La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que por medio de los organismos que estime corresponder informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los siguientes puntos respecto de una supuesta transferencia de fondos públicos a diversas Universidades Nacionales en el último mes del pasado año 2015, situación la cual está siendo investigada por la justicia por una supuesta malversación de fondos públicos.

A- Informe acerca de la veracidad de la entrega de una suma cercana a los 750 millones de pesos a diversas Universidades Nacionales durante el último mes del año 2015, por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, a través de diversas resoluciones.

B- Es caso de ser afirmativo el punto (A), indique y especifique las fechas de cada una de las diferentes Resoluciones, mediante la cual se transfieren dichos fondos públicos a diversas casas de estudio.

C- Asimismo indique en forma clara y detallada el objeto y fundamentos de las mencionadas resoluciones, así como también para que Universidades Nacionales fueron destinados dichos montos.

D- De igual forma y en función de los fundamentos de dichas Resoluciones, explique en forma clara y detallada el destino de esos fondos públicos, así como también el estado de situación de acuerdo al origen de los mismos, tomando en consideración el cumplimiento o no de su objeto de origen.

Señor presidente:

El pasado día lunes 14 de noviembre el Fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a 52 universidades nacionales por presunta malversación de caudales públicos.

La denuncia hace referencia a que durante el último mes del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se transfirieron mediante diversas Resoluciones la suma de alrededor de 747 millones de pesos.

Según documentos sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre de 2015 se distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional, dirigido por Alberto Sileoni.

Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento fueron para las nuevas universidades que se crearon entre los años 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.

El fiscal Federal abrió una investigación preliminar en la que recibió documentación de diversos organismos oficiales, como la Jefatura de Gabinete de ministros, el Ministerio de Educación, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

El texto común en las 52 denuncias indica que “deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades nacionales” y que “todos y cada uno de los pesos recibidos” por ellas “deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”.

El Fiscal Federal Guillermo Marijuan presentó las denuncias por separado y distintos jueces fueron sorteados para analizar los casos. Se trata de las universidades de Buenos Aires, Catamarca, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, de Córdoba, de Cuyo, de Entre Ríos, de Formosa, de General San Martín, de General Sarmiento, de Jujuy, de La Matanza, de La Pampa, de La Plata, del Litoral, de Lomas de Zamora, de Luján, de Mar del Plata, de Misiones, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, de Quilmes, de Río Cuarto, de Rosario, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero, del Sur, Tecnológica Nacional, de Tucumán, de La Rioja, de Lanús, de Tres de Febrero, de Villa María, Patagónica Austral, de las Artes, de Chilecito, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro, del Chaco Austral, de Villa Mercedes, de Avellaneda, Del Oeste, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Moreno, Arturo Jauretche, de José C. Paz, de Comechingones, de Hurlingham, del Alto Uruguay y de Rafaela.

Cada juez deberá determinar quiénes fueron las autoridades de los empleados que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos públicos recibidos y de esta forma poder determinar exactamente el destino de los mismos.

Razón por la cual solicitó a los señores diputados su apoyo para impulsar el presente proyecto de Resolución.