La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos competentes, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara sobre cuestiones relacionadas al recorte de presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

1- Informe y detalle las razones que determinaron el recorte de 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto 2017 al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

2- Informe y detalle los motivos tomados en consideración para disminuir el presupuesto destinado a la prevención, asistencia y erradicación de violencia contra las mujeres en un contexto de aumento alarmante de la forma más extremas de violencia hacia las mujeres: en los primeros 45 días de este año hubo 58 femicidios.

3- ¿De qué manera se planea cumplir con las metas propuestas en el PNA sin la asignación presupuestaria necesaria para su ejecución?

Señor presidente:

El Estado debe promover políticas públicas que fortalezcan el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones de ningún tipo.

Las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por el Jefe de Gabinete quien, invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género.

Sostienen que el 11 de enero pasado, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Y que con esta decisión se deja sin efecto el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso Nacional en noviembre pasado.

De acuerdo al comunicado en el que difunden la presentación del amparo, quienes integran estas organizaciones consideran que “dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”. Comparto su preocupación y considero importante que los responsables expliquen las razones que motivaron esta decisión en un contexto de aumento alarmante de la forma más extremas de violencia hacia las mujeres: en los primeros 45 días de este año hubo 58 femicidios.

Como bien destacan en su comunicado, en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al Consejo Nacional De las Mujeres se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Advertí sobre esta situación durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2017, y también los hicieron diversas organizaciones que realizaron una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la que soy miembro.

En el texto presentado a la Justicia las organizaciones consideran que “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”. Sin presupuesto no hay política pública, por eso resulta fundamental saber si el Poder Ejecutivo Nacional está comprometido con la ejecución de políticas de prevención, asistencia y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares de la Honorable Cámara acompañen el presente proyecto de resolución.