Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y de los organismos que estime corresponder, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los siguientes puntos respecto del Decreto 153/17 por el cual se crea un Polo de Desarrollo Urbano en la denominada “Isla Demarchi”:

1. Qué se entiende por Polo de Desarrollo Urbano y qué características tendrá efectivamente proyecto que se pretende desarrollar en el área afectada por el decreto.

2. Cuál será la situación de los trabajadores que se desempeñan actualmente en el área una vez que los inmuebles del lugar sean efectivamente desafectados de su presente uso.

3. De qué modo se prevé la participación del sector privado en el área, cuál será el rol del sector público y cómo se controlará que el proyecto no implique una regresiva transferencia de patrimonio del Estado hacia el sector privado

4. Qué beneficios se estima tendrá el Polo de Desarrollo Urbano para el Estado Nacional, para la ciudadanía y para la Ciudad de Buenos Aires.

Señor presidente:

A través del Decreto N° 153 del 9 de marzo de 2017, el Poder Ejecutivo ordena la desafección de un valioso predio ubicado en la Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de un Polo de Desarrollo Urbano.

Este terreno de 12 hectáreas, propiedad del Estado Nacional, originalmente pertenecía a la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Por Decreto N° 1722 de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo desafectó para el desarrollo de un Polo Industrial Audiovisual. Sin embargo, este proyecto, fuertemente publicitado, que prometía la generación de puestos de trabajo a través del fomento a la industria audiovisual, no prosperó, entre otras razones por falta de adecuación normativa por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, el presente proyecto, notablemente menos publicitado, busca incidir sobre el futuro de estos mismos terrenos, sin definir expresamente cuál será su efectivo destino. El decreto sostiene que no se debe limitar el destino del terreno a un uso específico, sino aprovechar las potencialidades del área para el desarrollo de una amplia variedad de actividades. En otros términos, se está delegando en el mercado el poder de decisión sobre destino de un inmueble que tiene un importante valor estratégico para la ciudad. En función de su ubicación privilegiada y de su cercanía a Puerto Madero, seguramente será adquirido para el desarrollo inmobiliario orientado a la construcción de viviendas para el sector de mayor poder adquisitivo y la edificación de oficinas de alta categoría.

En ese sentido, el decreto no hace referencia a los beneficios podría reportar el desarrollo de un Polo de Desarrollo Urbano para el Estado, la ciudadanía o la ciudad de Buenos Aires. Sólo se menciona que implica un uso racional de los bienes del estado y que se enmarca en una política de carácter redistributivo. Sin embargo, si no se precisa cómo se dará la articulación público privada, la política podría terminar asumiendo un carácter redistributivo, pero en detrimento del Estado y a favor de los grupos concentrados del sector inmobiliario.

Tampoco se hace mención a cuál será la situación de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el área. Si bien gran parte de las instalaciones del lugar se encuentran en desuso, en estos terrenos siguen funcionando la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos, empresas de dragado, la Escuela Nacional Fluvial y el Complejo Industrial Naval Argentino (Cinar). En total hay más de 600 trabajadores en la zona, que se verán afectados por el decreto presidencial

Por estas razones solicitó a los señores diputados su apoyo para impulsar el presente proyecto de Resolución.