La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su gran preocupación y profundo repudio por la situación laboral de la periodista Débora Plager, quien fue despedida el 26 de noviembre último del canal C5N.

Señor presidente:

Con gran preocupación hemos tomado conocimiento del despido laboral de la periodista del canal C5N Débora Plager.

El hecho se produjo, según declaraciones de la misma "porque sus opiniones no se alineaban con las imposiciones semánticas del medio, a la hora de abordar temas de alta sensibilidad política como el dólar blue, el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, la inflación o el conflicto con los fondos buitre"

Al respecto debemos advertir que desde la compra del paquete accionario del multimedios, por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, varios periodistas que presentaban diferencias de opinión sufrieron actos de censura, también fueron cesados en sus tareas por los nuevos directivos.

Al respecto debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.

En ella se la ampara y protege especialmente por considerarla como la madre de todas las libertades. Del mismo modo la Convención Interamericana de Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la enuncian particularmente.

Por nuestra parte, debemos advertir que esta práctica comunicacional fascista e intimidatoria de desprestigio, ataque al buen nombre y honor de las personas, demandas judiciales y despidos injustificados, entre otros, se está consolidando cada vez más en nuestro país.

Es así como periodistas, empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, jubilados que quieren regalar unos pocos dólares a sus nietos, asociaciones de consumidores, actores, sencillos trabajadores de entes estatales y hasta invitados a programas periodísticos, entre otros partícipes de la vida nacional, son diaria y violentamente atacados desde los organismos oficiales en actitudes autoritarias con herramientas de restricción desde los diversos estamentos de su gestión.

Nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales o durísimas réplicas presidenciales por no uniformar su pensamiento al discurso oficial.

En los últimos tiempos se interpusieron varias demandas judiciales contra periodistas y se conocieron despidos sin causa justificada, con el fin de limitar o amordazar la libertad de expresión, en una práctica totalitaria absolutamente reñida con la vida democrática.

La pluralidad de voces es otro de los mitos que el discurso oficial pretende instituir. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas de gestión que tiene a su alcance a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer.

La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público son elementos de los que se vale la estructura gubernamental para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar.

Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida democrática.Generar causas judiciales, rescindir contratos y privar a los periodistas del legítimo derecho constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita, es un acto de censura inaceptable.

Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante este grave acontecimiento; nos instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los derechos constitucionales a la libre expresión y acompañamos con nuestra solidaridad a la periodista Débora Plager.

A su vez, exigimos el inmediato reintegro a sus actividades periodísticas y al mantenimiento de sus participaciones en los programas, según correspondiere a cada uno de ellos, en los días y horarios en los que usualmente venían estando en el aire.

Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.