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ASUNTOS MUNICIPALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 153
Secretario Administrativo SR. ORDOÑEZ ALDO
Jefe BALLESTER MIRIAM
Jueves 10.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2129 Internos 2129/28
camunicipales@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 4272-D-2013
Sumario: TRANSFERENCIA A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS AL SOSTENIMIENTO FINANCIERO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SUBTERRANEO Y PREMETRO.
Fecha: 28/05/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 58
Artículo 1°.- La presente ley tiene por
objeto hacer efectiva la transferencia a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de los recursos presupuestarios aplicados oportunamente al sostenimiento
financiero de los servicios de transporte subterráneo y premetro.
A tal efecto, elévese al uno coma
setenta por ciento (1,70%) el coeficiente establecido por el artículo 1° del Decreto
705/2003, que dispone la participación de esa jurisdicción en los fondos
coparticipables que corresponden a la Nación, por aplicación del artículo 8° de la
Ley 23.548.
Artículo 2º.- Los recursos resultantes
del incremento dispuesto pasarán a integrar el FONDO SUBTE creado por el
artículo 39 de la Ley 4.472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo Nacional la suscripción de los actos jurídicos necesarios para hacer
efectivo lo dispuesto en los artículos anteriores, estableciendo como condición la
revisión de los aumentos tarifarios e impositivos resueltos por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a partir de la transferencia de los servicios de transporte
subterráneo y premetro.
Artículo 4°.- La Comisión Bicameral
"Ciudad de Buenos Aires" creada por artículo 15° de la Ley 24.588, tendrá a su
cargo la realización del seguimiento y el control de la ejecución de esta ley.
Artículo 5°.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2012, se concretó la
transferencia del servicio de transporte subterráneo y premetro de la órbita
nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un proceso conflictivo
que - entre otras cosas - incluyó cuestionamientos y acciones judiciales cruzados,
un polémico tarifazo, el retiro de los efectivos de la Policía Federal de la custodia
de las estaciones y sucesivas huelgas de los trabajadores/as.
Un proceso en el que se vieron
afectados los millones de pasajeros que lo utilizan diariamente y que mostró la
incapacidad de ambas jurisdicciones para afrontar un diálogo político-institucional
capaz de destrabar la difícil situación de inestabilidad jurídica y operativa en la que
quedó sumergido este servicio público.
Comenzó a fines del año anterior,
cuando el entonces Ministro de Economía Amado Boudou junto a su par Julio De
Vido, anunciaron - en el marco de un plan de recorte a los subsidios a los servicios
públicos recibidos por empresas y usuarios particulares - la intención del Gobierno
Nacional de traspasar la concesión.
El 3 de enero de 2012, se suscribió un
acta-acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, donde el
primero solamente se comprometía a pagar el cincuenta por ciento (50%) del
subsidio correspondiente a ese año ($ 360.000.000) y el segundo ratificaba su
decisión de aceptar la transferencia de la concesión y asumía en ese mismo acto,
el control y fiscalización del contrato, así como el íntegro ejercicio de la potestad
tarifaria.
De esta forma, el Poder Ejecutivo
Nacional instaló el traspaso como parte de una agenda del recorte del gasto
público que atendía sus apremios financieros y fiscales. El Jefe de Gobierno - que
tenía la responsabilidad de llevar la discusión al terreno del avance de la
autonomía porteña - fue funcional a esa estrategia y terminó aceptando ese un
acta vergonzosa, flagrantemente violatoria del artículo 75° inc. 2 de la Constitución
Nacional.
Es que el acuerdo no acompañaba la
transferencia del servicio con la de los recursos correspondientes, que debían
incluir tanto el subsidio para la operación del sistema, como los montos para
financiar inversiones y los gastos administrativos que demandaba el ejercicio de las
funciones de control.
La tragedia ferroviaria ocurrida el 22
de febrero de 2012, en la Estación de Once, evidenció de la manera más terrible
las pésimas condiciones en las que viajan los usuarios del transporte público en el
Área Metropolitana de Buenos Aires y constituyó un punto de inflexión en el
avance de ese proceso.
El Gobierno porteño desconoció la
formalización del traspaso - aunque a sólo cuarenta y ocho horas de firmada el
acta, ya había subido unilateralmente la tarifa llevándola de $ 1,10 a $ 2,50
(Decreto 27/2012) - y se desencadenó una escalada de enfrentamientos con el
Gobierno Nacional que tuvo como respuesta de la Presidenta de la Nación, el envío
de un proyecto de ley al Congreso para ratificar esa acta y redoblar la apuesta,
incluyendo la transferencia del transporte automotor de pasajeros, también sin los
fondos respectivos.
Ese proyecto fue finalmente
aprobado el 28 de marzo de 2012, a partir de la sanción de la Ley 26.740, a la que
nos opusimos presentando una propuesta alternativa respetuosa de la Constitución
Nacional, el carácter autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y los derechos de los
usuarios y trabajadores/as.
En diciembre pasado - en el marco de
un nuevo acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria - la Legislatura porteña
sancionó la Ley 4.472, a través de la cual, las autoridades porteñas volvieron a
aceptar el servicio de subterráneo y premetro, sin que el Gobierno Nacional les
transfiriera los recursos.
Esa norma de setenta y ocho
artículos, estableció la regulación y reestructuración del Sistema de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea, eficiente y de
calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias de
superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria
de superficie y subterráneas así como la seguridad operativa en la prestación del
servicio público.
Como autoridad de aplicación,
designó a SBASE poniéndola a cargo del desarrollo y la administración del sistema
de infraestructura del SUBTE, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de
control de la operación del servicio. Asimismo, declaró la emergencia en la
prestación del servicio por el término de dos años.
Con el supuesto fin de financiar el
retiro de todo el subsidio nacional, incluyó el incremento de los impuestos de
patentes y de sellos, acompañado por el posterior anuncio de un nuevo aumento
de la tarifa, elevándola - a partir de mediados de marzo de 2013 - a $ 3,50, que
representa un crecimiento del 127%, en tan sólo catorce meses.
Todos esos recursos pasaron a
integrar el denominado FONDO SUBTE, cuyo objeto exclusivo es solventar los
gastos corrientes de mantenimiento y explotación del servicio y las obras de
desarrollo, mejora y expansión.
En consecuencia, el singular "ahorro"
del Gobierno Nacional lo terminaron pagando los porteños y quienes, sin serlo,
utilizan el servicio de subterráneo y premetro en la Ciudad de Buenos Aires.
Para retrotraer esta situación,
consideramos fundamental mantener vigente el debate y el reclamo por el
cumplimiento efectivo del ya mencionado artículo 75º inc. 2 de la Constitución
Nacional.
Ese es el sentido de la iniciativa que
venimos a presentar que - para garantizar una reasignación permanente de los
recursos que el Gobierno Nacional destinaba oportunamente a sostener el servicio
de subterráneo y premetro - propone elevar del 1,40% al 1,70%, la parte que
recibe la Ciudad de los fondos coparticipables que le corresponden a la Nación,
conforme lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley 23.548 y el Decreto
705/2003.
Si se tiene en cuenta que - por
imperio de esas normas - la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha venido
recibiendo en los últimos años, alrededor de $ 2.500 millones, ese 0,3% equivale
aproximadamente a los $ 720 millones que alcanzaba el subsidio.
Para evitar que esos recursos sean
afectados a otro fin por el Gobierno porteño, se dispone su integración al FONDO
SUBTE y se plantea como condición la revisión de los aumentos impositivos y
tarifarios dispuestos por el mismo.
En defensa de los derechos de los
usuarios de este transporte público que es de vital importancia para la
conectividad y el traslado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, urge que el
Congreso Nacional revise lo actuado por él mismo en contradicción con las
disposiciones de nuestra Carta Magna.
Por eso y por las demás razones
expuestas, es que solicitamos el pronto tratamiento de este proyecto de ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS MUNICIPALES (Primera Competencia) |
| TRANSPORTES |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |