El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1: Se incorporan a la Ley 27330, de prohibición de carreras de perros en todo el territorio nacional, los siguientes artículos:

Artículo 4: Se clausurarán los lugares donde se realicen carreras de canes, cualquiera sea su raza, procediendo a la inmediata confiscación de acuerdo a lo normado por el art. 23 del Código Penal de la Nación. Los bienes involucrados con destino a las carreras de canes serán decomisados, con el destino establecido en el artículo 5 de la presente ley.

Artículo 5: El resultado económico de lo obtenido en los embargos y la recaudación obtenida de las multas aplicadas serán integralmente destinadas a la construcción de refugios para los perros víctimas de las carreras, asegurando sus cuidados veterinarios, rehabilitación y esterilización, hasta conseguir su adopción, así como al desarrollo de campañas destinadas a promover la adopción, la tenencia responsable y el cuidado y protección de animales.

Artículo 6: Serán reprimidos con inhabilitación absoluta de CINCO (5) años a DIEZ (10) años los funcionarios públicos que promovieren, alentaren o contribuyeran del modo que fuera a la realización de carreras de perros.

Artículo 2: De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La presente ley es complementaria de la prohibición de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en el todo el territorio nacional, recientemente aprobada en este parlamento. Con esta nueva ley se establece la clausura de los lugares donde estas carreras se realizan y la confiscación de los bienes involucrados. Este proyecto se inscribe en la lucha que importantes organizaciones protectoras de animales vienen dando hace años, para terminar con una perversa actividad basada en la explotación y el maltrato animal.

Alrededor de estas competencias, que se han convertido en el símbolo de la impune tortura de animales, se monta una industria capitalista del juego, con fines doblemente reaccionarios: la existencia de un lucro privado basada en la crueldad sobre los perros, por un lado; y la ludopatía, el fomento de la adicción al juego por parte de la población, que se endeuda, apostando sus ingresos, en un acto embrutecedor que alienta las formas más perversas de diversión, por el otro.

La mayoría de las carreras de perros emplean galgos para su realización. El galgo más valorado en este ambiente es el más veloz, el que rinde mejor en las carreras. La realidad que se oculta detrás de esta actividad es sumamente cruel. Muchas veces, los perros más veloces y rendidores son los que durante el tiempo que “sirven” para correr, reciben ciertos cuidados por parte de sus criadores. En otros casos no es así: muchos de estos perros de carrera, por ser considerados una inversión económica, son sometidos a prácticas ilegales para mejorar su performance, son drogados, reciben estimulación eléctrica, castigos con látigos, etc. Estos galgos son sometidos a un entrenamiento intenso y despiadado para modificar su contextura física y hacerla apta para las carreras, optimizando su velocidad. Pasan la mayor parte del tiempo en jaulas y se les permite salir sólo para entrenar, competir o hacer sus necesidades. Después de un tiempo, estos canes quedan con temblores motores, estresados y puede que su cerebro deje de funcionar a causa de las drogas; en este estado, son abandonados o sacrificados, por generar un gasto innecesario y molesto para quien se dedica a la cría y utilización del galgo. “Cuando los galgos de carrera finalizan su vida útil, que con frecuencia dura sólo dos años y medio (del año y medio a los cuatro años), se convierte en una carga para los propietarios, ya que generan gastos pero no ingresos económicos. Por tanto, deben ser retirados de alguna manera que no afecte las finanzas de sus dueños. Algunos son asesinados (…) otros son abandonados y otros son vendidos a precios muy bajos, especialmente para vivisección y experimentos médicos (…), algunos también son retirados en granjas de cría, donde sirven como sementales” (“Carreras de galgos, deporte o crueldad”, disponible en www.deperros.org).

La gran mayoría de los galgos de carreras son criados por una industria millonaria que busca producir campeones. Aquellos perros que no tienen potencial para correr suelen ser abandonados, eliminados, vendidos a precios muy bajos o, si tienen suerte, entregados a sociedades protectoras de animales.

La crianza de galgos para carreras es una crianza masiva donde se producen muchos más animales que los necesarios. En consecuencia, se aumenta la ya preocupante sobrepoblación de perros sin propietarios, y estos animales terminan abandonados, muertos o empleados para fines crueles. Y los que terminan abandonados aumentan la población de perros callejeros o semi-salvajes, que constituyen problemas muy serios en algunos lugares.

La gran mayoría de los galgos que se jubilan o que no ganan un alto porcentaje de carreras son asesinados por envenenamiento, ahogamiento, inanición o un disparo. The Greyhound Network News y la Greyhound Protection League son dos organizaciones que informan regularmente sobre este tipo de abuso en contra de estos perros. Otros perros pueden ser vendidos a centros de investigación o pistas de carreras extranjeras, donde las condiciones de vida pueden ser incluso peores.

Todo lo expuesto ilustra la imperiosa necesidad de terminar con una actividad que reposa en una cruel explotación de estos animales, tal como vienen sosteniendo numerosas organizaciones. Para ello, hemos establecido en la presente ley la clausura de los lugares donde se realicen las carreras y la inmediata confiscación de los bienes involucrados, porque la única manera de terminar con esta actividad es atacar la ruta de los bienes y desmantelar la estructura del negocio. De nada sirve la aplicación de penas o gravámenes a determinados individuos, si sigue en pie toda la estructura de montaje de las competencias lucrativas: los inmuebles donde la actividad tiene lugar, los instrumentos, útiles y objetos que se emplean para la misma, el dinero y efectos apostados al juego, los valores, bienes o ganancias producto de dichas apuestas.

Los bienes decomisados serán a su vez destinados a atender la situación de los perros víctimas de las carreras, contemplando la construcción de refugios para su atención, donde deberán recibir cuidados veterinarios, rehabilitación y esterilización; esto último atendiendo al mencionado problema de la superpoblación de los mismos, descripto anteriormente. Asimismo deberá destinarse parte de estos fondos al desarrollo de campañas que promuevan la adopción, la tenencia responsable y el cuidado y protección de animales. Es necesario que el Estado asuma de manera urgente y centralizada esta tarea, que hasta el momento llevan a cabo, en la escala de sus posibilidades, las organizaciones protectoras de animales, que en muchos casos refugian y se hacen cargo de la atención de los canes utilizados en las carreras y que son abandonados en un estado deplorable de su salud. Huelga agregar que muchas veces los gastos que demanda la rehabilitación de estos animales son elevados, ya que generalmente quedan lesionados neurológicamente, afectando su motricidad, muchos de ellos, quedan parapléjicos obligados a estar en carros con ruedas de por vida.

Sabemos asimismo que la aprobación de una ley no agota el problema, prueba de ello es la situación que tenemos en distintos distritos del país, donde la prohibición dio lugar al negocio clandestino. Las carreras ilegales de perros se realizan por dinero y en su mayoría tienen como escenario los territorios de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, donde este tipo de competencias están expresamente prohibidas. Esto es posible debido a la connivencia inocultable del poder político, judicial y las fuerzas de seguridad, ante la extensión de canódromos por todo el país. “Siempre que hay carrera de perros hay aprietes porque hay apuestas ilegales” declaró en una reciente entrevista a Télam el médico veterinario y miembro de Proyecto Galgo Argentina, Lucas Drugeri (http://www.telam.com.ar/notas/201609/162352-denuncia-carrera-de-galgos.html). Sin embargo, ninguno de los tres poderes del Estado interviene contra los responsables de tal situación, al tiempo que crecen las denuncias por aprietes mafiosos que sufren quienes defienden los derechos de los animales. Donde la actividad no está prohibida, nos encontramos incluso con funcionarios de alto rango promoviendo la realización de las mismas. Recientemente en la localidad de Ingeniero Jacobacci (Río Negro), el intendente Carlos Toro había planeado el festejo de los 100 años de dicha ciudad con una carrera de galgos dentro del programa de actividades armadas para la ocasión (http://nuevotiempo.info/cuestionan-al-intendente-de-jacobacci-por-carreras-de-galgos/), lo cual solo fue evitado gracias a la decidida intervención de las organizaciones defensoras de los animales. Ante ello, nuestro proyecto plantea la inhabilitación absoluta de CINCO (5) años a DIEZ (10) años para los funcionarios públicos que tengan algún grado de participación en la promoción, organización y realización de carreras de perros.

Resaltamos que el núcleo del problema que subyace detrás del brutal maltrato animal que representan las carreras de canes es el juego privado. Estamos ante un lucro capitalista alrededor de un maltrato animal, cuyos beneficiarios han tejido vínculos con los distintos poderes del Estado, que ampara y permite el desarrollo de este negociados aún allí donde está prohibido y penado.

Nuestra banca rechaza por principios todo juego privado. Somos partidarios de la nacionalización de todo el juego como camino a terminar con la patología del juego (y el lavado de dinero) y las ruinosas consecuencias que acarrea para un importante sector de la clase trabajadora.

Por último, queremos señalar que la presente Ley es un punto de apoyo para el movimiento popular que se organiza y lucha contra el maltrato animal. Ante la red de complicidades que rodea este lucro perverso, se trata de fortalecer una lucha independiente en el camino a construir una sociedad libre de toda explotación animal y social.

Por lo expuesto llamamos a todos los diputados a apoyar la presente ley.