La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Cítese, en forma inmediata, para su interpelación, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, referido a la asistencia de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo ante el pleno de la Cámara de Diputados, al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; al ministro del Interior, Florencio Randazzo; al secretario de Seguridad, Sergio Berni; al ministro de Justicia, Julio Alak; al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y a su turno a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a fin que informen y den explicaciones, en una Sesión Abierta de la Cámara de Diputados, sobre sus responsabilidades en la grave crisis política que atraviesa el país alrededor de lo que constituye un crimen de Estado, en torno a los siguientes puntos:

- los sucesos acaecidos sobre la muerte del fiscal del caso AMIA, Carlos Alberto Nisman.

- la política de encubrimientos y la responsabilidad del Estado Argentino sobre los atentados a la embajada de Israel y la AMIA y particularmente su conexión local.

- la guerra abierta entre diversos Servicios de Informaciones del Estado (SI, Secretaria de Inteligencia del Ejército, etc.). La función de estos. El papel y la actuación de la ex Side, actual SI, dependiente directa del Poder Ejecutivo. Así como el del general César Milani Jefe del Ejército, general de inteligencia, procesado por participación en la represión ilegal del gobierno militar y sus crímenes de lesa humanidad.

- contenido, destino e información del Proyecto X de espionaje al movimiento popular.

- la responsabilidad del gobierno y las contradicciones políticas que emergen del informe elaborado por el fiscal Nisman para ser presentado ante el Congreso.

- la negativa del gobierno de abrir los archivos de la ex Side, actual SI, y demás servicios de información y/o inteligencia, sobre los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. - sobre el contenido de estos y las razones para negarse a dar publicidad los mismos, durante más de 20 años, a pesar de la fuerte inquietud, movilización y reclamo de la inmensa mayoría de la opinión pública nacional.

- el papel de subordinación de los servicios de inteligencia nacionales a agencias extranjeras como el Mossad de Israel, la CIA de los EEUU, el M15 de Gran Bretaña, etc.

- Las causas concretas y reales del despido de Jaime Stiuso y el descabezamiento de la cúpula de la SI.

- Las contradicciones en torno a la política exterior del gobierno en un asunto de interés como es el atentado a la AMIA y la relación con el régimen de Irán.

- Y todos los temas relacionados que los Diputados y Senadores consideren necesario.

Se establece que el carácter de la Sesión en donde se interpelará a los funcionarios sea público, televisado en vivo y en directo, utilizando para ello la Cadena Nacional, con el objetivo de que el conjunto del pueblo argentino pueda seguir las deliberaciones y decisiones que se adopten en consecuencia.

Que la mecánica de dicha Interpelación permita a los diputados intervenir en igual cantidad de tiempo que los ministros y funcionarios convocados, y que la deliberación sea abierta, dando lugar a preguntas y repreguntas, dado el carácter extraordinario de la misma, y debido a la profunda crisis política que atraviesa el país.

Se establece que dicha Sesión se extienda por los días necesarios continuos, con los cuartos intermedios que correspondan, sin límite de tiempo, a fin de agotar el debate de todas las fuerzas políticas intervinientes y las explicaciones de los diversos funcionarios convocados.

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Este proyecto destinado a la interpelación al Gobierno Nacional sale al cruce de la maniobra desviacionista, de autoamnistía y autoencubrimiento, que significa el llamado a sesiones extraordinarias con el sólo objeto de discutir una nueva ley de inteligencia. Se pretende cerrar una crisis política de Estado, sin que nadie pague por sus responsabilidades. El pueblo debe saber, debe poder intervenir, fijar objetivos, movilizarse y eso requiere de este paso imprescindible que es la rendición de cuentas del gobierno nacional ante todas las fuerzas políticas. El debate, inevitablemente, será también la oportunidad para que asuman sus responsabilidades, las fuerzas que gobernaron durante los 20 años de impunidad de la Amia y que garantizaron la continuidad de servicios de inteligencia que hunden sus raíces desde la dictadura militar y han participado de todo tipo de operaciones contra el interés popular y contra el interés nacional en los 30 años de régimen constitucional.

La muerte del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, constituye un crimen de Estado, cuya responsabilidad hay que buscarla en el conjunto del régimen político.

Se trata del último episodio de dos décadas de encubrimiento de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, encubrimiento que involucra a todas las fuerzas políticas oficiales en presencia que se han turnado en el gobierno, en ese periodo, y a las mayores instituciones del Estado, desde la Corte Suprema, los servicios de inteligencia y las representaciones parlamentarias, incluso gobiernos regionales como el de la Ciudad de Buenos Aires.

Las dudosas circunstancias de la muerte del fiscal Nisman se dan en el marco de la evidencia de una guerra entre aparatos enfrentados, de diferentes servicios de inteligencia y/o información (particularmente entre la Secretaría de Inteligencia y la misma Secretaría del Ejército, dependiente del General Milani), de ex miembros y miembros no orgánicos de éstas. En diciembre último, el Poder Ejecutivo procedió a una purga del Servicio de Inteligencia, sin brindar explicaciones, luego de algunos asesinatos mafiosos, destacadamente el de un ex espía llamado Pedro Tomás "El Lauchón" Viale, -ejecutado por fuerzas policiales-, al cual se ha imputado vínculos con el narcotráfico y la trata de personas. La purga afectó al clan Stiuso, que fuera reforzado con poderes excepcionales por el ex presidente Néstor Kirchner.

El antecedente más grave y tenebroso que precede a la muerte del fiscal Nisman, es la consagración de un oficial de inteligencia, César Milani, como Jefe del Ejército. Es imposible no ver en esta designación, predicada "en apoyo al Proyecto Nacional", el intento de centralizar las funciones de espionaje, esto en el marco de la crisis con el Servicio de Inteligencia comandado por Jaime Stiuso. Las noticias públicas han señalado que de esta secretaría han nacido 'planes' como el Proyecto X de la Gendarmería Nacional que denunciara oportunamente el Frente de Izquierda y organizaciones de DDHH y constatado por la justicia federal. La exclusión de una indagatoria al Servicio de Informaciones del Ejército, por otra parte, convertirá a cualquier investigación judicial de la muerte de Nisman en una mascarada.

Asimismo, la muerte del fiscal especial ha provocado un estallido de las contradicciones insalvables de la política exterior del oficialismo, en un asunto de interés estratégico para las potencias imperialistas. En tanto el gobierno impulsó por vía judicial y en los foros internacionales la denuncia de la responsabilidad de Irán por los atentados contra la embajada y el centro de la comunidad judía, en consonancia con la orientación de Estados Unidos e Israel, otro sector del mismo gobierno desarrollaba una actividad paralela de apoyo a los distintos gobiernos del mismo Irán.

El Memorando de Entendimiento, que pretendía alcanzar "la verdad" de lo ocurrido en el atentado de la AMIA, se inscribe en esta línea de acusación a Irán, poniendo al desnudo la contradicción insuperable que llevaría a su fracaso. El gobierno debe hacerse cargo y dar explicaciones, puesto que se trató de una política estratégica iniciada por Néstor Kichner asociada a la llamada "política antiterrorista" del gobierno de Jorge Bush que condujo a su turno a enviar y reafirmar el envío de tropas a Haití y a sancionar la "ley antiterrorista", que es un instrumento de represión al movimiento popular. La causa Amia se basó en informes de inteligencia de la Cia y el Mossad, en tiempos de preparativos bélicos contra Irán.

La muerte del fiscal Nisman ha replanteado, también, de un modo trágico, el estado de otros crímenes de Estado, porque echa nueva luz sobre la responsabilidad de los servicios de espionaje y de represión: desde el asesinato de José Luis Cabezas, la masacre de Río Tercero y la desaparición de Jorge Julio López. Igualmente, los asesinatos de Kosteki y Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en los cuales se encuentran involucradas la Policía Federal y la Bonaerense.

Por estas razones, el problema no puede ser encarado solamente desde el punto de vista judicial, y a través de sumarios internos, porque son justamente estos organismos institucionales los que están severamente cuestionados y, de esta manera, el arbitraje lo tendrían nuevamente los mismos servicios de espionaje nacionales e internacionales responsables de tanto encubrimiento. El planteo de la disolución de la ex SIDE, anunciado por la Presidenta recientemente, constituye una medida distraccionista que lleva a deslindar las responsabilidades políticas que le caben a este gobierno y al régimen político en su conjunto. Disuelven un organismo para ser sustituido por otro con funciones similares. Sólo una de las quince dependencias de inteligencia que tiene el Estado. En definitiva, los responsables de esta crisis política no pueden asumir la dirección de ninguna reforma de las instituciones. La alternativa a esta trampa mortal es la intervención popular.

Un paso hacia esta dirección es la convocatoria que planteamos en este Proyecto de Ley a una Interpelación Pública del Jefe de Gabinete, ministros y funcionarios, arriba mencionados, incluso oportunamente de la propia Presidenta de la Nación, ante el plenario de la Cámara de Diputados, pero con carácter abierto y público, que pueda ser seguido por el pueblo, para que den las explicaciones que correspondan en función de sus responsabilidades en esta crisis.

Incluso la Constitución Nacional plantea esta prerrogativa cuando dice en su artículo 71: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". El Reglamento de la propia Cámara de Diputados, detalla en su artículo 204 este derecho: "Todo diputado puede proponer la citación de uno o más ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado que corresponda para que proporcionen las explicaciones e informes a que se refiere el artículo 71 de la Constitución...". La gravedad de la crisis obliga a proceder en este sentido en forma urgente. La propia Presidenta, incluso, tendría la posibilidad de convocar a Sesiones Extraordinarias con este objetivo, y no con el de distraer a la opinión pública con medidas que deslinden al poder político de sus responsabilidades, como el planteo de "disolución" de la ex SIDE.

Es imperiosa una sesión abierta del Congreso, sin límite de tiempo, televisada en directo, que interpele al gobierno, y a partir de ahí a todos los funcionarios que aparezcan implicados en la interpelación, opositores u oficialistas. Reclamamos que se ponga en funcionamiento la democracia que dicen reivindicar las fuerzas que sostienen al sistema económico y político actual.

En una Sesión Abierta de estas características, además de la comparecencia de los funcionarios, se debería proceder en forma inmediata a la apertura de todos los archivos de las fuerzas de espionaje desde el atentado de la AMIA hasta la fecha. Incluso, los archivos de la dictadura y de todos los servicios de inteligencia, incluidos los del Ejército y los de la Cancillería, (su 'confidencialidad' se ha convertido en una amenaza contra la nación) en la vía de esclarecer todos los crímenes políticos o mafiosos de los últimos treinta años. Se deben desentrañar todas las conspiraciones armadas contra el pueblo: los asesinatos de Kosteki y Santillán, cuyas responsabilidades políticas nunca han sido determinadas; la desaparición de Julio López; el "tráfico de influencias" en la causa de las coimas alrededor del crimen de Mariano Ferreyra, que involucra a un ex agente de la SIDE, entre otros. Además, debería ponerse en debate la inmediata destitución de Milani frente al Ejército, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Se deben rechazar las "comisiones parlamentarias" que funcionan en forma clandestina, como la propuesta de la Bicameral que debe seguir las actividades de Inteligencia, que por otro lado, ni siquiera se ha reunido y el uso de su presupuesto es un enigma. Aquí se trata de dar una respuesta política y evitar que se disipe en la dilación el esclarecimiento de este crimen de Estado y lo que encierra a su alrededor. Se exigen medidas extraordinarias para que esta crisis no cierre con una nueva conspiración política contra el pueblo y los derechos democráticos. Sólo la intervención popular, particularmente de la clase trabajadora, podrá abrir un cauce progresivo a esta crisis política extrema del gobierno y el régimen político en su conjunto.

Por ese motivo el PARTIDO OBRERO en el BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES, plantea a los señores diputados el acompañamiento de este Proyecto de Ley y convoca al pueblo trabajador y que se reclama democrático, a movilizarse para abrir este curso de cambio en la crisis política nacional.