La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la Procuración del Tesoro de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y demás organismos competentes en la materia, informen a la H. Cámara de Diputados de la Nación sobre los siguientes puntos vinculados a los honorarios abonados por la República Argentina a sus abogados patrocinantes en el exterior, especialmente a quienes la asisten en las frustrantes tramitaciones judiciales en la disputa con los holdouts (fondos buitres).

1.- Precisar si el gobierno ha abonado la suma de 400 millones de dólares a los estudios jurídicos que asisten al país en litigios en el extranjero, acompañando el sustento documental respaldatorio con identificación clara, concreta y precisa de los letrados beneficiarios, costos de sus emolumentos, valor de la hora de asesoramiento, gastos complementarios irrogados y modalidades de pago y acreditación de las respectivas transferencias.

2.- Discriminar con estrictez a qué conflicto atañen cada uno de los honorarios abonados, puntualizando los que se refieran a juicios de los holdouts y temas relacionados con la reestructuración de la deuda soberana, demandas interpuestas ante el CIADI, juicios en trámite en Europa y Japón vinculados con la deuda externa argentina y demás tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos.

3.- Precisar en qué fecha fueron contratados los abogados que asisten a la República Argentina.

Señor presidente:

Este nuevo pedido de informes, complementario del expediente 6559-D-2014 que se halla en Comisión de Relaciones Exteriores y Culto desde el 25 de agosto de 2014, intenta dilucidar si la República Argentina ha abonado a sus abogados en el exterior la suma de cuatrocientos millones de dólares (u$s 400.000.000) en doce años.

Según publicó en tapa el día 2 de noviembre del corriente año el diario La Nación, el Gobierno pagó cerca de 400 millones de dólares al estudio jurídico de Nueva York Cleary, Gottlieb, Steen& Hamilton para defenderse de los fondos buitre en los últimos 12 años. Cada abogado senior de Cleary cobra entre US$ 1000 y 1300 por hora, según hombres de leyes que ejercen en Nueva York y ex funcionarios argentinos consultados.

Fuentes allegadas al caso contra los fondos buitre indicaron que hay que estimar que los patrocinantes de la Argentina le facturan al Gobierno cerca de 3000 horas por mes.

"Son al menos tres millones mensuales, tomando en cuenta que tiene que litigar en varios casos al mismo tiempo", indicaron. De hecho, Cleary lleva la defensa argentina no sólo ante los juzgados de Estados Unidos, sino también de otros países y asimismo ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial (Ciadi), donde un grupo de bonistas italianos reclama cerca de 3000 millones de dólares a la Argentina por la deuda en default.

El abogado top del estudio en términos de litigios es Jonathan Blackman, cuya tarifa está "bien por encima de los 1000 dólares", según comentó un letrado que ejerce hace muchos años en esa plaza financiera. Ex funcionarios argentinos involucrados directamente en el pago a Cleary corroboraron todas las cifras.

En cuanto a la dedicación al caso argentino, el segundo es CarmineBoccuzzi y el tercero es Roger Thomas. Para defenderlos, otro abogado dijo: "Para Cleary una facturación de 20 o 30 millones de dólares por la Argentina por año no es nada relevante, porque ellos deben estar facturando más de mil millones de dólares anuales, dado que son una firma legal muy importante en Nueva York". Sin embargo, el caso argentino le ha otorgado a Cleary una fuerte presencia en otros países de América latina, pese a los magros resultados de su defensa y el fallo en favor de los fondos buitre.

La firma se fundó en 1949, en Europa, y cuenta con más de 1200 abogados de más de 50 países. En su página web, indica que "por más de medio siglo, ClearyGottlieb ha sido líder indiscutido entre los despachos internacionales en América latina. Y agrega que la experiencia incluye la reestructuración "de la deuda cambiaria histórica de la Argentina, de 100.000 millones de dólares".

De hecho, desde 1989 y hasta el default de 2001, Cleary se encargaba de asesorar legalmente al país para sus numerosas transacciones financieras en el exterior. Pero un decreto del presidente Eduardo Duhalde en 2002 designó al estudio como asesor. Allí se aprueba la "contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen& Hamilton con el objeto de patrocinar a la República Argentina en los procesos judiciales en que sea parte el Estado nacional en temas relacionados con la deuda externa argentina y desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos que lleve adelante el Ministerio de Economía".

En el decreto 749/2002, se indicaba que "los honorarios por hora para los paralegales oscilan entre $ 125 y $ 180; para los asociados, desde $ 195 hasta $ 415, y para los socios, entre $ 495 y $ 625. En nuestra experiencia, el cargo promedio por hora para servicios a la República ha sido del orden de $ 375 la hora", según la información del Mecon a la que accedió la colega diputada nacional del bloque PRO Laura Alonso. Con el paso del tiempo, esas cifras quedaron muy desactualizadas.

Por otro lado, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, que como funcionario trabajó con el estudio, dijo que "el principal error de Cleary en el juicio del paripassu, que la Argentina perdió en forma definitiva en junio, fue que convalidó una tasa de interés muy alta respecto de la suma que reclamaban los fondos buitre; en vez de US$ 1600 millones, el estudio debió haber peleado para que fuera una sentencia por US$ 700 millones".

Otro de los momentos más polémicos de su actuación en el caso fue cuando se conoció un memo que indicaba que "la mejor opción para la República es permitir que la Corte Suprema fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos los bonos externos de tal manera que el mecanismo de pago y otros aspectos relacionados se mantenga fuera del alcance de la Corte de Estados Unidos".

Además, el memo indicaba que "la Argentina quiere pagar su deuda reestructurada. Pero las cortes norteamericanas la han puesto en una posición terrible. En una posición que, salvo que sea revisada por el máximo tribunal, parecería que está obligando al país a caer en default en la medida en que ninguna solución intermedia resuelve por completo el dilema creado por las cortes intermedias al dar a cada uno de los holdouts el poder de interrumpir el pago al resto". El documento llevaba la firma de Corrales, Boccuzzi y Blackman.

También fue controvertido su rol en una audiencia, en octubre de 2013, cuando Blackman se enfrentó con ReenaRaggi, jueza de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. "¿Qué significa voluntariamente obedecer?", preguntó la jueza cuando el abogado que representa al país dio a entender que el Gobierno no aceptaría cumplir con un fallo desfavorable. "Vamos a emitir una orden y quiero estar segura de lo que está diciendo; nos está diciendo que no la van a obedecer", siguió Raggi. "Estoy diciendo que no va a ser voluntariamente obedecida", tuvo que admitir Blackman.

Anhelando que este nuevo pedido de informes tenga el curso que corresponde y sea enviado para su respuesta al Poder Ejecutivo, dejando en claro que resultan altamente exageradas las cifras que se habrían pagado por trabajos jurídicos infructuosos, pido el acompañamiento de mis pares a fin de conferir aprobación a esta iniciativa