La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Repudiar y manifestar preocupación por las amenazas que recibiera el pasado jueves 13 de noviembre el periodista de la ciudad de Rosario Germán De los Santos. Asimismo, expresar solidaridad hacia su persona y solicitar se realicen todas las acciones y medidas conducentes para el juzgamiento de los responsables.

Señor presidente:

Es preciso que este cuerpo se exprese frente a la gravedad de una nueva manifestación de la violencia narco que esta vez tuvo por objeto la labor periodística y la libertad de expresión. El número de muertes relacionadas con este flagelo obliga a que este hecho no pase inadvertido.

El periodista santafesino, Germán de los Santos, que se desempeña como corresponsal del diario LA NACION en Rosario, fue víctima de llamadas intimidatorias presumiblemente motivadas en su labor de informar delitos y complicidades en torno al desarrollo del narcotráficos y enfrentamientos entre las bandas que dominan la distribución en la ciudad.

Quien además ejerce su profesión en Radio Dos, de Rosario, y como corresponsal del diario El Litoral, de Santa, recibió los llamados a las 4.30 del jueves 13 de noviembre. Del otro lado del teléfono, una voz le hizo advertencias por sus investigaciones sobre bandas criminales. La amenaza fue concreta, con una detallada descripción de sus movimientos habituales, lo que reveló un seguimiento previo de inteligencia.

"Se notaba que me habían observado", relató el periodista el viernes siguiente en radio Mitre. "Dijeron cosas que me dieron terror, sobre todo una voz con tonada colombiana", agregó.

De los Santos presentó la denuncia judicial y el gobierno de Santa Fe decidió otorgarle una custodia policial. Tras declarar a la tarde en la justicia federal, De los Santos empezó a ser custodiado por la Gendarmería.

Estas amenazas representan un riesgo para la sociedad en su conjunto, además de la gravedad en términos individuales, por cuento afectan la libertad de expresión baluarte en un sistema democrático para el ejercicio de los derechos ciudadanos. "El silencio forzado de periodistas, ya sea porque son eliminados físicamente o porque son psíquicamente intimidados, afecta tanto su derecho al ejercicio de su libertad de expresión como el de la sociedad en su conjunto, que se ve impedida de continuar escuchando la voz silenciada", opina Eduardo Bertoni, doctor en Derecho y director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo.

En su informe de 2013 sobre libertad de prensa, Fopea señaló los riesgos que el narcotráfico plantea a los periodistas y trazó comparaciones con las situaciones vividas en otros países de la región: "De la misma forma que ocurrió en Colombia y en México, crece la agresión contra los periodistas cuando la discusión sobre la presencia del narcotráfico comienza a ser más visible en una sociedad. En Rosario, Mendoza, Salta y en la ciudad de Córdoba hubo incidentes que pueden ser cada vez más graves".

Fopea señaló la necesidad de obtener un fuerte compromiso público para enfrentar estos desafíos antes de que se produzca un ataque concreto sobre la prensa argentina: "No es

necesario empezar a sufrir la agresión directa del narcotráfico hacia el periodismo para reaccionar".

El punto 9no. de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA proclama que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Es necesario investigar lo sucedido y juzgar a los responsables. La libertad de expresión es un baluarte en el sistema democrático, y la labor periodística reviste enorme trascendía cuando se ejerce en búsqueda de la verdad, enfrentando a las mafias cuyos crímenes corroen los cimientos de la convivencia, de los valores ciudadanos y de la propia democracia.

Este cuerpo debe expresar su absoluto respaldo para quien fue víctima de estos hechos por ejercer con valentía su profesión, es deber de todos no callar y ser activamente solidarios.