Artículo 1°: Revóquese la transferencia a título gratuito realizada por la Ley 24.506 a favor de la Asociación Civil Club Teléfonos, Buenos Aires, del inmueble sito en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción II, Sección F, Fracción II, Parcelas 1 y 2, partidas inmobiliarias números 48.275 y 9.024, que se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, bajo el número de dominio 658 en el partido de Vicente López (110), La Plata, 21 de mayo de 1971 a favor del Estado Argentino.

Artículo 2°: Facúltase al Poder Ejecutivo para que a través del organismo que corresponda, proceda a celebrar los actos administrativos y/o judiciales tendientes al perfeccionamiento de la revocación y la realización de los trámites registrales pertinentes.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Por ley 24.506 se transfirió a título gratuito la titularidad del inmueble propiedad del Estado Argentino sito en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es la siguiente:

Circunscripción 11, Sección F, Fracción 11, Parcelas 1 y 2, partidas inmobiliarias números 48.275 y 9.024, que se encontraba inscripto en el Registro de las Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, bajo el número de dominio 658 en el partido de Vicente López (110), La Plata, 21 de mayo de 1971 a favor del Estado Argentino.

Esta transferencia se realizó con el cargo que el inmueble debería ser destinado al cumplimiento de las actividades sociales y deportivas de la Asociación Civil Club Teléfonos, Buenos Aires.

Luego de varios problemas económicos por parte del Club Teléfonos, con fecha 21 de mayo de 2002 el Juzgado Civil N° 7 de San Isidro dispone la apertura del concurso preventivo del Club Teléfonos Buenos Aires, que culmina con la homologación del acuerdo con sus acreedores el 10 de diciembre de 2003. Dicho acuerdo homologado fue incumplido y el 25 de abril de 2008 se decreta la quiebra de la institución, por lo que su liquidación está a cargo de la sindicatura designada por el juzgado.

Existe actualmente un pedido ante la Municipalidad de Vicente López con el objeto de conseguir un cambio en la zonificación del predio para realizar la venta de un sector que se destinaría a la construcción de un complejo habitacional. Esta solicitud de cambio de zonificación, con la intencionalidad de su venta esta en clara contraposición con lo preceptuado en la transferencia del inmueble transferido mediante la Ley 24.506, ya que en su artículo primero establece en forma clara y fehaciente que se lo hace con el cargo de utilizar el predio para realizar las actividades sociales y deportivas del club, no para su venta.

La quiebra decretada por el club y el incumplimiento de lo establecido por la ley que dio lugar a la cesión del predio, fundamenta la presente solicitud de retrocesión para que el Estado Nacional pueda destinar el predio a su utilización social y no a su venta para beneficio particular.

La expresión transferencia gratuita, propia del derecho público, corresponde en el derecho privado a la donación. El Estado no dona, pues en su función de administrador de intereses comunes sólo puede transferir a la comunidad, servicios, recursos financieros o recursos materiales; igual situación se da para transferencias a otros organismos del sector público, nacional, provincial o municipal siendo de este modo inapropiado utilizar el vocablo donación para las transferencias del Estado.

La transferencia de bienes inmuebles sin cargo se encuentra regulada por los artículos 51, 52 Y 53 de la Ley de Contabilidad Pública. Las transferencias con cargo no tienen regulación especial, por ende se rigen por las normas del Código Civil.

En tal sentido el Código establece claramente la facultad de revocar una donación con cargo, cuando dichas condiciones no son cumplidas por el donatario. También dispone la necesidad de la constitución en mora del donatario cuando dicha obligación no ha sido cumplida.

Asimismo, del texto de la ley 24.506, surge claramente que la sesión del bien fue efectuada con un cargo específico para el adquirente, de modo que un cambio de destino importa la obligación del Estado de revocar la transferencia

En el caso que estamos señalando, la donación se ha practicado por Ley y la norma (ley 24.506) no contiene un régimen de apercibimiento ni sancionatorio para el caso del incumplimiento, por lo tanto la transferencia debe ser revocada por ley.

Por ello es que se le concede al PEN la facultad de ejercer los actos administrativos o las acciones judiciales tendientes al perfeccionamiento de la revocación y a la inscripción registral del bien.

Por todo ello es que solicitamos a los señores diputados la aprobación de esta Ley.