El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1.- Deróguese el decreto n° 749/02 dictado el 3 de mayo de 2002 por el Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 2.- Declárase rescindido por incompetencia manifiesta y perjudicial para los intereses nacionales la contratación del Estudio de Abogados "CLEARY, GOTTLIEB, STEEN &HAMILTON LLP" de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y revóquense todos los poderes otorgados para representar a la República Argentina en juicios y negociaciones concernientes a la deuda soberana.

Artículo 3.- Convóquese por intermedio de la Procuración del Tesoro de la Nación a una licitación internacional destinada a contratar consultores jurídicos externos, con facultades para intervenir y asesorar en todos los procesos en los cuales la Argentina ha sido demandada en los tribunales extranjeros y el CIADI.

Artículo 4.-Establécese que los profesionales elegidos no deben registrar antecedentes laborales en representación de instituciones financieras que hayan tenido litigios con ningún Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, por la ejecución de deuda soberana.

Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Este proyecto de ley reconoce en parte su inspiración en los proyectos de resolución expedientes 7827-D- 2012 y 2147-D-2013 del Diputado Nacional (M.C.) Fernando SOLANAS y otros Señores Diputados.

Creemos necesario e imprescindible que por ley del Congreso de la Nación se derogue el decreto 749/02 dictado por el presidente interino Dr. Eduardo Alberto Duhalde, se rescinda la vinculación contractual con el estudio "CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP" de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), se revoquen los poderes conferidos a los miembros del staff de dicho buffet profesional y se llame a una licitación internacional destinada a proveer a la Nación de nuevos asesores jurídicos externos.

No es necesario abundar en fundamentaciones ni esgrimir elaborados párrafos para enunciar lo evidente: el estudio Cleary, Gottlieb, Steen& Hamilton ha sido palmariamente ineficaz en la defensa de los intereses nacionales, ha percibido cuantiosos emolumentos y ha demostrado incompetencia inexcusable generando dudas en los Tribunales neoyorquinos respecto de la solvencia y acatamiento de la sentencia o al sugerir en un memo el default hasta diciembre de 2014 para esquivar la cláusula RUFO, sin sopesar las consecuencias jurídico-financieras ni políticas que dañaron el prestigio de la Nación.

El copresidente del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina, Hans Hume, publicó una nota en el diario inglés The Guardian (20/08/2014) titulada: "Whotoblamefor Argentina'sdisastrous default? Itslawyers, of course" ("¿A quién culpar por desastroso default de la Argentina? A sus abogados, por supuesto").

Hume también hace hincapié en el fenomenal error de Cleary que como solución aconsejó el pasado 2 de mayo, que Argentina cayera en default intencional de sus bonos, con el fin de forzar una renegociación de la deuda y llevar el caso fuera de los jueces estadounidenses.

Continúa diciendo: "Echarle la culpa a los abogados es una estrategia de eficacia comprobada y probada. Pero en este caso, daría a la Argentina una manera muy fácil de cambiar de rumbo".

Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton LLP han generado la atmósfera tóxica en el diálogo con los holdouts. La Argentina sin duda podría beneficiarse de asesoramiento jurídico que no esté contaminado con una década de fracasos, aprovechar consejos y buscar soluciones constructivas y un diálogo en lugar de años de continuas batallas perdidas. Mientras que la facturación por hora del estudio neoyorquino caigan definitivamente, las perspectivas para Argentina y su reputación internacional se elevarán.

Hubiera sido laudatorio que el Poder Ejecutivo rescindiera el contrato con la firma legal de Nueva York, derogara el decreto 749 del año 2002 y efectuara un llamamiento para contratar nueva dirección jurídica. Nada de ello ha ocurrido, sino que nuestro país sigue asesorado por un estudio que se encarga de facturar cuantiosos emolumentos y no produce resultados positivos, a la par que emite consejos desatinados.

A la fecha, la Argentina mantiene como abogados defensores a la firma "Cleary,Gottlieb, Steen&Hamilton LLP", estudio que ha sido reiteradamente demostrada que está vinculado con los acreedores de la deuda pública (en especial con el Citibank). Situación ésta que también requiere revisión, como ya se expresara el 10/09/2013 en el dictamen de minoría de esta HCD en el expediente del proyecto de ley enviado en revisión por el Honorable Senado de la Nación por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos en estado de diferimiento de pago en el mediano y largo plazo.

Es por todo ello, que solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar la presente ley.