La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás organismos competentes en la materia, informen a la H. Cámara de Diputados de la Nación sobre los siguientes puntos vinculados al viaje a Tecnópolis con todos los gastos pagos de los penados: María Belén Silva, condenada a 10 años de prisión por matar a puñaladas a un hombre en Comodoro Rivadavia en febrero del 2012, y de Matías Daniel Gallardo, sentenciado a 8 años de reclusión por asesinar a tiros a un hombre en el año 2011.

1.- Precisar las razones, motivos y circunstancias que obran en poder del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, relacionados con el viaje de los detenidos convictos del sistema judicial chubutense mencionados en el introito y los funcionarios que autorizaron su reclusión momentánea en unidades del Complejo Penitenciario Federal 1 y 4.

2.- Establecer cuáles fueron los gastos asumidos por el Estado nacional con motivo del viaje de los convictos a Buenos Aires, con la finalidad de conocer la Feria de Ciencias, Artes y Tecnología en el Complejo Tecnópolis.

3.- Especificar cuál es el plan mediante el cual fueron invitados los penados a visitar Tecnópolis y efectuar un prolijo detalle de las modalidades del mismo, inversión anual ejecutada y resultados obtenidos.

4.- Evaluar, y referir dicha evaluación a esta Cámara, si el Poder Ejecutivo considera que este es el modo de reinsertar socialmente a delincuentes condenados y si considera que el impacto social de este tipo de modalidades de presunta recuperación es largamente nocivo y altamente negativo.

Señor presidente:

Un hombre y una mujer, ambos presos en Chubut y condenados recientemente por homicidio, fueron autorizados por una jueza a viajar a Buenos Aires para participar de una Feria de Ciencias, Arte y Tecnología que se realizó en Tecnópolis y estalló la polémica.

Daniela Arcuri, jueza penal de ejecución, fue la magistrada que permitió el viaje de María Belén Silva, condenada a 10 años de prisión por matar a puñaladas a un hombre en Comodoro Rivadavia en febrero del 2012, y de Matías Daniel Gallardo, sentenciado a 8 años de reclusión por asesinar a tiros a un hombre en el año 2011, según publica el diario La Nación.

El mismo diario describe que se necesitaron cinco efectivos para trasladar a los presos y el director General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social Rodrigo García Palumbo, quien estuvo a cargo del operativo, presentó su renuncia tras la polémica.

"El objeto es integrar el acceso a la educación en contexto de encierro y de esta forma coadyuvar al tratamiento penitenciario que establece la Ley 24.660", justificó el funcionario cuestionado.

Los gastos estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, a petición del Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Ministerio de Educación, y de Nación, partir de un programa que se implementa en cárceles de todo el país. Durante la estadía en Buenos Aires, Silva permaneció alojada en el Complejo Penitenciario Federal Nº4, Instituto Correccional de Mujeres, y Gallardo en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1, ambos ubicados en Ezeiza (Fuente: diario Los Andes).

Este extravagante hecho, más allá de las excusas pueriles de una presunta resocialización esgrimidas por los responsables de tamaña desmesura, demuestra prima facie una irresponsabilidad manifiesta por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias de la Provincia del Chubut, pero también es extensiva dicha torpeza al Servicio Penitenciario Federal que los alojó durante el viaje de descanso y placer a la Ciudad de Buenos Aires y Tecnópolis.

El gobierno nacional, con una retórica abstrusa, intenta endilgar delitos de toda índole a empresarios, comerciantes, exportadores, productores agropecuarios, banqueros, cambistas, propietarios de medios de comunicación, periodistas, cerealistas, políticos opositores y sindicalistas no domesticados, pero extrañamente banaliza e incluso agasaja los gravísimos delitos de quienes son convictos del sistema judicial, como el caso de los condenados de Chubut que motivan el presente pedido de informes.

Reinsertar socialmente a los presos es un mandato constitucional y el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos humanos. A la luz del juego armónico de las normas de éstos últimos, no gozan Muriel Bareilles y Adrián Calleires, quienes vieron truncadas sus vidas, por los dos asesinos convictos a los que se premió con la concurrencia a la Feria de Tecnópolis. Primero, debió ocurrir el arrepentimiento, pedir perdón a los familiares de los muertos y la salida debió consistir en llevar flores a sus tumbas.

Pido por todo lo expuesto, el acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar este proyecto de resolución.