia con menor capacidad para detectar, testear y reportar los casos concluya -no deliberadamente, sino a partir de esta falencia- en una subdeclaración de casos informados. Por consiguiente, no es consignada en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y presenta menos restricciones, independientemente de toda la cuestión constitucional expresada íntegramente por el diputado Menna y los integrantes de mi bloque.
Así, este punto que buscamos marcar como objetivo para graduar las restricciones de la ley, claramente no representa el objetivo perseguido por el de aquellas provincias que con menos capacidad de detección y de reporte de casos quedan fuera del foco de riesgo epidemiológico porque simplemente no fueron capaces de confirmar sus casos.
Señor presidente: esta entera construcción -los demás artículos de la ley, las restricciones, sus graduaciones, las diferencias de las zonas entre riesgo bajo, medio o alto, etcétera- se realiza en función de esos datos; hoy, datos imposibles de comparar entre las provincias argentinas.
Nada más, señor presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE PÉREZ ARAUJO Gracias, señor diputado.
Celebro el diálogo y el respeto con el que en la generalidad de la reunión nos hemos tratado, salvo alguna exaltación de las pasiones. De esta forma, y si me permite el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, convoco a los miembros de ambas comisiones a seguir trabajando en este camino.
No habiendo más asuntos que tratar, declaro finalizada la reunión.
Celebro el diálogo y el respeto con el que en la generalidad de la reunión nos hemos tratado, salvo alguna exaltación de las pasiones. De esta forma, y si me permite el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, convoco a los miembros de ambas comisiones a seguir trabajando en este camino.
No habiendo más asuntos que tratar, declaro finalizada la reunión.