La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicación y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe a ésta Honorable Cámara, las siguientes cuestiones vinculadas al acuerdo arribado entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., a saber:

1) La emisión del acto administrativo que estableciera las instrucciones invocadas por el funcionario que representó al Estado Nacional en la Audiencia en la que se llegara al acuerdo concursal.

2) Los antecedentes que motivaran el debido acto administrativo, elementos, fundamentos, detalles informativos, dentro del mismo corpus referenciado en el punto 1.

3) Si se ha dado cumplimiento a los mecanismos que el Poder Ejecutivo Nacional tiene a su alcance para acopiar las razones que justificaran la toma de decisión del caso, es decir el obligado tránsito por las instancias de control interno del sector público que mayormente se encuentran establecidas en la Ley N° 24.153 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional), así como las de asesoramiento jurídico de acuerdo a lo previsto en el art. 22 incs. 8 y 9 de la Ley N° 26.338 y del Decreto N° 1755/08.- Es decir el PEN obligado está en haber requerido previamente a la adopción de la decisión de acordar en el concurso preventivo de CORREO ARGENTINO S.A., la intervención de: a) LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, b) LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

4) No obstante a lo señalado en el tópico anterior, se advierte estar igualmente traspasado por la manifiesta existencia de un conflicto de interés que riñe ostensiblemente con los principios de ética pública que delinea la Ley N° 25.188 (Ley de ética pública) por lo que solicitamos además: a) Explique por qué razones no se efectivizó como debiera, la consulta a la Auditoría General de la Nación, como impera en estos casos de aparente conflicto de intereses, donde, ante la necesidad de maximizar el principio de transparencia, el PEN pudo haber solicitado en tiempo y forma al Congreso de la Nación que requiriese la intervención de la AGN, conforme lo prevé el art. Art. 118 inc. “g” de la Ley N° 24.156.-

5) Si al momento de aceptar la propuesta del Correo Argentino S.A. se contempló la reciprocidad de finiquitar con las demandas judiciales de esa empresa hacia el Estado Nacional.

6) Se informe nombres de los funcionarios, profesionales y representantes de la empresa que participaron en la negociación.

7) De dónde emanó la orden de aceptar el acuerdo.

8) Se informe efectivamente de las acciones del Correo y su controlante, en manos de quiénes están.

9) Se informe cómo se conforma el fideicomiso del Sr. Presidente Mauricio Macri.

Señor presidente:

La gravedad institucional y las repercusiones en la opinión pública provocadas por las resultantes del acuerdo llevado a cabo entre el Estado nacional, cuyo titular del Poder Ejecutivo recae en la persona del Presidente Macri, y el Correo Argentino S.A., cuyos responsables convergen en la figura de aquél, amerita como mínimo exigir a través de este pedido de informes al Ejecutivo nacional un detalle de todos los pormenores del arreglo convenido de esta deuda millonaria donde, deudores y decidores, en ropajes similares, celebran condonaciones extraordinarias que benefician sin lugar a dudas a la familia del Sr. Presidente de la Nación en detrimento del superior interés público.

Nosotros, como integrantes del Poder Legislativo no podemos quedar al margen de la investigación y el esclarecimiento de esta situación que ataca la moralidad pública, donde claramente se desdibuja el límite de lo público y lo privado.

Se desprende del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien denunció que "el consentimiento estatal fue otorgado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones (el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos en “carácter transitorio”), sin competencia y sin acreditar de quién recibió instrucciones", lo que a nuestros ojos nos resulta de suma gravedad.

Entre otras cuestiones, la presente iniciativa persigue el objetivo de exigir al Ministerio de Comunicación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que expliciten todos los motivos y elementos que se tuvieron en cuenta para avalar el acuerdo, debiendo detallar si hubo dictámenes de organismos del Estado que prestaren aval a la necesidad de aceptar esa propuesta, porque una decisión de tal magnitud y tipo no puede recaer sobre una sola persona, y menos aún, de carácter “transitorio”.

En un nuevo dictamen, Boquín calificó la conducta de la empresa del Grupo Macri "contraria a la buena fe procesal" e insistió en denunciar "el carácter abusivo de la propuesta de la firma", en ese mismo escrito presentado ante la Cámara, advirtió que tomó conocimiento de una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la empresa.

Según la fiscal, "esa demanda fue entablada 15 días antes de la audiencia en donde se acordó el convenio" y demuestra que la empresa "adoptó una conducta contraria a la buena fe

procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción, mientras se encontraba negociando con el acreedor".

Debemos respaldar totalmente el trabajo de la Justicia pero consideramos que ante un escándalo público de tal magnitud, el Congreso Nacional también tiene la obligación de actuar inmediatamente en defensa de los derechos de todos los argentinos.

Sobre estos puntos en particular y sobre otros conexos que se señalan en el presente pedido de informes pretendemos saber sobre el particular.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.