Artículo 1º.- Establézcanse criterios de sustentabilidad y equidad en el desarrollo de obras de infraestructura financiadas con recursos del Estado nacional, a partir de la participación de los distritos en las plusvalías generadas por la acción estatal en terrenos urbanos y periurbanos.

Artículo 2º.- Entiéndanse por plusvalías los incrementos en el valor de los terrenos producidos por el desarrollo de obras de infraestructura pública durante el período en que el vendedor ha sido propietario de la vivienda.

Artículo 3º.- Invítase a los municipios a adoptar instrumentos tributarios para la captación de plusvalías urbanas, que permitan recuperar las inversiones públicas que contribuyen a valorizar los terrenos.

Artículo 4º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, perteneciente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, por el plazo de tres años, el Consejo Asesor en Legislación Urbanística, compuesto por funcionarios del Ministerio y especialistas de universidades nacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, con el fin de asesorar a los distritos en el proceso de adecuación de sus legislaciones en materia de ordenamiento urbano.

Artículo 5º.- A partir de los dos años de la sanción de la presente ley, el desarrollo de obras de infraestructura que incidan sobre los precios del suelo, financiadas con recursos del Estado nacional, quedará supeditada a la adopción de mecanismos de captación de plusvalías derivadas de la acción estatal en terrenos urbanos y periurbanos por parte de los municipios.

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

En la última década, la recuperación económica y el fuerte dinamismo que caracterizó la construcción residencial fueron acompañados por crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna y por un incremento de las formas de pobreza urbana. Las villas y los asentamientos precarios, que constituyen espacios que padecen importantes déficits de infraestructura urbana y acceso a servicios básicos, se multiplicaron a la par que los edificios suntuosos y las urbanizaciones cerradas.

Los significativos aportes del campo de los estudios urbanos al análisis de los procesos sociales y económicos que operan e impactan en las ciudades, permiten comprender las causas de estas contradicciones y deben constituirse en herramientas para la formulación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de ciudades más justas, inclusivas y democráticas.

La ciudad es el soporte de la acumulación privada y constituye para el capital un valor de uso complejo. Genera economías de escala y opera como una fuerza productiva socializada para el desarrollo de la industria y el comercio, como resultado de la articulación de una serie de condiciones. Sin embargo, el surgimiento y sostenimiento de estas condiciones se encuentra en permanente tensión y contradicción, en tanto no son producibles ni reproducibles por ningún privado de forma autónoma. Son el resultado de la intervención estatal y de la articulación no coordinada de múltiples inversiones privadas a lo largo del tiempo.

El carácter irreproducible de los efectos útiles de la aglomeración y su monopolización a través de la propiedad del suelo ofrecen las condiciones para el surgimiento de las rentas del suelo. Siendo que las actividades urbanas se desarrollan necesariamente sobre una porción de tierra, y en la medida en que el suelo es objeto de apropiación privada, los propietarios aprovechan también los beneficios asociados a la localización relativa de un terreno en la ciudad a través de los precios del suelo. Sin embargo, las ventajas relativas que ofrecen las diversas localizaciones urbanas para el capital no fueron el resultado del trabajo de los propietarios de la tierra, sino de la dinámica ciega que caracteriza el proceso de urbanización y de las inversiones públicas que lo permiten e incentivan.

Desde esta perspectiva, el proceso de valorización del suelo urbano constituye una apropiación privada de los resultados de un proceso social y de la inversión estatal.

Mientras algunos actores económicos se valen de los efectos útiles de la aglomeración para la acumulación del capital y para el despliegue de prácticas especulativas en relación a los precios del suelo, los sectores de menores recursos atraviesan crecientes dificultades para acceder a la ciudad. La valorización del suelo urbano genera procesos de desplazamiento poblacional, que operan como fuerza centrífuga, expulsando a los sectores de menores ingresos hacia las periferias peor servidas, u obligándolos a insertarse de manera informal en intersticios urbanos, como villas y asentamientos.

En un contexto de rápido crecimiento de los precios del suelo resulta inadmisible que hogares carezcan de las infraestructuras necesarias en la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2016, el valor de la tierra creció un 600% en dólares, mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires un 24% de los hogares continúan sin conexión cloacal ni cámara séptica y un 33% no se encuentran conectados al sistema de agua de red.

Según un relevamiento realizado por la Organización TECHO en los principales centros urbanos del país, el 95% de los asentamientos informales no cuentan con acceso regular a la red cloacal, y el 90% no tienen acceso regular al agua corriente ni a gas de red. Asimismo, el 63% de los barrios relevados no disponen de calles asfaltadas y el 68% no cuenta con un sistema regular de recolección de residuos

El desarrollo de mecanismos que permitan recuperar parte de la inversión estatal apropiada por el sector privado, es central para evitar que el gasto público se convierta en una transferencia a los propietarios del suelo. A su vez, los recursos recuperados a través de estos instrumentos tributarios permitirán ampliar y mejorar las condiciones urbanas de los barrios peor servidos en términos de transporte e infraestructura, resultando en una forma efectiva y necesaria de distribución de la riqueza que nos acercará al desarrollo de ciudades más inclusivas y democráticas.