Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales »
ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 449
Secretario Administrativo DR. URIONDO FRANCISCO MANUEL
Jefe SRA. ROJAS CAMILA SOLEDAD
Martes 14.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752431 Internos 2431/32
caconstitucionales@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE LEY
Expediente: 1543-D-2016
Sumario: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. REGIMEN.
Fecha: 12/04/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 29
LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I
PRINCIPIOS Y ALCANCE
ARTICULO 1°.-
Objeto
Toda persona física o jurídica, pública
o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar,
reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia o bajo control de
cualquier autoridad pública o de alguna de las organizaciones privadas alcanzadas
por esta ley, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés alguno, ni
contar con patrocinio letrado.
Los sujetos obligados deben, a su vez,
proporcionar la información en los términos previstos por esta ley.
ARTICULO 2º.-
Definición
A los efectos de esta ley, se entiende
por información pública todo dato que conste en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que hubiere
sido o debiera ser generado u obtenido por los sujetos obligados que se
mencionan en el artículo 4º de la presente ley.
Esta definición incluye toda constancia
que obrare o debiere obrar en poder o bajo el control de dichos sujetos o cuya
producción hubiere sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que
sirviere de base para una decisión de naturaleza administrativa, tales como las
actas de reuniones oficiales.
ARTICULO 3º.-
Principios
Esta ley se funda en los siguientes
principios:
a) Presunción de publicidad: toda la
información en poder del Estado se presume pública.
b) Transparencia y máxima
divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto
obligado será accesible para todas las personas. El acceso a la información
pública sólo puede ser limitado cuando concurriere alguna de las excepciones
taxativamente previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la
sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.
c) Informalismo: las reglas del
procedimiento para acceder a la información deberán facilitar el ejercicio del
derecho y su inobservancia nunca podrá constituir un obstáculo para ello. Los
sujetos obligados no podrán fundar el rechazo de la solicitud de información en el
incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.
d) Máximo acceso: la información se
publicará de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por
vía de la mayor cantidad de medios disponibles. Apertura: la información será
accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por
medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de
terceros.
e) Disociación: en aquel caso en el
que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente
establecidas por esta ley, la información no exceptuada deberá ser publicada en
una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la
excepción. No discriminación: se deberá entregar información a todas las
personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma
de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.
f) Máxima premura: la información
deberá ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la
preservación de su valor.
g) Gratuidad: el acceso a la
información será gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
h) Control: el cumplimiento de las
normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de
fiscalización permanente. Tanto las resoluciones que denegaren solicitudes de
acceso a la información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la
ambigüedad o la inexactitud de su repuesta, podrán ser recurridas ante otro
órgano.
i) Responsabilidad: el incumplimiento
de las obligaciones que esta ley impone dará lugar a las sanciones disciplinarias o
penales que correspondan.
j) In dubio pro
petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier
reglamentación del derecho de acceso a la información deberá ser efectuada, en
caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la
información.
ARTICULO 4º.-
Sujetos obligados
Son sujetos obligados por las
disposiciones de esta ley:
a) Los organismos o entes de la
administración central, descentralizada y entes estatales en general.
b) El Poder Legislativo y los
organismos que funcionan en su ámbito.
c) El Poder Judicial.
d) El Ministerio Público.
e) Los demás órganos creados
expresamente por la Constitución Nacional.
f) Las empresas y sociedades del
Estado, incluidas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,
las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
g) Las entidades públicas no estatales
en el ejercicio de funciones públicas.
h) Las asociaciones empresariales,
sindicales, partidos políticos y entidades u organizaciones privadas a las que se
les otorgaren subsidios o aportes creados por el Estado nacional, en lo atinente a
la utilización o actividades desarrolladas con dichos aportes o subsidios.
i) Las instituciones o fondos cuya
administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional.
j) Las empresas privadas a las que se
les haya otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma
jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del
dominio público.
k) Los fideicomisos que se
constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado Nacional.
La descripción de esta ley en ningún
caso puede interpretarse como exclusión de sector alguno de la actividad estatal.
ARTICULO 5º.-
Autoridad responsable
Cuando una solicitud de información
sea dirigida a alguno de los sujetos obligados mencionados en los incisos a), b),
c), d), e) del artículo 4°, el funcionario que tendrá bajo su responsabilidad directa la
atención y evacuación de los pedidos de información será aquel que:
a) Pueda tener un conocimiento
efectivo de la información bajo su control.
b) Tenga la potestad suficiente para
hacer cumplir las disposiciones de esta ley.
c) Esté sujeto al régimen de sanciones
ordinario previsto para el escalafón en el que reviste el funcionario. En caso de
que ningún funcionario cumpla con estos tres requisitos, será responsable el
funcionario que cumpla con los requisitos de los incisos a) y b).
TÍTULO II
Del Acceso a la
Información
Capítulo I
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ARTICULO 6º.-
Solicitud
La solicitud de información puede ser
presentada ante el sujeto obligado de quien se requiere la información o ante la
autoridad de aplicación pertinente; por escrito, por vía electrónica, verbalmente o
por cualquier otro medio análogo, sin sujeción a formalidad alguna. No será
necesaria la manifestación del propósito o motivo del requerimiento, ni la
identificación del requirente.
Debe suministrarse al solicitante de la
información el número de expediente o constancia correspondiente a su pedido.
ARTICULO 7º.-
Plazos
El sujeto obligado requerido deberá
responder a la solicitud de información en un plazo no mayor de diez (10) días
hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días
hábiles, si existieren circunstancias especiales que justificaren la imposibilidad de
entregar en término la información solicitada. En ese caso, el sujeto obligado
requerido deberá notificar la decisión fundada de utilizar la prórroga y explicar
cuáles son las circunstancias especiales que la motivaron.
Serán consideradas circunstancias
especiales:
a) La necesidad de buscar y reunir la
información solicitada, en otros establecimientos que estuvieren físicamente
separados de la oficina encargada de procesar el pedido.
b) La necesidad de buscar, reunir y
examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes, diferentes e
independientes entre sí, que se soliciten en un solo pedido.
c) La necesidad de realizar consultas a
otro organismo que pudiere tener un interés importante en la decisión respecto del
pedido.
Si el sujeto obligado requerido
argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de dar
satisfacción a la solicitud, deberá reenviar el pedido a la autoridad de aplicación
pertinente de la presente ley en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. Tanto
en el supuesto previsto en el párrafo anterior como en el caso en el que la solicitud
fuere presentada ante la Autoridad de Aplicación pertinente, esta deberá, en un
plazo no mayor de dos (2) días hábiles, identificar y reenviar la solicitud al sujeto
obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información solicitada.
La autoridad de aplicación pertinente
notificará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la
fecha de reenvío y, si es posible, la fecha de recepción de la solicitud por parte de
aquel. El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información
debe responderla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados desde
la recepción de la solicitud remitida por la Autoridad de Aplicación pertinente. En
caso de que el transcurso del plazo de diez (10) días pusiere en riesgo la utilidad y
la eficacia de la información solicitada, el sujeto obligado deberá responder en un
plazo menor al establecido por esta ley. El solicitante deberá informar al sujeto
obligado y acreditar cuáles son las circunstancias que hicieren necesaria una
respuesta en un plazo menor
ARTICULO 8º.-
Respuesta. Forma y costos
La información solicitada se entregará
en la forma y por el medio que el solicitante hubiere señalado. El solicitante sólo
pagará el costo de reproducción de la información que requiriere, el que no podrá
exceder el valor de la reproducción del material y, eventualmente, el costo de
envío, si así se solicitare. La solicitud no implica la obligación del sujeto obligado
de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el
pedido, salvo que el Estado estuviere legalmente obligado a producirla en virtud
de normas internas o de tratados internacionales.
ARTICULO 9º.-
Denegatoria
El sujeto obligado sólo podrá negarse a
brindar la información, por acto fundado, si se verificare que tal información está
incluida en alguna de las excepciones taxativamente previstas por esta ley. El
silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su
respuesta constituyen denegatoria injustificada a brindar la información solicitada.
La denegatoria habilitará las vías contempladas en los artículos 18 y 19 de la
presente ley. Tanto las resoluciones que concedieren la información como
aquellas que la denegaren deberán indicar que, si el solicitante no estuviere
satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por las
vías previstas en los artículos 18 y 19 de esta ley. Tal notificación deberá incluir la
reproducción textual de esos artículos.
ARTICULO 10º.-
Responsabilidad
Los funcionarios que incumplieren los
deberes impuestos por esta ley serán pasibles de las sanciones disciplinarias que
se establecen en este artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que
correspondan.
Las conductas que se consideran falta
disciplinaria y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud
de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin
fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas con
suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
b) La entrega o puesta a disposición de
la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los
plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones,
será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días.
c) El incumplimiento de las
resoluciones por las que la autoridad de aplicación resuelva los recursos de
apelación administrativa será sancionado con cesantía.
d) El incumplimiento de otros
requerimientos expedidos por la autoridad de aplicación será sancionado con
suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días. Cuando
correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la
acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario, será
aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las
autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del
régimen al que se encontrare sujeto el funcionario. La comisión de cualquiera de
las infracciones precedentes, invocadas con culpa o negligencia, serán
sancionadas con una pena de hasta 1/3 de la prevista, para la infracción
correspondiente. El solicitante de la información, los terceros interesados y la
autoridad de aplicación podrán actuar instando los procedimientos sumariales.
Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del
Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los
magistrados del Ministerio Público, los cuales quedan sujetos a las
responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas
respectivas y el Código Penal de la Nación. Las autoridades de aplicación
reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual deberá garantizar
el ejercicio pleno del derecho de defensa. Todas las sanciones aplicadas a los
sujetos obligados serán publicadas de modo permanente en el sitio web de la
autoridad de aplicación pertinente.
El plazo de prescripción para aplicar
todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la comisión de la
falta, y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la
iniciación del sumario. La resolución que impusiere la sanción será impugnable
únicamente por un recurso directo de apelación ante la Cámara con competencia
en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta. En el caso de los
sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, los responsables de alguna de las conductas tipificadas se
encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y veinte (20) salarios
mínimos vitales y móviles. La multa será impuesta judicialmente a petición del
solicitante y su monto se graduará de acuerdo con los estándares mencionados en
el 2º párrafo de este artículo y con la capacidad económica del sujeto.
Capítulo II
DE LA TRANSPARENCIA
ACTIVA
ARTICULO 11º.-
Instrumentación
Los sujetos obligados contemplados en
el artículo 4º incisos a), b), c), d) y e) deberán publicar en forma obligatoria en sus
respectivos sitios de Internet, de manera accesible, gratuita, actualizada y
procesable por medios automáticos, en los casos que correspondiere, la siguiente
información:
a) Su estructura orgánica, funciones y
atribuciones.
b) Las facultades, funciones y
atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
c) El marco normativo que les sea
aplicable.
d) La nómina de autoridades y personal
que ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por una relación
contractual, incluyendo consultores, pasantes y personal de los proyectos
financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones,
posición en el escalafón.
e) Las escalas salariales, incluyendo
todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a
todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y
contratados.
f) Todo acto o resolución, de carácter
general o particular, especialmente las normas que establecieren beneficios para
el público en general o para un sector, y las actas en las que constare la
deliberación de un cuerpo colegiado, cuando ello ocurriese, así como la versión
taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y
que le hayan servido de sustento o antecedente.
g) Los informes de los votos de cada
miembro en todos los procesos de decisión de los organismos colegiados.
h) La información sobre el presupuesto
asignado, sus modificaciones durante el ejercicio y el estado de ejecución
presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen.
i) El listado completo de las licitaciones,
concursos, contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios,
con especificación de sus objetivos, características, montos y proveedores, así
como los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas
proveedoras, en su caso.
j) Toda transferencia de fondos
públicos y sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
k) Los informes de auditorías o
evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o ex post, referidas
al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades.
l) Los permisos o autorizaciones
otorgados, especificando sus beneficiarios.
m) Todo mecanismo o procedimiento
por medio del cual el público pueda presentar peticiones o de alguna otra manera
incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del organismo
obligado.
n) Un índice de trámites y
procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y
criterios de asignación para acceder a las prestaciones.
o) Un índice de la información en
poder, custodia o bajo el control del sujeto obligado, incluyendo la nómina de
aquellos documentos calificados como secretos o reservados y, en este último
caso, la denominación del documento y la individualización del acto o resolución
en el que conste tal calificación.
p) Un registro electrónico de solicitudes
de información y respuestas, que contenga una lista de las solicitudes recibidas y
la información divulgada.
q) Las sentencias definitivas o
resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así como los
dictámenes del Ministerio Público, con omisión de los nombres, en los casos en
que no procediere revelarlos por disposición de otras leyes o convenciones
internacionales.
Las autoridades de aplicación serán
responsables de definir los esquemas de publicación pertinentes, que deberán ser
implementados de forma obligatoria por los sujetos obligados especificados en
este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, se establece el acceso libre y gratuito vía
Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República
Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
ARTICULO 12º.-
Presentación de informes
anuales
Antes del 1° de marzo de cada año, los
sujetos obligados contemplados en el artículo 4º incisos a), b), c) d) y e) deberán
presentar a la autoridad de aplicación pertinente un informe correspondiente al
año calendario anterior.
Dicho informe deberá incluir:
a) La cantidad de solicitudes de
información que le fueron presentadas y el objeto década una de ellas.
b) La cantidad de solicitudes
respondidas, las pendientes y el tiempo de procesamiento de las mismas.
c) La cantidad de resoluciones que
hubieren denegado solicitudes de información y los fundamentos de cada una de
ellas.
d) La cantidad de acciones judiciales
iniciadas de acuerdo con la presente ley y, en su caso, su resultado.
e) La información relativa a las
sanciones disciplinarias.
f) Las medidas adoptadas para el mejor
cumplimiento de esta ley.
Capítulo III
EXCEPCIONES
ARTICULO 13º.-
Excepciones al deber de
informar
Los sujetos obligados comprendidos en
esta ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida, en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Cuando se tratare de información
clasificada como reservada o secreta por disposición expresa de una Ley del
Congreso de la Nación.
b) Cuando se tratare de información
expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de
la Nación, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las
políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación.
c) Cuando una ley del Congreso de la
Nación declarare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o
política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público o bien
estableciere un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva en ningún
caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las
políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación.
d) Cuando se tratare de información
que pudiere poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario.
e) Cuando se tratare de secretos
industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos
pertenecientes al sujeto obligado y que tuvieren un valor sustancial, o fuere
razonable esperar que lo tuviere, y cuya revelación pudiere perjudicar el nivel de
competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.
f) Cuando se tratare de secretos
industriales, financieros, comerciales, científicos técnicos o tecnológicos
suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían
revelados. También se entenderá que procede esta excepción cuando la
revelación de la información, sin fundamento en la defensa del interés público, que
razonablemente pudiere provocar importantes pérdidas o ganancias financieras, la
pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución
de contratos. Pero cuando el interés vinculado con la salud, seguridad pública y
con la protección del medio ambiente fuere claramente superior en importancia a
los intereses particulares de terceros, deberá revelarse la información.
g) Cuando se tratare de información
preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar
instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por esos
organismos y que se refirieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema
de operación o condición de funcionamiento.
h) Cuando se tratare de información
que obrare en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del
análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e
investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos, o del organismo
o entidad que eventualmente la reemplazare o absorbiere sus funciones.
i) Cuando se tratare de información
preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración, cuya publicidad
pudiere revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa
judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la
información privare a una persona del pleno derecho a un juicio justo.
j) Cuando se tratare de información
referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la ley 25.326,
cuya publicidad constituyere una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que
se contare con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiriere la
información solicitada.
k) Cuando la divulgación pudiere
ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
l) Cualquier información protegida por
el secreto profesional.
m) Cuando se tratare de información
de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por otras leyes o por
compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones
internacionales.
Las autoridades públicas pueden
rechazar el acceso a la información únicamente bajo las circunstancias
precedentes, cuando la restricción fuere legítima y estrictamente necesaria en una
sociedad democrática.
ARTICULO 14º.-
Información parcialmente
reservada
En el caso de que existiere un
documento que contenga información reservada incluida en alguna de las
excepciones contenidas en el artículo anterior, los sujetos obligados deberán
permitir el acceso a la parte del documento no alcanzado por las excepciones.
Asimismo, deberá indicarse que se ha omitido información, por estar contemplada
en una de las excepciones, así como la extensión y ubicación de la información
omitida, salvo que ese dato atentare contra el interés protegido por la excepción.
ARTICULO 15º.-
Requisitos de la
clasificación
La decisión que clasifique determinada
información como reservada deberá indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta
la clasificación.
b) El organismo o fuente que produjo la
información.
c) La fecha o el evento establecido
para el acceso público o la fecha correspondiente a los diez (10) años de la
clasificación original.
d) Las razones que fundamentan la
clasificación.
e) Las partes de información que son
sometidas a la clasificación y las que están disponibles para acceso al público.
ARTICULO 16º.-
Duración de la clasificación
La clasificación de la información como
reservada durará hasta la fecha o hasta el momento en el que ocurra el evento
indicado en la norma que dispuso la reserva. La duración de la clasificación de la
información como reservada no podrá ser mayor de diez (10) años. Cumplido ese
plazo, y, aun cuando la fecha indicada sea posterior o el evento que pone fi n a la
reserva no haya ocurrido, la información será de acceso público en los términos de
la presente ley.
En caso de que la norma que dispuso
la reserva no indicara una fecha específica o evento cuya ocurrencia le ponga fi n,
la información será de acceso público a los tres (3) años de la fecha de la decisión
que la clasificó como reservada. Aun cuando no se hubiera cumplido el plazo
fijado en el párrafo anterior, la información clasificada como reservada será
accesible al público cuando cesaren las circunstancias que fundaron su
clasificación como secreta, o concurriere un interés público superior que justificare
su apertura al público.
Siempre que se cumplan los requisitos
exigidos por la presente ley para la clasificación de la información, se podrá
extender la clasificación o reclasificar una información específica por dos períodos
sucesivos que no podrán exceder cada uno de ellos el plazo de diez (10) años.
Ninguna información podrá mantenerse como reservada por más de treinta años
contados desde su clasificación original, a excepción de la que hubiera sido
proporcionada por una fuente diplomática. En este caso la clasificación de la
información como reservada no podrá exceder de cincuenta (50) años. La
información no podrá ser reclasificada como reservada si ya ha sido abierta al
acceso público.
ARTICULO 17º.-
Apertura al público de la
información clasificada
Dentro de los doce (12) meses de
entrada en vigor de la presente ley, toda información clasificada como reservada
será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10)
años, a excepción de aquella que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como
reservada será accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido el plazo
fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que
fundaron su clasificación como secreta en los términos de lo dispuesto por el
artículo 13 de la presente ley o cuando concurriere un interés público superior que
justificare su apertura al público
Capítulo IV
APELACION ADMINISTRATIVA.
ACCION JUDICIAL
ARTICULO 18º.-
Apelación administrativa
El solicitante de la información podrá,
dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación
de la resolución que hubiere denegado la solicitud o a partir de la verificación de
cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley, presentar una
apelación ante la autoridad de aplicación correspondiente. Cuando la apelación
administrativa tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre
transparencia activa, podrá ser interpuesta en cualquier momento.
La falta de respuesta al pedido de
información por parte del sujeto obligado o la respuesta ambigua, inexacta o
incompleta se interpretará como negativa injustificada de la información solicitada.
La autoridad de aplicación podrá mediar entre el requirente y el sujeto obligado a
fin de lograr la publicidad de la información, sin necesidad de agotar el proceso de
apelación. El solicitante podrá negarse a participar de la mediación o poner fin ella
en cualquier momento. La mediación no suspenderá el plazo de treinta (30) días
hábiles previsto en el párrafo siguiente.
La autoridad de aplicación decidirá,
dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de
la apelación:
a) Rechazar el recurso.
b) Requerir al sujeto obligado que tome
las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.
Se notificara la decisión al solicitante,
al sujeto obligado y a cualquier interesado. Si la resolución no fuere favorable a la
petición del solicitante, la notificación del rechazo a la apelación administrativa
deberá informar sobre el derecho de accionar judicialmente y los plazos previstos
para ello.
ARTICULO 19º.-
Acción judicial de acceso a la
información
Toda persona, física o jurídica, pública
o privada, cuyo derecho de acceso a la información pública se vea lesionado,
restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, podrá
interponer la acción de acceso a la información ante los tribunales de primera
instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal.
La acción de acceso a la información
tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta
ley. No será necesario agotar la instancia de apelación administrativa establecida
por la presente ley. En caso de que una acción de acceso a la información se
interponga estando pendiente la resolución de la apelación administrativa, se
tendrá por desistida dicha apelación.
La acción de acceso a la información
deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles
contados, según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que
haya denegado la solicitud o del vencimiento de los plazos establecidos para la
contestación de la solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro
incumplimiento de lo establecido por esta ley.
b) La notificación de la resolución que
rechace la apelación administrativa prevista en el artículo 18 o el vencimiento del
plazo establecido para el dictado de la resolución de la apelación administrativa,
de acuerdo con lo establecido por la presente ley. Cuando la acción de acceso a la
información tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre
transparencia activa, podrá ser interpuesta en cualquier momento.
La acción judicial de acceso a la
información no veda ni impide la interposición de cualquier otra acción judicial. El
presentante deberá informar si ha iniciado otra acción con similar objeto y, en su
caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.
ARTICULO 20º.-
Carga de la prueba
La carga de la prueba de la existencia
de una de las excepciones previstas en esta ley, deberá recaer en la autoridad
pública.
En particular, la autoridad deberá
establecer:
a) Que la excepción es legítima y
estrictamente necesaria en una sociedad democrática.
b) Que la divulgación de la información
podría causar un daño sustancial a un interés protegido por esta ley.
c) Que la probabilidad y el grado de
dicho daño sea superior al interés público en la divulgación de la información.
TITULO III
Autoridades de
Aplicación
Capítulo I
AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL
PODER EJECUTIVO NACIONAL
ARTICULO 21º.-
Creación
Créase la Comisión de Acceso a la
Información Pública (CAIP), como órgano descentralizado en el ámbito del Poder
Ejecutivo, que actuará con plena autonomía funcional y autarquía financiera.
La Comisión de Acceso a la
Información Pública será la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito
de la administración pública nacional, con competencia para regular, controlar y
exigir el cumplimiento de sus disposiciones, y proveer a la promoción de la
transparencia y protección del derecho de acceso a la información pública.
Los directores de la Comisión de
Acceso a la Información Pública serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
ARTICULO 22º.-
Órgano de gobierno de la
Comisión de Acceso a la Información Pública
El gobierno y la administración de la
Comisión de Acceso a la Información Pública estarán a cargo de un directorio
integrado por un (1) presidente y (4) vocales. El directorio formará quórum con la
mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría
simple. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto. La presidencia del
directorio será ejercida rotativamente por sus miembros, en forma anual.
ARTICULO 23º.-
Rango, remuneración y duración
en el cargo
Los miembros del directorio de la
Comisión de Acceso a la Información Pública tendrán rango y remuneración
equivalente a la de Secretario de Estado, y durarán cinco (5) años en sus cargos
con posibilidad de ser reelegidos por única vez.
ARTICULO 24º.-
Requisitos e
incompatibilidades
Para ser designado en el directorio de
la Comisión de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano
argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario, y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores a secretario del Poder
Ejecutivo nacional en los dos (2) años anteriores a la postulación. Deberán
presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función y
vocación por la defensa de los derechos garantizados en esta ley.
El ejercicio de la función en la
Comisión de Acceso a la Información Pública requiere dedicación exclusiva y
resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la
docencia a tiempo parcial, estándole vedada asimismo la actividad política
partidaria mientras dure el ejercicio de la función.
ARTICULO 25º.-
Cese y remoción de los
miembros de la comisión de acceso a la información pública
Los miembros del directorio de la
comisión de acceso a la información pública pueden cesar en sus funciones por:
1. Remoción fundada en mal
desempeño de su cargo, o razones de salud, cuando la afección torne imposible el
ejercicio de la función, dispuesta por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de una de las Cámaras, previa instrucción de sumario que
garantice el derecho de defensa.
2. Renuncia.
3. Condena firme por delito doloso.
Producida una vacante en el directorio
de la Comisión de Acceso a la Información Pública, tendrá lugar el proceso de
designación indicado en el artículo 24 debiendo iniciarse en un plazo máximo de
treinta (30) días
ARTICULO 26º.-
Competencias
Son competencias de la Comisión de
Acceso a la Información Pública: a) Aprobar el Reglamento de Acceso a la
Información Pública aplicable a todos los sujetos que correspondan en el ámbito
de su competencia; b) Dictar instrucciones generales tendientes al cumplimiento
de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública; c)
Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización,
procedimientos y sistemas de atención al público a la normativa aplicable; d)
Formular recomendaciones tendientes al mejor cumplimiento de la normativa, la
mayor transparencia en la gestión y el ejercicio pleno del derecho al acceso a la
información pública; e) Solicitar a los sujetos obligados expedientes, informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a los efectos de
ejercer sus competencias; f) Aprobar reglamentaciones obligatorias que
establezcan guías, estándares, procedimientos o modalidades sobre tratamiento,
recolección, almacenamiento, difusión, entrega, transporte o archivo de
información pública; g) Resolver los recursos de apelación administrativa que
interpongan los solicitantes de información contra los actos que la denieguen
expresa o tácitamente, o la entreguen en forma parcial, y aquellos que tengan por
finalidad lograr el cumplimiento de las normas de transparencia activa; h)
Supervisar de oficio el cumplimiento de todas las disposiciones normativas sobre
transparencia activa y acceso a la información; i) Recibir y tramitar las denuncias
de los particulares; j) Requerir a los sujetos obligados informes o explicaciones
vinculados con las denuncias realizadas; k) Presentar un informe anual al
Congreso de la Nación dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones que
surge de la presente ley. El informe deberá ser remitido antes del 1º de junio de
cada año a ambas Cámaras, y deberá incluir el detalle de las actuaciones
tramitadas, las resoluciones adoptadas, las sanciones aplicadas, las
modificaciones realizadas a la normativa, las recomendaciones cursadas y las
dificultades observadas para el mejor cumplimiento de la presente; l) Realizar,
directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios
públicos en materia de transparencia y acceso a la información; m) Realizar
actividades de difusión e información al público sobre las materias de su
competencia; n) Elaborar y publicar estadísticas y reportes sobre transparencia y
acceso a la información pública y sobre el cumplimiento de esta ley; o) Celebrar
convenios de cooperación con organizaciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, en el ámbito de su competencia, y celebrar los contratos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; p) Proponer políticas, planes,
programas o anteproyectos de ley en todo lo referido a la materia de su
competencia; q) Aprobar sus reglamentos internos y su estructura orgánica.
ARTICULO 27º.-
Sistema de Transparencia y
Acceso a la Información
La Comisión de Acceso a la
Información Pública desarrollará e implementará un sistema informático de
transparencia y acceso a la información que permitirá a los solicitantes y sujetos
obligados gestionar el proceso de formulación, recepción, seguimiento y respuesta
a las solicitudes de acceso a la información pública a través de Internet. Dicho
sistema deberá asimismo facilitar el descubrimiento, búsqueda, acceso, análisis y
reutilización de la información que los sujetos obligados publiquen en
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia activa.
ARTICULO 28º.-
Unidades de Acceso a la
Información
Los sujetos obligados establecerán en
sus respectivos ámbitos una Unidad de Acceso a la Información cuya misión será
la de recibir y gestionar las solicitudes de acceso a la información, actuar como
enlace ante la Comisión de Acceso a la Información Pública, e implementar lo
dispuesto en materia de transparencia activa, de acuerdo a los lineamientos que
oportunamente disponga la Comisión de Acceso a la Información Pública. Dicha
unidad estará a cargo de un oficial de información que actuará como enlace ante
la Comisión de Acceso a la Información pública, y deberá: a) Recibir, gestionar y
llevar registro de las solicitudes de información; b) Cumplimentar los requisitos en
materia de transparencia activa; c) Brindar asistencia a los usuarios en la
elaboración de solicitudes de información y, en su caso, orientarlos sobre las
dependencias o entidades que pudieran tener la información solicitada; d)
Promover dentro del ente u organismo las mejores prácticas en relación con el
mantenimiento, archivo, conservación y publicación de la información; e) Informar
y responder a los requerimientos de la Comisión de Acceso a la Información
Pública.
Capítulo II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN EN
OTROS PODERES
ARTICULO 29º.-
Creación
El Poder Legislativo, el Poder Judicial
de la Nación por decisión conjunta del Consejo de la Magistratura y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público por decisión conjunta del
Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, establecerán en sus respectivos
ámbitos una autoridad de aplicación con autonomía funcional en un plazo no
mayor a los noventa (90) días desde la publicación de la presente en el Boletín
Oficial. Cada autoridad de aplicación tendrá la misma competencia fi jada para la
Comisión de Acceso a la Información Publica dentro de su ámbito de
actuación
Capítulo III
DISPOSICIONES COMUNES A
TODAS LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN
ARTICULO 30º.-
Designación
La conformación de la autoridad de
aplicación se realizará en todos los casos mediante un proceso público y
participativo. Deberán publicarse en las páginas de Internet de cada órgano de
poder, durante un plazo no menor a cinco (5) días hábiles, y en al menos dos
diarios de circulación nacional durante dos (2) días, los antecedentes de las
personas que se postulan para integrar la autoridad de aplicación.
Los ciudadanos y las organizaciones
de la sociedad civil podrán, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde
la última publicación, presentar por escrito las observaciones y opiniones que
consideren de interés expresar respecto de los candidatos. Este plazo no regirá
para aquellas observaciones fundadas en hechos acontecidos o conocidos con
posterioridad a su vencimiento. Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, dentro del plazo a que se refiere el apartado anterior, se podrá requerir
opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial,
académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.
Dentro de los diez (10) días de vencido
el plazo previsto para la presentación de las observaciones, cada órgano de
poder, convocará a los candidatos a una entrevista de carácter público, en la cual
podrán intervenir miembros de la sociedad civil. Los interesados podrán formular
preguntas a los candidatos. Una vez concluidas las entrevistas públicas, cada
órgano de poder designará los miembros de la Autoridad de Aplicación.
Capítulo VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y FINALES
ARTICULO 31º.-
El Estado debe abstenerse de contratar
la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
ARTICULO 32º.-
La presente ley entrará en vigencia a
partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 33º.-
El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTICULO 34º.-
El Reglamento General de Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional establecido en del decreto
1.172 del año 2003, continuará vigente hasta tanto la autoridad de aplicación
quede conformada y disponga las normas que lo reemplacen.
ARTICULO 35º.-
Las oficinas de atención al público
correspondientes a los sujetos obligados en el artículo 4º incisos a), b), c), d) y e)
deberán exhibir las obligaciones derivadas de esta ley, de acuerdo lo disponga
oportunamente la autoridad de aplicación.
ARTICULO 36º.-
Los sujetos obligados deberán publicar
la información detallada en el artículo 11 "Instrumentación" en el plazo de noventa
(90) días desde la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 37º.-
Hasta tanto se constituya las autoridad
de aplicación creada en el artículo 21 de esta ley, sus funciones podrán ser
ejercidas por el Defensor del Pueblo de la Nación en todo cuanto fuere compatible
con su competencia establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 38º.-
Invitase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente Ley
ARTICULO 39º.
- De forma.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como
finalidad garantizar a toda la ciudadanía el acceso a la información pública.
El ordenamiento jurídico argentino
reconoce al acceso a la información pública como derecho humano. Además, el
ejercicio efectivo de cualquier derecho requiere la existencia y disponibilidad de
información previa que haga posible una verdadera elección.
Por tanto, el presente Proyecto de Ley
de Acceso a la Información Pública debe tener por objeto principal garantizar la
posibilidad de buscar y recibir información en tanto derecho humano fundamental.
El derecho de acceso a la información
pública es reconocido como un derecho humano fundamental por diferentes
declaraciones y tratados internacionales. Algunos de estos instrumentos
internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, cuentan con rango constitucional (art. 75, inc. 22).
Estas normas contemplan la posibilidad
de buscar y recibir información, como un derecho esencial que permite maximizar
la autonomía de las personas y por tanto garantizar verdaderas elecciones. En el
ordenamiento jurídico argentino se encuentran vigentes también otras
declaraciones y tratados de derechos humanos que reconocen el valor inalienable
de la información pública. En este sentido, pueden mencionarse a modo de
ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
En esta clase de instrumentos
normativos, referidos a la protección de ciertos derechos, personas o grupos en
particular, la información pública, desagregada por sexo, aparece como una
herramienta necesaria para la adecuada elaboración e implementación de
políticas públicas por parte de los Estados.
El acceso a la información pública se
presenta así como un derecho humano necesario también para garantizar la plena
vigencia de otros derechos fundamentales como la salud, el voto, la educación, un
ambiente sano, la libertad de expresión o una vida libre de violencia, entre tantos
otros.
En el caso específico de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (o Convención de Belem do Pará), por ejemplo, se prevé la
necesidad de producir información como parte integral de la elaboración de
políticas públicas tendientes a garantizar una vida libre de violencia para las
mujeres. Así, esta norma internacional establece que se debe "garantizar la
investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin
de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean
necesarios...".
Por otra parte, como herramienta para
el ejercicio de derechos fundamentales, la posibilidad de acceder a información
pública también puede constituir un instrumento necesario para una investigación
judicial que garantice el derecho a la verdad como para la instrucción de otras
causas de trascendencia pública o interés colectivo.
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe estar enmarcada
conceptual y jurídicamente en el esquema que ofrece el derecho internacional de
los derechos humanos vigente en Argentina. Existen diferentes aspectos que
permiten determinar y caracterizar qué tipo de información es pública.
El principio general
ampliamente aceptado establece que es pública toda la información que se
encuentre en poder de cualquiera de los órganos o poderes del Estado, salvo
aquella exceptuada taxativamente en normas legales formalmente sancionadas. Al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude
Reyes vs. Chile" ha señalado que "...en una sociedad democrática es
indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima
divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible,
sujeto a un sistema restringido de excepciones".
Se considera pública también, la
información que, aun no encontrándose en poder de los distintos órganos o
poderes del Estado, haya sido elaborada, generada o producida con fondos
públicos. Además, se entiende que es pública aquella información que se genera a
partir de la prestación de un servicio público, la explotación de bienes del dominio
público y toda aquella que surja como consecuencia de la ejecución de funciones
o competencias propias del Estado que éste haya delegado o autorizado a
entidades de naturaleza pública o privada.
Como veremos más adelante, a través
de esta definición de información pública será posible determinar también quienes
son sujetos obligados, es decir quiénes deben ser y con qué alcance, los que
brinden la información pública. Por otra parte, debe especificarse también en este
punto el alcance que corresponde darle a la palabra "información".
A partir de la definición de información
pública que hemos delineado, "información" comprenderá necesariamente desde
simples datos que consten en cualquier tipo de soporte (escrito, digital,
audiovisual, etc.) hasta documentos (proyectos de ley, resoluciones, informes
técnicos, etc.). Asimismo, comprenderá tanto información ya procesada por el
Estado como aquella que éste debe producir por ser el único que cuenta con los
datos disponibles para ello y siempre que esté legalmente obligado a hacerlo.
Finalmente, el presente Proyecto de Ley tiene que prever que el acceso a la
información solicitada debe permitirse más allá del estado en que se encuentren
los datos y/o documentos.
El volumen de la información o el
hecho de que ésta se encuentre diseminada en distintos lugares, no pueden
constituir un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho. Por tales motivos, el
presente Proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe ser
clara respecto de qué constituye "información pública" y sobre qué datos existe la
obligación de garantizar su accesibilidad cuando una persona realiza un
requerimiento. Como se ha señalado, la posibilidad de acceder a información
pública constituye un derecho humano fundamental reconocido por nuestro
ordenamiento jurídico a toda persona. Esto define la legitimación activa a favor de
toda persona e incluye a las personas jurídicas como sujeto capaz de solicitar
información pública. En forma subsidiaria, el derecho de acceso a la información
pública es corolario de la forma de gobierno democrática y republicana.
El pueblo no gobierna por sí mismo,
sino a través de sus representantes, pero este sistema jurídico político que
establece nuestra Constitución reconoce que el mandato es otorgado por el
pueblo a los representantes. Por ello, la información en manos del Estado es
pública y toda persona debe poder requerirla sin importar los motivos de la
solicitud. Además de ser esencial para poder ejercer plenamente otros derechos,
esa información es vital para la participación ciudadana y el monitoreo de las
instituciones públicas.
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe establecer una
legitimación activa amplia, esto es, reconocer la capacidad de ejercer este
derecho humano a toda persona física o jurídica. En virtud de la definición y
amplio alcance de la información pública, el sujeto pasivo del requerimiento de
información debe ser por excelencia el Estado en su conjunto, comprendiendo al
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial.
Además, el presente Proyecto de Ley
Nacional de Acceso a la Información Pública debe prever como sujetos obligados
a aquellos órganos extrapoder existentes a nivel nacional creados por la
Constitución en sus artículos 85 (Auditoría General de la Nación), 86 (Defensor del
Pueblo), 114 (Consejo de la Magistratura) y 120 (Ministerio Público). Un párrafo
aparte merece la situación de las provincias. Si bien el derecho de acceso a la
información pública se encuentra vigente en todo el territorio de nuestro país, al
adoptar Argentina el régimen federal, éstas conservan la facultad de reglar el
ejercicio de este derecho en el ámbito local.
Sin embargo, a la luz de
la llamada cláusula federal prevista en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el presente Proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información
Pública debería cuanto menos invitar a las provincias a adherir al régimen que la
norma establezca. Esto es así en tanto su artículo 28 prevé que "Con respecto a
las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las
entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de
inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de
que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las
disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención".
En lo que respecta al Poder Judicial
como sujeto obligado, en los últimos años ha habido fuertes avances
jurisprudenciales en la materia que determinan que no sólo se deba garantizar el
acceso a información de tipo administrativa o reglamentaria, sino también a
información vinculada a causas de relevancia institucional.
En este sentido, es dable mencionar la
experiencia de organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una mayor
participación, transparencia y monitoreo en causas judiciales de corrupción y
criminalidad económica, así como una mayor publicidad de ciertos procesos que
tienen un marcado interés público.
El 30 de marzo de 2010,
la Sala I de la Cámara de Casación resolvió que "el carácter público de ciertas
personas hace que estén sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad" y
así permitió tomar vista de las actuaciones penales. Este avance de la
jurisprudencia de nuestro país debe verse reflejado en el presente Proyecto de
Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.
Por ello, respecto del Poder Judicial, no
debe limitarse la accesibilidad de la información sólo a aquella generada en
ejercicio de funciones administrativas y reglamentarias, sino que debe incluirse
también la información generada a partir del ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Asimismo, tal como ya se sostuvo, los entes privados deben ser considerados
como sujetos obligados en la medida en que tengan en su poder información de
carácter público.
Insistimos, esto estará determinado en
función de si: 1) la información se genera o produce al ejercer una función,
explotación o servicio que ha sido delegado, otorgado, concedido o autorizado por
el Estado, tal como es el caso de las empresas prestatarias de servicios públicos o
las que explotan un bien del dominio público; 2) la información se produce a partir
de la ejecución de un subsidio, fondo o aporte efectuado por parte del Estado.
Por el contrario, incluir
una fórmula demasiado amplia sobre los entes privados como sujetos obligados
podría ser no sólo cuestionable desde el punto de vista constitucional, sino incluso
incompatible con un régimen general de acceso a la información pública. En este
punto es interesante tomar en consideración lo previsto por la Ley Modelo
Interamericana sobre Acceso a la Información que prevé la inclusión de "...toda
autoridad pública, incluyendo los pertenecientes a todas las ramas del gobierno
(Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en todos los niveles de la estructura
gubernamental interna (central o federal, regional o provincial, municipal, etc.) a
los órganos, organismos o entidades independientes o autónomas de propiedad
del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas
por la constitución o por otras leyes, y a las organizaciones privadas que reciben
fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), o que
desempeñan funciones y servicios públicos en medida tal que esta ley se aplica a
los fondos o beneficios públicos recibidos o las funciones y servicios públicos
desempeñados".
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe garantizar una
legitimación pasiva amplia que alcance a todos los ámbitos del Estado y entidades
que reciban fondos públicos o desarrollen actividades, funciones o servicios
públicos o exploten bienes del dominio público. Como consecuencia del derecho
de acceso a la información pública, surge la obligación del Estado de evitar
establecer restricciones -de cualquier tipo, incluyendo las económicas-, que
impliquen discriminación en el acceso a la información.
Por ello, el principio que debe regir el
ejercicio del derecho a la información pública es el de accesibilidad. Ello supone,
en primer lugar, la gratuidad en el acceso a la información pública. Nadie debe
pagar por acceder a la información solicitada. Sin embargo, si se solicitaren copias
de la información o documentos, el costo de reproducción (papel, cd u otro soporte
de reproducción) éste si podrá ser a cargo de la persona solicitante. No obstante,
esto no podrá nunca significar una restricción irrazonable al ejercicio del derecho.
Existen otros aspectos, tales como el idioma o el nivel socio cultural de la persona
solicitante, que también deben ser considerados para satisfacer plenamente el
derecho de acceso a la información pública sin discriminación.
Por tanto, el presente Proyecto de Ley
Nacional de Acceso a la Información Pública debe tener en consideración el
principio de accesibilidad y el de igualdad y no discriminación a la hora de
establecer los parámetros para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, dejando abierta la posibilidad de analizar el caso concreto cuando las
reglas generales establecidas en la norma pudieran implicar discriminación en el
acceso. La información resulta útil en tanto y en cuanto es entregada al solicitante
dentro de un período razonable y previsible, previamente determinado.
En otras palabras, los datos deben ser
entregados en forma oportuna. Es por ello que deben fijarse plazos breves para
dar respuesta a las solicitudes. En este punto es importante considerar aquellos
supuestos excepcionales en que es necesario contar con más tiempo del que
supone el plazo original para reunir los datos y documentos solicitados. Frente a
estos casos se ha previsto habitualmente la posibilidad de hacer uso de una
prórroga por una única vez, siempre que el sujeto obligado fundamente las
razones para extender el plazo y que las notifique a la persona que solicita la
información dentro del plazo original para dar respuesta.
Al respecto, a la hora de sancionar el
presente Proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, debe
tenerse presente el antecedente del Anexo VII del Decreto 1172/0320, así como la
legislación en materia de acceso a la información pública de otros países que
contemplan plazos de entre 10 y 20 días hábiles, prorrogables -en general- por
igual término y por una única vez. Por tales motivos, el presente Proyecto de Ley
Nacional de Acceso a la Información Pública debe fijar un plazo razonable para
dar respuesta a las solicitudes de información que garantice el criterio de la
oportunidad y no desvirtúe el ejercicio del derecho.
Como correlato de la amplitud del
concepto y alcance de la información pública, el principio rector debe ser el de la
máxima divulgación que supone que toda la información es accesible salvo
aquella exceptuada. Esto determina, a su vez, que ninguna norma pueda
establecer como regla o como práctica posible en el ámbito público, el secreto. En
este sentido, algunas leyes de acceso a la información públicas de otros países
derogan expresamente las normas vigentes que se opongan al principio de
máxima divulgación.
Al respecto, la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión ha establecido que "el principio de máxima
divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el
derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y
limitadas excepciones. De este principio se derivan las siguientes consecuencias:
(1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen
limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de
forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; (2) toda
decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la
carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y (3) ante
una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información".
A esto debe añadirse
que en el marco de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Principio No. 4 reconoce que
"el acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano
fundamental de los individuos [...que] sólo admite limitaciones excepcionales que
deben estar establecidas previamente por la ley..." En igual sentido, la Relatoría
Especial ha sostenido "las causales de restricción que permiten al Estado negarse
a suministrar una información que se encuentra bajo su poder deben estar
consagradas en una ley (previa, escrita y estricta) que tenga como fundamento el
principio de máxima divulgación. Tal como lo ha definido la Corte Interamericana
la palabra ley no puede entenderse en otro sentido que el de ley formal, es decir,
norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder
Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada
Estado...".
Esto es, en nuestro caso, una norma
emanada del órgano con competencia específica para ello, es decir, el Congreso
de la Nación. En otras palabras, la posibilidad de establecer excepciones o
causales de reserva, no pueden ser delegadas en el Poder Ejecutivo ni en ningún
otro órgano; deben surgir de la propia Ley Nacional de Acceso a la Información
Pública. En la práctica, la falta de precisión de las normas que regulan el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública suele habilitar interpretaciones
amplias que colisionan con estos estándares y permiten dilatar la efectiva entrega
de los datos solicitados.
Esto debe ser observado a la hora de
regular las excepciones para establecerlas no sólo de forma taxativa, sino también
con la mayor precisión posible.
En líneas generales, del análisis del
derecho comparado surgen las siguientes excepciones al acceso a la información
pública: a) información expresamente clasificada como reservada (ya previsto en
Decreto 1172/03, tema que se desarrollará a continuación); b) información que
pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario (ya previsto en el Decreto 1172/03); c) información amparada por el
secreto industrial, comercial, financiero, o científico (ya previsto en el Decreto
1172/03); d) información comercial o financiera de terceros que el Estado
Argentino hubiere obtenido en carácter confidencial (ya previsto en el Decreto
1172/03); e) cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional (ya
previsto en el Decreto 1172/03) y aquella que pudiere lesionar el derecho de
defensa de una persona en una causa judicial; f) información referida a datos
personales de carácter sensible cuya publicidad constituya una vulneración del
derecho a la intimidad y al honor (ya previsto en el Decreto 1172/03); g)
información cuya divulgación pudiere ocasionar un peligro a la vida o a la
seguridad de una persona (ya previsto en el Decreto 1172/03).
Dentro de las posibles
limitaciones al principio general de publicidad y máxima divulgación, la información
reservada o clasificada constituye una excepción específica al derecho de acceso
a la información pública que, como veremos, tiene algunas características propias.
Sin embargo, la reserva o clasificación de información pública siempre debe
respetar los criterios generales que se reseñaron hasta aquí. Además,
específicamente sobre la clasificación y reserva se ha resaltado que "exigir que las
causales que permiten a un Estado negarse a suministrar información se
encuentren establecidas en una ley supone un golpe a la discrecionalidad y
arbitrariedad con la que los funcionarios suelen clasificar documentos y no
suministrarlos cuando se los solicita. Asimismo, se evita la aplicación de carácter
de reservado, secreto o confidencial de documentos a través de reglamentos,
ordenanzas u otro tipo de decisión estatal que no sean leyes. La existencia de una
ley contribuye a la erradicación de la inseguridad jurídica respecto al ejercicio de
dicho derecho y respecto a las facultades del Estado para restringirlo".
En líneas generales, el derecho
comparado coincide en señalar que la información podrá ser clasificada como
reservada en los siguientes casos: a) cuando una norma legal en sentido formal
específicamente lo determine; b) cuando se tratare de información relacionada con
la defensa o seguridad nacional, siempre que tenga por auténtico propósito
proteger la existencia e integridad del Estado; c) cuando se tratare de información
relacionada con asuntos diplomáticos, siempre que tenga por auténtico propósito
proteger la existencia e integridad del Estado.
Merece especial
mención el supuesto de defensa o seguridad nacional. La ambigüedad propia de
este concepto ha posibilitado, en la experiencia de un gran número de países, la
clasificación indiscriminada de información pública, incluso de aquélla vinculada a
graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, es importante tener en
consideración lo previsto por el principio 8 de los Principios de Lima en materia de
acceso a la información pública en tanto prevé que "las restricciones por motivos
de seguridad nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la
integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia
que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático.
Una restricción sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si su
propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en su
conjunto".
En concordancia, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene en su Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión que "el acceso a la información en poder
del Estado es un derecho fundamental de los individuos. (...) Este principio sólo
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por
ley para el caso que exista un peligro real o inminente que amenace la seguridad
nacional en sociedades democráticas".
A este escenario se
suma una exigencia propia de la clasificación de información: para ser compatible
con el derecho internacional vigente en nuestro país la reserva debe tener plazo
de vencimiento. Cuando la información esté sujeta a "un régimen de excepción
propio de una sociedad democrática, la posibilidad del Estado de clasificar,
declarar reservado o confidencial información relacionada con los fines legítimos
permitidos por la Convención, debe establecer un límite temporal o condicionado a
la desaparición de su causal". Esta exigencia deriva de que las razones que
motivan la restricción al principio de máxima divulgación no pueden sostenerse
indefinidamente en el tiempo.
En la legislación comparada reciente el
plazo durante el cual la información puede permanecer clasificada como reservada
va de 5 a 15 años. Por su parte, la Ley Modelo Interamericana prevé un plazo de
12 años. Además, estas normas habitualmente establecen que la reserva cae, aún
cuando se encontrare dentro del plazo legal, si se extinguen las causas que dieron
lugar a su clasificación. Debe también destacarse aquí que las leyes de acceso a
la información pública de otros países que fueron sancionadas más recientemente
prevén que las causales de reserva no podrán invocarse cuando la información
solicitada esté vinculada a violaciones de derechos humanos.
En igual sentido, los Comentarios y
Guía de Implementación a la Ley Modelo Interamericana establecen que las
restricciones a la información no pueden ser aplicables en casos de violación a los
derechos humanos ni en casos de delitos de lesa humanidad.
En síntesis, en materia
de excepciones y de reserva de información se ha remarcado que "los Estados
que no cuenten con un sistema legal de restricciones al derecho de acceso no
podrán demostrar que un rechazo de una solicitud de información es acorde a la
Convención Americana. Al adoptar esta legislación deben establecer de forma
taxativa y clara y descriptiva qué tipo de información está sujeta al régimen de
excepciones".
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe prever en forma taxativa
y con la mayor precisión posible las excepciones al principio de máxima
divulgación que rige en materia de derecho de acceso a la información pública.
Además, en caso de reserva o clasificación de información se deberá prever un
límite temporal.
Tanto la legislación comparada de
otros países como algunas normas locales en Argentina, prevén un procedimiento
especial aplicable al trámite de las solicitudes de información. Esto se debe
principalmente a la relevancia del derecho en juego, que justifica la no utilización
de regímenes generales y responde en forma expresa a un estándar de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que exige la expedición de normas y el
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia del derecho de
acceso a la información pública.
La recepción legislativa de este
estándar es importante respecto de diferentes aspectos vinculados al
procedimiento de solicitud de datos públicos pero debe considerarse
especialmente en lo que atañe a la configuración de la denegatoria de información
y al efecto del silencio de los sujetos obligados. Dado que la denegatoria puede
encontrar fundamento en una o más razones, la ley debe establecer con la mayor
claridad posible cuáles son esos supuestos que pueden alegarse para justificar un
rechazo, a fin de poder luego evaluar su razonabilidad.
Otro supuesto relevante que debe estar
claramente determinado en la ley es cómo debe procederse frente al silencio de
los sujetos obligados. Así, se deberá evitar una remisión al régimen general
previsto en la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. Situación ésta que
se ha repetido en la práctica cotidiana, configurando una restricción irrazonable del
derecho de acceso a la información pública de acuerdo, fundamentalmente, al
estándar que determina que la información debe ser oportuna y toda vez que el
régimen general para la configuración del silencio prevé extensos plazos.
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe definir de qué modo y
en qué oportunidad se puede denegar información y qué efectos tiene el silencio
de los sujetos obligados a brindarla. Si una vez presentado el requerimiento, y
cumplido el plazo estipulado en la ley, la demanda de información no se hubiera
satisfecho, se hubiere denegado la información o si habiendo dado respuesta a la
solicitud, ésta fuere ambigua o parcial, se deben contemplar dos posibilidades: a)
solicitar la revisión de la decisión en una instancia administrativa o b) acudir a la
justicia a través de una acción sencilla y rápida.
Es importante que ambas posibilidades
sean receptadas en el presente Proyecto de Ley en virtud de que cada una de
ellas cuenta con distintas ventajas y desventajas para el sujeto que reclama la
vigencia del derecho de acceso a la información. Mientras que la vía administrativa
puede ser más simple de poner en acción y habitualmente no requiere del
patrocinio de un abogado/a, la decisión que se obtenga en esta instancia aún
podrá ser revisada en vía judicial y por tanto configurar un paso más hacia el
efectivo ejercicio del derecho.
En cambio, si bien la vía judicial puede
resultar de más difícil acceso debido a la necesidad del patrocinio jurídico y a otros
aspectos formales y onerosos, la decisión a la que se arribe en esa instancia
probablemente implicará un mejor reconocimiento del derecho en juego. En
cualquier caso, no puede exigirse el agotamiento de la instancia administrativa
para acceder a la vía judicial, ni tampoco negarse la revisión judicial por haberse
optado por realizar un reclamo administrativo en primer lugar. En otras palabras,
frente la denegación, silencio o respuesta incompleta, debe quedar expedita la vía
judicial.
Ahora bien, hasta hoy, en nuestro país
la revisión prevista en sede administrativa ha sido, en general, poco eficaz a la
hora de compeler a la administración pública para que entregue la información que
había denegado ya fuera en forma fundada o a través del silencio. Los dictámenes
o notas a los que se arriba al final del proceso de revisión no son de obligatorio
cumplimiento para los órganos y organismos que no brindaron los datos
solicitados en primer lugar. Es por ello que resulta imprescindible garantizar un
proceso sumarísimo para reclamar la protección del derecho ante la justicia. Este
proceso no debe limitarse al amparo por mora, toda vez que ello restringe la
posibilidad de discutir aspectos esenciales del derecho a la información pública en
sede judicial. Esta vía no garantiza un análisis sustantivo o de fondo sobre el
derecho en juego sino que apunta únicamente a intimar a la Administración
Pública para que se expida.
Al respecto, la Relatoría
para la Libertad de Expresión, con sustento en el citado caso de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos "Claude Reyes vs. Chile", ha establecido
que "Los Estados deben consagrar el derecho a la revisión judicial de la decisión
administrativa a través de un recurso que resulte sencillo, efectivo, expedito y no
oneroso, y que permita controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que
niegan el derecho de acceso a una determinada información o que simplemente
omiten dar respuesta a la solicitud. Dicho recurso debe: (a) resolver el fondo de la
controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso,
y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la
entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y
rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable
para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas".
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe garantizar la posibilidad
de opción entre la vía administrativa y la vía judicial sin exigir el agotamiento de la
primera ni exceptuando el acceso a la justicia en virtud de haber recurrido en
primer lugar a la instancia de revisión administrativa. Además, la ley debe
garantizar la revisión judicial mediante una vía sumarísima que permita restablecer
o reparar el derecho fundamental de acceso a la información pública conculcado.
La Ley de Acceso a la Información
Pública debe invertir los incentivos habituales que un/a funcionario/a pueda tener
para negar información. Así, el temor a la reacción del superior frente al hecho de
haber brindado información, el riesgo de comprometer al Estado por liberar datos
que supuestamente podrían usarse en su contra o la mera resistencia de toda
burocracia a abrirse a quienes que no forman parte de ella, son los motivos que
suelen ofrecerse. Si a ello se le suma la inexistencia de sanción alguna frente a la
negativa de dar información, el sujeto obligado, al tener que optar por responder
de modo afirmativo o negativo al requerimiento, podrá inclinarse con mayor
facilidad por esta última alternativa.
Por ello, en el ámbito del Estado, el
presente Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública debe establecer
responsabilidades claras en cabeza del/de la funcionario/a que haya optado por 1)
negar la información en forma infundada y contraria a lo establecido por la ley; 2)
omitir o entregar de modo parcial información actuando con negligencia; 3) utilizar,
sustraer, ocultar, divulgar o alterar en forma indebida información bajo su custodia
o a la que tenga acceso en virtud de sus funciones. Esa responsabilidad podrá ser
de carácter administrativa, calificando a la conducta como falta grave.
En la legislación comparada, algunos
países han establecido multas personales a los funcionarios públicos involucrados.
Además, estas faltas podrían generar responsabilidad penal en atención al delito
de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe establecer un régimen
de responsabilidades claras dirigido a restringir cualquier margen de
discrecionalidad de los sujetos obligados a dar información. Actualmente existe
consenso respecto de la obligación del Estado de publicar, en forma dinámica,
incluso en ausencia de una solicitud, toda una gama de información de interés
público.
Esto ha sido también
expresado por el Comité Jurídico Interamericano en sus Principios sobre el
Derecho de Acceso a la Información dónde se estableciera que "los órganos
públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades -incluyendo
su política, oportunidades de consultas, actividades que afectan al público,
presupuestos, subsidios, beneficios y contratos- de forma rutinaria y proactiva, aún
en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure que la
información sea accesible y comprensible".
La legislación comparada más reciente
recepta esta exigencia y prevé en su articulado la obligación de parte de todo
organismo o ente del Estado de difundir de oficio determinada información que se
entiende sustantiva para mejorar la transparencia y la publicidad de los actos de
gobierno. Si bien la lista de datos que debe ser difundida en forma proactiva varía
de país a país, los estándares desarrollados en esta temática hacen esperable
que el presente Proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública
contenga la exigencia de difundir, al menos la siguiente información en sus
portales web: a) estructura orgánica, funciones y atribuciones; b) marco normativo
aplicable; c) nómina de funcionarios/as y agentes que cumplen funciones en forma
permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual y las remuneraciones
mensuales correspondientes a cada función; d) los planes, programas y proyectos
que corresponde ejecutar a cada área determinada; e) los informes y actividades
realizadas; f) el presupuesto asignado a cada área, programa y función, las
modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado
en forma trimestral; g) toda transferencia de fondos públicos y la persona física o
jurídica (pública o privada) destinataria; h) las contrataciones públicas; i) los
informes de auditorías o evaluaciones internas o externas; j) los permisos,
concesiones y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares; k) los
mecanismos que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones; l)
el nombre, teléfono, mail y dirección de contacto de los/as agentes encargados de
gestionar y responder las solicitudes de información pública; m) estadísticas de
interés general, de acuerdo a la competencia de cada organismo.
Por tales motivos, el presente Proyecto
de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública debe determinar una serie de
información que tendrá que ser difundida en forma cotidiana y proactiva por las
autoridades públicas. En tanto compete al órgano u organismos que ejerzan la
autoridad de aplicación46 de la ley, la puesta en marcha de una política de Estado
en materia de acceso a la información pública, sus funciones deberían incluir: -
Realizar las acciones necesarias para la adecuación de los sujetos obligados a
efectos de que puedan cumplir con las obligaciones que surjan de la ley; - Generar
protocolos operativos para dar respuesta a las solicitudes de información; -
Entrenar y capacitar a los/as funcionarios/as públicas en esta materia; -
Implementar el régimen de sanciones; - Recibir las denuncias por incumplimiento
de la ley; - Resolver los recursos administrativos presentados; - Efectuar una
auditoria periódica del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa; -
Promover una cultura de transparencia a través de la realización de campañas
sistemáticas para divulgar entre el público en general la existencia y los modos de
ejercicio del derecho de acceso a la información.
Al respecto, la Relatoría Especial para
la libertad de expresión ha señalado que una implementación adecuada implica a)
el diseño de un plan que permita la satisfacción real y efectiva del derecho de
acceso a la información en un período razonable de tiempo. Esto implica, a su vez,
la asignación presupuestaria correspondiente para satisfacer, de manera
progresiva, las demandas que el derecho generará; b) adoptar las normas,
políticas y prácticas que permitan conservar y administrar adecuadamente la
información; c) adoptar una política sistemática de entrenamiento y capacitación
de funcionarios públicos destinados a satisfacer el ejercicio de este derecho.
Además, al momento de legislar en relación con la autoridad de aplicación es
importante tener en consideración los antecedentes existentes sobre este aspecto,
en particular, la experiencia desarrollada a partir de la implementación del Decreto
1172/03 y la red de enlaces y responsables de acceso a la información pública en
los diferentes órganos y organismos dependientes o que funcionan en la órbita del
Poder Ejecutivo Nacional. Por tales motivos, el presente Proyecto de Ley Nacional
de Acceso a la Información Pública deberá establecer que los órganos u
organismos que ejerzan la autoridad de aplicación cuenten con: 1) autonomía
operativa; 2) autarquía financiera; 3) elección transparente y participativa de sus
autoridades; 4) idoneidad técnica de sus autoridades y 5) fuerza vinculante de sus
resoluciones, para garantizar la puesta en marcha de una política pública en
materia de acceso a la información pública
Por las razones expuestas solicito a las
señoras y señores legisladores que me acompañen en el presente Proyecto de
Ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CAVIGLIA, FRANCO AGUSTIN | BUENOS AIRES | JUNTOS POR ARGENTINA |
| GIUSTOZZI, RUBEN DARIO | BUENOS AIRES | JUNTOS POR ARGENTINA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 22/04/2016 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
Dictamen
| Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Diputados | Orden del Dia 0023/2016 | ESTE EXPEDIENTE HA SIDO TENIDO A LA VISTA EN EL O/D 23/16 | 22/04/2016 |