Art. 1°: Dispóngase el desafuero del diputado nacional Julio De Vido, quien integra el Bloque Frente para la Victoria-PJ, según lo dispuesto en el art. 2° de la Ley de Fueros, N° 25.320, y según consta en el art. 70° de la Constitución Nacional, con el objeto de que avance la investigación, sin ningún condicionamiento, sobre las responsabilidades que le competen a su persona en delitos comunes de corrupción en momentos del ejercicio de su cargo como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Art. 2°: de Forma

Señor presidente:

Históricamente, los fueros parlamentarios fueron introducidos como norma para evitar las presiones y persecución del poder por las opiniones político-ideológicas expresadas por los legisladores, para defender el derecho a la opinión pública y a la participación de los diputados en acciones sociales que cuestionen al poder de turno. Estos principios los defendemos en función de garantizar la más libre expresión y acciones en función de la defensa de ideas y derechos sociales.

Pero en los últimos meses se ha presentado una situación diferente. Se quiere hacer una utilización de los fueros para evitar una investigación judicial, el posible juzgamiento y condena por delitos comunes de corrupción que pesan sobre el diputado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los años 2003 y 2015, que han tenido como base un desfalco del patrimonio y cuentas públicas en favor de grupos empresariales, funcionarios de gobierno y sectores de la burocracia sindical.

El vaciamiento de ciertos servicios públicos, producido por este sistema de corrupción, ha llegado al punto de cobrarse la vida de 51 personas y una por nacer, en lo que se llamó la “Tragedia de Once”, para nosotros “Masacre de Once”, en la medida que fue el resultado de una política consciente de vaciamiento del servicio de trenes, con desvío permanente de fondos, tercerización y precariedad laboral, ausencia de mantenimiento e inversiones, etc. Los familiares de las víctimas se encuentran, desde el mismo momento que ocurrió el crimen, llevando adelante una esforzada lucha por lograr la condena a todos los responsables materiales e intelectuales, que incluye empresarios y funcionarios, que hoy muchos de éstos últimos pretenden evitar utilizando sus fueros.

La diputada del Partido Obrero Soledad Sosa, integrante del Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en la Sesión ordinaria del 18 de mayo de 2016, anticipó lo planteado en este proyecto de Ley, a través de una cuestión de privilegio. Transcribimos aquí su intervención que consta en las actas taquigráficas de dicha sesión: “Señor presidente: el Partido Obrero en el Frente de Izquierda quiere plantear una cuestión de privilegio sobre el mal uso que se viene haciendo de los fueros parlamentarios. Digo esto en relación con la acusación y el proceso judicial que recae sobre el diputado nacional Julio De Vido. Se trata de un reclamo popular de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, que desde febrero de 2012 están peregrinando ante la Justicia para que se procese a todos los responsables políticos directos e indirectos. Si bien en la Argentina los fueros parlamentarios fueron creados para proteger el accionar político de los parlamentarios y el derecho a la opinión pública a cuestionar el accionar del gobierno, a participar de las luchas, no han sido creados para que se amparen en ellos y de esta forma evadir dar explicaciones ante la Justicia por delitos comunes como la corrupción en la que pudieran estar involucrados. Ya este Congreso tiene antecedentes en el uso indebido de los fueros parlamentarios para evadir la explicación ante la Justicia. Fue utilizado por un personaje nefasto por lo menos para mí y para muchos jóvenes de mi generación como fue el ex presidente Carlos Menem, quien siendo senador apeló a los fueros para evitar dar explicaciones ante la imputación por la venta ilegal de armas y el ocultamiento de las pruebas en la causa AMIA. El reclamo de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once ataca la corrupción en este país, que tiene tres patas concretas: la de los empresarios corruptos y ladrones, la del Estado a través de sus funcionarios que se asocian con los primeros en este delito y la de la burocracia sindical cómplice y adicta a todos los gobiernos, que sumadas a la desinversión y el vaciamiento produjeron una tragedia que era evitable y que se cobró la vida de cincuenta y dos personas y provocó más de setecientos heridos. Por este accionar corrupto, esta metodología con esta tríada impune, tuvimos el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que dos años antes, mediante la lucha de los trabajadores, había denunciado la tercerización y el vaciamiento que provocaron estos accidentes. Nosotros no podemos hacernos los distraídos ante este reclamo popular; por eso planteamos que los fueros parlamentarios no deben obstaculizar los pedidos de justicia de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once”.

La reciente detención de José López, ex secretario de Obras Públicas y una persona clave del kirchnerismo desde 1991 hasta 2015 (en el gobierno de Santa Cruz y luego en el gobierno nacional), ha tenido un profundo impacto social por lo burdo, rayando características cinematográficas, cuando fue descubierto mientras escondía más de 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Lo que ha vuelto a colocar al actual diputado De Vido, a la ex Presidenta y un cúmulo de funcionarios en el armado y sostenimiento de todo un régimen de corruptelas. José López fue el funcionario de mayor peso que actuaba junto a Julio De Vido en el reparto de la obra pública durante la gestión kirchnerista. Habría sido uno de los artífices principales del esquema de sobrefacturación de obras y enriquecimiento ilícito que enlazó a la patria contratista con la camarilla de gobierno. Esta detención se produce a semanas de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro De Vido fueran imputados por lavado de dinero y maniobras de sobreprecios en la obra pública, luego de las declaraciones de Leonardo Fariña y a escasos días de las detenciones de Lázaro Báez y Ricardo Jaime.

Pero estas bolsas de dinero, que se pretendían resguardar en un convento, forman parte de todo un esquema de “retornos” por adjudicaciones en la obra pública y otros contratos con el presupuesto del Estado. Esos recursos llenaron las arcas de decenas de empresarios, como es el caso de Lázaro Báez, y de funcionarios que recibían su parte.

El primer acto de corrupción que se hizo conocido fue en el año 2006 con el caso Skanska, que involucró a José López, De Vido, Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y Néstor Ulloa (titular de Nación Fideicomisos) en la adjudicación de los gasoductos del sur en favor del grupo internacional Skanska. Se investigaba si la filial argentina de la empresa sueca pagó coimas para participar de la construcción de una planta compresora para el gasoducto. En la causa fue imputado uno de los hombres de confianza de De Vido, Roberto Baratta, a la vez que el ex ministro también era investigado. En aquel momento, finalmente el hecho fue progresivamente enterrado tanto en el plano mediático como en el judicial, cuando todavía se servían del “modelo” las diferentes fracciones capitalistas. Como sucedió también en el año 2004, cuando la Cámara Federal sobreseyó al ministro De Vido, a pesar de numerosas pruebas en su contra, en una causa por sobreprecios en la compra de locomotoras viejas.

Otro caso que involucró al ex ministro de Planificación tuvo que ver con las negociaciones en torno a Cerro Dragón por la explotación de esa área petrolera. Fue investigado por “enriquecimiento ilícito”, en el caso de supuestas coimas en la extensión de la concesión del yacimiento de petróleo más importante de la Argentina, negociaciones que finalmente concluyeron con una concesión de 40 años. El caso por el “Acuerdo para la Implementación de inversiones hidrocarburíferas en la provincia” también involucró a la administración Das Neves que firmó el acuerdo por el cual se extendía la concesión que tenía PAE en la provincia desde el 2017 hasta el 2047. El perjuicio económico de esta maniobra para Chubut sería incalculable, además de que excede lo autorizado por la ley 17.319. Según informes periodísticos, “Cerro Dragón extrae el 18% del total del petróleo del país”.

Este año, De Vido fue imputado por sobreprecios en la construcción de las llamadas "torres gemelas" en Santiago del Estero, por la edificación de las sedes de los ministerios de Economía y Educación, adjudicados a la constructora Panedile, a la cual desde el 2005 se le vienen adjudicando obras públicas en dicha provincia. Además, fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, que dejó 51 personas muertas y una por nacer y 700 heridos.

Este proyecto de ley no pretende responsabilizar a una sola persona sobre los hechos de corrupción y desfalco de los recursos estatales del país. Somos conscientes de que aquí hay todo un régimen que funciona desde el propio riñón del Estado y que atraviesa a diversos bloques políticos. Pero sí pretende, ante el caso concreto, impedir que se utilicen los fueros parlamentarios para evitar pagar por las responsabilidades que le caben a cada ex funcionario o funcionario actual.

Somos conscientes, a su vez, de que el actual avance de la Justicia sobre la corrupción de los funcionarios del anterior gobierno está cruzado por la pelea entre camarillas gubernamentales entre oficialismo y oposición (a través de una “guerra de carpetazos”), pero esto no significa, como lo hemos denunciado numerosas veces en el pasado, que estos actos de desfalcos no se hayan producido y que no hayan sido en detrimento de los intereses populares y de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores.

Queremos destacar también que las imputaciones e investigaciones sobre delitos comunes de corrupción envuelven a todo el régimen político. Lázaro Báez ha salido a ventilar sus vínculos con Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri y otra cabeza importante de la “patria contratista”. Nicolás Caputo fue beneficiado con más de 1.000 millones de dólares en obra pública por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión macrista. Calcaterra, a su vez, hizo negocios con el gobierno anterior. Enarsa le adjudicó en 2010 la construcción de la usina Ensenada Barragán. “Se trata, ni más ni menos, de la usina termoeléctrica en la que más dinero desembolsó el kirchnerismo y que aún permanece inconclusa” (Perfil, 29/5). La justicia investiga si se pagaron sobreprecios. El macrismo, finalmente, tiene en los Caputo y Calcaterra a sus propios Báez. Pero además, el propio presidente Mauricio Macri está involucrado en el caso conocido como “Panamá Papers”, por poseer cuentas offshore, mecanismo por el cual se evaden impuestos y se fugan capitales del país.

Hay que señalar que paralelamente a todos estos actos delictivos, desvío de fondos, sobreprecios y maniobras fraudulentas que producen un enriquecimiento privado de camarillas de funcionarios y empresarios, y el salvataje de los grupos capitalistas ante la crisis, los trabajadores y el pueblo sufren un brutal ajuste, a través de despidos, suspensiones, congelamiento de salarios y tarifazos que ha golpeado profundamente sobre el poder adquisitivo y en definitiva en las condiciones de vida de las amplias masas. En este proyecto está contenida nuestra posición de que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los vaciadores y capitalistas que provocaron la crisis y defaultearon el país.

Por todo lo dicho, solicitamos a los señores/as diputados/as que acompañen este proyecto.