La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profundo pesar manifestando la solidaridad con las víctimas de la tragedia de Once y rendir homenaje a: Juan Carlos Alonso; Karina Mariela Altamirano; Jonathan Maximiliano Báez; Dionisia Barros; Claudio F. Belforte; Natalia Benítez; Federico Agustín Bustamante; Micaela Cabrera Machicao; Darío Cellie; Daniel R. Matías Cerricchio; Juan Daniel Cruz; Graciela Beatriz Díaz; Sabrina Florencia Espíndola; Lucía Fernández Chaparro; Florencia Fernández Sugastti; Juan Leonel Frumento; Yolanda Sabrina Galván; Carlos María Garbuio; Alberto David García; Mónica Garzón; Marcela Alejandra Gómez; Ranulfo González Centurión; Verónica González Franco; Claudia Mariel Izzia; Fernando Andrés Lagrotta; Estela Legia (o Lei Jiang Yan); Nayda Tatiana Lezamo; Isabel López; Nancy López; Roberto López Pacheco; Alex Nahuel Martínez; Lucas Menghini Rey; Marina Moreno; Miguel Angel Núñez Vilcapona; Lucas Gabriel Palud Quini; Sofía Peralta; Silvia Gabriela Pereyra; Gloria Cecilia Pinilla León; Tatiana Pontiroli; Esther Sandra Reyes; Braulio Romero; Graciela Romero; María Scidone; Rosa Margarita Tevez; Sonia Torres Rolón; Gloria Alejandra Troncoso; Nicolás Elías Villalba; Pablo Fernando Zanotti; Cristian Zavala; Ana Teresa Zelaya; y Ariel Zúñiga.

Las 51 víctimas fatales y las más de 700 personas heridas, fueron la terrible consecuencia de la colisión ferroviaria producida por una formación del ramal Sarmiento al llegar a la estación de Once en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de febrero de 2012.

Además lamentablemente se suma al listado de víctimas el señor Leonardo Andrada motorman del ferrocarril Sarmiento y testigo fundamental en la causa judicial, quien fuera asesinado el pasado 8 de Febrero de 2013.

Señor presidente:

Resulta lamentable que a un año de la Tragedia de Once, las personas fallecidas y las que resultaron heridas, aún no hayan logrado que la justicia establezca las responsabilidades de todos los que fueron responsables de esta catástrofe.

El triste episodio que hoy recordamos era evitable y aún no se ha logrado determinar a todos los responsables, funcionarios y/o empresarios.

Con motivo de la Segunda Jornada Legislativa Recuperemos el Tren organizada por las fuerzas políticas de la oposición, realizada recientemente en la Cámara de Diputados, los familiares de las 51 víctimas expresaron su dolor y manifestaron que aún no se ha esclarecido el hecho y en consecuencia de ello la justicia no logra cumplir con su cometido así dijeron que "en el ferrocarril Sarmiento se viaja cada vez peor y no se explican las razones por las cuales el ministro Julio de Vido, no está involucrado en la causa", concluyeron visiblemente angustiados.

No debemos olvidar que la responsabilidad de la tragedia de Once se extiende a muchos funcionarios y empresarios así el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y los funcionarios de transporte que acompañaron su gestión, los empresarios que explotaron el servicio ferroviario como en este caso los hermanos Cirigliano, todos responsables de éste múltiple homicidio producto del deplorable estado del sistema ferroviario en general, y en particular los servicios operados por TBA, tampoco resulta menor la responsabilidad del actual funcionario a cargo de la cartera de Transporte, Florencio Randazzo, quien continúa administrando el descontrol.

Las vidas perdidas en ese trágico accidente merecen sobre todo justicia. Los millones de usuarios que cotidianamente llegan en tren a sus trabajos o estudios precisan una acción del Estado que los proteja y asista en un medio de transporte público.

Tampoco debemos olvidar que han pasado 11 años de la declaración de la emergencia y todo sigue igual.

Por el Decreto 2075/2002, los concesionarios no invierten mientras que el Estado aporta crecientes sumas en subsidios y algunas obras. Mientras tanto, la gente sigue viajando en pésimas e inhumanas condiciones. Los usuarios son víctimas de la inseguridad que significa la falta de mantenimiento de los vagones; además de la falta de higiene y otras cuestiones que torna insalubre efectuar cualquier trayecto.

La Ley 26.352 Ley de Reordenamiento Ferroviario permitió crear al Estado dos empresas la SOF SE (Sociedad Operadora Ferroviaria) y la ADIF SE (Administración de Infraestructura Ferroviaria), sin embargo nada a mejorado y la situación continúa siendo grave.

No puede dejarse de lado que concesiones de carga, de pasajeros, de provincias, unidades operadoras de emergencia, empresas residuales que nunca fueron cerradas, CNRT, nuevas empresas (ADIFSE y SOFSE), Secretaría de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, nuevo ministerio del Interior y Transporte, sólo han sumado burocracia pero no han zanjado el problema de fondo: la necesidad de un sistema de transporte eficiente para el desarrollo económico del país.

También se observa a simple vista las deficiencias en vías, obras de arte (puentes, alcantarillas o pasos), pasos a nivel, señalización, o gestión comercial, han hecho que efectivamente este capital nacional de infraestructura se haya casi perdido, se han levantado rieles y durmientes para usos particulares, ramales enteros han desaparecido.

Todo lo expresado pone de manifiesto que el caos maneja los servicios ferroviarios, todo sigue en emergencia con un festival de subsidios sin control y ninguna seguridad para los usuarios.

La consecuencia más grave de lo expresado quedó demostrado con la dolorosa tragedia del 22 de febrero de 2012, cuyas víctimas hoy recordamos y honramos en ésta Cámara de Diputados.

En la historia argentina el ferrocarril fue una extraordinaria herramienta de progreso, así por el surgieron numerosas ciudades que prosperaron en su mérito, también el transporte de personas permitía el acercamiento de las familias, hoy lamentablemente es el símbolo de la decadencia de un sistema traspasado por la corrupción, la ineficiencia y los negocios de amigos, que privilegió el reparto de subsidios a la seguridad de la gente. Sin lugar a dudas, la situación de sistema ferroviario es crítica y terminal.

En el año 2012, la UCR denunció penalmente a De Vido apoyada en pruebas contundentes y solicitó a la jueza María Servini de Cubría que se investigue la participación y responsabilidad del ministro, como consecuencia de la gravedad de la falta de acción ante el conocimiento de los incumplimientos reiterados de la concesionaria TBA SA y que desembocaron en la tragedia.

Con nuevas pruebas contra los funcionarios responsables de controlar la concesión del ferrocarril Sarmiento surgidas en los informes de auditoría producidos en la Auditoría General de la Nación desde 2008 y del informe del Jefe de Gabinete de Ministros ante la requisitoria por su presencia en el Congreso Nacional, la UCR el 8 de marzo de 2012 presentó documentación ante el Juzgado Federal Nº1, Secretaría Nº 2, donde tramita la primera denuncia penal contra el ministro De Vido por incumplimiento de sus deberes; administración fraudulenta; defraudación en perjuicio de la administración pública y se piden que sea investigada su responsabilidad por la tragedia.

Cabe mencionar que entre las principales irregularidades detectadas se destacan, el incumplimiento por parte de TBA de la obligación de presentar en tiempo y forma los informes bimestrales de planes de mantenimiento y obra, la omisión de presentar el plan de mantenimiento anual del material rodante y de desarrollar las tareas de mantenimiento necesarias, la ausencia de respuestas técnicas a las deficiencias constatadas y la pasividad de la CNRT frente a la situación.

Asimismo cabe mencionar que en la denuncia se destaca que la comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, el día 30 de octubre de 2008, aprobó un proyecto de resolución que requirió informes al PEN sobre las medidas adoptadas para subsanar las falencias y determinar las responsabilidades correspondientes, que fue contestado mediante la nota JGM Nº 40 del 14 de julio del 2011, por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, actual senador nacional, Aníbal Fernández.

Es así que en su contestación, el JGM confirmó lo denunciado por la AGN, al afirmar que TBA incurría en faltas graves, dado que había incumplido la obligación de presentar los planes de mantenimiento, que surgía de los contratos de concesión, y sólo había desarrollado las tareas de mantenimiento requeridas sobre los coches eléctricos.

El PEN admitió, además, que en materia de vías y obras, TBA no cubría las necesidades para evitar que el sistema se degrade sostenidamente, que los coches eléctricos y remolcados y las locomotoras tuvieran programadas menos reparaciones de las necesarias en función de su kilometraje y que los coches motores livianos directamente no tuvieran programadas reparaciones. Además que la empresa registraba el grado más alto de incumplimientos en comparación con el resto de las concesiones ferroviaria, y, presentando estructuras notoriamente deficitarias en cuanto al mantenimiento general de los bienes dados en concesión, incumplía notoriamente las exigencias contractuales, en particular respecto de los ramales con tracción diésel (no electrificados), y no contaba con los medios humanos y materiales necesarios.

Finalmente es preciso traer a éste homenaje al recientemente fallecido motorman Leonardo Andrada quien aquel 22 de Febrero de 2012, éste testigo fue fundamental y denuncio que la formación luego siniestrada no estaba en condiciones, asimismo amplio sus manifestaciones ante la justicia y el pasado 8 de febrero de 2013 fue asesinado a pocos metros de su casa poco tiempo antes de tener que declarar en el juicio oral, a la fecha su homicidio resulta sospechoso y aún no se ha esclarecido.

Hoy a un año de esta tragedia queremos recordar a quienes fueron víctimas de la corrupción y decidía del estado, y en homenaje a su memoria debemos manifestar que resulta imprescindible que se brinden respuestas claras y contundentes sobre las acciones y políticas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Por todo lo expuesto invitamos a nuestros pares a que nos acompañen en este sentido homenaje.