1 Manifestar su adhesión a la campaña "Aquí vivo, aquí voto", que impulsa una reforma legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el empadronamiento automático de residentes extranjeros y una reforma de la Ley de Comunas para que puedan también ser elegidos.

2 Solicitar al Poder Ejecutivo que -por intermedio del Ministerio del Interior- impulse en la Federación Argentina de Municipios el empadronamiento automático de residentes extranjeros.

Señor presidente:

I. Residentes extranjeros con derechos

Diversas agrupaciones de residentes extranjeros, apoyadas por organizaciones políticas y de derechos humanos, se movilizan desde hoy para que la Ciudad de Buenos Aires cumpla con un desatendido mandato de su propia Constitución: propiciar que los residentes extranjeros puedan votar para elegir autoridades locales. Una ley del año 2000, si bien requiere que estos vecinos se inscriban en padrones especiales -en vez de quedar inscriptos automáticamente, como los demás-, por lo menos permite que se inscriban en cualquier registro civil y en CGP y centros comunitarios. Pero esto no se cumplió nunca: para empadronarse deben ir al Superior Tribunal de Justicia. Esto, y la falta de campañas de información, llevan a que poco más de 11.000 extranjeros estén empadronados, sobre un total que se acerca a 350.000, o sea el 10 por ciento de la población de la ciudad. "Al no ser votantes, los políticos no se ocupan de ellos", observó un investigador de la Universidad de Lanús. La vigencia del problema se acentúa con la próxima elección de juntas comunales: "Es esencial que los residentes puedan intervenir en la gestión de lo que les concierne en forma inmediata", destacó un representante del CELS.

La campaña "Aquí vivo, aquí voto" impulsa "una reforma legislativa para garantizar el empadronamiento automático" y "una reforma de la Ley de Comunas para que los extranjeros puedan, también, ser elegidos". Para el miércoles 13, convocan a un "empadronamiento masivo", desde las 9 de la mañana, en Cerrito 760. Según advirtió Natalia Belmont -representante de la Corriente Política 17 de Agosto-, "presentaremos también un amparo judicial para obligar al Ejecutivo de la Ciudad a dar la debida difusión y a habilitar los registros civiles como sedes de empadronamiento; también impulsamos una sumatoria de firmas con estos pedidos".

Entretanto, "en las próximas elecciones para las comunas, la mayoría de nosotros no podrá participar, y ninguno podrá ser elegido", deploró Lilian Camacho, integrante de la Red Comunicacional Boliviana en la Argentina, y dio un ejemplo: "Se habla del hacinamiento de personas bolivianas que viven en talleres clandestinos de costura, pero se omite la relación con los conflictos habitacionales del sur: es más caro alquilar en Floresta que en Recoleta, lo cual no es ajeno a la competencia de las comunas".

Es que, como señaló Pablo Ceriani - coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús- , "como estas personas no votan, los actores políticos les prestan muy poca atención, lo cual incrementa su grado de exclusión social. ¿Qué clase de democracia es ésta donde el diez por ciento de la población en condiciones de votar no participa?".

La Constitución porteña otorga derecho al voto en las elecciones locales a los extranjeros con residencia permanente en la ciudad. La ley 334, de 2000, dispone un padrón separado para extranjeros; poco después, una acordada del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad ordenó al gobierno porteño admitir la inscripción en todos los registros civiles y eventualmente en organismos como los CGP y las sedes de colectividades extranjeras, a donde los residentes suelen acudir. Pero ningún gobierno cumplió. "Tampoco se efectuaron las campañas de difusión e información que hubieran sido indispensables", observó Diego Morales, director de programa del CELS. Hasta la fecha, el único lugar de inscripción es la sede del Superior Tribunal de Justicia, en Cerrito 760. En estos años sólo se empadronaron 11.807 personas.

El objetivo de máxima de la campaña "Aquí vivo, aquí voto" es que el empadronamiento sea automático -como para los demás ciudadanos- y que los extranjeros también sean habilitados para ejercer cargos en las juntas comunales. El derecho al voto en elecciones locales para residentes extranjeros existe también en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe y otras localidades; al igual que en la ciudad de Buenos Aires, se requiere su inscripción en un padrón especial. Ceriani comentó que "países europeos como Bélgica y los escandinavos ya reconocieron el derecho a elegir y ser elegidos en los niveles locales, sin padrón separado". Según subrayó Morales, "la importancia de que los residentes puedan decidir en aspectos de gestión que les conciernen se acrecienta a partir de la organización en comunas: por ejemplo, el Parque Indoamericano quedará bajo jurisdicción de una comuna".

En la movida que se inicia hoy participan también la Asociación Civil Federativa Boliviana, Buenos Aires para Todos, la Casa Peruana, la Asociación Dominicanos en Argentina y decenas de entidades más. Hoy habrá mesas de difusión en Cosquín y Rivadavia, barrio de Liniers; Iguazú 1560, Barracas; Corrientes 2465, Once; Bonorino y Castañares, Bajo Flores, así como en la Villa 31 y otros barrios.

II. ¿Por qué los inmigrantes deben tener derecho al voto?

Porque la participación política es un derecho que tiene toda persona.

Porque es una incongruencia hablar de que se pretende la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad si al mismo tiempo se les niega el derecho a la participación política. El voto es un factor de integración. No se le puede pedir a alguien que se sienta cómodo en esta sociedad, que sea responsable y se integre en ella, cuando no se le permite participar en ella y tomar decisiones sobre su futuro.

Porque nos parece difícil justificar democráticamente que millones de personas en la Argentina cumplan con sus deberes, paguen sus impuestos y, sin embargo, no tengan reconocidos sus derechos, en concreto el derecho al voto, y por tanto, no puedan decidir sobre quienes van a influir sobre sus vidas, su trabajo, la educación de sus hijos...

Porque debemos asumir que la única alternativa para alcanzar un desarrollo nacional y latinoamericano justo, humano y solidario, es trabajar por la supresión de toda discriminación injustificada de cualquier individuo o colectivo de los que forman parte de nuestra comunidad.

Porque la negación del derecho al voto a las personas inmigrantes provoca una grave desigualdad con respecto a las personas autóctonas.

Porque mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia y la paz social y es muestra de una grave insensibilidad por parte de nuestros gobiernos.

Porque pedimos que la ciudadanía esté asociada a la residencia y no a la nacionalidad.

Porque como sociedad no podemos seguir tratando a estas personas como si fueran de segunda categoría, mientras proclamamos la igualdad de derechos.

Porque el derecho al voto es uno de los derechos fundamentales de las personas, tal y como recoge la Declaración Universal de 1948.

Porque las carencias jurídicas de mecanismos de promoción social y de participación política relegan a las personas inmigrantes a una condición inferior.

Porque avanzar en la ciudadanía supone romper con la visión instrumental y utilitarista de la inmigración, limitada al mercado de trabajo y con una idea provisional de su presencia.

Porque una sociedad que se divide en ciudadanos de primera y segunda es una sociedad injusta.

Porque el estado del bienestar no puede ser sólo para una parte de la sociedad.

Porque el acceso al voto de toda la ciudadanía es algo que nos beneficia a todos, pues el conocimiento de todas las opiniones, así como el reconocimiento de la totalidad de los ciudadanos hará más democrática nuestra sociedad. La exclusión es todo lo contrario a la democracia.

Porque la sociedad argentina será mejor en la medida en que sea más democrática.

Porque impedir que las personas extranjeras que residen en la Argentina no puedan votar, ni ser elegidos, refuerza la figura del inmigrante como pura fuerza de trabajo, y lo hace invisible en otros ámbitos fundamentales de la vida social.

Porque marginar a los inmigrantes regularizados impidiendo su derecho al voto es apostar políticamente por crear condiciones que favorecen la exclusión social.

III. Consideraciones finales