La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar el más enérgico repudio por el juicio y la sentencia emitida contra los presos políticos Saharauis de Gdeim Izik, el Tribunal Militar de Rabat, en abierta violación al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.

Señor presidente:

El pasado 17 de Febrero, el Tribunal Militar de Rabat, condeno a 24 saharauis, por la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el desmantelamiento, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik erigido en las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Las penas fueron para ocho de ellos cadena perpetua, a otros cuatro, 30 años y a ocho más 25 años de cárcel, entre las penas más duras.

El juicio duro nueve días, y luego de tan solo siete horas de deliberaciones entre sus miembros, el tribunal en horas de la madrugada de este domingo leyó el veredicto, posiblemente para evitar aglomeraciones o manifestaciones en el exterior similares a las que han venido sucediendo durante toda la semana. Los delitos que según el tribunal quedaron probados fueron "formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte, y mutilación de cadáveres", en grado de autoría o de complicidad.

Los Saharauis y sus abogados defensores, escucharon impávidos las condenas, ya que los mismos se han dedicado a demostrar que no había ninguna prueba consistente contra los acusados, y que todo se basaba en sus confesiones ante la policía al ser detenidos, hecho que los mismos han pasado durante dos años y tres meses que estuvieron en detención preventiva, denunciando ante la sala que habían sido torturados para arrancarles esas confesiones, obviamente el juez se negó a investigar esas denuncias. La defensa también demostró la endeblez de las pruebas en que se baso el tribunal para la condena, por ejemplo, las armas no tenia las huellas dactilares de los detenidos, en el vídeo que exhibieron era imposible identificarlos, a los cadáveres no se les habían realizado autopsias ni tampoco se hicieron pruebas de ADN.

Los defensores usaron el último turno de palabra no solo para expresar que "aquí falta saber quién mató a quién", como dijo uno de ellos, sino también, recalcar su solidaridad con las familias de las víctimas, y para agradecer el apoyo recibido por asociaciones marroquíes pro derechos humanos, y subrayar así que no tienen ningún problema con el pueblo marroquí, sino con el Estado. De hecho, han sido varios los abogados marroquíes que han defendido con ahínco a los 24 saharauis por la falta de pruebas contra los acusados.

Otra demostración de la falta de imparcialidad de este Tribunal se logra ver en una de las últimas sesiones, donde el Procurador exhibió, a modo de prueba, fotografías antiguas de varios de los acusados con el presidente del independentista Frente Polisario, lo que según él, culpabilizaba a los participantes en aquella reunión. La defensa y los acusados se felicitaron irónicamente por esas fotografías, pues demostraban a todas luces su relación con el movimiento independentista y paradójicamente, la verdadera razón de su procesamiento, y no como se los acusó y juzgo por su participación en los asesinatos de los once agentes.

Ante esta sentencia arbitraria y totalmente contraria a los derechos humanos y al derecho internacional el ex preso político y presidente de la Asociación Saharaui de víctimas de violaciones graves de derechos humanos (ASVVDH) manifestó "A mí no me sorprende nada; es un juicio político y con normas militares; pese a que no hemos visto ninguna prueba inculpatoria, sabíamos que iba a ser así".

Lo expuesto anteriormente demuestra una vez más que desde que Rabat administra el territorio luego que, España entregó el Sáhara a Marruecos, en 1975, los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente en Marruecos. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.