Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, disponga en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) las medidas necesarias para la inmediata aplicación de la ley 26.130 en todo el territorio nacional.

Señor presidente:

La ley 26.130 fue sancionada por el Congreso Nacional a mediados de 2006 y entró en vigencia los primeros días del mes de septiembre del año pasado. La misma establece el derecho de las todas las mujeres y los hombres que habitan en el territorio nacional a acceder a la ligadura de trompas de Falopio o Vasectomía, y fue creada teniendo en vista la necesidad de poner fin a la discriminación que sufría una importante franja de la población - en especial las mujeres - de las clases más bajas que no podían acceder a esas intervenciones en el sector público, mientras que paralelamente las que tenían más recursos la realizaban sin problema alguno en los consultorios privados.

A casi un año de su entrada en vigencia la penosa realidad nos muestra que la situación de discriminación que quiso ser evitada con la sanción del instrumento legal citado se mantiene, ya que en la actualidad existen hospitales públicos de diferentes lugares del país en los que los médicos no acatan lo prescripto por la norma y no realizan las practicas de anticoncepción quirúrgica por temor a quedar desamparados ante un eventual juicio de responsabilidad por mala praxis. De esta manera, según refirió la Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires Marcela Calcopietro, existen en su provincia sólo tres hospitales en los que se está cumpliendo la ley 26.130: el Evita de San Martín; el Ana Gotilla de Avellaneda y el Hospital de Guernica (1) . En este sentido, autoridades de diferentes centros de salud de la provincia de Buenos Aires han esgrimido en los últimos días distintos argumentos para no realizar la práctica establecida, tales como la falta de la adhesión por parte de la provincia al régimen establecido por la ley 26.130 o la ausencia de un decreto que reglamente de la norma en cuestión.

La circunstancia descripta en el párrafo anterior deja en total desamparo a un gran número de personas, ya que les impide la realización de una práctica que se encuentra amparada por una ley que se encuentra vigente, que por su naturaleza es de aplicación en todo el territorio nacional sin necesidad de que las jurisdicciones dicten leyes para adherir y sin que sea necesaria su reglamentación. Todo ello genera una inexplicable restricción en el acceso al derecho a la salud a un vasto sector de la población que se ve impedido de gozar de los beneficios que una ley nacional les otorga.

Por lo expresado precedentemente creemos indispensable que desde el Estado - y en especial en el ámbito del COFESA, en donde participan todas las provincias y el Estado Nacional para delinear las políticas de salud- se tomen en forma inmediata las medidas indispensables para lograr que se cumpla con una ley que establece un derecho para todas las personas que viven en la República Argentina y que, por diferentes motivos, en la actualidad es letra muerta en diferentes centros de salud.

Por todo esto es que pedimos a los señores diputados nos acompañen en el presente proyecto de Resolución.